Ciudad de Panamá secuestrada por especuladores fenicios

Panamá, la metrópoli del lucro

“Una ciudadanía ilustrada lucharía por una ciudad mejor”

RICARDO ARTURO RÍOS TORRES*

rriost@hotmail.com

Jorge Ricardo Riba es, sin duda, un arquitecto de ideas. En su valioso haber bibliográfico confronta con valentía el urbanismo especulativo que caracteriza a la ciudad canalera. El lucro sin límites es responsable del pandemónium que caracteriza el paisaje urbano de la ciudad de Panamá. Somos el Auristán de Cristóbal Colón, la tierra del dinero fácil, el país de fenicios que denunciara Gaspar Octavio Hernández.

En Urbanismo: proyectos y otros escritos el político humanista, nos define la ciudad soñada: Quiero una ciudad con armonía, de rostros humanos llenos de alegría, quiero una ciudad en la que impere la justicia, la honradez y el amor al prójimo, un digno ambiente para vivir.

¿Y qué tenemos? Una ciudad caótica, la especulación inmobiliaria destruyó el hermoso barrio de Bellavista, el juegavivo edificó los tugurios de Paitilla y Punta Pacífica donde el sol es aristocrático, una Cinta Costera sin belleza paisajística y una selva de cemento que hace de Calidonia y vía España un gran fogón… En contraste, Costa del Este es una ciudad jardín con calidad de vida, con zonificación regulada, es el humanismo del hábitat con una visión urbanística integral.

La ciudad de Panamá está encarcelada por un modelo errado de crecimiento que sólo luce bien para fotos de estructuras, pero que le niega al individuo citadino una calidad de vida aceptable. Foto: Burica Press

El planificador urbano con ética social nos reclama una ciudad al estilo de Le Corbusier con los goces del sol, el espacio y el verdor…

Jorge Ricardo Riba insiste en que la liberación del potencial del crecimiento urbano no se puede concebir sin un salto cualitativo en la educación. Una ciudadanía ilustrada lucharía por una ciudad mejor.

La Región Metropolitana es una de las preocupaciones del docente universitario, es un área de 9,000 kilómetros2, incluye la Cuenca Hidrográfica del Canal, la antigua Zona del Canal, las ciudades terminales de Panamá y Colón, los territorios periféricos de Arraiján y Chorrera (Panamá Oeste), abarca 121 corregimientos en 14 distritos y 3 provincias. Para el 2020 se calcula su población en 2.5 millones. Considero que Panamá Este es también parte de la Región Metropolitana.

El distrito de Arraiján es el sector más explosivo en el desarrollo urbano del país y como lo expresa el arquitecto Riba: ante el nuevo imperio de la codicia y la corrupción, se requiere ser más heroicos. Urge una solución rápida ante le necesidad de un transporte seguro, económico y eficiente para Arraiján y el Panamá Oeste, miles de panameños lo reclaman.

El ensayo Urbanismo: proyectos y otros escritos nos lleva a exigir una rendición de cuentas a los ministros de Vivienda e ingenieros municipales de los últimos 20 años por el desorden urbano del área metropolitana. Se han construido barriadas y edificios como los de la avenida Balboa, San Francisco y el Cangrejo sin la red de los servicios públicos necesarios para un urbanismo humano, se carece de una oferta efectiva de energía eléctrica, de suministro de agua y de un eficaz alcantarillado sanitario. Hay barriadas construidas con materiales de baja calidad, sin espacios para escuelas, áreas verdes, sin campos de juego y recreación, sin facilidades de transporte. Predomina el lucro y la especulación unido a la corrupción de una burocracia que ha institucionalizado la coima y el juegavivo.

Jorge Ricardo Riba es la antítesis de esa conducta irresponsable, es un arquitecto de ideas éticas.

Literariamente, la obra es un compendio de distintos temas relacionados con el urbanismo, destacan su excelente narración y la prosa elegante del autor. Su formato facilita la lectura y las ilustraciones son puntuales.

Referencia Bibliográfica: Riba, Jorge Ricardo. El Urbanismo: Proyectos y otros escritos/Panamá: Exedra, 2010. 313p. il.

*ESCRITOR Y EDUCADOR

Publicado en La Estrella de Panamá, 27 de diciembre de 2010.

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Bosques urbanos, amenazados por la urbanización

Bosques urbanos, amenazados por la urbanización

De nada ha valido la protección legal original. Todos los gobiernos han variado las normas. LA PRENSA/Archivo

Kemy Loo Pinzón
kloo@prensa.com

Las áreas boscosas de Corozal, Clayton, Albrook, Sherman o Howard forman parte de la riqueza boscosa existente literalmente al lado de las ciudades de Panamá y Colón.

Hoy, esa riqueza natural sucumbe ante el modelo de desarrollo que pone a un lado el tema ambiental.

El biólogo y ambientalista Ariel Rodríguez comenta con pesar que tan pronto esas áreas quedaron en manos panameñas, hubo planes de destruirlas con urbanizaciones que utilizaban el concepto de “ciudad jardín” que no se respetó.

“Muchos de los bosques de Clayton, Corozal y Albrook han sucumbido a este apetito atroz”, asegura.

La reciente tala de 181 árboles en Obarrio -en el centro de la ciudad-, así como la posibilidad de que se utilice el Parque Natural Metropolitano para construir una nueva sede de la Policía Nacional, ha provocado críticas sobre el modelo de desarrollo urbano vigente.

JEFE DE FORESTAL DE LA ANAM RECONOCE QUE HAY QUE LEGISLAR PARA PROTEGERLO

Desaparece bosque urbano

A pesar de los servicios que ofrecen a la ciudad, las leyes ambientales no contemplan su existencia ni formas de protegerlos. Ciudadanía se activa.

amenaza. Los ambientalistas critican la voracidad de las construcciones en la ciudad. La Prensa/Archivo

KEMY LOO PINZÓN
kloo@prensa.com

Los exuberantes bosques que las ciudades de Panamá y Colón heredaron como parte del proceso de reversión del Canal están perdiendo la guerra.

La voracidad del desarrollo urbanístico y económico, la violación a los planes de ordenamiento territorial existentes, y la ausencia de programas de desarrollo sostenible son la causa de esta situación. Así lo sostienen grupos ambientalistas, arquitectos y urbanistas que alzan su voz en momentos que en Estados Unidos o Alemania, por poner solo dos ejemplos, se lucha por gestionar espacios verdes entre las moles de concreto en que se han convertido las ciudades.

Carlos Gómez, jefe de Forestal de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), define un bosque urbano como aquel que se localiza en un área urbana y cumple con la función de evitar la erosión y oxigenar las áreas aledañas. Se incluyen en esta categoría los jardines, reductos verdes, parques recreativos y avenidas arboladas.

