18 Plaguicidas altamente tóxicos son de curso legal en Panamá

Autoridades agropecuarias analizan la propuesta

Sin fecha para eliminar uso de agroquímicos

En Panamá se invierten anualmente 30 millones de dólares en la importación de plaguicidas, unos 6.2 millones de gramos.

PELIGRO. Tan solo en Cerro Punta se utilizan ocho de los 12 plaguicidas incluidos en el acuerdo internacional. Entre ellos están terbufos, metamidofos, carbofurán, paraquat, etoprofos, clorpirifos, endosulfan y metomil. LA PRENSA/David Mesa

 

AET ELISA TEJERA c.
atejera@prensa.com

Dieciocho plaguicidas altamente tóxicos, cuya importación y uso en el país se debió prohibir desde hace seis meses, aún son de curso legal en vista de que el resuelto del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) no ha sido firmado.

En una carta fechada el 3 de abril de este año, el Grupo Técnico de Trabajo sobre Plaguicidas –conformado por funcionarios del Mida y el Ministerio de Salud–, le notificó a las partes involucradas (comerciantes, productores y miembros de la sociedad) que la medida sería sometida a consulta y que el periodo vencía el lunes 27 de abril. De lo contrario, se tomaría como aprobado el contenido del resuelto.

Esto no se cumplió. Raúl Carranza, presidente de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina, capítulo de Panamá (RAPAL), precisó que no entiende el porqué de tanta demora para sacar del mercado estas sustancias altamente tóxicas y que representan un peligro para la salud y el ambiente.

Ariel Espino, director de Sanidad Vegetal del Mida, alegó que se amplió la fecha de consulta porque las partes involucradas aún no han dado sus comentarios, y confirmó que todavía no se tiene una fecha para la firma de este resuelto. “La aprobación de este documento no es tan fácil. Si bien se aprobó en una comisión, esto debe ir a consulta a través de instancias internacionales”.

Entre los plaguicidas que se busca prohibir están el lindano, paraquat, malathion y furadán, de amplio uso en la producción agrícola del país, sobre todo en las tierras altas de Chiriquí, de donde procede más del 60% de las verduras y hortalizas que se consumen en Panamá.

Tan solo en el corregimiento de Cerro Punta la venta de agroquímicos está tasada en un millón de dólares anuales, según un estudio realizado por Carranza, quien también dirige el Centro de Estudios de Recursos Bióticos de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología de la Universidad de Panamá.

El estudio indica que en Cerro Punta se utilizan ocho de los 12 plaguicidas incluidos en un acuerdo internacional que les atribuye la mayor cantidad de muertes por intoxicaciones agudas.

“En Cerro Punta la población se baña diariamente con plaguicidas, exponiéndose a riesgos de vaticinios reservados”, aseguró. Carranza se refiere a que al momento de utilizar el agroquímico la población se expone a grandes dosis de estas sustancias peligrosas.

El experto agregó que el uso de estos plaguicidas puede causar depresión, náuseas, vómitos, pérdida de la orientación, cáncer e incluso la muerte.

La situación es crítica. De un promedio de mil productores en la provincia de Chiriquí, específicamente en Cerro Punta, solo un 5% trabaja la agricultura orgánica. Esta práctica, aunque es más saludable y amigable con el ambiente, resulta poco atractiva para los productores porque requiere de una mayor inversión y mano de obra. Además, los cultivos son más lentos en producir.

El país invierte 30 millones de dólares en la importación de plaguicidas al año. Estadísticas del Mida revelan que por año el país importa 6.2 millones de gramos de plaguicidas, de los cuales 161 mil 795 gramos corresponden a carbofurán.

Aunque se llegue a firmar el resuelto del Mida, aún quedan por fuera agroquímicos que la Organización Mundial de la Salud ha clasificado como extremadamente peligrosos, los cuales no se usan en otros países. Es el caso del carbofurán, tamaron y vidate, insecticidas que son de uso en el sector agrícola de Panamá.

 

Intentan salvar al atún de aleta azul

Cómo salvar al atún de aleta azul

Redacción

BBC Mundo

La pesca ilegal del atún de aleta azul del Atlántico es rampante.

 

La prohibición del comercio del atún de aleta azul del Atlántico está justificada por el declive de la especie, sugiere un informe de científicos consejeros de uno de los organismos de regulación pesquera.

Los consejeros de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, por sus siglas en inglés) afirman que probablemente las reservas han disminuido en un 85% desde que se comenzó la pesca de la especie a escala industrial.

La ICCAT -organización pesquera intergubernamental- se reunirá en diez días en Brasil para analizar el documento.

