Aclaran datos sobre reportaje de Camino de Cruces

Aclaran datos de reportaje

25 DE ENERO.

Por este medio me permito aclarar que la ley que creó el Parque Nacional Camino de Cruces es la Ley 30 de 1992, la que redefinió sus límites es la Ley 29 de junio de 1995 y la Ley 21 de 1997, que ordena la incorporación como parte del parque de los bosques de rica biodiversidad de lo que fue la antigua base militar de Clayton. La Ley 29 definió los límites del Parque Camino de Cruces utilizando coordenadas geográficas y puntos referenciales en campo, que permite con nuevas tecnologías ubicar los límites de una manera más certera.

Gallinazos en el Parque Nacional Camino de Cruces

Gallinazos en el Parque Nacional Camino de Cruces. Foto: A. Rodríguez

La información contenida en el reportaje del domingo 25 de enero de 2009 titulado: “Se pierden bosques urbanos”, indicó erróneamente que los límites mostrados en la infografía fueron definidos con la Ley 30 de 1992. Igualmente, indica que nosotros [Alianza para la Conservación y el Desarrollo] interpusimos una denuncia por delito ambiental ante el Ministerio Público, cuando lo que pedimos es una investigación que deslinde las responsabilidades del porqué estas tierras, que tienen bosques del Parque Camino de Cruces, pueden ser utilizadas para hacer urbanizaciones, cuando el área es forestal y debe estar protegida con la Ley Forestal, y bajo qué figuras estas tierras han quedado en manos privadas.

Con la noticia se aclara un poco quién detenta la titularidad de la tierra en disputa, mas eso no exime a la Caja de Ahorros o a sus “fideicomitantes” de la responsabilidad de proteger el estatus jurídico y ecológico del área, dado que esta parte del parque y la zona contigua es de amortiguamiento, donde una urbanización que desnaturaliza el área es contraria a estos fines supremos de conservación.

El Gobierno y sus funcionarios están obligados a cumplir el régimen ecológico de la Constitución Nacional, la Ley Forestal, las leyes que configuran el Parque Nacional Camino de Cruces, el Código Penal, de lo contrario se atienen a ser demandados administrativa y penalmente. La seguridad jurídica debe ser para la defensa del patrimonio nacional como lo son estos bosques urbanos y los que están dentro de los linderos del parque. Debe buscarse a todos los funcionarios responsables que han incumplido u omitido las leyes para permitir la enajenación y mal uso de estas tierras en los últimos 13 años.

Ariel Rodríguez Vargas
Alianza para la Conservación y el Desarrollo


Promotor inmobiliario demanda al Estado por impedirle urbanizar un bosque

DEMANDA. PARQUE NACIONAL CAMINO DE CRUCES.

Pasco reclama reparo por daños y perjuicios

La indemnización por 10.5 millones –admitida en la Sala Tercera– fue apelada por el procurador, Oscar Ceville.

Ambientalistas dicen que uno de los dos lotes adjudicado a Inmobiliaria P & P está dentro del Parque Camino de Cruces y corresponde a la categoría de Área Verde Urbana no desarrollable.

LA PRENSA/Archivo

OBRA. La Inmobiliaria P&P obtuvo, en una licitación, el lote CL 35 en Clayton, donde busca desarrollar un protecto.

Rafael Pérez G.
rperez@prensa.com

La historia de la Inmobilaria P & P, propiedad de Carlos Eduardo Pasco Henríquez, y su proyecto habitacional –rechazado por grupos ambientalistas que aseguran afecta el Parque Nacional Camino de Cruces– tiene otro capítulo.

El empresario demandó al Estado por daños y perjuicios ocasionados, tras el accidentado recorrido luego de que la antigua Autoridad de la Región Interoceánica (Ari) le adjudicara el lote CL 35 en Clayton, después de haberse alzado con la licitación.

El reclamo, de 10 millones 542 mil 226 dólares con 23 centésimos, fue admitido por la Sala Tercera de la Corte, bajo la ponencia unitaria del magistrado Víctor Benavides, pero esa medida fue apelada por la Procuraduría de la Administración.

