CIDH ordena suspender hidroeléctrica
El proyecto Chan 75, que construye la empresa Aes Changuinola, en Bocas del Toro, enfrenta escollos legales debido a los desalojos hechos por la compañía en comunidades indígenas.
JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno panameño suspender la construcción de la hidroeléctrica Chan 75, que efectúa la empresa Aes Changuinola sobre el río Changuinola, en Bocas del Toro.
Además, la CIDH pidió que se suspendan las actividades relacionadas con la concesión que el Estado le otorgó a la empresa a lo largo del río Changuinola, hasta que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos adopte una decisión definitiva sobre las supuestas violaciones a los derechos de los indígenas.
La medida de la CIDH obedece a una denuncia que presentaron la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), de Panamá, y Cultural Survival, de Estados Unidos, en representación de las comunidades indígenas afectadas por las obras.
La denuncia se basa en que Aes Changuinola y el Gobierno panameño “violaron” los derechos de los indígenas al desalojarlos de sus comunidades de manera “forzosa” y, además, no se les permitió el libre consentimiento para decidir sobre la construcción del proyecto hidroeléctrico.
La CIDH también pidió al Gobierno panameño adoptar medidas para garantizar la libre circulación, la vida y la integridad personal de los indígenas Ngäbe, con el fin de evitar actos de violencia. Esto, luego que en enero de 2008, la Policía Nacional arrestó a unos 40 indígenas que protestaban en contra del proyecto.
Plazo de 20 días para informar sobre proyecto Chan 75
JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com
El Gobierno panameño tiene 20 días para presentar un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el cumplimiento de una medida cautelar que pidió el organismo internacional a favor de las comunidades indígenas ngäbe, afectadas por la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en Changuinola, provincia de Bocas del Toro.
El organismo internacional decidió, el pasado miércoles 17 de junio, adoptar una medida cautelar a favor de los indígenas, a “fin de evitar daños irreparables al derecho de propiedad y a la seguridad del pueblo ngäbe asentado en la provincia de Bocas del Toro”.
En este sentido, la CIDH pidió al Gobierno suspender las obras de construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75, que desarrolla la empresa Aes Changuinola, subsidiaria de Aes Panamá.
El informe sobre el cumplimiento de esa acción debe ser actualizado periódicamente y, luego, la Comisión decidirá si levanta la medida o la prolonga. La CIDH adoptó la medida en respuesta a una demanda –por violación de derechos humanos– que presentaron Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) y Cultural Survival en nombre de las comunidades indígenas.
Susana Serracín, de la ACD, dijo que la medida “constituye un logro importante en la lucha del pueblo ngäbe, que se encuentra sumido en una situación de gravedad y urgencia por la construcción del proyecto”.
Al consultar a la empresa, esta consideró que es al Gobierno a quien le corresponde emitir comentarios sobre la decisión de la Comisión.
Se intentó, sin éxito, buscar una versión del Gobierno sobre este caso.
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Ya ha pasado más de un año y nadie ha hecho cumplir a la empresa ni al gobierno las sentencias y recomendaciones de los diferentes organismos de Derechos Humanos. La ley no es igual para todos y todas.
Actualizando a los lectores sobre este tema: Autoridades panameñas informaron que luego de 21 meses se logró un acuerdo del diálogo tripartito entre Gobierno, la empresa AES y la dirigencia indígena en Bocas del Toro, que permitirá inundar 750 hectáreas para el proyecto hidroeléctrico Chan-75.