Amnistía Internacional solicita investigar recientes crímenes políticos en Panamá

Documento – Panamá: Temor por los manifestantes después de la muerte de dos de ellos.

AU: 39/12 Índice: AMR 44/001/2012 Panamá Fecha: 7 de febrero de 2012 Date: 14 January 2011

ACCIÓN URGENTE

TEMOR POR LOS MANIFESTANTES DESPUÉS DE LA MUERTE DE DOS DE ELLOS

Dos manifestantes murieron y, según los informes, más de 40 personas resultaron heridas cuando la policía dispersó una protesta de pueblos indígenas en Panamá el 5 de febrero. Es probable que las protestas continúen en todo el país, y se teme que las fuerzas de seguridad del Estado puedan hacer uso de fuerza excesiva.

El 30 de enero, los miembros del pueblo indígena ngäbe-buglé salieron a la calle para protestar contra la enmienda de un proyecto de ley que, según creen, dejará sus tierras expuestas a la construcción de proyectos hidroeléctricos en las provincias de Chiriquí, Veraguas y Bocas del Toro, en el norte del país. Desde entonces, las protestas han ido en aumento, y parte de la Carretera Panamericana ha sido cortada por miles de manifestantes. El 5 de febrero, un manifestante, Jerónimo Rodríguez Tugri, murió por disparos en San Félix, provincia de Chiriquí, y hay informes de que otro manifestante se encuentra en estado crítico. Otros más de 40 han resultado heridos, según los informes, entre ellos policías. El 7 de febrero, los medios de comunicación informaron de la muerte de otro manifestante, Mauricio Méndez, en David, provincia de Chiriquí. Las circunstancias de su muerte aún no se han confirmado.

Se han recibido numerosas denuncias de grupos de derechos humanos, ecologistas y eclesiásticos sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, incluido el uso de armas de fuego para dispersar a los manifestantes, que provocó la muerte de Jerónimo Rodríguez Tugrí.

Los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil también han informado sobre el uso de gas lacrimógeno en las cercanías de centros médicos, sobre la negación a los detenidos de acceso a asistencia letrada, y sobre la falta de acceso de los heridos a atención médica. El gobierno, tras negar inicialmente los informes de que había cortado el acceso a las redes de telefonía móvil en las zonas de las manifestaciones, ahora ha confirmado el corte de dicho acceso. El 7 de febrero, las redes de telefonía se habían restaurado.

Es probable que las manifestaciones continúen durante los próximos días, y se teme que pueda haber más muertos o heridos.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

recordando a las autoridades que el Código de Conducta de la ONU para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley establece que dichos funcionarios “podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”;

pidiendo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad;

pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las muertes de Jerónimo Rodríguez Tugri y Mauricio Méndez, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables comparezcan ante la justicia.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 20 DE MARZO DE 2012, A:

Ricardo Martinelli Berrocal
Presidencia de la República, Panamá 1,
Panamá
Fax: +507 527 9034
Correo-e.: prensa@presidencia.gob.pa

Tratamiento: Estimado Sr. Presidente

José Mulino
Ministro de Seguridad Pública
Cl. 3 y Av. 7, Central San Felipe
Ciudad de Panamá, Panamá
Fax: +507 512 6001

Tratamiento: Estimado Sr. Ministro

Y copia a:

 

ONG

Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)

Correo-e.: info@ciampanama.org

Envíen también copia a la representación diplomática de Panamá acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número fax Correo-e. Dirección correo-e. Tratamiento Tratamiento

 

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

ACCIÓN URGENTE

TEMOR POR LOS MANIFESTANTES DESPUÉS DE LA MUERTE DE DOS DE ELLOS

INFORMACIÓN ADICIONAL

El año pasado, en febrero de 2011, los ngäbe-buglé organizaron protestas contra una ley de minería por considerar que facilitaba nuevos proyectos mineros en los territorios de los pueblos indígenas y que no incluía salvaguardias suficientes para el medio ambiente ni consultas adecuadas con las comunidades locales. La ley fue aprobada en febrero pero derogada en marzo, después de que el gobierno y los ngäbe-buglé negociaran una solución a la crisis y llegaran a un acuerdo que, según grupos indígenas, incluía una disposición que protegería sus territorios de los proyectos de desarrollo mineros e hidroeléctricos.

El 27 de enero de 2012, la Asamblea Nacional debatió un proyecto de ley para la protección de los territorios de los ngäbe-buglé frente a los proyectos mineros e hidroeléctricos. Durante el debate, los legisladores eliminaron el artículo 5 del proyecto de ley, y esa eliminación dio lugar a protestas masivas en todo el país. Los grupos indígenas y ecologistas afirman que el artículo 5 habría protegido las tierras indígenas frente a la imposición de proyectos hidroeléctricos, unos proyectos que en el pasado han amenazado con inundar poblaciones indígenas. Los indígenas salieron a la calle el 30 de enero para protestar contra la enmienda en el proyecto de ley.

 

Nombre: Jerónimo Rodríguez Tugri, Mauricio Méndez y manifestantes ngäbe-buglé

Sexo h/m Jerónimo Rodríguez Tugri (masculino), Mauricio Méndez (masculino), manifestantes (ambos)

AU: 39/12 Índice: AMR 44/001/2012 Fecha de emisión: 7 de febrero de 2012

Ni los niños se libraron de ser aprehendidos por la Policía Nacional de Panamá en el área de la protesta en San Félix, Provincia de Chiriquí en el Suroccidente de Panamá.

