Análisis a cambios introducidos a la Ley General de Ambiente por la Ley 30 de 2010 (9 en 1)

Análisis a cambios introducidos a la Ley General de Ambiente por la Ley 30 de 2010 (Ley 9 en 1)

Tania Arosemena Bodero

ARTÍCULO 31 (Ley 30 de 2010)

Con este se introduce en el glosario de términos de la Ley General de Ambiente, la definición de Guía de Buenas Prácticas Ambientales:

“Conjunto de políticas generales o específicas que complementan las regulaciones ambientales vigentes, referentes a acciones de prevención, corrección o compensación que los promotores de un proyecto, obra o actividad de desarrollo implementen, a fin de promover la protección y prevenir daños en los factores ambientales. Forman parte del sistema de gestión ambiental”

COMENTARIOS:

La definición anterior fue introducida por primera vez, en el Decreto Ejecutivo 209 del 5 de septiembre de 2006, que reglamentaba los Estudios de Impacto Ambiental.

“Guía de Buenas Prácticas Ambientales: Conjunto de políticas generales o específicas que complementan las regulaciones ambientales vigentes, referentes a acciones de prevención, corrección o compensación que los promotores de un proyecto, obra o actividad de desarrollo implementen, a fin de promover la protección y prevenir daños en los factores ambientales.”

Además, el Decreto Ejecutivo 209, establecía en su artículo 3 que los proyectos incluidos en la lista taxativa de actividades sometidas a los Estudios de Impacto Ambiental cuyo desarrollo no afecte los criterios de protección ambiental podían consultar a la Autoridad Nacional del Ambiente si para su desarrollo era factible acogerse a la Guía de las Buenas Prácticas Ambientales.

No obstante, al ser derogado el Decreto Ejecutivo 209 por el DE 123 del 14 de agosto de 2009, que regula actualmente los Estudios de Impacto Ambiental en nuestro país, se elimina la consideración de las Guías de Buenas Prácticas, salvo en materia de prevención de desastres naturales tal como señala el artículo 73:

“Articulo 73: Como parte de las gestiones preventivas a desarrollar por la ANAM ante las autoridades nacionales o locales de prevención y atención de desastres naturales, se promoverán y divulgarán manuales básicos de buenas prácticas ambientales a aplicar durante condiciones de emergencia, de forma tal que el personal técnico y operativo que labora durante las mismas pueda orientar sus acciones dentro de una línea de minimización y mitigación de riesgos e impactos ambientales, siempre que le sea posible.”

Pese a lo anterior, la noción de las Guías de Buenas Prácticas no es algo nuevo en nuestra legislación, en el año 2002, la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial (DGNTI) del Ministerio de Comercio e Industrias como parte de las obligaciones que como Estado adquirimos bajo el Acuerdo de Marrakech, constitutivo de la Organización Mundial de Comercio (Ley 23 del 1997) adoptó la Resolución 418 de 11 de octubre de 2002, que contiene “la Norma Técnica DGNTI-COPANIT-ISO 15005-2002. Sistema de Gestión Ambiental. Guías y Principios Generales Sistemas y Técnicas de Soporte”, que incluye en su contenido la aplicación de Códigos de Buenas Prácticas en los Sistemas de Gestión Medioambiental:

“4.1.3. Revisión medioambiental inicial. La situación de una organización con respecto al medio ambiente se puede determinar mediante una revisión medioambiental inicial. Esta revisión inicial pude incluir:
− la identificación de las disposiciones legales y reglamentarias;
− la identificación de los aspectos medioambientales de sus actividades, productos o servicios para determinar los que tienen o pueden tener medioambientales significativos e implicar responsabilidades de la organización con respecto al exterior
− la evaluación del comportamiento con respecto a criterios aplicables externos o internos, reglamentos, códigos de buenas prácticas, principios y líneas directrices.
− las prácticas y los procedimientos existente en materia de gestión medioambiental…”

En este punto, considero relevante destacar como se ha abordado la aplicación de las Guías de Buenas Prácticas en otros países, como por ejemplo, en Costa Rica, que posee un “Reglamento para la elaboración, revisión y oficialización de las Guías Ambientales de buenas prácticas productivas y desempeño ecoeficiente” (Nº 34522) definen las Guías Ambientales como:

“Documento orientador que incluye un conjunto de lineamientos y medidas ambientales de índole genérico, organizadas según los componentes del ciclo de desarrollo temporal o espacial de una actividad u obra, según el sector o subsector a que pertenezca, en el que se incluyen todas sus fases de ejecución. Su finalidad es facilitar la operación, mantenimiento y dado el caso, la ampliación de la respectiva actividad u obra en operación, de forma tal que incorpore la dimensión ambiental en todas y cada una de sus fases. Es un instrumento orientador, no vinculante, ni obligatorio, salvo que el ejecutor responsable de la actividad, obra o proyecto, de forma voluntaria, desee suscribirse, total o parcialmente a la misma como forma de agilizar y facilitar su trámite ambiental ante el Estado y/o como parte de su compromiso de responsabilidad ambiental y social.” (Artículo 2)

Inclusive, esta regulación costarricense destaca la función de las Guías de Buenas Prácticas como complemento a los Estudios de Impacto Ambiental sin suprimirlos, y el papel preponderante que desempeña la Secretaria Técnica Nacional Ambiental (SETENA).

