Mineras, tras la conquista de Panamá

polémica por desarrollo de industria

Minería tocaría el 44% del territorio nacional

MARY TRINY ZEA
mzea@prensa.com

El desarrollo de la industria minera ha abierto varios frentes de alerta. Campesinos, ambientalistas y grupos indígenas advierten sobre el peligro de contaminación que representaría el gran desarrollo minero que se avecina y la poca efectividad que podría tener la fiscalización de las autoridades.

Hay 181 solicitudes de empresas con ansias de explorar y explotar minerales. Ello significa que aproximadamente el 44% del territorio nacional está en trámite por concesionarse a las mineras, de acuerdo con la organización internacional The Nature Conservancy.

El Gobierno impulsa reformas al código minero para potenciar este sector de la economía y obtener ingresos por al menos mil millones de dólares en cuatro años.

Para la Cámara Minera de Panamá, el desarrollo de la industria traerá beneficios. Calculan que con la extracción de oro y cobre de apenas 10 proyectos se generarían, entre impuestos y gastos locales, $84 millones. Pero fundaciones como Albatros cree que la ganancia más importante es preservar las aguas y bosques, algo difícil de lograr de la mano con la minería.

‘Lobby’ ambiental solo ve el lado malo, dice Martinelli

El presidente, Ricardo Martinelli, dijo en Lima, Perú, que el lobby ambiental en el mundo soslaya los beneficios de la minería responsable en el desarrollo de un país. Así lo reportó la agencia de noticias EFE. “Hay un gran lobby ambiental en el mundo que solo ve lo malo y no lo bueno. En Perú hay muchas cosas buenas en minería y se ha demostrado que con una minería responsable se puede construir un gran país”, dijo.

EL DESARROLLO MINERO QUE PROMUEVE EL GOBIERNO HA GENERADO UN GRAN DEBATE DEBIDO A LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES QUE ENFRENTARÍA EL PAÍS

Mineras, tras la conquista de Panamá

Hay 181 solicitudes para explorar y extraer minerales y 20 concesiones. El Gobierno ha manifestado su interés de incentivar la actividad.

Ver mapa:

Mapa de Minería en Panamá. Fuente: La Prensa 27 ago. 2010

LA PRENSA/ David Mesa
Minera en operación en el Corredor Biológico Mesoamericano.

Mary Triny Zea

mzea@prensa.com

En los campos de la provincia de Los Santos se vive un ambiente de tensión por el anuncio de minera Cerro Quema, que pretende extraer oro y plata en 2012 en el distrito de Tonosí.

El Frente Santeño Contra la Minería advierte que “no quieren otro Bocas del Toro” –refiriéndose al resultado de muertos y heridos que dejó la protesta por la Ley 30–, pero “no saben hasta dónde podrán contenerse”. Se oponen al proyecto.

Al oeste del país, un grupo de indígenas protesta contra la posible explotación de Cerro Colorado, uno de los yacimientos cupríferos más grandes del mundo que está en la comarca Ngäbe Buglé, y en el que el Gobierno de Corea ha mostrado interés.

La preocupación de estos grupos de campesinos e indígenas se ha revivido por las luces de alerta que se han encendido en Donoso, provincia de Colón.

Petaquilla Gold tuvo que paralizar su extracción de oro porque su tina de relave, donde se procesan líquidos con cianuro para la producción del mineral, está a máxima capacidad y amenaza con desbordarse. La lluvia es su peor enemigo.

Fue el gobierno de Ricardo Martinelli el que aprobó a finales de 2009 los permisos de operación que tenía pendientes la empresa desde hace más de tres años. Y así, Petaquilla Gold desde enero produce 6 mil onzas de oro al mes.

Sin embargo, la empresa no ha pagado una multa de un millón 934 mil dólares impuesta en noviembre de 2008 por la Autoridad Nacional del Ambiente por daños ambientales, tras interponerse un amparo de garantías en la Corte Suprema.

En el mismo bosque secundario de Donoso, Minera Panamá se prepara para producir cobre en 2015 gracias a la concesión que tiene sobre 13 mil 600 hectáreas.

