En pie de guerra conflicto en la Reserva de la Biósfera

Bocas del Toro –BURICA PRESS, 6 de febrero de 2008.

REPORTAJE

EN PIE DE GUERRA CONFLICTO EN LA RESERVA DE LA BIÓSFERA

Organizaciones ambientales denunciaron que los actos de persecución, hostigamiento y violación de las garantías fundamentales de los indígenas de la etnia Ngobe no han cesado desde la semana de navidad del 2007 hasta la fecha, en las áreas afectadas por el inicio de obras del proyecto hidroeléctrico Changuinola 1 (Conocido como Chan 75). Esta represa forma parte de un conjunto de seis represas planteadas en el Bosque Protector de Palo y Reserva de la Biósfera. Tres de estas represas incluyendo la Chan 75 son promovidas por AES Corporation a través de una filial local recién creada denominada AES Changuinola.

Las asociaciones denunciantes, la Asociación para la Conservación de la Biósfera y el Movimiento por la Defensa de los Territorios en el área insular de Bocas del Toro, han denominado como escalada de violencia en territorio indígena de Bocas del Toro y violación a los derechos fundamentales, los hechos que ocurren en el sitio de construcción, operación y actividades de la represa propuesta Chan 75 y que amenaza en desplazarlos a la fuerza a otros sectores del Bosque Protector de Palo Seco. «Le comunicamos a la opinión pública que las órdenes dadas por las autoridades provinciales de Bocas del Toro para permitir el uso de fuerza policial en la comunidad Ngobe de Charco La Pava el día 3 de enero ha creado una escalada de violencia en un conflicto que hasta el momento había sido pacífico”.

Representantes indígenas de las comunidades Ngobe de Charco la Pava, Valle del Rey, Guayabal, Changuinola Arriba, Lazo de Santa Fe y Nance de Riscó en el Bosque Protector de Palo Seco, afectadas por el proyecto hidroeléctrico Chan-75, realizaron a finales del año 2007, un campamento de protesta pacífica, deteniendo el avance de las maquinarias en el punto de sitio de presa de la Chan 75, y la de hacer oír su voz para pedir la atención del gobierno central ante todos estos abusos y despojos. Esta acto provocó que fuerzas policiales antimotines llegaran al área para despejar el área y continuar los trabajos en el área.

Los denunciantes en el comunicado indican que los Ngöbes tienen meses de estar presentando denuncias y peticiones formales al gobierno nacional, incluyendo una carta al Presidente de la República en octubre de 2007, donde informaban que estaban siendo atropellados por las autoridades locales y AES Panamá, y que nunca se les había consultado ni informado apropiadamente sobre este mega-proyecto hidroeléctrico que los obligaba a ser reubicados y perder sus mejores tierras agrícolas y formas de vida.

Indican los demandantes que las comunidades han denunciado de manera permanente y civilizada a través de numerosas cartas y conversaciones con la ANAM, la Empresa AES Changuinola, la Alcaldesa de Changuinola y con la Defensoría del Pueblo todas las irregularidades ocurridas, como reubicaciones ilegales, la falta de indemnización de cultivos destruidos, amenazas, y acuerdos forzados. El caso más destacado ha sido el de la Señora Isabel Becker, una mujer Ngobe viuda y analfabeta, quien por meses fue objeto de acoso tras haber sido obligada a poner su huella digital en un contrato privado en el cual cedía sin saberlo, sus tierras que constituían su patrimonio familiar a la empresa AES Changuinola.

Casas Ngbes destruidas

Charco La Pava en el camino de AES. Foto: Cortesía.

La realidad actual es que el gobierno nacional ha permitido el inicio de la construcción de la represa que reubicará a más de mil trescientas personas, aguas arriba y aguas debajo del sitio presa Chan 75, no sólo sin pedir el consentimiento de la población, sino también sin tener garantizado un nuevo hogar para las personas afectadas, violando así el artículo 127 de la Constitución relativo a las tierras colectivas.

Argumentan que “todo lo anterior sucede debido a la ausencia de un plan de reubicación tal y como lo establecen las normas nacionales e internacionales al respecto, las cuales están orientadas a salvaguardar los derechos humanos, a la preservación de la cultura, modo de vida y tradiciones de estos pueblos indígenas”. Aseveran que la falta de este instrumento ha provocado la violación a los derechos humanos y sus garantías constitucionales hasta el día de hoy (6 de febrero de 2008) que viven sitiados en las comunidades de Nance de Riscó, Lazo y Charco La Pava.

Igualmente denuncian que la policía que está siendo subvencionada por la empresa AES para poder mantenerse en el área para que reprima y le impida a los indígenas ejercer sus libertades ciudadanas como libertad de reunión, de desplazamiento, entre otros. Por ello solicitaron que estos hechos graves deben ser castigados con firmeza a las autoridades estatales quienes resulten responsables de permitir tales abusos.

