Panamá: 48/100 en uso sostenible de los recursos marinos

Panamá: 48/100 en uso sostenible de los recursos marinos

Burica Press – 16 de agosto de 2012.

Ha sido publicado ayer 15 de agosto de 2012 en la prestigiosa revista Nature el Índice de Salud de los Océanos, realizado por una veintena de investigadores, liderado por el profesor Benjamín Halpern del Centro Nacional de Análisis Ecológico y Síntesis y del Centro de Evaluación Marina y Planificación de la Universidad de California.

“Hemos creado un índice que consta de diez objetivos públicos diversos para una saludable relación acoplada entre el océano y los humanos y hemos calculado este índice para cada país costero” indicaron los autores en el resumen académico de dicha investigación.

Este índice establece puntos de referencia para el logro de los diez ampliamente aceptados objetivos sociales, ecológicos y económicos y le da puntuaciones a los océanos adyacentes a 171 países y territorios con relación a estos objetivos. Fuente: http://www.oceanhealthindex.org/Countries/Panama

Este índice establece puntos de referencia para el logro de los diez ampliamente aceptados objetivos sociales, ecológicos y económicos y le da puntuaciones a los océanos adyacentes a 171 países y territorios con relación a estos objetivos.

Un océano saludable es aquel que de manera sostenible puede ofrecer una gama de beneficios a la gente ahora y en el futuro, indica el estudio.

Evaluado a nivel mundial y por país, estos diez objetivos públicos representan la amplia gama de beneficios que un oceáno saludable proporciona. La puntuación global de cada país es el promedio de sus respectivos puntajes de los objetivos.

De acuerdo a los investigadores, autores del estudio, el índice proporciona una herramienta poderosa para aumentar la conciencia pública, la gestión directa de recursos, mejorar las políticas y dar prioridad a la investigación científica.

A nivel mundial, la puntuación del índice general fue de 60/100 (el rango fue de 36-86), con los países desarrollados, en general, con mejores resultados que los países en desarrollo, pero con notables excepciones. Sólo el 5% de los países obtuvieron calificaciones más altas de 70/100, mientras que el 32% obtuvieron calificaciones por debajo de 50/100, entre los cuales se encuentra Panamá y muchos otros países latinos. El puntaje promedio de Panamá es de 48/100.

Objetivos de desarrollo sostenible en Panamá

Puntaje basado en 100

1. Provisión de alimentos

7

2. Las oportunidades de pesca artesanal

87

3. Productos naturales

7

4. Almacenamiento de carbono

30

5. Protección costera

52

6. Medios de vida y economías costeras

100

7. Turismo y recreación

5

8. Sentido de lugar

49

9. Gestión de residuos

74

10.Biodiversidad

72

Indice para Panamá (48/100)

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Mapa regional del Índice de Salud de los Océanos. A nivel mundial, la puntuación del índice general fue de 60/100 (el rango fue de 36-86), con los países desarrollados, en general, con mejores resultados que los países en desarrollo. Sólo el 5% de los países obtuvieron calificaciones más altas de 70/100, mientras que el 32% obtuvieron calificaciones por debajo de 50/100, entre los cuales se encuentra Panamá y muchos otros países latinos. El puntaje promedio de Panamá es de 48/100.
Fuente: http://www.oceanhealthindex.org/Countries/

Puntos débiles de Panamá

Panamá tiene puntaje bajo (5/100) en el objetivo de “turismo y recreación” ya que se considera que no se se está utilizando debidamente este recurso en la prosperidad de las comunidades costeras a pesar de ser una industria en expansión en el mundo. Este objetivo evalúa la experiencia y el disfrute como turistas (nacionales y extranjeros) de las actividades costeras con costo y sin costos, tales como excursiones en barco, entradas a parques costeros y hoteles con vista al mar, o los días libres en la playa y caminatas por los senderos públicos. Este nivel de uso en Panamá está totalmente subdesarrollado. Este objetivo no evalúa los puestos de trabajo, salarios, y las economías relacionadas con el turismo y la recreación, ya que esto lo evalúa otro objetivo y se centra sólo en el número de turistas/días que permanecen ​​en la zona.

A pesar del alto potencial para desarrollar una industria turística fuerte, Panamá todavía marca deficiente en este rubro, al no haber políticas coherentes que incorporen la sostenibilidad en el paradigma de desarrollo de esta actividad. Foto: Burica Press en Isla Bastimentos, Bocas del Toro.

