Ampliación del Canal cuesta $ 100 millones por mes

Las obras de la ampliación del Canal de Panamá continúan, a bajo ritmo, tras vencer el plazo del preaviso que el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) dio para paralizar los trabajos. 

El consorcio liderado por Sacyr aún espera encontrar soluciones en las próximas semanas para acabar las obras y ofrece cofinanciar los sobrecostes, cifrados en unos 1.200 millones. 

Pero Panamá opina bien diferente a los contratistas de Grupo Unidos por el Canal (GUPC). La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha pedido a Sacyr y a sus socios la devolución inmediata de US$780 millones, lo que hace inviable que el consorcio pueda continuar con los trabajos.

GUPC contraatacó ‘filtrando’ un documento confidencial de la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés), órgano panameño mediador entre las partes, que advierte que, en caso de ruptura del contrato, las obras no acabarían en 2015, tal como está previsto, sino entre 2018 y 2020.

La DAB admite que el problema de falta de financiación es real y no una coacción del contratista para lograr beneficios extra. No obstante, la DAB dio la razón a Panamá, por 2 votos a 1, en el asunto de los sobrecostes en la construcción de la ataguía o presa provisional. 

La DAB aconseja la inyección de liquidez necesaria para evitar retrasos y más costes.

Precisamente, GUPC alertó en un comunicado de que la falta de un acuerdo sobre la financiación se traducirá en que “las obras no terminarán en los plazos previstos y supondrá un grave retraso, con perjuicio para todas las partes”.

«Las obras, que tienen un coste de más de 100 millones de dólares por mes, hoy cuentan con un avance de casi el 70% y técnicamente nada impide que se pueda alcanzar el cronograma presentado. Sólo hay una cosa que puede afectar al proyecto: la difícil situación financiera en la que se encuentra a causa de los costes imprevistos que se han generado, y la consiguiente solicitud del reconocimiento económico de los mismos incurridos en la obra y presentados por GUPC», afirmó el comunicado del consorcio contratista.

Contraataque

La ACP no ha desestimado el reclamo global de US$1.600 millones que hace GUPC pero antes exige el reembolso de unos adelantos que les concedió por contrato: US$600 millones correspondientes a 2 líneas de financiación denominadas Mobilization Security y Plant Security, y US$180,5 millones adicionales justificados por el incremento de los precios del acero y otros proveedores. 

Según la ACP, estas cantidades deberían haber sido devueltas en 2013, pero Sacyr e Impregilo, al comprobar el aumento de los sobrecostes, le pidieron 1 año de prórroga por los problemas de tesorería. Ese plazo vence ahora y Panamá los ha instado a reponer estos adelantos.

GUPC se ha negado a la devolución (lo que es un grave problema futuro si hay litigio), y les ha solicitado a las autoridades del Gobierno panameño reintegrar los préstamos al final, cuando finalicen las obras, en junio de 2015, y a medida que el tribunal de arbitraje se pronuncie sobre las reclamaciones del consorcio. 

Ahora tendrá que votar la DAB.

Cofinanciar los costes

El consorcio explica que los fondos extraordinarios que aportase la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) estarían protegidos hasta que los árbitros decidiesen quién debe cargar con los sobrecostes, pues cuentan con las garantías bancarias y de las aseguradoras. 

GUPC subraya que los sobrecostes están documentados y verificados por la ACP: “No hay discusión sobre la existencia de estos costes imprevistos, lo único que se discute es quién los tiene que pagar, si el contratista o el cliente”, sostuvo el comunicado del consorcio, que dice que «está unido y siempre ha tomado decisiones unitarias», saliendo al paso de las informaciones sobre las diferencias entre sus miembros: Sacyr, de España; Salini?Impregilo, de Italia; Jan De Nul, de Bélgica, y Constructora Urbana SA (CUSA), de Panamá.

Fuente: http://www.cafecon.info/ver/619410