Sigue en peligro las costas e islas por planes de venta

GRUPOS DE INVERSIONISTAS SE RESISTEN A PAGAR MÁS

Playas iban a ser tituladas a centavo

La Dirección de Catastro mantiene paralizados los procesos de titulaciones hasta que se modifique la ley que subiría los precios de la tierra.

Rafael E. Berrocal R.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

rberrocal@prensa.com

Las playas de las provincias de Veraguas y Darién han sido acaparadas por unas 14 empresas que buscaban beneficiarse de la ley de titulación de costas e islas aprobada al final del mandato de Martín Torrijos.

Acogiéndose a la Ley 23 de 2009 –promovida en la Asamblea pasada por los diputados Freidi Torres y Pedro Miguel González–, estas empresas intentan titular las codiciadas tierras pagando entre uno y 15 centésimos el metro cuadrado.

Sin embargo, con el cambio de gobierno el proceso se detuvo. La Dirección de Catastro no aplicó la Ley 23 y a la Asamblea llegó un proyecto para reformar la citada ley y subirle el precio a estas tierras que legalmente son consideradas patrimonio del Estado, a pesar de la existencia de derechos posesorios.

El objetivo de la propuesta del Ejecutivo –que solo llegó hasta el primer debate legislativo– es impedir “la especulación” y permitir a los lugareños de escasos recursos titular gratis sus tierras hasta un máximo de dos hectáreas.

Esta posición es objetada por empresas como Catiland, que reclama títulos de propiedad en 11 playas en Bahía Honda, Veraguas; el inversionista Ovidio Díaz Espino, quien reclama toda la costa de la península de San Miguel, en Darién, o la fundación liderada por Pedro Vallarino, que pide la titulación gratuita.

INVERSIONISTAS LOCALES Y EXTRANJEROS RECLAMAN DERECHOS A TRAVÉS DE LA LLAMADA LEY DE COSTAS

Empresas acaparan playas de Veraguas y Darién

El Gobierno quiere elevar la tarifa por metro cuadrado de tierra, pero los inversionistas reclaman la titulación gratuita. Embajadas de EU, Canadá e Italia intervienen.

MERCADO. Luego del auge en Bocas del Toro, las playas de la provincia de Veraguas están entre las más codiciadas. El Gobierno busca vender, pero a buen precio. LA PRENSA/Carlos Lemos

Rafael E. Berrocal R.
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

rberrocal@prensa.com

La mayoría dice tener objetivos ambientalistas, pero detrás del grupo de empresarios que pelea por la titulación a bajo precio o de forma gratuita de propiedades en las costas de Veraguas y Darién se mueve un multimillonario negocio.

Con la aprobación de la Ley 23 de 2009, que permitió la titulación de costas e islas y que fue impulsada en su momento por los diputados del Partido Revolucionario Democrático Pedro Miguel González y Freidi Torres, 14 empresas ahora reclaman a la dirección de Catastro sus títulos de propiedad sobre 734 hectáreas de playa en Bahía Honda, en la provincia de Veraguas, y otras 349 hectáreas en la costa norte de la misma provincia (ver cuadro).

Basados en esa ley, los inversionistas le ofrecieron al Estado el pago de entre un centésimo y 15 centésimos por metro cuadrado, por titular estas valiosas tierras. En ninguno de los casos el monto total a pagar por tierras con frente de mar pasa de 30 mil dólares, lo que también le otorga a estos propietarios la exoneración del impuesto de inmueble.

Con estas tarifas, la Fundación Isla Canales de Tierra, que tiene el derecho posesorio sobre toda la isla Cébaco (con una superficie de 82 kilómetros), solo pagaría 23 mil 100 dólares por la titulación.

Otra empresa con grandes intereses es Catiland, la cual tiene derechos posesorios sobre 11 playas de Bahía Honda en Veraguas.

En tanto, en el norte de Veraguas, cinco empresas se reparten toda la costa. En esta área una empresa proponía pagar 22 mil dólares por 149 hectáreas de playa.

Detrás de este mismo objetivo está un grupo de inversionistas locales y estadounidenses –liderados por Ovidio Díaz Espino– quienes promueven un proyecto de bienes raíces en la provincia de Darién, aprovechando los bajos precios dictados por la Ley 23. Se trata del proyecto llamado La Reserva de San Miguel, cuya extensión es de 8 mil hectáreas que tienen 50 kilómetros de frente de mar.

Díaz Espino, uno de los principales defensores de la llamada Ley de costas e islas durante su discusión en la Asamblea a principios de este año, aceptó tener participación en este proyecto.

Alegó que este desarrollo sacará a la provincia de Darién de la pobreza, ya que contempla la construcción de 2 mil casas, la generación de 2 mil empleos, y una inversión aproximada de 300 millones de dólares.

Pero el grupo que promueve La Reserva de San Miguel no contemplaba que con el cambio de gobierno se decidiría no aplicar la ley y que se presentaría un nuevo proyecto con la finalidad de elevar la tarifa de las tierras y legalizar, de forma gratuita, los derechos posesorios para personas de escasos recursos hasta un máximo de dos hectáreas.

Según la propuesta inicial para reformar la Ley 23, a los proyectos turísticos con derechos posesorios se les reconocería un crédito por el 25% de lo pagado. Sin embargo, en medio de las discusiones se recomendó modificar el proyecto de ley para incluir todos los casos.

NIVEL DIPLOMÁTICO

La modificación de la Ley de costas e islas ha generado la intervención diplomática de Estados Unidos, Canadá e Italia, en respuesta a las quejas de sus ciudadanos que han comprado derechos posesorios en Panamá.

