Torrijos rechazó solicitud de CIDH

Gobierno de Torrijos rechazó pedido de la CIDH

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La solicitud de suspensión del proyecto hidroeléctrico Chan 75, en Bocas del Toro, que hizo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), fue rechazada por el pasado gobierno, que además pidió revocar la medida.

Gobierno rechazó medidas de la CIDH

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

El Estado panameño no puede acatar las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Así respondió el gobierno de Martín Torrijos, a través de Cancillería, a la petición de suspender el proyecto hidroeléctrico Chan 75, que construye la empresa AES Changuinola en Bocas del Toro, y para el cual ha tenido que hacer desalojos.

En un un informe enviado a la Comisión el jueves 25 de junio, el gobierno anterior señaló que las medidas de la CIDH no fueron dictadas de conformidad con el reglamento de esa Comisión.

El gobierno solicitó a la CIDH que revoque su decisión y pidió que el organismo se informe de “manera objetiva” sobre la situación de las comunidades influenciadas por la obra.

Larissa Duarte, directora de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, lamentó que el gobierno de Torrijos no haya tenido la capacidad de responder por el fondo del problema.

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COMUNICACIÓN. Gobierno anterior informó que no acatará fallo de la CIDH

Torrijos dejó el enredo sobre fallo que beneficia a indígenas

Los afectados denunciaron abuso policial por oponerse a una hidroeléctrica.

Ereida Prieto-Barreiro

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Destaque Jos� Corpas (c), se ha destacado en el Gast�n. (Foto: Miguel Cavalli / EPASA)

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Comarca Ngöbe Buglé

A cinco días de dejar el poder, el Gobierno del ex presidente Martín Torrijos comunicó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que “no acataría” un fallo de medidas cautelares a beneficio de indígenas Ngöbe Buglé.

El Gobierno comunicó esta decisión en una nota fechada el 25 de junio sobre el caso surgido, tras una denuncia de supuesto abuso policial contra los indígenas que rechazan la construcción de la Hidroeléctrica Chan – 75.

En el documento, Panamá solicita a la CIDH que “revoque” la decisión de adoptar medidas cautelares como la suspensión de la hidroeléctrica de la concesionaria AES – Changuinola, hasta que se informe de manera “objetiva” sobre las comunidades impactadas en Bocas del Toro.

Asimismo pide que la CIDH convoque a una audiencia para tratar estas medidas que “exigen inminencia, urgencia e inmediatez de violaciones al derecho de la vida” de estos indígenas.

La resolución de la CIDH señalaba que “Panamá debe cumplir con el rol de defensor de los derechos de todos los pueblos afectados por este proyecto”.

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Torrijos y ahora Martinelli y su embajador ante la OEA, Cochez pueden patalear lo que quieran, la medida es de estricto cumplimiento y el fallo final sería peor para Panamá.

La violación a los derechos humanos es un grave delito de Estado.

Panamá no necesita esta hidroeléctrica, que de concretarse, será una  hidroeléctrica más.  Esta obra ha producido, aún a 15% de avance,  un grave dano ambiental a hermosas áreas protegidas y ha causado una  enorme conmoción social a los indígenas ngobes afectados, que ha culminado en violación evidente de los derechos humanos de estas personas.

Además, la realidad energética de Panamá no es la que pinta el gobierno, ni  mucho menos lo que dice AES, ya que ambos son parte interesada y nunca han demostrado, ni demostrarán numeritos más allá de la retórica desarrollista del efecto positivo de esta represa.

La Ley ordena evaluaciones ambientales estratégicas de los planes y políticas y el Estado se ha negado para no quedar en evidencia de la realidad que conlleva a desmentir lo que dicen sólo de discurso, pero no por ciencia y números. Obviamente que el interés entramanado por diversos sectores allegados a los gobiernos, les impide actuar con ética y valores que vayan por encima del mercantilismo per se que promueven los gobiernos.

