Interconexión eléctrica con Colombia pretende intervenir la selva de Darién

Interconexión eléctrica de Colombia y Panamá respetará selva del Darién

Cartagena (Colombia), 24 jun (EFE).- El Gobierno de Panamá realiza un minucioso estudio del impacto que podría causar en la selva virgen del Darién la línea de interconexión eléctrica terrestre entre ese país y Colombia.

El secretario de Energía de Panamá, Juan Manuel Urriola, señaló hoy a Efe que en la actualidad se ha avanzado mucho en ese estudio ambiental “para conocer realmente los impactos, no queremos descartar a los ambientalistas”.

“El estudio de impacto ambiental se está realizando ya que la otra posibilidad que es la (interconexión por vía) marítima costaría del orden de los 60 millones de dólares más”, indicó.

Urriola precisó que la interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá costaría aproximadamente 600 millones de dólares asumidos por mitades, 300 millones por la colombiana ISA e igual suma por la panameña Etesa.

El secretario de Energía panameño agregó que Colombia tiene un potencial de “unos cuatro mil megavatios por arriba de su demanda y puede poner esto en el mercado centroamericano, en competencia y a precios más baratos”.

Asimismo, indicó que se tratará de intervenir lo menos posible en la selva del Darién puesto que se busca “bordear cerca de la costa la línea de transmisión proyectada, no es que vayamos a partir el tapón del Darién”.

El secretario panameño advirtió que del lado colombiano todos los permisos y estudios medioambientales están preparados para construir la línea hasta la frontera con Panamá y dijo que espera que el proyecto esté listo para 2014 ó 2015.

Urriola asiste como invitado a la Ronda Colombia 2010, que tiene lugar hasta mañana en la caribeña Cartagena de Indias y en la que se ofrecen bloques de exploración petrolera en territorio colombiano. EFE (24 de junio de 2010)

Ley 30 tiene vicios inconstitucionales, ilegales e inmorales

ANÁLISIS

Un procedimiento muy singular

El decreto ejecutivo que prorrogó las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional, nada dice sobre la modificación de varios códigos de la República.

ESTRATEGIA. El presidente de la Asamblea, José Luis Varela; la ministra de Trabajo, Alma Cortés, y el presidente de la Comisión de Transporte, Marcos González, durante el polémico debate. LA PRENSA

LINA VEGA ABAD
lvega@prensa.com

“Lo que se ha dicho en estos días contra esta ley son falacias… se cumplió con el procedimiento legislativo”, afirmó con su habitual rotundidad José Raúl Mulino, justo después de tomar posesión de su nuevo cargo como ministro de Seguridad. “El Presidente sancionará la ley mañana”, remató, acabando con las esperanzas de diversos grupos de la sociedad panameña, desde empresarios hasta sindicalistas, pasando por ambientalistas, estudiantes y políticos de oposición, que pedían el veto presidencial.

Sin embargo, hay detalles que contradicen las tajantes afirmaciones del señor ministro.

Por ejemplo, si bien el llamado a sesiones extraordinarias de la Asamblea es una prerrogativa del Ejecutivo por mandato constitucional, existen ciertas formalidades que cumplir. Así, el artículo 149 de la Constitución establece que la Asamblea también se reunirá “en legislatura extraordinaria, cuando sea convocada por el Órgano Ejecutivo y durante el tiempo que este señale, para conocer exclusivamente de los asuntos que dicho órgano someta a su consideración”.

Así, el 3 de junio de 2010, el Ejecutivo decidió prorrogar las sesiones extraordinarias que ya había convocado desde el 14 de mayo de 2010 pues, al parecer, el tiempo no les había alcanzado para su maratón reformador.

Se expide entonces el Decreto Ejecutivo 505 por el que el Presidente de la República prorroga las sesiones extraordinarias de la Asamblea. Dicho decreto enumera los temas que serían materia de las citadas sesiones extraordinarias, y en esa enumeración se incluye un proyecto sobre aviación comercial identificado así: “Proyecto de ley que adopta medidas para promover el desarrollo sostenible de la aviación comercial, actividades de desarrollo y dicta otras disposiciones”.