El segundo objetivo con bajo puntaje (7/100) en el objetivo de “productos naturales” lo que indica que no está utilizando el potencial para incrementar la producción sostenible de productos naturales, ya que no está haciendo suficiente esfuerzo para la eliminación de la explotación excesiva, ni está aumentando las cosechas marinas, o reduciendo las presiones que reducen las cosechas potenciales.

El tercer objetivo con bajo puntaje (7/100) es el de “provisión de alimentos”, y eso significa que la cantidad de recursos bióticos cosechados para el consumo humano no es sostenible. Un aprovechamiento sostenible significa que el recurso fue capturado o capturados de una manera renovable, dado el potencial productivo del ecosistema marino.

Puntos fuertes

En sentido opuesto tiene una excelente evaluación (100/100) en el objetivo de tener el océano como “medio de vida y economía costera”. Esta evaluación está mayormente influenciada por la economía ligada a las operaciones del Canal de Panamá, puertos y negocios afines, principalmente a nivel en la ciudad de Panamá y Colón.

Resultados globales de algunos de los parámetros evaluados.

“El océano desempeña un papel fundamental en el apoyo al bienestar humano, desde el suministro de alimentos, medios de vida y oportunidades de recreación hasta la regulación del clima global. La gestión sostenible destinado a mantener el flujo de una amplia gama de beneficios del mar requiere de un método integral y cuantitativos para medir y monitorear la salud de los seres humanos, junto al mar los sistemas”

Halpern et al. 2012.

La puntuación de cada meta u objetivo refleja el estado actual y su probable trayectoria futura (~ 5 años). La trayectoria futura incorpora la evolución de la situación para los últimos ~ 5 años, las presiones que afectan negativamente el impacto y las condiciones del océano y los factores de resiliencia que pueden mejorarlo.

Las puntuaciones más altas indican el logro más exitoso y sostenible de los objetivos. Las puntuaciones revelan lo que funciona y lo que necesita atención,y esta información que puede orientar las decisiones que pueden mejorar las condiciones de vida en los océanos y el bienestar de las personas a nivel global.

Comprendiendo el índice

El índice calcula las puntuaciones a partir de datos de línea de costa de cada país y las zonas económicas exclusivas (ZEE). ZEE se extienden hacia afuera 200 millas náuticas desde la costa.

Cada objetivo se evalúa sobre la base de cuatro dimensiones:

1- Estado actual es el valor actual de un objetivo (basado en los datos más recientes disponibles) en comparación con un punto de referencia.

2- La tendencia es el cambio porcentual promedio en el estado actual de los más recientes 5 años de datos.

3- Las presiones son la suma de las presiones ecológicas y sociales que afectan negativamente a las puntuaciones de un objetivo, y

4- la resiliencia es la suma de los factores ecológicos y las iniciativas sociales (políticas, leyes, etc) que pueden influir positivamente en las puntuaciones de un objetivo al reducir o eliminar las presiones.

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Ambientalistas defienden a Bahía de Panamá en la Corte

Grupos de la sociedad civil defienden a Bahía de Panamá en la Corte

Presentan argumentos en apoyo a una decisión del Estado Panameño en el caso de conservación del refugio de vida silvestre

Ciudad de Panamá, Panamá — Hoy, en el día internacional del manglar, dos organizaciones de la sociedad civil anunciaron su apoyo al Estado Panameño en el juicio iniciado por desarrolladores requiriendo la nulidad de la protección de la Bahía de Panamá. Las organizaciones, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), presentaron un documento legal de amicus curiae que contiene detalles sobre argumentos legales internacionales y nacionales en los cuales se sobrepone la protección legal establecida mediante Resolución expedida por la autoridad ambiental Panameña.

Los desarrolladores, Panama Bay Development y Compañía Lefevre, presentaron las demandas para promover la construcción y desarrollo de vastos complejos turísticos en la zona. El turismo extensivo en el área traerá impactos ambientales devastadores para este ecosistema sensible.

La costa de la Bahía de Panamá contiene miles de manglares pristinos, los cuales son sitios importantes de anidación para especies de las que depende la industria pesquera Panameña. Cada kilómetro de cubierta de manglar costero genera cerca de los $100,000 USD para el país anualmente.

Millones de aves utilizan la Bahía de Panamá como hábitat, especialmente en los meses de migración desde el norte (septiembre, octubre y noviembre).

