La reconquista de los territorios indígenas

DERECHOS INDÍGENAS

La nueva conquista

Claude Vergès de López
opinion@prensa.com

Pronto se cumplirán 510 años de la primera conquista de América que acabó con los territorios indígenas.

Luego de años de lucha, con el apoyo solidario de los grupos latinos que los reconocían como sus ancestros y hermanos, los estados latinoamericanos reconocieron sus derechos sobre territorios segregados. Sacándoles de las costas y de los llanos, se les arrinconó en la serranía y en los bosques tropicales que no tenían valor mercantil conocido.

Pero la nueva tecnología ha permitido encontrar riquezas naturales en estos bosques y montañas y es necesario reconquistar estas tierras.

Esta nueva conquista moderna no necesita de mercenarios y aventureros armados, estos sirven para intimidar; las leyes y los cuerpos institucionales son suficientes para despojar a las comunidades indígenas de las tierras que no han titulado porque su cultura no reconoce propiedad sobre la vida-tierra.

En el siglo XVI, los conquistadores se apropiaban de las tierras plantando marcas hasta donde alcanzaba su caballo, su mirada o su bala. Hoy es suficiente delimitar su propiedad sobre un mapa, con la complicidad de los gobiernos de turno, cuando no son los propios integrantes de la burocracia estatal que se valen de estos artificios.

En ocasión, estos nuevos conquistadores se valen de la pobreza de la población para argumentar con falacia que “el territorio republicano es de toda la ciudadanía”, empujándola a la migración para el cultivo extensivo que no es sostenible, para recuperar los terrenos a bajo precio; con estos argumentos demagógicos, enfrentan a dos grupos similares en la pobreza y se regocijan públicamente de su inversión. En ocasiones no conocen su propiedad, solo el valor de lo que puede producir. No importan las personas que ahí viven históricamente: los indígenas y la historia no tienen valor salvo para el turismo y las fotos de campañas electorales.

Las vacas que deben ocupar las tierras de los nasos tienen más derechos que los hombres, mujeres y niños de este grupo (¿Si el gobierno de la época se equivocó, por qué no reubicar al supuesto propietario?). Las minas en el territorio ngöbe valen más que los ríos y que un grupo al cual se ha negado sus derechos humanos desde la primera conquista.

Los supuestos conflictos armados en el Darién favorecen a una presencia militar y esconden la venta de madera centenaria.

En la Amazonia, el Gobierno brasileño cierra los ojos sobre la violencia de los señores feudales y la destrucción de los grupos indígenas que cuidan la reserva del planeta; del lado peruano es el propio Gobierno el que llama al desalojo de las tribus.

Frente a esta ofensiva, la información y la solidaridad son esenciales, tanto a lo interno como en el ámbito internacional.

La globalización de los beneficios privados debe acompañarse de la globalización de la lucha jurídica e informativa a favor de los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad por la historia y la pobreza; es poco lo que se puede esperar de un sistema jurídico y social local con prejuicios culturales e intereses creados.

Ambientalistas rechazan administrador de ANAM designado

POLÉMICA POR USO DE COIBA

Ambientalistas rechazan a Arias

05-26-2009 | MARLENE TESTA
mtesta@laestrella.com.pa

Javier Arias está en la mira. Ambientalistas piden su cabeza

Política PANAMÁ. La comunidad ambientalista está preocupada. Unas declaraciones del ministro designado de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), Javier Arias, les resultan inconsecuentes con el cargo que pretende ocupar.

Arias en una entrevista con La Estrella dijo que en su opinión en la Isla Coiba podía construirse un “resort ecoturístico”. Las reacciones de los ambientalistas no se hicieron esperar.

Durante la mañana de ayer los líderes ambientalistas buscaban a Arias, no para pedirle las características del hotel ni menos la cantidad de habitaciones o los salones de eventos que se alzarían al borde de este Patrimonio de la Humanidad, lo cazaban para pedirle que se retractara de su pensamiento empresarial.

