Bocas del Toro honra a sus mártires y pide justicia

5000 personas acompañan los cuerpos de los mártires de Bocas del Toro

Paco Gómez

Los cuerpos de Antonio Smith, Virgilio Castillo y Fernando Abrego son enterrados hoy en Changuinola y Guabito (Bocas del Toro) en una manifestación masiva en la que están participando unas 5000 personas, la mayoría indígenas del pueblo originario Ngäbe.
Con gritos de “No queremos bicicletas ni sacos de arroz, queremos justicia” o “Abajo el Gobierno de Martinelli”, los manifestantes han marchado kilómetros bajo el sol hasta llegar a la Estación de Policía, donde han increpado a los pocos agentes que estaban a la vista. Durante toda la marcha no ha habido presencia policial y la comitiva fúnebre era aplaudida por los habitantes que esperaban a los costados.
“No queremos a este presidente, queremos un cambio, pero para poner un presidente del pueblo. La conciencia y la memoria de los muertos no se compra con las bicicletas o la comida que andan regalando por ahí”, gritaba uno de los indígenas mientras los compañeros lo aclamaban. Mientras, en diversas zonas de Changuinola, funcionarios del Gobierno Nacional regalaban bicicletas y trataban de convencer a los ciudadanos de que aceptaran las bolsas de comida. En poblaciones como Las Tablas, los vecinos quemaron ayer las bolsas de comida repartidas por el Ejecutivo.

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En la marcha fúnebre y de protesta participaron diferentes líderes sindicales y magisteriales, locales y nacionales, delegaciones de movimientos campesinos de Coclé o Veraguas, así como representantes de otros pueblos indígenas como los Naso.
Los activistas independientes de Derechos Humanos están documentando los efectos de la represión de Bocas donde, al menos, murieron cuatro adultos y dos menores y donde hay aún cientos de heridos que no han recibido atención médica. Uno de los heridos manifestó: fui al hospital tres veces y los médicos, al final, me dijeron que el plomo de los perdigones se quedaba ahí, dentro de mi piel”. Varias mujeres denunciaron la situación de los menores, afectados por los gases lacrimógenos y aún con síntomas como diarrea y vómitos.
Los testimonios de los supervivientes de la represión son desgarradores. “Disparaban desde arriba de los edificios de los bancos, y en la noche tiraban perdigones y balas desde helicópteros”, explica un obrero. Un compañero de Antonio Smith, la primera víctima de la represión oficial relata: “Primero le dispararon y después lo patearon en el suelo”. Los médicos han corroborado que Smith presentaba el pulmón perforado por munición y hasta 10 fracturas en su cuerpo.

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Nace Asamblea Ciudadana de Panamá -Exigen investigación de violación a los DDHH.

Asamblea Ciudadana

Resolución

Considerando:

Primero: Que las asociaciones, gremios, sindicatos, los ciudadanos y ciudadanas independientes, como parte integrante de la sociedad civil panameña organizada, convocados con la firme decisión de estructurar un espacio de diálogo, debate y articulación, que nos permita fundamentar las bases de una red nacional de garantías individuales y Derechos Humanos tiene el deber de fortalecer la democracia panameña y el respeto permanente a los derechos fundamentales.

Segundo: Que esta iniciativa tiene sus antecedentes históricos en la existencia de un sistema de democracia excluyente, discriminatorio e inequitativo y que el pueblo históricamente ha luchado por una autentica democracia ante diferentes tipos de gobiernos dictatoriales militares o civiles.

Tercero: Que este contexto histórico refleja un modelo de participación ciudadana secuestrada, y que la situación se ha visto agravada entre otras por los acontecimientos ocasionados por la aprobación inconsulta de leyes como la Ley 14 del 2010 y la 30 de 2010. Esto desembocó en una acción represiva contra la población trabajadora ngobe indígena y en general, la cual ha sido grave e irreparable, provocándose una profunda herida al débil Estado de Derecho, y a las condiciones de seguridad jurídica y respeto de los derechos humanos.

Resuelve

1. Crear un espacio participativo, crítico y de orientación como base permanente para la conformación de una red nacional de derechos humanos denominada Asamblea Ciudadana.

2. Exigir la derogación inmediata de la Ley 30 de 2010 y la ley 14 de 2010 por atentar contra derechos humanos fundamentales.

3. Exigir la derogación del decreto anti comarcal Decreto Ejecutivo 537 de 2010 que viola la autonomía de las comarcas.

4. Repudiar el lenguaje de menosprecio hacia las clases populares y las organizaciones de la sociedad civil por parte del gobierno nacional, y asimismo rechazar el racismo, la discriminación y la intolerancia demostrada por el mismo.

5. Defender la libertad de expresión y el derecho a la información.

6. Constituir de inmediato una comisión permanente independiente, bajo los parámetros internacionales de derechos humanos, que investigue y denuncie a nivel nacional e internacional a través de un informe sobre las violaciones y crímenes ocurridos en Changuinola y en el resto del País, y que se establezcan las responsabilidades penales y civiles incluyendo posibles delitos de lesa humanidad. Además solicitamos que se levanten todos los actos represivos contra las organizaciones de la sociedad civil y los individuos.

7. Exigir una indemnización, por parte del estado, para las víctimas y sus familiares directamente afectadas, y que la misma sea proporcional al daño causado.

8. Exigir la destitución de los Ministros de Seguridad Nacional, José Raúl Mulino, y de la Ministra de Trabajo, Alma Cortez, así como del Director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez.

9. Hacer un llamado a la sociedad civil para que nos mantengamos vigilantes y unidos para el fortalecimiento de la democracia de Panamá.

10. Hacer llegar copia de esta Resolución a los medios y organizaciones nacionales e internacionales.

11. Convocar la realización de una nueva reunión de la Asamblea Ciudadana el sábado 28 de agosto para evaluar y continuar fortaleciendo nuestras acciones.

Dado en los 17 días del mes de julio de 2010.

Firman representantes de organizaciones se sociedad civil, sindicales, magisteriales, gremios médicos, representantes de las comarcas indígenas, organizaciones de mujeres…

Esta imagen muestra la espalda de un ciudadano de Bocas del Toro que estuvo en las protestas contra la Ley 30. Decenas de perdigones alojados en la piel. Estas municiones ilegales fueron usadas de manera indiscriminada por la Policía de Panamá, lo que produjo centenares de heridos, decenas de personas perdieron la visión en un ojo o en ambos. Además muchos fueron golpeados y vejados. Foto: Anónimo

Participantes del Foro de la Sociedad Civil, ahora constituido en la Asamblea Ciudadana. Foto: Comuna Sur

Informe de sucesos de violación a DDHH de julio 2010 en Panamá -Defensoría del pueblo

Defensoría del Pueblo publica informe de incidentes de violación a los Derechos Humanos en Panamá. Leálo a continuación.

INFORME

“ANALISIS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOBRE LOS INCIDENTES OCURRIDOS ANTE EL RECLAMO DE LOS OBREROS AFILIADOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL BANANO (SITRAIBANA), DE LA EMPRESA BOCAS FRUIT COMPANY EN LA PROVINCIA DE BOCAS DEL TORO, DISTRITO DE CHANGUINOLA, RESPECTO A LA DEROGATORIA DE LA LEY No. 30 DE 6 DE JUNIO DE 2010.”

PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ ‐Julio 2010

CONTENIDO

I‐ Antecedentes

II‐ Reclamo del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (SITRAIBANA)

III‐ Hechos ocurridos en la Provincia de Bocas del Toro

A‐ Comunicado a la Ciudadanía

B‐ Actuaciones de la Defensoría del Pueblo frente a los hechos ocurridos en la provincia de Bocas del Toro producto de las protestas

1‐ Conversaciones telefónicas con la dirigencia sindical del SITRAIBANA

2‐ Reunión con miembros de la Sociedad Civil

3‐ Inspección a la Sede de la Policía Nacional en Ancón

4‐ Visita a la Clínica Hospital Nacional

5‐ Visita de la Comisión Defensorial en la ciudad de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

5.1‐ Reunión con miembros de SITRAIBANA

5.2‐ Entrevista con el Párroco de la Iglesia Católica Roberto Sirausqui

5.3‐ Visita al Hospital de Changuinola

5.4‐Visita a la Cárcel Pública de Changuinola

5.5‐Visita a los Familiares de personas fallecidas

5.6‐ Entrevista a los miembros de la Policía Nacional que fueron retenidos por los manifestantes

6‐ Atención en diversos centros hospitalarios del país 6.1‐ Hospital Regional Rafael Hernández – Ciudad de David, provincia de Chiriquí

6.2‐ Hospital Luis Chicho Fábrega – Ciudad de Santiago, provincia de Veraguas

6.3‐ Hospital Santo Tomás – Ciudad de Panamá

6.4‐ Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid – Ciudad de Panamá

6.5‐ Hospital Integrado San Miguel Arcángel – distrito de San Miguelito, provincia de Panamá

7‐ Atención a personas privadas de libertad

8‐ Otros hechos relacionados

8.1‐Caso de la Profesora Dalia Morales – Universidad Autónoma de Chiriquí

8.2‐Caso del Profesor Juan Jované – Universidad de Panamá

IV‐ Conclusiones

V‐ Recomendaciones Preliminares

VI‐ Anexos

DOCUMENTOS

Informe Preliminar- Incidentes en la provincia de Bocas del Toro y Panamá sobre violación a DDHH julio 2010
(Formato Pdf versión original)

Informe de la Defensoria del Pueblo sobre sucesos de Violación a DDHH en Panama julio 2010 (Formato Word)

I Antecedentes

El día 12 de junio de 2010, la Asamblea Nacional de Diputados aprobó en tercer debate el Proyecto No. 177, correspondiente a la Ley No. 30 de 6 de junio de 2010, que dicta medidas para promover el desarrollo sostenible de la aviación comercial, reforma normas laborales y penales y adopta disposiciones para posibilitar la ejecución de proyectos de interés nacional. Dicho Proyecto de Ley presentado por el órgano Ejecutivo, promueve la aviación civil, reformando algunas normas del Código Penal, Judicial y de Trabajo; como también la Ley 18 de 1997, orgánica de la Policía Nacional, la Ley 6 de 1997 por la cual se dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad, la Ley 41 de 1998 general del ambiente de la República de Panamá, la Ley 21 de 2003 que regula la aviación civil, subroga el Decreto Ley 19 de 1963 y dicta otras disposiciones; además, la Ley 22 de 2006 que regula la contratación pública y dicta otras disposiciones y la Ley 67 de 2008 que desarrolla la jurisdicción de cuentas y reforma la Ley 32 de 1984,orgánica de la Contraloría General de la República. Miembros de Organizaciones de la Sociedad Civil, entre ellas, Mar Viva, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), el Centro de Incidencia Ambiental, la Alianza Pro Ciudadana, la Unión de Aviadores Comerciales y el Sindicato único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNCTRACS), entre otros, manifestaron su rechazo a la aprobación de esta Ley.

Desde el día 10 de junio de 2010, la Defensoría del Pueblo se pronunció respecto al Proyecto de Ley No. 177, denominado de aviación comercial y que modifica varios textos legales, expresando que el mismo genera una enorme preocupación, toda vez que entremezcla materias que debieron ser discutidas en forma separada por su especialidad. Asimismo, indicamos que, por la complejidad de temas incluidos en el documento, cada materia debió ser analizada separadamente en el seno de la respectiva comisión de trabajo, permitiendo un amplio debate legislativo y una verdadera participación ciudadana. Sobre el particular, el artículo 46 de la Ley No.49 de 1984, que dicta el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, establecen la creación de las comisiones en comento.

La Defensoría del Pueblo consideró que algunas de las materias contenidas en el proyecto de Ley, resultaban inconvenientes; tales como la eliminación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) en las obras públicas consideradas de interés social y la iniciativa que establecía que no serían sometidos a detención preventiva los miembros de la Policía Nacional, que en el ejercicio de sus funciones, cometieran un hecho presuntamente delictivo, los cuales están contenidos en los artículos 33 de la Ley No. 30 de 2010, que adiciona el artículo 23-A a la Ley No. 41 de 1998 y el artículo 27 de la Ley No.30 de 2010, respectivamente.

