Indígenas transfronterizos Panamá Costa Rica lanzan manifiesto

Los Pueblos Indígenas Panamá-Costa Rica
(Naso / Ngäbe / Bribri / Cabecar)

Reunidos en la comunidad El Norteño, Comarca Ngäbe-Bugle, República de Panamá, más de 150 líderes y liderezas indígenas, hemos compartido tres días de intercambio de experiencias de lucha, conocimientos tradicionales y el análisis de las amenazas que atentan contra la vida de nuestros pueblos y de la madre naturaleza.

Este espacio permitió conocer más sobre nuestros derechos humanos y como indígenas y a identificar nuestros problemas para consolidar una agenda de acciones de lucha y resistencia conjunta.

Al ver que las causas y efectos de los megaproyectos y concesiones de recursos naturales dentro de nuestros territorios están desplazando, dividiendo y destruyendo todo a su paso, en nombre de un desarrollo insostenible, incoherente y empobrecedor, que no respeta la vida, ni la diversidad cultural.

Declaramos

  1. Rechazar y exigir la anulación de todos los megaproyectos, proyectos, miniproyectos y concesiones aprobadas o en trámite de exploración y explotación minera, hidroeléctricas, turismo de alto impacto y otras actividades de inversión negativa que invaden territorios indígenas.
  2. Demandamos el cumplimiento inmediato de las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a las comunidades Ngäbe, afectadas por el proyecto hidroeléctrico Chan 75 de la empresa transnacional AES.
  3. Distinguir como traidores y non gratos a todos esos dirigentes y autoridades tradicionales que venden a su pueblo con los gobiernos, empresarios criollos y grandes transnacionales.
  4. Exigir el inicio de discusión en la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá, para la ratificación del convenio 169 de la OIT , sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes antes del 12 de octubre de 2009.
  5. Respaldar la Marcha Nacional del Pueblo Ngäbe y Naso en Panamá y todas las manifestaciones y actividades que se desarrollen el 12 de octubre, en el marco de los 517 años de resistencia de los pueblos indígenas.
  6. Continuar con el fortalecimiento de las organizaciones de base y el trabajo en alianza de nuestros pueblos transfronterizos, tomando como referencia y guía la Agenda Indígena Mesoamericana: “Por la Defensa de Nuestra Madre Tierra”.
  7. Poner plazo de 1 año, a partir de la firma de esta declaración para que el gobierno de Panamá y de Costa Rica hagan las gestiones necesarias para:
    • La creación de la Comarca Naso Tjër-Di
    • La demarcación y ordenamiento del territorio indígena Kekoldi
    • La definición por ley de las áreas anexas de la Comarca Ngäbe Bugle.

    Dado en la comunidad El Norteño, Rep. De Panamá, a los 24 días del mes de agosto de 2009.

    Publíquese y cúmplase

    Firman las organizaciones participantes

    • PANAMA VERDE – Rosalva Jiménez
    • ARBOL DEL MAÑANA (ASAAM) – Roberto Baken
    • COMITÉ DE SALUD DE NORTEÑO – Alfonso Rodríguez
    • COMITÉ DE ARTESANIA DE NORTEÑO – Florina Hernández
    • ASOCIACION KEKOLDI – Gloria Mayorga
    • ASOCIACION Y COMISION DE MUJERES INDIGENAS TALAMANCA – Edith Villanueva
    • ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS WATSI – Minta Morales
    • CONSEJO COMUNAL – Heiner Gallardo
    • ASOCIACION DE DESARROLLO INDIGENA DE TERRITORIO BRIBRI (ADITIBRI) – Agustín López
    • RED DE RESISTENCIA INDIGENA DE BOCAS DEL TORO (RRIB) – Reynaldo Gonzáles
    • FUNDACION NASO TJËR DI – Félix Sánchez
    • ODESEN – Edwin Sánchez
    • CEDETENG – Pedro Abrego
    • CONGRESO AREA ANEXA – Leonardo Donald
    • COMITÉ DE DESARROLLO (CODESCON) – Dionicio Clemente
    • ASOCIACION DE JUVENTUD DE SILICO CREEK – Yin Gallego
    • ASOCIACION DE PRACTICAMENTES DE LA MEDICINA TRADICIONAL NASO – Antonio Sánchez
    • ASOC. DE PROD. AGROPECUARIO, ARTESANAL, ECOTURISMO, INDUSTRIAL – Martínez Abrego
    • COMISION CONGRESO REGIONAL ÑO KRIBO – Ricardo Clemente

