Canal de Panamá: Ruptura de negociaciones entre GUPC y ACP sobre conflicto por sobre-costos de más de $ 1,600 millones

Ruptura de negociaciones entre GUPC y ACP sobre conflicto por sobre-costo de más de $ 1,600 millones

AFP – 2014-02-05 — 6:39:00 AM — Las negociaciones para financiar la ampliación del Canal de Panamá, calculada en 1.600 millones de dólares, se rompieron informó la empresa española Sacyr, que lidera el consorcio Grupo Unidos por el Canal y advirtió sobre el peligro de que se pierdan 10.000 empleos.

Cien años después de su inauguración, este canal, por el que navega el 5% del comercio marítimo mundial, tiene difícil terminar su tercero juego de esclusas de aquí a 2015 como estaba inicialmente previsto, debido a la lentitud con que avanzan las obras desde hace semanas a la espera de una solución al conflicto.

Esclusas de Miraflores en el sector Pacífico (1978). Foto: http://www.panoramio.com

Una solución que debería haber llegado el martes, fecha límite para las negociaciones entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el Grupo Unidos por el Canal (GUPC), un consorcio internacional encargado de las obras y liderado por el español Sacyr.Sin embargo, este último comunicó este miércoles la sorpresiva ruptura de las negociaciones, pese a que el lunes, el presidente del país, Ricardo Martinelli había afirmado que las partes estaban «cerca» de llegar a un acuerdo.

Las acciones de Sacyr en la Bolsa de Madrid, que el martes subían como la espuma ante la expectativa de un acuerdo, caían este miércoles un 7,04% a 3,604 euros a las 9h40 GMT, en un mercado en alza del 0,72%.

La empresa española asegura que el consorcio «sigue buscando una solución de financiamiento para terminar el proyecto y las obras en 2015», pero el tono de su comunicado, en el que atribuye el fracaso de las negociaciones a la ACP es especialmente duro.

«La ruptura de las negociaciones pone la expansión del Canal de Panamá y hasta 10.000 puestos de trabajo en riesgo inminente», afirma Sacyr, que añade que «la atención del mundo entero se centra en Panamá y su capacidad para completar el proyecto del Canal».

«Sin una solución inmediata, Panamá y ACP enfrentarán años de disputas ante los tribunales nacionales e internacionales sobre los pasos que han llevado el proyecto al borde del fracaso», advirtió el grupo español.

Estos «años de litigios y arbitraje en las jurisdicciones de todo el mundo dejará una sombra continua sobre ACP y el Canal de Panamá».En el corazón del conflicto figura una factura mucho más cara de lo previsto inicialmente.

El consorcio reclama 1.600 millones de dólares (1.200 millones de euros) más para cubrir los sobrecostes.Tal cantidad «es una carga de tal magnitud que ningún contratista o empresa privada puede soportarla por sí misma», asegura GUPC, que integran también la italiana Salini-Impregilo, la belga Jan De Nul y la panameña Constructora Urbana.

El consorcio ya había amenazado a finales de diciembre con suspender los trabajos en tres semanas en caso de que no se pagara esa cantidad, que supone la mitad del contrato inicial fijado en 3.200 millones de dólares.

Este sobrecosto se debe, según el GUPC, a «condiciones geológicas imprevistas». El grupo de empresas propone compartir «la carga del financiamiento hasta la terminación del proyecto a través de un co-financiamiento 50%-50%» y después «un tribunal internacional de arbitraje decidirá quién se hace responsable de los sobrecostos adicionales y quién debe pagar por ellos».

«Es injusto e imposible para ACP y Panamá esperar que las empresas privadas financien por sí mismas 1.600 millones en costos en un proyecto que debería ser financiado en su totalidad por la ACP», afirma el consorcio.

La obra, que el grupo asegura haber concluido en un 70%, acumula un retraso de nueve meses, sin contar los reveses de estas últimas semanas. Los constructores citan una estimación de la aseguradora Zurich, que calcula que el retraso para la conclusión del proyecto sería de entre tres y cinco años si no hay acuerdo.

El canal de Panamá, de 80 km, fue inaugurado en 1914 y devuelto por Estados Unidos a Panamá en 1999. Su ampliación, que pasa por excavar una tercera vía de agua, ensanchar las vías de acceso, elevar el nivel del lago Gatún, la profundización del canal y la construcción de nuevas esclusas en tres niveles, permitirá el paso de buques de más de 12.000 contenedores, tres veces mayor de lo que admite actualmente.