“…estas guías ambientales se constituyen en la base técnica para la agilización y mejora del proceso de evaluación y control del impacto ambiental, ya que le permiten al desarrollador reducir la categoría de riesgo de su actividad, obra o proyecto y sustituir la aplicación de un instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental más complejo por otro mas simple que complemente dicha guía, con lo cual la aplicación de esta guía se torna obligatoria y deberá en forma expresa el desarrollador, señalar su compromiso de adherirse a ella, durante la ejecución y operación del proyecto, obra u actividad, y convertirse entonces en parte de sus compromisos ambientales dentro de dicho proceso de evaluación, y a la vez ser la herramienta técnica para la auditoría y control ambiental por parte de la SETENA” (Artículo 3)

Otro ejemplo, se produce en Ecuador con la Dirección Metropolitana de Ambiente que mediante la Resolución No. 0002 adoptó la “Guía de Buenas Prácticas Ambientales para los Sectores de Industrias de Bajo Impacto, Comercios y Servicios SZ2, Servicios Especializados A y B, y Centros de Diversión, definiéndolas como:

“Las Guías de Buenas Prácticas Sectoriales y Generales son lineamientos básicos dirigidos para las actividades productivas, ya sean estas actividades de pequeña y mediana empresa e instalaciones que generen ámbitos, bienes y servicios que posibiliten la recreación, cultura, educación, transporte, servicios públicos o privados. Salvo el caso de actividades, obras o proyectos que ocasionen un impacto ambiental significativo y entrañen un riesgo ambiental, por lo tanto, precisen de la presentación de Estudios de Impacto Ambiental…”

Estos ejemplos nos dan una idea de cómo esta herramienta es utilizada en otras latitudes, que pese a las diferencias no dejan de destacar el tecnicismo de este instrumento, su complementariedad a los Estudios de Impacto Ambiental y la hegemonía que tienen las autoridades ambientales en su aplicación y evaluación.

ARTÍCULO 32 (Ley 30 de 2010)

El artículo 23 de la Ley 41 de. 1998 queda así:

Artículo 23. Las actividades, obras o proyectos que por su naturaleza, características, efectos, ubicación o recursos pueden generar riesgo ambiental requerirán de un estudio de impacto ambiental previo al inicio de su ejecución, de acuerdo con la reglamentación de la presente Ley. Estas actividades, obras o proyectos deberán someterse a un proceso de evaluación de impacto ambiental, incluso aquellos que se realicen en la cuenca del Canal y comarcas indígenas.

COMENTARIOS

Este artículo elimina la distinción de los proyectos públicos o privados contenida previamente, lo que genera suspicacias al generalizar se podrá aplicar distintamente la nueva adición contenida en el artículo 32-A que introduce el tema de la Guía de Buenas Prácticas como una herramienta alterna a los Estudios de Impacto Ambiental, con la agravante que no es la Autoridad Nacional del Ambiente, la que emite el concepto técnico en base a la viabilidad ambiental del proyecto y la no alteración de los criterios de protección ambiental previamente establecidos.

Además, la actual redacción del artículo 23 no es acorde con la reglamentación vigente (Decreto 123 del 14 de agosto de 2009) que destaca esta clasificación a lo largo de su contenido, tal como se aprecia a continuación:

“Artículo 3. Los proyectos de inversión, públicos y privados, obras o actividades, de carácter nacional, regional o local, y sus modificaciones, que estén incluidas en la lista taxativa contenida en el Artículo 16 de este Reglamento, deberán someterse al Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental antes de iniciar la realización del respectivo Proyecto.”

Artículo 29. Los Promotores de actividades, obras o proyectos, públicos y privados, harán efectiva la participación ciudadana en el Proceso de elaboración y evaluación del Estudio de Impacto Ambiental…

ARTICULO 75. Los planes, programas y políticas de desarrollo, públicos y privados, de ámbito nacional o regional, serán objeto de una evaluación ambiental, por medio de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de acuerdo al procedimiento que se norma mediante este reglamento…”

ARTICULO 33 (LEY 30 DE 2010)

Se adiciona el artículo 23-A a la Ley 41 de 1998, así:

Artículo 23-A. Las actividades, obras o proyectos que deban someterse a un proceso de evaluación de impacto ambiental podrán acogerse a las Guías de Buenas Prácticas Ambientales que les sean aplicables, siempre que estas hayan sido aprobadas por el Órgano Ejecutivo.