Los manglares también ayudan a la protección de los efectos del cambio climático global a través del amortiguamiento de la costa de las tormentas tropicales cada vez más frecuentes y siendo ecosistema que secuestra carbono de la atmósfera en sus raíces. Un bosque de mangle puede secuestrar casi 50 veces más carbono que un bosque tropical del mismo tamaño, razón por la cual se hace una prioridad de conservación de manglares si los países quieren mitigar las catástrofes del cambio climático.

El área protegida de Bahía de Panamá tiene una extensión aproximada de 85,652 hectáreas, casi un tercio del Parque Nacional Coiba en Panamá. La Bahía de Panamá es uno de los sitios más biodiversos del mundo y es un hábitat esencial para las aves migratorias y especies amenazadas como jaguares y tortugas caguamas o amarillas.

“De frente a cada vez más tormentas tropicales devastadoras y ponderosas, derivadas del cambio climático, la destrucción de manglar es una de las peores decisiones que un país como Panamá podría hacer,” dijo Anna Cederstav, co-directora de AIDA.

En palabras de Sandra Moguel, asesora legal de AIDA en México, “El artículo cuarto de la Constitución de Panamá obliga a la observancia de las reglas de derecho internacional en el territorio, por lo que las obligaciones contraídas a través de la Convención Ramsar de Humedales de Importancia Prioritaria y la Convención de la Diversidad Biológica—ambas ratificadas por Panamá—deberán tomarse en consideración al decidir si se revierte la Resolución mediante la cual se crea el área protegida de Bahía de Panamá.”

“La creación o declaración de un área protegida en ningún momento constituye una expropiación. Lo que hace e proteger y garantizar el derecho al medio ambiente sano contenido en la Constitución Política Panameña,” dijo María Acuña, abogada del CIAM.

La Bahía de Panamá con 48,919 hectáreas fue incluida en la Lista de Humedales de Importancia Internacional de la Convención de Ramsar el 20 de octubre de 2003. En 2005 fue designada, en la categoría más alta, como “Sitio de Importancia Hemisférica” por la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras (48,919ha)39. En el año 2009 fue declarada oficialmente como un área protegida oficial del Estado Panameño con la Resolución ANAM-AG- 0072 -2009 y publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 26221 del 11 de febrero de 2009.

Los límites del Área Protegida Humedal Bahía de Panamá comprende los ambientes terrestres, fluviales, lacustres, estuarinos y marino costeros de la porción de la costa de la Bahía de Panamá entre Costa del Este, en la Ciudad de Panamá, distrito de Panamá, hasta el estero de la comunidad de Chimán en el distrito de Chimán en la Provincia de Panamá, colinda al norte con parte de los corregimientos de Parque Lefevre, Juan Díaz, Tocumen, Pacora, Chepo, Santa Cruz de Chinina, Pásiga, Unión Santeña y Chimán, al este con parte del corregimiento de Chimán, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con parte del corregimiento de Parque Lefevre; formando parte de los Distritos de Panamá, Chepo y Chimán, Provincia de Panamá.

La UNESCO solicita plan urgente de gestión del Parque Nacional Coiba

UNESCO: Urge plan de gestión del Parque Nacional Coiba

Burica Press – 16 de julio de 2011. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a través de su Comité de Patrimonio Mundial en su Decisión No. 35 COM 7B.33 de junio de 2011 ha lamentado que el plan de gestión para la Zona Especial de Protección Marina del Parque Nacional de Coiba y sus zona de amortiguamiento, aún no se ha finalizado ni se ha aprobado, como ya lo había solicitado el Comité del Patrimonio Mundial en la Decisión 33 COM 7B.38, y considera que la falta de capacidad de manejo del área protegida, si no se toman medidas adecuadas, podría representar una amenaza potencial al valor universal excepcional que posee dicho parque.

Coiba, Panama, Corredor Marino
La isla de Coiba, localizada al sur-oeste del Istmo de Panamá en el Golfo de Chiriquí, juega un papel vital como parte del Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical (CMAR) que enlaza cinco parques nacionales, comprendiendo isla del Coco en Costa Rica, Malpelo y Gorgona en Colombia y el archipiélago de Galápagos en Ecuador. Imagen: Google Earth

La UNESCO está solicitando a Panamá que desarrolle con urgencia el Plan de Manejo para la Zona Especial de Protección Marina, para llevar a cabo una evaluación independiente de la eficacia del manejo, con el fin de informar de la efectiva aplicación de los planes de gestión y regulación de la pesca tanto para el Parque Nacional de Coiba y su zona de protección especial.