c.c. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
c.c. Organización Internacional del Trabajo (OIT)
c.c. Presidencia de Panamá y Costa Rica
c.c. Medios de comunicación.

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Ampliación erosiona ingresos del Canal al fisco

Baja presupuesto del Canal

El proyecto de presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia fiscal 2009-2010 contempla 88 millones de dólares menos que el período anterior.

Leonardo Flores
lflores@prensa.com

El Consejo de Gabinete aprobó ayer el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para la vigencia fiscal 2009-2010 que alcanza los 2 mil 17 millones de dólares, 88 millones menos que el programado para el período 2008-2009.

El documento, que contempla 638 millones de dólares para gasto de operación, fue sustentado ayer por el ministro para Asuntos del Canal, Romulo Roux y debe ahora ser aprobado por la Asamblea Nacional. La ACP, según consta en el proyecto de ley, debe aportar al Estado la suma de 753.9 millones de dólares.

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PRESUPUESTO DE LA ACP

Dan B/752 millones para la ampliación

Carlos Anel Cordero

PA-DIGITAL

A B/ 2,017 millones asciende el proyecto de Presupuesto para el funcionamiento del Canal de Panamá para el próximo año fiscal, según la propuesta presentada ayer ante el pleno de la Asamblea Nacional.

El proyecto fue presentado por el Ministro de Asuntos del Canal, Rómulo Roux, quien estuvo acompañado por el Administrador de la vía, Alberto Alemán Zubieta.

Según la propuesta, la ACP incluyó B/ 752 millones para el Programa de Ampliación, mientras que otros B/ 40 millones son para inversiones de modernización y mejoramiento del Canal.

Para la operación y el mantenimiento del Canal se destinaron B/. 638 millones, entre los cuales se incluyen los fondos para el inicio de los estudios de factibilidad para la construcción de un paso vehicular en la provincia de Colón.

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Cualquier panameño puede sumar y obtener números claritos:  1,390 millones de balboas en ampliación, operación y mantenimiento que al final de cuentas, casi todo este dinero es en realidad para obras directamente relacionadas al proyecto de ampliación del Canal.  Esto sólo quiere decir que en efecto, por lo menos 1,000 millones de balboas se están destinando cada año a la ampliación del Canal, lo que significa que en siete años este proyecto se consumirá  de los ingresos corrientes del Canal un aproximado mínimo de 7,000 millones y un máximo de 10,000 millones, si a esto le sumamos los 2,300 millones que han obtenido de financiamieto externo y le sumamos el dinero que ya se han gastado en los años previos en obras de “mantenimiento y operación” que son realmente obras sólo útiles para la ampliación impuesta por los tecnócratas, políticos e ingenieros infiltradas en la administración del Canal y que son las partes interesadas que han empujado todo este proyecto desde adentro, al mejor estilo de un Caballo de Troya.

Todo esto indica sin lugar a dudas que este proyecto está erosionando una millonada impresionante, mientras la gente de Panamá espera ingenuamente  que en el 2025 (como se lo han prometido) el país despegue del subdesarrollo en que lo tienen con este despilfarro descomunal de los ingresos del Canal.  En realidad están apostando que quienes votaron por la ampliación hace casi tres años, no será la generación que tendrá la fuerza política para esa fecha para inculparlos y pedirles cuentas de este gran negociado con los dineros públicos aportados por el Canal de Panamá.

