Indígenas…ahora ‘invasores’ en su propia tierra

CONCESIONES.

Indígenas… ahora ‘invasores’

Susana A. Serracín Lezcano

Recientemente el Órgano Ejecutivo hizo pública su decisión de no crear más comarcas indígenas y que la opción que se les estará dando a los indígenas es la de la figura de «tierras colectivas». Las comunidades que esperan la opción de las tierras colectivas son el pueblo bri-bri y naso-tjërdi, en Bocas del Toro; emberá (Alto Bayano, Panamá); wounnan (Chimán, Panamá); kuna de Takarkunyala (Darién). (La Prensa, «Está lista la ley de tierras colectivas», marzo 4 de 2008).

¿A qué obedece esa decisión y sobre qué base de consulta democrática ha sido tomada? La dinámica actual de la presente administración, es la de correr viento en popa, con violencia si es preciso, para dar en concesión nuestros más valiosos recursos a las compañías del mercado eléctrico y minero mediante todo tipo de concesión, regalías y privilegios de explotación abusiva; avalando una serie de violencias y complicidades, en donde primero se otorgan concesiones a empresas sobre los territorios indígenas sin haber demarcado previamente las comarcas; donde primero se destruyen las fincas y luego se le dice al indígena «pase por la empresa a recoger unos reales»; donde primero se los reubica de forma irregular y en ocasiones violenta, sin contar con su consentimiento libre, previo e informado y donde se concesionan las áreas protegidas para ejecutar proyectos incongruentes con los fines de conservación que destruyen bosques, ríos, manglares, generando la extinción de la flora y fauna, perjudicando la conectividad ecológica.

La reacción ante tanta injusticia social son las constantes protestas de indígenas y campesinos a lo largo y ancho de nuestro país, como la más reciente en Plaza Catedral, conmemorando el 14 de marzo «Día Internacional contra las Represas», en la cual cientos de indígenas panameños durmiendo en el piso, bajo la intemperie y sorteando todo tipo de obstáculos, entonaron canciones de paz, justicia y libertad, alzando su voz con un llamado alto y claro ante la faz mundial y particularmente al presidente Martín Torrijos, manifestando su firme rechazo y resistencia frente al desarrollo depredador y excluyente.

La situación se ha tornado insostenible, ya que desde hace meses los indígenas son hostigados, perseguidos y privados de las tierras que históricamente han ocupado para darle paso expedito, raudo y veloz a toda una serie de proyectos hidroeléctricos, promovidos por compañías privadas con el aval de la Anam, la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) y autoridades locales, en ausencia de una política energética ampliamente debatida y consensuada de cara a la sociedad y sin cumplir con las normas jurídicas pertinentes.

Tanto desacierto frente al ambiente, las áreas protegidas y los derechos de las comunidades indígenas, está provocando una serie de injusticias sociales y violaciones a sus derechos humanos y garantías fundamentales. Los indígenas están siendo expulsados y considerados como «invasores» de sus tierras ancestrales, obligándolos a intervenir y migrar hacia el bosque protector Palo Seco sin mayores controles ambientales o a las ciudades, abandonados a su suerte, donde se les recrudecen los problemas sociales, dando al traste con su cultura, espiritualidad, costumbres, tradiciones y formas de vida.

El hecho de que el Ejecutivo tome decisiones peligrosamente centralizadas y producto de acciones coyunturales y desarticuladas, al aprobar una Ley de Tierras Colectivas sin haber sido discutida de forma transparente, constriñe la iniciativa individual, la organización social y la creatividad de nuestros pueblos. Con ello se demuestra una vez más, la indiferencia del Estado panameño frente a los instrumentos jurídicos internacionales de defensa de los derechos humanos, el ambiente y la cultura.

