Sanción de la “Ley Chorizo” causa repudio generalizado

Sanciona ley 30 de 2010

Ejecutivo ignora repudio ciudadano a la ley 9 en 1

La ley reforma los códigos ‘de Trabajo’, ‘Penal’ y ‘Judicial’, así como seis leyes entre las que están la de la Policía, la de Ambiente y de Contrataciones Públicas.

Isidro Rodríguez
irodriguez@prensa.com

Ignorando el clamor de de ambientalistas, empresarios, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y estudiantes, el presidente, Ricardo Martinelli, sancionó la ahora llamada Ley 30 de 2010, “que dicta medidas para promover el desarrollo de la aviación comercial, reforma normas laborales y penales, y adopta disposiciones para posibilitar la ejecución de proyectos de interés nacional”. Atrás quedaba la escueta denominación original del proyecto que llegó a la Asamblea en sesiones extraordinarias el 7 de junio pasado, y que solo hablaba de aviación comercial y “otras disposiciones”.

Menos de 24 horas después de su llegada al país, y sin hacer declaración pública alguna, el Palacio de las Garzas informó de la sanción presidencial.

Los grupos ambientalistas habían sido invitados a la Presidencia en la tarde de ayer para reunirse con Martinelli, pero la reunión se canceló.

Grupos marcharán y demandarán la nueva ley

Unos 60 grupos que luchan a favor del ambiente, advirtieron que los cambios a la Ley General de Ambiente –que excluye los proyectos que así decida el Gobierno del proceso de evaluación ambiental– afectarán el financiamiento que recibe Panamá de organismos internacionales. Hoy, ambientalistas, sindicatos y otros grupos marcharán hasta la Presidencia, como muestra de rechazo a la Ley 30 (9 en 1), y mañana presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte.

Isidro Rodríguez

Sancionan reformas a los códigos ‘de trabajo’, ‘penal’ y ‘judicial’, así como a otras seis leyes

Martinelli no escuchó al país

Más de 60 grupos de ambientalistas, gremios empresariales, sindicatos, médicos, docentes, entre otros, pidieron sin éxito el veto a la ley.

GOLPE. Zuleika Pinzón, presidenta del Comité Panameño de UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), y representantes de otras organizaciones ambientalistas del país, expresan su decepción y preocupación por la sanción presidencial a la ley que modificó, entre otras cosas, la Ley General de Ambiente. LA PRENSA/Jihan Rodríguez

isidro rodríguez
irodriguez@prensa.com

Tras conocerse que el presidente, Ricardo Martinelli, había sancionado la Ley 30 –que reforma los códigos de Trabajo, Penal, Judicial, así como seis leyes–, los grupos que se opusieron a la también llamada ley 9 en 1 anunciaron nuevas acciones de rechazo.

En la tarde de ayer, 60 organizaciones que luchan a favor del ambiente repudiaron la acción presidencial que ignoró su petición de veto hecha pública durante una marcha de protesta del pasado martes.

Félix Wing, en representación de estas organizaciones, calificó de “bochornoso” el hecho de que los habían invitado a una reunión a las 3:30 p.m. en la Presidencia a dialogar, a pesar de que la ley había sido ya sancionada.

Wing comentó que las organizaciones ambientales del mundo están asombradas por el grave retroceso que representa la nueva legislación para Panamá.

El activista agregó que la norma que excluye del proceso de evaluación ambiental los proyectos que el Gobierno decida, viola convenios comerciales, de derechos humanos y ambientales. “Los únicos beneficiados de la eliminación de los estudios de impacto ambiental son los grandes intereses económicos, tanto nacionales como internacionales”, denunció.

Los ambientalistas no se darán por vencidos, y en los próximos días presentarán los recursos legales que correspondan ante la Corte Suprema de Justicia y los organismos internacionales.

Gabriela Etchelecu, de la Fundación MarViva, comentó que tienen información de que lo sucedido pone en peligro el financiamiento que pueda dar para proyectos el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial a Panamá.

Empresarios

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), la Cámara de Comercio, industrias y Agricultura de Panamá, y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) enviaron misivas ayer al mandatario para intentar detener la sanción presidencial. Tampoco fueron escuchados.

La SPIA considera que la nueva legislación choca con otras normas que rigen la figura del ingeniero residente en las obras, creando una gran confusión legal.

Por su parte, Gaspar García de Paredes, del CoNEP, lamentó la sanción al proyecto que, dijo, se aprobó sin las consultas correspondientes a los sectores del país.