El corresponsal de temas ambientales de la BBC Richard Black comenta que el informe es un triunfo de grupos conservacionistas, los cuales han venido alertando sobre los riesgos que entraña la explotación pesquera para la superviviencia de la especie.

Apoyo europeo

El análisis científico sigue a una iniciativa presentada recientemente por Mónaco para prohibir el comercio internacional del atún de aleta azul de aguas atlánticas bajo la Convención Internacional de Comercio de Especies en Peligro (CITES).

Lo que se necesita para salvar las reservas es una suspensión de la actividad pesquera y del comercio internacional

Sergi Tudela, Fondo Mundial para la Naturaleza

La propuesta de Mónaco ha logrado reunir el apoyo de varios países europeos, como informa Black.

«Lo que se necesita para salvar las reservas es una suspensión de la actividad pesquera y del comercio internacional», explica Sergi Tudela, del Fondo Mundial para la Naturaleza, a cargo del tema de pesquerías en la región mediterránea.

«Debemos detener la explotación despiadada de este recurso natural frágil hasta que las reservas den signos claros de recuperación y se apliquen un control sostenible y medidas firmes», añade.

Cuotas

Durante varios años, la ICCAT ha establecido cuotas de pesca que exceden a las recomendadas por los científicos.

A este hecho -explica Richard Black- se une otro elemento: las pesquerías ilegales rampantes, que añaden según algunos estimados un 30% más a la cuota oficial.

Las cuotas de pesca establecidas han excedido las recomendadas por los científicos.

 

El año pasado, un informe independiente condenó a los gobiernos por no aceptar las recomendaciones científicas y por hacerse «la vista gorda» en cuanto a las actividades ilegales de sus flotas pesqueras.

Ese documento recomendó el fin provisional de la pesca del atún de cola azul en el Mediterráneo, de donde procede la mayor parte de las capturas, una propuesta que ganó el apoyo de Estados Unidos.

Aunque la especie es mayormente pescada por países cercanos a la cuenca del Mediterráneo, la mayor parte del consumo se registra en Asia, sobre todo en Japón, donde la carne es muy preciada en platos como el sushi.

Además de la población del atún de aleta azul en el Mediterráneo, hay otras en el Atlántico occidental y el Atlántico sur.

Polémica por maíz transgénico en México

Alberto Nájar

BBC Mundo

Quienes se oponen a la decisión del gobierno advierten sobre la pérdida de variedades criollas.

Después de una moratoria de 11 años, el gobierno mexicano autorizó 15 solicitudes para sembrar maíz genéticamente modificado, una decisión que causó polémica entre académicos y grupos ambientalistas por el efecto que tendría en variedades nativas.

La crítica más frecuente es el riesgo de perder el genoma de las especies de maíz originarias de la región, debido a la contaminación de transgénicos.

Elena Álvarez Buylla, investigadora del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirmó que es imposible aislar los cultivos modificados de las variedades criollas, sobre todo en este país que es centro de origen de decenas de variedades.

«Los transgenes se acumularán en las razas nativas, y eso conlleva incertidumbres inaceptables. Por eso la prohibición en otros países originarios», dijo en conversación con BBC Mundo.

En respuesta, las autoridades aseguran que se tomaron precauciones extra para proteger los cultivos criollos.

Se trata de una fase experimental para determinar si realmente existe ese riesgo, le dijo a BBC Mundo Ariel Álvarez, secretario de la gubernamental Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados.

«No podemos negarnos a experimentar ni caer en el círculo vicioso de que si no hay conocimiento no tomas decisiones, y no lo haces porque no existe el conocimiento», afirmó.

clic ¿Usted qué opina?, ¿es un avance o un desastre?

Larga historia

En México el tema del maíz transgénico está presente desde 1996, cuando surgieron las primeras variedades comerciales de la gramínea.
En 1998, ante la presión de grupos campesinos y de ambientalistas, el gobierno decretó una moratoria para la siembra de esta variedad, la cual concluyó en septiembre de este año.

Semanas después los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente otorgaron 15 permisos para cultivos experimentales en varios estados del país.

La empresa estadunidense Monsanto Comercial obtuvo nueve concesiones, y las seis restantes fueron para Dow AgroScience/PHI México. La asignación avivó la polémica.

«Se hizo para favorecer a Monsanto. El gobierno se dejó presionar por esta compañía», le dijo a BBC Mundo Víctor Suárez, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, opositora al maíz modificado.

Las autoridades rechazan la denuncia. «Han pasado 13 años desde que llegó el maíz transgénico, si el gobierno cediera a presiones lo hubiera hecho hace mucho tiempo», afirmó Ariel Álvarez.