La Sala acogió el recurso de la Procuraduría que debe pasar a manos del resto de los dos magistrados de esta, que decidirán el futuro del reclamo.

LABERINTO

En agosto pasado, la Sala Tercera había levantado la suspensión provisional que pesaba contra una resolución del Ministerio de Vivienda (Mivi) en materia de desarrollo urbano en las áreas revertidas, lo que permitirá a P & P continuar con su proyecto.

La suspensión había sido dictada por la misma Sala III, en respuesta a una demanda de nulidad presentada por la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, en contra de una resolución de 2000 del Mivi que cambió el uso de suelo de ocho lotes –entre ellos, aquel en el que P & P pretende construir– de “áreas verdes urbanas” a “áreas desarrollables”.

Agua y naturaleza en el negocio petrolero

PROYECTOS EN LA MIRA.

Agua y naturaleza, nuestra reserva estratégica

Jorge G. Conte B.

Desde que la venta de un globo de terreno ubicado en la zona costera de la provincia de Colón –por 10 millones de dólares, al consorcio que pretende invertir en la construcción de un oleoducto que recorra nuestra zona canalera– hiciera noticia, este infortunio ha corrido en los medios de comunicación como una mancha de petróleo en el océano.

 

El pretendido proyecto que forma parte de la mal llamada zona libre de petróleo (libre tan solo de impuestos al mismo) ha sido ya rechazado en su recorrido por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), por considerarlo lesivo para sus operaciones. Ahora, este anteproyecto pretende cambiar su recorrido y adentrarse en zonas pertenecientes a los parques nacionales Portobelo, Soberanía, Camino de Cruces y las zonas residenciales de Rodman y Veracruz, terminando en una plataforma gigantesca a 3 kilómetros de las islas de Taboguilla y Taboga (esta última de inigualable riqueza natural y paisajística), por lo que ha sido nuevamente rechazado por las organizaciones civiles, ambientales y científicas, con el apoyo de algunos medios de comunicación y otros inversionistas.

 

El nuevo trayecto acabará de un tajo con 700 hectáreas de bosques prístinos, fuentes agua y de recursos naturales, que requiere el Canal de Panamá para su operación diaria y donde la ACP y la Fundación Natura han hecho grandes inversiones en la creación de cultura de conservación entre las comunidades que allí habitan y protegen su entorno natural en beneficio del Canal y del abastecimiento de agua para el consumo humano y la agricultura.

 

Igualmente afectaría de forma permanente, la integridad biológica de estas áreas protegidas y desplazaría grandes cantidades de animales, afectando su composición biológica, el naciente turismo ecológico y las futuras inversiones en el área canalera.

 

Los pobladores de las zonas aledañas al proyecto vivirían con la incertidumbre de estallidos, incendios forestales y contaminación de sus fuentes naturales a causa de probables accidentes o ataques a estas instalaciones, como ya se han visto en Colombia, México, Nigeria e Irak, convirtiendo nuestra ciudad, con una población estimada en 1.2 millón de personas, en un nuevo objetivo de ladrones y terroristas, amén de la seguridad del Canal de Panamá y nuestras operaciones comerciales globales.

 

Con la sola intención de proponer este proyecto en esta área poblada y de alto valor natural, por salvaguardar los intereses de unas familias adineradas y de algunos pocos inversionistas extranjeros, se viola la Constitución Nacional al olvidar proteger el bienestar de los ciudadanos y la calidad del medioambiente y no aplicar el principio precautorio ni los estudios estratégicos ambientales para un proyecto de esta magnitud.

 

Si bien es cierto, la realidad económica del petróleo es hoy día una fuente importante de ingresos para algunas naciones, nuestro país, ubicado lejos de los centros de producción, tiene en el agua, sus bosques y su biodiversidad, los recursos estratégicos más importantes para su futuro y el de las futuras generaciones. Actualmente con el boom de la construcción y la ampliación del Canal de Panamá, son muchos los requerimientos de recursos naturales que se están haciendo al medioambiente, que cada día reduce su capacidad de regenerarse por la demanda y la destrucción de los mismos por parte del nivel y tipo de crecimiento económico que han implementado este y anteriores gobiernos.