Previa a su aprobación, las Guías de Buenas Prácticas Ambientales deberán ser sometidas al proceso de participación, mediante la modalidad de consulta pública, que consiste en el acto mediante el cual la entidad pone a disposición del público en general información base sobre un tema específico y solicita opiniones, propuestas o sugerencias de los ciudadanos u organizaciones sociales.

Para los efectos del párrafo anterior, la autoridad ambiental deberá publicar, con suficiente antelación, por una sola vez, en un medio escrito de circulación nacional y en su página web, un aviso que contendrá lo siguiente:

1. Identificación de la actividad que será sujeta a la Guía de Buenas Prácticas Ambientales.
2. Oficina y horario para retirar la información base correspondiente.
3. Plazo para que los ciudadanos y la sociedad civil presenten sus opiniones, propuestas o sugerencias y lugar en que se recibirán.

En mi opinión, con este artículo se crea un nuevo instrumento de gestión ambiental con características únicas (sui generis) y cuya instrumentación dista de la celeridad que le impusieron a la aprobación de este Ley (30/2010), basados en los siguientes hechos.

Al adoptar el Consejo de Gabinete las Guías de Buenas se desconoce la institucionalidad ambiental creada por la Ley 41 del 1 de julio de 1998, violando el artículo 5 el cual dispone que la Autoridad Nacional del Ambiente es la entidad autónoma rectora del Estado en materia de recursos naturales y del ambiente, para asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes, los reglamentos y la política nacional del ambiente.

Con esto además se contradice al propio Reglamento de Estudios de Impacto Ambiental aprobado durante esta Administración (Decreto Ejecutivo 123 del 14 de agosto de 2009), aplicable a esta adición ya que se trata de “actividades, obras o proyectos” que deban someterse a un “proceso de evaluación de impacto ambiental” a las cuales se les da la opción de acogerse a las Guías de Buenas Prácticas, es la ANAM quien evalúa estos temas y hay disposiciones especificas que les son aplicables como el artículo 5 del Decreto Ejecutivo 123:

“Los permisos y/o autorizaciones relativas a proyectos, obras o actividades sujetas al proceso de evaluación de impacto ambiental, otorgados por otras autoridades competentes de conformidad con la normativa aplicable, no implican la viabilidad ambiental para dicho proyecto, obra o actividad, los cuales serán otorgados una vez se emita la correspondiente Resolución Ambiental o se apruebe la Declaración Jurada según corresponda.”

Se confunden las consultas, a fin de paliar el tema de la participación ciudadana desarrollado en detalle en el Reglamento de los Estudios de Impacto Ambiental, como esta redactada la norma pareciera que se dieran dos consultas generales, la primera antes que el Ejecutivo apruebe la Guía de Buenas Prácticas (documento genérico que divide en apartados, según el tipo de empresa o servicio, que reflejan las diferentes áreas de actividad y los diferentes procesos) con el acto administrativo de autorizar que una obra específica pueda acogerse a las mismas, ya que para que se dé la consulta pública requerida para darse el aval del Consejo de Gabinete la “Autoridad Ambiental” debe publicitar la actividad específica que será sometida la Guía de Buenas Prácticas Con esta redacción cantinflesca, parece que la Guía de Buenas Prácticas se constituye en un EIA que aprobará el Consejo de Gabinete en cada caso en particular.
Se debe ser consciente que las Guías de Buenas Prácticas son documentos técnicos, aprobados por expertos en las materias que regulan, que requieren de personal con experiencia y conocimientos específicos darle seguimiento a su cumplimiento. “En ellas se ofrecen ejemplos de impactos ambientales positivos, cuando las acciones son correctas, y de impactos negativos, cuando las acciones son incorrectas. Además se indican cuáles son las mejores prácticas a aplicar en cada área de actividad o proceso.”

Hubiese sido sabio, emular el ejemplo de nuestro hermano país en la forma como regulan las Guías Ambientales con relación al marco jurídico ambiental vigente destacando que:

“La Guía Ambiental representa un instrumento técnico complementario del marco jurídico ambiental vigente en el país. Bajo ninguna circunstancia los lineamientos de la guía ambiental deberán contradecir o generar confusión respecto al cumplimiento de lo establecido en el marco jurídico ambiental vigente, ya sea por la Constitución Política, convenios internacionales, leyes generales o específicas o en su defecto, reglamentos generales o específicos, o bien normas técnicas debidamente oficializadas por las autoridades.” (Anexo del Decreto 34522)

Finalmente, pese a la celeridad con que se promovió la adopción de Ley 30 de 2010, para “desburocratizar” los proyectos que el Consejo de Gabinete considere que puedan eximirse de la presentación de los Estudios de Impacto Ambiental, es relevante acotar que en Panamá hasta la fecha solo se ha aprobado la GUIA DE BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES PARA LA CONSTRUCCION Y ENSANCHE DE CARRETERAS Y LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (adoptada por la Autoridad Nacional del Ambiente mediante Resolución AG-0153-2007 del 23 de marzo de 2007), basadas en las especificaciones ambientales del Ministerio de Obras Públicas y está solo es aplicable a los promotores de aquellos proyectos de construcción de carreteras de menos de 1 Km. de longitud, de los ensanches de carreteras que no involucren la construcción de un carril adicional y las rehabilitaciones de caminos rurales que no estén localizadas y/o atraviesen áreas protegidas.