Estos proyectos son una muestra de los 200 desarrollos mineros que se gestarían en el país si el Gobierno otorgara todos los permisos de explotación que hoy solicitan empresas de capital nacional y extranjero.

Actualmente existen 181 solicitudes y están vigentes cinco contratos de extracción de oro, plata y cobre, sin contar la concesión sobre Corporación de Desarrollo Minero Cerro Colorado, que tendría que explotar el Estado en conjunto con alguna minera privada.

Hay otros 12 contratos de exploración y dos de transporte y beneficio según el informe del Ministerio de Comercio e Industrias.

‘Dorados ingresos’

La administración Martinelli ha encontrado en esta actividad una “mina de oro” para llenar las arcas estatales. Calculan obtener de esta industria por lo menos mil millones de dólares en los próximos cuatro años en concepto de impuestos y regalías.

Con estos recursos financiarían parte del ambicioso plan de inversión estatal que supera los 13 mil millones de dólares.

Por esta misma razón desde hace más de un año se evalúan las reformas al Código de Recursos Minerales, en el que se incrementarían de 2% a 4% las regalías que las empresas deben pagar al Estado. En estas reformas también se dejaría abierta la posibilidad de que gobiernos extranjeros, en alianza con desarrolladores mineros, participen de la actividad.

No es extraño que en medio de un generoso ambiente de inversión y con el repunte del valor de los metales, los ojos de los mineros de todo el mundo se posen sobre Panamá.

Los empresarios incluso anuncian las ventajas de poseer una concesión minera y explotarla en el país. “Aportes al Estado de 2% en regalías”, “no pago de impuesto de importación para el equipo minero” y una “abierta economía pro minera”, expone la minera Capira Dorada en su sitio web en busca de inversionistas.

Pero del otro lado de la balanza hay agrupaciones que cuestionan el hecho de que lo económico prive sobre la protección ambiental.

“Imagínate que un país como Panamá, donde caen lluvias torrenciales, haya cientos de mineras en toda la espina dorsal de la cordillera. ¿Qué pasaría con el agua, salud y el recurso turístico de la gente?”, se pregunta Alejandro Balaguer, de la Fundación Albatros.

El ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, entiende la oposición y el temor que existe respecto al desarrollo de la actividad, pero afirma que garantizarán “una minería responsable”.

No obstante, la pobre supervisión estatal que ha quedado en evidencia en la fiscalización de otras actividades industriales, no deja de preocupar a los gremios de ambientalistas.

Aproximadamente el 44% del territorio nacional está en trámite por concesionarse a las mineras, de acuerdo con la organización internacional The Nature Conservancy (TNC).

“Esto pone en riesgo la integridad de los ecosistemas y altera el medio social de las comunidades aledañas a los proyectos” , agrega un reporte del organismo.

“La minería no es la de antes, donde se hacía un enclave, se extraía el mineral y la cosa quedaba como sea. Ese concepto ha desaparecido”, dice Zorel Morales, directivo de la Cámara Minera de Panamá (Camipa).

Morales comenta que hace 40 años no se contemplaba ningún plan de cierre, lo que ahora se evalúa desde la fase de exploración y con lo que se garantiza que se rehabiliten las zonas explotadas. Este es uno de los puntos que fiscalizan las entidades financieras multilaterales que le prestan el dinero a los mineros para que desarrollen sus proyectos, afirma.

Reservas ambientales

Camipa vislumbra que con el potencial mineral que tiene Panamá, en 2018 el país sería el octavo o noveno productor de cobre en el mundo.

Petaquilla Gold comenzó su actividad comercial este año en parte de las 100 hectáreas concedidas y que forman parte del Corredor Biológico Mesoamericano, indica TNC.

El proyecto Cobre Panamá (de Minera Panamá) en la misma zona proyecta empezar los movimientos masivos de tierra en septiembre de 2011 para construir la infraestructura y producir cobre cuatro años más tarde.

En parte de sus 13 mil 600 hectáreas de concesión se abrirán tres tajos.

El proyecto usaría 5 mil 900 hectáreas para la operación de la mina. En 30 años de operación se estima dejar daños ambientales en 2 mil 200 hectáreas, que serían tres lagos y la presa de relave.