Raisa Banfield, directora del Centro de Incidencia Ambiental, asegura que las declaraciones del financista Arias confirman su percepción del “errático nombramiento como ministro de la ANAM”.

No contenta con esto, Banfield, criticó la visión netamente “empresarial y la inexperiencia en el tema ambiental” del ministro.

Por otra parte, el ex fiscal en Asuntos Ambientales, Giovanni Olmos, quien estaba en la lista de los posibles ministros ambientales, demostró su preocupación por el tema del resort en medio de la isla de Coiba.

El abogado señaló que la isla es una zona frágil y construir representa “un peligro”, además este territorio fue declarado como Patrimonio Mundial Natural de la UNESCO el 2005, “no se puede tocar, el lugar debe conservarse como un santuario”, aclaró Olmos.

Donaldo Sousa Guevara, presidente de la Asociación Ecologista Panameña, Asociación de Derecho Ambiental va más lejos: los ambientalistas y sus asociaciones estamos en reuniones para oponemos de manera firme a esta designación y apelaremos a todos los recursos para impugnarla.

Agrega que “por el momento desconocemos este nombramiento designado y no asistiremos ni participaremos a ninguna convocatoria que el señor Arias proponga y sugieren a Ricardo Martinelli que busque ingenieros ambientales y especialistas en recursos naturales con idoneidad de la Junta Técnica de Ingeniería y el Consejo Técnico Nacional de Agricultura” y otros profesionales que califican según los requisitos que contempla el artículo 5 de la Ley 41 General de Ambiente.

Gabriela Etchelecu, de la fundación MarViva, señala que en todo caso -hotel- sería fomentar el desarrollo económico con actividades amigables al ambiente, de bajo impacto, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas comunidades.

Ricardo Martinelli tiene la decisión en sus manos. Ya uno de los nombres que sonaba con insistencia, Giacomo Tamburelli, un comerciante dueño de restaurantes y hoteles, fue tachado de la lista de aspirantes, la sola posibilidad levantó intensas críticas por parte de los ambientalistas.

En la página web de La Estrella , www. laestrellaonline.com.pa , encuentra el video con las declaraciones de Arias.


PENDE DE UNA RATIFICACIÓN

El nombramiento de Javier Arias, en el cargo de director de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), debe ser ratificado por la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional, después del 1 de julio de 2009. Este procedimiento se da conforme lo establecido en el artículo 155 de la Constitución Política y la Ley No.3 de 1987, donde se instruye que los nombramientos de directores generales, gerentes generales y presidentes de instituciones autónomas y empresas mixtas, en las que el Estado tenga la mayor parte de las acciones, deben ser avaladas por la Asamblea Nacional. Este proceso completa la formalidad de su nombramiento y sin esta ratificación ningún director o gerente puede firmar decretos, cheques o planillas. Previo a la aprobación se debe haber revisado su hoja de vida y demás documentación por los diputados miembros de la Comisión de Credenciales y tras ratificarlo se pasa al pleno para que le den concepto favorable.

MARA RIVERA

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PERCEPCIÓN DE ALGUNOS AMBIENTALISTAS

Hay que resaltar que ha sido consultor del PNUD acerca del TPC y del Programa de Desarrollo Sostenible del Darien con relacion a una hidroeléctrica. Igualmente, esta relacionado con el CEDIS y es miembro fundador de la Fundación Libertad… Ahora si nos la pusieron dificil!

Después de leer el currículum y de haberlo escuchado en su charla en el Smithsonian; después de advertir las políticas gubernamentales que ponen a un lado las consideraciones ambientales haciendo prevalecer el objetivo de desarrollo a cualquier costo. (Minería, desarrollo urbano, contaminación ambiental, etc. ¿Crees que puede liderizar la ANAM? ¿Crees que tiene la fortaleza para resistir las presiones dentro y fuera del gobierno?

