Atentado contra el Parque Internacional La Amistad

anam investiga violación de la ley ambiental

Atentado contra el PILA

Dos alcaldes, el de Renacimiento y el de Changuinola, otorgaron permisos para abrir una carretera.

CARRETERA. 400 metros del Parque Internacional La Amistad fueron devastados. Gracias a la acción de los guardaparques un tractorista, que abría un paso, no logró derribar más bosque. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Boris Gómez

Boris Gómez
Río Sereno, Chiriquí

nacionales@prensa.com

En la tarde del 27 de enero pasado, el tractorista costarricense Elvin Barrantes fue sorprendido con una pala mecánica en el Parque Internacional La Amistad (PILA) mientras cortaba el vientre de la montaña.

Fue en la zona conocida como Jurutungo. El plan de manejo del PILA indica que este es un sector de protección absoluta, por lo que la construcción o corte de carreteras está prohibida.

Barrantes fue detectado por ambientalistas de la Asociación de Productores Agroecológicos La Amistad (Adpaela), quienes habían montado un operativo de vigilancia con 48 horas de antelación para lograr que la Anam detuviera los trabajos.

Un guardaparque de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) levantó un expediente por delito ecológico y advirtió al tractorista que suspendiera el corte.

Cledis Amado Pittí, de Adpaela, dijo que la comunidad vio entrar la pala mecánica a territorio panameño y advirtió inmediatamente a la Anam.

La Anam le advirtió al tractorista que si iba a hacer trabajos tenía que ser fuera de los límites del parque. El costarricense sabía que era una violación ingresar a la zona protegida y en la inspección que se registró en la tarde del 27 de enero se le encontró con las manos en la masa, dijo Pittí.

Alcaldes serán investigados

Pero el tractorista no actuó solo. Llevaba el permiso de dos autoridades administrativas.

Harmodio Cerrud, director regional de la Anam, declaró que el tractorista mostró permisos para hacer supuestas mejoras al sendero que comunica a Nueva Zelandia (distrito de Changuinola) con los límites del distrito de Renacimiento. Este sendero se usa para colonos de zonas montañosas y como ruta ganadera.

Los permisos que mostraba el tractorista los firmaron los alcaldes de Renacimiento y Changuinola, Onelio Guerra y Lorenzo Luis Baker, respectivamente.

“Aquí se quiere hacer ver que lo que se quiere es limpiar un camino cuando en realidad lo que se quiso hacer fue partir la montaña y por eso los alcaldes serán investigados”, dijo Cerrud.

Añadió que hace seis meses se les dijo a las autoridades del municipio de Renacimiento que no se podía hacer esta obra, aunque hubiese solicitudes de la comunidad.

“Las autoridades administrativas deben saber que cuando hay una zona protegida ellos no tienen jurisdicción para dar permisos para carreteras. La Anam es la que otorga los permisos y para acciones como esta se necesita un estudio de impacto ambiental (EIA)”, explicó Cerrud.

La Anam abrió un expediente en el que se investigará a cada alcalde por su supuesta responsabilidad en un delito ecológico dentro del PILA.

Cuestionan a ambientalistas

Por su parte, el alcalde Onelio Miranda dijo que no le preocupa la denuncia, pero sí el doble discurso de los grupos ambientalistas.

“Los ambientalistas respaldan la gestión y esconden la mano. Ellos les ofrecieron su respaldo a los productores de la montaña y no se opusieron a la limpieza del camino”, dijo Miranda.

Los productores están organizados en un grupo denominado Comité Pro Camino Público de Nueva Zelandia en los límites del distrito de Renacimiento. Los permisos fueron otorgados en Changuinola mediante la resolución 29 del año 2009 y en Renacimiento por la resolución 01 de 2010.

Según Miranda, más de 300 productores sufren el mal estado del camino y les es muy difícil el traslado de productos desde sus apartadas zonas.

Abuso contra la naturaleza

Para los ambientalista de la Alianza para el Desarrollo Ambiental de las Tierras Altas (Adata) la construcción de una carretera en medio del PILA se convierte en un atentado contra la integridad del parque.

El PILA es considerado por la Unesco como patrimonio mundial, sin embargo, la ganadería dentro del parque, la creación de asentamientos humanos, cacería y la deforestación atentan contra esta calificación, aseguró David Samudio de Adata.

Damaris Sánchez, también de Adata, señala que es inadmisible que un alcalde viole la Ley General de Ambiente y espera que haya seriedad en las investigaciones y sanciones ejemplares.

“Quienes tengan terrenos dentro de áreas protegidas deben tener claro que es importante conservarlas y buscar alternativas de desarrollo sostenible y recuperación de estas zonas boscosas. No es violando normas y leyes como se puede contribuir al desarrollo”, dijo Sánchez.