Igualmente le está reiterando a Panamá a que desarrolle e implemente un desarrollo de las zonas costeras y las políticas de conservación a fin de garantizar que los impactos acumulativos del desarrollo en el valor universal excepcional de la propiedad se aborden con eficacia. Ellos han solicitado que dicha política de conservación se haga basada en una Evaluación Ambiental Estratégica del potencial de desarrollo de la zona costera.

Igualmente la UNESCO urge al Estado panameño a desarrollar el programa de erradicación del ganado salvaje de la isla de Coiba e insta a acatar las recomendaciones hechas por el Centro del Patrimonio Mundial y la UICN en el momento de la presentación del programa de erradicación de dichos animales ferales.

Para febrero de 2012, durante la 36ª reunión del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Panamá debe someter una declaración revisada retrospectiva de Valor Universal Excepcional, para la revisión por parte de la UICN y un informe sobre el estado de conservación de todo el Parque Nacional Coiba, donde muestre los avances que se han solicitado en las dos últimas reuniones de la UNESCO (2010 y 2011), incluyendo un informe sobre el manejo de las presiones para el aumento de la pesca.

Parque Nacional de Coiba y su zona especial de protección marina fue incluida por la UNESCO como Sitio de Patrimonio Mundial el 14 de julio de 2005, debido a las características únicas que presenta, como consecuencia de tantos años de aislamiento y por su importancia biológica. Coiba juega un papel vital como parte del Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical (CMAR) que enlaza cinco parques nacionales, comprendiendo isla del Coco en Costa Rica, Malpelo y Gorgona en Colombia y el archipiélago de Galápagos en Ecuador.

El Parque Nacional Coiba, en la costa sudoeste de Panamá, protege a la isla de Coiba y a otras 38 islas más pequeñas y las zonas marinas circundantes dentro del Golfo de Chiriquí. Biogeográficamente hablando el área esta protegida de los vientos fríos y los efectos de El Niño, tiene una excelente cobertura de bosque húmedo tropical y mantiene buenos niveles de endemismo de mamíferos, aves y plantas. También es el último refugio de un número de animales amenazados como el águila crestada. El parque es un majestuoso laboratorio natural para la investigación científica y proporciona un vínculo ecológico clave para el Pacífico Oriental Tropical para el paso y supervivencia de peces pelágicos y mamíferos marinos.
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VEA ADEMÁS

DECISIÓN 35 COM 7B.33 en su texto oficial (traducido)

32. Parque Nacional de Coiba y su zona especial de protección marina (Panamá)
N 1138 rev)
Decisión: 35 COM 7B.33 (junio de 2011)

El Comité del Patrimonio Mundial

1. Habiendo examinado el documento WHC-11/35.COM/7B,

2. Recordando la Decisión 33 COM 7B.38, aprobada en su 33ª reunión (Sevilla, 2009),

3. Lamenta que el plan de gestión para la Zona Especial de Protección Marina aún no se ha finalizado ni aprobado, como ya lo ha solicitado el Comité del Patrimonio Mundial en la Decisión 33 COM 7B.38, y considera que la falta de capacidad de manejo o gestión, si no se toman medidas, podría representar una amenaza potencial a su valor universal excepcional;

4. Solicita al Estado Parte a finalizar con urgencia el Plan de Manejo para la Zona Especial de Protección Marina, y para llevar a cabo una evaluación independiente de la eficacia del manejo, en línea con las herramientas de Mejoramiento de Nuestro Patrimonio, con el fin de informar de la efectiva aplicación de los planes de gestión y regulación de la pesca tanto para el Parque Nacional de Coiba y su zona de protección especial;

5. Reitera su petición al Estado Parte que desarrollar e implementar un desarrollo de las zonas costeras y las políticas de conservación a fin de garantizar que los impactos acumulativos del desarrollo en el valor universal excepcional de la propiedad se aborden con eficacia, y alienta al Estado Parte para desarrollar esta política sobre la base de una Evaluación Ambiental Estratégica del potencial de desarrollo de la zona costera;