Incertidumbre

Las autoridades argumentan que se desconoce el efecto real de los transgénicos.

Opositores y autoridades coinciden en que se desconoce el efecto real de los transgénicos en el maíz mexicano.

Donde se ha liberado la siembra de la gramínea, como Estados Unidos y España, existen condiciones de biodiversidad distintas a las de México, afirmó el secretario de la Comisión Interestatal, por lo que esa experiencia no puede aplicarse en este país.

Y según la investigadora de la UNAM, hasta ahora no se sabe qué cambiarán los genes modificados, aunque en experimentos con plantas similares hubo daños irreversibles.

El problema es el riesgo.

«Si se inserta un gen igualito a lo que se usa en maíz en un sitio del genoma puede no tener efecto, pero si se va a otro lugar podría afectar completamente», insistió.

Bajo control

La polémica del maíz modificado no es sólo por aspectos técnicos.

Según los opositores, en otros experimentos con transgénicos, como el algodón, los cultivos salieron del control del gobierno.

Sin embargo, el secretario de la Comisión Interestatal aseguró que todas las pruebas se mantendrán bajo estricta vigilancia.

Las áreas de experimentación no son mayores a una hectárea, lejos de siembras de maíz tradicional y fuera de la temporada normal de cultivo.

Además, en algunos casos no se permite que la planta madure, por lo que no existe riesgo de esparcir el polen, uno de los elementos que propician la contaminación de otros cultivos.

Gobierno y AES Panamá en Charco La Pava en malas prácticas

Malas prácticas: Gobierno y AES Panamá en Charco La Pava

13 Oct 2009 8:05 AM | Lean este interesantísimo análisis de Bartolomé Clavero (miembro del Foro Permanente de la ONU para Cuestiones Indígenas) sobre el supuesto acuerdo entre sociedad civil y AES Panamá en el caso de Charco La Pava.

Malas Prácticas:
Gobierno Panameño y AES Panamá en el Caso Charco La Pava

Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

A finales de enero de este año 2009, el actual Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, rindió una visita a Charco La Pava y otras comunidades indígenas del pueblo Ngöbe en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, Panamá, para evaluar la situación de grave conflicto frente a la construcción de una represa que inundará sus tierras. El Relator sugería en su informe que las obras se suspendieran a fin de crear las condiciones para la consulta con garantías a las comunidades. Otras instancias internacionales han intervenido en el mismo sentido. Entre la empresa constructora -la multinacional AES- y el Gobierno de Panamá han burlado la actuación internacional.

En su respuesta al informe del Relator Especial, el Gobierno panameño pretendía que la consulta ya se había realizado, mediante las formas constitucionales de participación, y que plantearla con las comunidades indígenas afectadas «resultaría discriminatorio frente al resto de la ciudadanía, carente de equidad (y) violatorio del ordenamiento jurídico vigente». Con todo esto, comunicaba el Gobierno, «acceder la solicitud de suspensión resulta improcedente». Panamá no ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes que obliga a tal consulta específica, pero es parte del sistema interamericano de derechos humanos cuya jurisprudencia ha sentado que la obligación existe en todo caso, pues se deriva del derecho indígena a la tierra, y es también mimebro de Naciones Unidas cuya Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas requiere el consentimiento libre, previo e informado de parte indígena. Las comunidades afectadas por las obras de AES no habían sido ni siquiera consultadas.

El Gobierno también pretendía, en su misma respuesta al Relator Especial, que las comunidades estaban siendo consultadas por la empresa y que en la mayoría de ellas se había llegado a «acuerdos voluntarios y bilaterales», con esta redundante adjetivación, para el reasentamiento, con ese sustantivo que disimulase la expropiación y expulsión sin garantías algunas de procedimiento. El dato incluso se cuantificaba: «aquellas personas que han manifestado algún descontento constituyen mucho menos del 30%»; «más del setenta por ciento (74%) de la población total de las áreas impactadas han acordado reasentarse de manera libre, previa e informada». El Gobierno endosa a la empresa la obligación «de elaborar un plan completo y participativo de reasentamiento». Sobre este abandono de responsabilidades y con el argumento de que el Estado no tiene el deber de consultar por no haber ratificado el Convenio 169, el Gobierno se proclama representante del «interés público y social» y del «desarrollo nacional» dejando a las comunidades afectadas a merced de la multinacional AES.

