Ampliación erosiona ingresos del Canal al fisco

Baja presupuesto del Canal

El proyecto de presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá para la vigencia fiscal 2009-2010 contempla 88 millones de dólares menos que el período anterior.

Leonardo Flores
lflores@prensa.com

El Consejo de Gabinete aprobó ayer el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) para la vigencia fiscal 2009-2010 que alcanza los 2 mil 17 millones de dólares, 88 millones menos que el programado para el período 2008-2009.

El documento, que contempla 638 millones de dólares para gasto de operación, fue sustentado ayer por el ministro para Asuntos del Canal, Romulo Roux y debe ahora ser aprobado por la Asamblea Nacional. La ACP, según consta en el proyecto de ley, debe aportar al Estado la suma de 753.9 millones de dólares.

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PRESUPUESTO DE LA ACP

Dan B/752 millones para la ampliación

Carlos Anel Cordero

PA-DIGITAL

A B/ 2,017 millones asciende el proyecto de Presupuesto para el funcionamiento del Canal de Panamá para el próximo año fiscal, según la propuesta presentada ayer ante el pleno de la Asamblea Nacional.

El proyecto fue presentado por el Ministro de Asuntos del Canal, Rómulo Roux, quien estuvo acompañado por el Administrador de la vía, Alberto Alemán Zubieta.

Según la propuesta, la ACP incluyó B/ 752 millones para el Programa de Ampliación, mientras que otros B/ 40 millones son para inversiones de modernización y mejoramiento del Canal.

Para la operación y el mantenimiento del Canal se destinaron B/. 638 millones, entre los cuales se incluyen los fondos para el inicio de los estudios de factibilidad para la construcción de un paso vehicular en la provincia de Colón.

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Cualquier panameño puede sumar y obtener números claritos:  1,390 millones de balboas en ampliación, operación y mantenimiento que al final de cuentas, casi todo este dinero es en realidad para obras directamente relacionadas al proyecto de ampliación del Canal.  Esto sólo quiere decir que en efecto, por lo menos 1,000 millones de balboas se están destinando cada año a la ampliación del Canal, lo que significa que en siete años este proyecto se consumirá  de los ingresos corrientes del Canal un aproximado mínimo de 7,000 millones y un máximo de 10,000 millones, si a esto le sumamos los 2,300 millones que han obtenido de financiamieto externo y le sumamos el dinero que ya se han gastado en los años previos en obras de «mantenimiento y operación» que son realmente obras sólo útiles para la ampliación impuesta por los tecnócratas, políticos e ingenieros infiltradas en la administración del Canal y que son las partes interesadas que han empujado todo este proyecto desde adentro, al mejor estilo de un Caballo de Troya.

Todo esto indica sin lugar a dudas que este proyecto está erosionando una millonada impresionante, mientras la gente de Panamá espera ingenuamente  que en el 2025 (como se lo han prometido) el país despegue del subdesarrollo en que lo tienen con este despilfarro descomunal de los ingresos del Canal.  En realidad están apostando que quienes votaron por la ampliación hace casi tres años, no será la generación que tendrá la fuerza política para esa fecha para inculparlos y pedirles cuentas de este gran negociado con los dineros públicos aportados por el Canal de Panamá.

Qué ingenuos somos y seguimos siendo si creemos que no pagaremos las consecuencias de haberle dado las llaves del gallinero en un referéndum a los lobos vestidos de seda de la industria de construcción infiltrados en la toma de decisión del Canal de Panamá que nos vendieron el proyecto de ampliación como la panacea del desarrollo de Panamá!

Reiteramos que sabemos que están jugando y haciendo piñata con los ingresos del Canal de Panamá.  Ahora están llamándole inversión por gastos de operación a lo que no es otra cosa que el proyecto de Ampliación del Canal de Panamá, que en efecto sumando todos estos dineros, el costo de este jugoso proyecto se eleva a la estratósfera del despilfarro y la corrupción.  Claro, todo parece transparente, dado que para eso tienen controlados a todos los estamentos del Estado.

Luego que el pueblo manipulado decidió sobre el proyecto de ampliación del Canal, ellos simplemente hacen fiesta con el dinero que realmente bien utilizado en educación y cultura transformaría la sociedad panameña.  Un proyecto de construcción sólo desarrollará la billetera de los mismos de siempre.

Finalmente hacemos la pregunta: Cuánto nos está costando en pecunio y en falta de desarrollo  humano el proyecto de ampliación del Canal en un mundo en crisis?