A pesar de los servicios ambientales que aportan los bosques urbanos, estos no son especialmente protegidos por la Anam. Ni siquiera existe un inventario de ellos.

Las protecciones legales existentes -la ley que creó el Parque Natural Metropolitano o la Ley 21 de 1997 que contiene el plan regional de la región interoceánica- no han impedido su progresiva destrucción. Todos los gobiernos, iniciando en la época del presidente Ernesto Pérez Balladares, han hecho cambios parciales a las normas, dejando sin protección más y más áreas boscosas.

El biólogo y defensor del ambiente Ariel Rodríguez afirma que los bosques urbanos panameños tienen edades que oscilan entre 85 y 150 años, forman parte del corredor biológico Atlántico-Pacífico en el área del Canal y tienen características particulares por su ubicación geográfica: una gran riqueza de fauna y flora, así como lugar de convergencia de aves rapaces migratorias.

CIUDADES AGRESIVAS

Alida Spadafora, directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), atribuye la pérdida de estos bosques a la voracidad con que se construye en la ciudad, y enumera efectos negativos que esto trae: la ciudad se vuelve agresiva, pierde belleza natural y espacios de recreación.

Por su parte, Raisa Banfield, directora del Centro de Incidencia Ambiental, apunta como causa del problema la falta de una política ambiental de ciudad: “Siempre se piensa en el tema ambiental como un tema rural, de áreas protegidas o de grandes extensiones por reforestar y no como un tema de ciudad”.

Para la ambientalista, “se desconoce el privilegio de ser el único país con bosques tropicales húmedos incrustados en la ciudad (…) no están siendo suficientes las leyes nacionales que los protegen”.

A estas opiniones se suma el presidente del Colegio de Arquitectos, Luis Moreno, quien agrega que no hay planificación, y que se va llenando la ciudad de edificios sin tomar en consideración los pulmones naturales.

Moreno enfatiza en que hace falta una planificación paisajística y da como ejemplo el diseño de la Avenida Ricardo J. Alfaro, construida en la década de 1970, y en la cual solo se pensó en los carros. “Se olvidó al peatón, se obviaron las aceras y la calzada arborizada”, indicó.

PROPUESTA

El jefe de Forestal de la Anam reconoce que no hay un balance entre las infraestructuras que se construyen y las áreas verdes, a pesar de que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial regula ese tema. Por ello, considera que hay que legislar para corregir las fallas y poder conservar y ampliar estas áreas.

También pone como tarea pendiente definir con el Municipio de Panamá un plan quinquenal de mantenimiento de las áreas verdes, como se hace en España o Colombia, donde existen equipos para ello. También recomienda hacer una lista de los árboles permitidos para plantar en la ciudad, ya que muchos de los que hay son maderables con grandes raíces que ocupan mucho espacio.

Esta propuesta es rechazada tanto por Banfield como por Moreno, quienes consideran que se debe implementar una política de mantenimiento de los árboles existentes en la ciudad.

Para Banfield, estos árboles “son parte de la identidad de la ciudad, de las especies endémicas que quedan de la selva tropical que había fuera del Casco Antiguo y La Exposición (…) se ha vendido la imagen de que los árboles son un estorbo para el modelo de desarrollo actual”.

“Si se quitan todos los higos grandes, frondosos y bonitos que están en la Ave. Perú o la Justo Arosemena, la ciudad no sería la misma”, concluyó Moreno.

El cáncer de las vallas publicitarias en Panamá

Tribuna abierta

Urge legislar sobre las vallas publicitarias

La ley señalaría responsabilidades de los funcionarios y sanciones para los que la incumplan

Omar Jaén Suárez

Publicado originalmente en La Prensa el 25 de febrero de 2002.

En Panamá, sobre publicidad en vallas y letreros, incluyendo los luminosos, hay lagunas sustanciales o normas obsoletas que no toman en cuenta las nuevas realidades del país y lo que sucede en el ámbito internacional . Como ejemplo del desorden en el tratamiento del tema, mencionemos lo que está sucediendo en las cercanías de la ciudad de Panamá, en donde se concentra la mitad de la población nacional, particularmente en las áreas de bosques protegidos. Después de la reversión de las tierras de la Zona del Canal, las carreteras que atraviesan esa parte del país han sufrido el desorden de las vallas publicitarias y los letreros que se colocan sin ninguna regulación, según el criterio limitado únicamente a lo fiscal, de las autoridades municipales pertinentes. En la ampliación a cuatro vías de una gran parte de la Carretera Interamericana, ha sucedido el mismo fenómeno. Además de perturbar bosques protegidos y parques nacionales como el de Campana, han aumentado en los últimos años los accidentes automovilísticos en dicha vía. Igual sucede, crecientemente, en la Carretera Transístmica hacia Colón y en la Vía Interamericana hacia el Darién. La contaminación visual de las áreas de bosques protegidos y parques nacionales ha aumentado de manera exponencial, sin que las autoridades nacionales hagan nada para frenarla y lo mismo sucede con el peligro de distracción de los automovilistas en las carreteras nacionales.

Perturbación visual

La publicidad con vallas se ha convertido en un verdadero problema ambiental y de urbanismo.  Todo el mundo pone vallas legales e ilegales en todas partes, sin considerar el efecto nocivo y de mal gusto visual que provocan en nuestras ciudades, avenidas y pueblos.

La publicidad con vallas se ha convertido en un verdadero problema ambiental y de urbanismo. Todo el mundo coloca vallas "legales" e ilegales en todas partes, sin considerar el efecto nocivo y de mal gusto visual que provocan en nuestras ciudades, avenidas y pueblos.

Cada vez se ven más afectados los usuarios por la invasión de dicha publicidad que, a más de incrementar la contaminación visual y propiciar una amenaza potencial a su seguridad, se convierte, para muchos panameños, en una molestia constante, en particular la publicidad luminosa que afecta sus vidas en sus residencias y en sus lugares de trabajo y esparcimiento.

Panamá ha adoptado en los últimos tiempos políticas apropiadas, y ha puesto en marcha proyectos para mejorar su medio ambiente. Ha creado parques nacionales, ha declarado monumentos históricos y conjuntos patrimoniales. Igualmente, hemos propuesto políticas y programas de desarrollo turístico, pero ocultamos o perturbamos los atractivos mediante dichos dispositivos de publicidad. Pero más grave resulta la creciente publicidad en carreteras y autopistas que, al distraer al conductor, promueven accidentes de tránsito cuya cifra aumenta en razón más que proporcional con el crecimiento demográfico. ¿Cuántas tragedias humanas de panameños y de visitantes no se habrían registrado si se hubiese legislado, con oportunidad, en el tema de las vallas publicitarias en las carreteras nacionales? ¿Cuánto luto no se hubiese evitado si se hubieran adoptado las normas que se aplican en los países más desarrollados que vivieron, anticipadamente, lo que estamos experimentando en Panamá?