ARTICULO 34 DE LA LEY 30 DE 2010

Se deroga el artículo 115 de la Ley 41 de 1998.

Este fue el “gol de oro”, que no estaba contemplado en el primer debate de la Asamblea Nacional, entro casi desapercibido en el segundo debate. Con esta disposición se elimina del todo cualquier incentivo para promover la denuncia ambiental.

El artículo 115 establecía que: “Los ciudadanos, individualmente o asociados legalmente, que denuncien un delito o infracción ambiental, recibirán los mismos incentivos contemplados en la legislación fiscal para los casos de contrabando y los demás que determinen los reglamentos de la presente Ley.”

En este sentido, la Ley 30 del 8 de noviembre de 1984, “por la cual se dictan medidas sobre el contrabando y la defraudación aduanera y se adoptan otras disposiciones”, dispone en su artículo 55 que “los denunciantes y aprehensores de mercancía objeto de un delito aduanero tendrán derecho como recompensa al 50% de la multa interpuesta por el juzgador.”

Hubiese sido preferible que en vez de eliminar del todo cualquier incentivo a la denuncia ambiental, se cambiasen los porcentajes de la recompensa por denunciar el contrabando, o simplemente modificar su redacción para disminuir el porcentaje en caso que considerasen muy oneroso para el Estado perder recaudaciones en concepto de infracciones ambientales, las cuales aún entran al Tesoro Nacional directamente sin poder ser empleadas en proyectos de restauración y mitigación de los daños ambientales, pudo haber sido una oportunidad para regular esta carencia.

Fuentes Bibliográficas:

Resolución 418 de 11 de octubre de 2002. “Adoptar la Norma Técnica DGNTI-COPANIT-ISO 15005-2002. Sistema de Gestión Ambiental. Guías y Principios Generales Sistemas y Técnicas de Soporte”. (G.O. 24,672 de 31 de octubre de 2002).

Decreto Ejecutivo 209 del 5 de septiembre de 2006. “Por el cual se reglamenta el Capítulo II del Título IV de la Ley 41 del 1 de Julio de 1998, General de Ambiente de la República de PANAMÁ y se deroga el Decreto Ejecutivo 59 de 2000 (G.O. 25,625 del 6 de septiembre de 2006)

Decreto Ejecutivo 123 del 14 de agosto de 2009. “Por el cual se reglamenta el Capítulo II del Título IV de la Ley 41 del 1 de Julio de 1998, General de Ambiente de la República de PANAMÁ y se deroga el Decreto Ejecutivo 209 de 5 de septiembre 2006.” (G.O. 26,352-A del 24 de agosto de 2009)

Ley 23 del 15 de julio de 1997. “Por la cual se aprueba el Acuerdo de Marrakech, Constitutivo de la Organización Mundial de Comercio; el Protocolo de Adhesión de Panamá a dicho acuerdo junto con sus anexos y lista de compromisos; se adecua la legislación interna a la normativa internacional y se adoptan otras disposiciones” (G.O. 23,340 del 26 de julio de 1997).

Ley 30 del 16 de junio de 2010. “Que dicta medidas para promover el Desarrollo Sostenible de la Aviación Comercial, reforma normas laborales y penales y adopta disposiciones para posibilitar la ejecución de proyectos de interés nacional (G.O. 26556-A del 16 de junio de 2010)

Guía de Buenas Prácticas Quito
http://www.ecuadorambiental.com/doc/buenas_practicas.pdf

Decreto Ejecutivo 34522 Costa Rica
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=63348&nVersion=72737&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&str

ODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO

Guía de Buenas Prácticas Ambientales
http://www.cma.gva.es/areas/educacion/educacion_ambiental/educ/ed_amb_empresa/guias.htm

Sanción de la “Ley Chorizo” causa repudio generalizado

Sanciona ley 30 de 2010

Ejecutivo ignora repudio ciudadano a la ley 9 en 1

La ley reforma los códigos ‘de Trabajo’, ‘Penal’ y ‘Judicial’, así como seis leyes entre las que están la de la Policía, la de Ambiente y de Contrataciones Públicas.