Una respuesta

  1. SEÑORES DE ADMITÍA INTERNACIONAL, E. D. S Honorable Señor Maitin, le solicito a usted que me ayude de ser posible en mi caso yo compro y establezco mi hogar en ese terreno y ahora estoy viviendo una pesadilla la cual le describo en este escrito. Yo, DEBORA RODRIGUEZ BEJARANO, mujer, panameña, mayor de edad, con cedula N° 8-516-998, con domicilio en el Distrito de Arraiján, corregimiento de Burunga, Barriada La 2,000, Sector El Progreso, casa N° 29-A, con teléfono N 256-0105 ó 6745-2515, a fin de interponer formal DEMANDA DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES en contra de LA RESOLUCION 139-12 DEL DIESISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE (2012), EXPEDIDA POR LA ALCADIA DEL DISTRITO DE ARRAIJAN EN SEGUNDA INSTANCIA Y QUE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 159 DEL DÍA DIESIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL DOCE (2012), PROFERIDA POR LA CORREGIDURIA DEL CORREGIMIENTO DE BURUNGA, en la cual DECLARA; en su parte resolutiva DECIDE REVOCAR LA DECISION CONTENIDA EN LA RESOLUCION N° 159-12, DEL 18 DE JULIO DE 2012, proferida por el corregidor de Burunga y DECRETA EL DESALOJO, de mi persona DÉBORA RODRÍGUEZ BEJARANO. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ I. MENCIÓN DE LA ORDEN IMPUGNADA: 1. La orden de hacer contenida en LA RESOLUCION 139-12 DEL DIESISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE (2012), EXPEDIDA POR LA ALCADIA DEL DISTRITO DE ARRAIJAN EN SEGUNDA INSTANCIA Y QUE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 159 DEL DÍA DIESIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL DOCE (2012), PROFERIDA POR LA CORREGIDURIA DEL CORREGIMIENTO DE BURUNGA, en la cual DECLARA; en su parte resolutiva DECIDE REVOCAR LA DECISION CONTENIDA EN LA RESOLUCION N° 159-12, DEL 18 DE JULIO DE 2012, proferida por el corregidor de Burunga y DECRETA EL DESALOJO, mi persona DÉBORA RODRÍGUEZ BEJARANO. Viola las garantías fundamentales del debido proceso el artículo 32 de la Constitucional Nacional 2. La orden de hacer contenida en el EDICTO No. 1010-2012, calendado el día dieciocho (18) de octubre de dos mil doce (2012), en el cual se ordena el lanzamiento a la demandada y a los ocupantes que residen con ella, por el termino de diez (10) días hábiles para la desocupación (supuestamente) voluntaria del bien reclamado, el cual empezara a regir dicho termino a partir de la resolución en el despacho de Primera Instancia. No fue notificada personalmente a nuestra patrocinada, violando el debido proceso y al artículo 32 de Nuestra Constitución Nacional. II. DEL SERVIDOR PUBLICO DEMANDADO: El sujeto pasivo del presente proceso de amparo lo constituye la señor MANOLITH SAMANIEGO, HONORABLE SEÑOR ALCALDE DEL DISTRITO DE ARRAIJÁN, quien fue la Autoridad Competente encargada del despacho que dicto y emitió la RESOLUCION 139-12 DEL DIESISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE (2012), donde ordena el DESOLOJO. Violo el debido proceso en cuanto a como jefe de la policía debería de impedir que me realizaran el desalojo de la residencia que habito por más de 10 años, FUERA DESALOJADA por mero formulismos formulada en su resolución y se me arroja de mi casa, sin orden judicial o sin haberse cumplido el término del desahucio conforme al Código civil.” Y debió de declinar en conocer el caso por competencia, violando el debido proceso y el artículo 32 de la Constitución Nacional. III. HECHOS QUE SUSTENTAN LA PRETENSIÓN CONSTITUCIONAL: PRIMERO: Que la génesis de los hechos inicia con el proceso de lanzamiento por intruso presentado por el señor SOTERO CORDOBA, (que de paso, no son ciertos), a través de su apoderado legal Licenciadas DORA DE SANTANACH, que entre otras cosas afirma que el señor SOTERO CORDOBA es el legitimo dueño de la finca 289758, inscrita en el documento Redi 1453147, con código de ubicación 8008, de la Sección de la propiedad de la Provincia de Panamá, que consiste en un lote de terreno marcado con el numero 29 según el plano 80814-96454, situado en el corregimiento de Burunga, Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá. Que para la fecha del 16 de abril de 2012, contestamos el traslado de la demanda de desalojo, que nos había hecho la corregiduria de Burunga, y que en otras cosas mencionábamos que el señor SOTERO CORDOBA, proporciono una dirección falsa, ya que el mismo no vive en el domicilio por mas de 10 años, anunciado en el proceso de Lanzamiento por intruso instaurado por él en el lote N° 29 ubicado en el corregimiento de Burunga, Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá. También presentamos el documento original que me como propietaria del bien inmueble objeto de este proceso y sus mejoras realizadas en el local motivo del proceso. Al señor corregidor y por temor a que se perdiera, solo dejamos la copia, dicho documento lo firma el señor SOTERO CORDOBA, con su puño y letra. Por lo que Desmentimos y nos opusimos a lo manifestado por el demandante ya que lo establecido se trata de una obligación civil, la cual se está deslindando en las esferas correspondientes, como lo son la oposición al Titulo de Propiedad en el Banco Hipotecario, fechado 01 de marzo de 2012, con numero de expediente 1985 del año en curso, querella por estafa a el señor SOTERO CORDOBA, el cual se encuentra en la personería primera del Distrito de Arraiján del tercer circuito de Panamá, dicho expediente es el N° 259-12, en el cual el señor SOTERO CORDOBA, esta próximo a ser indagado por la personería, querella por Violencia Domestica, en contra del señor RICARDO GONZÁLEZ, padre mi hija por la cual solicitamos que se investigue de haber una posible venta de la propiedad familiar que se ventila en estos momentos. Además queremos hacerle de su conocimiento que la parte demandante alega LANZAMIENTO POR INTRUSO, cuando el mismo, Tiene más de 10 años que vendió dicho bien. Y donde todos guardan relación con este proceso, por lo tanto yo no soy una intrusa. Honorable Señora Defensora, le hago de su conocimiento por medio del presente con nuestros acostumbrado respeto y consideración, informamos a la corregiduria y a la alcaldía que no eran competentes para deslindar este proceso, y lo pusimos en estado de alerta y le advertimos al corregidor y al alcalde que el proceso administrativo instaurado en su despacho no es de su competencia, ya que nos encontramos en medio de un Proceso que se está deslindando en otras esferas jurisdiccionales como lo mencionamos en líneas anteriores y no como se instauro el proceso de Lanzamiento por intruso, por lo que consideramos que el despacho alcaldicio no tiene competencia, por lo que nos amparamos bajos los preceptos legales establecidos en el artículo 1399, 1407, 1409 del Código Judicial que reza de la siguiente manera; “ARTÍCULO 1399: Si durante los términos de desahucio el arrendatario presentare un título traslaticio de dominio del bien, debidamente registrado o una constancia autentica de que el bien está depositado en proceso, el juez suspenderá los efectos del desahucio. Cuando el título sea a favor de un tercero, el juez citará a éste para que exprese si el arrendador es comisionado suyo. En caso afirmativo, los términos no se interrumpen; en caso negativo, quedarán suspendidos.” (Lo subrayado y resaltado es nuestro). “ARTÍCULO 1407: Ejecutoriado el auto de lanzamiento el juez del conocimiento lo comunicará inmediatamente al jefe de policía del distrito o al funcionario del distrito o al funcionario administrativo a quien corresponda ejecutoriado.. Cuando el título sea a favor de un tercero, el juez citará a éste para que exprese si el arrendador es comisionado suyo. En caso afirmativo, los términos no se interrumpen; en caso Negativo, quedarán suspendidos.” (Lo subrayado y resaltado es nuestro). “ARTÍCULO 1409: Cuando el bien ocupado se halle ocupado sin contrato de arrendamiento con el dueño o con su apoderado o su administrador, cualquiera de estas personas podrán solicitar del jefe de policía que la haga desocupar y se le las entregue. Si el ocupante o los ocupantes no exhibieren títulos explicativos de la ocupación, el lanzamiento se llevará a cabo inmediatamente.” (Lo subrayado y resaltado es nuestro). De igual manera en cuanto a la competencia de su despacho el artículo 997 del Código Administrativo reza lo siguiente: “ARTÍCULO 997: La Policía impedirá que el individuo que habite una casa o tienda como arrendatario, sea arrojado de ella sin orden judicial o sin haberse cumplido el término del desahucio