Ampliación del Canal cuesta $ 100 millones por mes

Las obras de la ampliación del Canal de Panamá continúan, a bajo ritmo, tras vencer el plazo del preaviso que el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) dio para paralizar los trabajos. 

El consorcio liderado por Sacyr aún espera encontrar soluciones en las próximas semanas para acabar las obras y ofrece cofinanciar los sobrecostes, cifrados en unos 1.200 millones. 

Pero Panamá opina bien diferente a los contratistas de Grupo Unidos por el Canal (GUPC). La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha pedido a Sacyr y a sus socios la devolución inmediata de US$780 millones, lo que hace inviable que el consorcio pueda continuar con los trabajos.

GUPC contraatacó ‘filtrando’ un documento confidencial de la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés), órgano panameño mediador entre las partes, que advierte que, en caso de ruptura del contrato, las obras no acabarían en 2015, tal como está previsto, sino entre 2018 y 2020.

La DAB admite que el problema de falta de financiación es real y no una coacción del contratista para lograr beneficios extra. No obstante, la DAB dio la razón a Panamá, por 2 votos a 1, en el asunto de los sobrecostes en la construcción de la ataguía o presa provisional. 

La DAB aconseja la inyección de liquidez necesaria para evitar retrasos y más costes.

Precisamente, GUPC alertó en un comunicado de que la falta de un acuerdo sobre la financiación se traducirá en que “las obras no terminarán en los plazos previstos y supondrá un grave retraso, con perjuicio para todas las partes”.

«Las obras, que tienen un coste de más de 100 millones de dólares por mes, hoy cuentan con un avance de casi el 70% y técnicamente nada impide que se pueda alcanzar el cronograma presentado. Sólo hay una cosa que puede afectar al proyecto: la difícil situación financiera en la que se encuentra a causa de los costes imprevistos que se han generado, y la consiguiente solicitud del reconocimiento económico de los mismos incurridos en la obra y presentados por GUPC», afirmó el comunicado del consorcio contratista.

Contraataque

La ACP no ha desestimado el reclamo global de US$1.600 millones que hace GUPC pero antes exige el reembolso de unos adelantos que les concedió por contrato: US$600 millones correspondientes a 2 líneas de financiación denominadas Mobilization Security y Plant Security, y US$180,5 millones adicionales justificados por el incremento de los precios del acero y otros proveedores. 

Según la ACP, estas cantidades deberían haber sido devueltas en 2013, pero Sacyr e Impregilo, al comprobar el aumento de los sobrecostes, le pidieron 1 año de prórroga por los problemas de tesorería. Ese plazo vence ahora y Panamá los ha instado a reponer estos adelantos.

GUPC se ha negado a la devolución (lo que es un grave problema futuro si hay litigio), y les ha solicitado a las autoridades del Gobierno panameño reintegrar los préstamos al final, cuando finalicen las obras, en junio de 2015, y a medida que el tribunal de arbitraje se pronuncie sobre las reclamaciones del consorcio. 

Ahora tendrá que votar la DAB.

Cofinanciar los costes

El consorcio explica que los fondos extraordinarios que aportase la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) estarían protegidos hasta que los árbitros decidiesen quién debe cargar con los sobrecostes, pues cuentan con las garantías bancarias y de las aseguradoras. 

GUPC subraya que los sobrecostes están documentados y verificados por la ACP: “No hay discusión sobre la existencia de estos costes imprevistos, lo único que se discute es quién los tiene que pagar, si el contratista o el cliente”, sostuvo el comunicado del consorcio, que dice que «está unido y siempre ha tomado decisiones unitarias», saliendo al paso de las informaciones sobre las diferencias entre sus miembros: Sacyr, de España; Salini?Impregilo, de Italia; Jan De Nul, de Bélgica, y Constructora Urbana SA (CUSA), de Panamá.