Si ya las empresas mineras nos han llevado la delantera y han planteado su punto de vista en cuanto a las minería (todo bonito), nos están llevando la delantera y creo que la situación como se plantea necesitamos estar más unidos y convencidos de cuál es y será nuestro rol en el desarrollo del país con el panorama que tenemos.

Sin el ánimo de desinformar ni montar una cacería de brujas, a raíz de todo el revuelo que ha generado esta designación del señor Javer Arias, he podido conocer desde las mismas fuentes de donde supuestamente se genera la experiencia del Director designado, que más de la mitad de lo que expone en su hoja de vida ambiental es dudoso. Algunas de sus experiencias son parte de pasantías universitarias inconclusas, otros son proyectos de las instituciones para las que trabajó y no de su autoría como lo indica.

Lastimosamente toda la información que hemos recibido hasta la fecha nos la dan para que nosotros concluyamos y documentemos lo indicado, cosa que dificulta todo el proceso. Sin embargo más allá de lo que se puede demostrar, preocupa aún más la intención de fondo de instalar ante la ANAM una figura maquillada para luego sustentar posiciones que amenazan con retroceder en lo que se ha logrado, con mucha dificultad en el campo ambiental. Desde nuestra posición vamos a estar vigilantes de esta situación y si bien siempre con apertura al diálogo, no podemos dejarnos impresionar ante una fachada que de contenido tiene casi nada.

Teóricamente no puede ser administrador de ANAM ya que no tiene el perfil profesional para ello. Es un aberración siquiera pensar en este personaje para una entidad tan estratégica como lo es ANAM! Un libertario a ANAM. Sólo eso nos faltaba! Qué barbaridad!Yo espero que sea una broma. No se si estamos en los días de los inocentes.

Una comarca para los Naso Teribes

Una comarca para los Naso Teribes

Raúl Leis R.

No hay vuelta de hoja. Universalmente, en proclamas, declaraciones y leyes, se afirma que los pueblos indígenas tienen el derecho histórico a ser reconocidos como pueblos, entidades que expresan particularidades que los diferencian social, política y culturalmente de las sociedades nacionales en las que están insertos. Derecho de acceso a territorios que correspondan al derecho a organizarlo disponiendo de los recursos naturales en beneficio de sus propias actividades. El derecho a ejercer y regirse por su propia normatividad, lo que convierte ese espacio en jurisdiccional. El derecho a la autodeterminación, para controlar con su propia normatividad los procesos económicos, sociales, políticos y culturales gracias a los cuales el grupo asegura su reproducción física y cultural. La afirmación de su cosmovisión, que consideran la naturaleza como parte integral de la vida, por lo que debe armonizarce con ella, con una visión integral de lo ecológico, cultural y económico.

La autonomía indígena lograda en la constitución de comarcas, no debe entenderse como independencia política ni en soberanía, sino básicamente en la capacidad de escoger libremente su situación dentro del Estado nacional, por lo que “las opciones de autonomía no conducirían a la disolución del Estado, sino solo al reconocimiento del derecho fundamental de los pueblos que lo componen para determinar sin coacciones su propia suerte” (Juan Villoro) en el marco de un Estado multicultural y pluriétnico.

Si el interés colectivo priva sobre el interés particular, negar a una comarca a los Nasos Teribe significaría consagrar la exclusión. Por reclamar su derechos los Naso sido reprimidos y expulsados de sus tierras ancestrales recientemente en actos claramente violatorios de los derechos humanos. Los pueblos Kuna, Ngöble Buglé y Emberá Wounaan que ya poseen sus comarcas, deberían apoyar y expresar su solidaridad con la Comarca Naso Teribe en forma activa, al igual que los diversos sectores de la sociedad civil y política.

El reconocimiento de esta comarca debe ser una prioridad del próximo gobierno. En las áreas indígenas, el Estado debe establecer políticas claras y consultadas de coordinación y comanejo, dando prioridad a los indígenas en la administración y manejo, con responsabilidad y asistencia técnica de ambas partes, respetando la cosmovisión indígena.