Isidro Rodríguez
irodriguez@prensa.com

Ignorando el clamor de de ambientalistas, empresarios, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y estudiantes, el presidente, Ricardo Martinelli, sancionó la ahora llamada Ley 30 de 2010, “que dicta medidas para promover el desarrollo de la aviación comercial, reforma normas laborales y penales, y adopta disposiciones para posibilitar la ejecución de proyectos de interés nacional”. Atrás quedaba la escueta denominación original del proyecto que llegó a la Asamblea en sesiones extraordinarias el 7 de junio pasado, y que solo hablaba de aviación comercial y “otras disposiciones”.

Menos de 24 horas después de su llegada al país, y sin hacer declaración pública alguna, el Palacio de las Garzas informó de la sanción presidencial.

Los grupos ambientalistas habían sido invitados a la Presidencia en la tarde de ayer para reunirse con Martinelli, pero la reunión se canceló.

Grupos marcharán y demandarán la nueva ley

Unos 60 grupos que luchan a favor del ambiente, advirtieron que los cambios a la Ley General de Ambiente –que excluye los proyectos que así decida el Gobierno del proceso de evaluación ambiental– afectarán el financiamiento que recibe Panamá de organismos internacionales. Hoy, ambientalistas, sindicatos y otros grupos marcharán hasta la Presidencia, como muestra de rechazo a la Ley 30 (9 en 1), y mañana presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte.

Isidro Rodríguez

Sancionan reformas a los códigos ‘de trabajo’, ‘penal’ y ‘judicial’, así como a otras seis leyes

Martinelli no escuchó al país

Más de 60 grupos de ambientalistas, gremios empresariales, sindicatos, médicos, docentes, entre otros, pidieron sin éxito el veto a la ley.

GOLPE. Zuleika Pinzón, presidenta del Comité Panameño de UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), y representantes de otras organizaciones ambientalistas del país, expresan su decepción y preocupación por la sanción presidencial a la ley que modificó, entre otras cosas, la Ley General de Ambiente. LA PRENSA/Jihan Rodríguez

isidro rodríguez
irodriguez@prensa.com

Tras conocerse que el presidente, Ricardo Martinelli, había sancionado la Ley 30 –que reforma los códigos de Trabajo, Penal, Judicial, así como seis leyes–, los grupos que se opusieron a la también llamada ley 9 en 1 anunciaron nuevas acciones de rechazo.

En la tarde de ayer, 60 organizaciones que luchan a favor del ambiente repudiaron la acción presidencial que ignoró su petición de veto hecha pública durante una marcha de protesta del pasado martes.

Félix Wing, en representación de estas organizaciones, calificó de “bochornoso” el hecho de que los habían invitado a una reunión a las 3:30 p.m. en la Presidencia a dialogar, a pesar de que la ley había sido ya sancionada.

Wing comentó que las organizaciones ambientales del mundo están asombradas por el grave retroceso que representa la nueva legislación para Panamá.

El activista agregó que la norma que excluye del proceso de evaluación ambiental los proyectos que el Gobierno decida, viola convenios comerciales, de derechos humanos y ambientales. “Los únicos beneficiados de la eliminación de los estudios de impacto ambiental son los grandes intereses económicos, tanto nacionales como internacionales”, denunció.

Los ambientalistas no se darán por vencidos, y en los próximos días presentarán los recursos legales que correspondan ante la Corte Suprema de Justicia y los organismos internacionales.

Gabriela Etchelecu, de la Fundación MarViva, comentó que tienen información de que lo sucedido pone en peligro el financiamiento que pueda dar para proyectos el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial a Panamá.

Empresarios

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), la Cámara de Comercio, industrias y Agricultura de Panamá, y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) enviaron misivas ayer al mandatario para intentar detener la sanción presidencial. Tampoco fueron escuchados.

La SPIA considera que la nueva legislación choca con otras normas que rigen la figura del ingeniero residente en las obras, creando una gran confusión legal.

Por su parte, Gaspar García de Paredes, del CoNEP, lamentó la sanción al proyecto que, dijo, se aprobó sin las consultas correspondientes a los sectores del país.

Nueva Marcha

Los ambientalistas hicieron un llamado a la ciudadanía para que participe de la marcha convocada para hoy a las 4:00 p.m. por los movimientos sindicales, y que partirá del parque Porras en dirección a la Presidencia de la República.

Genaro López, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, y Samuel Rivera, de la Central General de Trabajadores de Panamá, invitaron a la población a la marcha, y lamentaron que el mandatario no escuchara la voz de la ciudadanía.

Los dirigentes sindicales no descartaron que el movimiento en rechazo a esta ley –que modificó el régimen legal de la huelgas– termine en una convocatoria a una huelga general.

