Ganadería, el depredador ignorado

Brasil: ganadería, el depredador ignorado

por Mario Osava*

El desmonte indiscriminado para la crianza de ganado se revela como una de las principales amenazas a los ecosistemas de Brasil y una de las principales causas del cambio climático mundial


18 de enero de 2010

Río de Janeiro, Brasil. El ganado bovino debería tener en el debate mundial la misma prioridad que las armas nucleares, las guerras y, en especial, el cambio climático, por su incidencia; pero no está en la pauta, lamenta el activista brasileño João Meirelles Filho, autor de dos libros sobre la ocupación amazónica.

Esta actividad agropecuaria es en Brasil la mayor causa de emisiones de gases invernadero: es responsable de los cuatro quintos de la deforestación de la Amazonia y de tres cuartos de la quema de bosques y vegetación en todo el país, además de generar el grueso del gas metano en el proceso digestivo del vacuno.

La ganadería es la actividad que más ha destruido los ecosistemas boscosos de los países latinoamericanos. En Panamá la ganadería ha sido la principal causa de la devastación de sus bosques.

No se puede creer en la promesa brasileña de reducir los gases contaminantes, porque se basa en contener la deforestación, sin tocar la verdadera causa que es la ganadería extensiva de vacunos, dijo Meirelles a IPS.

Sin afrontar esa cuestión, Brasil no llevó a la 15 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realizó en Copenhague ni ninguna política para el clima, sino sólo cifras y metas irreales, sentenció este experto, presidente del Instituto Peabirú y promotor del desarrollo sustentable y social de la Amazonia.

José Miguez, coordinador de la Comisión Interministerial de Cambio Climático, difiere radicalmente de esta posición: “La producción pecuaria no es la mayor responsable de la emisión de gases invernadero en Brasil”, sino las “alteraciones en el uso de la tierra y los bosques”, que incluyen la deforestación, aseguró el funcionario a IPS.

Pero la diatriba de Meirelles, solitaria años atrás, fue confirmada ahora por 10 investigadores de varias universidades e institutos gubernamentales y una organización ambientalista de este país, quienes estimaron que por lo menos la mitad de los gases dañinos para el ambiente emitidos en Brasil de 2003 a 2008 está asociada a la ganadería.

El estudio Estimación de emisiones recientes de gases del efecto invernadero por la pecuaria en Brasil, que fue presentado en Copenhague, advierte que hay una subestimación por parte de las autoridades y algunos expertos sobre cuáles son los responsables de la contaminación ambiental.

Y es que en los papeles oficiales sólo se consideran tres fuentes contaminantes, como son la deforestación, la quema de bosques y pastizales y la fermentación entérica de los vacunos, omitiendo otros factores, como praderas degradadas, los alimentos de los animales, el transporte y la industrialización.

La Amazonia brasileña, que concentraba cerca de 1 millón de vacunos en 1970, hoy tiene 80 millones, con una “productividad” de sólo uno por hectárea, destacó Meirelles, para mostrar la correlación con el avance de la deforestación en las últimas décadas.

En todo el país hay casi 200 millones de vacunos, uno por cada brasileño, que ocupan un cuarto del territorio nacional y que suman tres veces el área sembrada.

Pero éste no es solamente un problema amazónico, ni siquiera brasileño, sino mundial. La Organización de las Naciones Unidas parar la Alimentación y la Agricultura estima que la ganadería ocupa 40 por ciento del área agrícola global, recordó Meirelles.

Los más de 1 mil 200 millones de vacunos existentes en el mundo consumen más alimentos que los 6 mil 800 millones de humanos, la mitad de los cuales no consume su carne. Un millón de personas no lo hace por razones religiosas y casi todas las demás por insuficiencia de ingresos para comprarla, acotó.

Es insustentable la tendencia creciente al consumo de carne bovina que se registra especialmente en China, donde aún se limita a 6 kilogramos anuales por persona, lejos de los 36 kilogramos que muestra Brasil y más de 60 en Argentina, explicó Meirelles.

Además de ineficiente productor de proteína, exigiendo 8 kilogramos de forraje por cada uno de carne, el vacuno es un depredador ambiental y social. En Brasil, el mismo gremio de grandes agricultores y ganaderos calcula que hay 70 millones de hectáreas de pastizales degradados.