Burica Press

Solicitan al gobierno de Panamá, el cumplimiento de la medidas cautelares de la CIDH

Sociedad civil nacional e internacional solicitan al gobierno de Panamá, el cumplimiento de la medidas cautelares de la CIDH

Burica Press reproduce la carta de la sociedad civil de Panamá y del extranjero que trabajan es derechos humanos sobre el cumplimiento de las medidas cautelares sobre la suspensión de la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en tierras indígenas reclamadas por estos.

Baje aquí la carta en versión digital pdf: Carta Presidente Panama medidas CIDH Chan 75 09-08-21

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21 de agosto de 2009

Excmo. Señor Doctor

Ricardo Martinelli

Presidente de la República de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá

Ref. Medidas Cautelares de la CIDH para la

protección de los Derechos Humanos de las

Comunidades Ngöbe

Excelentísimo Sr. Presidente Martinelli,

Nos dirigimos a Usted en nombre de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), el Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE), Earthjustice, el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) y el Center for Biological Diversity, conocedores de las expresiones de preocupación de las comunidades Ngöbe, y de organizaciones nacionales e internacionales respecto a la falta de cumplimiento del Estado panameño con las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con ocasión de la construcción de la represa Chan 75.

Reiteramos la importancia que tiene para el sistema jurídico, la democracia y la ciudadanía, que el Estado atienda estas medidas, que pretenden “evitar daños irreparables al derecho a la propiedad y la seguridad del pueblo indígena Ngöbe” que habita en la provincia de Bocas del Toro, como expresamente lo indica el pedido cautelar.

El 17 de Junio de 2009, la Comisión solicitó al Estado Panameño que “suspenda las obras de construcción y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a AES-Changuinola a lo largo del Río Changuinola en la provincia de Bocas del Toro”, hasta que haya una decisión definitiva por la Comisión o la Corte Interamericana, del caso que está en estudio. La Comisión solicitó además medidas para garantizar la libre circulación, la vida y la integridad de los indígenas Ngöbe, y así evitar mayor violencia e intimidación.

Las medidas cautelares de la CIDH obedecen a los riesgos que, para la garantía de los derechos humanos de los indígenas y el ambiente, implica la construcción de la represa, especialmente por los daños graves e irreversibles que ésta conllevaría.

De hecho, la construcción del proyecto implicaría la inundación del territorio ancestral habitado por cuatro comunidades Ngöbe: Charco la Pava, Valle del Rey, Guayabal y Changuinola Arriba.

Esto ocasionaría daños graves e irreversibles tanto a las comunidades mencionadas como al ambiente y por ende, a otras comunidades de la zona.

Justamente dada la gravedad de la situación, el Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas de las Naciones Unidas visitó la zona en enero pasado. En su informe publicado en mayo 12 de 2009, el Relator también recomendó al Estado que “evalue la posibilidad de suspender las obras de construcción de la represa y el proceso de reasentamiento de las comunidades por un período razonable, hasta que se establezcan las condiciones mínimas para el reinicio de la construcción y el reasentamiento, a la luz de los resultados del nuevo proceso de diálogo”. Esta recomendación con el fin de garantizar la protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas y evitar mayores daños.

Vale la pena mencionar que debido a las amenazas que el proyecto Chan-75 y otros proyectos hidroeléctricos revisten para la conservación del Parque Internacional La Amistad (PILA), el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO incluyó al PILA en la Lista de Patrimonios de la Humanidad en Peligro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Creemos que de esta manera que el Estado Panameño daría muestras de avanzar como un Estado democrático moderno. Conscientes que el no acatamiento con las medidas cautelares solicitadas por las instancias internacionales de derechos humanos fueron adoptadas en el gobierno inmediatamente anterior, las organizaciones firmantes confiamos en una respuesta positiva por parte del nuevo Gobierno, para que cumpla con lo solicitado por la Comisión Interamericana y con las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas lo antes posible.

Reciba un saludo cordial.

Atentamente,

Manuel Pulgar-Vidal

Presidente

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Raisa Banfield

Directora Ejecutiva

Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)

Larissa Duarte

Directora Ejecutiva

Alianza para la Conservación y Desarrollo (ACD)

Sebastián Tedeschi

Coordinador Programa de las Américas

Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE)

Rolando Castro

Director

Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA)

Martin Wagner

Director del Programa Internacional

Earthjustice

Peter Galvin

Director de Conservación

Center for Biological Diversity

C.c.

Ministerio Gobierno y Justicia

Ministro Dr. José Raúl Mulino

Dirección de Política Indigenista

Lic. José Isaac Acosta

Ministerio de Relaciones Exteriores

Dr. Juan Carlos Varela Rodríguez,

Vicepresidente y Ministro de Relaciones

Exteriores de la República de Panamá

Dirección General de Asuntos Jurídicos y Tratados

Lic. Vladimir Franco

Corte Suprema de Justicia

Dr. Harley James Mitchell Dale

Ministerio de Comercio e Industrias

Ministro Dr. Roberto Henríquez

Dr. Ricardo Quijano J., Viceministro de

Comercio Interior

Tiemblan las torres ilegales de San Francisco

futuro incierto para condominios en construcción

Mivi se burló de zonificación en San Francisco

Los edificios en construcción en el corregimiento de San Francisco están bajo la lupa, luego de que la Corte Suprema calificara una norma que dictó Balbina Herrera en el 2005, cuando era ministra de Vivienda, como ilegal.