Las “otras disposiciones” aludidas en el título del proyecto no eran poca cosa: incluían reformas a tres códigos nacionales y modificaciones a otras leyes de alto perfil, como la Ley General de Ambiente o la de la Policía Nacional. Pero no solo el citado decreto ocultó el contenido de la reforma propuesta. Cuando el entonces ministro de Gobierno llevó el proyecto a la Asamblea el 7 de junio, habló sobre la conveniencia de potenciar la aviación comercial y, sin más, se marchó del hemiciclo legislativo. Nada dijo de las otras reformas que el proyecto involucraba.

¿Por qué calló? ¿Por qué nada dijo de las reformas a los códigos Penal, Judicial y de Trabajo, o de la eliminación de los estudios de impacto ambiental de la Ley General de Ambiente o las nuevas regulaciones sobre el derecho a huelga?

Sea cual sea la razón, lo cierto es que el citado decreto ejecutivo no estableció –en blanco y negro– que los códigos Penal, Judicial y de Trabajo serían reformados durante las sesiones extraordinarias, así como tampoco las otras seis leyes modificadas, incumpliéndose la exigencia constitucional.

Pero hay más. Los artículos 159 y 164 de la Constitución establecen que los códigos de la República requieren para su modificación una ley orgánica, así como su aprobación por parte de una mayoría absoluta de los miembros del Órgano Legislativo. Pues bien, tres códigos fueron modificados mediante una ley ordinaria sobre “aviación comercial”, en contravención a lo que al respecto señala la Constitución.

Con relación a las ilegalidades del proceso, baste mencionar que, por ejemplo, el artículo 59 del reglamento interno de la Asamblea –que es ley de la República– establece que la Comisión de Salud y Desarrollo Social “Tendrá como funciones estudiar y proponer proyectos de ley y emitir concepto sobre los siguientes temas: 1. Los asuntos o aspectos relacionados con leyes laborales…”. Lo mismo señala el artículo 64 del mismo reglamento con relación a la Comisión de Población y Ambiente, y los proyectos vinculados al tema ambiental.

Como se sabe, no fue esto lo que ocurrió en la Asamblea, y todas las modificaciones a códigos y leyes tuvieron un primer debate en la Comisión de Transporte.

“Se ha hecho antes”, alegó con evidente molestia el aún presidente de la Asamblea, José Luis Varela, en algún momento del movido debate de la polémica ley, mientras se regodeaba sacándole en cara a sus colegas del Partido Revolucionario Democrático, todos los precedentes.

“Somos un gobierno de acción y para ello se requiere desburocratizar el Estado”, explicó Varela durante el tercer debate, en relación a la eliminación de los estudios de impacto ambiental, en lo que fue prácticamente la única explicación que el oficialismo dio sobre las reformas durante el proceso legislativo. Hasta ese momento –tercer debate– los diputados oficialistas se habían limitado a dar el habitual manotazo en silencio.

Y es que todo en este proceso se hizo al revés. Esta semana, y ya con el proyecto esperando solo la sanción presidencial obtenida el miércoles 16 de junio, los ministros salieron como soldados a explicar en cada programa televisivo y radial existente, el proyecto que nunca fue explicado en la Asamblea Nacional.

“Gobernar es decidir”, aseveró el ministro Mulino poniéndole punto final al tema. Sin embargo, los grupos ambientalistas, los defensores de los derechos humanos y los sindicatos dicen que la lucha apenas comienza.