¿Cuántos recursos se han perdido a causa de los accidentes automovilísticos de distracción provocados por vallas publicitarias?

Es verdad que tanto los municipios como ciertas empresas encuentran ingresos en la instalación de dichas vallas y letreros, y que esa actividad crea un cierto número de empleos. Pero, también actividades nefastas como la venta sin cortapisas de productos dañinos o peligrosos beneficiaba y todavía produce ingresos a ciertos empresarios, a colectividades locales y hasta a Estados soberanos. De todas maneras, la restricción de la publicidad, en consonancia con el bien público, no hará que desaparezca por completo.

Simplemente, ella se redirigirá hacia otros soportes que no produzcan daño a la colectividad y a las personas, tal como ha sucedido en otros lugares en donde se ha legislado en el sentido que se propone. El resultado final será que, después de un período de ajuste, se mantendrán los mismos ingresos y el mismo número de empleos. Por igual, los municipios pueden encontrar fuentes de recursos alternativas al ver que sus riquezas patrimoniales, sus paisajes, sus monumentos y sus sitios son cada vez más atractivos para los visitantes y los turistas.

Entendemos que otros países del área, como Costa Rica, se han adelantado y han adoptado legislación sobre esta materia que debería aplicarse a toda el área centroamericana. Ojalá que Panamá demuestre, en esta ocasión su voluntad de modernidad y de progreso por lo menos comparable a la de sus vecinos.

Propuesta

Una forma concreta de enfrentar el problema es mediante la adopción de legislación, tal como ha sido probado en otros países, sobre la publicidad en vallas y letreros para reordenarla de manera más racional, en consonancia con las necesidades prioritarias de seguridad de las personas y de protección del medio ambiente. Los puntos esenciales de dicho proyecto serían, a mi juicio, los relativos a la seguridad ciudadana, en particular de los conductores de automotores y, luego, los que tratarían sobre la contaminación visual rural y urbana. Así, estarían prohibidas las vallas publicitarias y letreros y preletreros que pueden ya sea reducir la visibilidad o la eficacia de las señales reglamentarias, ya sea a encandilar a los usuarios de las vías públicas, ya sea atraer su atención en condiciones peligrosas para la seguridad de las carreteras. Las condiciones y normas que deben respetar los dispositivos luminosos y espejos reflectores visibles desde las vías públicas serían fijadas por decretos apropiados.

Según la propuesta que hice a la Asamblea Legislativa estarían prohibidas en la ley que se adoptara sobre la materia la publicidad y las vallas publicitarias, letreros y preletreros que, por su forma, sus colores, su texto, sus símbolos, sus dimensiones o su emplazamiento puedan ser confundidas con las señales reglamentarias de la circulación vial adoptadas oficialmente en la República de Panamá. Estaría prohibido colocar afiches o marcas sobre las señales reglamentarias y sus soportes así como sobre cualquier otro equipamiento relativo a la circulación vial. Esta prohibición se aplicaría también sobre los monumentos naturales, las plantaciones, los postes de transporte y distribución de energía eléctrica, los postes de telecomunicaciones, las instalaciones de iluminación pública y los equipamientos públicos que se refieren a la circulación vial, ferroviaria, fluvial, marítima o aérea, las aceras, calzadas y de una manera general sobre todas las obras situadas en la ruta o en las áreas que la dominan, incluyendo el derecho de vía. En el interior de las aglomeraciones, las vallas publicitarias y letreros y preletreros visibles desde la vía rápida estarían prohibidos a cada lado de esta, sobre una anchura de 40 metros medidos a partir del borde exterior de cada calzada. Dicha prohibición se extendería a: 1) las zonas de protección delimitadas alrededor de las áreas clasificadas de carácter histórico o cultural o alrededor de los monumentos históricos; y 2) los parques nacionales y monumentos naturales. Sólo se podría salvar esta prohibición instituyendo zonas de publicidad restringida. La publicidad estaría igualmente prohibida: 1) En los monumentos históricos y las zonas de protección delimitadas alrededor de los mismos. 2) A menos de 100 metros y en el campo de visibilidad de los inmuebles clasificados como monumentos históricos. 3) En las zonas de protección del patrimonio arquitectónico y urbano.

También, fuera de las aglomeraciones urbanas, tal como las definiría el Ministerio de Vivienda, las vallas publicitarias y letreros y preletreros visibles desde una vía rápida, autopista o carretera de cuatro carriles, estarían prohibidas a cada lado de esta, sobre una anchura de 200 metros medidos a partir de borde exterior de cada calzada. Mientras que fuera de las aglomeraciones, las vallas publicitarias y letreros y preletreros visibles desde las carreteras nacionales y las vías comunales estarían prohibidas a cada lado de estas sobre una anchura de 20 metros medidos desde el borde exterior de la calzada. Finalmente, toda publicidad exterior estaría prohibida sobre los inmuebles declarados monumentos históricos, sobre los monumentos naturales, en los parques nacionales y las reservas naturales y en los árboles.

Por su parte la publicidad luminosa estaría prohibida sobre los techos de los inmuebles o frente a las ventanas de los inmuebles residenciales y no debería estar situada en un plan paralelo al de una pared o de la baranda del balcón de una residencia. En este orden de ideas, se otorgaría dos años de plazo máximo para que se ajustaran los actuales usuarios a la legislación propuesta y quedaría, en manos de los municipios, decidir sobre el monto de la autorización para colocar vallas y letreros publicitarios, lo mismo que su recaudación. La ley contemplaría, de manera clara y apropiada, las sanciones para los que la incumplan, ya sea los propietarios de las vallas publicitarias como sus fabricantes y también las sanciones para autoridades encargadas de su aplicación cuando eludan su responsabilidad.

(El autor es geógrafo, historiador y planificador urbano)

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ATENTADO VISUAL

El cáncer de las vallas publicitarias

Omar Jaén Suárez (La Prensa, 31 de agosto de 2009)
opinion@prensa.com

Al fin ha saltado a la luz lo que es notorio desde hace décadas: el grave problema de los excesos de la publicidad en la vía pública que nos afecta cada día más a todos. Hace algunos años realicé investigaciones sobre dicha publicidad y llegué a la conclusión de que las vallas se han convertido, en su mayor parte, en un atentado visual en contra del ambiente y en un peligro para los automovilistas.