Qué ingenuos somos y seguimos siendo si creemos que no pagaremos las consecuencias de haberle dado las llaves del gallinero en un referéndum a los lobos vestidos de seda de la industria de construcción infiltrados en la toma de decisión del Canal de Panamá que nos vendieron el proyecto de ampliación como la panacea del desarrollo de Panamá!

Reiteramos que sabemos que están jugando y haciendo piñata con los ingresos del Canal de Panamá.  Ahora están llamándole inversión por gastos de operación a lo que no es otra cosa que el proyecto de Ampliación del Canal de Panamá, que en efecto sumando todos estos dineros, el costo de este jugoso proyecto se eleva a la estratósfera del despilfarro y la corrupción.  Claro, todo parece transparente, dado que para eso tienen controlados a todos los estamentos del Estado.

Luego que el pueblo manipulado decidió sobre el proyecto de ampliación del Canal, ellos simplemente hacen fiesta con el dinero que realmente bien utilizado en educación y cultura transformaría la sociedad panameña.  Un proyecto de construcción sólo desarrollará la billetera de los mismos de siempre.

Finalmente hacemos la pregunta: Cuánto nos está costando en pecunio y en falta de desarrollo  humano el proyecto de ampliación del Canal en un mundo en crisis?

Burica Press

Solicitan al gobierno de Panamá, el cumplimiento de la medidas cautelares de la CIDH

Sociedad civil nacional e internacional solicitan al gobierno de Panamá, el cumplimiento de la medidas cautelares de la CIDH

Burica Press reproduce la carta de la sociedad civil de Panamá y del extranjero que trabajan es derechos humanos sobre el cumplimiento de las medidas cautelares sobre la suspensión de la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en tierras indígenas reclamadas por estos.

Baje aquí la carta en versión digital pdf: Carta Presidente Panama medidas CIDH Chan 75 09-08-21

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21 de agosto de 2009

Excmo. Señor Doctor

Ricardo Martinelli

Presidente de la República de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá

Ref. Medidas Cautelares de la CIDH para la

protección de los Derechos Humanos de las

Comunidades Ngöbe

Excelentísimo Sr. Presidente Martinelli,

Nos dirigimos a Usted en nombre de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), el Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE), Earthjustice, el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) y el Center for Biological Diversity, conocedores de las expresiones de preocupación de las comunidades Ngöbe, y de organizaciones nacionales e internacionales respecto a la falta de cumplimiento del Estado panameño con las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con ocasión de la construcción de la represa Chan 75.

Reiteramos la importancia que tiene para el sistema jurídico, la democracia y la ciudadanía, que el Estado atienda estas medidas, que pretenden “evitar daños irreparables al derecho a la propiedad y la seguridad del pueblo indígena Ngöbe” que habita en la provincia de Bocas del Toro, como expresamente lo indica el pedido cautelar.

El 17 de Junio de 2009, la Comisión solicitó al Estado Panameño que “suspenda las obras de construcción y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a AES-Changuinola a lo largo del Río Changuinola en la provincia de Bocas del Toro”, hasta que haya una decisión definitiva por la Comisión o la Corte Interamericana, del caso que está en estudio. La Comisión solicitó además medidas para garantizar la libre circulación, la vida y la integridad de los indígenas Ngöbe, y así evitar mayor violencia e intimidación.

Las medidas cautelares de la CIDH obedecen a los riesgos que, para la garantía de los derechos humanos de los indígenas y el ambiente, implica la construcción de la represa, especialmente por los daños graves e irreversibles que ésta conllevaría.

De hecho, la construcción del proyecto implicaría la inundación del territorio ancestral habitado por cuatro comunidades Ngöbe: Charco la Pava, Valle del Rey, Guayabal y Changuinola Arriba.

Esto ocasionaría daños graves e irreversibles tanto a las comunidades mencionadas como al ambiente y por ende, a otras comunidades de la zona.

Justamente dada la gravedad de la situación, el Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas de las Naciones Unidas visitó la zona en enero pasado. En su informe publicado en mayo 12 de 2009, el Relator también recomendó al Estado que evalue la posibilidad de suspender las obras de construcción de la represa y el proceso de reasentamiento de las comunidades por un período razonable, hasta que se establezcan las condiciones mínimas para el reinicio de la construcción y el reasentamiento, a la luz de los resultados del nuevo proceso de diálogo”. Esta recomendación con el fin de garantizar la protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas y evitar mayores daños.