En todo estado de derecho, la participación ciudadana y los procesos democráticos favorecen la confianza en la toma de decisiones y los revisten de legitimidad, de manera que se genere el instrumento jurídico adecuado, que promueva formas de ahorro y de generación de energía limpia, sin menoscabar los derechos de las comunidades indígenas vulnerables, comprometiendo a los principales actores del desarrollo en su observación y cumplimiento mediante mecanismos legales, políticos, financieros y comunitarios.

La autora es abogada ambientalista

La Prensa 18 de marzo de 2008.

Militarización del territorio Ngobe para imponer «hidros» de AES

MILITARIZACION DEL TERRITORIO NGOBE PARA FORZAR LA CONSTRUCCION DE LA HIDROELECTRICA CHANGUINOLA I (CHAN 75) EN PANAMA

Changuinola –BURICA PRESS, 12 de febrero de 2008

Desde el pasado 3 de enero, el Sub-Comisionado José Manuel Ríos de la Policía Nacional ha ordenado la ocupación forzosa del Territorio Ngobe del Corregimiento de Valle de Riscó en la Provincia de Bocas del Toro, Reserva de la Biosfera de La Amistad, con la finalidad de permitir la construcción de la hidroeléctrica Changuinola I (Chan 75), propiedad de la estadounidense Corporación AES. Esta operación ha involucrado numerosas violaciones a los derechos humanos, incluyendo la persecución de dirigentes; el maltrato y arresto ilegal de mujeres, menores de edad y adultos mayores; la violación a las libertades de transito y de asociación de los moradores del área; y la destrucción masiva de los cultivos de subsistencia de varias familias indígenas de Nance de Riscó, Charco de La Pava y Valle del Rey. Todos estos abusos han sido cometidos con la anuencia y participación de personal de AES y de la empresa de capital danés Changuinola Civil Works (E. Pihl & Son y MT Hojgaard).

Ante la creciente militarización de las comunidades Ngobe del Rió Changuinola, los afectados han presentado quejas ante la Defensoria del Pueblo y ante la Dirección de Responsabilidad Profesional (DRP) de la Policía Nacional, sin que todavía hayan recibido ninguna respuesta. Además, el pasado 21 de diciembre también interpusieron un amparo de garantías constitucionales en la Corte Suprema de Justicia, el cual todavía no ha sido resuelto por la máxima entidad de justicia del país. A pesar de todos estos esfuerzos, las arbitrariedades y abusos de la Policía Nacional, bajo el mando del Sub-Comisionado Ríos, han continuado en aumento. Según el dirigente comunitario, Ernesto López, quien fuera perseguido por la Policía Nacional en el mes de enero, «nuestras comunidades se encuentran en un estado de sitio».

La eliminación de cultivos de subsistencia; el control del ingreso a las comunidades indígenas y la instalación de un campamento permanente de la Policía Nacional entre Nance de Risco y Charco de La Pava son evidencias indiscutibles de que el Gobierno de Martín Torrijos ha optado por realizar un reasentamiento involuntario de la población Ngobe de la Reserva de la Biosfera de La Amistad, contraviniendo de esta manera lo establecido en el articulo 10 de la Declaración Universal de los Derechos Indígenas, que indica que «los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras y territorios». Según Osvaldo Jordán de la Alianza para la Conservacion y el Desarrollo (ACD), «nunca antes se había dado algo así en la historia de nuestro país. El Gobierno de Martín Torrijos pasara a la historia como el que mayores abusos ha cometido en contra de la población indigena». Como ironía del destino, de acuerdo a una publicación de la antropóloga Francois Guionneau Sinclair, en 1964 el jefe regional de la Guardia Nacional y padre del actual presidente, Omar Torrijos Herrera, prefirió dialogar y buscar una resolución pacifica al levantamiento general de la población Ngobe en la Provincia de Chiriqui. Al parecer, ni el Sub-Comisionado José Manuel Ríos ni el Presidente de la República han aprendido nada de esta lección histórica.