En nuestra opinión, estas propuestas generarían, por un lado, desprotección en cuanto a las medidas de mitigación y conservación del medio ambiente, exigidos a proyectos que efectúa el sector privado y por el otro, la sensación de impunidad por fueros y privilegios prohibidos por nuestra Constitución Política, respectivamente. Igual preocupación, observamos en su momento, por la desnaturalización del derecho a huelga reconocido en la Carta Magna y varios Convenios Internacionales, suscritos por Panamá. Por último, en nuestro pronunciamiento, reiteramos sobre lo contraproducente que resulta el hecho de legislar diferentes materias en un solo cuerpo, por el riesgo que conlleva el no contar con la información adecuada y especializada, unida a la ausencia de la participación y aporte ciudadano.(ver adjuntos)

II Reclamo del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (SITRAIBANA).

El día Jueves 1o de julio de 2010, luego de una Asamblea General en la que participaron los representantes de las fincas y empacadoras del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, se decidió que a partir del día 2 de julio se realizaría un paro de labores por 48 horas en rechazo a la Ley No. 30 de 2010, conocida como “Ley 9 en 1” o “Ley Chorizo”.

Dicha medida fue tomada, a raíz que la empresa Bananera Bocas Fruit Company comunicó al Sindicato que ya no remitiría el descuento de la cuota sindical en cumplimiento de la nueva ley. La situación se agravó aún más cuando la empresa Bocas Fruit Company retuvo los salarios devengados de los trabajadores, luego del paro de labores por 48 horas, decretándose entonces la paralización indefinida de las actividades laborales. Por ello, las autoridades regionales del MITRADEL como de la Gobernación de la provincia, se reunieron con los directivos del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano (SITRAIBANA) para encontrarle una solución al conflicto; sin embargo, esto no fue posible, por el contrario, la dirigencia sindical solicitó al Gobierno que se presentase una Comisión de alto nivel y atendiese la situación. En virtud de lo anterior, la Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Alma Cortés, se trasladó el día Martes 6 de julio de 2010, hasta la provincia de Bocas del Toro, a fin de negociar con los trabajadores; sin embargo, la dirigencia sindical encabezada por el Secretario General de SITRAIBANA, Sr. Genaro Benett, aseguró que el paro se mantendría hasta que se derogara la Ley No. 30 de 2010, y que; además, solicitaban la presencia del Presidente de la República, Señor Ricardo Martinelli.

Tras el fracaso de las negociaciones de las autoridades del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el día Jueves 8 de julio de 2010, el Ministro de la Presidencia, Señor Demetrio Papadimitriu, se trasladó a la provincia a fin de reanudar las negociaciones con los dirigentes de los obreros de la empresa Bocas Fruit Company, que se mantenían en huelga. Los intentos de las autoridades del Gobierno Nacional de lograr una salida negociada a la crisis, condujeron a que el día sábado10 de julio de 2010, el Vicepresidente y Canciller de la República, Señor Juan Carlos Varela, así como los Ministros de Salud y Gobierno, y el Director General del FIS, entre otros funcionarios, viajaran a la provincia de Bocas del Toro, para unirse a los esfuerzos que estaba realizando el Ministro de la Presidencia.

Como es sabido, dicha huelga se mantuvo por aproximadamente 2 semanas, misma que terminó el día domingo, 11 de julio de 2010, después de las 10:00 p.m., cuando se logró la firma de un Acuerdo, en que el Gobierno Nacional se comprometió a suspender los efectos de tres artículos (12, 13 y 14) de la Ley No. 30 de 6 de junio de 2010, que regulaban temas exclusivamente laborales. Entre otros puntos, el Acuerdo estableció que la suspensión se extendería por 90 días, término en el que debería realizarse un diálogo nacional que permitiera el logro de un acuerdo final. Asimismo, se acordó la liberación de los detenidos en Bocas del Toro, con la promesa que no serían procesados, ni sancionados. De igual manera, conforme a lo pactado, se deberá efectuar un diálogo sobre la Carta Orgánica de la Comarca Ngobe Buglé, establecer una política bananera nacional y abordar el problema del alto costo de la vida en la provincia de Bocas del Toro. Asimismo, el Gobierno Nacional se comprometió a atender los problemas de las víctimas del conflicto, ya sea con ayuda social del Fondo de Inversión Social (FIS) o indemnizaciones y/o pensiones, como gastos funerarios y ayudas a las familias de las personas fallecidas.

III-Hechos ocurridos en la provincia de Bocas del Toro

A pesar del llamado a diálogo en el distrito de Changuinola se registraron violentos enfrentamientos entre la Policía Nacional y los manifestantes, hechos estos lamentables y desafortunados que han dado como resultado la pérdida de vidas humanas y decenas de heridos, incluso con resultado que produjeron discapacidad parcial o permanente. Por otra parte, cientos de residentes estaban molestos por las afectaciones provocadas a sus niños y otros familiares producto de los gases lacrimógenos. Asimismo, es importante recalcar la incertidumbre vivida por los moradores producto de los disturbios que se protagonizaron tanto en el Puente de Changuinola, como el centro de la comunidad, quienes atemorizados salían de sus hogares a comprar alimentos.

A Comunicado a la Ciudadanía:

El día Viernes 9 de julio de 2010, se envió a todos los medios de comunicación un Comunicado de Prensa en el cual, el Defensor del Pueblo se pronunciaba sobre los hechos ocurridos en la provincia de Bocas del Toro, en el cual expresaba su preocupación por los hechos lamentables y desafortunados. Igualmente hacía un llamado a la calma y al sostenimiento de un diálogo sensato y sin condicionamientos.

B Actuaciones de la Defensoría del Pueblo frente a los hechos ocurridos en la provincia de Bocas del Toro.

1 Conversaciones telefónicas con la dirigencia sindical del SITRAIBANA.

A través de nuestra Oficina Regional de Bocas del Toro, contactamos al dirigente sindical Samuel Quintero, Secretario de Finanzas de SITRAIBANA, con quien mantuvimos comunicación permanente durante los días en los que se producían los enfrentamientos. El Sr. Quintero, expresó que la dirigencia sindical lamentaba los hechos violentos que se estaban suscitando; indicando que el Sindicato inició su reclamo mediante acciones pacíficas con la intención de poder dialogar; sin embargo, las respuestas que obtuvieron de parte de las autoridades del Gobierno Nacional fueron provocaciones, humillaciones y represiones hacia los manifestantes, lo cual se agudizó con la llegada de un número plural de miembros de la Unidad de Control de Multitudes provenientes de otras provincias del país.

2 Reunión con miembros de la Sociedad Civil

El día sábado 10 de julio de 2010, en horas de la mañana, sostuvimos reunión con miembros de la sociedad civil, entre ellas: Magaly Castillo y Luis Castillo, en representación de la Alianza Ciudadana Pro Justicia. Igualmente Mariela Arce, representante de Centro de Estudios y Acción Social Panameño (CEASPA).

En esta sesión, los miembros de la sociedad civil solicitaron la realización de una visita en conjunta, a la provincia de Bocas del Toro, la cual estaba programada previamente en la agenda defensorial. Así, se acordó visitar el distrito de Changuinola, tan pronto, las condiciones de accesibilidad lo permitieran, toda vez que en ese momento resultaba en extremo difícil acceder al lugar por la suspensión de vuelos comerciales, cierre del aeropuerto de Changuinola y cierre de la vía de acceso, por parte de los manifestantes.

3 Inspección a la Sede de la Policía Nacional en Ancón

El día sábado 10 de julio de 2010, en horas de medio día, en el Hotel Soloy, ubicado en la ciudad de Panamá, provincia de Panamá, en donde se celebraba una reunión de las diferentes organizaciones sindicales, se produjo la detención de un grupo de dirigentes. Simultáneamente, un grupo de manifestantes y estudiantes se dirigían en una marcha pacífica hacia la plaza 5 de mayo, siendo interceptados, y detenidos en el patio de la Sede de la Policía Nacional de Ancón. En virtud de estos hechos, una Comisión Defensorial, encabezada por el Defensor del pueblo, a la Sede de la Policía Nacional, entrevistándose con los detenidos y con el Director de Relaciones Públicas y la Ministra de Educación, Lucy Molinar, quien aseguró que, por instrucciones del Presidente de la República los mismos serían liberados inmediatamente. Igualmente recibimos en el lugar, la queja de varios abogados, debidamente acreditados como tales, quienes manifestaron que no se les permitía el acceso a entrevistarse con los detenidos. De esta situación fuimos testigos y no podemos pronunciarnos de otra forma que no sea recordar lo consagrado en el Artículo 22 de la Constitución Política, norma que consideramos fue vulnerada, y que establece lo siguiente: “Art.22:Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible, de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes :

Quien sea detenido tendrá derecho, desde ese momento, a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales…..”

En este sentido, queda claro que dichas actuaciones atentan contra el derecho a la libertad de reunión contenido en el artículo 38 de la Constitución Política el cual señala lo siguiente: “Los habitantes de la República tienen derecho a reunirse pacíficamente y sin armas para fines lícitos…”

4 Visita a la Clínica Hospital Nacional

El Defensor del Pueblo tuvo conocimiento que en este centro de atención médica, se encontraban internados miembros de la Policía Nacional, quienes resultaron con heridas de consideración, como consecuencia de los enfrentamientos con los manifestantes en la provincia de Bocas del Toro. En horas de la tarde del sábado 10 de julio, el Defensor del Pueblo y su personal, realizaron una visita al Hospital Nacional, con el fin de verificar el estado de salud en el que se encontraban dichos miembros de la Policía Nacional.

5 Visita a la ciudad de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Es importante recalcar que la visita del Defensor del Pueblo y su personal a la provincia de Bocas del Toro, incluyo su desplazamiento, inicialmente por vía aérea hasta Isla Colón, de allí vía acuática hasta el distrito de Almirante y por último vía terrestre hasta el distrito de Changuinola, lo que permitió poder constatar, por percepción propia, la magnitud de las consecuencias reales y materiales del conflicto.

5.1. Reunión con miembros de SITRAIBANA: Nos reunimos con los dirigentes sindicales, Samuel Quintero, Secretario de Finanzas y Abel Becker, Secretario de Organización ambos de SITRAIBANA, con quienes se había sostenido comunicación vía telefónica desde nuestra sede central en Panamá durante todos los días de protestas. Los dirigentes expresaron que la solicitud de derogación de la Ley No. 30 de 2010, inició de forma pacífica durante varios días. Era el momento de conversar con las autoridades del gobierno, pero no hubo receptividad por parte de éstos (aseguran remitieron nota al Señor Presidente de la República), por lo que efectuaron una marcha sin violencia el día Martes 29 de junio de 2010; a la cual asistieron aproximadamente 12,000 personas y a la cual se le dio poca o ninguna cobertura por parte de los medios de comunicación, ni pronunciamiento alguno por parte del Gobierno.

Aceptaron que cuando las protestas se tornaron más violentas y ante la presencia de policías antimotines, el control de la situación se les escapó de las manos. Expresaron también que existían muchas personas con heridas producto de los impactos de perdigones que no habían recibido atención médica debido al temor de posibles detenciones. Asimismo, expresaron su preocupación por los compañeros que quedarían con secuelas permanentes, tales como discapacidad visual y que desconocían el paradero de muchos de los manifestantes. Por lo anterior, la Defensoría les proporcionó copia de los listados emitidos por el Hospital Santo Tomás y los nombres de los detenidos en la Sede de la Policía Nacional en Ancón.

5.2 Entrevista con el Párroco de la Iglesia Católica Roberto Sirausqui (mediador en el Conflicto):

El Padre Sirausqui, quien fue mediador y testigo de las reuniones entre el gobierno y los manifestantes, nos refirió que las personas no sentían confianza en acudir al hospital para recibir atención, por miedo a ser detenidas. Aseguró que la información proporcionada por los medios de comunicación en ocasiones era difusa. Igualmente colaboró en el traslado de los niños albergados en Nutre Hogar hacia el hospital, ya que habían sido afectados por los gases lacrimógenos.

