Energía fotovoltaica toma auge en Europa

La Energía fotovoltaica está preparada para formar parte de la corriente energética dominante en Europa en 2020

22/06/09 EPIA

Según un estudio realizado por la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica (EPIA, la energía solar fotovoltaica está preparada para convertirse en un suministrador de energía del mercado eléctrico europeo significativo y competitivo.

El estudio “SET For 2020” (www.setfor2020.eu) recoge diferentes escenarios entre los cuales se destacan los siguientes: Bajo condiciones normales de negocio, la energía fotovoltaica debería de suministrar entre el 4% y 6% de las necesidades eléctricas de Europa en 2020.

Asumiendo el establecimiento de condiciones más favorables por parte de las instituciones europeas, los reguladores y el sector energético, la energía fotovoltaica podría suministrar hasta un 12% de la demanda eléctrica de la UE en 2020, existiendo un suministro en la actualidad inferior a 1%.

Según el Presidente de EPIA, el Dr. Winfried Hoffmann, “la generación de electricidad fotovoltaica será competitiva en partes del Sur de Europa para el próximo año”. “El estudio demuestra que bajo el escenario del 12%, la electricidad fotovoltaica será competitiva en un 75% frente a otras fuentes de energía del mercado eléctrico europeo en 2020, sin que exista ningún tipo de subsidios o ayudas externas”.

A través de una serie de factores, análisis y estadísticas, el estudio concluye que el aumento de la cuota eléctrica fotovoltaica supondrá enormes beneficios para la sociedad europea y su economía. La energía fotovoltaica es la tecnología que más rápido crece entre las energías renovables y a su vez se espera que los costes bajen rápidamente en comparación con los costes derivados de otras fuentes eléctricas.

Según el Secretario General de EPIA, el Sr. Adel El Gammal, “actualmente Europa necesita reconocer el importante papel que la energía fotovoltaica puede jugar para alcanzar sus objetivos energéticos sostenibles”. “La industria fotovoltaica está comprometida en suministrar tecnología energética sostenible y competitiva a gran escala. Estamos pidiendo a los políticos y al sector energético que apoyen la implantación de la energía fotovoltaica sin retrasos”.

Anuncios

Empresarios solicitan seguridad jurídica empresarial por violación a DD.HH.

Piden empresarios al gobierno panameño ignorar solicitud de CIDH

26 de Junio, 2009.

Panamá, 26 Jun (Notimex).- Empresarios panameños pidieron hoy al gobierno desatender la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de suspender la construcción de una represa hidroeléctrica por una denuncia de comunidades indígenas.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, Adolfo Linares, dijo confiar en que el gobierno demostrará a la CIDH “que no existen motivos para implementar las medidas cautelares que se solicitaron de suspensión de las obras” de la hidroeléctrica.

Indicó que la hidroeléctrica es reconocida como “proyecto de interés público y social debido al crecimiento de la demanda eléctrica del país y a la falta de incremento de plantas de generación en la actualidad”.

La empresa estadunidense AES construye la hidroeléctrica Chan 75, de 223 megavatios en Changuinola, en la caribeña provincia de Bocas del Toro, con un avance de 40 por ciento y una inversión de 350 millones de dólares de los 560 millones contemplados.

La CIDH solicitó el pasado 17 de junio al gobierno de Panamá suspender la construcción Chan 75, ante una denuncia de violación de derechos humanos de comunidades indígenas.

La entidad hemisférica pidió al gobierno adoptar medidas cautelares para evitar daños irreparables al derecho de la propiedad y la seguridad de los indígena Ngöbe-Buglé, residentes en el Valle del Río Changuinola, en Bocas del Toro.

Los residentes indígenas en las áreas donde se realizan los trabajos de AES en Changuinola, a unos 600 kilómetros al oeste de esta capital, denunciaron que de manera ilegal la empresa estadunidense los había desalojado de sus propiedades.

Las medidas cautelares en favor de los indígenas deben regir hasta que el sistema interamericano de derechos humanos adopte una decisión final sobre el caso, indicó el CIDH y el gobierno dijo esta semana que estudiaría la solicitud de la Comisión.