conforme al Código civil.” (Lo subrayado y resaltado es nuestro). SEGUNDO: Que el Honorable Alcalde del Distrito de Arraiján Licenciado Manolith Samaniego, violento las normas y demás procedimientos en contra mía DÉBORA RODRÍGUEZ BEJARANO, omitiendo procedimientos, esenciales, dentro del proceso a marras, conociendo que existía un documento firmado de apuño y letra del señor SORETO CORDOBA, aun así somete a mi representada a interpretaciones erróneas de hechos y de derechos, de las normas sustanciales, llevando los mismo a la valoración del proceso a marras, a que este despacho se pronuncie a las normal legal de violaciones de derecho y de debidos proceso como a las norma de competencia. QUE EL HONORABLE SEÑOR ALCALDE LICENCIADO MANOLITH SAMANIEGO DECIDE REVOCAR LA RESOLUCIÓN N° 159 DEL DÍA DIESIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL DOCE (2012), PROFERIDA POR LA CORREGIDURIA DEL CORREGIMIENTO DE BURUNGA, mediante la RESLUCION N° 139-12, DEL DIESISIETE (17) DE SEPTEIMBRE DE DOS MIL DOCE (2012) y DECRETA EL DESALOJO, de mi persona DÉBORA RODRÍGUEZ BEJARANO, violentando el debido proceso y las leyes de competencia para conocer ciertos casos y que fijo edicto N° 1010-12, fechado dieciocho(18) de octubre de 2012, para notificar el contenido de la resolución emitida por el despacho de la alcaldía, dentro del proceso administrativo de lanzamiento por intruso, lo cual permite ser ventilado a través de la extraordinaria acción de AMPARO DE GARANTIA CONSTITUCIONALES. Lo anterior debe ser así, pues, para nuestras leyes de procedimiento dicha notificación por edicto viola de manera directa la garantía del debido proceso legal que recoge el artículo 32 de la Constitución Nacional, por cuanto la aludida resolución administrativa debió ser notificada personalmente. TERCERO: Que nuestra pretensión de es de solicitar la NULIDAD ABSOLUTA de todo lo actuado por el señor ALCALDE LICENCIADO MANOLITH SAMANIEGO en la RESOLUCION N° 139-12, DEL DIESISIETE (17) DE SEPTEIMBRE DE DOS MIL DOCE (2012) y DECRETA EL DESALOJO por violación al debido proceso, detallamos los siguientes puntos, que 1. Que no se me notifico personalmente. 2. Que presente titulo explicativo de dicha propiedad, lo cual no se tomo en cuenta, que no quisimos dejar la original por temor a que se extraviara, pero fue cotejada con su original, misma que se hecho en cada instancia que mencionamos en líneas anteriores. Que consideramos, en atención a todo lo anterior expuesto, que la decisión del SEÑOR ALCALDE LICENCIADO MANOLITH SAMANIEGO, mediante la RESOLUCION N° 139-12, DEL DIESISIETE (17) DE SEPTEIMBRE DE DOS MIL DOCE (2012) y DECRETA EL DESALOJO, de la señora DEBORA RODRIGUEZ BEJARANO, y que FIJO EDICTO N° 1010-12, FECHADO DIECIOCHO(18) DE OCTUBRE DE 2012, para notificar el contenido de la resolución emitida por el despacho de la alcaldía, dentro del proceso administrativo de lanzamiento por intruso, viola el debido proceso legal, en concordancia con el artículo 32 de la Constitución Nacional por lo que procede la NULIDAD ABSOLUTA de todo lo actuado y la REVOCATORIA en todas sus partes de la RESLUCION N° 139-12, DEL DIESISIETE (17) DE SEPTEIMBRE DE DOS MIL DOCE (2012), emitida por el señor alcalde. De igual manera dicha violación del procedimiento infringe lo normado en LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos y ratificado por la Republica de Panamá mediante Ley No. 15 de 28 de octubre de 1977), en su Capitulo II, DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS en su articulo No. 8 y 25. Articulo No. 8: GARANTIAS JUDICIALES: 1. Toda persona tienen derecho a ser oída, con las debida garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley, en la sustanciación de cualquiera acusación formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, o de cualquier otro carácter. a. b. ————————————- c. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; d. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; e. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; Articulo No. 25 Protección Judicial: 1. Toda persona tienen derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo antes los jueces o tribunales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la Presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicios de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y b. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Con relación a los principios rectores que rigen el debido proceso, el cual debe regir en todas las actuaciones judiciales, nuestra normativa jurídica es bien clara, su inobservancia lleva a la nulidad de los procesos, a este respecto señalamos lo siguiente: La Constitución Nacional en su Articulo No. 32, señala lo siguiente: Articulo No. 32: Nadie podrá ser juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria. El Artículo 1944 del Código Judicial señala lo siguiente: Articulo No. 1944: Nadie podrá ser juzgado, sino por Tribunal competente, previamente establecido, conforme al trámite legal, y con plena garantía de su defensa. Por otra parte, el Articulo No. 1950 del Código Judicial, de la misma excerta legal antes citada, que complementa la anterior, y que debe ser interpretada en forma extensiva y por ello, más abarcadora, estima lo siguiente: Artículo 1950: Los procesos que se sigan en contravención a lo dispuesto en los artículos precedentes son nulos y los que hayan actuado en ellos como jueces o funcionarios de instrucción serán responsables en todo caso, civil y criminalmente, por los daños o los perjuicios que resultaren del proceso ilegal. En fallo de 28 de 1981, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia señalo: “La Constitución consagra, como hemos dicho la garantía del Debido Proceso, que impone y orienta todo el derecho procesal objetivo panameño. Pero es menester, entonces determinar que debe entenderse por el Debido Proceso. En el aspecto puramente procesal, La Corte ha señalado que se desnaturaliza el proceso cuando, por errores jurídicos se aparte de su finalidad y desconoce los principios que gobiernan el actual procesal. Mas concretamente, ha señalado la necesidad del emplazamiento, la oportunidad de audiencia, la oportunidad de prueba y la motivación de la sentencia conclusiva, con valoración no solo del derecho sustancial aplicado; sino también de la prueba producida.” De igual manera en este proceso se ha inobservado un principio fundamental, como es el de la Obligatoriedad del Procedimiento: La Ley establece expresamente cual es y como se desarrolla el procedimiento, es decir como debe ser la actuación judicial para cada parte en el proceso, y advertimos que no se ha seguido el tramite establecido en nuestra normativa legal, sin haber cumplido previamente los procedimientos legales establecidos en materia de pruebas como señala la Ley. El principio del debido proceso legal. El debido proceso, como garantía de orden constitucional está contenida en el artículo 32 de la Constitución Nacional que textualmente dice: “Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria” Este principio universal consagrado en casi todas las legislaciones donde los hombres y las mujeres son el fin primordial del Estado, constituye un verdadero derecho fundamental de carácter instrumental, que supone el respeto y cumplimiento por parte de las autoridades que ejercen la función de administrar justicia, del fiel cumplimiento de las formalidades previstas en el ordenamiento jurídico. Su fin primordial es el respeto a los derechos de los ciudadanos -sean nacionales o extranjeros-y evitar que se vulneren sus garantías procésales. Teniendo en cuenta este marco de referencia, se hará énfasis en el derecho que tiene toda persona de ser juzgada conforme a los trámites legales, lo que se traduce en la obligación del juzgador de acatar las reglas procedimentales previamente establecidas por la Ley para la tramitación de los diferentes negocios. Y es que así lo ha dejando sentado la Corte Suprema de Justicia en repetidas ocasiones, como se desprende, entre otros, del fallo de 30 de mayo de 1996 bajo la ponencia de la Mag. Mirtza A. Franceschi de Aguilera, al indicar lo siguiente: ” …. Esta garantía parte del supuesto de que el ordenamiento jurídico se ha encargado de regular el procedimiento o la actuación que deben seguir las autoridades en la tramitación de los distintos negocios. La regulación o existencia previa de las normas procedimentales constituyen en si misma una garantía para todos los asociados, la cual se vulnera en los momentos