Ariel Rodríguez, ecologista nacional, indicó a Burica Press que ellos están preocupados porque no se están respetando las garantías constitucionales y legales de las poblaciones indígenas de la Cuenca del Río Changuinola, no sólo de los Ngöbes en la cuenca media del Río Changuinola, sino también de los Nasos en la subcuenca del Teribe. Ante esta situación ellos están listos para denunciar ante el Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo todos estos abusos y que deslinden las responsabilidades sobre la represión policial que se dio en Charco de La Pava, examinando la legalidad de las actuaciones de la Alcaldesa de Changuinola, Virginia Abrego, y del Sub-Comisionado de la Policía Nacional, José Manuel Ríos. La Fiscalia I de Changuinola con las denuncias interpuestas debe realizar pruebas periciales, evaluando los daños físicos y emocionales que se le produjeron a las personas que fueron maltratadas y perseguidas durante aquellos días.

Por su parte la abogada Susana Serracín, que apoya desde Panamá a un consorcio internacional de abogados defensores de derechos humanos interesados en darle seguimiento internacional a este caso, ha exhortado al gobierno nacional que detenga las obras que violentan el ordenamiento jurídico de las áreas protegidas y los legítimos derechos humanos de los indígenas asentados en la región. Indicó que en una democracia ningún proyecto puede justificar la eliminación del Estado de Derecho, valiéndose de artimañas y subterfugios legales que avalan o pretenden legitimar el grave daño ambiental, social y cultural en áreas protegidas y comunidades indígenas que son patrimonio nacional e internacional. Agregó además que es totalmente incongruente y fuera de toda lógica que las autoridades argumenten, que se trata de proyectos de interés público y social, pues es evidente que el móvil de estos negocios antepone la conveniencia individual y particular frente al interés colectivo.

Por su parte Ezequiel Miranda, de la Asociación para la Conservación de la Biosfera, indicó que solicita la salida inmediata de todas las fuerzas policiales que acosan a los indígenas de Charco La Pava y Nance de Riscó, área de la Reserva de la Biosfera La Amistad. “Los policías deben salir de la Reserva y las áreas indígenas”. “Nosotros defenderemos con firmeza la Reserva de la Biosfera de todas estas fuerzas económicas intrusas y egoístas que desean nuestras aguas puras que emanan del PILA con el pretexto de energía que no nos hace falta”, acotó Miranda.

Denuncia ante Procuradora de la Nación por violación a los derechos humanos en Bocas del Toro

A continuación copiamos integralmente la nota recibida por la organización ACD donde denuncia nuevos hechos de violencia que atenta contra los derechos humanos de indígenas Ngobes en el Río Changuinola, Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá.

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES DE INDÍGENAS POR EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO DE AES CHANGUINOLA EN BOCAS DEL TORO, PANAMÁ DENUNCIA PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL  

Panamá, 11 de enero de 2007

 

Licenciada

Ana Matilde Gómez

Procuradora General de la Nación

 

Estimada Señora Procuradora:

 

Con el derecho que me asiste la constitución y las leyes panameñas recurro a usted con tal de ponerla en conocimiento de la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas que habitan el Bosque Protector de Palo Seco, cuenca media del Río Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, República de Panamá.

 

Le insto a indagar y profundizar lo que no puedo hacer al detalle en una misiva como esta.  Insto a que la Procuraduría General de la Nación a investigar por qué en Bocas del Toro, en el área mencionada se está permitiendo la violación a los derechos humanos de los indígenas Ngöbes y el asalto a un área protegida que ninguna ley autoriza a ser explotada in situ de esta manera.  Lo que se está cometiendo allí es crimen ecológico y arqueológico y una clara violación a los derechos humanos.

 

La información previa de los hechos acaecidos en el área antes del 9 de enero de 2008 debe ser recopilada cuanto antes por la Procuraduría, ya que el daño que le están haciendo a estas personas y la naturaleza van tan rápida y son tan complejas que no es fácil orientarle con este breve escrito y se necesita de las fuentes primarias. Le instamos a mandar personal que no sea del área para que haga de la manera más científica el levantamiento de la información de lo que ha sucedido.

 

Desde el día 9 de enero de 2008 unas 25 unidades policiales han ingresado junto con la compañía constructora CCW, contratista de AES Changuinola, a Charco La Pava y Valle del Rey en el Río Changuinola, área protegida del Bosque Protector de Palo y área con asentamientos indígenas previos a que estas áreas fueran declaradas áreas protegidas y concesionadas para desarrollos hidroeléctricos.

 

Hoy 11 de enero de 2008, ha ingresado otro grupo de policías armados a la zona y no sabemos con certeza qué está sucediendo en esas comunidades.  Lo que nos hace temer la integridad física y la vida de los indígenas y lugareños que están siendo desplazados a la fuerza por la empresa AES Changuinola, quien en complicidad con la Autoridad Nacional del Ambiente, la Gobernación de Bocas del Toro, la Alcaldía de Changuinola y el Corregidor de Vallé Riscó ha engañado de manera inaudita a estos humildes ciudadanos de mil formas distintas, aprovechándose de su circunstancia de poco dominio del idioma español y de manejo de documentación.

 

Militarizar un área para lograr ejecutar a la fuerza un proyecto de construcción en áreas indígenas y áreas protegidas indica que el Estado de Derecho se ha perdido e impera el estado de facto.  La empresa no ha cumplido cabalmente ninguno de los requisitos que le permitirían ingresar al área.  Si está encontrando resistencia es justo porque no ha logrado hacer ningún acuerdo serio y auditable que le garantice derechos y mejor estado de vida de las personas que tendrían que ser desplazadas.  Los abusos a la ley administrativa y la ley penal por parte de esta empresa han sido muchos, dos de las cuales reposan en dos fiscalías (Fiscalía V y XII) de la institución que usted dirige.