Nueva Marcha

Los ambientalistas hicieron un llamado a la ciudadanía para que participe de la marcha convocada para hoy a las 4:00 p.m. por los movimientos sindicales, y que partirá del parque Porras en dirección a la Presidencia de la República.

Genaro López, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, y Samuel Rivera, de la Central General de Trabajadores de Panamá, invitaron a la población a la marcha, y lamentaron que el mandatario no escuchara la voz de la ciudadanía.

Los dirigentes sindicales no descartaron que el movimiento en rechazo a esta ley –que modificó el régimen legal de la huelgas– termine en una convocatoria a una huelga general.

Por su parte, Fernando Castañeda, de la Comisión Médica Negociadora Nacional, calificó la recién aprobada ley como nefasta y, por ello, apoyarán la marcha. Docentes y estudiantes también anunciaron que irán a la protesta.

Martinelli se queda en Palacio

Tras ocho días de gira por Grecia, el presidente, Ricardo Martinelli, retornó al país en la madrugada del pasado martes 15. En su ausencia, la polémica ley 9 en 1 (aprobada en el Gabinete del 26 de mayo) recibió luz verde en la Asamblea, en medio del Mundial del Fútbol. Desde su llegada, Martinelli no ha participado de ninguna actividad pública. Según fuentes de Palacio, el Presidente ha sostenido diversas reuniones en su despacho.

Un día después de su llegada, en el Gabinete ratificó el nombramiento de José R. Mulino y Roxana Méndez como ministros de Seguridad y Gobierno, respectivamente. Al día siguiente (ayer), desoyendo a los grupos ambientalistas y otros gremios del país que pedían un veto, Martinelli sancionó la ley. Solo una foto puesta en la página web de la Presidencia dio fe de ese acto, que fue prácticamente privado en la Presidencia.

Isidro Rodríguez

La Prensa

Una respuesta

  1. “Martinelli cocina su ley mas polémica, a pocos días para cumplir un año” Fuente: José Luis Paniagua
    EFE | 17/06/2010

    Panamá, (EFE).- A punto de cumplir un año en el poder, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha sacado del horno la ley más polémica de su mandato, una norma que sus críticos ya han apodado con apelativos tan gastronómicos como ley “chorizo” o “camarón” y que, aseguran, es un ejemplo de autoritarismo.

    Martinelli, investido el pasado 1 de julio como mandatario de Panamá, dio este martes el visto bueno a la ley 177, propuesta para introducir reformas en el sector de aviación civil y que, de paso, supone la introducción de reformas en los códigos Penal, de Trabajo y el de Justicia, y en seis leyes, incluidas la ley orgánica de la Policía, la de contrataciones públicas y la del medio ambiente. Entre otras cuestiones, la ley reduce control a la actividad del Ejecutivo en materia ambiental y condiciona el ejercicio de la ley de huelga, algo que ha encendido las iras de sindicatos, ambientalistas y oposición, que han convocado a la población a protestar en las calles.

    En la prensa se le han puesto casi tantos apelativos como disposiciones y ya es conocida popularmente como “ley 9 en 1”, “ley chorizo” o “ley camarón”, un término que en Panamá se utiliza para aludir a un engaño y de forma similar a dar gato por liebre. También se denomina “ley langosta”, por aquello de que es incluso más grande que un camarón y trae más cola que cabeza, y hasta “ley golazo”, aprovechando la coyuntura mundialista.

    En la práctica, la norma, aprobada en el Parlamento el pasado fin de semana, prevé que en el plano laboral se puedan suspender los contratos de los empleados en huelga, contratar trabajadores en esos casos y utilizar la Policía para garantizar la “protección” de la empresa, cuya “operatividad” queda ahora garantizada. También establece que a un policía no se le pueda detener de forma preventiva por delitos cometidos en horario de servicio (¿?) ni sea suspendido en el cargo durante la investigación.

    Además, elimina el requisito de estudio de impacto ambiental de obras del Estado “declaradas de interés social”, entre otras muchas disposiciones. “Esto es un exabrupto no solo jurídico sino contra la naturaleza”, indicó a Efe la ambientalista Raisa Banfield, al señalar que la nueva disposición implica para el país “pasos agigantados hacia atrás”. Banfield dijo que “con este marco que abre, todo lo que venga detrás que no sean proyectos de escuelas o carreteras también entra en este paraguas”, al recordar “la extensa promoción” del Gobierno a la posibilidad de explotar los yacimientos de oro y cobre del país -estos últimos, según estudios privados, de los más importantes del mundo. El canciller panameño, Juan Carlos Varela, reconoció hoy en declaraciones a la prensa internacional que “faltó divulgación” por parte del Gobierno, pero aseguró que la nueva norma no implica que desaparezcan los controles en materia ambiental. “Nosotros tenemos que dar la cara por un país”, dijo, y agregó que “se están buscando catalizadores” para facilitar la inversión pública.