La expansión de la ganadería extensiva de vacuno constituye, de hecho, el único ciclo económico de Brasil, la forma principal de ocupación de todo el territorio nacional, según Meirelles, dejando a un lado los del oro, del azúcar o del café de los que hablan los historiadores, porque fueron locales y limitados.

El ganado fue el instrumento histórico de ocupación de la Mata Atlántica, la extensa área boscosa cercana al litoral Este de Brasil que ya perdió 93 por ciento de sus florestas originales, y de otros ecosistemas, como el Cerrado, la sabana central del país cuya mitad ya fue deforestada. Esa depredación se repite en la Amazonia, advirtió Meirelles.

A la deforestación y degradación de las tierras se suma la erosión, la sedimentación de los ríos y otros daños.

Los 3 millones de vacunos que pastan en la inmensa y húmeda isla de Marajó, en la desembocadura del río Amazonas, “alteran los llanos, abren riachuelos y cambian el régimen hídrico”, según el activista. Máxime si se tiene en cuenta que una buena cantidad de ellos son búfalos, los más terribles destructores de la naturaleza.

Además, el avance del ganado vacuno tiene costos sociales absurdos, fomentando los más numerosos casos de trabajo esclavo moderno y los cruentos conflictos por la tierra, al ser usado por empresarios y potentados para asegurar la posesión ilegal de grandes latifundios con mínimo empleo.

No es, por otra parte, una actividad rentable, observó Meirelles.

En su opinión, habrá que reducir drásticamente el ganado vacuno en Brasil y en el mundo, generando conciencia para un menor consumo de su carne. Ese proceso cultural exige un tiempo, que la humanidad no dispone, para mitigar el cambio climático, reconoció. Por ende, acciones y liderazgo gubernamentales se hacen urgentes para impulsar soluciones.

Brasil, al asumir el compromiso de reducir en 80 por ciento la deforestación amazónica para 2020, debería poner a la ganadería bovina en la pauta de negociaciones climáticas y promover políticas que eviten esa catástrofe visible, pero escamoteada por “alguna ceguera inexplicable”, concluyó Meirelles.

 Mario Osava

Denuncian irregularidades en titulación de tierras costeras y Parque Nacional

titulación de tierras genera sospechas en la provincia de veraguas

Investigan apropiación de tierras en Santa Fe

Inversionistas extranjeros compran media hectárea de tierra y se apoderan de hasta 200 y 300 hectáreas.

TIERRAS. La Dirección Nacional de Reforma Agraria investiga la venta fraudulenta de tierras en codiciada zona norte del distrito de Santa Fe. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Víctor Eliseo Rodríguez

VÍCTOR ELISEO RODRÍGUEZ
santiago, veraguas

nacionales@prensa.com

La belleza del patrimonio natural del Parque Nacional Santa Fe y de las áreas costeras ubicadas al norte de la provincia de Veraguas aún sin explotar dio pie para que ex funcionarios del pasado gobierno e inversionistas nacionales y extranjeros propiciaran una especulación cuyo único objetivo es el de acaparar y vender tierras sin respetar las leyes ambientales ni agrarias que protegen este territorio.

Y es que actualmente la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) incluso adelanta una investigación de la que también ha tomado parte el Consejo Nacional de Transparencia Contra la Corrupción por la titulación “fraudulenta” de tierras en la codiciada zona norte del distrito de Santa Fe.

Uno de los primeros en denunciar estas irregularidades fue Roberto Guerra, alcalde del distrito de Santa Fe, quien reveló que en el área hay extranjeros que aprovechándose de la necesidad de los lugareños compran media hectárea de tierra y de allí arbitrariamente se apropian y miden hasta 200 y 300 hectáreas de montaña virgen que forman parte del parque nacional.

El funcionario lamentó que en muchos de estos casos la dirección de Reforma Agraria hubiese permitido esta especulación debido a que expidió los títulos que aunque “fraudulentos” legalizan la posesión de una tierra codiciada por el potencial natural que presenta.

Apropiaciones

Guerra indicó que actualmente estos extranjeros y también algunos nacionales que se han apropiado ilegalmente de las tierras de norte de Veraguas incluso están especulando con la venta de estos territorios, ya que intentan negociarlas a altos precios por ser áreas con mucha vegetación y con acceso a la costa atlántica.