Consideró que la fuerza utilizada por los miembros del Policía Nacional fue desproporcionada; aunque también aseguró, que pudo observar a manifestantes portando armas.

5.3-Visitas al Hospital de Changuinola

Los días 10, 11 y 12 de julio, el personal de la Defensoría del Pueblo efectuó visitas al Hospital de Changuinola, en la última de éstas, el Defensor del Pueblo en compañía de su equipo de trabajo, realizó un recorrido por las instalaciones del centro hospitalario con el propósito de visitar y conocer la condición de las personas heridas producto de las manifestaciones ocurridas los días anteriores, y que aún se mantenían en dicho centro médico. Durante el recorrido, en la Sala de Urgencias, tuvimos la oportunidad de conversar con algunos lesionados (trauma ocular) quienes hicieron una breve referencia de los hechos ocurridos y del trato recibido. Posteriormente se efectuó una reunión con la Directora Institucional de la Caja de Seguro Social, Dra. Tusnelda Cruz y el Director Médico del Hospital, Dr. Daryl Padmore, para conocer los datos relativos al número de personas heridas y fallecidos. Se les solicitó un informe sobre el particular, indicándonos que dicha información solo podía ser entregada por el Ministro de Salud. Este requerimiento ya ha sido efectuado al Ministro de Salud Franklin Vergara.

5.4 Visita a la Cárcel Pública de Changuinola: El día sábado, 10 de julio de 2010, personal de nuestra Oficina Regional en Bocas del Toro, realizó una visita a la Cárcel Pública de Changuinola, a fin de constatar la cantidad de personas detenidas y las condiciones en que se encontraban; asimismo, si estaban recibiendo atención médica, alimentos, agua, u otro tipo de ayuda. Es importante, hacer del conocimiento que al personal de la Defensoría del Pueblo le fue negado el acceso al recinto carcelario, aduciendo razones de seguridad; sin embargo, se informó por parte de los responsables del penal, que habían 150 personas detenidas, a las cuales se les estaba brindando atención médica y alimentación. El día 11 de julio, nuevamente una Comisión Defensorial se apersonó al Cuartel de Policía de la Zona de Bocas del Toro, con la finalidad de realizar una inspección ocular al lugar donde se encontraban las personas detenidas con motivo de las manifestaciones. En esta ocasión, el Subcomisionado Didier De Gracia, Jefe de la Zona de Policía, brindó su atención e informó que efectivamente, existían alrededor de 150 personas detenidas, las cuales se encontraban en el área de visita de la Sección Judicial y agregó que se les estaba suministrando alimentos, agua; además, de la autorización para que recibieran visita de sus familiares.

En cuanto a la atención médica, el Jefe de la Zona de Policía informó que inicialmente los detenidos habían recibido atención médica por parte de un médico y paramédico de la Policía y que posteriormente, estaban siendo atendidos por personal de la Caja de Seguro Social, el Ministerio de Salud y la Cruz Roja. Finalmente, pudieron ingresar al área donde se mantenían los detenidos, los cuales se encontraban sentados en el piso del área de visita de judicial. Algunos de ellos informaron que habían recibido alimentos y sus visitas. El día lunes 12 de julio, efectuamos una tercera visita a la Cárcel Pública de Changuinola. Allí fuimos atendidos por el Jefe de la Zona de Policía, quien indicó que para ese momento ya no se encontraba ninguna persona detenida en dichas instalaciones como consecuencia de las manifestaciones, en razón de los acuerdos alcanzados el dia domingo 11 de julio. En cuanto a los cuestionamientos formulados respectos a los disparos con perdigones recibidos por los manifestantes en la parte superior de su cuerpo (torso) y rostro, el funcionario en comento mencionó que los disparos, se dieron cuando la turba se acercaba rápidamente, poniendo en riesgo la seguridad, integridad y la vida de las unidades que se mantenían tratando de controlar los disturbios. Por su parte, el Sub Comisionado Miranda aclara que los disparos realizados, afectaron el torso y el rostro de los manifestantes, por la distancia y la posición en que se encontraban los manifestantes.

Los miembros de la Policía Nacional entrevistados manifestaron que únicamente utilizaron armas de bajo impacto y ninguna con proyectil, salvo las escopetas con perdigones. Informaron oficialmente que producto de las manifestaciones se produjeron la muerte de dos (2) personas, cifra que no coincide con la que maneja la dirigencia sindical del SITRAIBANA.

5.5 Visita a familiares de las personas fallecidas:

El día martes 13 de julio se realizó visita a la residencia de la señora Catalina Guerra de Smith, esposa del señor Antonio Smith fallecido en los disturbios y enfrentamientos. Señaló que sus necesidades eran: vivienda para ella y sus menores hijos (9 en total), comida, ropa, útiles escolares, un subsidio pues nunca había trabajado. Los familiares y conocidos aprovecharon la oportunidad para solicitar que se investigara las condiciones en que falleció el Sr. Smith, puesto que aducían, fue producto de un disparo a quemarropa con una escopeta calibre 12.

5.6 Entrevista a miembros de la Policía Nacional que fueron heridos durante las protestas:

El día martes 13 de julio de 2010, se efectuó visita al Cuartel de Policía de la Zona de Bocas del Toro, con la finalidad de entrevistar a las unidades de policía que resultaron heridas.

A continuación enlistamos cada una de las entrevistas realizadas:

Subteniente Evelio Del Cid:

Informó que sufrió lesión en el pómulo derecho producto de un golpe con una piedra. Aduce que hubo denotaciones de armas de fuego por parte de los manifestantes y que decomisaron un gran número de machetes. Expresó que aproximadamente el 70 % de los manifestantes contaba con un arma blanca (machete).

Teniente Luis Hernández:

señala que sufrió trauma cerebral no visible (interno) producto de un impacto de piedra en su casco. Perdió el conocimiento y luego estuvo desorientado. Expresó que la intención manifiesta de los participantes de los disturbios era tomar el Cuartel de Policía. Agregó que les lanzaron bombas molotov, las cuales se incendiaron muy cerca del sitio donde se encontraban las unidades de policía. En cuanto a los procedimientos utilizados manifestó que inicialmente utilizaron cartuchos pirotécnicos, como medio para disuadir a los manifestantes, luego lanzaron gases lacrimógenos para dispersarlos y en vista que éstos los regresaban avanzando hacia el Cuartel, entonces, procedieron a hacer uso de cartuchos de goma y esto tampoco los contuvo, por el contrario se tornaron más agresivos y seguían avanzado hacia el Cuartel donde se mantenían unidades que no contaban con armas ni equipo. Por último, agrega lo unidad de Policía que se procedió al uso de cartuchos de perdigones, los cuales eran lanzados al piso. Señaló que las lesiones en el torso y rostro de los manifestantes podrían deberse a la posición y la distancia en que se encontraban.

Sargento Luis Aparicio:

señala que sufrió lesión en el brazo izquierdo y en el antebrazo derecho (hematomas) por piedras. Informa que utilizaron las medidas de fuerza necesarias y lanzaron gases lacrimógenos para replegar a los manifestantes, pero contrario a esto los manifestantes se acercaban cada vez más a ellos. En tres (3) ocasiones les lanzaron bombas molotov estando a muy corta distancia. Expresó igualmente, que tuvieron que lanzar perdigones al piso para tratar de controlar a la multitud.

Además, resultaron heridos: el Cabo 1ro Gerónimo Palacios, Cabo 1ro Daniel Hooker, Sargento 2do Eladio Rodríguez y el Teniente Francisco Castro.

6 Atención en diversos centros hospitalarios del país.

6.1 Hospital Regional Rafael Hernández – ciudad de David, provincia de Chiriquí.

El día sábado, 10 de julio de 2010, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, a través de la Oficina Regional en Chiriquí, se apersonaron al Hospital Regional Rafael Hernández, ubicado en el distrito de David, a fin de conocer si se habían trasladado heridos desde la provincia de Bocas del Toro, como resultado de los disturbios que se habían generado en el área. Una vez en el mencionado hospital, se les solicitó a los funcionarios de la Defensoría pedir la información en la Coordinación Regional de la Caja de Seguro Social, misma que fue suministrada por el Dr. Pellico Pérez, quien informó que entre los días 9 y 10 de julio fueron atendidas 12 personas, todos varones mayor de edad, en su mayoría de etnia indígena (11), procedentes de la provincia de Bocas del Toro, con heridas de perdigones en uno o ambos ojos. Asimismo, señaló que los heridos fueron estabilizados como prioridad; sin embargo, por no portar con los documentos necesarios para calificar como asegurados fueron registrados como no asegurados, por lo que se remitieron a las instalaciones del Ministerio de Salud.

Seguidamente, se realizaron gestiones, a fin de contactar al Dr. José Luis Castillo, Director Regional del Ministerio de Salud en la provincia de Chiriquí, quien no estaba disponible, toda vez que se informó que se encontraba en labores de consecución y envió de agua y oxígeno médico para la Provincia de Bocas del Toro. En virtud de ello, se contactó al Dr. Santiago De Roux, Subdirector Regional, quien suministró igual información otorgada por la Coordinación Regional de la Caja de Seguro Social. Por último, el Dr. De Roux indicó que ese mismo día; es decir, el sábado, 10 de julio de 2010, los lesionados fueron enviados a la ciudad de Panamá, en dos (2) vuelos: el primero, salió a las 12:00 m.d., con 6 de los heridos; y el segundo, a la 1:30 p.m., con los 6 restantes afectados.

6.2 Hospital Luis Chicho Fábrega – ciudad de Santiago, provincia de Veraguas.

El día sábado, 10 de julio de 2010, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, a través de la Oficina Regional en Veraguas, concurrieron al Hospital Luis Chicho Fábrega, ubicado en el distrito de Santiago, a fin de investigar si en dicho centro hospitalario habían ingresado algunas personas procedentes de la provincia de Bocas del Toro, a raíz de los disturbios suscitados por las protestas, así como el de verificar su estado de salud actual y otros detalles sobre su procedencia. En ese sentido, el personal Defensorial fue atendido por el Dr. Miguel A. Cartín Pérez, Coordinador en turno del Cuarto de Urgencias, quien procedió a verificar en los registros de entrada la procedencia de los pacientes atendidos para estas fechas, informando que no habían pacientes procedentes de la referida provincia bajo las condiciones antes descritas.

6.3 Hospital Santo Tomás – ciudad de Panamá.

El día domingo, 11 de julio de 2010, con el propósito de conocer el estado de salud de los heridos durante los disturbios en el distrito de Changuinola, y que por su delicada condición, por la falta de médicos especialistas y/o equipos se hizo necesario su traslado a la Ciudad de Panamá, funcionarios de la Defensoría del Pueblo se apersonaron al Hospital Santo Tomás (HST), donde fueron atendidos por el Dr. King, Coordinador del Cuarto de Urgencias, quien informó que hasta ese momento habían ingresado 42 pacientes de los cuales 8 se les dio de alta (estos últimos fueron trasladados a la Sede Central de la Policía Nacional, en el Corregimiento de Ancón); y que se encontraban a la espera de la llegada de 7 heridos más. Cabe destacar, que se solicitó una copia del listado de los pacientes atendidos, misma que fue proporcionada (la que posteriormente, se entregó a los dirigentes del Sindicato de SITRAIBANA en la Provincia de Bocas del Toro, ya que desconocían el paradero de sus compañeros).