 

Someter a la fuerza a indígenas y tomarse sus tierras sin su autorización o consentimiento libre e informado con fuerzas policías armadas y maquinarias de equipo pesado es una violación flagrante a los derechos humanos de estos ciudadanos.  Todas las convenciones internacionales indican que los pueblos indígenas no se puede negociar de manera independiente persona por persona y mucho menos sin la presencia de un abogado imparcial.

 

Ante esta situación, responsabilizamos de la integridad física y la vida y de la violación de los derechos humanos de los indígenas Ngöbes del valle medio del Río Changuinola, específicamente las comunidades de Changuinola Arriba, Valle del Rey, Lazo, Charco La Pava, Nance de Riscó y otras comunidades adicionales aguas arriba y aguas debajo del ilegal proyecto hidroeléctrico Chan 75 a las siguientes personas y autoridades por comisión y por omisión:

 

  1. Ricardo Vargas, Defensor del Pueblo.  Sus acciones han sido nulas y tenues y no ha impedido que el Estado Panameño le viole los derechos humanos y constitucionales a los indígenas del área del Río Changuinola.  Esta entidad ha sido reiteradamente retroalimentada de todos los abusos y a nivel de la sede central han sido ignorados y en este momento, la integridad física de muchas personas están en riesgo por la escalada de inconformidad y confrontación que se tiene el área y puede desencadenar hechos peligrosos.
  2. Ligia Castro, Administradora General del Ambiente, por dar concesiones ilegales en áreas protegidas que destruye la biodiversidad del área y desconoce los derechos territoriales indígenas de la zona.  No ha detenido la obra a pesar que la Empresa AES Changuinola ha violado desde el principio de manera reiterada todas las disposiciones legales que le han impuesto.
  3. Esther Mena de Chiú, Gobernadora de Bocas del Toro. Por ponerse como autoridad al servicio de una empresa privada (AES Changuinola) para permitir que la fuerza policial del Estado a su cargo disuada, encarcele y persiga a los humildes ciudadanos Ngöbes residentes en el área, que defienden sus tierras de dicha empresa. En la Fiscalía de Changuinola reposan copias de las denuncias de los apresados de manera ilegal, a los cuales se le abusaron sus derechos y garantías.  Las fuerzas policiales del Estado utilizaron camiones, insumos y helicópteros de la Empresa AES Changuinola para facilitar el apresamiento de los ciudadanos Ngöbes que defienden sus tierras.
  4. Virginia Ábrego Salinas, Alcaldesa de Changuinola, por poner las fuerzas del orden público del Estado a nivel de distrito de Changuinola para perseguir, disuadir y encarcelar a los humildes ciudadanos Ngöbes residentes en el área, que defienden sus tierras.  En la Fiscalía de Changuinola reposan copias de las denuncias de los apresados de manera ilegal, a los cuales se le abusaron sus derechos y garantías. Las fuerzas policiales del Estado utilizaron camiones, insumos y helicópteros de la Empresa AES Changuinola para facilitar el apresamiento de los ciudadanos Ngöbes que defienden sus tierras.
  5. Nelson Ábrego, Corregidor de Valle Riscó por ser cómplice del uso ilegal de la fuerza policial del Estado panameño.  El permitió in situ el uso excesivo de la fuerza o el abuso de autoridad en las aprehensiones realizadas la primera semana del año 2008 en Charco La Pava y Valle del Rey. Las personas fueron agredidas por la policía de manera violenta, golpearon y esposaron a mujeres con niños en brazos.  Permitió además que las fuerzas policiales aprehendieran y golpearan a varios niños.  Dos niños los dejaron abandonados en el sector de Almirante y resto de los adultos y niños aprehendidos fueron trasladados a Cuartel de Changuinola. Permitió que policías civiles ingresaran previo y después de los actos a las comunidades buscando casa por casa a supuestos dirigentes, en un acto típico de intimidación, abuso de autoridad y extralimitación de funciones.
  6. José Manuel Ríos, SubComisionado de la Policía Nacional de Changuinola, por permitió in situ el uso excesivo de la fuerza o el abuso de autoridad en las aprehensiones realizadas la primera semana del año 2008 en Charco La Pava y Valle del Rey. Las personas fueron agredidas por la policía de manera violenta, golpearon y esposaron a mujeres con niños en brazos.  Permitió además que las fuerzas policiales aprehendieran y golpearan a varios niños.  Dos niños los dejaron abandonados en el sector de Almirante y resto de los adultos y niños aprehendidos fueron trasladados a Cuartel de Changuinola. Permitió que policías civiles ingresaran previo y después de los actos a las comunidades buscando casa por casa a supuestos dirigentes, en un acto típico de intimidación, abuso de autoridad y extralimitación de funciones.  Estando los aprehendidos en el cuartel, no les dio alimentos, ni comida y los intimidaba, además permitió que fuerza policiales se burlaran de los indígenas aprehendidos.  Igualmente permitió que en las aprehensiones en campo, los empleados de AES Changuinola y sus contratistas coordinaran acciones de aprehensión y se burlaran de los aprehendidos.