La Cámara de Comercio se quejó de que “grupos anarquistas ajenos a los intereses de todos los panameños estén impulsando acciones y campañas difamatorias, manifestaciones, sabotajes y desinformación contra este proyecto”.

“La suspensión de la obra traería consecuencias gravísimas para la estabilidad económica de la región y el desarrollo del país”, advirtió la Cámara.

Nuevas especies registradas en la Reserva Forestal La Tronosa

A pesar de la deforestación, este paraíso terrenal sigue ofreciendo bellezas al visitante

Detectan nuevas especies en la reserva La Tronosa

El puerco de monte, saíno y conejo son las especies más amenazadas en esta zona, según estudio realizado por la Universidad de Panamá con apoyo de la JICA.

EXÓTICA. Orquídeas de rara belleza nacen en esta reserva de gran feracidad. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Alcibiades Cortez

ALCIBIADES CORTEZ
LA TRONOSA, LOS SANTOS

nacionales@prensa.com

Una evaluación de la biodiversidad en la Reserva Forestal La Tronosa, en la provincia de Los Santos, revela la existencia de nuevas especies de fauna y registra nuevos sitios de petroglifos en Panamá.

Además, se advierte que el mono aullador de Azuero (Alouatta coibenisis), endémico en el área, es la especie en mayor riesgo de extinción en la península de Azuero.

La citada evaluación recopila investigaciones biológicas, ecológicas, socioeconómicas y culturales realizadas por el Proyecto de Estudio y Valoración para promover la Conservación de la Biodiversidad (Probio), en dicha reserva.

Las investigaciones fueron realizados por la Universidad de Panamá (UP), durante 2006 a 2008, con fondos aportados por el Gobierno nacional y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).

Esta reserva fue creada el 2 de diciembre de 1977. Su extensión original era de 22 mil hectáreas. A partir de 2007, sus limites fueron reducidos a una superficie de 16 mil 181 hectáreas, de las cuales 15 mil han sido taladas y el resto son bosques.

La principal amenaza de esta zona son la quema y tala, mientras que sus zonas más elevadas se han transformado paulatinamente en áreas deforestadas.

El inventario de flora y fauna muestra la existencia de 179 especies arbóreas, 140 de aves, 54 de mamíferos, 42 de anfibios y reptiles, 24 de escarabajos, 18 de abejas, 15 de peces y 173 de avispas, de las cuales tres especies son nuevas para la ciencia.

También se ampliaron sus registros arqueológicos, al identificarse 26 lugares, de los cuales 15 corresponden a sitios de asentamiento precolombino, y se descubrieron 13 nuevos petroglifos.

Mario Arosemena, coordinador de investigaciones de fauna de la UP, y quien participó en la investigación, afirmó que la densidad de abejas y otros insectos es baja frente a la densidad de aves y mamíferos que registran de media a una alta biodiversidad, pese a la intensa deforestación en la zona.

Añadió que en la investigación se detectaron guacamayas azules, jaguares, pumas, saínos, y en algunos reductos boscosos, en potreros, se escucha al mono aullador de Azuero (Alouatta coibenisis), una especie endémica en la región.

El objetivo de la investigación es determinar qué hay y qué se puede hacer para evitar la desaparición de algunas especies que son exclusivas de Panamá y otras únicas a nivel mundial.

Amable Gutiérrez, jefe regional de Áreas Protegidas de Vida Silvestre de la Autoridad Nacional del Ambiente (Los Santos), coincidió con Arosemena en que desde que fue creada la Reserva, ha registrado variaciones negativas, pero aun así, el estudio demuestra que mantiene una rica biodiversidad.

Cristina Garibaldi, coordinadora del proyecto Probio, explicó que tras esta evaluación se hallaron especies de plantas y animales que están en peligro de extinción.

En el caso de la reserva La Tronosa, lo que resta son fragmentos de bosques en las partes más altas.

En la zona baja, su abundante vegetación ha sido eliminada por las quemas, talas y el avance de la ganadería extensiva, las tres actividades que más inciden negativamente en su contra.