 

Por lo anterior, el pretendido anteproyecto de la zona libre de impuestos a la operación con petróleo, nombre correcto, debería ser analizado bajo los principios precautorio y estratégico ambiental, para evaluar su impacto en nuestra sociedad, medioambiente y economía, y verificar si tiene las condiciones y la ubicación propia de un proyecto orientado al desarrollo sostenible de nuestro país o, por el contrario, no será más que una mancha negra que recorrerá el lago Gatún.

El autor es miembro del Grupo Parques Nacionales Panamá

Asamblea solicitará permuta de sus terrenos en parque nacional

Asamblea insiste en nuevo edificio

Aún existen diferencias por el terreno donde se haría la edificación.

Camino de Cruces

ANAM ha certificado que el bosque de la Asamblea está en el área protegida de Camino de Cruces.

Gustavo Aparicio

PA-DIGITAL

Autoridades de la Asamblea Nacional insistirán en concretar la construcción de un nuevo edificio para este órgano del Estado, luego que se superen las diferencias legales con los grupos ambientalistas que se oponen a la venta de 15 hectáreas de tierras, ubicadas en el Parque Camino de Cruces.

Según el presidente de la Asamblea Nacional, Pedro Miguel González, aunque en el presupuesto asignado para la entidad en la vigencia fiscal 2008 no se ha destinado partida alguna para la construcción de este edificio, no se descarta pedir para el próximo año un crédito extraordinario para la construcción de la estructura.

Tampoco se descarta iniciar conversaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para considerar una permuta de las tierras de la Asamblea por otras en donde no existan conflictos, para poder así vender los terrenos y obtener los fondos para construir el nuevo edificio.

El costo del nuevo edificio se estima en unos 10 millones de balboas, monto que se esperaba obtener con la venta de las tierras ubicadas en el Parque Camino de Cruces, proceso que fue suspendido por el MEF, tras ser advertido de qué parte de estas tierras están en área protegida.

—————————-

Burica Press ve con buenos ojos que la Asamblea Nacional y el Ejecutivo ejecuten una permuta del terreno el Parque Nacional Camino de Cruces por otro que esté mejor ubicado y que no afecte valores patrimoniales ni culturale, ni naturales como es el caso actual.

Burica Press

Importancia de los bosques urbanos de Panamá

Importancia de los bosques urbanos de Panamá

Ariel R. Rodríguez V.
Biólogo y Ecologista

Los bosques urbanos de Panamá lo comprenden las áreas forestales ricas en biodiversidad que estuvieron cerca o en la periferia de las instalaciones civiles, residenciales y militares de las bases militares estadounidenses en Panamá. También corresponde a bosques incluidos dentro de las áreas de operación del Canal de Panamá, cercanos a la ciudad de Panamá y Colón.

Los bosques urbanos en el sector Pacífico de la antigua Zona del Canal corresponden a los bosques localizados en el Cerro Ancón, Farfán, Rodman, Punta Bruja, Kobe, Howard, Albrook, Los Ríos, Cárdenas, Corozal, Clayton, Llanos de Curundú, Parque Natural Metropolitano y los bosques periféricos del Parque Nacional Camino de Cruces. En el sector Atlántico corresponde a los bosques de Galeta, Davis, Espinar, Sherman. Incluyen también los bosques de mangle del sector de Colón y Bahía Limón.

Estos bosques tienen edades que oscilan entre 85 y 150 años de edad y forman parte del corredor biológico Atlántico-Pacífico en el sector del área del Canal. Estos bosques tienen características ecológicas muy particulares por su ubicación geográfica dentro del Istmo de Panamá. Los bosques de la región atlántica (o Caribe) son bosques más húmedos que los del Pacífico.