Vale la pena mencionar que debido a las amenazas que el proyecto Chan-75 y otros proyectos hidroeléctricos revisten para la conservación del Parque Internacional La Amistad (PILA), el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO incluyó al PILA en la Lista de Patrimonios de la Humanidad en Peligro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Creemos que de esta manera que el Estado Panameño daría muestras de avanzar como un Estado democrático moderno. Conscientes que el no acatamiento con las medidas cautelares solicitadas por las instancias internacionales de derechos humanos fueron adoptadas en el gobierno inmediatamente anterior, las organizaciones firmantes confiamos en una respuesta positiva por parte del nuevo Gobierno, para que cumpla con lo solicitado por la Comisión Interamericana y con las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas lo antes posible.

Reciba un saludo cordial.

Atentamente,

Manuel Pulgar-Vidal

Presidente

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Raisa Banfield

Directora Ejecutiva

Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)

Larissa Duarte

Directora Ejecutiva

Alianza para la Conservación y Desarrollo (ACD)

Sebastián Tedeschi

Coordinador Programa de las Américas

Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE)

Rolando Castro

Director

Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA)

Martin Wagner

Director del Programa Internacional

Earthjustice

Peter Galvin

Director de Conservación

Center for Biological Diversity

C.c.

Ministerio Gobierno y Justicia

Ministro Dr. José Raúl Mulino

Dirección de Política Indigenista

Lic. José Isaac Acosta

Ministerio de Relaciones Exteriores

Dr. Juan Carlos Varela Rodríguez,

Vicepresidente y Ministro de Relaciones

Exteriores de la República de Panamá

Dirección General de Asuntos Jurídicos y Tratados

Lic. Vladimir Franco

Corte Suprema de Justicia

Dr. Harley James Mitchell Dale

Ministerio de Comercio e Industrias

Ministro Dr. Roberto Henríquez

Dr. Ricardo Quijano J., Viceministro de

Comercio Interior

Tiemblan las torres ilegales de San Francisco

futuro incierto para condominios en construcción

Mivi se burló de zonificación en San Francisco

Los edificios en construcción en el corregimiento de San Francisco están bajo la lupa, luego de que la Corte Suprema calificara una norma que dictó Balbina Herrera en el 2005, cuando era ministra de Vivienda, como ilegal.

La Resolución No. 235-2005 del Mivi eliminó las restricciones a la altura de las edificaciones y el 35% de espacio requerido para áreas verdes.

De esta medida se aprovecharon varios promotores, que levantaron rascacielos en fincas donde antes solo se permitían edificios de 15 pisos. El equipo legal del ministro Carlos Duboy evalúa el alcance del fallo de la Corte.

fallo reivindica a vecinos por cambio inconsulto de zonificaciones

La Corte pone a temblar las torres de San Francisco

La Sala III anuló una decisión de Balbina Herrera, que dejó ‘al arbitrio’ de los promotores la altura de los edificios.

DESAFÍO. En la Vía Cincuentenario, hay varios rascacielos. La norma dice que la altura permitida es de hasta 15 pisos, incluyendo los de estacionamientos. LA PRENSA/Noriel Gutiérrez

Mónica Palm
mpalm@prensa.com

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia acaba de poner en jaque a varios condominios en construcción en San Francisco.

Hace una semana, los magistrados de la Sala III, Víctor Benavides (ponente), Jacinto Cárdenas (suplente de Winston Spadafora) e Hipólito Gill (suplente de Adán Arjona), declararon nula por ilegal una decisión del Ministerio de Vivienda (Mivi) que modificó los parámetros a las normas de zonificación y eliminó el 35% requerido para áreas verdes en el mencionado corregimiento.