 

Acusamos a los señores Benavides Morales, Martín Samudio y Rodolfo Ayarza de la empresa AES Changuinola de estar instigando a la violencia, ya que se han enfrentado verbalmente a los indígenas e incluso los han amenazado de no descansar hasta ver a todos los dirigentes encarcelados, ya que según ellos, los indígenas le están entorpeciendo su trabajo.  La policía no ha actuado en contra de estos señores y los ha protegido.

 

Si me he tomado la molestia de hacer esta denuncia, es porque, nos sentimos intermediarios entre los Ngöbes que se les dificulta mucho hacer este tipo de denuncias, por ser vulnerables justamente y porque conocemos como organización no gubernamental, previo a la llegada de este proyecto hidroeléctrico al área el Bosque Protector de Palo Seco, que es parte integral de la Reserva de la Biosfera la Amistad y hemos visto cómo un proyecto de este tipo puede destruir una serie de comunidades y áreas prístinas que son patrimonio nacional y patrimonio de la humanidad y pareciera que eso a nadie le importa en Panamá!

 

Muchas gracias por atender esta misiva y denuncia.

 

Juntos hacemos patria.

 

Atentamente,

 

Ariel Rodríguez Vargas

Céd. 4-237-244

Secretario de Asuntos Ambientales

Alianza para la Conservación y el Desarrollo

República de Panamá

Telefax: 223-9170

Correo: acdpanama@gmail.com

El tigre en la turbina publicado en revista mexicana:Historia Naso y una hidroeléctrica

Burica Press, Panamá, 12 de diciembre de 2007.

Acaba de ser publicada la versión final en español del artículo “El tigre en la turbina” de Jason jaques Paiement en la revista mexicana de antropología social Desacatos No.25. Septiembre – diciembre 2007, pp.117-144, editada por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) México, D.F. Esta publicación puede ser obtenida en archivo digital pdf en el sitio: URL: http://www.ciesas.edu.mx/Desacatos/Ini.html.

La publicación El tigre en la turbina – Poder y energía en el territorio naso de Panamá se trata de una historia entre un proyecto hidroeléctrico y un pueblo indígena en defensa de su territorio y su cultura.

El resumen del artículo indica que en el año 2005 se propusieron tres grandes proyectos de desarrollo y conservación para reordenar el territorio naso de Bocas del Toro en Panamá. Este artículo presenta un análisis de los conflictos relacionados con las diversas representaciones sociales, culturales y ambientales desarrolladas en torno a estas tres propuestas con el fin de evaluar la equidad de la distribución de sus impactos.

Se enfatiza la necesidad de realizar análisis más sofisticados y de ser más escépticos con respecto a las justificaciones brindadas por las autoridades tradicionales, las agencias gubernamentales y las empresas privadas involucradas en proyectos de desarrollo y conservación de los recursos naturales en áreas indígenas.

Panamá: empresas eléctricas invaden áreas protegidas y tierras indígenas

Panamá

Empresas eléctricas invaden áreas protegidas y tierras indígenas

Se trata de la historia de una infamia hacia dos pueblos indígenas y la sociedad panameña en general y la corrupción instaurada en relación a la construcción de represas en el Río Changuinola, Bosque Protector de Palo Seco, en la Provincia de Bocas del Toro, República de Panamá.

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Burica Press, Panamá. 8 de diciembre de 2007

Privatizaciones y proyectos de generación eléctrica

En el año 2005, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), autorizó la construcción de tres represas hidroeléctricas en la cuenca del río Changuinola Provincia de Bocas del Toro a la empresa Hydroteribe (posteriormente adquirida por AES, una compañía norteamericana basada en Virginia). Los tres proyectos hidroeléctricos se designan con los nombres Chan 75, Chan 140 y Chan 220, respectivamente, que producirían en conjunto aproximadamente 411 megavatios. La empresa AES Corporation de Norteamérica tiene varias filiales en Panamá. La primera es AES Panamá que administra varias hidroeléctricas ya establecidas en el país, como la de Bayano en la Provincia de Panamá y Estrella-Los Valles en la Provincia de Chiriquí , luego de comprar al gobierno 49% de las acciones durante los procesos de privatización ocurridos a mediados de los años 90’s. También AES Panamá es dueña de la hidroeléctrica Estí en Chiriquí. Por su parte la nueva filial, AES Changuinola es la encargada de construir los proyectos hidroeléctricos en Bocas del Toro en el occidente de Panamá.

Cabe mencionar que con la privatización, la industria energética se divide en tres partes: generación, transmisión y distribución. Las empresas privadas pueden generar y distribuir energía, la transmisión sigue siendo responsabilidad del Estado.

La propuesta original es de 3 hidroeléctricas, y se tienen 3 concesiones otorgadas con sus 3 estudios de impacto ambiental aprobados. Sin embargo, se ha dado un cambio en el diseño del segundo proyecto, Chan 140, que mueve el sitio de presa aguas arriba del sitio original. De manera no oficial se habla de que ahora no serán tres represas, sino dos más grandes, pero no hay ningún documento que lo confirme. Según la Resolución DIEORA IA-127-06, para compensar la pérdida de generación, ANAM y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos autorizaron a AES a elevar la altura de la presa de Chan 75 de 152 a 165 msnm, lo que inundaría 250 Ha adicionales para la construcción el proyecto Chan 75.