Burica Press

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Proyecto científico realiza obras ilegales que afectan el ambiente

BAHÍA HONDA, EN VERAGUAS

Construyen muelles sin concesión ni EIA

En isla Canales de Tierra se construyeron dos muelles para botes y yates pequeños sin permiso del Estado, además de instalaciones para trasegar combustible.

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La sociedad Liquid Jungle Lab. construyó dos muelles en isla Canales de Tierra, de Bahía Honda, en la provincia de Veraguas, sin estudio de impacto ambiental (EIA) y sin concesión de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

La sociedad presentó en 2005 un EIA a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) para el proyecto Service Marina Liquid Jungle Lab., que buscaba construir muelles para botes y yates pequeños, y estructuras para el trasiego de combustible.

El pasado lunes 15 de junio, Bolívar Zambrano, director de Evaluación de la Anam, dijo que el documento no había sido aprobado porque se encontraba en ajuste. El pasado viernes, Zambrano confirmó que a su salida de la entidad, el 30 de junio pasado, el documento estaba en el mismo estatus.

En la página web de la Anam, ayer el EIA aún aparecía “en ajuste”.

Un informe de la Unidad Ambiental de la AMP señala que la sociedad no cuenta con concesión, y tampoco reposa en la entidad una solicitud de concesión para uso de fondo de mar, playa ni ribera de mar.

El informe data de marzo pasado, y en la AMP se informó la semana pasada que el caso había pasado al Ministerio Público para su investigación.

El informe de la AMP señala que la empresa construyó un hangar que invade los 12.50 metros de servidumbre costanera, y se calcula que la empresa debe unos 5 millones de dólares en canon de arrendamiento.

Dhalia Poveda, gerente de la sociedad, asegura que tienen los permisos y que los trabajos se realizan con el aval de la AMP de Santiago de Veraguas.

TRASIEGO DE COMBUSTIBLE Y MUELLE PARA YATES EN BAHÍA HONDA

Laboratorio científico esconde proyecto ilegal

Un informe de la AMP dice que la sociedad Liquid Jungle Lab. desarrolló una marina que no tiene Estudio de Impacto Ambiental.

MARINA. Un muelle construido en la isla Canales de Tierra es usado como atracadero de embarcaciones de alto calado. Se han construido estructuras dentro de servidumbre marítima que, por ley, no puede ser concesionada. LA PRENSA/Eric Batista

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Detrás de un laboratorio para investigaciones científicas en Bahía Honda, en Veraguas, se realizan actividades que la pasada administración de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) denunció por considerarlas ilegales.

El 30 de marzo de 2009, el entonces administrador de la AMP, Fernando Solórzano, envió una carta a la procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, en la que le solicitaba investigar la sociedad Liquid Jungle Lab. Inc. por posible “comisión de un hecho delictivo”, ya que desarrolló una marina sin contar con los permisos correspondientes.

En 2003, la sociedad construyó lo que denomina un “laboratorio ecológico”, que es utilizado por entidades científicas como el Instituto Smithsonian y el Instituto Oceanográfico Woods Hole para realizar en la zona estudios biológicos y marinos.

Además, ha construido –y aún construye– habitaciones para alojamiento, que son alquiladas a 70 y hasta 100 dólares la noche, por persona. De acuerdo con la página web de la sociedad, para alojarse en esas instalaciones el interesado debe enviar una solicitud indicando el proyecto de investigación que desea realizar.

Para estos dos proyectos la sociedad cuenta con dos estudios de impacto ambiental (EIA) que la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) aprobó durante la administración gubernamental de Mireya Moscoso (2001 y 2003).

Pero en 2005, la sociedad presentó ante la Anam otro EIA, esta vez para el proyecto Service Marina Liquid Jungle Lab., que hasta la fecha no ha sido aprobado.

