Amigos cercanos del Presidente implicados en hidroeléctricas

Por eso es que Martín nunca hará nada para detener la especulación y la usurpación en todos los ríos de Panamá de parte de los especuladores promotores de hidroeléctricas.

Si Ubaldino Real, amigo y socio íntimo de Martín Torrijos incluyó como ingresos millonarios un proyecto hidroeléctrico que no ha iniciado y lo hizo desde hace varios años, significa que está ocultando riquezas provenientes de fuentes que no desea que se sepan.

Detrás de todos estos proyectos hay una gran corrupción como es el caso de la hidroeléctricas de Changuinola, auspiciadas por la Corporación AES (AES Changuinola). Han cambiado cuanto norma le sea contraria a sus intereses.  Si eso no es suficiente, para demostrar corrupción nada lo será y aún así están actuando al margen de ley.

Burica Press

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No cuadran los ‘numeritos’ de Ubaldino Real

Rafael Rodriguez/La Estrella de Panamá, 1 de abril de 2008

Los hermanos Eduardo y Ubaldino Real controlan el 60% de las acciones de la empresa Estrella del Sur, S.A., la cual tiene la concesión para construir el proyecto hidroeléctrico Ojo de Agua, ubicado en el distrito de la Pintada, en Coclé, según confirmó el secretario de esta empresa, el ingeniero Eduardo Vallarino.
Las declaraciones de Vallarino surgen luego de que su supuesto socio, el ministro de la Presidencia, Ubaldino Real abriera su declaración jurada de bienes patrimoniales, y cuyos numeritos parecen no cuadrar con las ganancias obtenidas.Y es que Real incluyó como parte de sus bienes, sumas millonarias, entre ellas 5 millones proveniente del valor estimado de la hidroeléctrica Ojo de Agua, donde todavía no se ha puesto ni siquiera una piedra en este proyecto. Algunos trámites burocráticos han impedido iniciar esta obra, pero estima que con un poquito de suerte podría estar lista en el año 2010.
Agregó que hasta el momento se han invertido 400 mil dólares por la concesión, trámites y en el estudio de impacto ambiental, pero aclaró que en la actualidad la construcción de este proyecto está en cero.Lo que quiso decir Real —sostiene Vallarino— es que esta hidroeléctrica podría generar 250 mil dólares anuales, lo que significa ganancias netas entre 5 y 6 millones de dólares al año.

Ecologista desmiente al gobierno panameño

Ecologista desmiente a Dany Kuzniecky

Panamá, Burica Press, 25 de marzo de 2007

El ecologista y biólogo Ariel Rodríguez rechaza la campaña mediática antiética del gobierno panameño, que intenta hacer ver que la demanda energética del país está cerca de su capacidad instalada, hecho que según el denunciante está totalmente alejado de la verdad. Indicó que en relación a una nota aparecida en La Prensa y en otros medios diciendo que “se registró una demanda de mil 50 megavatios y la capacidad disponible es de mil 296.” no es correcta, ya que no es lo mismo hablar de capacidad instalada que capacidad disponible y tampoco es ético no aclarar que gran parte de la demanda es energía que Panamá está exportando y no es mayor consumo nacional.