El 26 de octubre de 2002 en nota que en calidad de asesor ad honórem dirigí al presidente de la Asamblea Legislativa, Laurentino Cortizo, y para responder a su requerimiento, adjunté un documento con elementos susceptibles de servir de base a un anteproyecto de ley, inspirado en la normativa más avanzada y moderna que ha sido adoptada en países de la Unión Europea y que se ha extendido a todo su territorio; normativa semejante pareciera estar comenzando a adoptarse hasta en Costa Rica y Colombia. En esa ocasión, la Asamblea no pudo actuar, al parecer, triunfó la mafia político-económica de los empresarios de las vallas –que se añade a las de los transportistas y otros elementos nefastos de nuestra sociedad, quienes actúan en contubernio con ciertas autoridades– y desde entonces la situación se ha agravado notablemente.

En aquella ocasión me preguntaba: ¿por qué llenamos el país de letreros y de estructuras ruinosas que afean nuestros paisajes?, ¿cuántas tragedias humanas no se habrían registrado si se hubiese legislado, con oportunidad, en el tema de las vallas publicitarias en las carreteras nacionales?, ¿cuánto luto no se hubiese evitado si se hubiesen adoptado las normas que se aplican en los países más desarrollados que vivieron, anticipadamente, lo que experimentamos hoy en Panamá?, ¿cuántos recursos se han perdido a causa de los accidentes automovilísticos de distracción provocados por vallas? La respuesta la vemos a diario en los titulares de la crónica roja y en la sensación de hastío de los visitantes, panameños y extranjeros, que no comprenden cómo un país puede hacer esfuerzos para atraer turistas y ocultar, desde sus carreteras, la belleza de su medio natural.

Es verdad que tanto municipios como empresas publicitarias encuentran ingresos en la instalación de dichas vallas y letreros y que esa actividad genera empleos. Pero también actividades nefastas, fuera de la ley, como la venta sin cortapisas de productos dañinos crean puestos de trabajo y producen ingresos a ciertos empresarios y a ciertas colectividades locales. Sin embargo, la restricción de la publicidad en consonancia con el bien público, no hará que desaparezca por completo. Esta publicidad se redirigirá hacia otros soportes que no produzcan daño a la colectividad y a las personas, tal como ha sucedido en otros lugares en donde se ha legislado en el sentido apropiado. El resultado final será que, después de un período de ajuste, se mantendrán los mismos ingresos y el mismo número de empleos. Los municipios pueden encontrar fuentes de recursos alternativas al ver que sus riquezas patrimoniales, sus paisajes, sus monumentos y sus sitios son cada vez más atractivos para los visitantes y los turistas. Entendemos que otros países del área, como Costa Rica, se han adelantado y han adoptado legislación sobre esta materia que deberá aplicarse a toda el área centroamericana.

Espero que la administración del presidente Martinelli otorgue al tema la importancia que merece. Una forma concreta de enfrentar el problema es mediante la adopción de legislación, tal como ha sido probado en otros países, sobre la publicidad en vallas y letreros para reordenarla de manera más racional, en consonancia con las necesidades prioritarias de seguridad de las personas y de protección del ambiente. Creo que la denuncia de una situación negativa es necesaria, pero es mejor si va acompañada de una propuesta de solución. En consecuencia, he enviado a varias autoridades, nacionales y municipales, la documentación reunida desde hace años que pudiese servir de base a un anteproyecto de ley que regule la materia, cuya urgencia es más que evidente.

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Burica Press felicita al académico Omar Jaén Suárez por su persistencia en denunciar este cáncer que afea a nuestras ciudades y avenidas.

Burica Press

Vallas del mal gusto y la contaminación

CONTAMINACIÓN VISUAL

‘Valla’ a la peste

Pedro Altamiranda
opinion@prensa.com

La peste de las vallas. Mal endémico panamensis. Por donde vayas: “Vallas”. O como dice el polvoriento bolero: “doquiera que tu vayas…” “Vallas”.

Panamá es la gran Salsipuedes del anuncio que brinca en un pie. A ambos lados de la calle o avenida te reciben estas cruces visuales al mejor estilo del final de Espartaco.

Sacas la cabeza y te estrellas con una seductora guial que te ofrece una fragancia, o con una cerveza con su medallón apantallador, o con celulares de todo tipo que casi quintuplican, seguros, aviones, bancos y más bancos… en fin una verdadera currumbamba de productos que incluso pueden ilustrar tus noches de pesadilla publicitaria.

Cada 100 metros (medida de atletismo vehicular) ¡chas! te recibe un muppie o si lo prefieres, esa lápida publicitaria de “doble cara” que hace de la ciudad un gran cementerio Amador, ah y luego te quiña el ojo una valla horizontal y más adelante una doble horizontal, y una vertical, como quien dice para variar el paisaje, y una unipolar o ¿bipolar? Y otra de dos caras y más allá otra como mona encaramada en lo alto de un esperpéntico edificio obra de nuestros “arquichuecos” o bien recostada sobre una de sus paredes laterales y como colofón otras sobre un paso elevado, que no paso porque de paso nadie utiliza.

Y de repente se cuela una pantalla de televisión gigantesca y otra, sin contar con la gran telaraña (la de el ladrón de Bagdag es niña de pecho) de cables y yucas con que nos regalan las flamantes compañías de electrificación y telefonía. Pero, qué veo, mansa creatividad, tres ciclistas arrastrando cada uno su flamante valla y camiones–vallas o vallatrocs.

¡Machín! ¡Qué quieres que te diga, pana…! Indigestión visual, que sólo se cura cuando el Gobierno (léase Alcaldía) le apriete las tuercas a los valleros y los haga recoger su chatarra disfrazada. Pero eso, espéralo sentado.

Así, podemos afirmar con contundencia que Panamá pare más vallas que un cui, que ya es decir, ¡ahhh! … y todas, toditas con sus correspondientes permisos de colocación criminal, autenticados, refrendados, autorizados y aupados, pero es que claro, te has olvidado que vivimos en un país donde al panameño, su habitante, le encanta el plátano, y más si es funcionario público. Sí, sí, una tajadita por aquí, otra tajada por acá o tajadón y … venga la valla.

No vaya–mos muy lejos y allí está la antigua Zona del Canal. Y para muestra un botón. Tenía dos cosas maravillosas, cableado subterráneo y cero publicidad contaminante. Ah, era hermoso pasearse y disfrutar de sus predios tanto como admirar el sitio de una dama donde la espalda se le convierte en media luna. Pero vino la “vallanitis” o “vallamanía” que es meterte una valla donde ya otra no cabía para bien de la Alcaldía.

En la famosa película de don Siegel La invasión de los usurpadores de cuerpos, unas semillas venidas de otro mundo suplantan a los humanos que se duermen, deshumanizándolos. Igual ocurrirá dentro de poco aquí, cuando a falta de espacio para incrustar otro de estos godzillas urbanos hagan surgir los hombres–vallas (como en los años 10), verdaderos emparedados humanos ambulantes.