Mayté González, de TNC, advierte que la fragmentación de dicho corredor biológico impedirá “el flujo de especies”, entre otros daños ambientales.

Este corredor abarca América Central y el Sur de México, y busca proteger el ambiente en donde habita un 8% de las especies en el mundo.

Minera Panamá asegura que velarán por la conservación de todas las especies.

Y mientras afinan sus proyecciones, Minera Cerro Quema estima que en 2012 explotaría oro en unas 50 hectáreas de las 4 mil 893 hectáreas concesionadas, dijo Alfredo Burgos, directivo de la empresa.

En el verano próximo realizarían las voladuras con explosivos, acondicionarían el tajo y construirían el tanque de lixiviación –lugar en el que se mezcla la roca con agua y cianuro para separar el oro–.

Estos planes alteran a comunidades de la zona. “Cuando veamos maquinaria vamos a irnos a la calle”, advierte Milciades Pinzón, del Frente Santeño Contra la Minería.

Tonosí, lugar donde se desarrollaría la mina, es una zona abastecedora de carne, leche y arroz, y el principal problema del lugar es la falta de agua y en el área del proyecto hay importantes cuencas, describe el sociólogo Pinzón.

Ello se contrastaría con los planes mineros, pues en un día de operaciones en una mina a cielo abierto se requiere de un de promedio 100 millones de litros de agua, más que la producción total de agua de la ciudad de David.

Además, Cerro Quema se desarrollaría próxima a la falla geológica más importante de Azuero y a 900 metros sobre el nivel del mar, por lo que el Frente teme un accidente con las tinas de lixiviación, en donde se encuentra cianuro.

Hay otras áreas vulnerables, como la comarca Ngäbe Buglé donde se encuentran otros importantes yacimientos de cobre.

En cerro Chorcha, Cuprum Resources Inc. analiza el potencial y rentabilidad de sacar oro y cobre.

Su concesión abarca cinco zonas en la comarca, incluyendo parte del bosque protector Palo Seco, áreas de la Reserva Forestal La Fortuna y el Parque Internacional La Amistad.

En la misma comarca se encuentra también el yacimiento de Cerro Colorado, que se estudia desde 1950 y ha tenido una fuerte oposición por parte de los indígenas de la zona.

Los que apoyan la actividad argumentan la generación de miles de empleos e ingresos económicos, pero Alejandro Balaguer, quien por más de 20 años ha estudiado la minería en Perú y Bolivia, indica que “no existe minera que no sea contaminante. Hay empresas que pueden hacer las cosas mejor que otras, pero el agua y bosques valen más que cualquier mineral del planeta”.

Miseria y abandono luego del cierre de Santa Rosa

Cañazas, Veraguas. El distrito de Cañazas, antes conocido como la “tierra del oro”, se enfrenta a dos realidades: la difícil situación económica de unas 125 familias que dependieron de la minería y que hoy no tienen trabajo; y la preocupación de quienes viven en los alrededores de la zona minera, que advierten la contaminación de los lagos.

El aspecto económico de la región es, sin duda, el principal problema, señala Juan de la Cruz Guerra, quien por 12 años trabajó en la desaparecida Minas Santa Rosa.

Las 125 familias que dependían de la mina construyeron sus casas en la cabecera del distrito y se han devuelto a las áreas más apartadas de la región para dedicarse a la agricultura de subsistencia.

“Es triste que gente que contaba con su vivienda, luz y agua haya migrado al campo. Perdieron sus empleos y no existe otra actividad que genere trabajo, no les queda de otra”, dijo Guerra.

Existían restaurantes, abarroterías y negocios informales manejados por los lugareños, que también cerraron sus puertas porque se redujo el poder adquisitivo de gran parte de la población, detalla el representante del corregimiento cabecera de Cañazas, Anel Alvarado.

Al margen de la bonaza que generó la mina, existe preocupación por la contaminación que podrían generar algunos lagos y otras áreas en donde se procesaba el oro con químicos.