Por su parte, Fernando Castañeda, de la Comisión Médica Negociadora Nacional, calificó la recién aprobada ley como nefasta y, por ello, apoyarán la marcha. Docentes y estudiantes también anunciaron que irán a la protesta.

Martinelli se queda en Palacio

Tras ocho días de gira por Grecia, el presidente, Ricardo Martinelli, retornó al país en la madrugada del pasado martes 15. En su ausencia, la polémica ley 9 en 1 (aprobada en el Gabinete del 26 de mayo) recibió luz verde en la Asamblea, en medio del Mundial del Fútbol. Desde su llegada, Martinelli no ha participado de ninguna actividad pública. Según fuentes de Palacio, el Presidente ha sostenido diversas reuniones en su despacho.

Un día después de su llegada, en el Gabinete ratificó el nombramiento de José R. Mulino y Roxana Méndez como ministros de Seguridad y Gobierno, respectivamente. Al día siguiente (ayer), desoyendo a los grupos ambientalistas y otros gremios del país que pedían un veto, Martinelli sancionó la ley. Solo una foto puesta en la página web de la Presidencia dio fe de ese acto, que fue prácticamente privado en la Presidencia.

Isidro Rodríguez

La Prensa

III comunicado de rechazo a la Ley que debilita Ley Ambiental de Panamá

III COMUNICADO DE PRENSA
ORGANIZACIONES AMBIENTALES, DE DESARROLLO Y DE LA SOCIEDAD CIVIL

Rechazo a la Ley que debilita Ley Ambiental de Panamá

Las organizaciones de la sociedad civil reiteramos que desde el inicio de los debates del proyecto de ley 177 estuvimos dispuestos a participar en las consultas de primer debate exponiendo a través de argumentos técnicos, jurídicos, ambientales y económicos las razones de por qué esta ley lesiona los intereses nacionales para el desarrollo sostenible y equilibrado.

Ninguno de los argumentos y razones expresadas fueron atendidos. Muy por el contrario prevaleció siempre la actitud de aprobar el proyecto cerrando toda posibilidad de reconsiderarlo y convocar un proceso abierto, transparente y amplio de consulta ciudadana.

Por lo antes expuesto, las organizaciones ambientales que suscriben este comunicado repudiamos la sanción de la ley por parte del Presidente, lo cual interpretamos como un desinterés palpable de valorar la dimensión ambiental como parte de la Agenda de Estado y fortalecer la institucionalidad ambiental que tanto ha costado construir en Panamá.

Esta modificación de la ley ambiental, de manera inconsulta y arbitraria, no mide las consecuencias que este retroceso implica para el bienestar social y económico del país. Además de atentar contra el orden jurídico ambiental, constituye también una afectación del derecho humano fundamental de un ambiente sano garantizado por la Constitución y otros instrumentos de derecho internacional.

Como muestra de nuestro rechazo a la sanción de esta ley, anunciamos que estaremos manifestándonos de distintas maneras, a nivel local e internacional.

Estaremos interponiendo las acciones legales correspondientes ante la Corte Suprema de Justicia y ante organismos internacionales de derechos humanos.

¡Panamá NO se vende!

Alianza Contaminación Cero (ACC)
Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)
Alianza Ciudadana Pro Justicia (ACPJ)
Alianza Pro Ciudad
Asociación Agroambientalista Macho de Monte, Chiriquí
Asociación Agroecoturística La Amistad (ASAELA)
Asociación Ambientalista de Chiriquí (ASAMCHI)
Asociación Amigos del Parque Internacional La Amistad (AMIPILA)
Asociación de Derecho Ambiental
Asociación de Estudiantes de Biología (ADEB)
Asociación de Productores Agroecológicos La Amistad (ADPAELA), Chiriquí
Asociación de Productores de Renacimiento (APRE)
Asociación de Propietarios de Ciudad Jardín Albrook (APROJAL)
Asociación de Productores de Cultivos Exportables (APCE)
Asociación de Propietarios y Residentes de Clayton (APRECLA)
Asociación de Derecho Procesal Marítimo
Asociación Ecologista Panameña
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (PANAIDIS)
Capítulo Panamá
Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON)
Asociación Oceánica de Panamá (AOP)
Asociación Panameña de Derecho Constitucional (APADEC)
Asociación para la Conservación de la Biósfera (ACB), Chiriquí
Asociación para la Protección del Mar (PROMAR)
Cámara Panameña de Empresas Consultoras Ambientales (CAPECA)
Centro de Estudios y Acción Social de Panamá (CEASPA)
Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)
Centro de Investigación y Derechos Humanos de Panamá
Centro Misionero de La Concepción, Chiriquí
Colectivo Voces Ecológicas (COVEC)
Colegio de Biólogos de Panamá (COBIOPA)
Colegio Nacional de Abogados (CNA)
Colibrí-Asociación Ecologista de Panamá, Chiriquí
Comité de Defensa y Protección de la Naturaleza en Gualaca (CODEPRONAGUA), Chiriquí
Comité Pro Defensa del Río Gariché, Chiriquí
Comunidad de Quebrada Caña, Chiriquí
Comunidad de Santa Marta, Chiriquí
Congreso General Ngöbe-Buglé
Consejo de Salud, Seguridad y Medioambiente de Panamá (COSSMAP)
Conservation International (CI)
Fundación Albatros Media
Fundación Almanaque Azul
Fundacion Avifauna Eugene Eisenmann
Fundación Humanitas
Fundación MarViva
Fundación NATURA
Fundación para el Desarrollo Integral del Corregimiento de Cerro Punta
(FUNDICCEP), ChiriquÍ
Grupo la Zapatilla Verde
Grupo Orgánico de Agricultores Cerropunteños (GORACE)
Human Rights Everywhere (HREV)/Comuna Sur
Junta Administradora del Acueducto Rural de Santa Rita, Chiriquí
Junta Administradora del Acueducto Rural de La Victoria, Chiriquí
Justicia, Paz e Integridad de la Creación de los Misioneros Claretianos de Centroamérica
Manos & Cerebros
Movimiento Campesino en Defensa del río Cobre (MOCAMDERCO), Veraguas
Movimiento Juventud Revolucionaria, Colegio José Daniel Crespo, Chitré
Movimiento M10 de Tabasará
Red Nacional de Defensa de los ríos, tierras y comunidades
Sociedad Audubon de Panamá (SAP)
Sociedad Mastozoológica de Panamá