Hasta entonces, la altura para las fincas con zonificación de uso de suelo RM (residencial de mediana densidad) y RM1 (residencial de alta densidad) era de hasta seis y 15 plantas, respectivamente, incluyendo las losas de estacionamientos.

Esas condiciones fueron establecidas en la Resolución No. 112 de 2003, que firmó el entonces ministro de Vivienda, Miguel Batista. Del mismo modo, se establecieron límites a la altura de las zonificaciones MCU1, MCU2 y MCU3 (mixto comercial urbano de baja, mediana y alta densidad), dependiendo de la línea de construcción.

El ordenamiento fue aplicado en todo el territorio de San Francisco, exceptuando los sectores de Boca La Caja y San Sebastián.

Pero estas limitaciones no durarían mucho tiempo.

De un plumazo

El 31 de agosto de 2005, apenas un año después de haber sido designada ministra de Vivienda, Balbina Herrera dictó la Resolución No. 235-2005, que eliminó casi todas las restricciones contenidas en la resolución de 2003.

De un plumazo y sin consultar, Herrera decidió que la altura de las edificaciones sería determinada “según la densidad” de cada finca.

Así, donde antes solo se permitía un edificio de 15 altos, de pronto se alzó una torre de hasta 60 pisos. La altura quedó “al arbitrio” de los promotores.

La decisión de Herrera tuvo mayor alcance en la Vía Cincuentenario, donde casi todos las fincas son RM1. A lo largo de ese tramo, actualmente se levantan siete rascacielos: Moon Tower, Sorrento del Mar, Vision, Puntarenas, Icon (ya casi listo), Bahía del Golf y Náutica.

Una medida inconsulta

Semejante permisividad no fue del agrado de los vecinos.

Organizados en la Asociación de Residentes de la Urbanización Altos del Golf, Loma Alegre y áreas aledañas, el grupo presentó una demanda de nulidad en contra de la Resolución No. 235, que fue admitida por la Sala III el 28 de mayo de 2008.

Los quejosos alegan que la actuación de Herrera violó la Ley 6 de 2002 (“Ley de Transparencia”), ya que jamás convocó a un foro público para consultar a los afectados. El criterio fue compartido por la Procuraduría de la Administración, que también pidió anular el acto. En su fallo, la Sala III consideró que hubo “irregularidades” en las actuaciones de las autoridades del Mivi.

El abogado de los residentes opinó que todo proyecto que se encuentre en movimiento de tierra, colocación de pilotes, fundaciones o construcción de losas de estacionamiento, tendrá que ajustarse a las limitaciones contenidas en la resolución de 2003.

No quedó claro qué pasará con los edificios que ya van por el piso 16 o por encima de éste.

El ministro de vivienda actual, Carlos Duboy, informó que los proyectos en construcción serán revisados, “para ver si cumplen con las normas vigentes”.

Cuestionan decisión inconsulta de demoler edificio histórico

Cuestionan decisión oficial de derribar edificio histórico

Aquí estuvo la sede de la Embajada de EU entre 1938 y 2007. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez

kemy loo pinzón
kloo@prensa.com

Una vez se conoció la decisión del Gobierno de derribar el edificio que albergó la Embajada de Estados Unidos (EU) en Panamá entre 1938 y 2007, las críticas no se hicieron esperar.

El presidente de Alianza pro Ciudad, Jorge Riba, abogó porque el Gobierno conserve el edificio para temas culturales. La idea de un museo le parece mucho mejor que la destrucción del edificio.

Ernesto De León, presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA), reiteró que “el Estado debe restaurar el edificio y usarlo para actividades culturales, guardando el equilibrio entre lo tradicional (Embajada del Reino Unido, Hospital del Niño) y los rascacielos”. De León dijo que la organización cumplió con orientar al Estado, pero si el Presidente quiere demoler el edificio, ya es potestad de él.

Mientras que Miguel Antonio Bernal, ex candidato a la Alcaldía capitalina y duro crítico de la presencia militar de EU en Panamá en décadas pasadas, calificó de inconsulta la iniciativa, porque viola disposiciones legales de no demoler edificios públicos en Bella Vista, aprobadas el año pasado. Dijo que no se puede destruir un edificio que es parte de nuestra historia. El Gobierno pretende derribar el edificio para dar paso a una torre de oficinas que sea “ícono de la ciudad de Panamá”.