Desde que la mina cerró en 1999 ni la Autoridad Nacional del Ambiente ni el Ministerio de Salud han examinado a los ex trabajadores y familias que vivían en las zonas cercanas a la explotación, cuenta Emiliano Quintero, de 74 años y residente de Cañazas.

“Vivimos en los alrededores de la mina y nos llena de dudas el nivel de contaminación, pues los peces de las lagunas presentan un color extraño y están contaminados con insectos”, añade Quintero.

Ahora hay intentos de reabrir la mina.

Desde la administración del ex presidente Martín Torrijos, los 63 ex trabajadores de Minas Santa Rosa cabildean para reabrirla y crearon la compañía Minera Cañazas S.A.

“La intención era que el Gobierno nos diera la concesión de la desaparecida empresa y con el apoyo de algún consorcio extranjero la explotáramos”, dice Juan de la Cruz Guerra.

El 29 de julio el Gobierno le otorgó la concesión a Silver Global S.A. para transporte y beneficio de oro a través de la trituración, molienda y mezcla de diversos minerales durante 25 años en las 141 hectáreas de la antigua mina.

víctor Eliseo Rodríguez


Chile y Perú, economías crecientes y mineras

Chile y Perú y son dos países mineros y que le deben parte de su desarrollo a esta industria.

Perú es líder en la producción de plata, segundo en zinc, cuarto en plomo y sexto en oro. Chile es el líder en la producción de cobre. Su minería se ha desarrollado en zonas desérticas donde el daño ambiental es mínimo, pero ahora el país debate la búsqueda de minerales en los glaciares. En La Oroya del Perú, en el lugar donde se encuentra el complejo metalúrgico más importante del país, los habitantes sufren severas enfermedades respiratorias a raíz de la actividad minera de Doe Run. La Oroya es uno de los 10 lugares más contaminados del planeta, según el instituto Blacksmith.

El 28 de julio el Gobierno peruano canceló la licencia a la minera estadounidense por ignorar el plazo para cumplir con el plan ambiental, sin embargo, posteriormente se anunció que tiene 20 meses más para adecuar su programa del medio ambiente.

La minera adeuda 110 millones de dólares a proveedores y le falta ejecutar inversiones ambientales por 150 millones de dólares, informa la agencia AP. En tanto, a finales de julio se registró uno de los mayores desastres ecológicos en Huancavelica, provincia del Perú. Los relaves de la mina La Caudalosa Chica derramaron 21 mil toneladas métricas de desecho mineral en los ríos. La descarga altamente ácida afectó actividades de más de 4 mil pobladores que habitan las márgenes de varios ríos.

Mary Triny Zea

Parque La Amistad sí está en peligro, dice la Unesco

Unesco alerta que el PILA peligra por hidroeléctricas

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La construcción de hidroeléctricas en ríos que forman parte del Parque Internacional La Amistad (PILA) y de una carretera para conectar Boquete con Bocas del Toro, preocupa a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), por las afectaciones que causará en el área protegida. El PILA corre el riesgo de entrar en una lista negra.

LEA EL INFORME COMPLETO: Talamanca Range 2010 state of conservation report (En inglés)

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Parque La Amistad está en peligro, dice la Unesco

El último informe de la Unesco cuestiona la decisión del Gobierno de construir hidroeléctricas en ríos que corren por el Parque Nacional La Amistad (PILA).

INFRAESTRUCTURA. La construcción de represas sobre ríos afecta la vida acuática. Científicos y ambientalistas han manifestado su preocupación por el tema. LA PRENSA/ Gabriel Rodríguez

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) fue clara en su último informe sobre el estado del Parque Internacional La Amistad (PILA), declarado Patrimonio de la Humanidad.

Es “posible”, dijo la organización, que el PILA sea inscrito en la lista de patrimonio en peligro, porque la construcción de hidroeléctricas sobre ríos y la propuesta del Gobierno de hacer una carretera que conecte Boquete con Bocas del Toro (Punta Robalo) podrían comprometer su biodiversidad.

El informe señala que será “extremadamente” difícil, sino imposible, mitigar adecuadamente los efectos de la pérdida de hábitat por las construcciones de hidroeléctricas sobre ríos que corren por el área protegida.