Todo proyecto debe incluir genuinos estudios de impacto ambiental; estudios de impacto social, económico y cultural en la región y plan de aseguramiento de la participación indígena en los beneficios del proyecto, en el marco de una política nacional de desarrollo de los pueblos indígenas.

El sector educativo debe implementar lo establecido en la ley sobre educación bilingüe intercultural, fortalecer las instancias involucradas en el proceso de elaboración de los contenidos curriculares, capacitar a los docentes en su aplicación y realizar un diagnóstico de la realidad educativa de las áreas indígenas.

En el ámbito nacional, el sistema educativo debe realizar una revisión a fondo de textos escolares para que los estudiantes puedan conocer las características de las diferentes culturas existentes en el país para generar mayor proximidad entre ellas.

raulleisr@hotmail.com

Vaticinan sobrecosto de 35% en ampliación del Canal de Panamá

ACS, FCC, Acciona y Sacyr temen por el concurso del Canal de Panamá

El proyecto de ampliación del Canal de Panamá, valorado en 5.220 millones de dólares (3.725 millones de euros) y con Acciona, ACS, FCC y Sacyr en la recta final del concurso, se está complicando por lo alto de las ofertas. A la autoridad del canal le quedan dos caminos tras comprobar que las pujas están hasta un 35% por encima de sus cálculos: salir al mercado a por nueva financiación o paralizar el proceso de licitación. Las constructoras tienen asumido que habrá retrasos.

Javier F. Magariño – Madrid – 25/05/2009. CincoDías.com

Cuatro de las mayores constructoras españolas, ACS, FCC, Acciona y Sacyr, miran con atención durante estos días hacia Panamá. El millonario plan de ampliación del Canal parece haber aguantado sin problemas el cambio de Gobierno, al que se ha alzado el magnate Martinelli en lugar del ex presidente Torrijos. Pero no está claro que el proyecto vaya a resistir la tormenta económica.

Los tres consorcios que han presentado presupuesto para hacerse con el diseño y construcción del tercer juego de esclusas han sido más que conservadores a la hora de hacer sus cálculos. Frente a la valoración de la ACP de 5.220 millones de dólares, las ofertas de las compañías habrían estado hasta un 35% por encima, superando con creces los 6.000 millones de dólares.

“Tenemos noticia de que la adjudicación se iba a producir a lo largo del mes de julio, pero creemos que el proceso se va a retrasar porque a día de hoy no se ha reunido suficiente financiación”, cita un alto directivo de una de las constructoras inmersas en el proceso.

Unión de fuerzas

ACS, Acciona y FCC unieron sus fuerzas, junto a la alemanaHochtief y lamexicana ICA, para pujar por la que se ha presentado como la mayor obra civil a la vista en América Latina. Sacyr forma equipo con la italiana Impregilo, la belga Jan deNul y la panameña Cusa. Y como tercer competidor figura la constructora estadounidense Bechtel, que tiene como aliados a las japonesas Taisei y Mitsubishi. En las semanas previas a la presentación de las pujas, el pasado diciembre, salió de la pelea el grupo encabezado por la francesa Bouygues y la germana Bilfinger Berguer, que había pedido formalmente a la ACP dos meses de aplazamiento para conformar su propuesta.

La Autoridad del Canal de Panamá puso sobre la mesa parte de la financiación del proyecto antes de recibir las pujas. En total cuenta con 2.300 millones de dólares repartidos en préstamos. El Banco de Cooperación Internacional de Japón (JBIC) aporta 800 millones de dólares; el Banco Europeo de Las ofertas para acometer la obra sobrepasan el presupuesto del Gobierno ACS, FCC, Acciona y Sacyr temen por el concurso del Canal de Panamá Inversiones (BEI) presta 500 millones de dólares; 400millones de dólares han sido acordados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y los últimos 600 millones parten de Corporación Financiera Internacional (CFI) y de Corporación Andina de Fomento (CAF), que han comprometido préstamos por 300 millones de dólares cada una.