Fuente: http://www.cafecon.info/ver/619410

Ampliación del Canal puede atrasarse entre 3 y 5 años

 

CONFLICTO EN PANAMÁ

El Canal de Panamá se juega entre tres y cinco años de retraso por el conflicto

La ruptura demoraría la obra hasta 2018 o 2020, según la junta de disputas

El órgano arbitral cree que hay costes extra y aboga por más financiación

El consorcio de Sacyr ofrece cofinanciar los sobrecostes para cumplir el contrato

 

Miguel Jiménez Madrid

21 ENE 2014 – 

El País

Las obras de la ampliación del Canal de Panamá continuaron ayer a bajo ritmo, tras vencer el plazo del preaviso que el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) dio para paralizar los trabajos. El consorcio liderado por Sacyr aún espera encontrar soluciones en las próximas semanas para acabar las obras y ofrece cofinanciar los sobrecostes, cifrados en unos 1.200 millones. La alternativa sería más lenta y cara. Un documento confidencial de la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés), el órgano panameño mediador entre las partes, advierte de que, en caso de ruptura del contrato, las obras no se acabarían en 2015, como está previsto, sino más probablemente entre 2018 y 2020, según fuentes de dicho órgano.

Dicho órgano admite que el problema de falta de financiación es real y no una especie de coacción del contratista para lograr beneficios extra. No obstante, esa junta dio la razón a Panamá por dos votos a uno en el primero de los grandes asuntos en disputa, los sobrecostes en la construcción de la ataguía o presa provisional. La DAB, un órgano previsto en el contrato para dirimir las reclamaciones a modo de árbitro, considera que la continuación de los trabajos por parte del consorcio es la alternativa más económica para continuar con las obras y aboga por la inyección de liquidez necesaria para evitar retrasos y más costes.

Las esclusas en construcción en el lado Pacífico con fotos de julio de 2013 que el avance de obras puede estar sobre-estimado a la realidad.

Precisamente, GUPC alertó anoche en un comunicado de que la falta de un acuerdo sobre la financiación se traducirá en que “las obras no terminarán en los plazos previstos y supondrá un grave retraso, con perjuicio para todas las partes”. En cambio, un acuerdo permitiría finalizar la obra en 2015, «lo que supondría una inmediata generación de riqueza para todos los panameños y aportaría significativos beneficios a todos los que, confiando en la Ampliación del Canal en el plazo previsto, hayan efectuado ya inversiones relevantes», según la nota.

La aseguradora ve prematuro pagar la fianza y apuesta por la mediación

La amenaza de paralización se converte de alguna manera en amenaza de retrasos: «Las obras, que tienen un coste de más de 100 millones de dólares por mes, hoy cuentan con un avance de casi el 70% y técnicamente nada impide que se pueda alcanzar el cronograma presentado. Sólo hay una cosa que puede afectar al proyecto: la difícil situación financiera en la que se encuentra a causa de los costes imprevistos que se han generado, y la consiguiente solicitud del reconocimiento económico de los mismos incurridos en la obra y presentados por GUPC», dice el consorcio.

Cofinanciar los costes

Aunque se han tanteado varias alternativas, finalmente lo que ofreció ayer el consorcio tras una reunión de su consejo de administración es cofinanciar los costes imprevistos para cumplir con el contrato actual dentro del calendario previsto. “GUPC (…) no está pidiendo beneficios extra, solo el cofinanciamiento mientras espera la decisión sobre los mismos del arbitraje internacional”, aunque sin detallar con qué parte de esa cofinanciación correría cada parte.

El consorcio sigue con las obras a bajo ritmo en espera de una solución

El consorcio explica que los fondos que aportase la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) estarían protegidos hasta que los árbitros decidiesen quién debe cargar con los sobrecostes, pues cuentan con las garantías bancarias y de las aseguradoras. GUPC subraya que los sobrecostes están documentados y verificados por la ACP: “No hay discusión sobre la existencia de estos costes imprevistos, lo único que se discute es quién los tiene que pagar, si el contratista o el cliente”, señala en su nota el consorcio, que dice que «está unido y siempre ha tomado decisiones unitarias». Trata de salir al paso así de las informaciones sobre las diferencias entre sus miembros: Sacyr, de España; Salini‐Impregilo, de Italia; Jan De Nul, de Bélgica, y Constructora Urbana SA (CUSA), de Panamá.

El consorcio y el Canal ya negociaron un acuerdo en diciembre bajo la mediación de la aseguradora Zurich, que concluía que GUPC era la opción más barata y más eficiente para completar la obra, un punto que aceptaban ambas partes. El preacuerdo, que al final la ACP rechazó cuando en el consorcio creían que estaba casi cerrado, preveía desembolsos del Canal a modo de adelanto condicionado a lo que la DAB o el arbitraje internacional decidiese sobre las reclamaciones. La negativa de la ACP a firmar el pacto provocó el preaviso de suspensión, según fuentes conocedoras del conflicto. Ahora, GUPC “prorroga el preaviso” sin fecha.