6. Toma nota de que el Estado Parte presentó una solicitud de asistencia internacional para la eliminación de ganado salvaje de la isla de Coiba en marzo de 2010 e insta encarecidamente a los Estados Partes en volver a presentar una solicitud revisada de acuerdo con las recomendaciones hechas por el Centro del Patrimonio Mundial y la UICN en el momento de la presentación;

7. También pide al Estado Parte a presentar al Centro del Patrimonio Mundial, el 1 de febrero de 2012, una declaración revisada retrospectiva de Valor Universal Excepcional, para la revisión por parte de la UICN;

8. Pide además al Estado Parte a presentar al Centro del Patrimonio Mundial, el 1 de febrero de 2012, un informe sobre el estado de conservación de la propiedad y sobre los progresos realizados en las cuestiones antes mencionadas, incluyendo las presiones aumento de la pesca, para su examen por parte del Comité de Patrimonio Mundial en su 36ª reunión en 2012.

Traducción: Burica Press

Proyecto en isla Saboga sin plan de manejo ambiental

dossier

Otro proyecto en un área sin plan de manejo ambiental

Desarrollo

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Las maquinarias de la industria turística y urbanística continúan llegando  a las islas del archipiélago de Las Perlas. Las áreas boscosas pierden terreno y las costas se llenan de marinas.

Conjugar el desarrollo con la conservación y no repetir errores ajenos es una tarea que se ha propuesto el nicaragüense Armel González, presidente de Grupo del Sol, quien desarrolló un proyecto en la isla Saboga, una de las más pequeñas  del archipiélago declarado zona de manejo especial por la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (Arap).

González  propone un proyecto  que va desde  conservar  las áreas más boscosas hasta cambiar la fuente de energía que siempre ha abastecido a la isla: la térmica.

En esta materia,  se busca reemplazar la energía térmica por termosolar, que consiste en concentrar la energía del sol en paneles (colectores) para luego transmitirla, a través del agua o mediante radiadores. También proyecta reciclar el agua de lluvia para potabilizarla.

Los resultados están por verse. Por el momento, en el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) quedan dudas sobre el proyecto.

La empresa cuenta con un plan maestro que  consiste en la construcción de condominios, casas de lujo y hoteles boutique.

También incluye la lotificación de terrenos que se venderán a  desarrolladores urbanos. El plan maestro costó 12 millones de dólares y contempla, además, la  construcción de  infraestructuras de  servicios públicos para satisfacer las necesidades de los nuevos inquilinos de la isla.

“Creamos las infraestructuras para otros inversionistas”, dijo González.

Raisa Banfield, directora ejecutiva del CIAM, analizó el plan maestro del proyecto y le preocupa que todo el litoral costero de la isla será desarrollado.

La isla Saboga tiene 277 hectáreas, de las cuales casi 90 serán destinadas a la conservación.

González explicó que  el 60% de la isla  está compuesto por bosques secundarios, 20% por bosques primarios y el resto (20%) rastrojo y arbustos.

El  bosque primario no será tocado, excepto para construir senderos por donde solo pasarán carros de golf eléctricos, dijo González.  El empresario  admite que se devastará zona boscosa, pero asegura que son áreas ya intervenidas.

Banfield consideró que el proyecto presenta una lotificación masiva alrededor de la isla que afectará la relación entre áreas boscosas y zonas costeras.

Dilema ecológico

Ante la mirada atenta de los conservacionistas, el empresario enfrenta  otro dilema: la construcción de una  marina.

Los dos sitios que ha estudiado le presentan dificultades. En uno las corrientes son demasiadas fuertes y en el otro existe una comunidad de arrecifes de corales.

Héctor Guzmán, científico del Instituto Smithsonian, dijo que se trata de la segunda  comunidad de arrecifes más grande del golfo de Panamá. Comentó  que habló de manera informal con el empresario y recomendó mover la marina para no afectar los arrecifes. La empresa aún estudia la ubicación de la estructura, que tendrá una capacidad de alrededor de 150 yates.

González dijo que el primer sitio  evaluado fue descartado por las fuertes corrientes marinas, que representaban un peligro para los usuarios. Pero al mismo tiempo ha valorado las sugerencias de Guzmán de construir la marina en una zona que no afecte los arrecifes.

Hay una buena intención en querer hacer las cosas bien, pero el problema radica en que no existe una evaluación ambiental integral del archipiélago, señala Banfield. Es decir, las afectaciones del proyecto no sólo en la isla Saboga, sino en en el archipiélago. Esto pasa por falta de  un plan de manejo del archipiélago que aún no se ha creado.