El proyecto Chan 75 es el primer proyecto de construcción de una represa hidroeléctrica de mayor magnitud que realiza una empresa privada de principio a fin. La última represa de esta escala construida en el país, Estí, fue iniciada por el gobierno, quien realizó estudios y negociaciones con las comunidades afectadas. Al darse la privatización AES solo terminó la labor. Lo que suceda ahora con el proyecto Chan 75 sentará las bases para lo que ocurra con los próximos proyectos.

Más de cien proyectos hidroeléctricos propuestos

Para junio de 2007, 16 concesiones hidroeléctricas han sido otorgadas y aprobadas, 78 están en diferentes etapas del proceso de concesión y 13 concesiones están todavía disponibles. En total, el país intenta desarrollar 107 proyectos hidroeléctricos. Los proyectos de mayor magnitud ya existentes en Panamá son: Estí (ubicada en Guanaca, Chiriquí, Río Chiriquí), Bayano (ubicada en Chepo, Río Bayano), Estrella-Los Valles (ubicada en Chiriquí, Río Caldera), Fortuna (ubicada en Chiriquí, Río Chiriquí), Madden (ubicada en Panamá, Río Chagres), Gatún (ubicada en Panamá, Río Chagres).

Los proyectos hidroeléctricos se asientan sobre áreas protegidas

La cuenca baja y media del Río Changuinola donde se construirá las represas está localizada en el Bosque Protector Palo Seco (BPPS), un área contigua al Parque Internacional La Amistad, que es una zona protegida que pertenece a la Reserva de la Biosfera de La Amistad reconocida por la Oficina del Hombre y la Biósfera de la UNESCO) y al Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño. El Parque Internacional La Amistad es un Sitio de Patrimonio de la Humanidad, declarada por la UNESCO. Al final en la desembocadura del Río Changuinola se encuentra otra área protegida de connotación internacional: El Humedal Internacional Ramsar San San Pond Sak. Todo el área forma parte de un gran conjunto ecosistémico que va desde este humedal en el Caribe hasta las Lagunas de Volcán en las laderas del Volcán Barú en el sector Pacífico.

Situación de las poblaciones afectadas por la construcción de la represas

Cuando el Bosque Protector Palo Seco fue creado en 1983, la población Ngäbe ya residía en la zona como lo atestigua el hecho de que la agricultura de subsistencia de los moradores fuera contemplada en el primer Plan de Manejo del Parque. La creación del BPPS se hizo sin la participación activa de las comunidades indígenas residentes en el área, y su formación ha complicado el reconocimiento del derecho colectivo del pueblo Ngäbe de este territorio.

La construcción de las represas se estima que afectará a cerca de 3,500 personas pertenecientes a la etnia Ngobe, uno de los pueblos indígenas de Panamá. Existe una controversia acerca del número real de las personas que resultarán afectadas por los tres proyectos. La empresa AES, por ejemplo, sostiene que se trata de no más de 2,000 personas, mientras que representantes de las poblaciones afectadas los estiman en 4,000. La cifra de 3,500 ha sido estimada por grupos ecologistas que trabajan en el área, en base a un estudio socio-económico hecho el año pasado, donde los pobladores hicieron un censo. La diferencia en números es, en parte, resultado del hecho que la empresa AES no cuenta a la población de Nance del Riscó y Bajo la Esperanza (ubicadas a pie de represa propuesta), ni tampoco a Valle de Riscó, Nudobiti y Soledad de Riscó, como afectadas. Nosotros consideramos que deberían ser incluidas.

El principal efecto directo para las comunidades Ngobe asentadas en el territorio donde se construirán las represas es el desplazamiento debido a que con la construcción quedarán inundadas más de 3,000 hectáreas de terreno, especialmente bosques riberinos y áreas de cultivos tradicionales. Según la «Actualización Ambiental del Proyecto Chan-75 (Cota de 152 msnm a la cota 165 msnm)» elaborado para AES Changuinola por Consultores Ecológicos Panameños, S.A. (CEPSA) en noviembre de 2006 y aprobado por ANAM mediante la resolución DIEORA IA-127-06, en la actualidad el área del embalse del primer proyecto, Chan 75, es de aproxidamente 1,394.75 hectáreas. El diseño original que era más pequeño hablaba de un embalse de 1,145.23 hectáreas.

Los habitantes Ngöbe asentados en el territorio provienen de migraciones en los años 60’s, en su mayoría provenientes de lo que ahora es la Comarca Ngobe Bugle. En Panamá, la legislación reconoce ciertos derechos a los pueblos indígenas que viven en territorios denominados comarcas. El estatus de los pueblos indígenas que viven en territorios no comarcales no esta claramente definido en la legislación nacional. En el caso de la Comarca Ngobe-Bugle, se presume que estos habitantes de pueblos indígenas viven en tierras «anexas» a la Comarca pero los límites y las prerrogativas de este estatus no están claramente definidos. La ley No. 10 de 1997 que crea la comarca Ngobe-Bugle habla de las áreas anexas y su status. Pero, quien queda incluido o no, es todavía debatido. Recientemente ha salido a la luz un documento firmado por la Dirección Nacional de Política Indigenista de Ministerio de Gobierno y Justicia que dice que el área de las hidroeléctricas no está bajo la jurisdicción de la comarca. Este documento se hizo al momento que se evaluaba dar la concesión de un globo de terreno del Bosque Protector Palo Seco a AES Changuinola, como en efecto ocurrió. Si no es área anexa, el área tiene el mismo estatus que cualquier corregimiento del país, sin ninguna protección especial de zona indígena. En los próximos meses, se espera que el Programa Nacional de Administración de Tierras del Banco Mundial empiece la delimitación de las áreas anexas en la Provincia de Bocas del Toro.