    El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, recordó que la ley fue aprobada en el Parlamento -donde el oficialista Cambio Democrático tiene mayoría- y dijo que este “no es un Gobierno de matones, este es un Gobierno que cree en el derecho”. Además, indicó, en estos momentos de lucha contra el crimen los policías no pueden quedar presos “mientras se dilucida el proceso (…) como si fuera un criminal común y corriente”.

    Para el vicepresidente del opositor Partido Popular (conservador), Aníbal Culiolis, hay “una reacción y opinión generalizada del pueblo panameño de que el Gobierno se está excediendo en el ejercicio de la autoridad y que es necesario un diálogo”. “Hay muy serias afectaciones en materia laboral: Se le permitiría a la Policía Nacional entrar a los centros de trabajo, creando una situación de conflicto con los trabajadores que estén en huelga, podrían quedar sin efecto los contratos de trabajo y estos pueden ser reemplazados”, explicó a Efe. En opinión de Culiolis, la ley fue aprobada “sin la debida consulta y participación de amplios sectores de la comunidad”.

    El jefe de la bancada en el Congreso Partido Revolucionario Democrático (PRD, el principal de la oposición), Yassir Purcait, declaró a Efe que ahora un policía investigado “va a tener acceso al expediente, a la lista confidencial de los testigos, por ejemplo, de su propia investigación”. “Se ha abierto un escenario más para la corrupción y la impunidad”, agregó.”

    :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
    “La Ley 30 (Langosta) de Panamá es inconstitucional”
    FRENADESO (*)
    Fuente: elpais.cr | 17/06/2010

    La Asamblea Nacional de Diputados, haciendo caso omiso al clamor popular, aprobó a tambor batiente, en sólo tres días, una polémica ley que reforma tres Códigos y 6 leyes de la República. Se trata de la hoy Ley 30 de 16 de junio de 2010, que se presenta como una Ley sobre la Aviación Comercial, pero en ella el Gobierno introdujo lo que los panameños conocen como camarones legislativos, maniobra truculenta con la que esperaban sorprender al pueblo.

    Es Inconstitucional

    La norma es clara en el artículo 149 de la Constitución Nacional, que indica entre otras cosas, que la Asamblea puede ser convocada a sesiones extraordinarias por el Órgano Ejecutivo «para conocer exclusivamente» de los asuntos que dicho órgano someta a su consideración. Se trata de temas específicos, en este caso sobre la aviación comercial, es decir el Consejo de Gabinete nunca propuso formalmente a la Asamblea de Diputados los otros temas.

    Aparte de ello, de acuerdo al artículo 165, numeral «c» de la Constitución Nacional, la potestad de reformar los Códigos compete a la Corte Suprema de Justicia o a los Procuradores, no al Ejecutivo en la forma que lo hizo ni al Consejo de Gabinete.

    Se violó, además, de muchas formas, el Reglamento Interno de la propia Asamblea de Diputados. Por ejemplo, luego de declararse ilustrada la Sala y aprobado el proyecto en segundo debate, en el tercer debate se hicieron modificaciones que ni siquiera fueron debatidas previamente. Es decir, lo aprobado en tercer debate, no fue lo mismo que se aprobó en segundo debate.

    La forma en que actuó la mayoría de los diputados, es digna de la más vulgar maleantería.

    La nueva Ley fomenta el Ecocidio

    Con esta ley se exime al Estado de la presentación de los Estudios de Impacto Ambiental, los cuales son considerados un avance para la humanidad, pues frente al cada vez más grave panorama mundial en términos ambientales, estos estudios buscan predecir las consecuencias ambientales de los proyectos a desarrollar, examina los impactos del proyecto sobre la población, su territorio, sus medios de vida, o sobre otros proyectos aledaños. Además de predecir problemas potenciales, estos estudios identifican las medidas para minimizar los problemas y sugieren cómo adaptar el proyecto al ambiente propuesto.

    Sin embargo, estos estudios que constituyen un avance histórico, son visto por las autoridades como trabas burocráticas. Esto sólo se explica por la ignorancia crasa de los gobernantes y por su sed desmedida de hacer negocios con sus empresas y allegados, máxime cuando se informa el interés del Gobierno de destinar más de mil millones de balboas en compras directas.

