Biodiversidad y ambiente a cambio de cobre

extracción de metales

Gobierno deberá decidir entre cobre o bosques

Los defensores dicen que la actividad generaría al Estado $2 mil millones al año. El sacrificio ambiental incluye bosques y contaminación de ríos.

MINA DE COBRE. En Petaquilla, la empresa lleva a cabo trabajos de exploración, y según los ecologistas, ya se ha devastado gran cantidad de bosque.

Mary Triny Zea
mzea@prensa.com

Más de seis mil hectáreas de bosque (25 veces el tamaño del Parque Natural Metropolitano), incluyendo bosques primarios, se afectarían si el Gobierno decide desarrollar al máximo el potencial minero de Panamá en cobre.

Se trata de dos proyectos en fase de exploración (Petaquilla, en Coclé y Colón; y Cerro Chorcha, en Chiriquí) y uno en Cerro Colorado, en tierras de la comarca Ngäbe Buglé, en el cual, según el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici), aún no existe concesión.

Entre esas tres zonas, de acuerdo con la Cámara Minera de Panamá (Camipa), hay reservas de 38 mil 200 millones de libras de cobre.

Mientras grupos ambientalistas alertan sobre daños irreversibles, por tratarse de proyectos a cielo abierto, Zorel Morales, director ejecutivo de Camipa –ente que agrupa a empresas nacionales y extranjeras del sector minero metálico y no metálico– aboga porque se exploten estas zonas. Su argumento: según sus estimaciones la reserva de cobre de Panamá representa, a precio de mercado actual ($2.80 la libra), un negocio de $106 mil 960 millones.

Los planteamientos de la Camipa surgen en momentos en que el Mici realiza un análisis del Código Minero con miras a modificarlo, ya que considera que las sanciones por incumplimiento de normas son débiles y los cánones que pagan las empresas al Estado son bajos respecto a las ganancias que perciben.

El Mici aduce que intenta “ordenar” los negocios del sector, revisando las concesiones y áreas de reservas.

“Considerando una vida útil de unos 30 años en las tres operaciones, se generarían cerca de $2,000 millones en impuestos y gastos locales por año”, afirma el director ejecutivo de Camipa.

No obstante, Alida Spadafora, directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), explicó que los ingresos que podría recibir el Estado por la operación de estos proyectos no compensarían el daño, porque además de dañar áreas de gran biodiversidad, se contaminarían los ríos por el derrame de químicos.

Ancon advierte que la acidificación de las aguas y la liberación de metales pesados se agrava con el paso de los años (incluso luego de terminada la operación de las minas), lo que perjudica la salud humana.

Y no solo se afectarían las áreas de concesión, sino también aquellas que están fuera de sus límites. “Solo en el proyecto de cobre en Donoso (mina Petaquilla) serán necesarias de mil a dos mil hectáreas más para depositar el material procesado, asegura Ancon.

En cerro Chorcha, por ejemplo, se afectarían la reserva forestal de Fortuna, donde está la hidroeléctrica del mismo nombre, y el Bosque Protector Palo Seco.

Cerro Colorado es, según Camipa, una de las mayores reservas de cobre sin desarrollar a nivel mundial, y varias empresas mineras esperan que el Gobierno ponga el proyecto en licitación.

Los intentos por explotar este yacimiento datan de finales de 1970. El último de ellos se dio en 1997, cuando el Gobierno aprobó a una empresa canadiense hacer trabajos de exploración que fueron paralizados meses después por los bajos precios del metal y las protestas por posibles daños al ambiente.

PETAQUILLA GOLD

En cuanto al oro, tras varias semanas de negociación, Petaquilla Gold aún no firma una adenda al contrato que elevaría el aporte de la empresa, dijo el viceministro de Industrias y Comercio, Ricardo Quijano. Se espera que el actual 2% en regalías que establece el Código Minero y el contrato otorgado en 1997 se eleve a 4%. Además se negocia el pago del impuesto sobre la renta a partir del tercer año de operación (el contrato indica que se haría cuando cubrieran sus deudas); $300 mil anuales para daños ambientales y un millón de dólares al año para un fideicomiso destinado al entorno social. A Petaquilla no se le ha aprobado la explotación comercial porque no cumple con los requisitos.

Bufete de EEUU. defiende a los Nasos ante la CIDH

La firma de abogados Akim Gump Strauss Hauer & Feld, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomar medidas preventivas a favor de los nasos.
CONFLICTO DE TIERRAS EN BOCAS DEL TORO

Poderoso bufete apoya a los naso

RICHARD M. KOSTER
rmkoster@rmkoster.com
GANADERA VS PUEBLO NASO. Propiedad privada contra tierras ancestrales. Indígenas exigen respeto a sus derechos

PANAMÁ. Un influyente bufete en los Estados Unidos ha intervenido a favor de los indígenas del grupo Naso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En una carta dirigida al secretario ejecutivo de la Comisión, Santiago Cartón, y fechada viernes 13 de noviembre, Faith Barter, abogada de la oficina en Washington del bufete Akin Gump Strauss, pidió que la comisión tomara “medidas precautorias”, contra el desalojo forzoso de los nasos “de las comunidades de San San y San San Druy” en la Provincia de Bocas del Toro. Según la carta, tal desalojo expondrá a los nasos a “inminente y grave daño físico”.

El bufete es uno de los más grandes de los Estados Unidos con 15 oficinas alrededor del mundo y más de 900 abogados. Uno de sus fundadores, Robert Strauss, fue presidente de Partido Demócrata y miembro del gabinete del presidente Jimmy Carter.

La carta, una copia de la cual le fue entregada a La Estrella por Adolfo Villagra Sánchez, presidente del Consejo Naso, trata de un conflicto entre los Naso y la Ganadera Bocas, S.A., una empresa privada cuyo presidente es Mario Guardia Durfee. Hace varios lustros la empresa adquirió de la bananera United Fruit un globo grande de terreno a lado del río San San. Según los nasos, las dos comunidades existieron antes de la llegada de la bananera al principio del siglo pasado, y tanto la ganadera como la bananera, las toleraron hasta hace poco. Según la empresa, son precaristas. A petición de la empresa, y de acuerdo con una orden emitida por la entonces corregidora de Teribe, Aracelys Sánchez, unidades de la Policía Nacional desalojaron algunos indígenas del lugar durante el mes de marzo pasado.

Villagra y la carta al licenciado Cantón hacen referencia a una reunión celebrada a finales de octubre en que, supuestamente, el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, declaró que los nasos no podían quedar en lo que son tierras privadas y pidió al gobernador de la provincia, Simón Becker ejecutar la orden de desalojo al más tardar el 15 de este mes.

El licenciado José Isaac Acosta, director de Política Indigenista del Ministerio de Gobierno y Justicia, discrepa.

Dijo a La Estrella que “las 35 familias [de San San y San San Druy] han sido invitadas a iniciar un proceso de acercamiento y reubicación”. Negó que el ministro haya exigido su desalojo.

La carta a Santiago Cantón, sin embargo, dice que “es imperativo que la comisión emplea sus recursos para proteger a los nasos de esfuerzos a desalojarlos de sus tierras ancestrales”.