El plazo de vencimiento de los créditos es de 20 años, fue entregado sin garantía ni aval del Estado y los acreedores no podrán intervenir en la gestión del Canal, según concluyeron las negociaciones que fueron iniciadas en julio de 2007.

“Esta es una obra de modernización necesaria para una infraestructura vital para el país y para el comercio mundial. Queremos sacar adelante la adjudicación este verano”, comenta Queenie Altamirano, Embajadora especial de Panamá para Asuntos Económicos en Europa.

Esta representante del Gobierno panameño mantendrá esta semana un encuentro con David Taguas, presidente de la patronal de las grandes constructoras Seopán, en el que se analizará la postura de los consorcios con capital español.

Antes de ponerse al frente del lobby de empresas, Taguas fue figura clave en las negociaciones entre el ex presidente Torrijos y el presidente Rodríguez Zapatero para que España sacara a Panamá de la lista negra de paraísos fiscales y se acelerara el acuerdo de doble imposición. El conflicto fiscal entre ambos países pone a las constructoras españolas, de adjudicarse el proyecto, en la obligación de tributar por su actividad en Panamá y también en España.

Ciudad de Panamá un dechado de corrrupción y mal gusto urbanístico

Las autoridades guardan silencio

Caos urbanístico

En la ciudad de Panamá, las violaciones a las normas de construcción son el resultado de los cinco años de Jaime Salas como ingeniero municipal.

INFRACCIÓN. La construcción de un hotel, en calle 49, Bella Vista, se ha tomado el espacio público, lo que impide el libre y seguro tránsito. Esta acción viola un Acuerdo Municipal de 2006, cuyo cumplimiento debe ser vigilado por el Ingeniero Municipal. LA PRENSA/Carlos Lemos

Mónica Palm
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

mpalm@prensa.com

La ciudad de Panamá es un caos urbanístico, una mezcla –a partes iguales– de cemento y violaciones a las disposiciones que regulan las obras de construcción y los espacios públicos, en un sector que mueve millones de dólares en inversiones.

Los responsables directos de semejante anarquía son el alcalde Juan Carlos Navarro y el ingeniero municipal Jaime Salas.

El poderío de este último se puede cuantificar en los 18 mil permisos de construcción que –según sus propios cálculos– ha expedido como ingeniero municipal.

“Estamos hablando de 3 mil 500 millones de dólares de inversión que pasaron por esta dirección durante estos cuatro años y medio que tenemos”, señaló.

Este diario tiene semanas de investigar las violaciones en materia de desarrollo urbano, sin respuesta de las autoridades municipales.

Jaime Salas da la cara por una ciudad donde se multiplican las obras de construcción que violan abiertamente las leyes de desarrollo urbanístico

Una ciudad depredada

En la capital no se construye, demuele u ocupa nada si el Ingeniero Municipal no otorga un permiso. He aquí el resultado de cinco años de gestión.

Plaza Independencia. Se permitió la construcción, pese a que su promotor agregó pisos y destruyó fachadas y patios internos, lo que está prohibido por ley.1208208
Puente vehicular Sobre el río Matasnillo. Es un proyecto de los dueños del Multicentro, para conectar el ‘mall’ con una pequeña calle en Marbella.

TEXTO: Mónica Palm
FOTOS: CARLOS LEMOS

panorama@prensa.com

El sitio web de la Alcaldía de Panamá, en el link correspondiente a Ingeniería Municipal, dice que “impulsa y fortalece el ordenamiento del desarrollo urbanístico y la infraestructura municipal, mediante el control y aplicación de las normas de Desarrollo Urbano”.

Pero un vistazo por las calles de la ciudad muestra que, en la práctica, sucede otra cosa. Un recorrido da ejemplo del caos.