Convocatoria: sociedad civil intenta crear agenda nacional de desarrollo y democracia

Prólogo

Es importante destacar que para que no se pierda la esencia de la Sociedad Civil es  imprescindible que todas estas iniciativas sean realizadas desde el propio seno de la sociedad civil convocada y nunca desde el gobierno u otro grupo de poder. Caer en este tipo de emboscadas tramposas como se hizo durante los gobiernos de Ernesto Pérez, Mireya Moscoso, Martín Torrijos y ahora se sigue dando bajo el régimen de Ricardo Martinelli, lo que ha propiciado que quien convoca dirige el debate y dictan las pautas y con ello han logrado desarticular valiosos documentos de gobernabilidad como la Visión 2020, la Ley de Participación Ciudadana,  entre otras y así han evitado consultas reales con la sociedad  civil del país en un ámbito de real democracia hacia un real desarrollo humano, que es la base y fundamento del desarrollo integral, que nunca ha sido ni debe ser el crecimiento del Producto Interno Bruto, como han pretendido los amos de la caverna locales, que siguen siendo egoístas y injustos con la sociedad panameña.

Felicitamos por esta iniciativa ciudadana a los organizadores y le deseamos el mayor de los éxitos.

Construyendo democracia con participación ciudadana. Esa debe ser la consigna. El autoritarismo centralizado en autoridades electas es la peor forma de gobierno.

Burica Press

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Convocatoria a activistas y organizaciones ciudadanas

Por medio de la presente se invita a activistas y organizaciones de la sociedad civil, asociaciones, gremios o movimientos sociales a participar en el Foro: “Aporte de la sociedad civil a la democracia y el desarrollo nacional”. Esta actividad  pretende sentar las bases para la articulación nacional de un espacio denominado Asamblea de sociedad civil  y retomar  los insumos para la creación de una agenda nacional de desarrollo y democracia según los lineamientos del documento Visión 2020 y la Concertación Nacional para el Desarrollo y otras propuestas democráticas.

Sociedad Civil

Sociedad Civil de Panamá quiere un mejor futuro con real democracia y no con autoritarismo. Foto: C. Figueroa

El Foro será un espacio de diálogo democrático e incluyente, que debe animar al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y unificar esfuerzos en torno al  debate sobre  los temas más importante del país.

Adjuntamos la ficha de inscripción y le invitamos a que la envíe a info@alianzaprojusticia.org.pa

FORMULARIO DE INSCRIPCION PARA EL FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Fecha del evento: 17 de Julio 2010
Horario: 7:30 a.m. a 6:00 p.m
Lugar:   Universidad Latina

Carácter: Foro Nacional con presencia de diversos actores sociales de provincias y comarcas.

Convocan:

Centro de Estudios y Acción Social Panameño, Comisión de Justicia y Paz, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Unión Nacional de Abogadas,  Alianza Ciudadana Pro Justicia, Conciencia Ciudadana, Centro de Incidencia Ambiental, Voces Ecológicas, Centro de Estudios y Capacitación Familiar, Consumo  Ético, Asociación Panameña de Derecho Constitucional, Centro de Asistencia Legal Popular, Central General Autónoma de Trabajadores Panameños, Central Nacional de Trabajadores de Panamá, Centro de Iniciativas democráticas  de la Universidad Latina.

“Ley Langosta” ya tiene tres demandas en la Corte

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

La ‘ley langosta’ y sus 3 demandas

La Ley 30 (conocida como Ley Chorizo o Ley Langosta) ha sido demandada por inconstitucional ante la máxima corporación de justicia. El magistrado Alejandro Moncada Luna es el ponente. Hay una huelga programada para presionar por la anulación
DEIVIS ELIECER CERRUD
dcerrud@laestrella.com.pa

PANAMÁ. La batalla contra la repudiada Ley 30 de 16 de junio de 2010, conocida como ‘ley langosta’, y que provocó la unión de sectores sociales históricamente opuestos que amenazan con una huelga general para que se derogue, se ha trasladado al alto tribunal de justicia panameño.

Hasta el momento se han presentado tres demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para que la norma sea anulada.

La ‘ley langosta’, que modifica los códigos de Trabajo, Judicial y Penal, además de seis leyes diferentes, en medio de legislación de aviación, mantiene una disputa entre grupos ambientalistas, sindicales, opositores y el gobierno.

Un punto recurrente en las bases de demandas es que la Asamblea Nacional fue convocada por el Ejecutivo para tratar materia de aviación nacional, pero no otros temas.