Por su parte, el personal médico informó que los afectados van a requerir apoyo psicológico por las afectaciones sufridas, ya que la mayoría tienen daños en la visión (lo que incluye la pérdida de uno o ambos ojos); agregaron, que es importante se pueda conocer en qué centro penitenciario serían trasladados en caso de alguna complicación en su salud. Posteriormente, el personal de la Defensoría realizó una recorrido por varias salas de hospitalización para conversar con los afectados; en su mayoría tenían heridas de perdigones en la parte superior del torso, cara y específicamente en los ojos, por lo que expresaron que sus familiares desconocían sus paraderos, no contaban con ropa, ni zapatos, tampoco con útiles de aseo personal. Destacamos el testimonio de Eugenio Baker, quien asegura se encontraba dormido en su casa, cuando escuchó disparos y gritos, por lo que al salir vio a una vecina afectada por los gases lacrimógenos y corrió a socorrerla. Fue en ese momento cuando recibió impactos de perdigones en su cuerpo asegura, que en ningún momento estuvo participando de las protestas.

El día lunes, 12 de julio de 2010, nuevamente personal de la Defensoría del Pueblo se trasladó al Hospital Santo Tomás, específicamente al Cuarto de Urgencias, donde inicialmente fueron atendidos por la Dra. Batista, Encargada de la Coordinación del área, quien hizo entrega del listado de personas que habían ingresado el día 9 de julio de 2010, a partir de las 12:00 m.d.. Posteriormente, la Dra. Batista acompaña a nuestro personal a las diferentes salas donde se encontraban algunos de los pacientes hospitalizados, indicando que algunos se encontraban en el HST y otros habían sido trasladados al Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social y al Hospital Integrado San Miguel Arcángel. En dicha visita fueron entrevistadas varias personas afectadas por los disturbios, todos de etnia indígena Ngobe, quienes coincidían en indicar que no contaban con artículos de higiene personal, que hasta ese momento se mantenían custodiados por unidades de la Policía Nacional y que sus familiares no tenían conocimiento que se encontraba en dicho hospital, por lo que requerían comunicarse con ellos. Luego de haber entrevistado a las personas anteriormente mencionadas, el personal de la Defensoría fue abordado por el Dr. Elías García, Director Médico del Hospital Santo Tomás, quién indicó que les acompañaría en el recorrido por las diferentes salas.

Asimismo, manifestó que el Ministro de Salud, Dr. Franklin Vergara, estaba por llegar, así que recomendaba esperarlo. Una vez en el Hospital, el Ministro de Salud informó al personal de la Defensoría que el Señor Presidente, Ricardo Martinelli, llegaría en breve para hacer una visita a los heridos. El Presidente, Ricardo Martinelli, antes de iniciar su recorrido manifestó al personal de la Defensoría que ordenaría de inmediato que se retirarían los policías que se encontraban custodiando las diferentes salas donde estaban las personas afectadas por los disturbios y que; además, les entregaría artículos de primera necesidad a los retenidos y que los trasladarían a su lugar de origen. En cuanto, a los pacientes que no podían movilizarse señaló que trasladarían a algunos de sus familiares para que estuvieran con éstos.

6.4 Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid – ciudad de Panamá

En la tarde del día lunes 12 de julio de 2010, funcionarios de la Defensoría del Pueblo se trasladaron al Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, específicamente al Cuarto de Urgencias, a fin de conocer la condición de salud de las personas afectadas por los enfrentamientos escenificados con los miembros de la Policía Nacional en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. En dicha visita, el personal de la Defensoría conversó con los heridos y miembros de la Policía Nacional, quienes informaron que se encontraban hospitalizadas 10 personas, todos de etnia indígena, provenientes de la provincia de Bocas del Toro. Eran visibles las heridas producidas por perdigones en el torso y la cara, específicamente en uno o ambos ojos. Por su parte, aquellos que también tienen lesiones en el resto del cuerpo, informan que las mismas les impiden movilidad y les causan fuertes dolores; y en otros casos manifiestan problemas respiratorios. Asimismo, expresan que todas sus lesiones son productos de los perdigones y bombas lacrimógenas lanzados por la Policía Nacional. Destacamos el testimonio de los hospitalizados en el Piso No. 7, Sala No. 714, quienes aseguran que la Policía Nacional les lanzaban bombas lacrimógenas de manera indiscriminada y que; además, les disparaban los perdigones de frente y a muy corta distancia.

6.5 Hospital Integrado San Miguel Arcángel (HISMA) – distrito de San Miguelito, provincia de Panamá.

En la tarde del día jueves, 15 de julio de 2010, miembros de la Defensoría del Pueblo, a través de la Oficina Regional en San Miguelito, se presentaron al Hospital Integrado San Miguel Arcángel, ubicado en ese distrito, a fin de conocer las condiciones y número de pacientes atendidos en este hospital, como resultado de los disturbios ocurridos por las protestas de los obreros en la provincia de Bocas del Toro. En dicho Hospital el personal de la Defensoría del Pueblo fue atendido por la Asesora Legal del Hospital San Miguel Arcángel, quien brindó la siguiente información:

‐ El día 9 de julio fueron admitidos 4 pacientes todos varones, mayores de edad.

‐ El día 10 de julio fueron admitidos 5 pacientes, todos varones, entre ellos un menor de edad.

‐ En su totalidad ingresaron 9 pacientes en las dos fechas mencionadas, y a dos de ellos, se les dio salida el día 13 de julio, por no presentar mayores complicaciones. Actualmente, están hospitalizados 7 personas, quienes se encuentran en condición de salud estable. Es importante señalar, que el HISMA habilitó una sala para uso exclusivo de estos pacientes donde son atendidos con prioridad.

7 Atención a personas privadas de libertad:

El día 12 de julio de 2010, una Comisión Defensorial realizó una visita tanto a las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) como la Sede Central de Policía Nacional, ambas ubicadas en el corregimiento Ancón, mismas que tenían el propósito de conocer las condiciones de detención de un grupo de dirigentes sindicales, manifestantes y estudiantes quienes fueron detenidos a causa de las protestas de la semana del 5 al 10 julio de 2010, efectuadas en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro y otros en el distrito de Panamá, provincia de Panamá. Dichas instalaciones albergaban una población de 75 personas en condiciones de detención que no son las más convenientes para mantenerlas recluidas. En el desarrollo de nuestra visita nos entrevistamos con el señor Jaime Alberto Caballero, dirigente del Sindicato único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) de Chiriquí y el señor Rolando Ortiz, dirigente del Movimiento FER 29. En sentido, conviene resaltar lo siguiente:

7.1. Conversación con Jaime Alberto Caballero.

Residente en distrito de David, provincia de Chiriquí. El dirigente fue detenido en la provincia de Chiriquí el día 10 de julio de 2010 y fue trasladado a la provincia de Panamá, la Fiscalía Auxiliar le formuló cargos por el delito contra la Seguridad Colectiva en las modalidades de delitos contra los medios de transporte y asociación ilícita para delinquir en grado de tentativa, de acuerdo al Oficio No. 14252 de la misma fecha, emitido por la autoridad antes indicada. Posteriormente, el 14 de julio de 2010, se realizó una segunda visita al señor Jaime Caballero, quien informó que mantenía huelga de hambre desde el día sábado, toda vez que considera que es un “prisionero político” y no hay elementos de prueba que lo mantuvieran detenido a órdenes de la Fiscalía Auxiliar. Permanecía tomando suero y agua e informó que se sentía en ocasiones mareado. En el Sistema Transitorio de Detención de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) le tomaban diariamente sus signos vitales.

7.2. Rolando Federico Ortiz Escartin.

El dirigente fue detenido durante la realización de una protesta pacífica efectuada el día 10 de julio de 2010, en las calles de Avenida Perú y la antigua Casa Miller. Durante su detención no se le permitió efectuar llamada telefónica ni se le informó el motivo de su detención hasta que fue conducido ante la autoridad competente. La Fiscalía Auxiliar le formuló cargos por el delito contra la Seguridad Colectiva en las modalidades de delitos contra los medios de transporte y asociación ilícita para delinquir en grado de tentativa, de acuerdo al Oficio No. 14252 de 10 de julio de 2010. La Comisión Defensorial de Panamá, cumplida esta labor, se trasladó a las instalaciones de la Policía Nacional de Ancón y conversó con las siguientes personas, que en su mayoría, pertenecen a etnias indígenas:

7.3. Abdiel Machuca.

Residente en el distrito de Changuinola en Bocas del Toro. Fue detenido el día viernes 9 de julio de 2010, cuando se encontraba recluido en el Hospital Santo Tomás, luego de ser trasladado desde la Caja de Seguro Social de Changuinola por heridas ocasionadas por perdigones. El señor Machuca presentaba heridas de perdigones en el cuerpo, así como en su ojo derecho. Además el detenido indicó que no se le permitió realizar ningún tipo de llamada y que no podido comunicarse con sus familiares. Cabe destacar que el mismo brindó declaración en la Fiscalía Auxiliar por el delito contra la Seguridad Colectiva.

7.4. Abel Morales.

Residente en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Señala que lo detuvieron por supuesto vandalismo, el día 9 de julio de 2010, en el Hospital Santo Tomás; sin embargo, aduce que el día de los acontecimientos se encontraba recluido en el Hospital de Changuinola. Agrega que no tuvo acceso a realizar llamadas telefónicas, por lo que sus familiares deben desconocer su paradero. Prestó declaración a la Fiscalía Auxiliar por los hechos atribuidos.

7.5. Alfredo Castillo.

Residente en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. El señor Castillo manifestó que se encontraba atendiéndose el día jueves 8 de julio de 2010, en la Caja de Seguro Social de Changuinola por heridas de perdigones, luego fue trasladado al Hospital Santo Tomás en Panamá, donde fue detenido por participar en las protestas registradas en la provincia de Bocas del Toro. El mismo, presentaba lesión en el ojo izquierdo por perdigones. No se le ha permitido realizar ninguna llamada. Declaró ante la Fiscalía Auxiliar por las mismas causas que las personas entrevistadas anteriormente.

7.6. Roselso Salazar.

Residente en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Fue detenido el viernes 9 de julio de 2010, en el Hospital Santo Tomás, por haber participado supuestamente en las protestas de la provincia de Bocas del Toro. No tuvo acceso a llamada telefónica, ni a la asistencia de un abogado que lo representara. Presentaba heridas por perdigones en el cuerpo y en general un estado de salud delicado (fiebre y temblores).

7.7. Rangel Abrego.

Residente en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. El señor Abrego fue atendido en el Hospital de Changuinola por herida en el ojo derecho producto de un perdigón y se le trasladó a Panamá, para ser atendido por un especialista. Fue detenido el día 8 de julio de 2010, cuando estaba en el Hospital Santo Tomás recibiendo atención médica. No tuvo comunicación con su familia y fue conducido y la Fiscalía Auxiliar le formuló cargos por el delito contra la Seguridad Colectiva.

7.8. Eduardo Santos Jiménez.

Residente en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. El señor Jiménez fue atendido en el Hospital de Changuinola por herida en el ojo izquierdo producto de un perdigón y se le trasladó a Panamá, para ser atendido por un especialista. Fue detenido el día 8 de julio de 2010, cuando estaba en el Hospital Santo Tomas recibiendo atención médica. No ha tenido comunicación con su familia y fue conducido a la Fiscalía Auxiliar donde se le formularon cargos por delito contra la Seguridad Colectiva. No declaró, toda vez que se acogió al artículo 25 de la Constitución Política.

7.9. Arcenio Castillo Beker.

Residente en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. El señor Castillo fue atendido en el Hospital de Changuinola por herida leve en el ojo derecho producto de un perdigón y se le trasladó a Panamá, para ser atendido por un especialista. Fue detenido el día 8 de julio de 2010, cuando estaba en el Hospital Santo Tomas recibiendo atención médica. No tuvo comunicación con su familia y fue conducido a la Fiscalía Auxiliar donde se le formularon cargos por Delito contra la Seguridad Colectiva.

7.10. Andrés Garay Guerra.

Residente en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro. Indica que no participó en las protesta y que sólo estaba mirando los acontecimientos cuando fue impactado por un perdigón. El señor Garay fue atendido en el Hospital de Changuinola por herida en el ojo derecho producto de un perdigón y cuando se le trasladó a Panamá, para ser atendido por un especialista, fue detenido el día 8 de julio de 2010, en el Hospital Santo Tomás. Precisó que recibió atención médica, pero que no se le permitió comunicación con su familia y fue conducido a la Fiscalía Auxiliar donde le formularon cargos por delito contra la Seguridad Colectiva.