La Resolución No. 235-2005 del Mivi eliminó las restricciones a la altura de las edificaciones y el 35% de espacio requerido para áreas verdes.

De esta medida se aprovecharon varios promotores, que levantaron rascacielos en fincas donde antes solo se permitían edificios de 15 pisos. El equipo legal del ministro Carlos Duboy evalúa el alcance del fallo de la Corte.

fallo reivindica a vecinos por cambio inconsulto de zonificaciones

La Corte pone a temblar las torres de San Francisco

La Sala III anuló una decisión de Balbina Herrera, que dejó ‘al arbitrio’ de los promotores la altura de los edificios.

DESAFÍO. En la Vía Cincuentenario, hay varios rascacielos. La norma dice que la altura permitida es de hasta 15 pisos, incluyendo los de estacionamientos. LA PRENSA/Noriel Gutiérrez

Mónica Palm
mpalm@prensa.com

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia acaba de poner en jaque a varios condominios en construcción en San Francisco.

Hace una semana, los magistrados de la Sala III, Víctor Benavides (ponente), Jacinto Cárdenas (suplente de Winston Spadafora) e Hipólito Gill (suplente de Adán Arjona), declararon nula por ilegal una decisión del Ministerio de Vivienda (Mivi) que modificó los parámetros a las normas de zonificación y eliminó el 35% requerido para áreas verdes en el mencionado corregimiento.

Hasta entonces, la altura para las fincas con zonificación de uso de suelo RM (residencial de mediana densidad) y RM1 (residencial de alta densidad) era de hasta seis y 15 plantas, respectivamente, incluyendo las losas de estacionamientos.

Esas condiciones fueron establecidas en la Resolución No. 112 de 2003, que firmó el entonces ministro de Vivienda, Miguel Batista. Del mismo modo, se establecieron límites a la altura de las zonificaciones MCU1, MCU2 y MCU3 (mixto comercial urbano de baja, mediana y alta densidad), dependiendo de la línea de construcción.

El ordenamiento fue aplicado en todo el territorio de San Francisco, exceptuando los sectores de Boca La Caja y San Sebastián.

Pero estas limitaciones no durarían mucho tiempo.

De un plumazo

El 31 de agosto de 2005, apenas un año después de haber sido designada ministra de Vivienda, Balbina Herrera dictó la Resolución No. 235-2005, que eliminó casi todas las restricciones contenidas en la resolución de 2003.

De un plumazo y sin consultar, Herrera decidió que la altura de las edificaciones sería determinada “según la densidad” de cada finca.

Así, donde antes solo se permitía un edificio de 15 altos, de pronto se alzó una torre de hasta 60 pisos. La altura quedó “al arbitrio” de los promotores.

La decisión de Herrera tuvo mayor alcance en la Vía Cincuentenario, donde casi todos las fincas son RM1. A lo largo de ese tramo, actualmente se levantan siete rascacielos: Moon Tower, Sorrento del Mar, Vision, Puntarenas, Icon (ya casi listo), Bahía del Golf y Náutica.

Una medida inconsulta

Semejante permisividad no fue del agrado de los vecinos.

Organizados en la Asociación de Residentes de la Urbanización Altos del Golf, Loma Alegre y áreas aledañas, el grupo presentó una demanda de nulidad en contra de la Resolución No. 235, que fue admitida por la Sala III el 28 de mayo de 2008.

Los quejosos alegan que la actuación de Herrera violó la Ley 6 de 2002 (“Ley de Transparencia”), ya que jamás convocó a un foro público para consultar a los afectados. El criterio fue compartido por la Procuraduría de la Administración, que también pidió anular el acto. En su fallo, la Sala III consideró que hubo “irregularidades” en las actuaciones de las autoridades del Mivi.

El abogado de los residentes opinó que todo proyecto que se encuentre en movimiento de tierra, colocación de pilotes, fundaciones o construcción de losas de estacionamiento, tendrá que ajustarse a las limitaciones contenidas en la resolución de 2003.

No quedó claro qué pasará con los edificios que ya van por el piso 16 o por encima de éste.

El ministro de vivienda actual, Carlos Duboy, informó que los proyectos en construcción serán revisados, “para ver si cumplen con las normas vigentes”.