La postura de la aseguradora

Tras el fracaso del intento de mediación de diciembre y el estallido del conflicto, Zurich volvió a dirigirse a Jorge Quijano, administrador del Canal, para subrayarle que caben vías dentro del contrato para que la ACP financie las obras pendientes. Zurich cree improductivo enzarzarse en una batalla legal y aboga por un pacto.

La aseguradora debe hacer frente inicialmente al pago de la fianza en caso de incumplimiento por parte del contratista, aunque a su vez ha reasegurado ese riesgo con firmas nacionales de seguros a la exportación (Cesce, en la parte que corresponde a Sacyr).

Por ahora, Zurich ve prematuro plantearse el pago del aval. Esa fianza es parte del dinero con que contaba el Canal para financiar las obras en caso de ruptura con el consorcio. Zurich, sin embargo, considera que hay demasiados flecos jurídicos abiertos y que para resolverlos haría falta esperar al arbitraje.

Por ello, al igual que la DAB, la aseguradora considera que lo mejor sería una solución negociada. En su análisis de la situación, los expertos de Zurich desmontaban los argumentos de la ACP según los cuales no hay mecanismos dentro del contrato que permitan al Canal financiar las obras sin esperar a un arbitraje.

Zurich considera que cabe un acuerdo entre las partes para cerrar algunas reclamaciones y recuerda que las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) por las que se regirían los arbitrajes contemplan la mediación como alternativa previa. Además, hay reclamaciones que están en primera instancia, sobre las que el Canal tiene plena capacidad de disposición, sin necesidad de remitirlos ni a la DAB ni al arbitraje internacional, que son la segunda y tercera instancia. Un acuerdo completo o parcial sobre esas reclamaciones en una negociación de buena fe permitiría un respiro financiero para continuar con las obras. Además, la aseguradora tampoco ve obstáculos legales para que la ACP adelante financiación para el Canal cuya liquidación final esté sujeta a los mecanismos de resolución de las disputas, como ahora propone el consorcio. Zurich se lamenta de la intransigencia de la ACP para aceptar propuestas que permitan desbloquear el conflicto.

Por ahora, la postura de la española Sacyr, como líder del consorcio, pasa por tratar de acortar la resolución de conflictos, resolver bilateralmente algunas reclamaciones pequeñas, sondear alternativas de financiación (fondos europeos, banca local, aportaciones de los socios…) y esperar que la ACP flexibilice algo su posición, de modo que facilite financiación aunque el ajuste de cuentas quede pospuesto a la resolución de los conflictos.

«La ampliación del Canal de Panamá es una obra estratégica tanto para la economía como para la seguridad mundial. Todo el tráfico marítimo global espera con impaciencia la finalización de este proyecto que permitirá a los barcos atravesar por el nuevo canal ampliado en 2015», decía ayer el consorcio en su nota. El margen para negociar es de días o semanas. Sin acuerdo, la ampliación del Canal de Panamá puede retrasarse meses o años.

GUPC quieren $ 1.380.000.000 adicionales al contrato de Ampliación del Canal

TERCER JUEGO DE ESCLUSAS

Confirman las presiones de GUPC

DEIVIS CERRUD

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El administrador de la ACP expone que el contratista debe ceñirse al contrato. Las reclamaciones existen. La obra avanza

ADMINISTRADOR. Estuvo ayer en una actividad en Gamboa. Foto: Adriano Duff | La Estrella

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2013-12-12 — 12:00:00 AM — PAMAMÁ. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) no lo esconde. El consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) —que construye el tercer juego de esclusas— quiere más plata para terminar el megaproyecto.Las reclamaciones son de $580 millones y ahora $800 millones más para terminar la obra en junio de 2015.El consorcio no ha sustentado los montos y busca llegar a acuerdos, fuera del contrato firmado con la ACP.

La entidad tiene su plan a mano: el dinero de la aseguradora Zurich American Insurance Company.

La fianza de desempeño es por $400 millones y la de pago, por $50 millones, además $150 millones adicionales.