Panamá, 16 de junio de 2010

Martinelli sanciona y promulga “Ley Chorizo”

Martinelli sanciona y promulga “Ley Chorizo”

Redacción El Panamá América 16 de junio de 2010

Presidente de la República, Ricardo Martinelli. Foto/Archivo/EPASA

[16 Jun|12:43] Pese a las criticas y a los llamados para que vetara la ley, el presidente de la República, Ricardo Martinelli sancionó la Ley 30 que dicta medidas para promover el desarrollo sostenible de la Aviación Comercial en Panamá y que además incluye polémicas reformas laborales, penales ,  judiciales y  ambientales.
El documento  promulgado en Gaceta Oficial lleva la firma del presidente de la República, Ricardo Martinelli, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, el presidente de la Asamblea de Diputados, José Luis Varela y el secretario General, Wigberto Quintero.
En materia laboral,  la ley estipula que el empleador no está obligado a descontar a sus trabajadores ninguna cuota a favor de los sindicatos y que la mismas debera ser de forma voluntaria.
Además da orden inmediata a las autoridades de la Policía para que garanticen y protejan a las personas y propiedades una vez iniciada una huelga. Así como también ordena la suspensión de las labores de los trabajadores que apoyan la huelga.
OPINIONES

Si creen que se han salido con las suyas se equivocan. Ningún proyecto puede obviar el Estudio de Impacto Ambiental y las Guías de Buenas Practicas Ambientales sólo pueden aplicarse como COMPLEMENTO y no como REEMPLAZO a las normas ambientales de seguimiento ambiental de los EIA. Por tanto, creemos que se logró el objetivo de presión ciudadana hacia los diputados que aprobaron con estrepitosa rapidez y nerviosismo este proyecto del Órgano Ejecutivo. Los confusos diputados pretendieron abrir la puerta y la cerraron más. La pretendida injerencia del Ejecutivo en los EIA como nueva autoridad ambiental en EIA será un apéndice intestinal.
En lo único que nos ganaron fue en la eliminación del artículo que compensaba a los ciudadanos que denunciaban un hecho ambiental y que recibían un porcentaje de la multa cobrada al infractor. Otro día recuperamos este artículo.
Evidentemente que los trabajadores y sus derechos sí han quedado totalmente cercenados en muchos aspectos. Recuerden trabajadores somos todos.

Ariel Rodríguez Vargas, Ecologista

Sólo han hecho los que le da la gana, no lo que el pueblo quiere, y así se jactan de decir que promueven la consulta ciudadana. Que esto sirva para quitarle la venda de los ojos a algunos.

Laila Rodríguez, Ecologista

Aparte de solicitar anular la ley 177, debemos pedir su renuncia y la del vicepresidente e ir buscando un candidato provisional hasta que se resuelva este asunto.
SR. MARTINELLI, YO LE PIDO SU RENUNCIA Y LA DEL VICE PRESIDENTE….USTED, NO ES APTO PARA EL PUESTO Y SU SUCESOR TAMPOCO!
El pueblo se equivocó una vez mas! Pero nunca es tarde para corregir los errores!

Linda Schwartz, Ecologista

Es una burla cuando el vicepresidente y el ministro de la presidencia habian convocado a una reunión a los grupos ambientales en la Presidencia a las 3 pm. QUE IRRESPETO!!!!

