…“aquí casi todo el mundo recibe plata de esta gente”

El Estado, ausente en disputa entre indígenas y multinacional

Goliat genera energía

Comunidades amenazadas por el megaproyecto hidroeléctrico de AES Changuinola

AVANCE. Los trabajos de construcción del dique principal de Chan 1 van a toda máquina. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Paco Gómez

Paco Gómez Nadal
CHANGUINOLA, Bocas del Toro

nacionales@prensa.com

Hay 112 escalones que separan a la comunidad de Charco La Pava del imponente río Changuinola. El aliento no alcanza para el caminante urbano, pero el empinado reto no logrará evitar que esta comunidad quede anegada cuando la represa que se construye a escasos 300 metros entre en operación.

Cuando esto ocurra, la comunidad habrá sido trasplantada a la loma de un cerro que alcanza a divisarse desde el caserío actual. Estará a unos 20 minutos a pie del agua y a una derrota de su tradición, de su forma de vida.

Alrededor de Charco La Pava, AES Panamá –la principal empresa generadora de energía en el país– avanza a pasos de gigante en su proyecto de Hidroeléctrica Chan 75 (Ahora Chan 1) y, a cada paso, las tensiones con y entre la comunidad crecen alimentadas a punta de salarios y discursos.

Algo más de 563 millones de inversión, unos 900 trabajadores, campamentos para sus técnicos que se parecen a los enclaves en la antigua Zona del Canal y… un “pequeño” problema: las comunidades indígenas ngöbe como Charco La Pava, Guayabal, Lazo o Valle del Rey, entre otras. Según los datos de AES, 159 familias con 800 miembros cuyas tierras quedarán dentro de las mil 394 hectáreas que serán anegadas.

Desde hace cuatro años, la empresa ha jugado a dividir la comunidad y desde entonces el pleito ha pasado de las palabras a los enfrentamientos violentos, por la represión policial [la empresa tiene un contrato de prestación de servicios de seguridad con la Policía Nacional] y llegando a la visita de James Anaya, relator especial de Naciones Unidas para los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas el pasado 29 de enero. “Desde que vino Anaya, la empresa presiona un poco menos”, explica Bernardino Tera, de Guayabal. “Bueno, en realidad han cambiado la técnica, ahora utilizan gente de la misma comunidad para convencer y presionar a los que no le vemos el beneficio al proyecto”.

No opina lo mismo Thais Mejía, actual enlace de AES con la comunidad. “No se crean que ese señor [Anaya] les va a solucionar algo, es con nosotros con quien hay que negociar”. Sus palabras se escuchan en el precario salón de la escuela de Charco La Pava donde varios empleados de AES y funcionarios de diversas instituciones del Estado se reúnen con algunos miembros de la comunidad favorables al proyecto. La negociación se acaba cuando se trata de lo que AES denomina Reasentamiento Participativo. “Lo que sí les digo es que el reasentamiento va por que va. Vamos atrasados y no vamos a parar porque tres o cuatro personas no estén de acuerdo”. Concluye “la licenciada”.

A pocos metros de la escuela, Rafael Ábrego, uno de los que se enfrenta a AES mantiene otra versión de la historia. “Ellos nos desprecian, nos dicen que vivimos sucios, entre los animales y la basura, en casas feas… Nos quieren meter en casas de bloque, lejos del río”. Desde el lugar donde está sentado Rafael y Amelia Pineda –otra líder contundente en su posición– se pude ver el incómodo camino de piedritas hecho por AES como aporte a la comunidad. “Debe ser para no mancharse ellos cuando vienen, nosotros vamos con botas de caucho”.

Desde Charco La Pava se pueden ver las obras del dique principal de 99 metros de altura. La devastación es evidente. Ahora, unas 40 personas de las comunidades trabajan temporalmente para AES. Se pasean por el área con casco y chaleco, pero con muy pocas funciones. “Engañan a unos porque son analfabetos o no hablan español. A otros, los compran por un salario, aprovechando su pobreza”, se lamenta Ábrego.

El caso simbólico que muestra AES de estos reasentamientos “participativos” es el de Isabel Beker. De hecho, en su sitio web la ponen como ejemplo de mejora de calidad de vida. Cuando James Anaya visitó a la señora, el símbolo no cumplió con el guión y contó que quiere volver a Charco La Pava y cómo la forzaron abandonar el terreno en el área de la represa.

Valentín Pineda, administrador regional de la Autoridad del Ambiente en Bocas del Toro, cree que debido a lo “conflictivo” del proyecto la mayoría de las delegaciones provinciales del Gobierno central “no han sido suficientemente beligerantes”. En Chan 75 “se dejó la parte social para el final y tuvimos que jalarle las orejas a la empresa”, continúa Pineda quien al final reconoce que, en cualquier caso, sus competencias son limitadas. “Hay decisiones que se toman en Panamá”.

La ausencia del Estado en estos conflictos es evidente. Las comunidades deben negociar por su cuenta y eso las deja en clara desventaja. En el caso de Charco La Pava la desconfianza de los habitantes ante cualquier extraño es contundente. Llegar allá es difícil, porque la empresa controla la carretera pública y registra e interroga a todo aquél que quiera entrar a la zona. Ganarse la confianza de los habitantes es igual de difícil.

Los indígenas ngöbes saben que esta pelea les toca solos. En Charco La Pava, Ernesto López está seguro de que la comunidad tendrá que tomar otra vez “medidas de fuerza”. “El Gobierno está para ayudar a la empresa y en Changuinola todos los medios de comunicación están comprados… no quedan muchas alternativas”. Una mirada que confirma un periodista local en Changuinola, aunque pide el anonimato por miedo a represalias: “aquí casi todo el mundo recibe plata de esta gente”. Un único cabo suelto para Goliat: la diminuta población que sigue oponiéndose a reasentamientos o a compra de tierras.

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