El alcalde confirmó que hasta ahora a través de su despacho ya se han hecho varios recorridos conjuntamente con la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) y Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que verifiquen las denuncias y principalmente las irregularidades que se han dado con las tierras que forman parte de áreas protegidas.

Según Gabriel Vásquez, productor del área de Calovébora, en el área norte de Santa Fe no solo se debe investigar el acaparamiento de las tierras sino la devastación de los bosques del área, ya que incluso algunos inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, están haciendo movimientos para construir estructuras sin medir el impacto que esto representa para un área protegida.

Vásquez considera conveniente que en el sector norte de Santa Fe se haga un ordenamiento territorial con el objetivo de evitar la especulación y sobre todo para que los lugareños no pierdan sus tierras.

Pero en medio de estas denuncias, Ezequiel Pinzón, director nacional de Reforma Agraria, confirmó que esta institución inició una investigación administrativa que permita determinar si los procesos de adjudicación definitiva de esas tierras se dieron cumpliendo las formalidades que establece el Código Agrario y luego comprobar la violación de la ley.

No obstante, el funcionario reconoció que en la investigación se han encontrado diversos fenómenos, que van desde la titulación de tierras que por años han sido ocupadas por lugareños o la apropiación de terrenos que son inadjudicables por ser áreas protegidas, lo que representa una falta a la ley.

Pinzón adelantó que por ahora en el caso del norte de Veraguas ya se han instruido cerca de 10 expedientes aunque el número de casos podría ser superior, luego de lo cual se remitirá la investigación a las autoridades del Ministerio Público.

Vinculaciones

También dijo que se trata de determinar la vinculación de funcionarios de la Dirección de Reforma Agraria durante la pasada administración del presidente Martín Torrijos, que al parecer fueron quienes propiciaron la titulación irregular de tierras en el norte del distrito de Santa Fe.

El sector norte no es la única área afectada. En julio de 2009, un grupo de campesinos del Comité Ambiental de la Sub Cuenca del Río Bulabá presentó ante la Defensoría del Pueblo y la Autoridad Nacional del Ambiente en Veraguas una denuncia en contra de un proceso de adjudicación irregular de tierras ubicadas dentro de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Santa Fe y que se pretenden explotar por inversionistas extranjeros.

La queja surgió a raíz de un proceso de adjudicación de una superficie de 44 hectáreas de terrenos colindantes con el área protegida del parque nacional.

Corte ordena suspensión de explotación minera en Cerro Chorcha

DECISION. LA ACTIVIDAD ABARCABA CINCO ZONAS EN LA COMARCA NGöBE BUGLE

De acuerdo con la decisión de la máxima corporación de justicia, la compañía CUPRUM RESOURCES Corp. no contaba con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Yuriela Sagel

PA-DIGITAL
Advertencia. La explotación minera está bajo la lupa de los grupos ambientalistas.

La suspensión de la explotación minera en cinco zonas de la provincia de Chiriquí fue ordenada por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, tras considerar posibles daños ecológicos y sociales en la región.

El fallo, bajo la ponencia del magistrado Víctor Benavides, suspende los efectos del contrato N.º 006 de 16 de febrero de 2005, celebrado entre el Ministerio de Comercio e Industrias y la compañía CUPRUM RESOURCES Corp. para la explotación de minerales metálicos.

La actividad abarcaba cinco zonas correspondientes a la comarca Ngöbe Buglé, que son: la Emplanada de Chorcha, Soloy y Boca de Balsa, distrito de Besikó y Guariviana, distrito de Kankintú.

La medida del Tribunal de Justicia se sustenta en la ausencia de participación ciudadana, los posibles daños ecológicos que pueden sufrir o esté sufriendo la población y la no existencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), autorizando la ejecución del contrato.

Según el fallo, cualquier actividad minera que se realice sin ajustarse a la legislación vigente atenta contra los valores ecológicos del país, pudiendo provocar graves afectaciones e, incluso, con daños irreversibles.

La autoridad judicial ejerce el deber del Estado para con todos los habitantes del territorio nacional, de propiciar un desarrollo social y económico sin contravenir el equilibrio ecológico y protegiendo los pueblos indígenas.