Cámara de Comercio respalda violación a los derechos humanos en proyecto hidroeléctrico

PROYECTO HIDROELÉCTRICO

AES recibe respaldo

06-27-2009 | MANUEL LUNA G.
mluna@laestrella.com.pa

La Cámara de Comercio pide respuesta contundente

Capital PANAMÁ. La cúpula empresarial panameña salió en defensa del proyecto Changuinila 1 (Chan 75).

El presidente de la Cámara de Comercio, Adolfo Linares, advirtió que la suspensión de este proyecto hidroeléctrico “traería consecuencias graves para la estabilidad económica de la región y el desarrollo del país”.

La Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Américanas solicitó recientemente suspender la construcción y demás actividades vinculadas con la concesión otorgada a AES Changuinola a lo largo del río Changuinola, hasta tanto los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva.

La medida fue tomada en respuestas a denuncias presentadas sobre supuestos daños causados al derecho de la propiedad y la seguridad de los indígenas ngöbe que habitan el Valle del río Changuinola.

Pero Linares dijo que confía “en que las respuestas que el gobierno brinde demostrará de forma contundente que no existen motivos para implementar las medidas cautelares que solicitaron la suspensión del proyecto”.

De acuerdo con el representante de los empresarios, la suspensión de la obra “sería un atentado contra la seguridad jurídica y enviaría un mensaje negativo para la inversión extranjera”. El proyecto hidroeléctrico generará 223 magavatios y actualmente registra un avance del 40%, en donde ya se han invertido 300 millones de dólares, de los 560 millones que costará la obra.

Unos 1,800 trabajadores laboran en el proyecto, que está programado para concluir en el año 2011.

El proyecto es desarrollado por AES Changuinola, subsidiaria de AES Corp, donde el Estado panameño también es accionistas.

Las autoridades panameñas han rechazado que se haya incurrido en violaciones a los derechos humanos de los indígenas. Mientras que grupos ambientalistas aplaudieron la medida adoptada por la OEA, el pasado 17 de junio.

Linares dijo que es preocupante que grupos anarquistas ajenos a los intereses de los panameños estén impulsado campañas difamatorias, manifestaciones, sabotaje y desinformación en contra del proyecto hidroélectrico.

—————————————

Burica Press le ha dado seguimiento a esta situación y sólo puede advertir que la Cámara de Comercio de Panamá, jamás aportó opiniones o comentarios que deslindaran las responsabilidades encomiadas a AES y al Estado Panameno como máximo responsable.

El discurso del senor Linares es tardío para defender los intereses de AES y los intereses de todo el gremio, que como buenos anarquistas sólo respetan las leyes a conveniencia.  AES y el Estado han incurrido en violación a los derechos humanos de pueblos indígenas y esto amerita una sanción ejemplar.

Nadie, absolutamente nadie está por encima de la ley y nadie bajo ninguna circunstancia o motivo puede violar por acción o por omisión los sagrados derechos humanos.

La CIDH ha recibido diversas notificaciones y aclaraciones del Gobierno, que evidentemente no ha podido ocultar los hechos que ha llevado a esta sesuda decisión de este máximo órgano de justicia internacional.

Ahora sólo queda acatar, la medidas cautelares enunciadas.

Burica Press

Defensoría solicitará detener hidroeléctrica

Defensoría solicitará parar hidroeléctrica

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La Defensoría del Pueblo pedirá al Gobierno acatar la medida de suspensión del proyecto hidroeléctrico Chan 75 (Changuinola I) que adelanta la empresa AES Changuinola.

El compromiso lo adquirió el defensor Ricardo Vargas, ayer, durante una reunión con los indígenas ngäbe afectados por la construcción del proyecto.

Vargas, además, se comprometió a pedirle al Gobierno que entregue, a la mayor brevedad, un informe sobre la concesión que se le otorgó a la empresa a lo largo del río Changuinola.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Gobierno panameño suspender el proyecto, para “evitar daños irreparables al derecho de propiedad y a la seguridad del pueblo ngäbe asentado en la provincia de Bocas del Toro”.

La medida es en respuesta a una demanda por violación de derechos humanos que presentaron la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y Cultural Survival, en nombre de las comunidades indígenas.