A instancias de las comunidades, el caso también ha venido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tras dicho diálogo frustrado entre el Relator Especial y el Gobierno panameño, a mediados del mes de junio, la Comisión otorga medidas cautelares, «hasta tanto los órganos del sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva». Así, «con el fin de evitar daños irreparables al derecho de propiedad y la seguridad del pueblo indígena Ngöbe asentado en la provincia de Bocas del Toro», se dispone la suspensión de las obras. He aquí entonces un mandato internacional, ya no sólo una recomendación. De nada vale. El Gobierno de Panamá se reafirma en su posición rechazando las medidas ordenadas por la Comisión Interamericana. El asunto pende por tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Mientras tanto, AES no anda ociosa. No solo acelera las obras acentuando la presión sobre las comunidades, sino que, para vaciar el caso ante la jurisdicción interamericana, busca alguna forma de arreglo sin suspensión de la construcción ni pausa en el acoso. Nadie se ha creído, ni siquiera el Gobierno, que contase con un 74 % ni con tanto por ciento significativo ninguno de apoyo entre indígenas. Ahora, el día 12 de octubre exactamente, AES Panamá anuncia a bombo y platillo que se ha llegado a un arreglo. Presenta un documento fechado el 8 de octubre donde se da fe de unos acuerdos de procedimiento entre «el Estado de Panamá, la empresa AES Changuinola, S.A. y Comunidades de Charco La Pava, Valle del Rey y Changuinola Arriba por medio de sus representantes y dirigentes». El documento narra negociaciones habidas a varias bandas desde finales de julio con el resultado que se recoge en una última cláusula.

«Las Comunidades, el Estado y la empresa -se nos comunica- han acordado suscribir convenios de compromiso en la (sic) que el Estado, como garante de los derechos humanos de los pueblos indígenas, velará por el cumplimiento y la implementación de los acuerdos definitivos a los que llegue con la empresa y la comunidad en materia de uso de tierras, asistencia y reubicación. Las partes por ese medio ponen a un lado sus diferencias, garantizando la construcción del proyecto de infraestructura que es vital para el desarrollo del país».

Hay cosas desde luego sorprendentes en este documento, no sólo la de que la única garantía que expresamente se consigna es a favor de la empresa pues se asegura la construcción del proyecto. Las expectativas indígenas quedan ahora indefinidas en una tierra de nadie entre Estado parcial y empresa ventajista. Es ésta la que distribuye el documento. Sorprendente resulta que, pese a lo que se anuncia en el protocolo, nadie lo suscriba por parte del Estado. Y aunque se haya también anunciado que intervienen las comunidades mediante sus representantes y dirigentes, ninguna firma indígena, frente a lo que es costumbre bien arraigada, lleva aclarafirma especificando la condición con la que se actúa. No hay constancia de representación ninguna de parte indígena. La única reconocible es la de una rúbrica «por AES Changuinola».

La sección de Comunicación y Asuntos Corporativos de AES Panamá no sólo procede, el 12 de octubre para mayor escarnio, a la distribución del documento, sino también a la propagación de informaciones sobre participación oficial que no se confirma por sus firmas, así como a la ilustración con una galería de fotos del acto de la suscripción en la comunidad Charco La Pava. En ellas, la única cara feliz es la del representante de la empresa. Los rostros indígenas reflejan recelo y tristeza. En las fotos la única representación reconocible es también tan sólo, por el logo de la gorra, la empresarial.

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El artículo completo está en GENOCIDIOS COTIDIANOS I

Indígenas panameños exigen respeto a su tierra y sus derechos humanos

Indígenas esperan hablar con Martinelli

FOTO: BIENVENIDO VELASCO .

PANAMÁ. Grupos indígenas marcharán hoy hasta la Presidencia para presentar al gobierno un pliego de peticiones, justo cuando se cumplen 517 años del descubrimiento de América, desde cuando, aseguran, se les violan sus derechos.

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Indígenas panameños se unen en una sola voy de reclamación de sus derechos humanos y derechos territoriales.

INDÍGENAS

Marcha a la Presidencia

JULIO ALFARO
jalfaro@laestrella.com.pa

PANAMÁ. Los indígenas de la etnia Naso marcharán esta tarde hacia la Presidencia de la República, como parte de las actividades de los pueblos aborígenes en el día del descubrimiento de América.

Eliseo Vargas, vocero del pueblo Naso, señaló que la intención de esta marcha es que el presidente Ricardo Martinelli reciba de los pueblos originarios Emberá, Naso, Kuna, Teribe y otros el pliego de peticiones que llevarán y que se establezca un compromiso para dar seguimiento a las aspiraciones de la comunidad indígena del país.

Vargas indicó que la violación de los derechos de los pueblos autóctono, el acaparamiento de tierras y la destrucción del ecosistema son prioridades que el Estado, representado por Martinelli “debe atender como un compromiso y ofreciendo resultados”.