6 mil personas se quedan sin agua

El delito fue detectado a tiempo, pero el tractorista dañó un acueducto de agua potable. Solo pudo cortar 400 metros de carretera, pero a los usuarios del acueducto de Monte Lirio les queda la molestia de reparar la línea de distribución de agua.

José María Saldaña, fiscal del Comité de Acueducto de Monte Lirio, dijo que desde el 27 de enero estaban sin agua en la comunidad y que le pide tanto a las autoridades como a quienes contrataron el tractor que den la cara ante el daño perpetrado.

Hidroeléctricas destruyen la naturaleza

Es evidente que la Ley General de Ambiente está siendo violada, ya que la normativa anexa a esta ley establece la obligatoriedad de desarrollar una Evaluación Ambiental Estratégica de las políticas y planes macros de desarrollo.  Es evidente que en el tema de energía no existe una politica debidamente aprobada y con el visto bueno de la sociedad civil, ya que tenemos gobiernos autoritarios que no están interesados en cogobernar con la sociedad en la toma de decisiones que nos afecta a todos.

Mientras se siga permitiendo que tecnócratas con intereses creados decidan desde un escritorio lo que se tiene que hacer en el país con los recursos de todos los panamenos estamos cayendo en irresponsabilidad ciudadana.

En el caso de los chiricanos, simplemente se les ha ignorado a conveniencia de los intereses que almuerzan y cenan juntos en la ciudad de Panamá mientras destruyen importantes ríos como el Chiriquí Viejo, Piedras, David, Changuinola, Bonyic y decenas de otros ríos.

Burica Press

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Energía hídrica

Hidroeléctricas retan a la naturaleza

Ambientalistas chiricanos acusan a las autoridades del avance de proyectos sin importarles las afectaciones.

ENERGÍA. En Chiriquí se construyen 15 proyectos hidroeléctricos que entrarán a competir en el mercado, con el objetivo de abaratar la tarifa de energía a la población. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Sandra Alicia Rivera

sandra alicia rivera
dolega, chiriquí

nacionales@prensa.com

La construcción de hidroeléctricas en el distrito de Dolega afecta los acueductos y potabilizadoras del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), situación que a la larga tendrá efectos negativos en toda la población.

Y la situación se agrava aun más si se toma en cuenta que las autoridades competentes en la ciudad de Panamá otorgan los permisos para construir hidroeléctricas con desconocimiento, sin inspeccionar las áreas y sin consultar a las autoridades locales.

Aunado a la anterior situación, existe un pueblo dormido que no despierta ante los atropellos que cometen las multinacionales en Chiriquí.

Raquel Coba de Boyd, ambientalista de la Asociación Colibrí, dijo que están preocupados porque no solo la hidroeléctrica en el río Cochea perjudica los acueductos y las potabilizadoras, sino también la de Los Anastacios.

En el río Cochea, donde se construye una hidroeléctrica, se encuentra una potabilizadora que provee de agua potable a toda la parte baja de los distritos de Dolega y David, así como el corregimiento de Los Algarrobos.

Coba de Boyd explicó que en la parte media alta del río, los fuertes aguaceros provocan desastres naturales, y que ahora con la construcción de hidroeléctricas la situación será peor.

Los ambientalistas solicitaron al alcalde de Dolega, Lino Pittí, que haga una convocatoria distrital y provincial para que sea el pueblo chiricano el que decida qué hacer con sus aguas. Lo que no se puede permitir es que cada gobierno que llega al poder permita el abuso de los recursos naturales.

Por su parte, el alcalde Lino Pittí se comprometió a conversar con las empresas que construyen hidroeléctricas para tratar de que si se desarrolla el proyecto, tengan toda la documentación en regla; es decir, la aprobación de la Autoridad Nacional de Ambiente (Anam) y de la Autoridad de los Servicios Públicos, así como cumplir con la consulta pública que establece la ley.

“Entendemos la preocupación de los ambientalistas, por lo que vamos a estar pendientes de las afectaciones en bosques, árboles y del recurso agua, aunque ellos pueden interponer un recurso en contra de la empresa, en caso de que exista un abuso al ambiente”, agregó Pittí.

La Prensa intentó conocer la versión del director regional del Idaan, Zenón González, pero este funcionario comunicó que tienen restricciones para ofrecer entrevistas a los medios de comunicación.

En la provincia de Chiriquí operan tres hidroeléctricas y existen 15 en construcción. En 2007 existían 42 estudios de impacto ambiental aprobados por la Anam a empresas interesadas en entrar al mercado energético. Los ambientalistas han denunciado que los proyectos se construyen a costa de la destrucción de la naturaleza.