Gobierno insiste en titular tierras costeras e insulares

Prólogo

Causa enorme pena que el Gobierno de Martinelli, al igual que los dos últimos que le han precedido, intente seguir con la titulación de tierras costeras inadjudicables. Ya existen demasiados títulos en áreas costeras e insulares que le quitan el derecho al resto de los panameños de usar un patrimonio costero que la Constitución panameña estableció desde el inicio de la República. Con la titulación de estas tierras –al precio que sea– enajena un patrimonio de todos los panameños y le segrega espacios públicos de recreación y esparcimiento.  Los citadinos no tendrán acceso a playas como ya ocurre en muchos países donde han negociado su patrimonio costero.

En muchos territorios insulares los nuevos dueños de estos derechos posesorios y derechos titulados han cerrado caminos de acceso a las playas. Algunas islas son privadas de manera total o parcial y eso es ilegal.

Si regalan los títulos es nocivo, si los encarecen estarán cediendo el patrimonio costero e insular a magnates que todos sabemos que evitaran a toda costa que los panameños que no tenemos terrenos en las costas no podamos acceder fácilmente a «sus playas».

El poderoso don dinero parece ser superior al interés colectivo sobre un patrimonio no enajenable. Las playas y riberas costeras deben permanecer libres de acceso expedito a todos los ciudadanos. Foto: BiodiversidadPanama (www.panoramio.com)

Para realizar inversiones en territorios costeros no se requiere, si se actúa de buena fé, a tener un título de propiedad. Eso es falso y sólo busca que se legalice el negociado de las tierras preciadas. Es bien sabido, por ejemplo que muchos Estados insulares pequeños han protegido sus tierras costeras del negociado de tierras, sin embargo la inversión en turismo nunca se ha detenido. Para los empresarios que no buscan acaparar tierras para el negociado del –Real State–, sino desarrollar proyectos justos, no es necesario la adquisición con gula de grandes extensiones de tierra.

Hasta dónde se puede vender el país es la pregunta!  Cuántas islas serán presa de codicia de los especuladores que sólo esperaran que los lugarenos tengan un título de propiedad para seducirlos y tomarse las tierras.  Esta historia de repite en espiral una y otra vez.  Quién ganará en todo  esto? Quiénes perderemos?

El Estado debe ser garante de los derechos colectivos, pero con la clase política que tenemos ejerciendo, no podemos esperar que estos sanos principios prevalezcan.  Mercaderes de la peor ralea. Un muchacho universitario diría: «Allí están, esos son, los que que venden la nación», pedazo a pedazo, título a título.

Por cierto, que ya es hora que todo dueño de tierra pague impuestos proporcionales a la cantidad de tierras que posee.  El latifundismo se está tomando peligrosamente el país. El latifundismo ha sido cuna de graves problemas sociales y políticos en todos los países que lo han permitido.

Burica Press

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Debate de ley se complica

PANAMÁ. A pocas horas para la Nochebuena, los diputados de la Asamblea Nacional dan continuidad hoy al tercer día de discusión en segundo debate al proyecto de ley 71 que reconoce derechos posesorios en costas e islas.

La sesión de ayer que comenzó a eso de las 11:00 a.m. y cerró a las 5:00 p.m. estuvo marcada por las críticas de los diputados de oposición y dueños de derechos posesorios. En el blanco estuvo el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, porque la entidad suministró una tabla de precios que según ellos fija costos altísimos para titular cada hectárea.

El inversionista, Pedro Vallarino dice que estos precios frenarán la inversión extranjera en el país. Los mudos en el debate y ante las acusaciones fueron los diputados oficialistas. Yassir Purcait, por ejemplo, asegura se trata de una ley para expropiar tierras.

Los dos lados de la moneda

En el tema de los derechos posesorios, no habrá ningún consenso. Las partes viven en mundos muy distintos

RICHARD M. KOSTER
rmkoster@rmkoster.com

El proyecto de ley 71 sobre la titulación de derechos posesorios en las costas e islas realizará la meta del gobierno Martinelli, que es permitir la titulación de tierras a los ocupantes de predios pequeños, y de cobrar un precio justo a los inversionistas quienes buscan titular proyectos grandes”.

Así lo confirmó a La Estrella el viceministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia.

Según el Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), el predio promedio ocupado sin título en Panamá es de 5.6 hectáreas. El proyecto de ley permite la titulación gratuita de 3 hectáreas.

Según la tabla de precios establecida por el proyecto, el que quiera titular menos de 25 hectáreas en la costa de Azuero tendrá que pagar al Estado 45 mil dólares por hectárea, más 5% de impuesto.

Así es que el Estado cobraría al dueño promedio 175 mil 850 dólares por las otras 2.6 hectáreas.

En cambio, un inversionista que ha comprado derechos posesorios de más de 25 hectáreas en la Isla Colón, Bocas del Toro, tendrá que pagar 62 mil 500 dólares por cada hectárea, para titularlas.

De La Guardia dijo que la tabla fue preparada por “dos prestigiosas empresas evaluadoras”, y que sus precios son “inferiores” al valor del mercado.

Durante la campaña electoral, Ricardo Martinelli manifestó que “a titulación de los derechos posesorios sería totalmente gratis en todo el territorio nacional”. De La Guardia no quiso comentar sobre porqué el presidente cambio de parecer.

“Han mantenido, equivocadamente, que el proyecto de ley pretende recaudar fondos”, dijo el funcionario, quien es banquero de profesión. “Su propósito es de balancear el interés de individuo con el de Estado”. Preguntado si los dueños de derechos posesorios pagarían los precios establecidos, dijo que sí. “Van a titular”.

Otra idea tenía un inversionista con quien conversó La Estrella.

“Este proyecto va a paralizar la titulación. Ya no habrá más proyectos grandes. La tabla de precios desconoce por completo el mercado actual de tierra”, indicó.

“El auge se acabó hace dos años”, siguió el inversionista, quien no quiso ser identificado.

“Ahora —agregó— el gobierno se ha metido en el negocio de bienes raíces, no para vender sino para proteger el valor de tierras costales ya tituladas de personas que tienen grandes extensiones”.