Los bosques del Pacífico se consideran bosques semideciduos de tierras bajas. Estos bosques contienen una riqueza avifaunística insuperable en proporción a su tamaño con relación a cualquier otra parte del mundo. Hoy estos bosques en Panamá están en peligro de extinción dado que han sido erradicados en la mayor parte de su existencia y los remanentes presentes en la antigua Zona del Canal en el sector Pacífico están siendo codiciados para ser transformados o desnaturalizados con proyectos urbanísticos, carreteras de acceso y otras infraestructuras de “desarrollo”. También los bosques urbanos de las áreas revertidas de Colón están amenazados, ya que actualmente es evidente la masacre de bosques de mangle para construcciones civiles. Muchos otros sectores de bosque se han vendido o están en venta para crear infraestructuras urbanas, muchas no planificadas. El panorama peligroso que se observa es que los planes de “desarrollo” a costa de estos incomparables áreas verdes continúa y no parece haber forma de detener el “desarrollo” y por ende la destrucción de estos hermosos bosques.

Bosque semideciduo de Kobbe

Bosque urbano, semideciduo de Fuerte Kobbe, áreas revertidas. Foto: www.almanaqueazul.org

Estos bosques especialmente los del Pacífico también son sitios claves e importantes de convergencia de aves rapaces migratorias. A estos bosques llegan desde Norteamérica en los meses de septiembre y octubre grandes bandadas de gavilanes aludos, gavilanes de Swainson y los gallinazos cabecirrojos de Norteamérica. Igualmente estos bosques son hábitat de mamíferos grandes y pequeños, incluyendo especies amenazadas.

La ley 21 de julio de 1997 que aprueba el Plan Regional y el Plan General para el desarrollo, uso, conservación de las áreas revertidas en la región interoceánica y que estableció el marco normativo para la incorporación de los bienes revertidos al desarrollo nacional es la única ley que protege estos bosques urbanos, sin embargo, su destrucción lenta y continua amenaza la existencia a largo plazo la existencia de estos.

Pocas ciudades, tienen el privilegio de la Ciudad de Panamá o la de Colón de contar con hermosos y ricos bosques naturales en su periferia, que le dan gran atractivo, belleza incalculable y valor agregado para todas las actividades que se desarrollan dentro de éstas, especialmente el turismo, la recreación, la contemplación y los beneficios propios de los bosques como es la riqueza biológica, el clima local, la belleza escénica, la regulación de las aguas de los ríos que drenan al canal de Panamá y áreas cercanas, entre otras cosas.

Mientras el país no vea a estos bosques urbanos como riqueza del país, promoverá o avalará su destrucción. Hoy estamos a tiempo de salvar estos bosques. Súmate a los esfuerzos de grupos u organizaciones que velan este noble fin. El beneficio de ello será para todos nosotros.

Lucha por los bosques en Panamá

PROTESTA.cadena humana EN EL CRUCE DE CLAYTON Y ALBROOK.

La lucha por los bosques

Residentes de las áreas revertidas empiezan hoy una serie de protestas para defender las zonas boscosas.

El empresario Carlos Pasco habla de indemnización o de que le permitan desarrollar su proyecto inmobiliario.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

DEVASTACIÓN. Residentes del área revertida se quejan porque los proyectos inmobiliarios están acabando con las zonas boscosas de Clayton. Citan como ejemplo el Embassy Club. 

José Arcia
jarcia@prensa.com

Los miembros del Comité Pro Defensa de los Bosques Urbanos y del Parque Nacional Camino de Cruces reactivan hoy su lucha en defensa de las zonas boscosas.

Esta vez protestarán en contra de los proyectos inmobiliarios que se desarrollan en las áreas revertidas.

La acción comienza a las 7:00 de la mañana y se extenderá por una hora en el semáforo del cruce de Clayton con Albrook. María Chávez, una de las organizadoras de la iniciativa, dijo que la primera acción se realizará hoy viernes, y luego los cincos días hábiles de la otra semana.

“Estamos formando grupos de ocho a 10 personas para que todo los días haya protestas en contra de la destrucción de los bosques”, sostuvo.