Indicó el ecologista que “el pasado martes 18 de marzo se alcanzó el último récord, hecho que si es cierto, pero lo que no dice nadie, ni lo aclara el gobierno nacional es que ese mismo día hubo una exportación neta de más de poco menos de 700 megawatts, lo que indica que realmente el consumo de Panamá no fue ningún récord. Es la suma adicional de exportación la que hizo crecer la demanda en las horas pico de demanda en Centroamérica, la cual es similar a la de Panamá. El consumo de energía lo dispara el uso de aires acondicionados, no los focos de cada rancho de Panamá. Eso el gobierno lo sabe muy bien y no lo aclara en lo absoluto.”
Por tanto, sin tener la cifra oficial de ayer que alcanzó, según el gobierno nacional la nueva cifra de 1,050 MW, “sería importante separar cuantos MW fueron enviados a Centroamérica y asi tendríamos un dato real del consumo nacional que tiene un promedio semanal de 700 MW/Hora, y Panama tiene una capacidad instalada superior a los 1500 MW y no de 1296 MW como indicó el Gobierno ayer”.
Según el ecologista Rodríguez el gobierno con el afán de promover los proyectos hidroeléctricos está intentando manipular la opinión pública que no maneja estos datos de energía.
“En los próximos cinco años la capacidad instalada estará por encima de 2000 MW, independientemente que no se construyan las hidroeléctricas que impulsa el gobierno con el sector privado”, argumentó. Adicionalmente indicó que la otra gran mentira del gobierno es la de hacer ver que el precio de la energía bajará con más proyectos hidroeléctricos, cuanndo en realidad saben que los precios se regirán por el precio internacional del petróleo, a menos que modifiquen la ley de privatización de los generadores de energía en el país.
“El gobierno nacional sabe que los ecologistas han descubierto un gran fraude y manipulación de la comunidad panameña en el asunto de cifras de energía para hacer ver escasez donde no la hay, con el único propósito de seguir promoviendo la construcción de decenas de hidroeléctricas, que todo mundo sabe en Panamá que es un gran negociado donde están involucrados desde exdirectores de la Autoridad de los Servicios Públicos, miembros del gobierno nacional y la clase empresarial tradicional de este país, que con sus influencias están ayudando al gobierno a mentirle al pueblo. De allí el contubernio montado y la campaña bien orquestada con tal de seguir engañando a este noble pueblo”, acotó el ecologista Rodríguez.

Siguen construyendo hidroeléctricas en Panamá

electricidad.21 concesiones están en etapa de obras o en su diseño final.

Avanza construcción de hidros

En el río Chiriquí Viejo, se puede comprobar el inicio de obras del proyecto hidroeléctrico Bajo de Mina.

La Asep busca estabilizar el costo de la electricidad y reducir la dependencia del petróleo.

LA PRENSA/Carlos Lemos
Fuerza. Las aguas del río Chiriquí Viejo están represadas en un vado que sirve para el paso de maquinarias.

Mario A. Muñoz
andresm@prensa.com

La mejor hora para recorrer una hidroeléctrica en construcción es al medio día. Obreros descansando, maquinarias a un lado del camino y el sistema de seguridad en estado de relajación. Antes de llegar al río, hay que recorrer ocho kilómetros de carretera recién hecha, que contrasta con el espeso verdor del bosque.

El paso es accesible solo para los trabajadores (500 personas) y se prohíbe la entrada a personas ajenas a la empresa. Pocos saben que el río ya está represado, formando un vado que sirve, por el momento, para el paso de maquinarias y camiones.

En el río Chiriquí Viejo se puede comprobar el inicio de obras del proyecto hidroeléctrico Bajo de Mina, de propiedad de Cicsa Panamá, S.A., que a su vez es parte del grupo de empresas del multimillonario mexicano Carlos Slim Eliú.

Cicsa pagó al Estado 31.7 millones de dólares para obtener la concesión y levantar en 56.8 hectáreas las estructuras de una planta con una capacidad instalada de 60 megavatios (MW).

LA PRENSA/Carlos Lemos
Labores. Asep señala que las empresas deben cumplir con planes de mitigación.

Bajo de Mina es una de las 80 áreas concesionadas por la Autoridad Nacional de Servicios Públicos (Asep) y una de las 21 que están en construcción o en su diseño final.

La entidad estimula la construcción de hidroeléctricas para estabilizar el costo de la electricidad y reducir la dependencia del petróleo, cuando por barril superaba los 100 dólares la semana pasada.

“Se necesita que el componente hidro crezca respecto al térmico, en una relación entre 70 y 30% u 80 y 20%, explicó el director nacional de Electricidad de la Asep, Rafael de Gracia. “No hay garantías de que los precios vayan a bajar, pero estaremos más protegidos en contra de los vaivenes del petróleo”, dijo.

Además de Cicsa, otras empresas adelantan obras que estarán en operación entre 2009 y 2012.