ENFOQUE
Toda gran ciudad tiene dos museos

brooke alfaro*
panorama@prensa.com

ANÁLISIS.Las oficinas públicas pueden ubicarse en cualquier sitio, no tienen que estar en el lugar más cotizado de todo el país; hacerlo sería desperdiciar una oportunidad dorada, que rara vez tiene una ciudad para mejorar la calidad de vida de su población. Toda gran ciudad tiene un gran museo de arte y uno antropológico; Panamá carece de ambos. Hoy día, el museo Reina Torres de Araúz está siempre vacío y el Museo de Arte Contemporáneo recibe un promedio de diez personas al día. Triste realidad.

Los terrenos y edificio de la antigua embajada junto con el viejo edificio del Santo Tomás podrían convertirse en un extraordinario centro cultural envidiable para cualquier gran ciudad. En vez de unos pocos privilegiados, a estos museos llegarían los miles y miles de visitantes que atrae la Cinta Costera, personas que de otra forma nunca tendrían la oportunidad de visitar un museo. Ambos museos tienen una estructura organizativa y operativa bien montada y eficiente, y encima con fabulosas colecciones.

Estos edificios históricos pueden ser remodelados sin dificultad; Casa Cor lo demostró. Podrían tener jardines de esculturas, anfiteatros, cafés al aire libre, etc. Todo como un guante a la medida para el Gobierno. Una torre del Banco Nacional que sea “ícono de la ciudad’ no es necesaria; la Avenida Balboa está llena de “íconos”, no hace falta otro. Lo que hace falta es cultura al alcance de todos. Dos museos de nivel mundial sería un noble regalo para la ciudad.

El autor es arquitecto

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No tenemos idea de donde los gobernantes que llegan la Edificio de las Garzas como administradores de la cosa pública, se les introduce un chip errado de lo que significa ser gobernante.  Se les olvidan que se deben al pueblo y que las decisiones se les debe consultar a la sociedad a cual se deben.

Burica Press

Gobierno presiona a empresas eléctricas abusivas

El Presidente de Panamá, Ricardo Martinelli parece estar descubriendo el agua tibia: que los empresarios de la industria de generación y distribución tienen los bolsillos gordos y rebosantes de ganancias con los recursos del país y con el dinero que le arrebatan a todos los panameños con el negociado de la energía.

Lo más interesante de la noticia es que no han enfatizado en la generación hidroeléctrica como energía limpia, quizás ya se han dado que esta energía no es tan limpia como dicen los generadores, ni tan transparente como pensaba el gobierno, aunque dejaron la puerta abierta.

En efecto hay mucho que investigar en estos negociados de concesiones y de generaciones condicionadas a un enriquecimiento asombroso y fuga masiva de capital hacia el extranjero.

Amanecerá y veremos en qué quedará estas bravuconadas del gobierno, que como en el caso de las islas de Amador, y los espantosos e ilegales rellenos que las afean se quedarán allí sólo que pagando al gobierno de turno para engordar la caja menuda que anda medio vacía.

Burica Press

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Martinelli arremete contra generadoras

eduardo mendoza
emendoza@prensa.com

El presidente de la República, Ricardo Martinelli, anunció anoche que el Gobierno actualizará la tarifa vigente por el uso de agua para la generación de energía hidroeléctrica.

Las empresas generadoras deberán pagar una tasa, no transferible al consumidor, no menor de dos centésimos por kilovatio/hora generado por las plantas hidráulicas.

A través de una resolución oficial, advirtió que la recaudación de esta tasa “será acreditada en forma proporcional a los clientes cuyo consumo de energía eléctrica sea menor de 500 kilovatio/hora”.

La decisión del Presidente se produjo en un Gabinete extraordinario. Allí Martinelli acusó a los empresarios del sector eléctrico de “capitalistas salvajes” que ganan hasta un 300% sobre la inversión. Martinelli también decidió eliminar el cobro por demanda a los clientes residenciales.