8 Otros hechos relacionados:

8.1 Caso de la Profesora Dalia Morales – Universidad Autónoma de Chiriquí:

Nuestra Oficina Regional de Chiriquí, se trasladó a la Universidad Autónoma de Chiriquí, para entrevistar a la profesora Morales, quien indicó que es dirigente magisterial y forma parte del grupo que lidera el Profesor Andrés Rodríguez y denunció que está siendo perseguida por unidades de la Dirección de Información e Investigación Policial (DIIP). Señaló que el sábado 10 de julio del presente, se encontraba reunida en el Hotel Soloy, junto con asociaciones de profesores a nivel nacional y aproximadamente a la 1:00 p.m., llegó un contingente de unidades de la Policía y la detuvieron junto con otros 4 dirigentes. Manifiesta la Profesora Morales, que fue conducida sin una orden legítima, fue esposada y maltratada física y psicológicamente por las unidades de la policía y fue liberada posteriormente como a las 5:00 p.m., por presión de altas autoridades como la Iglesia, Comisión de Justicia y Paz y la Defensoría del Pueblo. Ella viajó el día domingo a la provincia de Chiriquí y como todos los días se dirigió al Colegio Victoriano Lorenzo a cumplir con sus labores y durante la jornada se presentaron al plantel unidades de la DIIP, quienes le indicaron al Director Regional de Educación y al Director del Plantel que la profesora sería conducida con orden de detención o sin ella.

Agrega la Profesora que al verse en esta situación conversó con el Rector de la Universidad Autónoma de Chiriquí, para que se le permitiera ingresar a este centro educativo y permanecer allí, dada la autonomía con que cuenta. Por lo tanto, la educadora comunicó que se mantendría en las instalaciones de la Universidad hasta que se le garantice su seguridad.

8.2-Caso del Profesor Juan Jované – Universidad de Panamá:

El día 12 de julio de 2010, una Comisión Defensorial realizó una visita a la Universidad de Panamá, a fin de conocer la situación difundida en los medios de comunicación sobre el caso del Profesor Juan Jované. El Profesor Jované, manifestó a nuestra Comisión que el día 11 de julio del presente año, 3 miembros de la Policía Nacional, se presentaron a su residencia expresándole que debía acompañarlos a la Fiscalía Auxiliar, toda vez que el Fiscal lo requería. Es importante indicar, que según lo informado, el vehículo que transportaba a los miembros de la Policía Nacional no tenía identificación que lo visualizara como un vehículo propiedad del Estado, y éstos se identificaron mostrando una placa, sin dar sus nombres ni su identificación personal. Seguidamente, procedió a llamar a sus abogados, quienes le indicaron que se debía presentar una orden escrita; sin embargo, los funcionarios de la Policía Nacional no la tenían, por lo cual se negó a ser conducido a la Fiscalía Auxiliar.

El Profesor Jované informó que los miembros de la DIJ le manifestaron que: “si él no quería ir por las buenas iba por las malas, y que sino, iban a buscar una orden de allanamiento…” Asimismo, el afectado expresó que se presentaron los medios de comunicación al lugar, motivo por el cual los miembros de la Policía Nacional decidieron retirarse. Posteriormente, sus abogados se apersonaron a la Fiscalía Auxiliar, a fin que se le mostrara el expediente y conocer las razones para su conducción; sin embargo, esto no fue posible, por el contrario se les informó que al día siguiente podrían verlo. Según el Profesor Jované, por todas las violaciones a sus derechos, decidió iniciar un ayuno en las instalaciones de la Universidad de Panamá. Igualmente, nos hizo entrega de algunas vistas fotográficas de lo sucedido el domingo, 11 de julio de 2010, con los agentes de la Policía Nacional.

IV Conclusiones

Luego de las investigaciones realizadas, hemos arribado a los siguientes resultados:

1. Los hechos acontecidos en el Distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, evidenciaron un estado de cosas inconstitucionales, en las que se advirtió la conculcación de derechos, como lo son: el derecho a la vida,

a la integridad personal, a la libertad personal, a la protección judicial, entre otros, a la luz de lo que dispone la Constitución Política, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos.

2. Las actuaciones iniciales de las autoridades correspondientes evidenciaron falta de prioridad al diálogo y tolerancia ante legítimas reclamaciones y derechos que le asistían al sector trabajador y en todo caso resultaron inefectivas.

3. Las demostraciones efectuadas por los trabajadores que iniciaron con la marcha del martes 29 de junio de 2010 y otras acciones pacíficas, y que culminaron con el paro laboral, ocasionando el enfrentamiento con los representantes de la autoridad del orden público, tuvieron como resultado el fallecimiento de varios manifestantes y colateralmente la afectación de derechos de terceros, así como una alta cifra de heridos aún por precisar y lesionados en la población civil, e incluso miembros de la Policía Nacional, al igual que un número importante de personas ilegalmente privadas de libertad.

4. Estas circunstancias incidieron sensiblemente en el resquebrajamiento del orden público, en la falta de seguridad de la población que producto de estas refriegas vivieron momentos de temor e inseguridad, e impidieron el goce de derechos fundamentales, entre estos, el respeto a la vida e integridad física de las personas, el libre tránsito, el acceso a alimentos, atención oportuna y eficaz de quienes requerían servicios de salud, entre otros.

5. Los daños a la propiedad privada y bienes del estado, que rodearon las protestas, evidenciaron el nivel de intolerancia y descontrol de algunos de los manifestantes, quienes exteriorizaron de forma equivocada su frustración ante la falta de respuestas concretas a sus legitimas reclamaciones.

6. Un número plural de personas, aún por determinarse, que resultaron heridas por estos acontecimientos muestran afectaciones en uno o ambos ojos, cuya gravedad y secuelas están siendo evaluadas por los facultativos, pero que evidencian un claro y abusivo exceso de la fuerza que requieren la explicación, investigación, análisis y revisión por parte del Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional.

7. La utilización de armas de fuego, específicamente cartuchos de perdigones y las lesiones producidas a los manifestantes de Changuinola, comprueban la falta de utilización de protocolos y de una correcta aplicación de la reglamentación para la contención de protestas o manifestaciones públicas, que lamentablemente en algunos casos; además, de discapacidades parciales o permanentes, tuvieron como consecuencia la pérdida de vidas humanas. La Defensoría del Pueblo continuará la investigación en esta materia.

8. En el caso de las provincias de Panamá y Chiriquí, la detención y conducción de ciudadanos a las instalaciones de la Policía Nacional, aduciendo supuestos errores, al presumir la eventual comisión de faltas administrativas o delitos constituyen hechos graves que limitan y violan el ejercicio de los derechos fundamentales, sin más restricciones que las establecidas en la ley.

9. En virtud de nuestras investigaciones, se hace evidente que se produjeron violaciones del derecho al debido proceso, tomando en consideración que se efectuaron privaciones de libertad sin el debido sustento jurídico, atentando de esta forma contra el Derecho de libertad personal, establecido en tanto en diversos instrumentos internacionales relativos a los Derechos Humanos y ratificados por el Estado panameño, al igual que en nuestro derecho positivo. 10. La plausible iniciativa del gobierno central, de trasladar funcionarios de alta jerarquía al lugar del conflicto, de haberse efectuado en tiempo oportuno, es decir, antes de suscitarse los hechos violentos, probablemente hubiese podido evitar las lamentables situaciones ocurridas.

V Recomendaciones Preliminares

En virtud de lo anterior, el Defensor del Pueblo recomienda al Estado las siguientes acciones prioritarias:

1. Instar al fiel cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 18 de 1997, Ley Orgánica de la Policía Nacional, relacionado con el uso limitado de la fuerza, y aplicar ante situaciones de esta naturaleza, los principios de Necesidad, Proporcionalidad, Racionalidad e Identificación del agresor, los cuales están consagrados y explicados en instrumentos internacionales de Derechos Humanos. En el mismo sentido, recomendamos tomar en consideración “los Principios Básicos sobre el empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del delincuente” que en su parte pertinente, establece lo siguiente: “…

5.Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley:

a. Ejercerán con moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga;

b. Reducirán al mínimo los daños y lesiones y respetarán y protegerán la vida humana;

c. Procederán de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas heridas o afectadas;

d. Procurarán notificar lo sucedido, a la menor brevedad posible, a los parientes o amigos íntimos de las personas heridas o afectadas.

6. Cuando al emplear la fuerza o armas de fuego los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, ocasione lesiones o muerte, comunicarán el hecho a sus superiores de conformidad con el Principio 22.

7. Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley 8. No se podrán invocar circunstancias excepcionales tales como la inestabilidad política interna o cualquier otra situación de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos principios básicos.”

2. Exhortar a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias con el fin de garantizar el orden público y el libre tránsito, respetando las normas de procedimiento policial establecidas y consagradas en la Ley.

3. Recordar a las autoridades su ineludible obligación de respeto a la vida e integridad de todas las personas en el país, en fiel cumplimiento de la Constitución Política y de los instrumentos internacionales de derechos humanos de los que es suscriptor nuestro país;

4. Reiterar que deben cumplirse los presupuestos contemplados en nuestro ordenamiento positivo y disposiciones internacionales que prohíben las detenciones arbitrarias o ilegales; evitando que se produzcan privaciones de libertad o capturas momentáneas de personas sin fundamento legal.

5. Insistir en la vigencia y fiel acatamiento del principio del debido proceso, así como el derecho a la asistencia de un abogado desde el momento que se produzca una privación de libertad; además, de exhortar a las autoridades judiciales a que resuelvan dentro de los plazos establecidos los recursos interpuestos, especialmente las Acciones de Hábeas Corpus;

6. Suprimir inmediatamente el uso de perdigones o similares, así como armas de fuerza letal como instrumentos tendientes a disuadir o controlar manifestaciones o protestas públicas, por el riesgo que entrañan contra la vida de las personas, debiendo hacerse las modificaciones pertinentes en la Ley y reglamentos de la Policía Nacional y desarrollar protocolos de manejo de crisis;

7. Respetar el honor de los activistas de derechos humanos, sindicalistas, estudiantes, periodistas, académicos, religiosos, grupos indígenas y servidores públicos, entre otros, que como consecuencia de sus actividades puedan encontrar limitaciones o restricciones al ejercicio de derechos y libertades fundamentales;

8. Solicitar la atención prioritaria y especializada para las víctimas de los hechos acaecidos, con las ayudas hospitalarias, médicas y psicológicas, brindando la protección del derecho a la salud, entre otros, así como la asistencia económica y moral que cada caso requiera.

9. Requerir al Estado, a través de sus dependencias, inicie de inmediato una investigación de los hechos acontecidos, principalmente de los casos en los que se ha visto comprometido el derecho a la vida e integridad personal; contra la libertad y se establezcan las responsabilidades penales o administrativas a que haya lugar.

10. Instar a que, conforme a derecho, dentro del marco de los Acuerdos suscritos entre el gobierno y las partes, se amplíe el dialogo, a todos los sectores que han venido reclamando y planteando ser escuchados y que puedan aportar a la revisión de la Ley No.30 de 2010. 11. Exhortar a la dirigencia sindical y de grupos organizados, a tomar las medidas preventivas necesarias con el fin de evitar en sus manifestaciones de protesta, la afectación de derechos a terceros y el resquebrajamiento del orden publico. Panamá, 16 de julio de 2010 Ricardo Julio Vargas Defensor del Pueblo

VI. Anexos

Actuaciones de la Defensoría del Pueblo en las provincias de Panamá y Bocas del Toro

Inspección al patio de la Policía Nacional de Ancón tras detención de personas que participaban en una marcha pacífica y dirigentes que efectuaban una reunión en el Hotel Soloy, 10/07/2010.

Visita a miembros de la Policía Nacional que resultaron heridos producto de los enfrentamientos, 10/07/2010.