De acuerdo con el EIA, el proyecto Service Marina consiste en la habilitación de infraestructuras para garantizar el aprovisionamiento de combustible, manejo de botes y operación de generadores eléctricos. Para ello, la sociedad instalaría nueve tanques con capacidad para almacenar, en cada uno, 4 mil galones de diésel; y cuatro tanques con capacidad individual de 3 mil galones de gasolina.

Pero esta no es la única irregularidad. Aparte de que el EIA no ha sido aprobado, la sociedad no tramitó ante la AMP el permiso para uso de área marina. “Es importante destacar que la empresa (…) no tiene concesión alguna con la entidad, ni reposa solicitud presentada por el promotor para la concesión de las áreas de fondo, playa y ribera de mar utilizadas como atracadero de embarcaciones, que llegan a la isla Canales de Tierra para desarrollar actividades que desconocemos”, indicó Solórzano en su nota de marzo pasado a Gómez.

La misiva estaba acompañada de un informe de inspección que había hecho, en febrero de este año, la Unidad Ambiental de la AMP.

El informe destaca que se construyó un hangar dentro de la servidumbre costanera –12.50 metros desde la marea más alta– en la que, por ley, no se pueden dar concesiones. Además, se detectó la muerte de corales, que podría haber sido causada por el derrame de combustible.

A pesar de que las antiguas autoridades marítimas denunciaron ante el Ministerio Público el supuesto delito, a lo interno de la entidad no hubo investigaciones administrativas sobre el proyecto Service Marina.

Jesenia González, residente de Bahía Honda, se lamentó de que las autoridades no hayan tomado medidas contra el proyecto, ya que hace dos años denuncian las irregularidades.

Dhalia Poveda, gerente administrativa de la empresa, dijo que Service Marina no es un proyecto. “Eso nos sirve a nosotros como hangar para reparar los botes”.

Poveda evitó dar más detalles de Service Marina, pero enfatizó las bondades del laboratorio. Dijo que la sociedad ha llevado nuevas fuentes de trabajo a las comunidades aledañas y que en el laboratorio se hacen importantes estudios científicos. “Nosotros tenemos todo en regla”, insistió Poveda.

Huelga en isla Canales de Tierra

El pasado 12 de mayo, los trabajadores de Liquid Jumgle Lab. declararon una huelga para exigir mejores condiciones laborales. Majín Camarena, dirigente del grupo, dijo que la medida obedece a la falta de equipos de seguridad, como botas y andamios en buenas condiciones. La queja también incluye la mala calidad del agua que toman. Camarena dijo que el líquido que les proporciona la empresa es insalubre. Además, piden el reintegro de un dirigente que fue despedido “injustamente”.

Camarena agregó que trabajan en la construcción de seis edificios, cinco de dos plantas, y uno, de tres.

Dhalia Poveda, gerente administrativa de la empresa, aseguró que la huelga es ilegal y que responde al despido de un trabajador que amenazó con un machete a un compañero.

Para hoy se programó una reunión entre la empresa y los trabajadores

La extracción de arena preocupa a moradores

Adrián Montilla mostraba con el dedo, y con preocupación, las raíces de las palmas que sobresalían por encima de la arena en Playa Blanca. Para él es la mejor prueba que hay sobre la extracción de arena que se da en las playas del corregimiento de Bahía Honda. La historia se repite, según dijo, en las playas El Sol y Limón. Montilla preside la Asociación de Campesinos Unidos por el Desarrollo de Bahía Honda, que se constituyó para luchar en defensa de los recursos naturales de la zona.

En abril del año pasado, la asociación presentó una denuncia ante la Fiscalía de Veraguas en contra de las sociedades Catiland Panamá y Liquid Jungle Lab. por supuesto delito ecológico. La denuncia de la asociación se basa en que se está extrayendo arena para construir edificaciones, sin mayores controles por parte del ahora ex alcalde de Soná Aristides Ortíz. Los residentes se sienten frustrados porque, hasta la fecha, las autoridades judiciales no han hecho nada al respecto.