Los habitantes de la etnia Ngobe que se han asentado en la cuenca del río Changuinola no han reclamado posesión legal sobre dichos terrenos debido a diferentes factores: tradición cultural de tierras colectivas, desconocimiento de los procesos legales y/o falta de recursos económicos para regularizar la posesión de tierra. También los pobladores han comentado que la solicitud de aquellos que buscaron derechos posesorios y titulación fue rechazada porque las tierras estaban en área protegida de la Reserva Forestal o Bosque Protector de Palo Seco y por lo tanto no podían ser tituladas.

Irregularidades ocurridas durante la ejecución de los proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Changuinola

La Autoridad Nacional del Ambiente por disposición de la Ley 41 General de Ambiente de 1998, exigió a la empresa concesionaria la realización de un Estudio de Impacto Ambiental como requisito previo a la autorización de la concesión. Según la opinión de ambientalistas tanto nacionales como internacionales el estudio de impacto ambiental adolece de tres defectos principales: a) no fue recopilada información arqueológica requerida por la oficina de Patrimonio Histórico; b) la línea base para el cálculo de los efectos ecológicos de la construcción de las represas presentaron anomalías, por ejemplo no se analizaron adecuadamente los efectos de la construcción de las represas sobre las especies de peces que constituyen una base para la alimentación de los habitantes del lugar y que como consecuencia de la construcción de las represas están amenazados de extinguirse debido a que son especies que periódicamente migran desde el río hacia el mar y viceversa; y c) según la legislación interna (Decreto Ejecutivo No. 209 del 5 de septiembre del 2006), como parte del estudio de impacto ambiental se requiere la realización de foros públicos en los que participe la población que se verá afectada. Estos foros se realizaron en la Ciudad de Almirante, distantes hasta 1 día de las comunidades, muchas personas no pudieron asistir y a los asistentes solo se les informó sobre los proyectos, pero no fueron consultados sobre su posición con relación a dichos proyectos.

A pesar que ANAM condicionó la iniciación de los trabajos de construcción de la represa Chan 75 a que la empresa presentara un nuevo estudio ecológico, un estudio arqueológico y un proyecto o estudio socioeconómico y sobre reubicación de las poblaciones afectadas, los trabajos de construcción de la represa Chan 75 se iniciaron a mediados del 2007. Los efectos de la construcción de obras preliminares, como tramos de carreteras y campamentos, ya se están visualizando en la erosión de los terrenos, la devastación de vegetación y la contaminación del río Changuinola, debido a la sedimentación, así como en la destrucción del tejido social y violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas afectadas.

A pesar de que no se ha aprobado un plan de reasentamiento oficial o consensuado de las poblaciones afectadas, la empresa concesionaria ha procedido a concluir acuerdos con algunos de los habitantes a través de los cuales éstos han aceptado ser reubicados. Uno de los casos de mayor impacto en este contexto, es el de una mujer Ngobe, monolingüe en su idioma indígena Ngobere, que alega que fue presionada para firmar un contrato redactado en español y por el que cedía la propiedad de su tierra ubicada en el sitio de presa de Chan 75 y cedía su forma tradicional de vida, ya que fue trasladada a un suburbio semiurbano. Además, los habitantes han expresado su descontento, porque las negociaciones se han hecho de manera individual y no de manera colectiva, como lo contemplan sus usos y costumbres de tierras colectivas. Adicionalmente, no han existido criterios claramente definidos para las indemnizaciones de los terrenos y mejoras, ya que el proceso de «negociación» se ha basado en la presentación de propuestas por los afectados. Esto no garantiza una indemnización justa y equitativa según señala el artículo 10 de la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas recientemente aprobado en la ONU.

Habitantes de las áreas que quedarán inundadas denuncian asimismo que la construcción de las represas no representan ningún tipo de beneficio para ellos.

Representantes de las comunidades afectadas han denunciado estos hecho ante la Autoridad Nacional del Ambiente, la Gobernación, la Defensoría del Pueblo y otros, sin que hayan recibido aparentemente ninguna respuesta. En junio de 2007, las comunidades, junto a otros pueblos indígenas, escribieron una nota a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando que dicha Comisión realizara una visita in-loco al lugar. Tampoco se conoce el resultado de esta gestión.

A pesar de que el EIA del 2005 que aprobaba la construcción de la hidroeléctrica incluía los caminos de acceso al sitio de presa, en el 2007 la empresa presenta un nuevo EIA para esta carretera. La diferencia es que el nuevo EIA se hizo con categoría I, la más baja posible, utilizada usualmente en zonas urbanas donde la construcción no causa cambios significativos. Al ser un EIA categoría I, la empresa y consultora no se vieron obligados por ley a realizar foro público, ni a medir, ni proponer medidas de mitigación de los fuertes impactos ambientales que genera este obras en espacios rurales bien conservados, por lo que las familias indígenas de la zona y los ecologistas no tuvieron oportunidad de opinar sobre la obra, su legalidad y sus efectos ambientales.

