Panamá: Martinelli no quiere defensores de DD.HH

Periodistas españoles dicen fueron detenidos porque Panamá no quiere testigos

Panamá: Autoritarismo y violación a los derechos humanos

Fuente: EFE | 01/03/2011

Madrid,  (EFE).- Los periodistas españoles Paco Gómez Nadal y Pilar Chato, que llegaron hoy a Madrid tras ser detenidos en Panamá acusados de instigar las protestas indígenas, afirmaron que “las ilegalidades” cometidas contra ellos “son una prueba de que no quieren testigos de lo que está pasando”.

Así lo manifestó Gómez, colaborador del diario español “El País” y activista de la organización defensora de los Derechos Humanos Human Rights Everywhere, quien viajó desde Costa Rica con Pilar Chato, custodiado por agentes policiales panameños.

En declaraciones a los periodistas en el aeropuerto de Madrid, Gómez dijo que “esta es la prueba definitiva de que Panamá está en un momento de gobierno totalitario, en el que las libertades han retrocedido terroríficamente y la represión contra periodistas y defensores de derechos humanos son permanentes”.

Los periodistas Paco Gómez Nadal y Pilar Chato fueron expulsados de Panamá este 28 de febrero de 2011, sin procesos legales válidos. Foto: Epasa.

En el último año ha habido diez ó doce muertos en los pueblos indígenas y miles de heridos en represión directa, dijo el periodista, quien explicó que aceptaron “abandonar Panamá voluntariamente, en vez de ser deportados para poder seguir peleando dentro y fuera”.

Gómez y Chato dijeron que tras la detención -el sábado último- estuvieron 48 horas sometidos a mucha tensión y supieron que iban a estar quince días encarcelados mientras sus abogados trataban de revertir la medida.

Los dos periodistas estaban convencidos de que, al final, serían deportados, y por eso eligieron la repatriación voluntaria, que establece que no se puede volver a Panamá en dos años, frente a la deportación que amplía esta prohibición a entre 5 y 10 años.

Gómez y Chato explicaron que el sábado pasado una comunidad indígena había convocado una manifestación frente al Parlamento en el marco de las movilizaciones contra la nueva Ley de Minería, que permite “la explotación de una serie de minas”.

“Habían cortado la calle y la policía les avisó de que les iban a desalojar”, explicó Gómez, que relató que se encontraba hablando con los manifestantes cuando, al encender su cámara, fue detenido junto a Chato, otra periodista panameña y la veintena de manifestantes.

Según Gómez, el Gobierno panameño le sigue los pasos “desde hace tiempo” por su actividad en favor de los Derechos Humanos y por una columna crítica que escribe, por lo que el pasado sábado “aprovechó para acusarme de ser el instigador de las revueltas indígenas”.

Durante la detención, Chato logró ponerse en contacto y recibir el apoyo de la Embajada española, “aunque les han puesto trabas para contactar con nosotros”, dijo la periodista.

Ambos dicen que vivieron 48 horas “muy tensas, en tres instituciones diferentes durmiendo en el suelo y con mucha sorpresa por parte de los funcionaros”.

“Nos atendían y nos decían que no tenían expedientes nuestros, ya que la detención había sido una decisión política”, dijeron Paco Gómez y Pilar Chato.

El sábado pasado, la policía panameña dispersó con gases lacrimógenos tres manifestaciones de indígenas en el occidente de Panamá, que protestaban contra la ley de reforma del código minero, que según ellos, atenta contra los recursos naturales de las comarcas.

Los pueblos originarios de Panamá no necesitan de instigadores: Paco Gómez Nadal y Pilar Chato

Periodistas expulsados de Panamá, acusan al gobierno de Martinelli de autoritario

Desde San José de Costa Rica, camino a Madrid (España)

Hemos sido expulsados de Panamá en el día de hoy por el Gobierno de Ricardo Martinelli. La fórmula legal se denomina retorno voluntario pero ni es voluntario ni es retorno. Explico las circunstancias:

1. El sábado 26 de febrero fui detenido ilegalmente cuando, claramente identificado como miembro de la organización de Derechos Humanos Human Rights Everywhere (HREV), documentaba el desalojo de los indigenas ngäbe que cortaban la Plaza 5 de mayo. La detención se produjo con violencia y sin ningún tipo de contemplación. En el operativo también fue detenida de forma arbitraria e ilegal mi compañera, Pilar Chato, que estaba en el andén de la esquina entre 5 de mayo y Calle L esperando el final de los acontecimientos.

