Condenan los deplorables sucesos ocurridos en Panamá y exigen al Estado panameño respeto para los defensores ambientales

Condenan los deplorables sucesos ocurridos en Panamá y exigen al Estado panameño respeto para los defensores ambientales

20 de julio de 2010

En nombre de: Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C., Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Asociación Nacional de Centros (ANC), Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Center for Biological Diversity, Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Corporación de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX, Foro de Mujeres del Mercosur, Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas A.C., Justicia para la Naturaleza y Justiça Global, expresamos nuestra profunda preocupación por los sucesos ocurridos en las últimas semanas en Panamá respecto de las protestas sobre la Ley 30 de 2010 (conocida como “Ley Chorizo”). Nos inquietan sobremanera las reacciones del Estado panameño hacia los defensores ambientales y de derechos humanos, las cuales han sido reportadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo de Panamá, medios de comunicación y organizaciones ambientales y de derechos humanos, e incluyen denuncias de hostigamientos, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nacional. Por ello, exigimos que el Estado de Panamá garantice los derechos humanos de estas personas, investigue adecuadamente los informes de abuso y hostigamientos e imponga las sanciones necesarias.

De acuerdo con informes periodísticos, testimonios de primera mano y pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo, las confrontaciones entre la policía nacional y las manifestantes dejaron un saldo de varios muertos, más de dos centenares de heridos, incluyendo decenas de personas que perdieron uno o ambos ojos a causa de tiros con perdigones, utilizados por la policía nacional para dispersar las protestas. Respecto a esta situación, la representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha enfatizado que el uso de la fuerza “debe ser restringido y excepcional, guiándose en todo momento por los principios de necesidad y de proporcionalidad, con pleno respeto de los derechos humanos, en particular, el derecho a la vida e integridad personal, los que no pueden ser restringidos bajo ninguna circunstancia”1. Es imperioso que el gobierno de Panamá atienda las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado y se abstenga del uso de la fuerza para dispersar manifestaciones.

Condenamos particularmente los casos de hostigamiento contra defensores ambientales y de los derechos humanos. Por ejemplo, la orden de detención en contra la defensora ambiental Yaritza Espinosa Mora, de Colibrí Asociación Ecologista de Panamá, aparentemente por causa de sus actividades en defensa del medio ambiente. Adicionalmente, recibimos información respecto a que el día 4 de julio agentes de migración detuvieron al periodista y defensor de derechos humanos español, Paco Gómez Nadal, de Human Rights Everywhere, por varias horas en el aeropuerto internacional de Tocumen al parecer sin razón aparente, indicándole que, presuntamente, existe una orden prohibiendo su entrada en el país si sale.

Estos lamentables eventos ocurren en un contexto de rechazo por múltiples sectores de la sociedad civil panameña contra la promulgación reciente de la Ley 30 de 2010, que modifica tres códigos y seis leyes. Los cambios incluyen la excepción de la obligación de realizar estudios de impactos ambientales previos a ciertos proyectos. El Dr. Sergio Pinheiro, Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha calificado una provisión de esta ley como “un irrespeto del estado de derecho y de las obligaciones internacionales.”

Resaltamos la decisión anunciada el 14 de julio por el Gobierno de retirar las órdenes fiscales en contra de algunos de los dirigentes de organizaciones de la sociedad civil. Requerimos al Estado panameño que investigue estos incidentes adecuadamente de acuerdo con los estándares internacionales y que dé plenas garantías para el libre ejercicio de las labores de estos defensores, particularmente a Yaritza Espinosa y Paco Gómez Nadal, cuyas situaciones jurídicas aún no se han resuelto.

Reiteramos la importancia fundamental que tienen los defensores ambientales para la protección del ambiente y por ende para los derechos humanos y la democracia. Numerosos instrumentos internacionales y resoluciones de organismos de protección de los derechos humanos reconocen la importancia de la labor de defensores ambientales como la que hacen Yaritza Espinosa, Paco Gómez Nadal y otros defensores y defensoras de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que tales personas desempeñan un papel que es “fundamental para la garantía y salvaguarda de la democracia y del Estado de derecho”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha reconocido la importancia de la labor de los defensores ambientales expresando que “existe una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos”.

Además, la Corte Interamericana ha planteado que los Estados tienen el deber de facilitar los medios necesarios para que los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades,” y que deben abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra”5.

Por último solicitamos al gobierno de Panamá que cumpla con sus obligaciones de respetar los derechos humanos de los defensores; obligaciones asumidas en los tratados internacionales de derechos humanos firmados por el Estado panameño y en su misma Constitución. El respeto para el ambiente y los derechos humanos no solamente es fundamental para un Estado democrático moderno, sino también para garantizar un desarrollo sostenible para toda la sociedad.

Atentamente,
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C.
Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)
Asociación Nacional de Centros (ANC)
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Center for Biological Diversity
Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA)
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Corporación de Gestión y Derechos Ambiental ECOLEX
Foro de Mujeres del Mercosur
Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas A.C.
Justicia para la Naturaleza
Justiça Global

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