En ese camino, Aes Changuinola, S.A. es la que lidera la inversión de tres proyectos en Bocas del Toro, que en conjunto tendrán una capacidad instalada de 481 mw.

Cómo se construye

LA PRENSA/Carlos Lemos
VERGEL. El proyecto de Cicsa tiene un impacto ambiental valorado en 2.9 millones de dólares.

La imagen de un enorme embalse como el de la Central Hidroeléctrica Bayano, donde se inundaron 300 mil hectáreas, no es la única en este tipo de proyecto porque su construcción depende de las características hidrológicas, de los costos y la rentabilidad.

En el caso de Bajo de Mina, por ejemplo, se prevé una represa pequeña y una obra de desvío, que llevará al agua por un túnel de conducción a una casa de máquinas, donde estarán dos unidades turbogeneradoras, según el estudio de impacto ambiental (EIA).

Se espera que el proyecto eleve las aguas, las extraiga, las utilice y las devuelva al cauce 300 metros después.

Durante ese tramo el río bajará el caudal, pero se exige por razones ambientales que sea solo hasta 10% de su nivel normal.

Medio ambiente

La construcción de hidros genera reacciones diversas. Hay grupos ambientalistas y de campesinos que la rechazan porque se afectará su forma de vida y la del ambiente. Otros la apoyan, como la comunidad de Gualaquitas (Chiriquí) donde hay un plan de construir una minihidro de 3.3 mw.

Yakarta Ríos, vocera de la asociación Consumo Ético, mantiene una oposición a una “privatización de los ríos que se pudiera dar con un proyecto de ley que prohibiría a las comunidades usar el agua de los ríos que hayan sido concesionados”.

Todo proyecto tiene su impacto negativo. En el caso de Bajo de Mina, por ejemplo, es cuantificado en 2.9 millones de dólares, aunque en su EIA establece como impactos positivos (reforestación) en un monto de 20 millones de dólares.

De Gracia subrayó que “yo puedo aceptar críticas y exigencias de hacerse bien, pero no que no se haga”.

Reconoció que en algunos proyectos las cosas se han hecho mal y dijo que, lo importante es que se cumpla con las normas ambientales, los planes de mitigación y la reforestación de cuencas.

Indígenas…ahora ‘invasores’ en su propia tierra

CONCESIONES.

Indígenas… ahora ‘invasores’

Susana A. Serracín Lezcano

Recientemente el Órgano Ejecutivo hizo pública su decisión de no crear más comarcas indígenas y que la opción que se les estará dando a los indígenas es la de la figura de “tierras colectivas”. Las comunidades que esperan la opción de las tierras colectivas son el pueblo bri-bri y naso-tjërdi, en Bocas del Toro; emberá (Alto Bayano, Panamá); wounnan (Chimán, Panamá); kuna de Takarkunyala (Darién). (La Prensa, “Está lista la ley de tierras colectivas”, marzo 4 de 2008).

¿A qué obedece esa decisión y sobre qué base de consulta democrática ha sido tomada? La dinámica actual de la presente administración, es la de correr viento en popa, con violencia si es preciso, para dar en concesión nuestros más valiosos recursos a las compañías del mercado eléctrico y minero mediante todo tipo de concesión, regalías y privilegios de explotación abusiva; avalando una serie de violencias y complicidades, en donde primero se otorgan concesiones a empresas sobre los territorios indígenas sin haber demarcado previamente las comarcas; donde primero se destruyen las fincas y luego se le dice al indígena “pase por la empresa a recoger unos reales”; donde primero se los reubica de forma irregular y en ocasiones violenta, sin contar con su consentimiento libre, previo e informado y donde se concesionan las áreas protegidas para ejecutar proyectos incongruentes con los fines de conservación que destruyen bosques, ríos, manglares, generando la extinción de la flora y fauna, perjudicando la conectividad ecológica.

La reacción ante tanta injusticia social son las constantes protestas de indígenas y campesinos a lo largo y ancho de nuestro país, como la más reciente en Plaza Catedral, conmemorando el 14 de marzo “Día Internacional contra las Represas”, en la cual cientos de indígenas panameños durmiendo en el piso, bajo la intemperie y sorteando todo tipo de obstáculos, entonaron canciones de paz, justicia y libertad, alzando su voz con un llamado alto y claro ante la faz mundial y particularmente al presidente Martín Torrijos, manifestando su firme rechazo y resistencia frente al desarrollo depredador y excluyente.