Raisa Banfield, Ecologista

Los únicos beneficiados de la eliminación de los estudios de impacto ambiental son los grandes intereses económicos, tanto nacionales como internacionales”,

Félix Wing, Ecologista

Con la sanción de esta ley, Panamá es el primer país de América en eximir proyectos de gran impacto de un Estudio de Impacto Ambiental. Esta ley pone en peligro los futuros financiamientos que puedan otorgar el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para las mismas obras que el gobierno busca eximir de dichos estudios.

Gabriela Etchelecu, Ecologista

Chiriquí rechaza Ley 177 que debilita legislación ambiental

COMUNICADO AL PAÍS DE ORGANIZACIONES AMBIENTALES DE CHIRIQUÍ

Sobre la Ley 177 que afecta derechos laborales,

derechos humanos y derechos ambientales

En los últimos días la ciudadanía panameña ha elevado de manera insistente y con mucha vehemencia sus preocupaciones por la aprobación de la Ley 177, “Que adopta medidas para promover el desarrollo sostenible de la aviación comercial, actividades en desarrollo, y dicta otras disposiciones”.

Sin embargo y lamentablemente, todas las autoridades, líderes políticos y altos funcionarios del gobierno, se han hecho de oídos sordos y parece que la mudez ha invadido de manera generalizada a todos nuestros diputados honestos y responsables, que conocen y son conscientes de los grandes daños que representa esta Ley, tanto para las actuales como para las futuras generaciones de panameños que tienen derecho, igual que hoy, a una vida digna y a un ambiente sano y libre.

Esta Ley, igualmente vulnera los principios fundamentales de la libertad de los trabajadores y de la ciudadanía en general, de los miles de panameños que día a día ponen su granito de arena para el desarrollo de nuestro país, y le otorga privilegios a cierto sector para que actúen como si estuviésemos en la era medieval, reprimiendo a todos los que en algún momento no estén de acuerdo con los gobernantes de turno.

La democracia es consenso, la democracia es participación, la democracia es respeto, la democracia es procurar el bien común y no de unos cuantos, que aprovechan sus posiciones de poder para beneficiarse, sin importarles el futuro de las comunidades.

Por todo esto, las organizaciones ambientales de la provincia de Chiriquí emitimos las siguientes solicitudes:

RESOLVEMOS:

1. Decirle un no rotundo a la imposición de la ley 177 a la cual denominamos la ley de la muerte.

2. Pronunciarnos públicamente en rechazo a las imposiciones del gobierno dirigido por el Sr. Ricardo Martinelli.

3. Llamar a los funcionarios públicos decentes de nuestra provincia para que fortalecidos en el apoyo ciudadano digan un no a las arbitrariedades que se cometen y se pretenden legalizar mediante la ley 177.

4. Exhortamos a los intelectuales panameños, especialmente a aquellos vinculados a la temática socio-ambiental, a pronunciarse entorno a esta ley, ya que nuestro país así lo requiere en los momentos más difíciles.

5. Repudiamos la actitud sumisa, complaciente y sin criterio propio de los diputados que dieron su voto a esta nefasta ley.

6. Recordarles que ustedes no representan a los intereses económicos, sino a la población que confió en ustedes, y nunca se les ha dado un cheque en blanco para que actúen sin contemplar la opinión del pueblo panameño.

7. Si a la fuerza se imponen estas reformas, hacemos responsable por los daños sociales, ambientales, económicos y culturales que sufra nuestro país al Sr. ricardo martineli, su gabinete, asamblea de diputados, alcaldes y gobernadores, que serán señalados como los destructores y mayores traidores de Panamá.

8. Solicitamos al señor presidente actúe con sensatez y la prudencia para bien del pueblo panameño, y por tanto, le pedimos que vete la ley 177 por ser inconveniente para el país.

Organizaciones firmantes:

ALIANZA PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL DE TIERRAS ALTAS – ADATA

FUNDICCEP,

AMIPILA,

ASAELA,

APCE

GORACE,

GENAT.

ADPAELA,

APRE

GERPROPILA,

ASEPOR REAL BOQUETE

ASOCIACIÓN MACHO MONTE

ASOCIACIÓN AMBIENTALISTA DE CHIRIQUI

ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIOSFERA

MOVIMIENTO M10 DEL TABASARÁ

CEMCODE

COLIBRI, ASOCIACIÓN ECOLOGISTA DE PANAMÁ

COMITÉ DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA EN GUALACA (CODEPRONAGUA)

CODETIAGUAS: COORDINADORA PARA LA DEFENSA DE TIERRAS Y AGUAS.

ASOCIACIÓN PRO DEFENSA DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS.

COMITÉ PRO DEFENSA DEL RÍO GARICHE Y SUS AFLUENTES.

Dado en David, el 16 de junio de 2010