Visita a personas heridas durante los enfrentamientos que fueron trasladadas desde Changuinola hacia el Hospital Santo Tomás, 12/07/2010. Reunión con el Profesor Juan Jované, quien se mantenía en ayuno en la Universidad de Panamá, por temor de ser detenido, 12/07/2010.

Recorrido por el Hospital de Changuinola, a fin de tener contacto directo con las personas afectadas producto de los disturbios, 12/07/2010.

Reunión con miembros de la Policía Nacional en Bocas del Toro, 12/07/2010

Informe de heridos de Bocas del Toro en hospitales de la ciudad de Panamá

A continuación Burica Press publica un informe (sin edición del 14 de julio de 2010) del Padre de la Iglesia Católica de Changuinola sobre la situación de los heridos hospitalizados en la ciudad de Panamá.

{Fragmentos de mi carta al Obispo (110710) y de la carta de Félix (120710) al idem}

Hoy (domingo) por la mañana fui al Hospital Santo Tomás. Llegué diciendo que iba de parte del Obispo de Bocas. Me tuvieron esperando como media hora buscando permiso del “teniente”, del “director”, por fin lo dieron.

Están entre el 3° y 5° pisos. Son 18 personas (17 ngóbe y un afro). La mayoría están entre los 18 y los 30 años. Hay un señor como de 40.

Hay uno que perdió los dos ojos, otros que han perdido un ojo o que aún no los han operado. A algunos los han operado, a otros los van a operar. En general, están tristes, sin saber qué les va a pasar. Encontré a varios que conocen a Roberto. Había uno bastante enojado. Incluso uno me habló diciendo que habían matado dos niños (¿?), que a él le dispararon dentro de una casa. Dicen que dos que les dieron salida, se los llevaron presos.

Hablé con Maribel Jaén para que algún abogado pueda asistirlos porque están detenidos, hay policías a la entrada de las salas y no los dejan recibir visitas, “porque están privados de libertad”, así dijeron. Sé de personas que han querido ir a visitarlos, pero no les han dejado entrar. Estando en el 5° piso llegó Manuelita Núñez con otras dos señoras, las dejaron entrar a rezar, pero parece que ellas tienen permiso para entrar en todas las salas.

Los otros 23 detenidos están entre el hospital del Seguro y el de San Miguelito. No pude ir porque tengo que salir para San Félix ya que mañana hay una manifestación por lo de Cerro Colorado, no sé qué vaya a pasar. Le pedí a Félix de Lama que fuera a visitar a los de estos hospitales y que sacara la lista también.

Lista de los detenidos: Escribo los nombres tal como los tienen en las camas. Por lo menos la mitad no ha podido hablar con sus familiares. ( Revisada y actualizada con los datos provistos por Félix de Lama y Jorge Sarsaneda, el miércoles 14 de julio de 2010, a la 10:23 am)

1) PAULINO BEKER SMITH: cédula 1-710-1790. De Finca 66. Su familia no sabe dónde está. Se puede llamar al 69321941, a Juana Morales.(CSS)

2) ALFREDO JIMENEZ: cédula 1-752-1458. Se puede avisar a Carmela Santos en la 4 de abril (supongo que es una finca o barrio). Perdió los dos ojos.

3) CARLOS BAKER: cédula 1-752-807. De Finca 4. Casado con Nayla Serrano Baker. Se puede llamar a Enoch Baker, al 3332101.(CSS)

4) JERRY CHIRICO ABREGO: cédula 1-718-1209. De Finca 63. Se puede hablar con Ernesto Chirico, su papá.

5) GRISELDO VILLAGRA: cédula 1-721-1169. No tiene dónde llamar, pero su mamá (Alicia Villagra) vive en Bisira.

6) DILIO ABREGO PALACIO: cédula 1-756-1368. Se puede avisar a Adelia Abrego al 66981453.(CSS)

7) ALFONSO ABREGO ABREGO: cédula 1-717-2023. Ya saben en su casa.

8) WALTER AVILA: de Guabito, Finca 51, ya fue operado, no sabe si volverá a ver con el ojo.

9) EUGENIO BEKER: Finca 13, operado.(CSS)

10) ARMANDO BEKER: Estaba con respirador (oxígeno), no pude hablar con él.

11) RICARDO PALACIOS: de Finca 5. Ya avisó a su casa.(CSS)

12) MATEO PALACIO SÁNCHEZ: de Finca 12. No saben nada en su casa. Avisar a Sergio Oglivie en la Emisora Stereo Mar, 61398689.

13) LUIS SANTOS: de Finca 2. Avisar a Lía Jiménez.

14) ALFREDO ABREGO BEKER: de Finca 6. Dice que él andaba haciendo un mandado y le cayó un perdigón en el ojo, lo operan el lunes. Su hermana es Elisabet Jiménez: 67377069. Le pusieron como nombre Alfredo Jiménez, en la cama.(CSS)

15) VICTORIANO FERNÁNDEZ: de Nance de Riscó, perdió un ojo. Avisar a Elisea Abrego, 65862457.

16) TACITO TAYLOR: estaba bien dormido.

17) ARSENIO RODRÍGUEZ: de Las Trancas, Finca 67. Avisar a Rufina Mendoza, su señora, que está en casa de Carmela Mendoza y Luis Machado, en Finca 67. Tiene mal los dos ojos.

18) FERNÁN CASTILLO ABREGO: del Cuadrante “beis lain”, Calle 7, Milagrosa. Avisar a Martina Abrego.

19) ABRAHAM MORALES CASTILLO, ced. 1-49929. Vive en el Festival del banano. Teléfono: 64717369 (de la mamá). Llegó el domingo por la tarde.

20) Llegaron nuevos entre el 12 y 13 de julio

EMILIO ARIAS BECKER Cédula 1-713-678; Finca 6

21) BERNARDO ABREGO SANTOS, Cédula 3-714-162.

(Informe del P. Félix)

Encontré 10 heridos (todos ngobes, en el Seguro), todos se habían podido comunicar ya con la familia. Había 7 en el piso 6° y 3 3n 7°. Todos con problemas en uno de los ojos, menos uno que tiene los dos ojos con complicaciones:

1) Ramón Jiménez, ced. 1-707 71495. De la Finca 12. Dio este teléfono de Bocas: 64437547 (Margarita Abrego).

2) Ceferino Abrego Palacio, ced. 1-706 1243. De las 30. Teléfono: 67105720 (Carmela Castillo).

3) Alfredo Valdivia, ced. 1-719 2448. De Changuinola piquera.

4) Ramiro Palacios, ced. 1-717 882. De Finca 63. Teléfono: 66021485 (Magdalena Jiménez).

5) Cornelio Romero, ced. 1-48 302. De las 30.

6) Ricardo Abrego, ced. 1-42 19. De Finca 03.

7) Alexis Villagra, ced. 1-723 2301. Finca 60. Es el que tiene los dos ojos todavía sin operar. Teléfono: 65689630.

8) Ismael Bonilla, ced. 1-722 697. De Finca 4. Teléfono: 66015260 (es de su familia).

Ambientalistas denuncian violación de la Constitución y de los DDHH

De la crisis ambiental a la crisis democrática

Las organizaciones ambientalistas y los ciudadanos preocupados por el desarrollo de Panamá, agrupados en la RED DE AMBIENTALISTAS POR LA DEMOCRACIA quieren hacer saber al país:

  • La crisis que vive Panamá ha superado los límites del debate sobre la LEY 30 o sobre las modificaciones a la Ley Ambiental y afecta a las bases del Estado de Derecho
  • Estamos escandalizados y preocupados por la violación de los Derechos Humanos y Constitucionales en la provincia de Bocas del Toro y en otras zonas del país
  • Pedimos transparencia sobre el estado de los heridos en Bocas del Toro, sobre los fallecidos y sobre las víctimas reales de este conflicto, así como atención, justicia y reparación.
  • Queremos denunciar la violación de los derechos civiles y políticos básicos (como el derecho a reunión, manifestación, a la libre expresión, al debido proceso legal, etcétera) de los panameños y panameñas
  • Señalamos la “militarización” de la Policía Nacional y los poderes extraordinarios y vulneradores de las garantías constitucionales que se les ha dado con la Ley 30 y que se han traducido en un uso excesivo de la fuerza que va a quedar impune.
  • Exigimos el cese del uso de armas de fuego contra la ciudadanía y pedimos a los agentes que no repriman a su propio pueblo
  • Repudiamos la persecución arbitraria de líderes sindicales, educadores, indígenas y ambientales, así como de periodistas. Queremos destacar el hostigamiento contra la ambientalista de Chiriquí Yaritza Espinosa y de los periodistas que han sido defensores del ambiente en Panamá como Carlos Núñez y Paco Gómez Nadal.
  • Señalamos que funcionarios del Estado han faltado al respeto a la población originaria de Bocas del Toro en una clara muestra de racismo institucional
  • Nos preocupa el limitado acceso de la ciudadanía panameña a información independiente y balanceada sobre lo que está aconteciendo en el territorio nacional. Pedimos al Gobierno que no mienta al país y que permita a los medios de comunicación cubrir de forma libre la información
  • Consideramos que es hora de que organismos internacionales que velan por los Derechos Humanos y por la Democracia en el Hemisferio intervengan como mediadores ante la poca apertura al diálogo que ha mostrado el Ejecutivo de Panamá
  • Exigimos al gobierno la derogación inmediata de la Ley 30 y de la Ley del Carcelazo y el respeto de los procesos democráticos de presentación y discusión de las leyes con una amplia participación ciudadana

Red de Ambientalistas por la Democracia

Informe de Derechos Humanos incrimina al gobierno de Panamá

RESUMEN URGENTE

DE LOS ACONTECIMIENTOS EN PANAMÁ

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, GRAVE CRISIS DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO EN EL PAÍS

Un detenido con una herida grave en su ojo en los incidentes de Bocas del Toro. Decenas han perdido una o las dos vistas. Hubo muertos y centenares de heridos.

Elaborado por Human Rights Everywhere (HREV) / Panamá

14 de julio de 2010

– ANTECEDENTES / CONTEXTO POLÍTICO

– LA CRISIS DE BOCAS DEL TORO

– CONTEXTO LEGAL

– PERSECUCIÓN A LÍDERES

– ATAQUES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

ANTECEDENTES / CONTEXTO

  • El 3 de mayo Ricardo Martinelli gana las elecciones presidenciales de Panamá con algo más del 60% de los votos emitidos.

  • En el mes de julio toma posesión con un proyecto centrado en la Mano Dura contra el crimen, la promesa de ir de frente contra los corruptos y de atender las necesidades del pueblo

  • En los primeros meses de gestión oficial, el Gobierno contrata más del 70% de las obras por contratación directa saltándose el proceso de licitación

  • Comienzan los dos programas estrella del Gobierno con irregularidades: el que entrega un bono de 100 dólares a los mayores de 70 años que no tengan jubilación y l entrega de mochilas a los escolares de todo el país

  • El Gobierno da el permiso de operaciones a la Minera Petaquilla Gold después de renegociar el contrato con el Estado. Esta Minera afecta al Corredor Biológico Mesoamericano y a cientos de habitantes de comunidades campesinas e indígenas

  • El Gobierno comienza a abrir las 11 bases aeronavales después de firmar un convenio con asesoría de Estados Unidos. La excusa oficial es la lucha contra el narcotráfico, organizaciones sociales denuncian la “militarización” del país. Panamá no tiene Ejército desde 1990, cuando meses después de la invasión estadounidense fue abolido. Sin embargo, hay cuerpos policiales, como el de Fronteras, que utilizan armamento militar y los actuales mandos de la Policía Nacional, incluido el director, son ex militares del régimen de Manuel Antonio Noriega.
  • En enero de 2010 el Gobierno nombra a dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que formaron parte de su campaña electoral incumpliendo la promesa de fomentar la independencia del poder judicial.