en que las autoridades públicas dejan de aplicar dichas normas o aplican un trámite distinto al que las mismas preven….” (Registro Judicial de mayo de 1996, pág. 150). Nuevamente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 8 de agosto de 1997, bajo la ponencia de la Mag. Maritza de Aguilera, señaló lo siguiente: “…En otras oportunidades, el Pleno se ha referido a la garantía constitucional del debido proceso indicando, que la misma se viola cuando se pretermiten o desconocen trámites esenciales del procedimiento (como el traslado de la demanda, la presentación de pruebas sobre los hechos de la demanda, la impugnación de las resoluciones judiciales, en los casos previstos por la ley, entre otros), de modo que se impida con aquella conducta a una o a ambas partes, el pleno ejercicio de su defensa o se le coloque en estado de indefensión (Cfr Sentencias del 29 de marzo y 13 de septiembre de 1996). Puede afirmarse, en consecuencia, que el derecho a ser juzgado conforme a los trámites legales al que nos venimos refiriendo, involucra un sinnúmero de elementos o aspectos cuya plena observancia es fundamental para garantizar a las partes la activa defensa de sus derechos. A algunos de estos elementos se refiere el doctor Arturo Hoyos cuando expresa que la garantía constitucional del debido proceso es una “institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oído por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y contradecir las aportadas por la contra parte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y conforme a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos” (Hoyos, Arturo. El Debido Proceso. Editorial Temis, Santa Fe de Bogota. 1996. pág. 54). En síntesis, el juzgamiento “conforme a los trámites legales”, consignado en el artículo 32 constitucional, significa que corresponde a la Ley establecer los trámites del proceso al cual debe ajustarse el juez y las partes en la sustanciación de los distintos juicios…”. En un pronunciamiento más reciente de la Corte Suprema de Justicia, calendado 7 de febrero de 2003, esta vez bajo la ponencia del Mag. Winston Spadafora, se expone: “Los razonamientos expuestos llevan al Pleno a expresar que la situación analizada, lejos de ser un problema de orden legal, como sostiene el Procurador General de la Nación, tiene en verdad rango constitucional, pues, precisamente , lo que se tiende a proteger a través de la llamada “garantía fundamental del debido proceso”, es que los funcionarios públicos observen cabalmente los procedimientos estatuidos en las leyes y en los reglamentos para la atención de los asuntos de la Administración Pública. En otras palabras, la garantía del debido proceso, no se encuadra o restringe al puro texto del precepto constitucional que la contiene, sino que se ve complementada con numerosas disposiciones de orden legal y reglamentario, que normalmente señalan trámites o procedimientos, que no sólo constituyen el marco de acción de la administración pública, sino que, además se traducen en verdaderas garantías a favor de los particulares frente a la Administración. Este razonamiento lo corrobora tanto el precepto constitucional que consagra la garantía del debido proceso (cuando señala que nadie puede ser juzgado sino por autoridad competente y “conforme a los trámites legales”, es decir, de acuerdo con los trámites establecidos previamente en la ley, como la jurisprudencia del Pleno la cual indicó en su Sentencia de 8 de agosto de 1997, lo siguiente: “El artículo 32 de la Constitución Política, que se cita como violado en la demanda, recoge la garantía constitucional del debido proceso, uno de cuyos múltiples aspectos alude al derecho que tiene toda persona a ser juzgada “de acuerdo con los trámites legales”, lo cual implica, que el juez o Tribunal debe someterse a las reglas procedimentales previamente establecidas por la ley para la tramitación de los diferentes juicios o procesos. Como afirmó el Pleno de la Corte en su fallo del 30 de mayo de 1996, esta garantía “parte del supuesto de que el ordenamiento jurídico se ha encargado de regular el procedimiento o la actuación que deben seguir las autoridades en la tramitación de los distintos negocios. La regulación o existencia previa de las normas procedimentales constituye en sí misma una garantía para todos los asociados, la cual se vulnera en el momento en que las autoridades públicas dejan de aplicar dichas normas o aplican un trámite distinto al que las mismas prevén.” De los fallos citados se infieren, claramente, la obligatoriedad del procedimiento, entendiéndose que le corresponde únicamente a la ley procesal establecer las clases de procesos y el procedimiento que debe seguirse en cada uno de ellos; no está permitido a las partes modificarlo y, por tratarse de leyes de orden público, tienen carácter absoluto, inmediato y obligatorio. El procedimiento no puede ser inventado ni modificado por ninguno de los involucrados en un determinado proceso. Resulta interesante y pertinente citar en este punto, un párrafo de la obra del Dr. Arturo Hoyos, titulada El Debido Proceso (Editorial Temis S. A., Santa Fe de Bogota-Colombia, 1996), relacionado con la obligatoriedad del procedimiento, en el que subraya: “Los diversos aspectos de la garantía constitucional que tratamos son desarrollados por leyes procésales, que establecen los diversos procedimientos y competencias según las cuales se desarrollan los diversos procesos. Como se ha dicho, la ley debe respetar los diversos elementos de la garantía y, de no hacerlo, quedará viciada de inconstitucionalidad”. En este mismo orden de ideas, el Dr. Carlos Enrique Muñoz Pope, en la obra Proceso Debido y Justicia Penal (Ediciones Panamá Viejo. Panamá. 1999.), expresa: “En el proceso penal patrio, el proceso debido supone la existencia de diversos presupuestos, actos y formalidades que son de obligatorio cumplimiento para las autoridades o partes en el mismo, careciendo estas o aquellas de una facultad discrecional para cumplir con algunas y desconocer otras”. Como el debido proceso implica la obligación de cumplir fielmente con el trámite preestablecido en las normas de procedimiento, las actuaciones realizadas al margen de lo estipulado en la Ley pueden ser tachadas de nulidad, sea ésta absoluta o relativa. En síntesis, el debido proceso constituye una garantía de orden constitucional que implica la obligación que tienen las autoridades a quienes se ha confiado la tarea de administrar justicia, de cumplir con los procedimientos establecidos en la ley. CONSIDERACIONES: Hemos considerado en el caso particular nuestro, violándose el Debido Proceso consagrado en nuestra Constitución, Convenciones y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y de la cual Panamá es signataria, motivo por la cual solicitamos que se declare nulo todo lo actuado y se archive el expediente. PRINCIPIO DE IN DUBIO PRO REO: (Efectos en el Proceso). “Por otro lado, nuestro Código Judicial acoge también como sistema de valorización de la prueba el de la Sana Critica, dirigida solamente al juzgador para que analice las pruebas allegadas al proceso, de conformidad con las reglas del correcto entendimiento humano (lógica, experiencia, y psicología), y quien esta obligado a sustentar sus decisiones. En este contexto, cuando las pruebas allegadas al proceso colocan al juzgador es estado de duda acerca de la culpabilidad o no del procesado, es cuando surge la potestad de aplicar la garantía procesal del In Dubio Pro Reo que lo obliga, a sustentar sus razonadas dudas y a fallar a favor del procesado. III. GARANTIAS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN INFRINGIDAS Y CONCEPTO EN QUE HAN SIDO INFRINGIDAS: De acuerdo con los artículos 54 de la Constitución Nacional, 2615 y 2616 del Código Judicial, así como de la jurisprudencia de la Corte Suprema, la acción de amparo de garantías constitucionales puede ejercerse contra toda clase de actos definitivos de funcionario público con mando y jurisdicción que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales que consagra la constitución que revistan la forma de una orden de hacer o no hacer, cuando por la gravedad e inminencia del daño que representan requieren de una revocación inmediata. En relación a lo antes mencionado, el artículo 2615 del Código Judicial, indica cuándo puede interponerse la Acción de Amparo de Garantía Constitucionales; dicho artículo preceptúa lo siguiente: “Artículo 2615: Toda persona contra la cual se expide o ejecute, por