Lo peor es que la noche tampoco nos da el reparador descanso a nuestras golpeadas retinas. Allí te apaña, como retortijón, el vallón.

La encementada cinta costera, desde donde el mar no se ve ni con lente de aumento todavía goza de una virginidad monasteril, pero no tardará en perderla. Cogemos apuestas.

Lo peor es que al alcalde Valla–rino se le resbala, como que tiene el gusto debajo del talón de Aquiles y al Municipio y su bonche de ineptos por igual, por lo que seguirán fluyendo los permisos. Pero qué más da si Bern acabó con la mejor vista de la pequeña pero hermosa bahía (ya no la podemos ni Ver–n), Colamarco con el Paseo Balboa, y los cuatro jinetes del Apocalípsis (B.B.S.M.) con la zonificación de la ciudad. Esto de las vallas, viéndolo bien, es chicha de piña.

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Las más asqueroas vallas dentro de todas las vallas asquerosas están las que atiborran a la Provincia de Colón.

Burica Press

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LOS CONTRATOS OCULTOS DE COLAMARCO Y ARROCHA

La ciudad capital sitiada por vallas

08-27-2009 | JULIO ALFARO
jalfaro@laestrella.com.pa

De un día para otro llenaron la vía hacia el Puento Centenario de vallas.  Para colmo esta área es parte del Parque Nacional Camino de Cruces.
De un día para otro llenaron la vía hacia el Puento Centenario de vallas. Para colmo esta área es parte del Parque Nacional Camino de Cruces. Foto: La Estrella de Panamá

La maniobra se dio con la política en plena efervescencia

Nacional PANAMÁ. La proliferación de vallas publicitarias en puentes peatonales, y algunas áreas de la vía del puente Centenario tiene su génesis en dos decretos emitidos por la Alcaldía de Panamá, con cuatro años de diferencia y numerosas implicaciones a su alrededor.

En el año 2005, se promulgó el Decreto 1018, que declaró “áreas libres de publicidad exterior” las zonas contiguas a las vías del acceso Este del puente Centenario. El tramo señalado comprende desde el entronque con la vía que conduce al relleno sanitario de Cerro Patacón al puente Centenario, y viceversa.

La disposición, firmada por el alcalde Juan Carlos Navarro, y la secretaria general de la Alcaldía, Norberta Tejada Cano, prohibía la instalación de estructuras publicitarias “en cualquiera de sus formas” en las áreas y tramos antes mencionados.

Este decreto, además, desarrollaba lo dispuesto en el Acuerdo Municipal 72, de 26 de junio de 2000 —adoptado siendo Navarro alcalde— en cuanto a regulación sobre instalación de estructuras publicitarias en el distrito de Panamá.

El pasado 28 de abril cambiaron abruptamente las reglas de este juego.

Por estar enfrascado en la campaña electoral, como compañero de fórmula presidencial de Balbina Herrera Araúz en el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Juan Carlos Navarro pidió una licencia de su cargo, encargando al vicealcalde, Iván Arrocha Chevalier de la comuna capitalina.. y fue allí donde comenzó el verdadero cambio.

MODIFICACIÓN OCULTA

Cinco días antes de las elecciones presidenciales, Arrocha puso su firma en el Decreto 316, por el cual se derogó “en todas sus partes” la norma que Navarro había puesto en vigencia cuatro años antes.

No conforme con esto, Arrocha “agregó” algunas disposiciones, como parte del desarrollo del acuerdo de 26 de junio de 2000, admitiendo la instalación de este tipo de publicidad en servidumbres públicas, autopistas y corredores.

El alcalde encargado justificó además la derogatoria del Decreto 1018 en la necesidad de incorporar “más áreas para la explotación de la actividad de publicidad exterior”.

Añadió otras dos razones a su decisión; la primera, “descongestionar visualmente algunos sectores afectados” en la ciudad capital. La segunda, “incrementar los ingresos en concepto de impuestos”.

Otro detalle. El decreto de Arrocha sólo permite la instalación de estructuras publicitarias “tipo unipolar” (un gran anuncio sostenido por un poste que le proporciona soporte y altura) “a una distancia no menor de 500 metros entre una y otra estructura.

Un recorrido por el acceso Este del puente Centenario contradice claramente lo que expresa la disposición municipal.

Un último aspecto. Los dos decretos tienen un denominador común. La firma de Norberta Tejada Cano, secretaria general de la Alcaldía de Panamá hasta hace un par de meses. La ex funcionaria no respondió las llamadas que se le hicieron para hablar sobre el asunto.

REACCIONES

Luego de la denuncia publicada ayer por La Estrella , las reacciones ante la situación se multiplicaron.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) inició una serie de procesos legales contra las empresas que han incumplido con las leyes sobre instalación de vallas en áreas de servidumbre vial.

Por otro lado, la Alcaldía de Panamá, a través de la Dirección de Legal y Justicia está examinando el marco legal pertinente al Decreto 316. para determinar sus implicaciones.

No fue posible contactar al ex alcalde Iván Arrocha, pese a numerosos llamados que se le hicieron, e incluso, a personas que lo conocen.

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La contaminación que se ve


CÉSAR E. ESCOBAR VÁSQUEZ
cescobar@elsiglo.com

¿Cuándo se regulará el exceso de propaganda en las calles?

En ciudades latinoamericanas como Bogotá, Medellín, Santiago de Chile, Sao Paulo, recientemente, se ha prohibido el exceso de publicidad exterior, como vallas, carteles, pancartas, etc. y en otros países, han ido más lejos, como España, en donde existe una ley de protección ambiental que permite multar a las empresas que coloquen carteles que estropeen el paisaje y el entorno de un parque natural. Pero en Panamá poco es lo que se hace por evitar la contaminación visual. Con la llegada del proceso electoral, también ha proliferado la contaminación visual causada por este tipo de publicidad.

Solo hay que dar una vuelta por corregimientos como Bella Vista, San Francisco, Betania y Pueblo Nuevo para evidenciar la proliferación de este tipo de propaganda.

El arquitecto urbanista Álvaro Uribe, comentó que el problema de la contaminación visual se debe a la falta de educación que existe entre los panameños y que a pesar de que nuestro país se perfila como una de las ciudades modernas del continente, somos un poco provincianos en este tema, puesto que no le prestamos interés a nuestro entorno natural. Sin embargo, la publicidad en la calle no deja de ser una cuestión relativa, pues no existen áreas destinadas para tal fin. Pero, ¿realmente afecta al ser humano el exceso de publicidad? Según estudios científicos, el exceso de propagandas publicitarias afecta al ser humano, los mismos pueden provocar dolor de cabeza, estrés por saturación de colores y elementos o distracciones peligrosas para los conductores cuando desvían la atención para ver un cartel concreto en la carretera o sustracción de datos de interés cuando ocultan señalizaciones de tráfico o de tipo informativo. En septiembre de 2005 los alcaldes de Panamá, Arraiján y La Chorrera firmaron un acuerdo para evitar la contaminación visual sobre las autopistas, como una forma de evitar accidentes automovilísticos por causa de las vallas.