“La situación presentada en las comunidades afectadas(…) demuestra la ausencia del Estado y la desatención social de las autoridades en garantizar de manera efectiva los derechos humanos”, señaló Vargas.

Los indígenas no solo recibieron el respaldo de la Defensoría del Pueblo, sino también de los estudiantes de derecho de la Universidad de Panamá. Indígenas y estudiantes bloquearon ayer, en horas del mediodía, la avenida Manuel Espinoza Batista para exigir la paralización del proyecto.

Al ser consultados sobre este tema, los representantes de la empresa prefirieron no hacer comentarios.

—————————–

Ahora ya no es asunto si se quiere o no detener, o si se solicitará o no. No es un favor.  Es una sentencia precautoria de un máximo órgano de justicia internacional a la cual a Panamá le corresponde respetar.

Se recurrió a ella porque en Panamá la justicia ordinaria no ha funcionado.  Eso no es novedad en Panamá cuando hay grandes intereses creados tras bambalinas! O sea justicia corrupta que no actúa en algunos casos por premeditación y alevosía para con las partes acusadas.  La CIDH tardó 15 meses en declarar estas medidas precautorias y la corte suprema panamena lleva por lo menos 18 meses sin pronunciarse sobre las demandas  urgentes que dieron pie a la demanda ante la CIDH.

En buena hora la CIDH, por lo menos ha detenido a este monstruo que se está instalando en la Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá. La forma como esta empresa se está instalando en esta hermosa región es digna de ser referenciada como un hecho de la Edad Media.

La violación a los derechos humanos de cualquier ciudadano debe ser atendido sin reparos y sin darle lástima con el victimario que las ha cometido.  Así es la justicia real y efectiva. La justicia es darle a cada quien lo que le corresponde decía Aristóteles.

La sociedad civil panamena y extranjera que han intervenido en este caso, junto con los principales actores, los Ngobes del valle del Río Changuinola, merecen nuestro respeto y elogios, por la invocación tenaz de los preclaros principios de la sociedad: los derechos humanos.

Burica Press

Ngöbe Win Major Victory at Inter-American Commission on Human Rights

Panama’s Ngöbe Win Major Victory at Inter-American Commission on Human Rights

Washington, D.C.—After two years of brutal government repression and destruction of their homeland, the Ngöbe Indians of western Panama won a major victory yesterday as the Inter-American Commission on Human Rights called on Panama to suspend all work on a hydroelectric dam that threatens the Ngöbe homeland. The Chan-75 Dam is being built across the Changuinola River by the government of Panama and a subsidiary of the Virginia-based energy giant AES Corporation. The Commission’s decision was the result of a petition filed last year by the Ngöbe, after AES-Changuinola began bulldozing houses and farming plots. When the Ngöbe protested the destruction of their homes, the government sent in riot police who beat and arrested villagers, including women and children, and then set up a permanent cordon around the community to prevent anyone from entering the area. In addition to threatening the community, the dam will irreversibly harm the nearby La Amistad UN Biosphere Reserve.

“We are thrilled to have the Commission take these measures to protect Ngöbe communities,” said Ellen Lutz, executive director of Cultural Survival and lead counsel for the Ngöbe. “We are hopeful that this will help the government of Panama and AES recognize their obligation to respect Ngöbe rights.”

The Commission, which is a body of the Organization of American States, is still considering the Ngöbe’s petition and issued this injunction, called precautionary measures, to prevent any further threat to the community and the environment while the Commission deliberates on the merits of the case.

Specifically, the Commission called on the government to suspend all construction and other activities related to its concession to AES-Changuinola to build and administer the Chan-75 Dam and abutting nationally protected lands along the Changuinola River.

In addition to Chan-75, for which land clearing, roadwork, and river dredging are already well underway, the order covers two other proposed dam sites upstream. The Commission further called upon the government of Panama to guarantee the Ngöbe people’s basic human rights, including their rights to life, physical security, and freedom of movement, and to prevent violence or intimidation against them, which have typified the construction process over the past two years. The Commission required the government to report back to it in 20 days on the steps it has taken to comply with the precautionary measures.