Eliseo Vargas, dirigente indígena, manifestó que la suspensión de este proyecto constituye un despertar de los organismos del Estado, sobre todo, cuando proviene de la máxima instancia de justicia del país.

Sostuvo que la lucha de los pueblos indígenas no tiene color ni banderías políticas, sino que buscan hacer valer sus derechos sobre el territorio y protegerlo.

La Autoridad Nacional del Ambiente rechazó, el año pasado, el Estudio de Impacto Ambiental, tras argumentar que se encontraba en áreas protegidas y comarcales.

Además, por presentar información inconsistente, pues no establecía cuál será el manejo y disposición de las aguas residuales ni el proceso para remediar derrames.

La Alianza para la Conservación y Desarrollo denunció que esto no ha sido impedimento para que continúen con las exploraciones en el área.

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Ordenan paralizar exploración de oro

Comunidad de Kankintú, afectada por la concesión. LA PRENSA/Carlos Lemos1317653

Mary Triny Zea C.
mzea@prensa.com

La empresa Cuprum Resources Corp. debe detener sus investigaciones de oro y otros metales en cinco zonas de la comarca Ngäbe Buglé y en la provincia de Chiriquí.

El fallo de 24 de diciembre de 2009, bajo la ponencia del magistrado Víctor Benavides en la Sala Tercera Contencioso Administrativa, ordena suspender temporalmente el contrato N°006 de 16 de febrero de 2006.

El líder indígena y demandante César Salazar solicitó la nulidad del contrato, alegando que el Ministerio de Comercio e Industrias otorgó el contrato “sin observar el traslape de la concesión con la Reserva Forestal de Fortuna, que dota de recursos hídricos a la hidroeléctrica con el mismo nombre”. Además, porque se encuentra dentro del bosque protector Palo Seco, un área protegida.

suspensión de exploración minera

Piden cambios en concesión

Para poder obtener su contrato deben salir de las zonas protegidas, dijo Quijano, viceministro de Industrias y Comercio.

mary triny zea c.
mzea@prensa.com

No presentar estudio de impacto ambiental aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente, ni instaurar un mecanismo de participación ciudadana fueron algunos de los argumentos para suspender temporalmente la exploración de oro y otros metales a Cuprum Resources Inc.

Ahora le toca a la minera “rediseñar su concesión”, salir del parque protegido, realizar la consulta ciudadana y hacer el Estudio de Impacto Ambiental para tener derecho a su concesión, dijo el viceministro de Industrias y Comercio, Ricardo Quijano.

La Sala Tercera juzgó con prudencia por tratarse de un asunto delicado, comentó Félix Wing, director legal del Centro de Incidencia Ambiental. “El interés ambiental y de los indígenas está por encima de cualquier otro particular”.

Por su parte, Juan Sevillano, abogado de la Asociación Nacional para la Conservación del Ambiente, destacó que es tarea del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) hacer cumplir lo ordenado.

Para Quijano, “el fallo tiene mérito”, y criticó a la administración pasada del Mici, liderada por Manuel José Paredes por no “percatarse del traslape en las zonas que protegen al Bosque Protector Palo Seco, áreas de la Reserva Forestal La Fortuna y la zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad”.

Se intentó contactar a la empresa y al ex ministro para que dieran su versión del tema, pero no respondieron.

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En Marzo la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá había rechazado un Estudio de Impacto Ambiental categoría I que pretendía legalizar sus acciones in situ, según datos de La Prensa el 19 de Marzo de 2009.

Descartaron a la empresa Cuprum Resources Corp. el estudio de impacto ambiental (EIA) para la exploración minera en cerro Chorcha.
La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) rechazó del EIA principalmente debido a que el proyecto se encuentra en áreas protegidas y comarcales.

Mónica Palm, periodista de Prensa.com explica que “la concesión que tiene Cuprum, desde principios de 2006, es para realizar exploraciones de oro y otros minerales en una superficie de 24.3 hectáreas, repartidas en la provincia de Chiriquí y la comarca Ngöbe Buglé.”

