PYCSA intenta recomprar concesión administrativa de autopistas

Por la desgracia que ha sido PYCSA en la historia nacional de Panamá y por los enormes danos ambientales causados reproducimos un artículo que desnuda los poderes de PYCSA y la corrupción generalizada que los ampara.

Burica Press

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PYCSA intenta recomprar concesión administrativa de autopistas

Kevin Harrington

Luego de que reveló el 7 de julio 2009 que los mexicanos del Corredor Norte negociaban $1,500 millones por una recompra de su concesión administrativa, La Prensa guardó el más sepulcral silencio sobre el tema, cosa tan escandalosa que normalmente habría conllevado algún tipo de seguimiento.

En vez de aclarar con transparencia sobre lo qué realmente estaba pasando, el Órgano Ejecutivo guardó silencio — prefiriendo ganar tiempo anunciando demagógicamente que “auditaría” ambos corredores. Si bien es cierto que la entrega de tierras en el Corredor Sur complica aquella evaluación, no se necesita de un audito para constatar que el Corredor Norte no ha completado su obligación en la fecha fijada por el Ministerio de Obras Públicas para su entrega. Al autorizar el reinicio de los trabajos tras las tristes muertes de 3 niños en San Miguelito el entonces ministro Carlos Vallarino la fijó para febrero 2007 (hasta Brisas del Golf, Villa Lucre, y la casa de ocasión “El Llano”) y para mayo 2009 (hasta Tocúmen). El incumplimiento está a ojos vista; no hay por qué esperar ningún audito. Se desconoce si el ministro Benjamín Colamarco concedió alguna prórroga, pero es público y muy notorio que el presidente Martín Torrijos “inauguró” con bombos y platillos hasta Brisas un corredor que estaba tan solo 60% terminado – y sin Permiso de Construcción.

Ese audito – el del Corredor Norte — no es sino una cortina de humo encubriendo el desarrollo inmobiliario más grande visto desde la reversión del Canal.

Ignorando estos hechos palpables, La Prensa rompe ahora su silencio con un reportaje en primera plana, no para agregar perspectiva al tema, sino para achacar la demora en el proceso entre el Parque Natural Metropolitano y PYCSA Panamá, S. A. a uno de los ejemplos preferidos para expresar su disgusto cuando se seleccionan magistrados que no le placen.

Y que acompaña con más fotos de las que normalmente ilustra un artículo. Se desconoce si ha sido el Ejecutivo (o bien los mexicanos) quien logró el mutis de 5 meses de La Prensa y ahora este burdo intento para influir indebidamente en un proceso judicial. Fuera o no su intención original, la carga emotiva de dichas fotos formulan la pregunta de que, si los mexicanos del Cartel del Norte no tienen los fondos para mantener su propio equipo, ¿cómo pensar que lo tienen para completar el Corredor hasta Tocúmen? Fue precisamente por carecer de financiamiento fue que el gobierno Torrijos les quitó el tramo de Madden a Colón y se lo dio a Odebrecht — de a dedo, como hizo el presidente Ricardo Martinelli en la extensión de la Cinta Costera (fenómeno que bien podría repetirse en ésta mega-especulación de tierras).

El reportaje de marras fue mal investigado por La Prensa. Divulga que el Corredor Norte fue financiado mediante bonos del Estado, lo cual no es cierto. Y, antes de achacarle el muerto al magistrado Alberto Cigarruista, no determinó que el expediente en casación está en el despacho del magistrado Oyden Ortega desde el 23 de octubre 2009, quien no se declaró impedido pese por haber manejado el caso PYCSA en el Banco Nacional. Tampoco tocó sobre el pretendido desistimiento de los mexicanos de una denuncia de extorsión contra los abogados del Parque, el diputado José Isabel Blandón y Herbert Young. Pero la peor omisión del periódico fue intencional: no publicó foto del radiopatrulla policial que se mantiene (también) secuestrado en el Parque, al ladito de los demás equipos de PYCSA. En vísperas del 20 aniversario de la Invasión, el otrora paladín del civilismo olvida que ese trágico desenlace se inició desde que la Fuerza Pública desatendía órdenes impartida por la autoridad civil.

El presidente Martinelli está hoy en idéntica posición en que estuvo el presidente Ernesto Pérez Balladares, al no completar PYCSA la autopista hasta Colón. En vez de premiar con una segunda concesión a Tocúmen a quien materialmente no pudo con la primera, para minimizar pérdidas el Dr. Pérez Balladares debió cancelar sus porciones inconclusas, para minimizarnos la carga de un contrato a todas luces leonino. En interés de la ley, el ingeniero Federico José Suárez, actual Ministro de Obras Públicas, debe acatar lo que le manda la Ley 5 de 1988 de Concesiones Administrativas: “Artículo 16. La caducidad de cualquier concesión administrativa se declarará por el Concejo de Gabinete, a solicitud de la entidad concedente, por cualesquiera de las siguientes causas: 1. Cuando no se realicen las obras objeto de la concesión en la forma y términos pactados;” De no hacerlo, debiera exigírselo el Presidente, porque no hacerlo dejaría en entredicho la seriedad de su gobierno.

Según el auto Nº 808 de 11 de julio 2005 dictado por el Juzgado Séptimo del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, el Órgano Judicial me tiene como administrador judicial, no sólo sobre los enseres de la cafetería de la caseta del Corredor en Cerro Patacón, sino “sobre la “administración” de PYCSA PANAMA, S. A., ubicada en la Torre del Banco Continental, piso 27, Calle 50 y Aquilino de la Guardia”.

Actuando siempre con la diligencia de un buen padre de familia y en interés de la ley, me luce que lo más importante para nuestro desarrollo como empresa es insistir en que tanto panameños como extranjeros respeten nuestras leyes.

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