Recursos legales interpuestos

Denuncias Administrativas ante la ANAM: en agosto de este año, la organización denominada Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) interpone una denuncia administrativa por el inicio ilegal de obras antes de haber terminado los estudios pendientes que establecía la resolución que aprobaba el EIA del 2005. Ese mismo mes las comunidades denuncian la reubicación de personas dentro del Bosque Protector Palo Seco, lo cual estaba prohibido en el artículo 38 de esta misma resolución. Semanas después la ANAM realiza una nueva resolución cambiando este artículo y permitiendo la reubicación dentro de esta zona. Evidente corrupción del proceso y de las leyes que instauraron la reserva!

También se le realizó una denuncia penal ante la Policía Técnica Judicial en contra de funcionarios de ANAM que se han prestado a permitir en contra de la ley la sub-categorización del EIA (aprobado) de la carretera que llega al sitio de presa Chan 75, lo cual esta penalizado como delito ambiental. Esta denuncia se interpuso además contra AES Changuinola y la Consultora que se prestó a realizar esta violación a la ley penal.

Recientemente la Asociación de Derecho Ambiental (ADA) interpuso otra denuncia penal por la falsificación de información relacionada a los estudios arqueológicos hechos en el área de la carretera. Estos expedientes fueron unidos en un solo caso.

Igualmente ACD ha realizado dos denuncias ante la Defensoría del Pueblo: por violación de derechos humanos en el caso de la Sra. Isabel Becker. La Defensoría parece tener las manos atadas para actuar libremente en estos claros hechos de violación de los derechos humanos de personas que no tienen medios para defenderse por sí mismos.

Se espera que prontamente varias organizaciones interpongan recursos de nulidad ante la Corte Suprema y Amparos de Garantías Constitucionales por la violaciones e irregularidades realizadas en la concesión de un globo de terreno de 6 mil hectáreas a AES Changuinola sin la aprobación de las comunidades indígenas residentes dentro del área concedida.

Igualmente se alista una batería de denuncias por corrupción para todos los funcionarios del Estado que se han prestado por comisión u omisión en actos que atentan contra los valores colectivos de toda la sociedad panameña y que están tipificados como formas de corrupción, ya que han burlado sistemáticamente el debido proceso y están concediendo áreas protegidas, áreas indígenas y aguas con procedimientos al margen de la transparencia y aprovechándose de la posibilidad que la impunidad sea su mejor aliado.

Tema de las amenazas y coerciones

La población ha manifestado lo siguiente sobre la empresa:

– Que la empresa les informó que ellos no tienen derechos sobre las tierras, por ser del Bosque Protector Palo Seco, y que si no aceptan sus condiciones el Estado los sacaría forzosamente sin reconocerles nada.

– Que varias familias aceptaron pagos por indemnización de cultivos destruidos para trazar la trocha que marcaba la cota del embalse. La empresa AES les comunicó que ya a partir de ese momento no podían utilizar las tierras que estaban por debajo de la trocha, como si les hubieran vendido sus tierras.

– Que a ellos nos les convenía interponer denuncias al Estado porque si intervenía ellos saldrían obteniendo menos dinero.

– Que no les importaba negociar con las personas que estaban arriba del sitio de presa, porque ellos tendrían que salir del área de todas maneras al subir las aguas para la creación del embalse.

El caso de la señora Isabel Becker, que por ser dueña del área del sitio de presa Chan 75, estuvo bajo presión, acoso y coersión constante para que cediera sus tierras a la Empresa AES. En enero del 2007, mucho antes de que existiera siquiera un plan de reasentamiento como era lo legal, ya la empresa había firmado un contrato con esta señora donde ella otorgaba sus tierras. El problema está en que ella, mujer analfabeta que no habla español, nunca entendió el contrato, el cual firmó luego de haber pasado más de 10 horas contra su voluntad en la oficina de la empresa en la ciudad de Panamá. A pesar de que el método utilizado para la firma del contrato lo invalidaba, a partir de ese entonces hubo visitas constantes para hacerla salir de sus tierras hasta el punto que la familia de la señora se quejó con el corregidor para que les diera una orden de restricción contra miembros de la empresa. Esta orden nunca se otorgó. Es particularmente llamativo el hecho ocurrido el 21 de julio, con la participación de la Alcandía de Changuinola. Ese día maquinaria de la empresa entraron en el terreno de la Sra. Isabel, amenazando que se tenía que derrumbar la casa. Ante esto, la Sra. Isabel que se encontraba enferma se desmaya. La alcaldía se ofrece a sacarla de su hogar y llevarla al médico. Sin embargo, al terminar la cita médica, no la regresan a su comunidad, sino que la instalaron de facto en «su nueva casa» en los suburbios de Changuinola. La Sra. Isabel pasó la noche pidiendo que la dejaran regresar. Finalmente, luego de meses de presión, el 19 de octubre la empresa logra que la señora firme un segundo acuerdo por su finca, y el 25 de octubre, una semana después, unos 15 miembros armados de la policía acompañan a la maquinaria que tumbó su casa y la llevaron a un nuevo lugar. Los residentes de la comunidad no sabían bien a donde la llevaron y se quejaron de que no la dejaron recoger sus pertenencias.