VER RESOLUCIÓN DE RECHAZO DEL EIA: Resolución DIEORA-RECH-033-09

Resolución amenaza integridad del Parque Nacional Volcán BarúB

recursos naturales, inversión hotelera y denuncia de ambientalistas

La sentencia de muerte del Parque Volcán Barú

Una resolución de la Anam permitirá a un inversionista construir un hotel en áreas del parque.

DISPUTA. Este es el área de Paso Ancho en el Parque Nacional Volcán Barú, sitio exacto que pelea el empresario Enrique Morales para construir su hotel turístico. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Boris Gómez

Boris Gómez
Cerro Punta, Chiriquí

nacionales@prensa.com

La creación de la resolución AG-0911-2009 de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), que modifica la zonificación del Parque Nacional Volcán Barú (Pnvb), abrió una caja de Pandora y ha provocado una tormenta de denuncias contra la institución que debe proteger la ecología en el país.

Mientras que los ambientalistas chiricanos aseguran que la resolución no es más que una sentencia de muerte al Parque Nacional Volcán Barú, el empresario Enrique Luis Morales, representante legal de la empresa Stash Investment Inc., y supuesto beneficiado con el cambio de zonificación, aseguró que fue víctima de extorsión por funcionarios de la Anam, a los que no identificó.

“Hubo incongruencias en la zonificación que mantenían nuestros terrenos en una zona de recuperación y nosotros pedimos la rectificación, pero ellos estaban interesados en que les diéramos dinero y no aceptamos esa presión”, dijo Morales.

Por su parte, al referirse al tema en otro medio de comunicación, el administrador general de la Anam, Javier Arias, negó que la resolución sea para favorecer a una empresa en particular.

Esta resolución, aprobada el 30 de octubre pasado, modifica la zonificación del Pnvb y, según los grupos ambientalistas, deja desprotegidas, de un plumazo, alrededor de 800 hectáreas de bosques en recuperación y se ha hecho para beneficiar a Morales, sin tomar en cuenta el daño que viene como secuela de la decisión.

Si se cambia el estatus de los territorios de Morales, entonces cualquier empresario puede habilitar sus territorios para acciones económicas y eso incluye 800 hectáreas que están hoy dentro de la zonas de protección absoluta o de recuperación y pasarán a la categoría de uso extensivo, explicó Damaris Sánchez de la Alianza para el Desarrollo Ambiental de las Tierras Altas (Adata).

Daños al parque

“Es una acción temeraria el cambiar las zonas del parque. Los ríos más importantes de la provincia nacen allí y el avance de proyectos hacia los únicos bosques vírgenes que nos quedan es ponernos la soga al cuello”, aseguró el ambientalista y biólogo Demetrio Miranda.

El daño se extenderá a bosques vitales para los principales ríos del occidente del país cuando empresas privadas sepan que pueden explotar de diversas maneras los territorios del parque, dijo Sánchez.

Las zonas del parque

El plan de manejo del Pnvb fue aprobado en el año 2004. Los estudios se hicieron al iniciar la década.

En este plan se delimitan 6 subzonas que son: de protección absoluta; subzona de recuperación; de uso extensivo; subzona de uso intensivo y dos subzonas especiales.

Las zonas especiales dentro del plan de manejo son la del camino ecoturístico Cerro Punta, Boquete y la zona de amortiguamiento que incluye un cinturón de 10 kilómetros de ancho a partir de los límites del Pnvb y en el que hay varios asentamientos humanos.

En el plan de manejo del parque se explica que las subzonas de protección absoluta están prohibidas las edificaciones. Ambas, según los ambientalistas, abarcan alrededor del 80% del parque que tiene una extensión de 14 mil 322 hectáreas.

En la subzona de uso intensivo, afectada en alguna medida por la mano del hombre, se permitirá la ubicación de áreas de acampar, miradores, senderos y caminos de acceso peatonal.

La zona de uso extensivo ha sufrido un alto grado de alteración humana y en ella se permite la agricultura, ganadería y proyectos de desarrollo.

La historia de Morales

Morales adquirió más de 160 hectáreas a principios de le década. Fue promotor de actividades de mejoras al ambiente y de control de incendios forestales.

Planificaba un desarrollo ecoturístico en la región y al aprobarse el plan de manejo del parque en el año 2004 sus territorios quedaron dentro de la zona de recuperación.