  • Un mes de después, en febrero, la Corte Suprema separa de su cargo a Ana Matilde Gómez, Procuradora General (Fiscal General), en medio de una fuerte polémica sobre la constitucionalidad de la medida. El Gobierno nombra de inmediato a un abogado cercano al presidente como Procurador Suplente, Giussepe Bonissi. La Corte tardé 5 meses en determinar si había razones para juzgar a la Procuradora por unas escuchas telefónicas ordenadas por ella en el caso de un juez corrupto. El juicio comienza en agosto.

  • El Ejecutivo controla la Asamblea Nacional y las leyes se aprueban de manera expedita.

  • La Comisión Interamercana de Derechos Humanos realiza en abril una sesión temática sobre justicia en Panamá. Comparecen por la sociedad civil Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, y Miguel Antonio Bernal, abogado constitucionalista. El presidente reacciona de forma violenta a las denuncias de estos dos activistas y denomina a la sociedad civil como “cuatro gatos” que quieren “cogobernar”. Comienza acoso fiscal a Magaly Castillo y ataques mediáticos de la Ministra de Trabajo, Alma Cortés.

  • Noviembre de 2009. El Ministro de Gobierno y Justicia ordena el desalojo de los indígenas Naso de sus tierras ancestrales, reclamadas por un ganadero. El Gobierno hace caso omiso a las medidas cautelares a favor de estas comunidades dictaminadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y asegura, por medio de su ministro, “que en Panamá no hay problemas entre indígenas y empresarios”.
  • La Comisión para la Erradicación de Todas las Formas de Discriminación de la ONU emite un duro informe contra Panamá en marzo de 2010 señalando que se están dando desplazamientos forzados de comunidades indígenas y que hay una pauta de discriminación institucional.
  • El Presidente de la República anuncia que va a cambiar el Código Minero para que el Gobierno de Corea del Sur pueda explotar la Mina de Cerro Colorao (la legislación panameña impedía que un Estado extranjero tuviera acciones en una explotación minero), la segunda reserva mundial de cobre ubicada en plena comarca indígena Ngäbe-Buglé a pesar de la oposición de los indígenas. En junio de 2010, un Decreto Ejecutivo del Consejo de Gabinete cambia la Ley Orgánica de la Comarca Ngäbe-Buglé para reducir la autonomía política de los indígenas y permitir la explotación minera y la construcción de hidroeléctricas.
  • En la provincia de Darién se instala un estado de sitio no declarado oficialmente. Los habitantes de Jaqué denuncian presiones por parte de la Policía de Fronteras, imposibilidad de salir a pescar y desplazamiento masivo de la comunidad de Guabito, miembros de la etnia emberá. La excusa es la lucha contra el narcotráfico pero hay una limitación real de los derechos constitucionales. Según un Decreto firmado por la anterior Administración, el Servicio Nacional de Fronteras (Policía) ejerce funciones policiales, de migración, de autoridad del ambiente, entre otras, en Darién.
  • Además, el Ministerio de Seguridad firmó un convenio con la Autoridad Nacional del Ambiente que permite a la Policía Nacional utilizar como bases los puestos de guardabosques en los Parques Nacionales, incluido el Parque Nacional Darién, donde hay presencia de las guerrillas colombianas.

LA CRISIS DE BOCAS DEL TORO

Enfrentamientos en Bocas del Toro. Represión policial

El 2 de julio dio comiendo una huelga de 48 horas en las bananeras de Bocas del Toro que finalmente se prolongó hasta el domingo 11 de julio y acabó con duros enfrentamientos entre la policía y los trabajadores en huelga, cerca de 4.000 en su mayoría Ngäbe-Bugle, y sus familias. El saldo se cerró con cerca de 700 detenidos, tres muertos oficialmente reconocidos y una docena según las organizaciones sindicales, y en torno a 150 heridos atendidos en centros médicos en su mayoría por las lesiones provocadas por los perdigones de la policía, aunque los movimientos sociales cifran los heridos hasta en 1.000. Buena parte de esas lesiones son en el rostro y varios indígenas han perdido uno o dos ojos. Debido al uso de armamento de fuego real por parte de la Policía Nacional.

En el caso de las muertes la contaminación informativa ha sido total, HREV ha podido comprobar los nombres de dos de los fallecidos, indígenas ngäbe trabajadores de las bananeras (Antonio Smith y Fernando Ábrego). Sin embargo, se está tratando de identificar los otros cuerpos, aunque el acceso a la zona y a la morgue ha sido restringido por las autoridades.

A lo largo de los días de huelga se sumaron a los paros la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), Conusi y Conato, estas ultimas las dos principales centrales sindicales de país.

La huelga terminó con un acuerdo entre el Gobierno y el representante del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Afines (Sitraibano) de la Bocas Fruit Company que suspende durante 90 días algunos de los artículos de la Ley 30 de 2010 que desencadenó la huelga para negociarlos de forma nacional. El acuerdo no es aceptado por todos los movimientos que participaron en el levantamiento de Bocas, por lo que en estos momentos se respira una tensa calma que solo oculta aparentemente el conflicto real.

La huelga iniciada el 2 de julio, convocada por Sitraibano y cuatro sindicatos independientes, exigía la derogación de las reformas introducidas en diversa normativa penal, laboral, ambiental y policial, a través de la Ley de Aviación Comercial (Ley 30, conocida tambien como Ley Chorizo o Ley 9 en 1, porque reforma seis leyes y tres códigos).

Los trabajadores están en contra de la modificación al Código de Trabajo que plantea que las empresas no tienen la obligación de descontarle la cuota sindical a los trabajadores, lo que prácticamente elimina a los sindicatos. También rechazan la posibilidad de que las empresas contraten nuevo personal cuando se registra un paro de esta naturaleza, pues esto podría traer enfrentamientos “del pueblo contra el pueblo” y limita de forma sustancial el derecho a huelga.

Durante los dos primeros días de huelga se produjeron algunos cortes de calles y los ánimos se caldearon el sábado, 3 de julio, cuando los directivos de la empresa bananera no procedieron a pagarles la planilla correspondiente de la semana a los operarios, razón por la cual procedieron a cerrar la salida de los directivos de la compañía Bocas Fruit Company de las oficinas de Finca 13.

El día 4 se declaró la huelga como indefinida y el día 5 empezaron los cortes de los accesos a Changuinola, afectando ya al comercio y las clases en los colegios. El 6 de julio la ministra de Trabajo, Alma Cortes, se desplazó a Changuinola pero la reunión con los trabajadores terminó sin acuerdo. Entonces empezaron los primeros enfrentamientos con la Policía Nacional, que utilizó una fuerte represión, que se saldaron con los primeros 120 heridos.

El Gobierno reconoció el envió a la ciudad 300 efectivos antidisturbios y trasladó al lugar al ministro de Presidencia, Jimmy Papadimitriu, y posteriormente al ministro de Exteriores y vicepresidente, Juan Carlos Varela, y el ministro de Seguridad, Raul Mulino.

A partir del día 8 los enfrentamientos se recrudecieron, con una violenta respuesta de la policia, y empezaron las primeras detenciones de trabajadores y de líderes sindicales. Incluso se sacó al profesor Roberto Castillo encañonado de una reunión sin que se sepa aún cuál ha sido su destino. Esa misma fecha falleció el primer trabajador, Antonio Smith. Finalmente fueron tres los muertos reconocidos oficialmente, aunque las organizaciones sindicales hablan de una docena. Los heridos antendidos en centros sanitarios superaron los 150 y las detenciones rondan las 700.

Perdigones en el rostro

La policía respondió durante los cuatro días de enfrentamientos con gases lacrimógenos y perdigones (munición real). El propio Defensor del Pueblo de Panamá, Ricardo Vargas, ha denunciado que los disparos se produjeron por encima de la cintura. De hecho, la mayoría de las heridas son en el rostro y en los ojos. El Ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, insiste en que se disparó al suelo y que los heridos recibieron impactos en la cara por el “rebote” de los perdigones en las piedras.

Carmen Rosa Villa, representante para Centroamérica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos indica en un comunicado público el sábado 10 de julio Villa que “de conformidad con los estándares internacionales, el empleo de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe ser restringido y excepcional”.

Desprecio del Gobierno

La huelga y los enfrentamientos de Bocas se han producido en medio de continuas manifestaciones de desprecio por parte de los dirigentes del Gobierno, que mientras ofrecía diálogo multiplicaba las fuerzas y la represión en Changuinola. El presidente Ricardo Martinelli trató incluso de viajar a Sudáfrica a ver la final del mundial, cuando ya se habían producido los primeros muertos. Ha estado desaparecido del ‘conflicto’ hasta que éste ha concluido y solo entonces ha aparecido en los hospitales para ver a los heridos y regalar teléfonos celulares para que hablen con sus familias. Inicialmente se trató de responsabilizar al partido de la oposición PRD (Partido Revolucionario Democrático) y al sindiciato de la Construcción, Suntrac (minoritario en la zona), de los disturbios. Papadimitriu llegó a decir que los “malhechores” trataban de tomar ventaja de la situación y Mulino afirmó que se trataba de “cientos de indígenas borrachos manipulados por los sindicalistas”.

Bocas del Toro es un pulmón verde vegetal, uno de los principales destinos turísticos de Panamá. Pero también una de las provincias más hermosas, ricas y abandonadas del país que desde hace 110 años ha manejado la empresa bananera. Presenta graves deficiencias de infraestructuras públicas y graves casos de abusos laborales y corrupción.

También paros y detenciones en las obras del Canal de Panamá

Mientras también se han producidos paros en los trabajos de ampliación del Canal Interoceánico de Panamá por las protestas de los obreros del consorcio ítalo-español Grupos Unidos, que demandaban mejores condiciones laborales. Los obreros realizaron varias acciones de protesta y enfrentamientos con los antimotines, y se llegó a detener a 28 trabajadores y líderes sindicales que fueron posteriormente puestos en libertad.

Grupos Unidos por el Canal está integrado por la firma española Sacyr Vallehermoso e integrado por la italiana Impregilo, la belga Juan de Nul y la panameña Constructora Urbana, S. A. Unos 700 trabajadores laboran en la costa del Atlántico y 500 en la del Pacífico.

COMISIÓN HUMANITARIA

Principales conclusiones de la comisión humanitaria (Dfensoría del Pueblo y CEASPA) que visitó la zona del conflicto el lunes 12 y martes 13 de Julio.

· La aprobación de la ley 30 y su aplicación con alevosía por parte de la compañía bananera, fue la gota que derramó el vaso de los abusos y exclusiones sufridas por el pueblo Ngäbe Buglé y sus trabajadores.

· Esto se agrava con las reformas a la carta orgánica de la comarca, durante el día de ayer se estaban dando movilizaciones indígenas en San Félix y Veraguas. Este hecho ha logrado avanzar en la articulación de las acciones entre las tres regiones y en la vinculación de las distintas causas que les afecta como pueblo.

· Desde sus inicios no existió voluntad política del gobierno para evitar el derramamiento de sangre, la política gubernamental subestimó la capacidad de reacción de la población y sus organizaciones.

· En este sentido, la dirigencia sindical regional no se sintió acompañada por sus dirigentes nacionales, consideran que se pudo contribuir a negociar antes y evitar el derramamiento de sangre y los cientos de lisiados de forma permanente.

· ”Todos subestimaron a Bocas del Toro y sus guerreros indígenas”.

· Siempre existió un cerco informativo sobre los acontecimientos, los corresponsales son hoy mal vistos por las organizaciones, pues cubrían todos los hechos, se les daba acceso a las informaciones por parte de los líderes y casi no salían las noticias en los medios nacionales, pues en Panamá se les censuraba, evidenciando la ausencia de información libre y veraz y los conflictos de intereses entre dueños de medios y sus vínculos con el gobierno.

· La mayor parte de las víctimas son hombres jóvenes que tienen heridas de la cintura para arriba con énfasis en la cara.