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THE MILITARIZATION OF THE NGOBE TERRITORY IN ORDER TO CONSTRUCT THE HYDROELECTRIC DAM CHANGUINOLA 75 (CHAN 75) IN PANAMA

BURICA PRESS, Feb., 12, 2008

Even since January 3, 2008, the Sub-Commissioner of the Nacional Police, José Manuel Ríos, has ordered the forced occupation of the Ngobe Territory in the areas surrounding the town Valle de Riscó in the Bocas del Toro province, part of the annex of the international Biosphere Reserve La Amistad, in order to make concession for the construction of the hydroelectric dam Changuinola I (Cha 75), which pertains to the US American entity AES Corporation. This forced occupation has incurred a growing number of human rights violations, including but not limited to the persecution of community leaders; the mistreatment and illegal arrest of women, minors (including infants-in-arms), and adults; the obstruction of the liberty of transit and the freedom of assembly of the inhabitants; and the large-scale destruction of the cultivation of subsistence farming of a number of families in the towns of Nance de Riscó, Charco de La Pava and Valle del Rey. Such abuses have been commited with the full consent and participation of certain employees of both AES Corporation and the Danish investment company Changuinola Civil Works (E. Pihl & Son and MT Hojgaard).

To confront this growing militarization of the Ngobe communities along the Changuinola river, the affected persons have presented complaints to the Public Defense (Defensoria del Pueblo) as well as the Department of Professional Responsibility (DRP) of the National Police. However, these complaints have elicited no response from either entity. More urgently, the Supreme Court of Justice of Panama has yet to take action on the injunction of constitutional guarantees filed by the concerned persons on December 21, 2007. Despite the efforts of the affected communities, the number of irregularities and abuses executed by the National Police under the orders of Sub-Commissioner Ríos has continued to rise. According to community leader Ernesto López, who suffered harassment from the National Police in the month of January 2008, «our communities are under siege.»

The destruction of subsistence crops, the patrolling of the entrance and exit of persons to and from these indigenous communities, and the installation of a permanent National Police station between Nance de Risco and Charco de la Pava are undeniable proofs of the shortcomings of the current administration of Panama. It is clear that the administration of Martín Torrijos has chosen a policy of involuntary relocation of the Ngobe population of the international Biosphere Reserve La Amistad, in such a way violating Article 10 of the International Declaration of Indigenous Rights, which states that «indigenous peoples will not be forcefully displaced from their lands and territories.» According to Osvaldo Jordán of the Alliance for Conservation and Development (ACD), «There has never been anything like this in the history of our country. Martín Torrijos’s government will go down in history as the administration which committed the most shocking abuses against Panama’s indigenous population.» Ironically, according to a publication of anthropologist Francois Guionneau Sinclair, in 1964 Panama’s regional chief of the National Guard (and father of Martín Torrijos) Omar Torrijos Herrera, chose a path of dialogue and peaceful resolution to the general uprising of the Ngobe peoples in the province of Chiriqui. Apparently, neither Sub-Commissioner José Manuel Ríos nor the President of the Republic have learned anything from this critical lesson in Panama’s history.

 

En pie de guerra conflicto en la Reserva de la Biósfera

Bocas del Toro –BURICA PRESS, 6 de febrero de 2008.

REPORTAJE

EN PIE DE GUERRA CONFLICTO EN LA RESERVA DE LA BIÓSFERA

Organizaciones ambientales denunciaron que los actos de persecución, hostigamiento y violación de las garantías fundamentales de los indígenas de la etnia Ngobe no han cesado desde la semana de navidad del 2007 hasta la fecha, en las áreas afectadas por el inicio de obras del proyecto hidroeléctrico Changuinola 1 (Conocido como Chan 75). Esta represa forma parte de un conjunto de seis represas planteadas en el Bosque Protector de Palo y Reserva de la Biósfera. Tres de estas represas incluyendo la Chan 75 son promovidas por AES Corporation a través de una filial local recién creada denominada AES Changuinola.