Incluso, se expone como fundamento que no se cumplió con la obligación de llevar las materias a las respectivas comisiones.

UNIÓN DE GRUPOS

Tal como lo habían anunciado, ayer una treintena de organizaciones sindicales, ambientales, médicas y sociales presentaron ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra la ‘ley langosta’. Diez abogados, encabezados por los ex procuradores generales de la Nación Rogelio Cruz y Rafael Rodríguez, así como los ex fiscales Rolando Rodríguez y Carlos Herrera Morán, llevaron la demanda grupal.

‘Esta es solo la primera de tres demandas que se presentarán esta semana, porque se violó el procedimiento de la Asamblea’, afirmó Saúl Méndez, del Suntracs.

La demanda es sustenta en 9 hechos que, según los demandantes, la viciaron.

Se plantea presentar otra demanda el próximo viernes 25 de junio, pero tocando temas específicos de los sectores laborales y del ambiente.

No todo acaba allí. En horas de la tarde, el Movimiento de Abogados Gremialistas, cuyo presidente es el ex procurador Cruz, presentó otra demanda de inconstitucionalidad en nombre del gremio de abogados.

PRIMERA DEMANDA

La primera demanda por inconstitucionalidad la presentó el pasado jueves 17 el abogado Ernesto Cedeño, doctor en Derecho.

Cedeño explicó que se violó el bloque de la constitucionalidad cuando se presentan sesiones extraordinarias.

‘El Estado no honra políticas serias’, denunció, al tiempo que advirtió que se violó el Reglamento Interno de la Asamblea y el procedimiento de discusión de proyectos.

En medio de críticas y una Asamblea sitiada por antimotines, los diputados aprobaron en tercer debate el proyecto 177 el pasado sábado 12 de junio.

El Palacio Gil Ponce informó que todas las demandas presentadas contra la Ley 30 serán tratadas por el magistrado Alejandro Moncada Luna.

Panameños siguen demandando derogar Ley 9 en 1

Marcha pacífica llega a la Presidencia

Miles demandan derogar ley 9 en 1

El rechazo a la polémica Ley 30 ha unido a sindicalistas, empresarios, estudiantes, profesores, ambientalistas y profesionales diversos.

repudio. Miles de personas pertenecientes a más de 60 gremios marcharon por la capital para exigir la inmediata derogatoria de la nueva legislación. LA PRENSA/Carlos Lemos

Isidro Rodríguez
irodriguez@prensa.com

A pocos días de cumplir su primer año en el poder, el mandatario Ricardo Martinelli enfrentó su primera marcha multitudinaria de rechazo a su gestión, convocada por más de 60 organizaciones sindicales y sociales para demandar la derogatoria de la polémica Ley 30 (conocida como 9 en 1).

Bajo una pertinaz lluvia, miembros de sindicatos, ambientalistas, médicos, docentes, servidores públicos, estudiantes y grupos de la sociedad civil, marcharon para exigir la derogatoria de la ley que reformó tres códigos y seis leyes nacionales.

La ley, la más polémica aprobada por la actual administración, establece –entre otras cosas– la posibilidad de eliminar la evaluación ambiental oficial, y limita el derecho a huelga.

Con pancartas con mensajes como “Panamá no se vende” y gritando consignas contra el gobierno y los diputados, los manifestantes recorrieron pacíficamente la ruta que los condujo desde el parque Porras hasta la Plaza de la Independencia, cerca del Palacio Presidencial.

Al llegar a las inmediaciones del Palacio de las Garzas, los manifestantes entregaron una carta al mandatario en la que demandan la derogatoria de la ley. También convocaron para otra manifestación el 29 de junio.

Gremios como el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados analizarán la posibilidad de llamar a una huelga general.

En David, Chiriquí, y en otras comunidades del interior del país también se realizaron manifestaciones de protesta.

