Vaticinan sobrecosto de 35% en ampliación del Canal de Panamá

ACS, FCC, Acciona y Sacyr temen por el concurso del Canal de Panamá

El proyecto de ampliación del Canal de Panamá, valorado en 5.220 millones de dólares (3.725 millones de euros) y con Acciona, ACS, FCC y Sacyr en la recta final del concurso, se está complicando por lo alto de las ofertas. A la autoridad del canal le quedan dos caminos tras comprobar que las pujas están hasta un 35% por encima de sus cálculos: salir al mercado a por nueva financiación o paralizar el proceso de licitación. Las constructoras tienen asumido que habrá retrasos.

Javier F. Magariño – Madrid – 25/05/2009. CincoDías.com

Cuatro de las mayores constructoras españolas, ACS, FCC, Acciona y Sacyr, miran con atención durante estos días hacia Panamá. El millonario plan de ampliación del Canal parece haber aguantado sin problemas el cambio de Gobierno, al que se ha alzado el magnate Martinelli en lugar del ex presidente Torrijos. Pero no está claro que el proyecto vaya a resistir la tormenta económica.

Los tres consorcios que han presentado presupuesto para hacerse con el diseño y construcción del tercer juego de esclusas han sido más que conservadores a la hora de hacer sus cálculos. Frente a la valoración de la ACP de 5.220 millones de dólares, las ofertas de las compañías habrían estado hasta un 35% por encima, superando con creces los 6.000 millones de dólares.

“Tenemos noticia de que la adjudicación se iba a producir a lo largo del mes de julio, pero creemos que el proceso se va a retrasar porque a día de hoy no se ha reunido suficiente financiación”, cita un alto directivo de una de las constructoras inmersas en el proceso.

Unión de fuerzas

ACS, Acciona y FCC unieron sus fuerzas, junto a la alemanaHochtief y lamexicana ICA, para pujar por la que se ha presentado como la mayor obra civil a la vista en América Latina. Sacyr forma equipo con la italiana Impregilo, la belga Jan deNul y la panameña Cusa. Y como tercer competidor figura la constructora estadounidense Bechtel, que tiene como aliados a las japonesas Taisei y Mitsubishi. En las semanas previas a la presentación de las pujas, el pasado diciembre, salió de la pelea el grupo encabezado por la francesa Bouygues y la germana Bilfinger Berguer, que había pedido formalmente a la ACP dos meses de aplazamiento para conformar su propuesta.

La Autoridad del Canal de Panamá puso sobre la mesa parte de la financiación del proyecto antes de recibir las pujas. En total cuenta con 2.300 millones de dólares repartidos en préstamos. El Banco de Cooperación Internacional de Japón (JBIC) aporta 800 millones de dólares; el Banco Europeo de Las ofertas para acometer la obra sobrepasan el presupuesto del Gobierno ACS, FCC, Acciona y Sacyr temen por el concurso del Canal de Panamá Inversiones (BEI) presta 500 millones de dólares; 400millones de dólares han sido acordados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y los últimos 600 millones parten de Corporación Financiera Internacional (CFI) y de Corporación Andina de Fomento (CAF), que han comprometido préstamos por 300 millones de dólares cada una.

El plazo de vencimiento de los créditos es de 20 años, fue entregado sin garantía ni aval del Estado y los acreedores no podrán intervenir en la gestión del Canal, según concluyeron las negociaciones que fueron iniciadas en julio de 2007.

“Esta es una obra de modernización necesaria para una infraestructura vital para el país y para el comercio mundial. Queremos sacar adelante la adjudicación este verano”, comenta Queenie Altamirano, Embajadora especial de Panamá para Asuntos Económicos en Europa.

Esta representante del Gobierno panameño mantendrá esta semana un encuentro con David Taguas, presidente de la patronal de las grandes constructoras Seopán, en el que se analizará la postura de los consorcios con capital español.

Antes de ponerse al frente del lobby de empresas, Taguas fue figura clave en las negociaciones entre el ex presidente Torrijos y el presidente Rodríguez Zapatero para que España sacara a Panamá de la lista negra de paraísos fiscales y se acelerara el acuerdo de doble imposición. El conflicto fiscal entre ambos países pone a las constructoras españolas, de adjudicarse el proyecto, en la obligación de tributar por su actividad en Panamá y también en España.

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