MARTINELLI DICE SENTIRSE ENGAÑADO POR EMPRESARIOS DEL SECTOR ELÉCTRICO

Gabinete de ‘shock’ eléctrico

El Presidente habló de capitalismo salvaje en el sector. Se revisarán los contratos de compra entre las empresas eléctricas.

Eduardo Mendoza
emendoza@prensa.com

Una de las promesas del presidente de la República, Ricardo Martinelli, fue que la electricidad bajaría. Pero este mes los consumidores recibieron el corrientazo en su bolsillo: la factura subió.

La respuesta del gobierno de Martinelli y todo su equipo no se hizo esperar. Ayer, a primeras horas de la noche, el Gabinete convocado de forma extraordinaria aprobó unánimemente “un proyecto de resolución de Gabinete” de 20 artículos que reordena el mercado de las generadoras de energía eléctrica, responsables del 75% del monto de la factura de electricidad.

El mandatario anunció que obligará a las empresas de distribución eléctrica a que contraten el 100% de su demanda y, asimismo, establezca que quienes no cumplan este requisito solo podrán traspasar a la tarifa del cliente final el costo promedio de los contratos existentes, sin incluir las compras en el mercado ocasional.

Al igual, ordenó una auditoría de todos los subsidios en materia de energía dados por las últimas administraciones.

La resolución de Gabinete autoriza a la Asep a recuperar todas aquellas concesiones y licencias que no estén cumpliendo con los requerimientos exigidos por la reglamentación.

Martinelli recordó que el 23 de julio pasado, él mismo prometió que iba bajar el costo de la energía, pero el pueblo descubre que lo que hicieron las generadoras fue subirla. “Es un engaño más que hicieron las compañías generadoras, nosotros respetamos la inversión, pero no queremos que abusen más del pueblo panameño”, dijo Martinelli. Además, anunció un programa masivo para generar nuevas fuentes de energía eléctrica. El documento ordena la verificación de los contratos de compra de energía entre las distribuidoras y todas las empresas de generación eléctrica, para determinar si están incurriendo en prácticas onerosas.

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NUEVAS DISPOSICIONES GUBERNAMENTALES

Le ponen la lupa al mercado energético

08-25-2009 | ANGEL LÒPEZ GUÍA

alopez@laestrella.com.pa

Revisión de concesiones y licencias, áudito a los subsidios y un nuevo impuesto, pone en corredera a los actores del sector eléctrico

Capital PANAMÁ. Los 700 millones de dólares que según el experto energético, José Blandón han sobrefacturado las empresas eléctricas en los últimos años, se les revertirán a los consumidores prontamente.

Y es que el nuevo impuesto por el uso de agua de 2 centavos por cada kW/h que generen las empresas hidroeléctricas, permitirán una recaudación estimada de 50 millones de dólares anuales que permitirán junto a otras medidas bajar un promedio de 30% el costo de la luz, según informó el propio presidente Martinelli.

Las hidroeléctricas más afectadas por esta medida serán AES y Fortuna, las cuales, entre ambas, y según cifras de la Autoridad de los Servicios Públicos (ASEP) generan el 91.6% del mercado hidroeléctrico del país.

Este fondo de 50 millones de dólares, recaudado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) se acreditará a las facturas de los clientes que consuman menos de 500 kW/h. El mismo se sumará al subsidio actual de 30 millones de dólares que en la actualidad el gobierno destina a este sector equivalente a un 92% del total de los consumidores.

En los próximos días la ASEP dará a conocer la manera en que este nuevo fondo se le aplicará a las facturas de los usuarios.

Ambos subsidios serán auditados por empresas internacionales para verificar que se están aplicando bien.

Funcionarios del Centro Nacional de Despacho de ETESA serán los encargados de medir la cantidad de kilowats que generen las hidroelécticas para aplicarles el cargo de 2 centavos por kW/h generado.