A mediados del pasado mes de agosto, la Arap firmó el contrato para la realización del plan de manejo con el consorcio  Louis Berger- Ancon (Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza). Hasta la semana pasada el contrato aún estaba en la Contraloría  pendiente de ser avalado, informó Alida Spadafora, directora de Ancon.

El contrato llega con dos años de atraso, pues desde 2007 una ley ordenó crear el plan. Mientras, los proyectos inmobiliarios y turísticos  no se detienen, y en  algunos casos con negativos impactos ambientales.

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Este proyecto es un urbanicidio y un robo del patrimonio insular de todos los panameños. La biodiversidad, zona especial de manejo no le parece importar a nadie en este país que está vendiendo cada pedazo hermoso de tierra que tienen.

Burica Press

Gobierno intenta restituir integridad de Ley de Coiba pero con excepciones

El próximo lunes podría restituirse un área de exclusión de pesca de atún

Artículo 11, entre avance y sospechas

La subcomisión de ambiente pide restituir la prohibición de pesca con redes de cerco, pero el informe no convence a los ambientalistas.

ambiente. Vitelio Ortega y Enrique Castillo, de la subcomisión que presentó el informe ayer. LA PRENSA/ Jorge Fernández1138198

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Los grupos conservacionistas y defensores del Parque Nacional Coiba recibieron ayer una de cal y otra de arena en su lucha para que se mantenga la prohibición del uso de redes de cerco en el Pacífico panameño, tal como lo establecía el artículo 11 de la Ley 44 de 2004 (Ley de Coiba).

Después de cuatro meses de haber sido derogado el artículo, ayer la subcomisión de ambiente de la Asamblea Nacional recomendó restituirlo totalmente. Incluso pidió que se incluya en la prohibición la pesca con palangre.

Hasta allí, para los grupos conservacionistas el panorama estaba despejado. Sin embargo, empezaron a ver nubarrones cuando descubrieron en el informe de los diputados suplentes –que integraron la subcomisión– que durante el debate “se pudo constatar que no hay argumento técnico científico o de otra índole que sirviera de base para la creación de la línea de exclusión…”.

Para Gabriela Etchelecu, directora de la Fundación Marviva, durante el debate se sustentó “muy bien” sobre la necesidad de contar con esa zona de exclusión.

Luis López, de la Asociación de Clubes de Pesca Deportiva, dijo que el informe señala todo lo contrario a lo que se expuso en el debate.

Para ambos, es claro que con esa conclusión pueden restituir el artículo 11, pero con excepciones para permitir la pesca con redes de cerco con el fin de proveer a las granjas atuneras.

Esa es la iniciativa que impulsa la Autoridad de los Recursos Acuáticos (ARAP). Reynaldo Pérez Guardia, administrador de la ARAP, prefirió no opinar por el momento sobre el informe, hasta que lo haya analizado.

El artículo 11 de la Ley de Coiba creaba una zona de exclusión en el Pacífico panameño, en la que se prohibía el uso de redes de cerco para la pesca de atún. Sin embargo, los diputados –aprovechando el debate de un proyecto de ley sobre comercio marítimo– lo derogaron el pasado 30 de junio.

Enrique Castillo, presidente de la subcomisión, dijo que se trató de ser lo más “objetivo posible” con el informe, porque hay “demasiados intereses” en el tema.

Etchelecu pidió al presidente, Martín Torrijos, restituir el artículo 11 mediante un decreto ejecutivo, para que no quede duda de que, tal como lo admitió públicamente, fue “un descuido” de su parte sancionar la ley sobre comercio marítimo.

El próximo lunes, la Comisión de Ambiente de la Asamblea tiene previsto reunirse para aprobar en primer debate el proyecto de ley que restituye el artículo 11.

El temor que hay entre los ambientalistas es, por el momento, que el proyecto pase a segundo debate y se enfrente a los 78 diputados. Dos de ellos –Freidi Torres y Yassir Purcait– impulsaron la derogación del artículo 11.

Devastación de manglares en Colón no termina

ÁREAS REVERTIDAS.

Piden cambio a uso de suelo

José Arcia
jarcia@prensa.com

Stanley Heckadon, científico del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, planteó ayer la necesidad de reformar el plan de uso de suelo de la región interoceánica, con la finalidad de conservar las pocas áreas de manglar que quedan en Coco Solo, Colón.