    La Ley fomenta la Impunidad y da licencia a los policías para asesinar

    Con esta ley se legaliza la impunidad policial, se crean fueros y privilegios por encima de la Constitución Nacional, ya que los agentes procesados por cualquier delito, incluido el de asesinato, «en cumplimiento del deber», no serán separados ni dejarán de devengar salario alguno, mientras dure la investigación. De ser condenados no irán a la cárcel, sino que se mantendrán dentro de cualquier instalación de la policía donde podrían ser requeridos por su jefe inmediato para cumplir tareas administrativas. Esta situación es en extrema peligrosa. Todos sabemos de las denuncias de policías abusadores, tumbadores, corruptos, violadores, torturadores y asesinos. De materializarse esta situación cualquier panameño queda expuesto al asesinato. Desde una simple infracción de tránsito hasta por su presencia en una manifestación ciudadana.

    Muchos son los casos recientes de atropello policial. Mencionamos algunos: El caso de los obreros del SUNTRACS, Luiyi Argüelles (donde el arma homicida fue ocultada por la Policía) y de Al Iromi Smith asesinado por unidades Lince de la Policía Nacional; de los hermanos pescadores asesinados Dagoberto y Rodrigo Pérez, de tan solo 16 y 18 años respectivamente, atacados a mansalva por miembros de la Policía que intentaron luego sembrar un arma ajena al incidente como falsa prueba en la escena del crimen; el caso de la joven Clarissa Mabelis Urriola, de sólo 17 años y con tres meses de embarazo asesinada por miembros de la Dirección de Investigación Policial (DIP) en un incidente en Pedregal; y el crimen de la empresaria Cristina García Eleta a manos de agentes del SPI.

    Frente a la aprobación de esta Ley, todos estos asesinatos quedarán impunes, lo que pone al descubierto el cinismo y la hipocresía de Ricardo Martinelli, quien en actitud politiquera pidió recientemente «perdón» a nombre del estado panameño, por los crímenes de la dictadura militar.

    Se violan los derechos laborales

    El exabrupto jurídico que se ha cometido atenta contra el derecho a huelga consagrado en la Constitución Nacional y el cual constituye el último recurso al que acuden los trabajadores frente a los abusos de la patronal. Se permite mantener abierta la empresa durante el período de huelga y a los patronos contratar esquiroles, es decir, «rompe huelgas».

    La Ministra de Trabajo, Alma Cortés, quien se ha venido destacando por mentir constantemente y de forma descarada ante los medios de comunicación, ha señalado que esta medida responde a una solicitud de la OIT, lo cual es totalmente falso. Curiosamente, la OIT ha recomendado modificaciones a la legislación laboral en materia de libertad sindical y derecho a sindicación, entre otras, que este Gobierno se niega a cumplir por su carácter abiertamente pro patronal.

    Asimismo, se elimina la obligatoriedad del pago de la cuota sindical por medio de descuento directo, para con ello debilitar el sindicalismo nacional toda vez que la principal fuente de ingresos de los sindicatos son las cuotas. Si lo que se busca es el pago voluntario de los trabajadores de esta cuota de manera sana, ¿por qué no se aplica la misma norma para el pago de la cuota de Seguro Social, de los impuestos, o en los casos de los descuentos directos de los bancos, mueblerías y otros establecimientos comerciales?

    Es claro el interés perverso de las autoridades de combatir el sindicalismo en Panamá y aniquilarlo en aras de garantizar sus intereses como clase dominante y establecer un régimen de esclavitud en Panamá.

    Martinelli no da la cara

    En medio de toda esta situación que ha despertado la indignación nacional, el Presidente de la República realizó su viaje número 19 y no ha dado la cara frente a este problema.

    Ha mandado para ello a sus empleaduchos como José Raúl Mulino y Alma Cortés, altamente repudiados por la opinión pública, mientras medios de comunicación insinúan que Martinelli y su comitiva aprovecharon el jet presidencial y los recursos del Estado para escaparse al Mundial de Fútbol.

    Según las denuncias que se han presentado en los últimos días y los hechos mencionados, no cabe duda que estamos regido por una verdadera mafia que con la abrogación de los derechos ciudadanos, la imposición de la Ley Carcelazo, la Ley Pinchazo, y otras medidas, busca establecer un régimen policiaco en Panamá para eternizarse en el poder y hacer desde allí sus grandes negocios.

    Llamamos al pueblo a la lucha y a la resistencia popular en las calles para enfrentar y derrotar esta ley antipopular.

    (*) Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO- Panamá)

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