Los ingresos de las generadoras también se verán impactados por el cese del cobro por demanda ordenado por el gobierno.

Hasta el momento, la totalidad que dejarán de percibir ambas empresas por este concepto aún está siendo calculado, pero analistas estiman que serían varios millones de dólares.

Ampliación del Canal y las precauciones ignoradas

PREOCUPACIONES

La ACP debe ser más precavida

Carlos E. Rangel Martín
opinion@prensa.com

Conviene recordar que, antes del referéndum, los directivos de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) señalaban que la ampliación sería completamente autofinanciada. Posteriormente, la “Propuesta de Ampliación” reveló que el proyecto requeriría de préstamos bancarios del orden de B/. 2 mil 300 millones, algo que reduciría los aportes al país. Y ahora, que los peajes del Canal resultaron menores de lo que, ilusoriamente, pronosticaba la propuesta, las entradas faltantes reducirán aún más los aportes al pueblo panameño.

La mayor temeridad consiste en otorgarle la construcción de las nuevas esclusas al grupo liderado por la constructora española Sacyr y Vallehermoso (SyV), que es una empresa dedicada principalmente a la construcción de carreteras y viviendas -es falso que haya construido una esclusa post-panamax en el Puerto de Sevilla (ElEconomista.com)- y que además adeuda aproximadamente US$. 16 mil millones (AP), por lo que alguien dijo que SyV “huele a quiebra” (labolsa.com).

Resulta que durante el pasado “auge mundial de la construcción”, SyV decidió incursionar en la bolsa de valores y compró 20% de la compañía refinadora de petróleo Repsol; pero la crisis económica prácticamente paralizó la construcción de viviendas y causó el desplome estrepitoso de las acciones de Repsol, dando como resultado que la “capacidad de maniobra [financiera de SyV] es limitada” (cotizalia.com).

Inconcebiblemente, la ACP no le concedió ningún o mayor valor a la solidez financiera de los consorcios licitantes, un factor que debió ser determinante para escoger al ganador ya que, según un especialista en Milán, las propuestas técnicas eran equivalentes (Reuters).

La compañía Bechtel, que ocupa el sexto puesto en la lista de los mayores contratistas del mundo (Engineering News Report, de McGraw Hill), sometió una propuesta de B/. 4 mil 186 millones, cantidad que seguramente está más cercana al costo real del proyecto, ya que, aparte del estimado de la ACP (B/. 3 mil 481 millones) y la propuesta de SyV (B/. 3 mil 119 millones), ningún estimado independiente, extranjero o local, ni ninguna otra propuesta resultó por debajo de los B/. 4 mil millones.

Un alto directivo de otra constructora española opina que Sacyr “dejará la obra colgada” (cotizalia.com); a menos, claro está, que la ACP apruebe toda clase de reclamos y adendas que aumentan considerablemente el costo final de una obra, reduciendo nuevamente los fondos del pueblo.

Impregilo, una constructora italiana que ocupa el puesto 41 en la lista de mayores contratistas, y que aparentemente conocía anticipadamente las evaluaciones técnicas de la ACP a las ofertas, forma parte del grupo de SyV y tiene considerable experiencia en la construcción de represas, por lo que seguramente cargue con el mayor peso del trabajo. Quizá ésta sea una razón por la cual Silvio Berlusconi invitó al presidente Ricardo Martinelli a visitar Italia; porque el desempeño reciente de Impregilo deja mucho que desear.

Un buen ejemplo es el Hospital San Salvatore que Impregilo construyó en la ciudad de L’Aquila, Italia, hace nueve años y que colapsó debido a un temblor ligeramente más intenso que el del pasado julio en Panamá y debido a “la mala calidad de los materiales” (agencia multimediale italiana); aparte de que, según Ferdinando di Orio, rector de la universidad de L’Aquila, dicha construcción “costó más de nueve veces lo necesario” (affaritaliani.it). Sería difícil que los ingenieros de campo de la ACP permitieran que el grupo Sacyr entregara una obra defectuosa, pero todo indica que el costo final del proyecto será altísimo.