“Acudimos a funcionarios de alto nivel que vieron el error en la zonificación, pero no quisieron hacer la rectificación, pues no quisimos aceptar presiones económicas. Con el nuevo gobierno, vieron la injusticia que se hizo y se ha rectificado el error”, aseguró Morales.

Morales dijo que el plan de manejo se mantiene y que los ambientalistas que están cuestionando la rectificación nunca han combatido desastres naturales. Aseguró que el proyecto ecoturístico de su empresa Stash Investment, Inc. solo va a realizarse con el apoyo constante de la nueva Anam.

“Estas zonas no pueden ser usadas para residencias, sino para hotelería y senderismo, donde se puedan demostrar a estas nuevas generaciones de panameños los recursos naturales que nos quedan y debemos proteger”, dijo Morales.

Por su parte, el director regional de la Anam, Harmodio Cerrud, dijo que el tema se discute en la Dirección de Áreas Protegidas de la sede central de la institución en ciudad de Panamá.

“Solo podemos decir que la resolución cumple con el plan de manejo del Parque Nacional Volcán Barú”, sostuvo Cerrud.

El río que no existe

David Samudio, de Adata, confirmó que en el mapa de zonificación, en efecto, hubo errores, pero de nomenclatura y no de posicionamiento.

Explicó Samudio que en el informe se registra un río llamado Aguacate, pero en la realidad lo que hay es un cerro Aguacate.

Esta definición se ha prestado, desde hace ya varios años, por propietarios de terrenos, para intentar cambiar los límites de las subzonas marcadas en el mapa número siete. “Nos hemos opuesto los grupos ambientalistas a este cambio”, agregó.

De hecho, el Departamento Nacional de Áreas Protegidas de la Anam y las organizaciones ambientalistas ya habían frenado alguna modificación al mapa de las subzonas.

Mañana, lunes 4 de enero, los organismos ambientales inician acciones contra la resolución de la Anam.

“Nuestra primera tarea es la de demostrar que la resolución es una sentencia de muerte”, añadió Cerrud.

Los grupos ecologistas entregarán formalmente a la Anam la solicitud de reconsideración y no descartan presentar ante la Corte Suprema de Justicia un recurso legal contra la resolución, dijo David Samudio, también de Adata.

2010, Año Internacional de la Diversidad Biológica

Biodiversidad 2010

2010, Año Internacional de la Diversidad Biológica

En el mensaje del Día Internacional de la Diversidad Biológica del 22 de mayo de 2009, Ban Kimoon, Secretario General de la ONU” anunció que el 2010 había sido designado el Año Internacional de la Diversidad Biológica y  que  este ano se espera desarrollar sesiones de alto nivel  en la ONU como la décima reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que se celebrará en Nagoya, Japón. Indicó que con estos actos ayudarán a elaborar futuras estrategias para conservar los ecosistemas del planeta.

El control de las especies exóticas invasoras y abordar las otras causas de la pérdida de la diversidad biológica es una tarea cada vez más urgente. Por ello, instó a todos los gobiernos, organizaciones y personas del mundo a que renovar sus esfuerzos para proteger la vida en la Tierra.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, consciente de la necesidad de una educación eficaz para concienciar al público con miras a alcanzar los tres objetivos del Convenio y la meta relativa a la diversidad biológica fijada para 2010, declaró el año 2010 Año Internacional de la Diversidad Biológica en la resolución A/RES/61/203 Documento PDF de fecha 20 de diciembre de 2006.

La Asamblea designó a la secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica como centro de coordinación del Año Internacional de la Diversidad Biológica, e invita a la secretaría a que coopere con otros órganos pertinentes de las Naciones Unidas, los acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente, las organizaciones internacionales y otros interesados, con miras a lograr que se preste más atención en el plano internacional a la cuestión de la pérdida continua de la diversidad biológica.

El 19 de diciembre de 2008, la Asamblea instó a todos los Estados Miembros a cumplir los compromisos asumidos a fin de reducir de manera significativa para 2010 el ritmo de pérdida de la diversidad biológica, para lo que tendrán que prestar la atención debida a esta cuestión en sus políticas y programas pertinentes (resolución 63/219 Documento PDF). Invitó a los Estados Miembros a establecer comités nacionales que incluyan a representantes de comunidades locales y aborígenes, para celebrar el Año, e invitó a las organizaciones internacionales a sumarse a las conmemoraciones.