Por todas partes hay incumplimiento de las normas de construcción. Violaciones que se repiten una y otra vez. Si se hiciera un balance de nuestra realidad urbana, ¿cómo se habría de valorar el desempeño de Jaime Salas, ingeniero municipal por los últimos cinco años? ¿Cuál sería su legado, a 34 días de dejar la jefatura de la Dirección de Obras y Construcciones Municipales?

Las Torres de Babel

A lo largo de Avenida Balboa y Punta Pacífica se construyen las torres más altas de Latinoamérica. La mayoría tiene un volumen que sobrepasa la línea de construcción o invade el espacio público, incumpliendo todas las disposiciones relacionadas con el libre y seguro tránsito peatonal por las aceras.

El Acuerdo Municipal 148 de 2006 obliga a los constructores a colocar vallas perimetrales, e instalar redes de retención de escombros, mallas de protección y cobertizos sobre las aceras, “para garantizar la libre y segura circulación de los peatones”. Eso no lo saben, por ejemplo, en el proyecto hotel Emperador en Bella Vista, calle 49, donde no se tomaron estas medidas; más bien, lo contrario: en la entrada montaron una puerta cochera que invade por completo el espacio público.

El mismo acuerdo dispone que las aceras solo pueden utilizarse “temporalmente” para cargar y descargar materiales, “guardando un espacio que no ocupe más de 1.20 metro lineal del largo de la acera por el 40% de su ancho”. Y si no hay acera, toda la carga y descarga deberá realizarse dentro de la propiedad. No obstante, en un lugar tan a la vista de las autoridades como Obarrio, este diario constató que una obra que se levanta en la cuadra lateral al Parque Harry Strunz, se ha apropiado de parte de él para colocar ahí sus materiales.

Se supone que todo esto lo debe vigilar la Dirección de Obras y Construcciones Municipales. Los infractores se exponen a multas que van de 50 dólares a 100 mil dólares, y no podrán reanudar la obra hasta pagar y rectificar. Las multas las impone el Ingeniero Municipal.

Salas no precisó a cuánto asciende lo recaudado durante su gestión, que empezó el 2 de septiembre de 2004. Aunque le prometió a este diario que haría llegar la cifra Eso nunca sucedió.

Un puente brillante

¿Otro legado de Salas? Una servidumbre privada, encima de un río.

Luna Brillante, S.A., operadora del Multicentro, construye un puente vehicular sobre la desembocadura del río Matasnillo para unir así el boulevard Elhayek (a un costado del centro comercial y del hotel Decápolis) con una pequeña calle sin salida, denominada Barreduela A, en Marbella.

Se trata de la misma empresa que, en el año 2003, intentó construir una rampa de acceso al Multicentro, hasta que un fallo de la Corte Suprema frustró sus planes.

La construcción del puente se da sobre fincas que pertenecen a Luna Brillante. En Barreduela A –originalmente, un conjunto de apenas 11 casas y un edificio de 12 apartamentos– la empresa compró varios dúplex que ya demolió. Ahí levantó los pilotes del puente.

Los vecinos alegan que la calle es muy estrecha, con solo dos paños y una función “muy local”. Esa callecita será ahora una de las entradas al hotel y al mall. No es difícil imaginar el congestionamiento vehicular que se avecina.

Patrimonio en peligro

De los desafíos a las normas de urbanismo no se salva ni el Casco Antiguo, desde 1997 declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

En el ocaso de su gestión, Ingeniería Municipal ha permitido que se reanuden las obras de un edificio de seis pisos en San Felipe, a pesar de que la norma dice que en ese sector no pueden haber inmuebles de más de cuatro pisos.

Salas, incluso, ignoró la petición de la Dirección Nacional de Patrimonio Histórico, que el 3 de abril de 2009 solicitó la paralización “indefinida” de las obras, al comprobar que lo que se hacía en campo no se parecía en nada a lo aprobado en planos.

Pero Salas tiene otro criterio. “Lo que está en el plano es lo que ellos tienen construido”, dijo recientemente en una entrevista.

Le sobran las advertencias de la posible falsificación de esos planos. Incluso, hay una denuncia penal en curso abierta en el Ministerio Público.