Sin embargo, la propia página de la Embajada de Estados Unidos en Panamá les advierte a sus inversionistas privados que para poder convertir los derechos posesorios en propiedad, la tierra debe comprarse al Gobierno panameño.

Representantes de la empresa Catiland dicen que no tienen problemas en pagar una tarifa más alta, pero reclama que el proyecto de ley en discusión excluye la titulación de los bosques que ellos mismos han reforestado.

TODO GRATIS

Las posiciones de los inversionistas tienen diferencias radicales. El grupo llamado Fundación para el Desarrollo Turístico del Caribe –liderado por el empresario Pedro Vallarino– ahora reclama la titulación de los derechos posesorios en manos de inversionistas, de forma gratuita. “Ya yo compré en buena lid y en el momento indicado; por qué tengo que pagar de nuevo por una propiedad”, señaló Vallarino.

Susan Guberman, una extranjera que invirtió en derechos posesorios, defendió la Ley 23 y dijo que el proyecto de ley nuevo, en lugar de facilitar la titulación de tierras, es un obstáculo. “La titulación debe ser gratis o a costo nominal”, agregó.

‘MALA INTERPRETACIÓN’

Para el director de Catastro, Publio Cortéz, el problema está en que hay una mala interpretación del derecho posesorio. “Los derechos posesorios se venden, se heredan y están protegidos por el Código Civil, pero nada de eso los convierte en propiedad inmueble. Para convertirlos a propiedad es necesario comprarle al Estado”, explicó.

También argumentó que el Gobierno se abocó a modificar la Ley 23 porque ésta fijó precios irrisorios para la compra de tierras del Estado, y no diferenciaba entre lugareños y el comprador de grandes extensiones de tierras, entre otras deficiencias.

César Carrasquilla, miembro del consejo consultivo del Programa Nacional de Administración de Tierras, reconoció que en algunos casos son especuladores los que están detrás de la titulación de estas codiciadas tierras. No obstante, dijo que el nuevo proyecto de ley no debe castigar a todos.

Carrasquilla mencionó que la titulación gratuita de hasta dos hectáreas de tierra a personas de escasos recursos, es muy limitada.

La propuesta del Gobierno fue aprobada en primer debate en la Asamblea, pero los inversionistas propusieron que se cree un comité para acercar posiciones con el Gobierno.

RECLAMAN TITULACIÓN DE BOSQUES

La Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) dijo que entiende la preocupación que tiene el Gobierno por regular lo que ha resultado un negocio de inversionistas acaparadores y especuladores. Advierte, empero, que el proyecto de ley nuevo afecta su misión de proteger los bosques porque no le deja titularlos. “Al contrario, promueve la deforestación de estas áreas”, recalcó Alida Spadafora, directora de ANCON, quien recomienda incluir en el proyecto de ley un mecanismo para proteger los bosques.

La dirección de Catastro sostiene que la posesión ambiental es un tema delicado, porque crea condiciones para que el Estado, sin ningún plan de uso y el pago de precios irrisorios, se desprenda de patrimonio ambiental para que intermediarios lo vendan. Como ejemplo pone el caso de la isla Cébaco.

Relator de los pueblos indígenas de la ONU condena ataque a Nasos en Panamá

Relator de los pueblos indígenas de la ONU condena ataque a Nasos en Panamá

25 Noviembre 2009

GINEBRA — El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas, James Anaya, expresa su «extrema preocupación por los desalojos forzados y la destrucción de viviendas sufridos el 20 de noviembre de 2009 por las comunidades Naso de San San y San San Druy, en Changuinola, provincia Bocas del Toro, Panamá.»

Según informes fiables, el 20 de noviembre de 2009, aproximadamente 150 policías antimotines desalojaron con bombas de gases lacrimógenos, a más de 200 indígenas Naso que habitan en las comunidades de San San y San San Druy. Después de que las personas fueron sacadas, empleados de la empresa Ganadera Bocas entraron al área con maquinaria y procedieron a derribar las viviendas de los indígenas.

La empresa reclama el área del desalojo para sus actividades comerciales ganaderas, con base en un supuesto título otorgado por el Estado, mientras que las comunidades Naso que han vivido allí reclaman derechos anteriores con base en su tenencia de tierra tradicional. Los Naso han llevado un proceso de reivindicación de tierras desde los años setenta, en el que solicitan, en particular, la creación de su propia comarca sobre sus tierras tradicionales. Pese al tiempo transcurrido, a la fecha, los Naso no cuentan con el reconocimiento legal de sus tierras tradicionales.

«Hago un llamamiento a las autoridades panameñas y del pueblo Naso a buscar vías de diálogo y de entendimiento sobre la base de respeto a los derechos humanos,» expresó el experto de la ONU. «En particular, insto al Gobierno que se retome de inmediato un proceso de diálogo con los indígenas Naso afectados para llegar a una solución pacífica a esta situación.»

Asimismo, el Relator Especial insta a las autoridades judiciales competentes para que adopten medidas para esclarecer los hechos del desalojo, sancionar a los responsables de cualquiera violación a los derechos de las comunidades afectadas, y reparar el daño causado a las víctimas, incluyendo indemnización.

En este respecto, el Relator Especial enfatiza que el artículo 10 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU establece que «[l]os pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, ni sin un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa y, siempre que sea posible, la opción del regreso.»

A la presente situación se suma el anterior desalojo de los miembros de las comunidades San San y San San Druy en marzo y abril de este año. El 23 de abril de 2009 el Relator Especial envió un llamamiento urgente al Gobierno de Panamá, pidiendo aclaración sobre las circunstancias de los desalojos y el reclamo territorial de los Naso. Lamenta no haber recibido una respuesta del Gobierno de Panamá.