Otro de los efectos perjudiciales de estas vallas, es que ha proliferado su instalación en las barandas de los puentes peatonales, lo que ha sido aprovechado por delincuentes para cometer asaltos en estos lugares.

En el aspecto legal, la Alcaldía mantiene el acuerdo municipal No. 72 del 26 de junio, mediante el cual se encuentra reglamentado por los Decretos 1768 y 766, en el mismo se dictan normas sobre trámites, dimensiones y ciertas formalidades que deben llevar las vallas publicitarias para la obtención del permiso municipal.

En cuanto a cifras Fernando Arias, jefe de Publicidad Exterior de la Alcaldía, explicó que para el año 2008 se tramitaron 456 solicitudes para la ubicación de publicidad, de éstas se entregaron 327 permisos que cumplían con los requisitos y se rechazaron 129. También se practicaron 137 operativos donde se removieron 2,518 estructuras ilegales, se impusieron 242 citaciones a los propietarios de las vallas y de esta cifra 200 han sido sancionados con multas que van desde los 25 a 10 mil dólares.

Para el candidato independiente a la Alcaldía, Miguel Antonio Bernal, el problema de la contaminación visual, además de la contaminación auditiva, es grave. Comentó que la ciudad de Panamá requiere estar dotada de una personalidad propia y dentro de ella se deben buscar los mecanismos apropiados, previa consulta y previa educación ciudadana, para ponerle un alto a la dañina contaminación visual, comprometiéndose, a sí mismo a aplicar las normativas internacionales ya existentes en materia de anuncios publicitarios.

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Contaminación visual:
Una oportunidad para sentar un precedente

Al señor Procurador de la Administración.

Licenciado
Oscar Ceville
Procurador de la Administración

Estimado Licenciado Ceville:

Soy un padre de familia que cotidianamente lleva a su hija a la escuela, utilizando la autopista de acceso al puente Centenario. Me he ganado la vida trabajando en la profesión de biólogo y llevo 30 años dedicado a temas de educación ambiental y ecología, razones que me motivan a dirigirme a usted. De mis padres no recibí mayor herencia en dinero ni propiedades, pero sí legados invaluables que hicieron de la vida de ellos dos, de la mía – y espero que también de la de mis hijos –, una existencia bastante feliz y digna. Me refiero a valores como el respeto y el asombro ante la naturaleza.

Cada vez que hacemos ese viaje con mi hija desde Gamboa, transitamos por dos parques nacionales: el Soberanía y el Camino de Cruces. Y a pesar de ir en movilidad disfrutamos de la belleza natural ahí protegida. No es difícil observar sus cambios estaciónales, sean estos las impresionantes migraciones de rapaces en noviembre o de mariposas en agosto, o la floración simultanea de robles, guayacanes y nazarenos tras las primeras lluvias del año. Como sucede en pocas ciudades capitales, esos paisajes brindan calidad de vida a los miles de ciudadanos que transitamos diariamente. Además, y esto es muy importante señor Procurador, son una referencia: nos enseñan por comparación, cómo es una carretera libre de contaminación visual.

Un acertado decreto municipal del año 2005 declaró esta autopista libre de publicidad externa. En una ciudad tan maltratada por la contaminación visual como la nuestra, ese decreto fue una demostración lo que somos capaces de hacer, cuando queremos y cuando hay voluntad política.

Pero ahora el decreto municipal No. 316 del 28 de abril del 2009 ha derogado al anterior e inmediatamente ha autorizado la instalación de vallas unipolares cada 500 metros , negándonos a todos el derecho a una autopista –¡La única en todo el país!– sin contaminación visual. Son casi 80 enormes vallas de tipo unipolar (16×32 pies) las que esperan poder levantar.

No hay que ser abogado, señor Procurador, para escarbar un poco este asunto -comprobar fechas, aprobaciones, beneficiarios…-, y encontrar anomalías e ilegalidades escandalosas. Solo por eso habría que retirar esas vallas inmediatamente y derogar el decreto de marras. Pero ahí estamos, considerando aun si procede o no procede tolerar esa falta de respeto a todos, incluyendo a la ecología…

Como sabemos, señor Procurador, conseguir este acto de justicia que sentará un precedente en el país, solo se logrará si primero, en el marco de la demanda interpuesta contra el decreto en la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría de la Administración a su cargo da una opinión favorable ante la Alcaldía.

Por respeto a nuestros hijos, que merecen poder creer que en el país hay gente honesta, por respeto a nuestras leyes y a nuestras áreas protegidas, como ciudadano y con la debida consideración señor Procurador, yo lo emplazo a usted a no demorar más y dar pronto una opinión favorable a la revocación del decreto municipal No. 316.

Atentamente,

Jorge Luis Ventocilla
8-424-791
ventocilla.jorge@gmail.com
Septiembre 2009

09.09.2009

Ciudad de Panamá y la pesadilla del cemento!

EL MALCONTENTO

La pesadilla de cemento

Paco Gómez Nadal
paco@prensa.com

Algún día será convocado el Tribunal Internacional del Buen Gusto y los Espacios Amigables y allá, como en tiempos de brujas e iluminados, serán quemados a fuego lento –esta es una figura metafórica– los constructores y arquitectos que han convertido la ciudad de Panamá en el museo del sinsentido, la estética antiestética y el espacio privado.

No solo se ha construido de manera compulsiva, ilegal y de espaldas a un proyecto de capital que podría haber convertido a Panamá en un ejemplo en Latinoamérica, sino que no hay dos edificios que combinen, los arquitectos tienen un problema al rematar las torres y optan por ponerle cofia o copete a cuál más horripilante, y los constructores, obsesionados por el beneficio por metro cuadrado nos han convertido en la ciudad hito de la falocracia: todo hacia arriba a ver quién la tiene más… ¿alta?

Sortear todo este enjambre de torres es todo un mérito si se va a pie y encontrar espacios públicos donde sentarse a tomar el fresco –rodeado por 15 edificios de 30 plantas– o departir con vecinos o amigos es casi heroico. La ciudadanía se ha acostumbrado a este paisaje, y los anuncios de radio y televisión le insisten en que esto es “desarrollo”, “modernidad”, “como en Dubai…”.

