Desalojo forzoso de indígenas de sus tierras

Desalojo violento en Bocas

Denuncian operativos contra los nasos en Bocas

 

Según la Defensoría, al menos 150 adultos y 65 menores de edad permanecen a la intemperie, acampados cerca del río.

TENSIÓN. Unidades antimotines intervinieron con gases lacrimógenos en la comunidad de San San Drui. LA PRENSA/Cortesía de la Alianza por la Conservación y el Desarrollo1184077
 

Paco Gómez Nadal
PANAMÁ, PANAMÁ

nacionales@prensa.com

La Defensoría del Pueblo ha denunciado la violación del debido proceso en el desalojo de al menos 17 familias en las comunidades naso de San San, San San Drui y San San Tigra, en la provincia de Bocas del Toro.

En un informe fechado el 2 de abril, la Defensoría critica con dureza la acción de lanzamiento contra los indígenas naso ordenada por la corregidora de El Teribe, Aracelys Sánchez, y ejecutada el pasado martes 31 de marzo por unos 150 policías antimotines en la que, además, fueron tumbadas unas 30 casas y construcciones comunitarias.

Tras investigar los hechos, la Defensoría considera que Sánchez no notificó a los afectados de la existencia de la orden, además de que “no tomó en consideración las consecuencias de tipo social que traía consigo llevar a cabo el lanzamiento”. Este diario fue testigo de la visita que hizo a San San la corregidora acompañada de unidades policiales y de funcionarios de Ganadera Bocas el pasado 18 de febrero. En esa ocasión, amenazó oralmente con el desalojo, pero no informó de la resolución de lanzamiento que había firmado el 2 de febrero anterior. Desde entonces, abogados de organizaciones no gubernamentales trataron de conseguir la resolución. Fue imposible hasta después de la intervención del martes pasado.

La situación en el área de San San sigue siendo de tensión después de la violenta intervención policial en la que al menos ocho menores de edad tuvieron que ser trasladados a un centro médico, afectados por gases lacrimógenos.

El desalojo responde a un conflicto sobre estas tierras que reclama Ganadera Bocas, empresa de Mario Guardia implicada desde hace años en choques violentos con comunidades indígenas de Bocas del Toro.

“La acción fue desproporcionada. Bloquearon el camino de acceso a la comunidad, fueron muy violentos y tumbaron las casas de las familias con maquinaria de la Ganadera”.

Eliseo Vargas, líder de la Fundación Naso, describe la situación como crítica y considera que este conflicto no se habría dado si el Gobierno hubiera accedido al reclamo de demarcación de la comarca que los naso reclaman.

En el área de San San vive, además, el rey Valentín Santana, máxima autoridad naso no reconocida por el Gobierno central. Allí se acababa de concluir la construcción del Centro Cultural Naso, que fue completamente destruido en la acción policial.

Según la Defensoría, al menos 150 adultos y 65 menores de edad permanecen a la intemperie, acampados cerca del río. Los líderes naso han anunciado que no van a dejar el área y que van a defender su territorio. El jueves, jóvenes de la comunidad levantaron barricadas con las hojas de cinc de las casas destruidas en prevención de nuevas acciones violentas.

Durante la visita de La Prensa al área, a mediados de febrero, uno de los líderes comunitarios, que pidió reserva del nombre, reclamaba el derecho a defenderse: “El que busca, halla. Nosotros hemos aprendido a defendernos y también sabemos que las personas valemos más que los búfalos. Ganadera quiere nuestra comunidad para hacer potreros, nosotros para desarrollarnos como pueblo”. Tanto entonces, como ahora, este diario ha tratado de comunicarse con la corregidora Sánchez, quien no ha respondido las llamadas.

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), organización que acompaña a los naso, considera que además de haberse violado el debido proceso, en la acción se han violado derechos humanos fundamentales y se dio un “uso excesivo de la fuerza”. Tanto la comunidad como ACD han interpuesto acciones legales y han activado mecanismos internacionales de protección para evitar nuevas agresiones contra la población civil.

Una respuesta

  1. Mientras muchos estados modernos propenden a la protección, conservación y respeto de las culturas indígenas; en Panamá, desgraciadamente, pareciera que las autoridades hacen prevalecer el interés privado, muchas veces de fundamentos cuestionables, por encima de los derechos inalienables, constitucionales, territoriales y vitales de nuestros aborígenes autóctonos. A los pobres indígenas de Bocas del Toro no sólo las inundaciones los golpean y los dejan en la indigencia, sino que ahora lo hacen las autoridades, sin preocuparse en qué situación de sobrevivencia puedan quedar.

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