Pero como la denuncia la puso una asociación sin fines de lucro (Icomos Panamá) y no Patrimonio Histórico, Salas le quita validez.

“Ellos no son parte del proceso… Han presentado una querella en el Ministerio Público, que no sé de qué es”, dijo con desprecio.

La Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo (en formación) advirtió que si persisten las anomalías en el Casco Antiguo, se corre el riesgo de perder la calificación de Patrimonio Histórico de la Humanidad, con su consecuente impacto económico, ya que el barrio representa el segundo destino turístico de Panamá.

Vecina, ¿me pasa el taladro?

Otro resultado de la gestión de Salas: los permisos de ocupación. Entre 2008 y lo que va de 2009, Acodeco recibió 13 quejas de consumidores contra proyectos “que tienen permisos municipales de construcción y no cumplen con los estándares de construcción”.

Diana de la Guardia dice ser una de esas capitalinas que son víctimas de la irresponsabilidad de Jaime Salas.

Como Ingeniero Municipal, otorgó permiso de ocupación –desde julio de 2008– a un condominio frente al mar denominado Ocean One, en Costa del Este. Más de 10 meses después, el edificio no está terminado, según de la Guardia, residente del edificio de 75 apartamentos, aunque solo 28 están ocupados.

De la Guardia convive con electricistas, plomeros y desechos de la construcción, que alegremente almacenan en los lobbys y estacionamientos. No se sabe si algún día terminarán. Lo que más le molesta es que aunque no ha terminado su trabajo, el constructor del edificio ya cobró, puesto que el banco le desembolsó el 100% del monto de la hipoteca.

“Jaime Salas no mide el daño y las consecuencias que tiene el otorgar los permisos de ocupación cuando el apartamento no está listo”, se quejó.

Salas, en su defensa, señaló que el Acuerdo Municipal 116 de 1996 le faculta para otorgar permisos de ocupación “parciales” o cuando el inmueble se encuentre sin terminar “en lo que respecta a acabados”. Lo que no dice es que ese mismo acuerdo, en su artículo 60, excluye los “inmuebles incorporados o por incorporarse al régimen de Propiedad Horizontal”.

Adolfo Linares, presidente de la Cámara de Comercio y también residente en un edificio a medias, pero con permiso de ocupación, consideró que Salas está violando la ley “total, abierta y vulgarmente… Inclusive, es confeso”.

“Él solo puede hacer lo que la ley le permite, y el artículo 60 del Acuerdo 116 es claro al respecto”, acotó.

El promotor del P.H. Ocean One es Saúl Faska, de F&F Properties. Esta misma empresa es la responsable del Star Bay, cuya construcción está vinculada al derrumbe de una acera en Avenida Balboa, y del Porto Fino, en San Francisco, donde recientemente explotó un ducto de gas en el interior de un apartamento.

Cuando este diario le preguntó por Salas, Faska dijo tener muy buena opinión de la gestión de éste como Ingeniero Municipal.

¿Por qué el gremio constructor lo protege? ¿Qué responsabilidad le cabe al alcalde Juan Carlos Navarro? ¿Cómo llegó a ser Ingeniero Municipal? ¿Es compatible su cargo, con la operación de un negocio particular, vinculado al sector?

ENFOQUE
Una ciudad rebajada a la mediocridad

Brooke Alfaro*
brooke@cwpanama.net

OPINIÓN. En los últimos cinco años, los funcionarios del Mivi y del Municipio de Panamá han violado normas vigentes en materia de desarrollo urbano, dejando de lado su obligación de planificar para un ordenado crecimiento urbano.