Las asociaciones denunciantes, la Asociación para la Conservación de la Biósfera y el Movimiento por la Defensa de los Territorios en el área insular de Bocas del Toro, han denominado como escalada de violencia en territorio indígena de Bocas del Toro y violación a los derechos fundamentales, los hechos que ocurren en el sitio de construcción, operación y actividades de la represa propuesta Chan 75 y que amenaza en desplazarlos a la fuerza a otros sectores del Bosque Protector de Palo Seco. «Le comunicamos a la opinión pública que las órdenes dadas por las autoridades provinciales de Bocas del Toro para permitir el uso de fuerza policial en la comunidad Ngobe de Charco La Pava el día 3 de enero ha creado una escalada de violencia en un conflicto que hasta el momento había sido pacífico”.

Representantes indígenas de las comunidades Ngobe de Charco la Pava, Valle del Rey, Guayabal, Changuinola Arriba, Lazo de Santa Fe y Nance de Riscó en el Bosque Protector de Palo Seco, afectadas por el proyecto hidroeléctrico Chan-75, realizaron a finales del año 2007, un campamento de protesta pacífica, deteniendo el avance de las maquinarias en el punto de sitio de presa de la Chan 75, y la de hacer oír su voz para pedir la atención del gobierno central ante todos estos abusos y despojos. Esta acto provocó que fuerzas policiales antimotines llegaran al área para despejar el área y continuar los trabajos en el área.

Los denunciantes en el comunicado indican que los Ngöbes tienen meses de estar presentando denuncias y peticiones formales al gobierno nacional, incluyendo una carta al Presidente de la República en octubre de 2007, donde informaban que estaban siendo atropellados por las autoridades locales y AES Panamá, y que nunca se les había consultado ni informado apropiadamente sobre este mega-proyecto hidroeléctrico que los obligaba a ser reubicados y perder sus mejores tierras agrícolas y formas de vida.

Indican los demandantes que las comunidades han denunciado de manera permanente y civilizada a través de numerosas cartas y conversaciones con la ANAM, la Empresa AES Changuinola, la Alcaldesa de Changuinola y con la Defensoría del Pueblo todas las irregularidades ocurridas, como reubicaciones ilegales, la falta de indemnización de cultivos destruidos, amenazas, y acuerdos forzados. El caso más destacado ha sido el de la Señora Isabel Becker, una mujer Ngobe viuda y analfabeta, quien por meses fue objeto de acoso tras haber sido obligada a poner su huella digital en un contrato privado en el cual cedía sin saberlo, sus tierras que constituían su patrimonio familiar a la empresa AES Changuinola.

Casas Ngbes destruidas

Charco La Pava en el camino de AES. Foto: Cortesía.

La realidad actual es que el gobierno nacional ha permitido el inicio de la construcción de la represa que reubicará a más de mil trescientas personas, aguas arriba y aguas debajo del sitio presa Chan 75, no sólo sin pedir el consentimiento de la población, sino también sin tener garantizado un nuevo hogar para las personas afectadas, violando así el artículo 127 de la Constitución relativo a las tierras colectivas.

Argumentan que “todo lo anterior sucede debido a la ausencia de un plan de reubicación tal y como lo establecen las normas nacionales e internacionales al respecto, las cuales están orientadas a salvaguardar los derechos humanos, a la preservación de la cultura, modo de vida y tradiciones de estos pueblos indígenas”. Aseveran que la falta de este instrumento ha provocado la violación a los derechos humanos y sus garantías constitucionales hasta el día de hoy (6 de febrero de 2008) que viven sitiados en las comunidades de Nance de Riscó, Lazo y Charco La Pava.

Igualmente denuncian que la policía que está siendo subvencionada por la empresa AES para poder mantenerse en el área para que reprima y le impida a los indígenas ejercer sus libertades ciudadanas como libertad de reunión, de desplazamiento, entre otros. Por ello solicitaron que estos hechos graves deben ser castigados con firmeza a las autoridades estatales quienes resulten responsables de permitir tales abusos.