cualquier servidor público, una orden de hacer o no hacer, que viole los derechos y garantías que la Constitución consagra, tendrá derecho a que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona”. Consideramos que la Resolución impugnada por vía de Amparo de Garantías que viola lo normado en el Articulo No. 32 de la Constitución Nacional que a la letra dice; Articulo No. 32: Nadie podrá ser juzgado sino por autoridad competente y conforme a los tramites legales, y no mas de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria. (lo subrayado y resaltado es nuestro) CONCEPTO DE LA INFRACCION: Estas Normas Constitucionales señalan lo siguiente: “Artículo 17: Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales donde quiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y hacer cumplir la Constitución y la Ley. Los Derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que indican sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. “Artículo 18: Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infracción de la constitución o de la Ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas. “Artículo 19: No habrá fueros o privilegios ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas El Artículo 1944 del Código Judicial señala lo siguiente: Articulo No. 1944: Nadie podrá ser juzgado, sino por Tribunal competente, previamente establecido, conforme al trámite legal, y con plena garantía de su defensa. (lo subrayado y resaltado es nuestro) Por otra parte, el Articulo No. 1950 del Código Judicial, de la misma excerta legal antes citada, que complementa la anterior, y que debe ser interpretada en forma extensiva y por ello, más abarcadora, estima lo siguiente: Artículo 1950: Los procesos que se sigan en contravención a lo dispuesto en los artículos precedentes son nulos y los que hayan actuado en ellos como jueces o funcionarios de instrucción serán responsables en todo caso, civil y criminalmente, por los daños o los perjuicios que resultaren del proceso ilegal. No obstante, a pesar de que un hecho como la posesión es protegida por el derecho, incluso hasta contra el propietario, por ejemplo cuando al poseedor de buena fe se le confiere el derecho de retención hasta tanto se le abonen los gastos necesarios (art. 439), existe una acción que en su aplicación ha ido desconociendo abiertamente este derecho y que perece estar por encima de los derechos sustanciales que la ley reconoce a los poseedores. Nos referimos al artículo 1409 del Código Judicial, el cual establece: “Cuando el bien se halle ocupado sin contrato de arrendamiento con el dueño o con su apoderado o su administrador, cualquiera de estas personas podrá solicitar del jefe de policía que la haga desocupar y se la entregue. Si el ocupante o los ocupantes no exhibieren títulos explicativos de la ocupación, el lanzamiento se llevará a cabo inmediatamente”. La mencionada norma consagra el tan conocido “lanzamiento por intruso”, que tiene como propósito hacer desocupar de un inmueble a todo aquel que no demuestre tener titulo explicativo de la ocupación, y ese titulo ha sido identificado únicamente con el contrato de arrendamiento, y porqué no interpretarlo así, si ésta disposición aparece inserta justamente en el apartado referente a lanzamiento. Así, por citar un caso, lo expresó el Tribunal Superior Civil, en una acción de amparo interpuesta contra una resolución que decretaba el lanzamiento por intruso: “Si bien el artículo 1399 (articulo 1409) del Código Judicial no define qué se entiende por título explicativo de la ocupación, de la interpretación integral de dicha norma debe inferirse que tendría que ser un contrato de arrendamiento celebrado con el propietario del bien ocupado o un contrato de arrendamiento celebrado con el administrador del bien ocupado. Lógico sería también pensar que un título explicativo sería una Certificación del Registro Público o un título que lo acredite como propietario o un documento donde el propietario del inmueble lo autorice a ocupar el mismo (Fallo de 2 de septiembre de 1994. Primer Tribunal Superior de Justicia. Amparo de Garantía Constitucionales propuesto por ADISBEL MARTINEZ C. contra el CORREGIDOR DE RIO ABAJO) La consecuencia de mantener una interpretación de tal naturaleza, es el equivalente a decirle a un poseedor con catorce años de posesión, que ha cultivado, sembrado, edificado y mantenido la propiedad, que lo efectuado hasta ese momento, no califica para ser protegido, porque si el propietario acciona administrativamente, ante la autoridad de policía, su condición será de “intruso” y no de poseedor, protegido por la Ley. En nuestra consideración, el manejo dado a esta figura, cuya aplicación compete a las autoridades de policías (Corregidores y Alcaldes), se han desconocidos principios de protección, que el derecho sustancial confiere a favor del poseedor. Una persona que permanece más de un año en posesión de un bien, no es intruso, sino poseedor, al cual la ley le otorga inclusive los llamados interdictos posesorios para defender su derecho. Si un propietario desea desvincular o desocupar del bien al poseedor tiene que ejercer la llamada acción reivindicatoria, que es el medio legal, que corresponde idóneamente, a quien su desidia ha permitido que otro haga productivo el inmueble y de hecho lo utilice como si fuera dueño, o al menos creyendo que lo es. Porque, la inactividad de ese propietario, le ha hecho pensar al poseedor que ese bien desocupado no tiene utilidad para él, razón que lo ha llevado a ocupar, limpiar, administrar e incluso edificar de buena fe, sobre el bien, bajo la creencia que el artículo 606 del Código Civil, le dice que “la posesión del suelo deberá probarse por hechos positivos, de aquellos a que sólo da derecho el dominio, como el arrendamiento, el corte de madera, la construcción de edificios, la de cerramientos, las plantaciones o sementeras, y otros de igual significación, ejecutados sin el consentimiento del que disputa la posesión”. Bajo esta premisa, ese poseedor ha edificado y sembrado sobre el bien, porque la legislación civil le ha dicho, a través de esta norma que su posesión se prueba hechos positivos a que solo da derecho el dominio, y no precisamente para que esos hechos positivos sean el fundamento en una acción posesoria, sino porque con el tiempo pretende convertirse en propietario del bien, porque al menos eso es lo que se le ha dicho, que si tiene poción publica pacifica e ininterrumpida, por el lapso que establece la ley, habrá de convertirse en titular del bien a través de la conocida figura de la prescripción adquisitiva de dominio. Pero nada de esto sucederá, si el propietario se apersona a una Corregiduria a solicitar el lanzamiento por intruso, de un poseedor que tiene más de 12 años de estar allí, indefectiblemente su expectativa se verá truncada, porque para la autoridad de policía, el mismo es y seguirá siendo un intruso, sin importarle que la ley otorga derechos a favor del poseedor. Basta preguntarse, qué suceden con las mejoras, siembras, y plantaciones efectuadas de buena fe sobre el bien? Quién le reconoce al poseedor el mantenimiento dado a ese bien o los gastos que realizo para defender la propiedad de terceros que querían apoderarse del bien? La respuesta no es simple y menos puede concretarse a decir que el poseedor si es lanzado, no pierde sus derechos, porque esa persona no fue calificada nunca dentro de ese proceso administrativo como poseedor sino de intruso, es decir, una persona que no tiene permiso ni derecho alguno de ocupar el bien, ya que su intromisión dentro de la propiedad, es calificada de mala fe, porque no cuenta con título explicativo. Nos preguntamos, qué hará la autoridad de policía con un poseedor, que demuestra haber adquirido legítimamente a través de un proceso de sucesión intestada, los derechos de posesión que el causante tenia sobre un inmueble, cuando el mismo le ponga de presente al Corregidor la resolución ejecutoriada que contiene la adjudicación de los bienes heredados y entre ellos los derechos posesorios, los cuales según el articulo 1548 del Código Judicial se inventariarán como derecho personal los puramente posesorios que el causante tenía sobre tierras o predios? Lo lanzará porque esa resolución no constituye titulo explicativo, porque en su labor de interpretación, entiende que titulo explicativo es un contrato de arrendamiento, porque esto es lo que dice el articulo 1409 del Código Judicial? Definitivamente que no podría, ni debería hacerlo, y