Muchas veces parecieran estar al lado y en complicidad con algunos promotores interesados solo en lucrar. Por ello vemos cómo una bella ciudad es hoy un ejemplo de mediocridad, en la que la calidad de vida empeora a diario. No han implementado un existente Plan Metropolitano de Desarrollo, lo dejaron engavetado o es manipulado a su conveniencia. Por ejemplo, el Plan, aprobado por Decreto Ejecutivo, señala que los manglares y humedales de Tocumen y Juan Díaz son reservas ecológicas y áreas verdes no desarrollables, pero increíble como suena, lo violan para permitir en muchas de estas áreas un desarrollo residencial. Y no fue por falta de terreno. ¿A conveniencia de quién lo hicieron? Ciertamente no de la ciudad.

Perdimos una oportunidad de oro para hacer algo exquisito en Amador. Punta Pacífica parece un gueto de lujo, sin un solo parquecito público. Se nos fue Bella Vista y con ello parte de nuestra identidad y herencia histórica. San Francisco se transforma de forma caótica. Se irrespetan las normas del Casco Antiguo y áreas revertidas, etc.

Nunca antes se han visto tantas comunidades organizadas para tratar de proteger los barrios donde viven. De poco ha servido. Las “consultas públicas” son un show, pues al final el Mivi y el Municipio hacen lo que les viene en gana, como vimos recientemente en las áreas revertidas.

Allí todas las comunidades rechazaron múltiples proyectos por ilegales e impopulares, pero los funcionarios, sin ninguna pena, procedieron a cambiar la ley. Por ello ya no tendremos en Panamá una “ciudad jardín” y muchos bosques urbanos serán reemplazados por barriadas de lujo y edificios altos.

Como sociedad civil debemos demandar un ordenamiento territorial para la ciudad. En caso contrario, seguiremos teniendo áreas diseñadas para densidades bajas con grandes edificios y los consecuentes tranques y colapso de la infraestructura. Seguiremos teniendo ministros que regalan valiosos terrenos de parques públicos para hacer clubes privados; más hoteles que obstaculizan la vista a la bahía y troncan vías primarias; menos áreas verdes, y más Figalis brotando impunemente por todos lados.

*El autor es arquitecto y pintor

Hotel el emperador En calle 49, Bella Vista. Un ejemplo de apropiación del espacio público. Ingeniería Municipal tiene poder para imponer las sanciones que contempla el Acuerdo 148 de 2006. Midrasha talmud torah Sinagoga en Bella Vista, en fase de ampliación y remodelación. La nueva infraestructura se toma espacio público.
Marina Park En el corregimiento de Bella Vista. El piso superior invade la línea de construcción. Punta Marina Edificio de dos torres de 57 y 47 niveles, en la calle Heliodoro Patiño, en Punta Paitilla. Empezó su cons- trucción, aunque sus promotores aún no tienen concesión para rellenar fondo de mar.
Burges Es un bar, en la planta baja de un edificio en calle 47, Bella Vista. Ahora mismo se construye una tarima en el área de estacionar. Colinda con una escuela. Desconocido Frente a la cinta costera, a dos cuadras del restaurante Boulevard. Casi ponen el ‘lobby’ en la Avenida Balboa. Sin letreros a la vista que indiquen el nombre del proyecto. Otra violación a las normas.
El llantero Solo se le autorizó acceso para la actividad comercial desde Vía Israel. Cuando la empresa incumplió y abrió un ingreso por las calles 68 y Flor del Espíritu Santo, Salas se negó a cerrar el acceso, como pidió el director de Desarrollo Urbano. Ocean One Edificio en Costa del Este. Tiene permiso de ocupación desde julio de 2008. 10 meses después, no está terminado. En la foto, el estado de una de las cocinas. Se expidió el permiso, aunque la ley exige un acabado al 100%.
PLaza panamá Frente a Niko’s Café, en Vía Israel. La losa superior sobrepasa la línea de construcción. H-Tech En calle 53, urbanización Obarrio. Su volumen superior sobrepasa la línea de construcción.
Bella Mare Torre de apartamentos en Punta Pacífica. La losa de los pisos superiores está fuera de la línea de construcción. Venetian Tower En Punta Pacífica. Al igual que Bella Mare, la losa de estacionamientos se sale de la línea de construcción permitida.