Empresarios solicitan seguridad jurídica empresarial por violación a DD.HH.

Piden empresarios al gobierno panameño ignorar solicitud de CIDH

26 de Junio, 2009.

Panamá, 26 Jun (Notimex).- Empresarios panameños pidieron hoy al gobierno desatender la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de suspender la construcción de una represa hidroeléctrica por una denuncia de comunidades indígenas.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Panamá, Adolfo Linares, dijo confiar en que el gobierno demostrará a la CIDH “que no existen motivos para implementar las medidas cautelares que se solicitaron de suspensión de las obras” de la hidroeléctrica.

Indicó que la hidroeléctrica es reconocida como “proyecto de interés público y social debido al crecimiento de la demanda eléctrica del país y a la falta de incremento de plantas de generación en la actualidad”.

La empresa estadunidense AES construye la hidroeléctrica Chan 75, de 223 megavatios en Changuinola, en la caribeña provincia de Bocas del Toro, con un avance de 40 por ciento y una inversión de 350 millones de dólares de los 560 millones contemplados.

La CIDH solicitó el pasado 17 de junio al gobierno de Panamá suspender la construcción Chan 75, ante una denuncia de violación de derechos humanos de comunidades indígenas.

La entidad hemisférica pidió al gobierno adoptar medidas cautelares para evitar daños irreparables al derecho de la propiedad y la seguridad de los indígena Ngöbe-Buglé, residentes en el Valle del Río Changuinola, en Bocas del Toro.

Los residentes indígenas en las áreas donde se realizan los trabajos de AES en Changuinola, a unos 600 kilómetros al oeste de esta capital, denunciaron que de manera ilegal la empresa estadunidense los había desalojado de sus propiedades.

Las medidas cautelares en favor de los indígenas deben regir hasta que el sistema interamericano de derechos humanos adopte una decisión final sobre el caso, indicó el CIDH y el gobierno dijo esta semana que estudiaría la solicitud de la Comisión.

La Cámara de Comercio se quejó de que “grupos anarquistas ajenos a los intereses de todos los panameños estén impulsando acciones y campañas difamatorias, manifestaciones, sabotajes y desinformación contra este proyecto”.

“La suspensión de la obra traería consecuencias gravísimas para la estabilidad económica de la región y el desarrollo del país”, advirtió la Cámara.

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