Ariel Rodríguez, ecologista nacional, indicó a Burica Press que ellos están preocupados porque no se están respetando las garantías constitucionales y legales de las poblaciones indígenas de la Cuenca del Río Changuinola, no sólo de los Ngöbes en la cuenca media del Río Changuinola, sino también de los Nasos en la subcuenca del Teribe. Ante esta situación ellos están listos para denunciar ante el Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo todos estos abusos y que deslinden las responsabilidades sobre la represión policial que se dio en Charco de La Pava, examinando la legalidad de las actuaciones de la Alcaldesa de Changuinola, Virginia Abrego, y del Sub-Comisionado de la Policía Nacional, José Manuel Ríos. La Fiscalia I de Changuinola con las denuncias interpuestas debe realizar pruebas periciales, evaluando los daños físicos y emocionales que se le produjeron a las personas que fueron maltratadas y perseguidas durante aquellos días.

Por su parte la abogada Susana Serracín, que apoya desde Panamá a un consorcio internacional de abogados defensores de derechos humanos interesados en darle seguimiento internacional a este caso, ha exhortado al gobierno nacional que detenga las obras que violentan el ordenamiento jurídico de las áreas protegidas y los legítimos derechos humanos de los indígenas asentados en la región. Indicó que en una democracia ningún proyecto puede justificar la eliminación del Estado de Derecho, valiéndose de artimañas y subterfugios legales que avalan o pretenden legitimar el grave daño ambiental, social y cultural en áreas protegidas y comunidades indígenas que son patrimonio nacional e internacional. Agregó además que es totalmente incongruente y fuera de toda lógica que las autoridades argumenten, que se trata de proyectos de interés público y social, pues es evidente que el móvil de estos negocios antepone la conveniencia individual y particular frente al interés colectivo.

Por su parte Ezequiel Miranda, de la Asociación para la Conservación de la Biosfera, indicó que solicita la salida inmediata de todas las fuerzas policiales que acosan a los indígenas de Charco La Pava y Nance de Riscó, área de la Reserva de la Biosfera La Amistad. “Los policías deben salir de la Reserva y las áreas indígenas”. “Nosotros defenderemos con firmeza la Reserva de la Biosfera de todas estas fuerzas económicas intrusas y egoístas que desean nuestras aguas puras que emanan del PILA con el pretexto de energía que no nos hace falta”, acotó Miranda.

Rechazan proyectos hidroeléctricos en Bocas del Toro

Rechazan proyectos hidroeléctricos en Bocas del Toro

Burica Press| buricapress@gmail.com

Susana Serracín, Directora Legal de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) desestimó los argumentos esgrimidos por Venancio Caballero, Presidente de la Cámara de Comercio, Agropecuaria e Industrial de Bocas del Toro (CCAIBT), ya que el llamado que él hace a las comunidades indígenas de esta región para que no se dejen confundir por grupos ambientalistas que se oponen a la construcción de los proyectos hidroeléctricos AES Changuinola y Bonyic en el Teribe, es una muestra de la desesperación que tienen estos especuladores energéticos que ahora contratan y usan ventrílocuos locales para avalar crímenes ambientales y violaciones a los derechos humanos. Esta es una triste historia de corrupción organizada a los más altos niveles para lograr innobles propósitos y ante este escenario recurriremos a las instancias legales que tengamos que ir para detener este exabrupto ambiental, recalcó la abogada Serracín.

Félix Sánchez dirigente Naso Teribe, indicó que estas declaraciones desafortunadas responden a intereses creados propios de la organización que representa Venancio Caballero, que nos intentan subestimar «como si nosotros los indígenas no fuéramos capaces de discernir el bien del mal y de vivir en carne propia el abuso del gobierno, que sin nuestro consentimiento ha concesionado nuestras tierras y ríos en el Bosque Protector de Palo Seco y área de la Comarca Naso en el Teribe y áreas ngobes en el Río Changuinola. No estan robando todo y destruyendo nuestras formas tradicionales de vida, que de lejos son mejor que la de un asalariado que vive en las áreas bananeras cuyos niños mendigan en las calles desde que sale el sol.