La situación se ha tornado insostenible, ya que desde hace meses los indígenas son hostigados, perseguidos y privados de las tierras que históricamente han ocupado para darle paso expedito, raudo y veloz a toda una serie de proyectos hidroeléctricos, promovidos por compañías privadas con el aval de la Anam, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) y autoridades locales, en ausencia de una política energética ampliamente debatida y consensuada de cara a la sociedad y sin cumplir con las normas jurídicas pertinentes.

Tanto desacierto frente al ambiente, las áreas protegidas y los derechos de las comunidades indígenas, está provocando una serie de injusticias sociales y violaciones a sus derechos humanos y garantías fundamentales. Los indígenas están siendo expulsados y considerados como “invasores” de sus tierras ancestrales, obligándolos a intervenir y migrar hacia el bosque protector Palo Seco sin mayores controles ambientales o a las ciudades, abandonados a su suerte, donde se les recrudecen los problemas sociales, dando al traste con su cultura, espiritualidad, costumbres, tradiciones y formas de vida.

El hecho de que el Ejecutivo tome decisiones peligrosamente centralizadas y producto de acciones coyunturales y desarticuladas, al aprobar una Ley de Tierras Colectivas sin haber sido discutida de forma transparente, constriñe la iniciativa individual, la organización social y la creatividad de nuestros pueblos. Con ello se demuestra una vez más, la indiferencia del Estado panameño frente a los instrumentos jurídicos internacionales de defensa de los derechos humanos, el ambiente y la cultura.

En todo estado de derecho, la participación ciudadana y los procesos democráticos favorecen la confianza en la toma de decisiones y los revisten de legitimidad, de manera que se genere el instrumento jurídico adecuado, que promueva formas de ahorro y de generación de energía limpia, sin menoscabar los derechos de las comunidades indígenas vulnerables, comprometiendo a los principales actores del desarrollo en su observación y cumplimiento mediante mecanismos legales, políticos, financieros y comunitarios.

La autora es abogada ambientalista

La Prensa 18 de marzo de 2008.

Sigue vigilia ambiental

Sigue vigilia en parque Catedral de San Felipe

RESISTENCIA. Los indígenas y campesinos continuaron ayer con sus protestas en la ciudad capital. Piquetearon la Autoridad de los Servicios Públicos, donde fueron recibidos por el director nacional de Electricidad de la institución, Rafael De Gracia.

Luego, se acercaron a la Defensoría del Pueblo, y allí fueron atendidos por María Icela Meléndez, directora de Asuntos Ecológicos de la entidad. La dirigente Larissa Duarte pidió que el defensor del Pueblo, Ricardo Vargas, se presente al parque Catedral, donde estarán por varios días.

José Arcia

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PARQUE CATEDRAL DE SAN FELIPE.

Turistas se informan sobre lucha ambiental

José Arcia
jarcia@prensa.com

Los extranjeros que visitaron ayer el parque Catedral escucharon los reclamos de los campesinos e indígenas que protestan en contra de proyectos mineros, hidroeléctricos y de turismo residencial.

La tarea de explicarle a los turistas las razones de su lucha fue de Carmen Tedman, quien se opone a la construcción de la hidroeléctrica Bajo Mono, en Boquete. Ella habla inglés, por lo que se comunicó con personas de esa lengua. El mensaje también llegó a quienes fueron al parque y hablaban francés o italiano, contó Tedman.

Unos canadienses –dijo– quedaron sorprendidos cuando escucharon la versión de los campesinos sobre lo que pasa en Cerro Petaquilla, donde una empresa de Canadá desarrolla un proyecto minero. Según han reiterado los voceros de Minera Petaquilla, el proyecto cumple con las normas ambientales.

Los manifestantes siguen en el parque Catedral y mañana llevarán su protesta a la Asamblea Nacional.