El organismo internacional recomienda al Gobierno panameño detener todas las obras para salvaguardar la integridad del área e insta a realizar, en conjunto con el Gobierno de Costa Rica, una evaluación ambiental estratégica para examinar los impactos.

Las intenciones de construir una carretera entre Boquete y Volcán -a través de la ruta sur (Cuesta de Piedra), también resultan nefastas para la Unesco, según se lee en el informe.

La obra, que forma parte del plan estratégico quinquenal del Gobierno, degradaría el valor universal excepcional del PILA, señala el documento.

La Unesco cuestionó además el informe que enviaron las autoridades panameñas el pasado mes de febrero. De acuerdo con el organismo, el documento enviado parece haber sido traducido en una computadora y sin una revisión posterior. “El informe es muy difícil de entender”, señala el documento del organismo internacional.

Para el ambientalista Ariel Rodríguez, el informe de la Unesco sienta un precedente positivo porque le exige a los Gobiernos hacer una evaluación ambiental de los efectos que ocasionarán las hidroeléctricas.

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), encargada de velar por las áreas protegidas, dijo a través de su oficina de Relaciones Públicas que las hidroeléctricas se construyen fuera del área protegida. Comentaron, además, que se hacen los planes de mitigación para salvaguardar los recursos naturales.

El informe de la Unesco fue presentado en la reunión recientemente celebrada en Brasilia, Brasil, del 25 de julio al 3 de agosto.

Inquietud por base aeronaval

La instalación de una base aeronaval en el Parque Nacional Coiba sería un retroceso en la conservación del área protegida, declarada Patrimonio de la Humanidad. Así lo expresó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en una carta enviada a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), el pasado 9 de abril. En la misiva, el organismo manifiesta su preocupación por esta iniciativa que impulsa el Ministerio de Seguridad.

“Es importante recordar que la isla de Coiba se encuentra aún en fase de recuperación a consecuencia de la existencia de un establecimiento penitenciario”, señala la carta. La Unesco menciona varios factores negativos, entre ellos el aumento de población en la zona. La oficina de Relaciones Públicas del ministerio informó que no se afectará el parque porque no habrá nuevas construcciones.

Informe de violación de DD.HH en Changuinola actualizado

Human Rights Everywhere ha actualizado su informe sobre violación de Derechos Humanos en los sucesos de Changuinola, del 7 al 11 de julio de 2010. En total, ha recopilado información sobre 492 casos, entre los que se incluyen 4 personas muertas directamente relacionadas con la crisis, 6 personas fallecidas en circunstancias que se debe investigar, la extraña situación de Valentín Palacios, quien había desaparecido luego de haber sido arrestado por la Policía panameńa y 312 personas heridas con perdigones.

También constata que, según opiniones médicas cualificadas, los perdigones, en la mayoría de los casos, no deben ser extraidos del cuerpo de las víctimas, por los riesgos que ello implica.

Lea el informe completo: Informe DDHH Changuinola Panama actualizado ago 2010

Fuente: Comuna Sur

Condenan los deplorables sucesos ocurridos en Panamá y exigen al Estado panameño respeto para los defensores ambientales

Condenan los deplorables sucesos ocurridos en Panamá y exigen al Estado panameño respeto para los defensores ambientales

20 de julio de 2010

En nombre de: Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C., Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Asociación Nacional de Centros (ANC), Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Center for Biological Diversity, Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Corporación de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX, Foro de Mujeres del Mercosur, Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas A.C., Justicia para la Naturaleza y Justiça Global, expresamos nuestra profunda preocupación por los sucesos ocurridos en las últimas semanas en Panamá respecto de las protestas sobre la Ley 30 de 2010 (conocida como “Ley Chorizo”). Nos inquietan sobremanera las reacciones del Estado panameño hacia los defensores ambientales y de derechos humanos, las cuales han sido reportadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo de Panamá, medios de comunicación y organizaciones ambientales y de derechos humanos, e incluyen denuncias de hostigamientos, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nacional. Por ello, exigimos que el Estado de Panamá garantice los derechos humanos de estas personas, investigue adecuadamente los informes de abuso y hostigamientos e imponga las sanciones necesarias.