Chan-75 would inundate four Ngöbe villages that are home to approximately 1,000. Another 4,000 Ngöbe living in neighboring villages would be affected by the destruction of their transportation routes, flooding of their agricultural plots, lack of their access to their farmlands, and reduction or elimination of fish that are an important protein source in their diet. It would also open up their territories to non-Ngöbe settlers.

According Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) the dam also will cause grave environmental harm to the UNESCO-protected La Amistad Biosphere Reserve, an international World Heritage Site that upriver from the dam site. Scientists believe that there is a high risk of losing important fish species that support the reserve’s wildlife, including several endangered species, because the dam will destroy their migration route.

“The Panamanian government must follow the precautionary measures issued by the Inter-American Commission on Human Rights and prevent further human rights violations and environmental damage” said Jacki Lopez, staff attorney for the Center for Biological Diversity, an organization that submitted an amicus curiae to the Inter-American Commission on Human Rights in support of the Ngöbe.

The Ngöbe people’s situation was the subject of a report by the UN Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of Indigenous People, James Anaya, on May 12, 2009. Anaya concluded that the government ignored its obligation under international law to consult with the communities and seek their free, prior, and informed consent before moving ahead with the construction project. He urged AES-Changuinola to meet international standards for corporate social responsibility and not contribute, even indirectly, to violations of human rights.

CIDH ordena suspender hidroeléctrica Chan 75

CIDH ordena suspender hidroeléctrica

El proyecto Chan 75, que construye la empresa Aes Changuinola, en Bocas del Toro, enfrenta escollos legales debido a los desalojos hechos por la compañía en comunidades indígenas.

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno panameño suspender la construcción de la hidroeléctrica Chan 75, que efectúa la empresa Aes Changuinola sobre el río Changuinola, en Bocas del Toro.

Además, la CIDH pidió que se suspendan las actividades relacionadas con la concesión que el Estado le otorgó a la empresa a lo largo del río Changuinola, hasta que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos adopte una decisión definitiva sobre las supuestas violaciones a los derechos de los indígenas.

La medida de la CIDH obedece a una denuncia que presentaron la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), de Panamá, y Cultural Survival, de Estados Unidos, en representación de las comunidades indígenas afectadas por las obras.

La denuncia se basa en que Aes Changuinola y el Gobierno panameño “violaron” los derechos de los indígenas al desalojarlos de sus comunidades de manera “forzosa” y, además, no se les permitió el libre consentimiento para decidir sobre la construcción del proyecto hidroeléctrico.

La CIDH también pidió al Gobierno panameño adoptar medidas para garantizar la libre circulación, la vida y la integridad personal de los indígenas Ngäbe, con el fin de evitar actos de violencia. Esto, luego que en enero de 2008, la Policía Nacional arrestó a unos 40 indígenas que protestaban en contra del proyecto.

Plazo de 20 días para informar sobre proyecto Chan 75

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

El Gobierno panameño tiene 20 días para presentar un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el cumplimiento de una medida cautelar que pidió el organismo internacional a favor de las comunidades indígenas ngäbe, afectadas por la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

El organismo internacional decidió, el pasado miércoles 17 de junio, adoptar una medida cautelar a favor de los indígenas, a “fin de evitar daños irreparables al derecho de propiedad y a la seguridad del pueblo ngäbe asentado en la provincia de Bocas del Toro”.

En este sentido, la CIDH pidió al Gobierno suspender las obras de construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75, que desarrolla la empresa Aes Changuinola, subsidiaria de Aes Panamá.

El informe sobre el cumplimiento de esa acción debe ser actualizado periódicamente y, luego, la Comisión decidirá si levanta la medida o la prolonga. La CIDH adoptó la medida en respuesta a una demanda –por violación de derechos humanos– que presentaron Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y Cultural Survival en nombre de las comunidades indígenas.

Susana Serracín, de la ACD, dijo que la medida “constituye un logro importante en la lucha del pueblo ngäbe, que se encuentra sumido en una situación de gravedad y urgencia por la construcción del proyecto”.

Al consultar a la empresa, esta consideró que es al Gobierno a quien le corresponde emitir comentarios sobre la decisión de la Comisión.

Se intentó, sin éxito, buscar una versión del Gobierno sobre este caso.