De haber un abandono de la constructora por falta de liquidez, en el peor de los escenarios, Jorge Luis Quijano, administrador de la vía interoceánica, continuaría el proyecto con los $600 millones de la fianza.

‘Estamos bien respaldados con esa afianzadora para seguir adelante con este proyecto si tuviera algunas dificultades’, expresa.

Hasta el momento han pagado por la obra solamente $2 mil millones.

PRESIÓN

Tal como publicó La Estrella, el consorcio canalero ha estado presionando para renegociar el contrato original de $3,200 millones y lograr sumarlos a sus arcas con el pretexto de tener ‘‘gastos adicionales’’ por la ejecución de la obra.

‘Ellos tienen aspiraciones a unos números astronómicos, que nosotros definitivamente no hemos podido validar en lo absoluto’.

Las cifras no están relacionadas a los rubros de acero estructural, acero de refuerzo, diesel o cemento.

El ingeniero Quijano, en una entrevista televisiva el martes en la noche y ayer en Gamboa —en un acto para enaltecer el dragado clave de la navegación— desnudó las intenciones de GUPC.

‘Ahora mismo están tratando de forzarnos el brazo. . . este es un forcejeo mayor’.

Ante esa coyuntura, los remiten a un reclamo a través del proceso que contempla el contrato de 3 pasos: ir al oficial de contrataciones y poner el reclamo, luego a una junta de resolución de disputas y a un arbitraje en Miami. Esa postura, según Quijano, fue tomada por la administración general y la Junta Directiva.

‘Nos vamos a quedar en el contrato y vamos a defender cada real de los panameños ante cualquier contratista’.

Quijano refuerza su postura: ‘nosotros no les hemos pedido que hagan las esclusas más grandes, ni que las hagan más largas, ni que les añadan más muro’.

El administrador confía en que el consorcio termine el proyecto, incluso revisó que Sacyr Vallehermoso, la principal firma, subió 10. 5% en la bolsa de valores de España, mientras que Impregilo de Italia, 36%.

‘No son empresas que no tienen capacidad’.

Cómo avanza la ampliación del Canal de Panamá? Es incógnito

PREOCUPACIÓN EN MEGAPROYECTO

Despidos e incógnitas en el tercer juego de esclusas

ALEXIS CHARRIS PALACIOS

acharris@laestrella.com.pa

¿Grupo Unidos por el Canal pretende renegociar el contrato con la ACP? Expertos advierten que el consorcio no tiene excusas para modificar el trato. Trabajadores denuncian ola de despidos masivos

CIFRAS. Las esclusas utilizarán unos 4 millones cúbicos de concreto en su construcción. El contrato con GUPC es por $3,200 millones. Foto: Adriano Duff | La Estrella

OBRAS. Jorge Luis Quijano, administrador de la ACP, asegura que el proyecto lleva un 70% de avance. Foto: Albín García | El Siglo

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2013-12-10 — 12:00:00 AM — PANAMÁ. Es la obra más importante en infraestructura en la región. El proyecto más significativo para el país en un siglo. La ampliación del Canal de Panamá, uno de los pilares del extraordinario crecimiento económico que experimenta el país, podría estar atravesando una hora incierta.El Consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC) intentaría renegociar los términos del contrato para la construcción del tercer juego de esclusas. Sus razones no están claras y hasta ahora solo se cuenta con evidencias y versiones extraoficiales.Las autoridades panameñas y las del Canal, inclusive, guardan silencio.

‘Ese trabajo está crudito’

Arcenio Gonzáles, un albañil calificado despedido recientemente junto a otro centenar de trabajadores

LA TORMENTA

Vientos repentinos han traído oscuros nubarrones que advierten un feroz temporal en el megaproyecto.

El Grupo Unidos por el Canal (GUPC) lo conforman la española Sacyr Vallehermoso como líder, Impregilo de Italia adquirida por la firma Salini, Jan de Nul de Bélgica y la local CUSA, (Constructora Urbana, S. A. ).

Las cuatro son responsable de poner en concreto y hierro el sueño de un tercer juego de esclusas. Pero han tenido tropiezos desde el principio.

Tres huelgas empezaron a mermar su impulso, luego una diferencia con la Autoridad del Canal (ACP) por la calidad del concreto con que pretendían armar las paredes y la estructura de las esclusas y otros daños como el clima y dificultades con el manejo de los suelos dejaron su huella en la resistencia de las empresas del consorcio.