La idea de la medida es apelar a la conciencia ciudadana sobre la importancia de conservar las áreas boscosas del país, agregó.

La acción ciudadana también tendrá un ribete jurídico. El comité exigirá a la Corte Suprema de Justicia resolver una apelación que presentó la Asociación de Propietarios y Residentes de Clayton, en contra de la decisión de la Corte de levantar la suspensión provisional que pesaba contra una resolución del Ministerio de Vivienda sobre cambios de zonificación en las áreas revertidas, explicó Chávez.

Esa acción judicial permitió que el empresario Carlos Pasco continuara con los trabajos de su proyecto inmobiliario Camino de Cruces sobre el lote CL43.

Pero ese no es el único proyecto al que los residentes se oponen. En Clayton también se desarrolla el Embassy Club, del Grupo Los Pueblos, y que los lugareños de ese sector habían pedido previamente que se realizara sobre una zona devastada.

Este diario intentó sin éxito comunicarse con Alfredo Alemán, del Grupo Los Pueblos, para conocer su reacción a la acción del comité.

Sin embargo, Raisa Banfield del comité, dijo que la propuesta de los residentes no fue escuchada porque el proyecto se desarrolla sobre un área boscosa.

Para el ambientalista Ariel Rodríguez, la edificación de estos proyectos en zonas boscosas no es otra cosa que un “irrespeto” a las normas constitucionales y legales.

Por Constitución, el Estado está obligado a proteger los valores naturales y la Ley 21 del 2 de junio de 1997 estableció las zonas boscosas como de conservación “dándole a los bosques de esa zona la categoría de área protegida”. “Si viviéramos en una sociedad más civilizada, estaríamos aplicando estas normas”, recalcó Rodríguez.

EMPRESARIO HABLA

Carlos Pasco es claro al señalar que él se ajusta a las leyes para desarrollar sus proyectos. De hecho, cuenta con un permiso de tala de la Autoridad Nacional del Ambiente, y la aprobación del estudio de impacto ambiental para desarrollar su proyecto Las Haciendas Camino de Cruces en el lote CL43.

El empresario dijo que en medio de estas luchas de los ambientalistas el Estado debe tomar una decisión. “Permitirme desarrollar mi proyecto o indemnizarme, porque yo compré esos lotes en una subasta pública”.

Pasco mostró el panfleto donde la antigua Autoridad de la Región Interoceánica anunciaba la venta del lote CL43 con una zonificación que permitía la construcción de viviendas unifamiliares.

Pero en algo sí están de acuerdo los residentes y Pasco. La lucha por la conservación de los bosques es en contra de las medidas impuestas por las autoridades, como los cambios de zonificación.

FUERZA CIUDADANA

.CAMINO DE CRUCES: Ambientalistas rechazan la adjudicación de los lotes CL35 y CL43 para proyectos inmobiliarios. Una de las construcciones está suspendida.

.CLAYTON: Después de cuatro intentos y gracias a la presión de la comunidad, MEF suspendió la venta de 15.1 hectáreas de tierra de la Asamblea Nacional que presuntamente pertenecen al Parque Camino de Cruces.

.CHIRIQUÍ: Activistas logran que se descarte el proyecto para pavimentar el Parque Volcán Barú.

Bosque Cl-43 de Clayton en peligro nuevamente

Ver mapa del área en cuestión

AREAS REVERTIDAS. La corte allana el camino a inmobiliaria P & P.

Peligra Camino de Cruces

La Sala III levantó una suspensión que impedía que la empresa de Carlos Pasco invadiera el área protegida.

Ahora las resoluciones del Mivi pueden cambiar la letra del Plan de uso de suelo de la Región Interoceánica.

Mónica Palm
mpalm@prensa.com

La Sala III de la Corte Suprema levantó la suspensión provisional que pesaba contra una resolución del Ministerio de Vivienda (Mivi) en materia de desarrollo urbano en las áreas revertidas, lo que permitirá a la Inmobiliaria P & P, de Carlos Pasco, continuar con su controvertido proyecto urbanístico Camino de Cruces.