De acuerdo con informes periodísticos, testimonios de primera mano y pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo, las confrontaciones entre la policía nacional y las manifestantes dejaron un saldo de varios muertos, más de dos centenares de heridos, incluyendo decenas de personas que perdieron uno o ambos ojos a causa de tiros con perdigones, utilizados por la policía nacional para dispersar las protestas. Respecto a esta situación, la representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha enfatizado que el uso de la fuerza “debe ser restringido y excepcional, guiándose en todo momento por los principios de necesidad y de proporcionalidad, con pleno respeto de los derechos humanos, en particular, el derecho a la vida e integridad personal, los que no pueden ser restringidos bajo ninguna circunstancia”1. Es imperioso que el gobierno de Panamá atienda las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado y se abstenga del uso de la fuerza para dispersar manifestaciones.

Condenamos particularmente los casos de hostigamiento contra defensores ambientales y de los derechos humanos. Por ejemplo, la orden de detención en contra la defensora ambiental Yaritza Espinosa Mora, de Colibrí Asociación Ecologista de Panamá, aparentemente por causa de sus actividades en defensa del medio ambiente. Adicionalmente, recibimos información respecto a que el día 4 de julio agentes de migración detuvieron al periodista y defensor de derechos humanos español, Paco Gómez Nadal, de Human Rights Everywhere, por varias horas en el aeropuerto internacional de Tocumen al parecer sin razón aparente, indicándole que, presuntamente, existe una orden prohibiendo su entrada en el país si sale.

Estos lamentables eventos ocurren en un contexto de rechazo por múltiples sectores de la sociedad civil panameña contra la promulgación reciente de la Ley 30 de 2010, que modifica tres códigos y seis leyes. Los cambios incluyen la excepción de la obligación de realizar estudios de impactos ambientales previos a ciertos proyectos. El Dr. Sergio Pinheiro, Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha calificado una provisión de esta ley como “un irrespeto del estado de derecho y de las obligaciones internacionales.”

Resaltamos la decisión anunciada el 14 de julio por el Gobierno de retirar las órdenes fiscales en contra de algunos de los dirigentes de organizaciones de la sociedad civil. Requerimos al Estado panameño que investigue estos incidentes adecuadamente de acuerdo con los estándares internacionales y que dé plenas garantías para el libre ejercicio de las labores de estos defensores, particularmente a Yaritza Espinosa y Paco Gómez Nadal, cuyas situaciones jurídicas aún no se han resuelto.

Reiteramos la importancia fundamental que tienen los defensores ambientales para la protección del ambiente y por ende para los derechos humanos y la democracia. Numerosos instrumentos internacionales y resoluciones de organismos de protección de los derechos humanos reconocen la importancia de la labor de defensores ambientales como la que hacen Yaritza Espinosa, Paco Gómez Nadal y otros defensores y defensoras de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que tales personas desempeñan un papel que es “fundamental para la garantía y salvaguarda de la democracia y del Estado de derecho”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha reconocido la importancia de la labor de los defensores ambientales expresando que “existe una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos”.

Además, la Corte Interamericana ha planteado que los Estados tienen el deber de facilitar los medios necesarios para que los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades,” y que deben abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra”5.

Por último solicitamos al gobierno de Panamá que cumpla con sus obligaciones de respetar los derechos humanos de los defensores; obligaciones asumidas en los tratados internacionales de derechos humanos firmados por el Estado panameño y en su misma Constitución. El respeto para el ambiente y los derechos humanos no solamente es fundamental para un Estado democrático moderno, sino también para garantizar un desarrollo sostenible para toda la sociedad.