La necesidad de espacios públicos es tan evidente que las panameñas y panameños se han lanzado a la llamada cinta costera a caminar, hacer ejercicio o festejar con cualquier excusa. El sitio no es agradable… se camina entre una vía de varios carriles con polución y ruido y una Bahía aún contaminada con algunos trocitos verdes salpicando el decorado. Pero la gente necesita de espacios públicos en una ciudad tomada por el cemento, los puentes, los elevados en medio del caos, los camiones de las constructoras y locales de lujo que se creen con el derecho de considerar la vía pública como su estacionamiento privado.

Toca una reflexión. El domingo, en este periódico, el urbanista Arturo Samper ponía los puntos sobre las íes y llamaba a los adefesios urbanísticos como lo que son: “fallas” que repiten los errores que otros países ahora están revirtiendo.

Hemos escuchado de muchos de nuestros políticos que el anhelo es ser primer mundo pero parece que cuando viajan no miran (o debe ser que en los hoteles de cinco estrellas en los que se alojan no se percibe la realidad). En muchos de esos lugares, y en muchas de las capitales de Latinoamérica, ya no se ven torres de cables eléctricos en la ciudad, el ordenamiento urbano se cumple, no hay casi ningún elevado que afee la ciudad y empeore la calidad de vida de sus ciudadanos, se está apostando por el transporte público e incluso por la peatonalización de las áreas céntricas y los parques son las nuevas catedrales de nuestra era.

He hecho referencia a las palabras de Samper porque, a veces, se hace más caso al experto extranjero que a las voces locales. La Alianza Pro Ciudad y otras organizaciones de la sociedad civil lanzan permanentes alarmas sobre los desastres urbanísticos que se han cometido y se van a seguir cometiendo en la capital. El fin de Bellavista, la muerte inducida de San Francisco, el complejo entramado de San Miguelito, los atentados contra el Patrimonio en San Felipe o en Panamá La Vieja… todo se ha dicho y todo se ha ignorado.

El nuevo Gobierno no va por un camino diferente al terrible derrotero que tomó el anterior. La continuación de la cinta costera hasta Casco Viejo es tan peligrosa como tratar de abrir una guayaba con un martillo sin hacer estragos; el metro es un proyecto tan fastuoso como inviable –el famoso ejemplo de Santo Domingo es para reírse con un par de líneas que no sirven para mejorar la vida de los ciudadanos sino para “sentirse” primermundista–, y en Vía Argentina, antes de ordenar el caos vehicular actual se plantea una obra innecesaria y pedante al servicio del ego del arquitecto del reino, financiada con el Prodec.

Es hora de que los ciudadanos nos paremos ante estos despropósitos. La ciudad que construimos es la que nos devuelve violencia, estridencia y malestar… La ciudad que podemos construir aún debe ser a escala humana, respetuosa con el concepto de lo público, sin más rellenos ni pegotes, sin más torres que solo sirven para lavar plata o para enriquecer a unos pocos. Es hora de parar la locura del cemento antes de que nos parezcamos al monstruo que comenzamos a ser.

Cinta costera es una falla urbanística

ENTREVISTA

Un urbanismo lleno de fallas

Un consultor del BID da una mirada al desarrollo urbano del distrito capital. Cuestiona algunos proyectos públicos.

PROYECCIÓN. Arturo Samper diseñó el primer ‘Plan de espacio público’ de Bogotá, Colombia. CORTESÍA/Arturo Samper
Perfil
TRAYECTORIA.

Arquitecto, diseñador y planificador urbano. Arturo Samper obtuvo su título de arquitecto en la Universidad de los Andes, en Bogotá.

Adquirió una maestría en planeación urbana y una maestría en arquitectura con especialización en diseño urbano de la Universidad de Pennsylvania en Philadelphia.

Desde 2006 asesora al Gobierno panameño en materia de urbanismo y en el programa nacional de administración de tierras.

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Arturo Samper, un colombiano naturalizado canadiense, ha asesorado a las autoridades gubernamentales panameñas en materia de urbanismo en los últimos tres años, como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo.

Desde Estados Unidos nos ofrece, por correo electrónico, sus perspectivas de la ciudad de Panamá, en las que considera la cinta costera como una falla urbanística, los buses articulados como una mejor opción de transporte para la ciudad capital –en vez del metro– y aboga por una transformación del Ministerio de Vivienda. La propuesta está en la Asamblea Nacional.

La ciudad de Panamá ha experimentado un desarrollo urbano en los últimos años. Se han dado cambios de zonificación que la ciudadanía ha salido a cuestionar. ¿Qué piensa usted de todo esto?

Según datos de la Junta de Planificación de Panamá, parecería que son muy pocos los cambios de zonificación que esta ha aprobado desde que se constituyó en 2006.

Por lo tanto, muchos de los grandes edificios que hoy se ven, están sobre propiedades que ya tenían un uso del suelo y densidad.

Lo que sí es claro, sin embargo, es que el código de zonificación que se aplica es vetusto. Fue concebido en una época en la que “alta densidad” era lo que reflejaba una edificación de 12 pisos (Vía Argentina, Vía Brasil, por ejemplo) y no las torres de 60 pisos de hoy.

Por esto, lo que la ciudad de Panamá necesita es un nuevo código de zonificación.

Según su experiencia internacional, ¿cuáles son las fallas en cuanto a diseño urbano de la ciudad de Panamá?

Personalmente veo la cinta costera como una falla, pues cuando la mayoría de las ciudades del mundo están desmontando sus autopistas del borde del mar para reclamar el espacio exclusivamente para el peatón, Panamá está instalándola.

También veo las concesiones de playa y/o fondo de mar como una gran falla, pues representan la toma del espacio y patrimonio colectivo para el beneficio directo de unos pocos, es decir, los que pueden pagar.

Me disculparán algunos, pero siempre he visto el hotel Miramar más bien como el “Mírame” o el “Solo yo miro”.

La ciudad de Panamá (Arraiján y San Miguelito incluidas) lo que tiene es un potencial impresionante: tres aeropuertos, las instalaciones de las antiguas bases, el Canal, los parques Metropolitano y Soberanía, los conjuntos históricos, Ancón, los corredores turísticos de Amador, y su geografía. Estos son hitos a partir de los cuales se puede construir o reconstruir una ciudad de impresionante valor urbanístico. El reto, para mí, está en tres frentes: primero, en estructurar operaciones urbanas y rurales de escala (en vez de ir predio a predio), analizando en cada caso la manera en que los promotores asuman muchos más costos sociales y de infraestructura que los que actualmente asumen.

¿Qué cosas se pueden rescatar del urbanismo panameño?