no porque se trate de titulo explicativo, sino porque la posesión, por sí sola es título, y no entendiendo el término como documento jurídico en el que se otorga un derecho, sino como la causa, razón, motivo o pretexto para que esa persona ocupara el inmueble. Esta situación de hecho, que produce efectos jurídicos, requiere un análisis más detenido al momento de aplicar la norma a un caso concreto, porque con frecuencia un poseedor es tenido como intruso, apartándose del tenor legal con que fue concebida esa norma, que no es otro que hacer que una persona desocupe un bien que se destina a arrendamiento, cuando éste ha entrado al mismo sin un contrato con el dueño, su apoderado o un administrador. Otra cosa, es que la persona lo haya ocupado, con ánimo de dueño e inicie un comportamiento, como si tuviere dominio sobre el bien, ya esa persona no puede catalogarse como intruso sino como poseedor. De igual manera infringe lo normado en LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos y ratificado por la Republica de Panamá mediante Ley No. 15 de 28 de octubre de 1977), en su Capitulo II, DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS en su articulo No. 25. Articulo No. 25 Protección Judicial: 3. Toda persona tienen derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo antes los jueces o tribunales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la Presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicios de sus funciones oficiales. 4. Los Estados Partes se comprometen: c. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; d. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y e. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. SOLICITUD En virtud de lo antes expuesto solicitamos al Honorable señora JUEZ que se CONCEDA la presente Acción de Amparo de Garantías Constitucionales, interpuesto a favor de mi persona DÉBORA RODRÍGUEZ, en contra de la RESOLUCIÓN N° 139-12, DEL DIESISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE (2012) y DECRETA EL DESALOJO, por lo que procede la NULIDAD ABSOLUTA de todo lo actuado y la REVOCATORIA en todas sus partes de la RESOLUCION N° 139-12, DEL DIESISIETE (17) DE SEPTEIMBRE DE DOS MIL DOCE (2012), emitida por el señor alcalde. Como de igual manera se deje SIN EFECTO JURÍDICO EL EDICTO N° 1010-12, FECHADO DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DE 2012, para notificar el contenido de la resolución emitida por el despacho de la alcaldía, por el termino de cinco (5) días hábiles, dentro del proceso administrativo de lanzamiento por intruso, viola el debido proceso legal, en concordancia con el artículo 32 de la Constitución Nacional. También Solicitamos que se de fiel Cumplimiento a lo establecido dentro de LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos y ratificado por la Republica de Panamá mediante Ley No. 15 de 28 de octubre de 1977), en su Capitulo II, DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS en su articulo No. 24 y 25: que se refiere; Articulo No. 24: IGUALDAD ANTE LA LEY: Todas las personas son iguales ante la Ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley. (lo subrayado y resaltado es nuestro) PRUEBAS Documentales: 1. Original de recibido escrito de querella interpuesta al señor SOTERO CORDOBA, con sello de recibido de la Agencia de Instrucción Delegada del Tercer Circuito Judicial de Panamá. 2. Original de recibido escrito de Solicitud Especial de Ampliación a la Declaración de la señora DEBORA RODRIGUEZ BEJARANO, con sello de recibido presentado al expediente 259-12, que se lleva en la Personería de Arraiján, en contra del señor SOTERO CORDOBA. 3. Original de recibido de escrito de Presentación de Pruebas al expediente 259-12, con sello de recibido, que se lleva en la Personería de Arraiján, en contra del señor SOTERO CORDOBA. 4. Original de recibido escrito de Oposición a Titulo de Propiedad presentada ante el Banco Hipotecario Nacional de Panamá, con sello de recibido. 5. Original de recibido de escrito de presentación de pruebas al expediente 1895-12, que se ventila en Banco Hipotecario Nacional de Panamá. 6. Copia para cotejar del recibo original donde el señor SOTERO CORDOBA, le vende a la familia GONZALEZ RODRIGUEZ. 7. Copia de Resolución N° 139-12 del día 17 de septiembre de 2012. 8. Copia de la Edicto N° 1010-2012, del día 18 de octubre de 2012. 9. Copia de la Providencia, del día 7 de noviembre de 2012. FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos No. 4, 17, 18, 19, 32, 54 de la Constitución Nacional Artículos No. 2008, 2100, 2615, 2616, 2617 y 2624 del Código Judicial Artículos No. 7, 8, 24 y 25 de LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos y ratificado por la Republica de Panamá mediante Ley No. 15 de 28 de octubre de 1977). De la Honorable señora, con mis respetos y consideraciones, ________________________________ DÉBORA RODRÍGUEZ BEJARANO Céd. N° 8-516-998 Panamá, a la fecha de su presentación SEÑORES DE ADMITÍA INTERNACIONAL, E. D. S Honorable Señor Maitin, le solicito a usted que me ayude de ser posible en mi caso yo compro y establezco mi hogar en ese terreno y ahora estoy viviendo una pesadilla la cual le describo en este escrito. Yo, DEBORA RODRIGUEZ BEJARANO, mujer, panameña, mayor de edad, con cedula N° 8-516-998, con domicilio en el Distrito de Arraiján, corregimiento de Burunga, Barriada La 2,000, Sector El Progreso, casa N° 29-A, con teléfono N 256-0105 ó 6745-2515, a fin de interponer formal DEMANDA DE AMPARO DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES en contra de LA RESOLUCION 139-12 DEL DIESISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE (2012), EXPEDIDA POR LA ALCADIA DEL DISTRITO DE ARRAIJAN EN SEGUNDA INSTANCIA Y QUE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 159 DEL DÍA DIESIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL DOCE (2012), PROFERIDA POR LA CORREGIDURIA DEL CORREGIMIENTO DE BURUNGA, en la cual DECLARA; en su parte resolutiva DECIDE REVOCAR LA DECISION CONTENIDA EN LA RESOLUCION N° 159-12, DEL 18 DE JULIO DE 2012, proferida por el corregidor de Burunga y DECRETA EL DESALOJO, de mi persona DÉBORA RODRÍGUEZ BEJARANO. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ I. MENCIÓN DE LA ORDEN IMPUGNADA: 1. La orden de hacer contenida en LA RESOLUCION 139-12 DEL DIESISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE (2012), EXPEDIDA POR LA ALCADIA DEL DISTRITO DE ARRAIJAN EN SEGUNDA INSTANCIA Y QUE REVOCA LA RESOLUCIÓN N° 159 DEL DÍA DIESIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL DOCE (2012), PROFERIDA POR LA CORREGIDURIA DEL CORREGIMIENTO DE BURUNGA, en la cual DECLARA; en su parte resolutiva DECIDE REVOCAR LA DECISION CONTENIDA EN LA RESOLUCION N° 159-12, DEL 18 DE JULIO DE 2012, proferida por el corregidor de Burunga y DECRETA EL DESALOJO, mi persona DÉBORA RODRÍGUEZ BEJARANO. Viola las garantías fundamentales del debido proceso el artículo 32 de la Constitucional Nacional 2. La orden de hacer contenida en el EDICTO No. 1010-2012, calendado el día dieciocho (18) de octubre de dos mil doce (2012), en el cual se ordena el lanzamiento a la demandada y a los ocupantes que residen con ella, por el termino de diez (10) días hábiles para la desocupación (supuestamente) voluntaria del bien reclamado, el cual empezara a regir dicho termino a partir de la resolución en el despacho de Primera Instancia. No fue notificada personalmente a nuestra patrocinada, violando el debido proceso y al artículo 32 de Nuestra Constitución Nacional. II. DEL SERVIDOR PUBLICO DEMANDADO: El sujeto pasivo del presente proceso de amparo lo constituye la señor MANOLITH SAMANIEGO, HONORABLE SEÑOR ALCALDE DEL DISTRITO DE ARRAIJÁN, quien fue la Autoridad Competente encargada del despacho que dicto y emitió la RESOLUCION 139-12 DEL DIESISIETE (17) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DOCE (2012), donde ordena el DESOLOJO. Violo el debido proceso en cuanto a como jefe de la policía debería de impedir que me realizaran el desalojo de la residencia que habito por más de 10 años, FUERA DESALOJADA por mero formulismos formulada en su resolución y se me arroja de mi casa, sin orden judicial o sin haberse cumplido el término del desahucio conforme al Código civil.” Y debió de declinar en conocer el caso por competencia, violando el debido proceso y el artículo 32 de la Constitución Nacional. III. HECHOS QUE SUSTENTAN LA PRETENSIÓN CONSTITUCIONAL: PRIMERO: Que la génesis de los hechos inicia con el proceso de lanzamiento por intruso