· Los entrevistados de sociedad civil concuerdan que se dio un uso “exagerado de la fuerza”, “se volvieron brutos”, los policías dispararon hasta que se les acababan las municiones. Las cifras sobre víctimas son imprecisas, pues muchos heridos se fueron a sus comunidades indígenas a ocultarse pues se estaba encarcelando a los indígenas y en especial a los heridos. En el día de ayer encontramos a varios que acababan de regresar de sus casas, uno de ellos me dijo con su cara llena de perdigones: ” yo me fui para mi casa pues andaban metiendo preso a la gente, y pensé que esto no era grave y que yo me los podía quitar, pero me empezaron las

molestias y por eso vine hoy al hospital” hay muchos así? le pregunté, y me respondió: “sí muchos”.

· Detuvieron a manifestantes heridos y no les permitieron atención médica hasta el día de ayer que fueron liberados y ellos por su cuenta llegaron al hospital lo que vulnera sus derecho a la protección de su salud. Una de estas personas se nos acercó y se identificó como una de ellas, estaba golpeado y con un ojo totalmente morado.

· La experiencia muestra la poca flexibilidad del gobierno en las negociaciones y la incredibilidad de la población hacia el cumplimiento de los acuerdos, por esto se requiere un acompañamiento solidario a los compañeros en el Diálogo nacional.

El informe completo puede ser descargado acá

EL CONTEXTO LEGAL

Estas son algunas de las leyes aprobadas en los últimos meses y que suponen un retroceso democrático en el país:

  • Agosto 2009. Ley sobre espionaje telefónico y correos electrónicos. La ley obliga a las telefónicas y prestadoras de servicios de internet a conservar los registros de datos de sus clientes, su identificación, inclusive a quién llamó y cuánto tiempo habló. La intención inicial es rastrar comunicaciones privadas pero limitan la intimidad de los contratantes de los servicios de comunicación.

  • Marzo 2010 / La ley sobre el Régimen Especial de la Responsabilidad Penal para la Adolescencia. Disminuye la edad penal a 12 años. Ya en Julio de 2009, nada más subir al poder, el Gobierno introdujo modificaciones al código penal elevando la condena maxima en prisión a 50 años y estableció un toque de queda para menores de edad a partir de las 9 p.m.
  • Abril 2010/ Ley 14, denominada “Carcelazo”. Penaliza con cárcel el cierre de calles por parte de manifestantes. El Defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, señaló que las legislaciones como la recientemente aprobada ley del “Carcelazo“, que penaliza los cierres de calles con 6 meses a 2 años de cárcel, requieren de un mayor proceso de reflexión y maduración y no de “actuar con emoción y pasión” por parte del Gobierno.
  • Junio 2010/ Decreto Ejecutivo 537 que modifica la Carta Orgánica de la Comarca Ngäbe Buglé. El decreto inconsulto, elimina buena parte de la autonomía política de la Comarca y pone en manos del poder central las decisiones sobre las autoridades Ngäbe.
  • Junio 2010 / Ley 30, denominada Ley 9 en 1 o Ley Chorizo. Aprovechando el periodo especial de sesiones en la Asamblea Nacional el Gobierno introduce un proyecto de ley sobre Aviación Comercial. Después del articulado sobre dicho tema introduce modificaciones a 6 leyes y tres códigos que nada tienen que ver con aviación. Los temas que generan más polémica son los que limitan el derecho a huelga y modifica el régimen sindical: los que eliminan el estudio de impacto ambiental para aquellas obras públicas o privadas que el Gobierno determine, y los artículos que indican que un agente de policía no será retirado de su puesto cuando haya cometido un delito en el horario de sus funciones. La Ley 30 se aprueba en la Asamblea Nacional con las puertas bloqueadas con candados y la policía antidisturbios rodeando el edificio para impedir la participación de la sociedad civil organizada.

PERSECUCIÓN A LÍDERES

La persecución a líderes sindicales en Panamá no es nueva pero en los últimos días se ha incrementado y se ha ampliado a líderes ambientales sociales y periodistas.

  • Sábado 10 de julio. Después de una reunión de la dirigencia del Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales, que aglutina a sindicatos, organizaciones populares y campesinas, en un céntrico hotel de la ciudad de Panamá, la Policía Nacional detiene a 300 sindicalistas y los conduce a instalaciones policiales liberándolos unas horas después.

  • Domingo 11 de julio. Agentes de la Dirección de Investigaciones Judiciales se apersonan en la casa del profesor Juan Jované, dirigente de la Unidad de Lucha Integral del Pueblo (ULIP), para detenerlo. La presencia de activistas impide el arresto. Jované se protege en las instalaciones de la Universidad de Panamá, inicia un ayuno de protesta. Inmediatamente después se conoce que hay orden de detención contra 17 dirigentes. La policía arresta al dirigente del sindicato Suntrac en la provincia de Chiriqui, Jaime Caballero, y al líder indígena kuna Ronaldo Ortiz. Ortiz fue liberado el martes 13 de julio y Caballero está encarcelado y mantiene una huelga de hambre. La líder ambientalista chiricana Yaritza Espinosa y el dirigente magisterial Juan Ramón herrera de Veragüas están en la clandestinidad y durante una concentración el martes 13, la Policía trata de arrestar a un dirigente sindical.

  • Martes 13 de julio. La fiscalía auxiliar informa que ha retirado la orden de captura pero que los procesos abiertos contra los líderes por apología del delito siguen en marcha. La información que recaban los abogados indica que hay procesos contra, al menos, las siguientes personas: Andrés Rodríguez, Mario Almanza, Marco Andrade, Gabriel Castillo, Dalia Morales, Yaritza Espinoza, Juan Saldaña, Ariel Rodríguez, Gloria Castillo, Juan Carlos Salas, Carlos Obaldía, Marco Andrade, David Niño, Eustaquio Méndez, Marco Guzmán, Maribel Gordón, Cristian Díaz, Cle Osvaldo Gómez, Juan Ramón Herrera, Juan Jované, David Niño

ATAQUES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El hostigamiento a periodistas y a medios de comunicación ha sido constante y denunciada por las organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras o la Federación Internacional de Periodistas.

– 26 de junio 2010. La policía detiene al periodista Carlos Núñez, de 70 años en ese momento, al someterlo al “pele police”, un dispositivo inhalámbrico que contiene todas las infracciones y antecedentes de los ciudadanos. La detención se da por una condena por calumnias e injurias de la que no fue notificado el periodista y por un texto escrito hace 12 años en una publicación que ya no existe en el que denunciaba un delito ecológico de un empresario poderoso en la provincia de Chiriquí.

Núñez fue encerrado durante 13 días en la subestación del barrio El Chorrillo, conocida por sus condiciones infrahumanas y donde suelen estar retenidos sospechosos de pandillerismo. Miembros del Consejo Nacional de Periodismo y ambientalistas fueron a defender a Carlos Núñez y a pedir su traslado a otras instalaciones y la conmutación de su pena por casa por cárcel o días multa (como la ley panameña permite para penas de 1 año y con la edad de Núñez). No fue aceptado. Solo se consiguió que el 9 de julio se le trasladara al centro penitenciario de El Renacer. Hoy, 3 de julio, Núñez sigue en prisión y la junta disciplinaria del sistema penitenciario aún no ha decidido si le da casa por cárcel a pesar de las peticiones nacionales e internacionales.

– 4 de julio. Retención ilegal por 4 horas y media del periodista español residente en Panamá Paco Gómez Nadal. A partir del día siguiente comienza un hostigamiento sin cesar para tratar de expulsarlo del país revocándole su residencia definitiva. Gómez Nadal es autor de una columna semanal en el diario La Prensa muy crítica con el Ejecutivo y es un destacado activista de Derechos Humanos que da soporte a comunidades indígenas y campesinas que se oponen megaproyectos económicos en Panamá.

– 8 de julio 2010. Según la agencia de prensa DPA, El reportero gráfico panameño Mauricio Valenzuela, del diario local El Panamá América, denunció hoy que fue detenido, desnudado, esposado, amenazado y lanzado a una celda llena de excrementos por tomar fotografías a agentes en un área de acceso al Canal de Panamá donde se realiza una huelga. ESTA ES LA SEGUNDA VEZ QUE VALENZUELA ES INTIMIDADO POR AGENTES DE LA POLICÍA QUE EN MAYO LO GOLPEARON POR TOMAR FOTOS DEL PROCURADOR SUPLENTE EN UN ESPECTÁCULO BAILABLE.

– El 10 de julio de 2010. El presidente de la República llama a los directores de medios de comunicación a la sede de Gobierno y les pide “colaboración” en la crisis nacional iniciada en la provincia de Bocas del Toro. A esas alturas ya había tres muertos y cientos de heridos reconocidos oficialmente. Compañeros de medios televisivos nos confirman esa misma noche que los dueños de los medios han limitado el tiempo al aire de las noticias sobre Bocas del Toro.

– 11 de julio de 2010. La Policía detiene a Rolando Ortiz, comunicador que forma parte del medio alternativo Frenadeso Noticias que es propiedad de la plataforma de sindicatos y movimientos sociales Frente Nacional por  los Derechos Económicos y Sociales de Panamá. Lo retuvieron por 12 horas.

– 11 de Mayo 2010. El director de El Siglo, Jean Marcel Cherry, denunció internacionalmente  amenazas por parte del Secretario de Comunicación de Presidencia, Alfredo Prieto ante algunas informaciones críticas con el Ejecutivo aparecidas en el periódico. También se habló de presiones a la corporación Medcom para que retirara al periodista Fernando Correa como conductor del programa de alta audiencia DEBATE ABIERTO.

– Abril 2010. Sentencia de una juez que obliga al diario La Prensa a pagar 300 mil dólares a la fiscal Argentina Barrera por la publicación de un titular tras la destitución de la fiscal en 2005 que rezaba “Procuraduría a lacaza de corruptos”.

– Enero de 2010. EL presidente de la República dice que en Panamá hay “noticieros de pacotilla” que solo quieren “dañar la imagen del país”. Se refería a las noticias sobre hechos policiales. Después de esas declaraciones y de una reunión con los propietarios de cadenas televisivas se redujo ostensiblemente la cobertura policial en los informativos televisivos.

– Noviembre de 2009.  La periodista peruana Kela León revela que el Ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, le dijo que entre los periodistas panameños lo que impera es la ética del billete.  De acuerdo a la versión, el 15 de octubre, en un restaurante en el Casco Viejo de la Ciudad, el Ministro Mulino se acercó a la mesa donde ella y otros periodistas se disponían a cenar, y luego de saludarlos y de ser presentado con algunos miembros del Comité de Ética, el Ministro señaló “¿ética?, aquí en Panamá lo que impera es la ética del billete; existe una lista de periodistas emplanillados (asalariados) que les sorprendería”.

Videos de represión gubernamental en Bocas del Toro

Burica Press, publica videos que muestran un poco la tragedia humana del enfrentamiento entre la población de Changuinola y la policía nacional, con innumerables heridos y varias personas muertas, sólo dos muertos están confirmados de manera oficial. Muchos ciegos y con pérdida parcial de la vista.

Video No. 1
Fecha: 10 julio de 2010
Lugar: Changuinola, Bocas del Toro
Autor: Oscar Pardo

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Video No. 2
Fecha: 10 julio de 2010
Lugar: Changuinola, Bocas del Toro
Autor: Oscar Pardo

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Video No. 3
Fecha: 10 julio de 2010
Lugar: El Elpalme, Changuinola, Bocas del Toro
Autor: Oscar Pardo
Comentario: La gente comenta que los medios televisivos no están pasando los videos de la represión.

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Video No. 4
Fecha: 10 julio de 2010
Lugar: El Elpalme, Changuinola, Bocas del Toro
Autor: Oscar Pardo
Comentario: Ministro sin cara, ni ánimo de resolver nada. El pueblo ya sabe que no dirá nada bueno, como en efecto ocurrió.

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Video No. 5
Fecha: 10 de julio de 2010
Autor: Anónimo
Comentario: Este es un adulto joven herido por perdigones. Perdió la visión en su ojo izquierdo. El video fue tomado de manera furtiva, ya que están detenidos con prohibición de comunicación y asistencia de abogados.

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Video No. 6
Fecha: 10 de julio de 2010
Autor: Anónimo
Comentario: Este es un adulto joven herido por perdigones. Perdió la visión en su ojo derecho.