Fotografías de Flora y Fauna.

Fuente: ONU. Edición: Burica Press

Ganadería destruye la Amazonía

BIODIVERSIDAD EN PELIGRO

Explotación ganadera daña Amazonía

Ministro del Medio Ambiente de Brasil, Carlos Minc lamenta pérdida de bosques.
Los bosques son codiciados por el hombre por la industria maderera, pero también para el desarrollo de la ganadería

EFE REPORTAJES

MADRID. Uno de los mayores escollos es el que representa la postura de Brasil ante la deforestación y explotación de la Amazonía, cuya riqueza, en tiempos de crisis, está siendo tratada de forma desaforada.

El mayor pulmón del planeta, que lo representa la Amazonía, es al mismo tiempo uno de los mayores perjudicados por las agresiones humanas y, por lo tanto, uno de los mayores causantes de efecto invernadero que destruyen el medio ambiente. Pero no sólo la tala de árboles de la que tanto se habla en los medios de comunicación es la causante, la industria ganadera en expansión y sin control durante los últimos años devasta este bosque fundamental para la vida.

Los bosques mantienen los ecosistemas al acumular grandes cantidades de carbono que de no ser retenidos por ellos contribuyen al cambio climático. Además de esta misión esencial para la conservación del medio ambiente, en los bosques sobrevive la cultura de pueblos indígenas, comunidades y más de la mitad de las plantas y de las especies animales terrestres del planeta.

La Amazonía almacena entre 80.000 y 120.000 millones de toneladas de carbono y su destrucción supondría la liberación de una cantidad de GEI (gases de efecto invernadero) equivalente a cincuenta veces las emisiones producidas anualmente por Estados Unidos.

BRASIL, SEGUNDO PAÍS DESTRUCTOR DE MASA FORESTAL EN EL MUNDO

Al ritmo de la deforestación de la Amazonía esto podría llegar a ocurrir, pues registra la mayor tasa de deforestación anual del mundo.

Según el gobierno brasileño, la industria ganadera es el máximo responsable de ello, con la destrucción de un 14 por ciento de la masa forestal. Se calcula que en los últimos años los ganaderos están destruyendo una media de una hectárea de selva amazónica cada 18 segundos, lo que hace que se sitúe en segundo lugar tras Indonesia de países destructores de masa forestal.

La suma de las extensiones de las fincas ganaderas instaladas ocupa aproximadamente el 80% de las áreas amazónicas deforestadas, y en ellas los mayores incentivos los proporcionan una mano de obra barata y la ausencia de una regulación que sea respetada en la zona.

Según datos de Greenpeace procedentes de observaciones realizadas por satélite entre los años 2006 y 2007 y de los permisos de deforestación, el resultado es que más del 90 por ciento de la actual deforestación es ilegal.

Debido a la crisis que está afectando a nivel mundial, el gobierno brasileño ha decidido promulgar leyes que dejan manos libres a los ganaderos y agricultores instalados en este pulmón de la Tierra, en lugar de adoptar una política tendente a preservar las tierras amazónicas. Consecuencia de ello es también la aportación de capital para promover la expansión de las infraestructuras ganaderas.

Estas tierras que han sido usurpadas ilegalmente estarán protegidas, además, por un proyecto de ley que ya se ha presentado ante el gobierno brasileño que concede derechos de propiedad a los usurpadores.

La situación de legalidad de estas tierras ha sido siempre un tema muy confuso por la falta de control sobre los títulos de propiedad y la ambigüedad de su legislación en la que siempre ha primado los intereses creados.

Como consecuencia de este panorama, en los últimos diez años, la industria ganadera brasileña ha experimentado un rápido crecimiento que ha hecho de Brasil el país poseedor de la mayor cabaña ganadera comercial del mundo y le ha convertido en el mayor exportador de carne de vacuno, así como de cuero curtido, cuyo mercado comparte con China.

El pasado año, el comercio ganadero brasileño alcanzó un valor total de 6.900 millones de dólares en el mercado de carne vacuno, cota que el gobierno prevé doblar para el año 2018.