Casa destruida de Isabel Becker en Proyecto Hidroeléctrico de AES Corporation

Foto: ACD. Ruinas de la casa de Isabel Becker, la cual fue trasladada de facto, desde este ambiente eminentemente rural a un suburbio en Changuinola.

Un caso relacionado es el de la familia de la Sra. Isabel Becker que ha sido reubicada temporalmente en viviendas unifamiliares en el suburbio de Changuinola. Ellos tienen quejas constantes sobre el acceso a agua limpia. Además, estas familias han quedado en un estado de completo desarraigo y anomia.

Existen múltiples quejas de los habitantes del área que está comprendida entre Almirante y el sitio de presa Chan 75 sobre los abusos de la empresa, en especial la negociación de las indemnizaciones y la afectación de cabeceras de ríos y quebradas. Hay que recordar que ninguna de las personas de estas áreas es considerada como afectada por la empresa. En varios de estos casos, existe la participación de intermediarios que negocian el alquiler y la venta de los terrenos y viviendas.

En junio del 2006, las comunidades tenían planeado realizar una convocatoria para discutir los problemas que estaban observando con la hidroeléctrica. El día anterior de la reunión miembros de la Policía Nacional cerraron todas las vías de acceso al lugar donde se daría el evento, procediendo a revisar a las personas que entraban al área. Durante ese operativo también comenzó la persecución de alguno de los dirigentes indígenas. La denuncia de este hecho fue presentada ante la Defensoría del Pueblo. Nunca quedó claro quién envió la orden de detención de los dirigentes, ni del bloqueo de la comunidad. En octubre siguiente, también se dio un incidente que todavía no ha sido esclarecido en el que unidades de la Policía Nacional siguieron al Sr. Félix Sánchez, dirigente indígena Naso hasta la comunidad de Bajo Culubre. Sobre este caso, existe un expediente relacionado que esta bajo investigación en la Policía Técnica Judicial sobre la muerte de un Pavón (Crax rubra), que fue cazado por una de las unidades policiales cuando regresaba de esta diligencia.

En territorio Naso no escampa

Si en territorio Ngobe de Changuinola llueve en el área Naso no escampa. Empresas Públicas de Medellín en contubernio con todas las autoridades locales y nacionales se plantea colocar de facto en mero corazón del territorio Naso Teribe una hidroeléctrica sobre la Quebrada Bonyic.

Batallones de policías acosan a los Nasos y los han apresado en más de una ocasión por que ellos no permiten la entrada de maquinarias y equipo pesado a su territorio. La lucha que libran cívicamente es difícil y los actos que cometen contra ellos son tan crueles como los del área Ngobe, ambos grupos residentes en el Bosque Protector de Palo Seco.

La urgencia y demanda energética no existe

Continuará…

Fotos

AES Corporation Panama

Foto: ACD. Equipo pesado en el Bosque Protector de Palo Seco, el Río Changuinola y el territorio Ngobe.

Foto: ACD. Bosque Protector de Palo Seco, Área de la Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá. En este sitio se pretende hacer la primera de cinco represas propuestas en la cuenca Río Changuinola. Haga click en la foto para ver más fotos.

El BCIE financiará hidroeléctrica en territorio indígena panameño y reserva nacional

Anuncian 52,1 millones de dólares para hidroeléctrica en Panamá

 
 
     
 
La hidroeléctrica será integrada en el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC)». Foto/Archivo

Tegucigalpa, (EFE).- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció hoy que junto a una corporación privada de EE.UU. financiarán con 52,1 millones de dólares un proyecto hidroeléctrico que una empresa colombiana construirá en Panamá.

Un comunicado del BCIE indicó que con la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura S.A. (CIFI) «tienen el mandato de arreglar un préstamo de hasta 52,1 millones de dólares para Hidroecológica del Teribe S.A. para financiar su proyecto hidroeléctrico HydroBonyic de 31,3 megavatios en la provincia de Bocas del Toro en Panamá».

La CIFI, con sede en Washington, es una institución privada orientada a la financiación de proyectos de infraestructura y energía en Latinoamérica y el Caribe.

El BCIE indicó que el dueño del proyecto es Empresas Públicas de Medellín (EPM), una de las compañías eléctricas más grande de Colombia, país que es uno de los socios extrarregionales del ente centroamericano.

También destacó que HydroBonyic «es el primer proyecto de la EPM fuera de Colombia» y que proveerá beneficios adicionales a la región centroamericana «por ser integrado en el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC)».

El SIEPAC es un proyecto de interconexión que se extenderá desde Guatemala hasta Colombia para crear un mercado regional de energía eléctrica a un coste de 320 millones de dólares, que es financiado por los países miembros y organismos financieros internacionales.

El BCIE, que no dio más detalles de la operación financiera con la CIFI, tiene su sede en Tegucigalpa y, además de los países centroamericanos como miembros, sus socios extrarregionales son Argentina, Colombia, México, Taiwán y España. EFE