Las más afectadas fueron las europeas. Entre ellas Sacyr Vallehermoso parece llevar la peor parte.

Las versiones aseguran que a la fecha Sacyr simplemente se quedó sin dinero. Algo que cobra mucho sentido, si se toma en cuenta que cuando la empresa ibérica miró hacia esta región, en España la crisis económica entraba en su apogeo.

LAS PRUEBAS

La principal evidencia la vivieron un número significativo de trabajadores de GUPC, el sábado 7 de diciembre.

Sin mayores explicaciones, miles de trabajadores fueron cesados de sus puestos. ‘Intentaron aplicarnos el artículo 213’, explicó Arcenio González, un albañil calificado que se unió a las filas de GUPC el 26 de septiembre pasado; ‘pensaba cerrar el año ahí, hay bastante trabajo por hacer’, comenta.

El artículo 213 es el que permite los despidos por abandono del puesto de trabajo, ‘la gente se defendió’, dice González, y asegura que ya ellos se esperaban un final dramático.

La razón para estar prevenidos es simple. La del sábado fue la segunda ola de despidos. La anterior se registró hace aproximadamente un mes y entre ambos golpes crecieron los rumores y versiones acerca de las dificultades de Sacyr Vallehermoso.

Los signos de que algo no estaba bien se venían dando, ‘los buses que transportaban a los trabajadores fueron suspendidos’, dice González en referencia al servicio de transporte hasta Cocolí, donde se construye la obra.

Una construcción que, a juicio de González, no se podrá terminar en el tiempo estipulado y mucho menos con frecuentes olas de despidos.

‘Ese trabajo está crudito’, señala, y enumera: ‘Todas las obras de reparaciones hacen falta y las tinas no están hechas’. Se refiere a una serie de acabados y perfeccionamientos en los muros del tercer juego de esclusas: y a los gigantescos recipientes donde se almacenará el agua. González no tiene duda: ‘ahí hay trabajo para tres años’.

¿RENEGOCIACIÓN?

Ya incluso la fecha de la entrega del proyecto de ampliación se debió retrasar seis meses. En lugar de coincidir con el año del centenario de las operaciones del Canal en octubre de 2014, la inauguración de las nuevas esclusas sería en abril de 2015, anunció la ACP en agosto del 2012.

Además, GUPC recibió una buena noticia hace poco. La ACP tendrá que reconocerle 156 millones de dólares por aumentos en el diesel, el acero y gastos de planilla.

Sin embargo, no están conformes. Aseguran que han tenido otros ‘costos adicionales’, por 573 millones de dólares, que también reclaman a la ACP en la junta de resolución de conflictos. Una instancia que el propio contrato por $3,200 millones que se ganó GUPC, establece como herramienta para dirimir estas diferencias.

En total el consorcio donde Sacyr es una de las partes más importantes en el financiamiento, se habría llevado 729 millones de dólares más por la obra.

Pero de acuerdo con informes que obtuvo La Estrella, aún eso no es suficiente. GUPC parece doblar la apuesta y aspiran a replantear los términos del contrato.

‘¡No tienen excusa!’, dice Adolfo Quintero, expresidente del Colegio de Economistas. El catedrático universitario explica que la empresa ‘ya venía con problemas’ y al parecer aplicó la fórmula de montaña rusa: ofrecer un precio bajo, para ganar el contrato, que luego sube ‘con las adendas’.

Una estrategia que en este caso, según Quintero, no va a funcionar porque en los cálculos del proyecto los aumentos de costos se tomaron en cuenta. ‘La inflación se contempló con un cálculo amplio’, advierte, y sentencia: ‘No hay elementos’.

Para Quintero, al Estado no le queda otro camino que ‘exigirle a GUPC responsabilidades específicas a la empresa’.

Pero antes de que una renegociación sea viable, la ACP y el Estado deben actuar con total transparencia.

Pero qué piensa en GUPC de todo este panorama. ¿Por qué los despidos? ¿Cuáles son los costos adicionales que actualmente reclaman a la ACP? ¿Sacyr puede o no continuar en el proyecto. . . ?

La Estrella envió a GUPC algunas preguntas sobre este tema el martes 3 de diciembre; aunque son pocas, esas interrogantes aún esperan respuestas. . .

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