presentado por el señor SOTERO CORDOBA, (que de paso, no son ciertos), a través de su apoderado legal Licenciadas DORA DE SANTANACH, que entre otras cosas afirma que el señor SOTERO CORDOBA es el legitimo dueño de la finca 289758, inscrita en el documento Redi 1453147, con código de ubicación 8008, de la Sección de la propiedad de la Provincia de Panamá, que consiste en un lote de terreno marcado con el numero 29 según el plano 80814-96454, situado en el corregimiento de Burunga, Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá. Que para la fecha del 16 de abril de 2012, contestamos el traslado de la demanda de desalojo, que nos había hecho la corregiduria de Burunga, y que en otras cosas mencionábamos que el señor SOTERO CORDOBA, proporciono una dirección falsa, ya que el mismo no vive en el domicilio por mas de 10 años, anunciado en el proceso de Lanzamiento por intruso instaurado por él en el lote N° 29 ubicado en el corregimiento de Burunga, Distrito de Arraiján, Provincia de Panamá. También presentamos el documento original que me como propietaria del bien inmueble objeto de este proceso y sus mejoras realizadas en el local motivo del proceso. Al señor corregidor y por temor a que se perdiera, solo dejamos la copia, dicho documento lo firma el señor SOTERO CORDOBA, con su puño y letra. Por lo que Desmentimos y nos opusimos a lo manifestado por el demandante ya que lo establecido se trata de una obligación civil, la cual se está deslindando en las esferas correspondientes, como lo son la oposición al Titulo de Propiedad en el Banco Hipotecario, fechado 01 de marzo de 2012, con numero de expediente 1985 del año en curso, querella por estafa a el señor SOTERO CORDOBA, el cual se encuentra en la personería primera del Distrito de Arraiján del tercer circuito de Panamá, dicho expediente es el N° 259-12, en el cual el señor SOTERO CORDOBA, esta próximo a ser indagado por la personería, querella por Violencia Domestica, en contra del señor RICARDO GONZÁLEZ, padre mi hija por la cual solicitamos que se investigue de haber una posible venta de la propiedad familiar que se ventila en estos momentos. Además queremos hacerle de su conocimiento que la parte demandante alega LANZAMIENTO POR INTRUSO, cuando el mismo, Tiene más de 10 años que vendió dicho bien. Y donde todos guardan relación con este proceso, por lo tanto yo no soy una intrusa. Honorable Señora Defensora, le hago de su conocimiento por medio del presente con nuestros acostumbrado respeto y consideración, informamos a la corregiduria y a la alcaldía que no eran competentes para deslindar este proceso, y lo pusimos en estado de alerta y le advertimos al corregidor y al alcalde que el proceso administrativo instaurado en su despacho no es de su competencia, ya que nos encontramos en medio de un Proceso que se está deslindando en otras esferas jurisdiccionales como lo mencionamos en líneas anteriores y no como se instauro el proceso de Lanzamiento por intruso, por lo que consideramos que el despacho alcaldicio no tiene competencia, por lo que nos amparamos bajos los preceptos legales establecidos en el artículo 1399, 1407, 1409 del Código Judicial que reza de la siguiente manera; “ARTÍCULO 1399: Si durante los términos de desahucio el arrendatario presentare un título traslaticio de dominio del bien, debidamente registrado o una constancia autentica de que el bien está depositado en proceso, el juez suspenderá los efectos del desahucio. Cuando el título sea a favor de un tercero, el juez citará a éste para que exprese si el arrendador es comisionado suyo. En caso afirmativo, los términos no se interrumpen; en caso negativo, quedarán suspendidos.” (Lo subrayado y resaltado es nuestro). “ARTÍCULO 1407: Ejecutoriado el auto de lanzamiento el juez del conocimiento lo comunicará inmediatamente al jefe de policía del distrito o al funcionario del distrito o al funcionario administrativo a quien corresponda ejecutoriado.. Cuando el título sea a favor de un tercero, el juez citará a éste para que exprese si el arrendador es comisionado suyo. En caso afirmativo, los términos no se interrumpen; en caso Negativo, quedarán suspendidos.” (Lo subrayado y resaltado es nuestro). “ARTÍCULO 1409: Cuando el bien ocupado se halle ocupado sin contrato de arrendamiento con el dueño o con su apoderado o su administrador, cualquiera de estas personas podrán solicitar del jefe de policía que la haga desocupar y se le las entregue. Si el ocupante o los ocupantes no exhibieren títulos explicativos de la ocupación, el lanzamiento se llevará a cabo inmediatamente.” (Lo subrayado y resaltado es nuestro). De igual manera en cuanto a la competencia de su despacho el artículo 997 del Código Administrativo reza lo siguiente: “ARTÍCULO 997: La Policía impedirá que el individuo que habite una casa o tienda como arrendatario, sea arrojado de ella sin orden judicial o sin haberse cumplido el término del desahucio conforme al Código civil.” (Lo subrayado y resaltado es nuestro). SEGUNDO: Que el Honorable Alcalde del Distrito de Arraiján Licenciado Manolith Samaniego, violento las normas y demás procedimientos en contra mía DÉBORA RODRÍGUEZ BEJARANO, omitiendo procedimientos, esenciales, dentro del proceso a marras, conociendo que existía un documento firmado de apuño y letra del señor SORETO CORDOBA, aun así somete a mi representada a interpretaciones erróneas de hechos y de derechos, de las normas sustanciales, llevando los mismo a la valoración del proceso a marras, a que este despacho se pronuncie a las normal legal de violaciones de derecho y de debidos proceso como a las norma de competencia. QUE EL HONORABLE SEÑOR ALCALDE LICENCIADO MANOLITH SAMANIEGO DECIDE REVOCAR LA RESOLUCIÓN N° 159 DEL DÍA DIESIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL DOCE (2012), PROFERIDA POR LA CORREGIDURIA DEL CORREGIMIENTO DE BURUNGA, mediante la RESLUCION N° 139-12, DEL DIESISIETE (17) DE SEPTEIMBRE DE DOS MIL DOCE (2012) y DECRETA EL DESALOJO, de mi persona DÉBORA RODRÍGUEZ BEJARANO, violentando el debido proceso y las leyes de competencia para conocer ciertos casos y que fijo edicto N° 1010-12, fechado dieciocho(18) de octubre de 2012, para notificar el contenido de la resolución emitida por el despacho de la alcaldía, dentro del proceso administrativo de lanzamiento por intruso, lo cual permite ser ventilado a través de la extraordinaria acción de AMPARO DE GARANTIA CONSTITUCIONALES. Lo anterior debe ser así, pues, para nuestras leyes de procedimiento dicha notificación por edicto viola de manera directa la garantía del debido proceso legal que recoge el artículo 32 de la Constitución Nacional, por cuanto la aludida resolución administrativa debió ser notificada personalmente. TERCERO: Que nuestra pretensión de es de solicitar la NULIDAD ABSOLUTA de todo lo actuado por el señor ALCALDE LICENCIADO MANOLITH SAMANIEGO en la RESOLUCION N° 139-12, DEL DIESISIETE (17) DE SEPTEIMBRE DE DOS MIL DOCE (2012) y DECRETA EL DESALOJO por violación al debido proceso, detallamos los siguientes puntos, que 1. Que no se me notifico personalmente. 2. Que presente titulo explicativo de dicha propiedad, lo cual no se tomo en cuenta, que no quisimos dejar la original por temor a que se extraviara, pero fue cotejada con su original, misma que se hecho en cada instancia que mencionamos en líneas anteriores. Que consideramos, en atención a todo lo anterior expuesto, que la decisión del SEÑOR ALCALDE LICENCIADO MANOLITH SAMANIEGO, mediante la RESOLUCION N° 139-12, DEL DIESISIETE (17) DE SEPTEIMBRE DE DOS MIL DOCE (2012) y DECRETA EL DESALOJO, de la señora DEBORA RODRIGUEZ BEJARANO, y que FIJO EDICTO N° 1010-12, FECHADO DIECIOCHO(18) DE OCTUBRE DE 2012, para notificar el contenido de la resolución emitida por el despacho de la alcaldía, dentro del proceso administrativo de lanzamiento por intruso, viola el debido proceso legal, en concordancia con el artículo 32 de la Constitución Nacional por lo que procede la NULIDAD ABSOLUTA de todo lo actuado y la REVOCATORIA en todas sus partes de la RESLUCION N° 139-12, DEL DIESISIETE (17) DE SEPTEIMBRE DE DOS MIL DOCE (2012), emitida por el señor alcalde. De igual manera dicha violación del procedimiento infringe lo normado en LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos y ratificado por la Republica de Panamá mediante Ley No. 15 de 28 de octubre de 1977), en su Capitulo II, DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS en su articulo No. 8 y 25. Articulo No. 8: GARANTIAS JUDICIALES: 1. Toda persona tienen derecho a ser oída, con las debida garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley, en la sustanciación de cualquiera acusación formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal, o de cualquier otro carácter. a. b. ————————————- c. comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; d. concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; e. derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; f. derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; Articulo No. 25 Protección Judicial: 1. Toda persona tienen derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo antes los jueces o tribunales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la Presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicios de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y b. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Con relación a los principios rectores que rigen el debido proceso, el cual debe regir en todas las actuaciones judiciales, nuestra normativa jurídica es bien clara, su inobservancia lleva a la nulidad de los procesos, a este respecto señalamos lo siguiente: La Constitución Nacional en su Articulo No. 32, señala lo siguiente: Articulo No. 32: Nadie podrá ser juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria. El Artículo 1944 del Código Judicial señala lo siguiente: Articulo No. 1944: Nadie podrá ser juzgado, sino por Tribunal competente, previamente establecido, conforme al trámite legal, y con plena garantía de su defensa. Por otra parte, el Articulo No. 1950 del Código Judicial, de la misma excerta legal antes citada, que complementa la anterior, y que debe ser interpretada en forma extensiva y por ello, más abarcadora, estima lo siguiente: Artículo 1950: Los procesos que se sigan en contravención a lo dispuesto en los artículos precedentes son nulos y los que hayan actuado en ellos como jueces o funcionarios de instrucción serán responsables en todo caso, civil y criminalmente, por los daños o los perjuicios que resultaren del proceso ilegal. En fallo de 28 de 1981, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia señalo: “La Constitución consagra, como hemos dicho la garantía del Debido Proceso, que impone y orienta todo el derecho procesal objetivo panameño. Pero es menester, entonces determinar que debe entenderse por el Debido Proceso. En el aspecto puramente procesal, La Corte ha señalado que se desnaturaliza el proceso cuando, por errores jurídicos se aparte de su finalidad y desconoce los principios que gobiernan el actual procesal. Mas concretamente, ha señalado la necesidad del emplazamiento, la oportunidad de audiencia, la oportunidad de prueba y la motivación de la sentencia conclusiva, con valoración no solo del derecho sustancial aplicado; sino también de la prueba producida.” De igual manera en este proceso se ha inobservado un principio fundamental, como es el de la Obligatoriedad del Procedimiento: La Ley establece expresamente cual es y como se desarrolla el procedimiento, es decir como debe ser la actuación judicial para cada parte en el proceso, y advertimos que no se ha seguido el tramite establecido en nuestra normativa legal, sin haber cumplido previamente los procedimientos legales establecidos en materia de pruebas como señala la Ley. El principio del debido proceso legal. El debido proceso, como garantía de orden constitucional está contenida en el artículo 32 de la Constitución Nacional que textualmente dice: “Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria” Este principio universal consagrado en casi todas las legislaciones donde los hombres y las mujeres son el fin primordial del Estado, constituye un verdadero derecho fundamental de carácter instrumental, que supone el respeto y cumplimiento por parte de las autoridades que ejercen la función de administrar justicia, del fiel cumplimiento de las formalidades previstas en el ordenamiento jurídico. Su fin primordial es el respeto a los derechos de los ciudadanos -sean nacionales o extranjeros-y evitar que se vulneren sus garantías procésales. Teniendo en cuenta este marco de referencia, se hará énfasis en el derecho que tiene toda persona de ser juzgada conforme a los trámites legales, lo que se traduce en la obligación del juzgador de acatar las reglas procedimentales previamente establecidas por la Ley para la tramitación de los diferentes negocios. Y es que así lo ha dejando sentado la Corte Suprema de Justicia en repetidas ocasiones, como se desprende, entre otros, del fallo de 30 de mayo de 1996 bajo la ponencia de la Mag. Mirtza A. Franceschi de Aguilera, al indicar lo siguiente: ” …. Esta garantía parte del supuesto de que el ordenamiento jurídico se ha encargado de regular el procedimiento o la actuación que deben seguir las autoridades en la tramitación de los distintos negocios. La regulación o existencia previa de las normas procedimentales constituyen en si misma una garantía para todos los asociados, la cual se vulnera en los momentos en que las autoridades públicas dejan de aplicar dichas normas o aplican un trámite distinto al que las mismas preven….” (Registro Judicial de mayo de 1996, pág. 150). Nuevamente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 8 de agosto de 1997, bajo la ponencia de la Mag. Maritza de Aguilera, señaló lo siguiente: “…En otras oportunidades, el Pleno se ha referido a la garantía constitucional del debido proceso indicando, que la misma se viola cuando se pretermiten o desconocen trámites esenciales del procedimiento (como el traslado de la demanda, la presentación de pruebas sobre los hechos de la demanda, la impugnación de las resoluciones judiciales, en los casos previstos por la ley, entre otros), de modo que se impida con aquella conducta a una o a ambas partes, el pleno ejercicio de su defensa o se le coloque en estado de indefensión (Cfr Sentencias del 29 de marzo y 13 de septiembre de 1996). Puede afirmarse, en consecuencia, que el derecho a ser juzgado conforme a los trámites legales al que nos venimos refiriendo, involucra un sinnúmero de elementos o aspectos cuya plena observancia es fundamental para garantizar a las partes la activa defensa de sus derechos. A algunos de estos elementos se refiere el doctor Arturo Hoyos cuando expresa que la garantía constitucional del debido proceso es una “institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oído por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y contradecir las aportadas por la contra parte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y conforme a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos” (Hoyos, Arturo. El Debido Proceso. Editorial Temis, Santa Fe de Bogota. 1996. pág. 54). En síntesis, el juzgamiento “conforme a los trámites legales”, consignado en el artículo 32 constitucional, significa que corresponde a la Ley establecer los trámites del proceso al cual debe ajustarse el juez y las partes en la sustanciación de los distintos juicios…”. En un pronunciamiento más reciente de la Corte Suprema de Justicia, calendado 7 de febrero de 2003, esta vez bajo la ponencia del Mag. Winston Spadafora, se expone: “Los razonamientos expuestos llevan al Pleno a expresar que la situación analizada, lejos de ser un problema de orden legal, como sostiene el Procurador General de la Nación, tiene en verdad rango constitucional, pues, precisamente , lo que se tiende a proteger a través de la llamada “garantía fundamental del debido proceso”, es que los funcionarios públicos observen cabalmente los procedimientos estatuidos en las leyes y en los reglamentos para la atención de los asuntos de la Administración Pública. En otras palabras, la garantía del debido proceso, no se encuadra o restringe al puro texto del precepto constitucional que la contiene, sino que se ve complementada con numerosas disposiciones de orden legal y reglamentario, que normalmente señalan trámites o procedimientos, que no sólo constituyen el marco de acción de la administración pública, sino que, además se traducen en verdaderas garantías a favor de los particulares frente a la Administración. Este razonamiento lo corrobora tanto el precepto constitucional que consagra la garantía del debido proceso (cuando señala que nadie puede ser juzgado sino por autoridad competente y “conforme a los trámites legales”, es decir, de acuerdo con los trámites establecidos previamente en la ley, como la jurisprudencia del P https://polldaddy.com/js/rating/rating.js

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