En la mañana de ayer, el presidente, Ricardo Martinelli, calificó la polémica ley como “necesaria”, y aseguró que no la derogará.

polémica legislación que reformó tres códigos y seis leyes nacionales

Miles repudian la ley 9 en 1

A pocos días de cumplir un año en el poder, el gobierno de Martinelli enfrenta la primera protesta multitudinaria por polémica legislación.

manifestantes. Con pancartas contra ministros de Estado y gritando consignas, los participantes exigieron la derogatoria de la Ley 30 y amenazaron con realizar una huelga general si no se deroga. LA PRENSA/Eduardo Grimaldo

Isidro Rodríguez
irodriguez@ prensa.com

Bajo una pertinaz lluvia, miles de personas pertenecientes a grupos ambientalistas, sindicatos obreros, educadores, médicos, estudiantes y servidores públicos, marcharon ayer de forma pacífica para demostrar su repudio a la recién sancionada Ley 30, que reformó los códigos de Trabajo, Penal y Judicial, así como otras seis leyes.

Los primeros en llegar al lugar del inicio de la manifestación –el parque Porras– fueron los miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción (Suntracs).

A las 4:30 p.m., tras esperar que la lluvia amainara, partió la marcha.

A pesar de que la mayoría de los manifestantes eran miembros del Suntracs, fue también notoria la participación de jóvenes miembros de distintas organizaciones que luchan por el ambiente. “El Gobierno quiere vender a Panamá”, denunciaban.

También marcharon dirigentes de gremios médicos y de docentes.

Los manifestantes tomaron por la Avenida Perú y luego por Calidonia. Desde los balcones, la gente aplaudía. “Si se unen los mirones no nos vencerán”, fue la respuesta de los manifestantes.

Al pasar por la Asamblea Nacional, los manifestantes se detuvieron y gritaron consignas contra los diputados: “ahí están, esos son, lo que venden la nación”.

La marcha continuó por la Peatonal y la Avenida B para entrar a San Felipe, llegando a los predios del parque Catedral a eso de las 6:00 de la tarde. Ahí encontraron a los antimotines, que resguardaban férreamente el área.

Jaime Cohen, secretario de asuntos comunitarios, salió a recibir a la comitiva designada por los manifestantes. “Me retiro porque aquí no hay nada que hacer” fue su comentario, tras recibir una carta dirigida al presidente, Ricardo Martinelli, que le entregó el dirigente magisterial Mario Almanza.

Luego, dirigentes de cada gremio participaron en un corto mitin, retirándose pacíficamente antes de las 7:00 de la noche.

CONTRADICCIONES

En la mañana de ayer, el presidente Martinelli aseguró que “es lo que más le conviene al país”, mientras que su vicepresidente, Juan Carlos Varela, habló de que “nada está escrito en piedra”.

En sus primeras declaraciones sobre el tema tras retornar al país, el Presidente aludió a los errores en la divulgación cometidos por el gobierno, pero que de haberse hecho en leyes separadas, las reformas hubieran tardado años en aprobarse.

Martinelli negó que la ley es “una licencia para que los policías maten”, como se ha denunciado, y calificó de “falso” el hecho de que no se exigirán los estudios de impacto ambiental.

Con respecto a las reformas al Código de Trabajo, Martinelli dijo lo mismo que se ha estado escuchando de boca de sus ministros: que se trata de recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

(Con información de Mary Trini Zea)

EL LUNES PRESENTAN ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD

El secretario de Derechos Humanos del Colegio Nacional de Abogados, Carlos Herrera Morán, y el presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas, Rogelio Cruz, anunciaron que este lunes presentarán una demanda de inconstitucionalidad contra la recién sancionada Ley 30.

Herrera destacó que de esta acción legal participan todas las agrupaciones y gremios ambientales, sindicalistas, profesionales y ciudadanas que se oponen a la norma, por ser esta violatoria de los derechos humanos y la Constitución. Según Cruz, la nueva ley permitirá que miembros de la Fuerza Pública asesinen y no sean investigados. “Esto es impunidad”, expresó.

Félix Wing, del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), opinó que detrás de la aprobación de la Ley 30 hay intereses de empresas que licitan con el Estado. Saúl Méndez, del Suntracs, también aludió a intereses ocultos.

Eduardo Mendoza