La ciudad de Panamá tiene su propia historia y carácter, y es sobre ellas que se debe construir. Vea los ejemplos de La Exposición, o los barrios de los años 50, ó los conjuntos de la antigua Zona del Canal. Con estos ejemplos basta para tomar referencias y darles continuidad sobre el espacio urbano, el medio ambiente y la arquitectura. Una calle, como la Vía Argentina o la Vía Brasil, es motivo de orgullo en cualquier ciudad del mundo. Desafortunadamente, muchos de los proyectos de hoy están orientados al mercado de consumo externo. Por eso, hay que buscar promotores, proyectos y proyectistas que piensen más en el mercado interno.

¿Qué piensa sobre las políticas de ordenamiento territorial de Panamá?

Las políticas de ordenamiento territorial de Panamá están muy bien expresadas en diversas leyes, entre las que se destacan la Ley 21 de 1997, la Ley General del Ambiente (Ley 41 de 1998), la Ley de Cuencas (Ley 44 de 2002), la Ley 6 de 2006, la Ley 44 de 2006, y los decretos ejecutivos 283 de 2006, 209 de 2006 y 23 de 2007, entre otros.

En su conjunto, bien podría decirse que estos documentos cubren las principales áreas de actuación de los distintos actores, a través de cuya acción se transforma y por consiguiente se ordena o reordena el territorio.

Por esto, creo que el reto hacia el futuro está más en el marco institucional para el ordenamiento territorial, que en las políticas que definen el tema.

¿Cuáles son las nuevas tendencias en materia urbanística para construir una ciudad más justa?

La principal respuesta a esta compleja pregunta está en el artículo 3 de la Ley 6 de 2006, que señala que el desarrollo territorial se hará garantizando la propiedad privada, pero también haciendo cumplir la función social y ecológica de esta. Debe prevalecer del interés general sobre el particular, así como el reparto equitativo de cargas y beneficios.

Añadiría que entre los asuntos más urgentes está poner en marcha un programa sólido de formación humana en estos temas del desarrollo, con el fin de lograr ordenamiento e institucionalidad para la gestión territorial.

Hay que controlar las operaciones liberales en el mercado de las tierras y en el inmobiliario para permitir un desarrollo más equitativo, y esto solo se logrará con la formación de mentes jóvenes en estos temas.

Tiemblan las torres ilegales de San Francisco

futuro incierto para condominios en construcción

Mivi se burló de zonificación en San Francisco

Los edificios en construcción en el corregimiento de San Francisco están bajo la lupa, luego de que la Corte Suprema calificara una norma que dictó Balbina Herrera en el 2005, cuando era ministra de Vivienda, como ilegal.

La Resolución No. 235-2005 del Mivi eliminó las restricciones a la altura de las edificaciones y el 35% de espacio requerido para áreas verdes.

De esta medida se aprovecharon varios promotores, que levantaron rascacielos en fincas donde antes solo se permitían edificios de 15 pisos. El equipo legal del ministro Carlos Duboy evalúa el alcance del fallo de la Corte.

fallo reivindica a vecinos por cambio inconsulto de zonificaciones

La Corte pone a temblar las torres de San Francisco

La Sala III anuló una decisión de Balbina Herrera, que dejó ‘al arbitrio’ de los promotores la altura de los edificios.

DESAFÍO. En la Vía Cincuentenario, hay varios rascacielos. La norma dice que la altura permitida es de hasta 15 pisos, incluyendo los de estacionamientos. LA PRENSA/Noriel Gutiérrez

Mónica Palm
mpalm@prensa.com

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia acaba de poner en jaque a varios condominios en construcción en San Francisco.

Hace una semana, los magistrados de la Sala III, Víctor Benavides (ponente), Jacinto Cárdenas (suplente de Winston Spadafora) e Hipólito Gill (suplente de Adán Arjona), declararon nula por ilegal una decisión del Ministerio de Vivienda (Mivi) que modificó los parámetros a las normas de zonificación y eliminó el 35% requerido para áreas verdes en el mencionado corregimiento.

Hasta entonces, la altura para las fincas con zonificación de uso de suelo RM (residencial de mediana densidad) y RM1 (residencial de alta densidad) era de hasta seis y 15 plantas, respectivamente, incluyendo las losas de estacionamientos.

Esas condiciones fueron establecidas en la Resolución No. 112 de 2003, que firmó el entonces ministro de Vivienda, Miguel Batista. Del mismo modo, se establecieron límites a la altura de las zonificaciones MCU1, MCU2 y MCU3 (mixto comercial urbano de baja, mediana y alta densidad), dependiendo de la línea de construcción.

El ordenamiento fue aplicado en todo el territorio de San Francisco, exceptuando los sectores de Boca La Caja y San Sebastián.

Pero estas limitaciones no durarían mucho tiempo.

De un plumazo

El 31 de agosto de 2005, apenas un año después de haber sido designada ministra de Vivienda, Balbina Herrera dictó la Resolución No. 235-2005, que eliminó casi todas las restricciones contenidas en la resolución de 2003.

De un plumazo y sin consultar, Herrera decidió que la altura de las edificaciones sería determinada “según la densidad” de cada finca.

Así, donde antes solo se permitía un edificio de 15 altos, de pronto se alzó una torre de hasta 60 pisos. La altura quedó “al arbitrio” de los promotores.

La decisión de Herrera tuvo mayor alcance en la Vía Cincuentenario, donde casi todos las fincas son RM1. A lo largo de ese tramo, actualmente se levantan siete rascacielos: Moon Tower, Sorrento del Mar, Vision, Puntarenas, Icon (ya casi listo), Bahía del Golf y Náutica.

Una medida inconsulta

Semejante permisividad no fue del agrado de los vecinos.

Organizados en la Asociación de Residentes de la Urbanización Altos del Golf, Loma Alegre y áreas aledañas, el grupo presentó una demanda de nulidad en contra de la Resolución No. 235, que fue admitida por la Sala III el 28 de mayo de 2008.

Los quejosos alegan que la actuación de Herrera violó la Ley 6 de 2002 (“Ley de Transparencia”), ya que jamás convocó a un foro público para consultar a los afectados. El criterio fue compartido por la Procuraduría de la Administración, que también pidió anular el acto. En su fallo, la Sala III consideró que hubo “irregularidades” en las actuaciones de las autoridades del Mivi.

El abogado de los residentes opinó que todo proyecto que se encuentre en movimiento de tierra, colocación de pilotes, fundaciones o construcción de losas de estacionamiento, tendrá que ajustarse a las limitaciones contenidas en la resolución de 2003.

No quedó claro qué pasará con los edificios que ya van por el piso 16 o por encima de éste.

El ministro de vivienda actual, Carlos Duboy, informó que los proyectos en construcción serán revisados, “para ver si cumplen con las normas vigentes”.