La decisión, con fecha del jueves pasado, fue dictada con ponencia del magistrado Víctor Benavides y refrendado por Jacinto Cárdenas, suplente de Winston Spadafora. Adán Arnulfo Arjona salvó su voto, por considerar que el Mivi no tiene competencia para modificar, a través de resoluciones ministeriales, lo dispuesto en una ley de la República, en referencia a la Ley 21 de junio de 1997, que contiene el “Plan General de desarrollo, uso y conservación de la Región Interoceánica”.

El levantamiento de la suspensión provisional fue solicitado por la firma Galindo, Arias & López, abogados de Inmobiliaria P & P.

La suspensión había sido dictada por la misma Sala III, en respuesta a una demanda de nulidad presentada por Carlos Varela, en representación de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, en contra de una resolución de 2000 de la Dirección General de Desarrollo Urbano del Mivi, que cambió el uso de suelo de ocho lotes –entre ellos, aquel en el que P & P pretende construir– de “áreas verdes urbanas” a “áreas desarrollables” (mediana densidad-conjunto R2C).

 

Grupos ambientalistas sostienen que el lote de Pasco está dentro del Parque Nacional Camino de Cruces.

————————————-

VER UBICACIÓN DEL BOSQUE AMENAZADO EN CLAYTON Y ADYACENTE A CÁRDENAS

Ver mapa más grande


————————————-

Advertencia.Corte habría infringido una disposición del código civil

Una ley con 10 años de retroactividad

Todo lo actuado por el Mivi en materia urbanística en la zona canalera desde julio de 1997, podría tener validez.

Para rezonificar en las áreas revertidas, ya no hay que ir a la Comisión de Asuntos del Canal.

Mónica Palm
mpalm@prensa.com

La decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema que favoreció el desarrollo de proyectos inmobiliarios en las áreas revertidas, como el que Carlos Pasco pretende construir en un parque en Clayton, está fundamentada en una ley de febrero de 2007, que indica que los cambios de uso de suelo en las comunidades canaleras pueden hacerse a través de simples resoluciones del Ministerio de Vivienda (Mivi).

Lo que no menciona el fallo en alguna de sus siete páginas, es que esa ley fue demandada por inconstitucional por la abogada Inés de Lara, en representación del diputado opositor Leopoldo Benedetti.

Benedetti es un público adversario de la planta de molienda de clinker que la empresa Parque Industrial Marítimo quiere construir en Rodman.

Lo que Lara demandó es un parágrafo de la Ley 12 de febrero de 2007, que modificó el Artículo 13 de la Ley 21 de junio de 1997, sobre el Plan general de uso de suelos de la región interoceánica.

El referido artículo originalmente señala que las categorías de ordenamiento territorial contenidas en el Plan podrán variar, “previa consulta con la Comisión de Asuntos del Canal de la Asamblea”. No obstante, de un plumazo, La Ley 12 de febrero de 2007 exceptuó de este requisito a todas las resoluciones ya emitidas por el Mivi, desde el mes de julio de 1997.

Es decir, que la nueva legislación tuvo efectos retroactivos, puesto que amparó todo lo actuado por el Mivi en materia de desarrollo urbano en las áreas revertidas, en los últimos 10 años.

En su salvamento de voto, Adán Arjona advirtió que semejante disposición infringe el Código Civil, ya que este señala que las leyes “no tendrán efecto retroactivo en perjuicio de derechos adquiridos”.

La lucha continúa

El abogado Carlos Varela, que representa a un grupo de residentes de las áreas revertidas, indicó que presentará un recurso contra esta última decisión de la Sala Tercera.

“Las actuaciones del Ministerio de Vivienda, por intermedio de la Dirección de Desarrollo Urbano, quedarán como las más descaradas de las que se tenga recuerdos”, opinó.

Hay otra suspensión provisional ordenada por la Corte, sobre un segundo lote de P & P en Clayton. Esta, hasta donde se sabe, se mantiene vigente.