La Ley 21 del 2 de julio de 1997, en la cual se establece el plan de uso de suelo de las áreas revertidas, destinó Coco Solo al desarrollo de la actividad portuaria e industrial. Heckadon dijo que sería bueno que el Gobierno “reenfoque” el uso de suelo de esa área para conservar los manglares.

El científico explicó que cuando se creó la ley, había poca información sobre la importancia de estos ecosistemas, pero esa realidad ha cambiado.

DEvastación de manglares en colón causa preocupación.

Piden que se modifique plan de uso de suelo

LA PRENSA/Carlos Lemos
Crecimiento. La ampliación de instalaciones portuarias avanza sobre áreas de manglar.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Reformar el plan de uso de suelo de la región interoceánica, con la finalidad de conservar los manglares de la ciudad de Colón, planteó ayer el científico del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, Stanley Heckadon.

La propuesta obedece a las devastaciones que sufre ese ecosistema como consecuencia del desarrollo portuario y la expansión de la Zona Libre de Colón.

Heckadon dijo que cuando se creó la Ley 21 del 2 de julio de 1997, por la cual se aprueba el plan para el desarrollo de la región interoceánica y el plan general del uso, conservación y desarrollo del área del Canal, había poca información sobre la importancia de los manglares, pero eso ha cambiado en años recientes.

No solo se cuenta con la literatura científica sobre la importancia del ecosistema, sino que también hay ejemplos concretos de cómo su devastación representa un peligro para las comunidades costeras.

“Sería bueno que el Gobierno reenfoque el uso de suelo en Coco Solo, en Colón”, dijo Heckadon, ya que la Ley 21 destinó el área “a la actividad portuaria e industrial”.

Es un tema que le he planteado a las autoridades gubernamentales, pero hasta el momento no han emitido ninguna consideración, dijo Heckadon.

Para el ambientalista Ariel Rodríguez “lamentablemente, el daño ya está hecho” en nombre de un “ desarrollo que ha sido desordenado”.

La ampliación de instalaciones portuarias en la ciudad de Colón fue motivo de debate en mayo de 2007, cuando entidades gubernamentales, ambientalistas y científicos discutieron sobre los daños que las construcciones han causado al ecosistema marino-costero.

Las negociaciones concluyeron con un acuerdo, según el cual la empresa Colon Container Terminal se comprometía a dejar una servidumbre de 125 metros a lo largo de la carretera hacia isla Galeta.

Rodríguez considera que es “muy peligroso” hablarle al Gobierno de modificar el uso de suelo de la región interoceánica, porque terminaría por tomarse las áreas protegidas para destinarlas al desarrollo.

El problema es que la actividad portuaria en Colón carece de una política ambiental, dijo, pero ese desarrollo se podría dar sin afectar ecosistemas sensibles, como los manglares.

Denuncia penal por la destrucción de manglares

Delito ambiental
Denuncia penal por la destrucción de manglares


Evelio Valdés

DAVID, Chiriquí. Una denuncia por la supuesta comisión de delito ambiental fue interpuesta en el Ministerio Público (MP) por el administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) en Chiriquí, José Ricardo Muñoz, en contra de Gilberto Álvarez, luego que este último ordenara la devastación de mangle de todo tipo y excavación de unas zanjas de más de dos kilómetros en toda la costa de la playa El Nanzal, en San Lorenzo.

El administrador regional de la ARAP aseguró que la devastación de manglares es un hecho punible, por lo que se procedió a interponer la denuncia ante el MP por la probable vinculación en la ejecución de este hecho punible de Álvarez.

Según explicó, la ARAP recibió la denuncia y se realizó una inspección, al lugar de los hechos, donde sorprendió a dos personas talando y quemando el manglar.
Recalcó que se desconoce cuál era el objetivo de excavar una zanja a lo largo de la servidumbre pública y en especial a pocos metros de la playa.

“Es un hecho punible y tipificado como delito ambiental de la ley ambiental y de la Ley 44 que rige los recursos acuáticos, el cual es penalizable y no entendemos cuál fue la intención al construir ese canal de más de dos Km de largo en este lugar”, dijo Muñoz.

Recalcó que solicitará a las autoridades correspondientes que se penalice y se ejecuten las sanciones necesarias, porque no se puede seguir permitiendo que muchas personas abusen de los recursos naturales.