Atentamente,
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C.
Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)
Asociación Nacional de Centros (ANC)
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Center for Biological Diversity
Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA)
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Corporación de Gestión y Derechos Ambiental ECOLEX
Foro de Mujeres del Mercosur
Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas A.C.
Justicia para la Naturaleza
Justiça Global

HREV publica informe sobre graves violaciones a los DD.HH en Panamá

HREV constata al menos 405 heridos, 4 muertos y 1 detenido–desaparecido durante la huelga de Bocas del Toro

Human Rights Everywhere (HREV) ha corroborado en un informe aún no definitivo que al menos 405 personas resultaron heridas de diversa consideración durante los sucesos ocurridos en Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, Panamá, en la huelga de los trabajadores de las bananeras entre 7 y el 11 de julio; 4 trabajadores fallecieron (sólo hay dos reconocidos oficialmente) y uno se encuentra desaparecido después de que varios compañeros vieran como era detenido. Unos sucesos en los que se produjo un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, una deficiente atención medica, detenciones sin el debido proceso y torturas en la subestación de Changuinola, donde a los arrestados se les tuvo sin alimento, se les impidió dormir o acudir al baño y donde se produjeron vejaciones y evidencias de racismo. Las principales causas de las lesiones son el disparo de perdigones por parte de las fuerzas de seguridad del Estado panameño, el 63% de los casos; un 21% sufrieron afecciones por los gases y hay documentadas 35 mujeres heridas y 12 niños (entre ellos bebes).

Son hechos y conclusiones que se desprenden del informe sobre la violación de Derechos Humanos elaborado por Human Rights Everywhere (HREV), una ong sin ánimo de lucro que lleva siete años trabajando en Latinoamérica y que durante 10 días trasladó a Bocas del Toro un equipo de voluntarios que han efectuado algo más de 300 entrevistas personales con los heridos y sus familiares, visitado las fincas bananeras, los centros de salud y la morgue. Entrevistas que han sido contrastadas y completadas con partes médicos oficiales, el trabajo realizado por voluntarios con los 68 enfermos trasladados a Panamá y los informes realizados por otras organizaciones como CEASPA, el Defesor del Pueblo, la ULIP y la Pastoral Indígena.

El informe fue presentado hoy en Changuinola ante la prensa y organizaciones sociales, y el pasado lunes le fue entregado a la Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Kyung–Wan Kang, de visita oficial en Panamá.

HREV aporta datos documentales (muertos, desaparecidos, heridos, tipología de las heridas, principales lugares de conflicto, detenciones y uso de fuerza); constata los hechos y analiza el papel del Estado en la crisis, y de otros actores, así como la vulneración de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (al menos 10 derechos consignados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 8 artículos de la Constitución de Panamá).

En base a las entrevistas y a las fuentes documentales, HREV confirma la existencia de 4 muertos, 1 detenido–desaparecido (caso sobre el que aún no hay respuesta por parte del Órgano Judicial pese a mediar una denuncia) y al menos 405 heridos. Asimismo, concluye que queda probada la existencia de una grave vulneración de los Derechos Humanos por parte del Estado Panameño.

Las conclusiones del informe también plantean un uso de la fuerza “excesivo” por parte de la Policía; episodios de tortura en las detenciones; una atención medica deficiente y ausencia total de seguimiento a los heridos; y una atención por parte del Gobierno a las víctimas de carácter asistencialista sin que se haya contemplado el impacto psicológico postconflicto. A ello se une una falta de agilidad por parte del Órgano Judicial panameño a la hora de investigar y esclarecer responsabilidades y la difusión de información sobre los hechos insuficiente y parcial, en algunos casos intencionada.

Para concluir el informe recoge algunos de los testimonios más relevantes y una serie de recomendaciones que pasan por la creación de una comisión técnica independiente, con personal especializado en derechos humanos y acompañamiento internacional; la agilización de los procesos judiciales iniciados para esclarecer la responsabilidad de los funcionarios públicos; un plan urgente de atención a las víctimas (médica, psicológica, subsidios por bajas laborales, atención a los discapacitados); que se cree un sistema de monitoreo sobre la situación de Bocas del Toro con un mecanismo de alertas tempranas y en el que participen instituciones nacionales y locales, Defensoría del Pueblo y representantes de ONGs a iglesias. Además, pide la aplicación de las recomendaciones del Comité para la Erradicación de Todas las Formas de Racismo (CERD) de Naciones Unidas que se hicieron a Estado panameño en 2010.

HREV también recomienda que se permita el acceso de defensores de Derechos Humanos, organizaciones y medios de comunicación a las informaciones y las instituciones para que puedan realizar su labor.