2. En las siguientes 20 horas fuimos recluidos en tres instituciones diferentes y en ningún momento se nos indicó de qué se nos acusaba, no se nos permitió comunicación con nuestros abogados ni recibir asistencia consular de la Embajada de España, país del que somos ciudadanos. Los propios funcionarios de la DIJ de Ancón nos manifestaron que no había expediente ni documentación que justificara nuestra detención en esas instalaciones (donde tuvimos que dormir en el suelo sobre periódicos)

3. Que en la tarde del día 27 de febrero, 23 horas de spués de la detención, fuimos víctimas de un juicio express en la corregiduría de Balboa con acusaciones falsas de la Policia Nacional (como que no estaba identificado al momento de la detendicón o que se nos leyeron nuestros derechos o que fuimos informados de las razones del acto) y en base a un video sin audio que, a todas luces, no es probatorio de ningún acto delictivo o contrario a las leyes panameñas.

4. Que Aproximadamente a las 4:30 p.m. fuimos trasladados a las oficinas del Servicio Nacional de Migración donde ni siquiera sabían por qué recibirnos hasta, tal y como nos indicaron, “recibir una llamada de Presidencia”. Una vez que nos recibieron en calidad de “retenidos”, los funcionarios del SNM aseguraron al consul de España, a nuestra abogada y a representantes de la Defensoría dl Pueblo que ningún trámite sería realizado hasta la mañana del día 28 de febrero y que por esa razón debiamos permanecer en las celdas de Migración, a pesar del compromiso de los funcionarios nacionales e internacionales de servir como garantes de nuestra comparecencia al día siguiente.

5. Que después de irse el equipo de acompañamiento, la directora del SNM junto a sus abogados dictaron un decreto ilegal y arbitrario en que sin pruebas nos condenan a detención por haber alterado el orden público e “instigar” protestas”. Fuimos despertados pasada la media noche, intimidados e irrespetados y obligados a firmar un documento en que se afirmaba que el SNM había escuchado nuestra defensa y respetado nuestros Derechos Humanos, cuando esto no se había producido.

6. Que ante las arbitrariedades cometidas, la agresividad de los comunicados públicos del Gobierno desde el mismo sábado 27 y los antecedentes del intento de expulsión del 4 de julio de 2010 y ante la TOTAL FALTA DE GARANTÍAS jurídicas para un proceso justo o para nuestra seguridad física ni jurídica, decidimos aceptar la deportación voluntaria.

7. Manfestamos la absoluta falta de garantías para el trabajo como Defensores de Derechos Humanos en Panamá y alertamos a NAciones Unidas y a la Comisión INteramerciana de DDHH sobre el grave riesgo al que están sometidos otros defensores en Panamá y cualquier líder social.

8. Agotaremos todos los recursos legales disponibles en Panamá y en el sistema Interamericano de Justicia para revertir esta situación y exigiremos la compensación por los daños morales, económicos y personales a los que hemos sido sometidos al abandonar nuestro hogar, nuestros amigos, nuestra misión como defensores de Derechos Humanos y nuestro desarrollo profesional.

9. HREV y mi persona sólo hemos tratado de promocionar y defender los derechos humanos de los colectivos más desfavorecidos de Panamá, tal y como es nuestro mandato. Nuestros informes sobre violación de derechos humanos en Changuinola o en el Centro de Cumplimiento de Tocumen o nuestro seguimiento a todo el proceso de defensa territorial de los pueblos Naso, Ngäbe y Buglé han molestado a las autoridades que han desconodio las recomendaciones de las organizaciones internacionales respecto a los Derechos HUmanos de estas poblaciones. A esta situacion se suma mi labor como periodista y columnista en el diario La Prensa con trabajos críticos que incomodan al Gobierno tal y como lo han manifestado en diversas ocasiones.

10. El trato de los funcionarios de rango bajo de la DIJ y de Migración fue en todo momento correcto y ellos mismos nos mostraron su perplejidad ante este proceso.

11. Los pueblos originarios de Panamá no necesitan de instigadores. Son autónomos y dignos y cuando protestan suelen ser provocados por medidas del Gobierno que, además del abandono secular, aprueba medidas que afectan contra la autonomía territorial, cultural y política de los pueblos originarios.

12. Reconocemos y agradecemos profundamente la valentía, el ánimo y la solidaridad que numerosas organizaciones, ciudadanos y, en especial, los representantes de los pueblos originarios de Panamá nos han mostrado en las últimas horas.

 

No nos echa Panamá. Nos echa su gobierno.

La lucha por los Derechos Humanos es irrenunciable y los delitos de lesa humanidad imprescriptibles.

 

Paco Gómez Nadal

Pilar Chato Carral

Periodistas y Representantes permanentes de Human Rights Everywhere en Panamá