Reserva de la Biósfera La Amistad Panama Amenazada

Bosque Protector Palo Seco y áreas anexas de la Comarca Ngobe con destrucción ambiental significativa por el inicio de camino de acceso a proyectos hidroeléctricos.

Los grupos ambientales de Bocas del Toro, Chiriquí y más de 40 organizaciones de todo el país, incluyendo grupos internacionales han alertado del crimen ecológico que pretende AES Panama (AES Changuinola) en la Reserva de la Biósfera La Amistad y Bosque Protector de Palo Seco con proyectos hidroeléctricos de interés privado y de alto impacto ambiental, que erradicaría del Parque Internacional La Amistad, gran parte de la biota acuática migratoria aguas arriba y aguas abajo de los varios sitios de represas planteados.

Igualmente se han activado grupos en el extranjero para denunciar la violación al Sitio de Patrimonio Mundial y a la violación flagrante a los derechos humanos de los pueblos indígenas que están siendo desplazados a la fuerza por estas compañías multinacionales y con el beneplácito del gobierno panameño, dirigido por Martín Torrijos, hijo del ex-dictador panameño, Omar Torrijos Herrera.

Según los promotores de las hidroeléctricas con las hidroeléctricas Chan 1, que construye la empresa estadounidense AES Changuinola en la comunidad de Charco La Pava, y Bonyic de la Hidrológica del Teribe S.A, «se generarán más de cuatro mil empleos en Bocas del Toro y se evitarán los racionamientos o apagones en los próximos años». Al respecto lo refutó el Dr. Osvaldo Jordán, Secretario de Asuntos Internacionales de ACD quien indicó que Panamá tiene un superávit de energía, tanto es así que con estos proyectos todo este excedente se tendría que exportar y esto es un negocio muy sucio cuando con ello asaltan las áreas protegidas y pisotean los derechos y cultura indígena asentadas en esos magníficos lugares , patrimonio natural de todos los panameños. «Es un crimen ambiental y étnico lo que el gobierno promueve en Bocas del Toro y deben ser detenidos» puntualizó el Dr. Jordán.

Félix Sánchez desestimó que José Staff, presidente de AGROSOBO (Agrupación Ambientalista para el Desarrollo Sostenible), sea ambientalista, ni tampoco representa a más de 45 organizaciones ambientalistas de Bocas del Toro, como pretendió hacer ver en la conferencia de prensa patrocinada por la Cámara de Comercio de Bocas del Toro. «Todas esas organizaciones son ficticias» acotó Sánchez.

Pareciera que la «mano negra» de políticos locales financiados por las empresas interesadas del área, están auspiciando a estos grupos minoritarios de personas que se hacen pasar como ambientalistas y comerciantes de Bocas del Toro, para que apoyen semejantes proyectos, comentó Feliciano Santos, otro dirigente ambientalista Ngobe consultado.

Objeciones legales a concesión adicional en Bosque Protector de Palo Seco

OBJECIÓN A CONCESIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL BOSQUE PROTECTOR DE PALO SECO, RESERVA DE LA BIÓSFERA A LA EMPRESA HIDROECOLÓGICA DEL TERIBE PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE UNA CENTRAL HIDROELÉCTRICA

Dra. Ligia Castro de Doens
Administradora General
Autoridad Nacional del Ambiente
República de Panamá

CONSIDERANDO

Que la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) ha anunciado a través de un edicto el interés de concederle mil doscientas hectáreas (1200 ha) (12,000,000 m2) a la Empresa Hidroecológica del Teribe (HET), afiliada con Empresas Públicas de Medellín (EEPPMM) para el desarrollo de una represa para un complejo de generación eléctrica denominada Bonyic, y ubicada en la quebrada del mismo nombre en la subcuenca del Río Teribe, Cuenca del Río Changuinola.

SOLICITAMOS LA DENEGACIÓN DE DICHA SOLICITUD DE CONCESIÓN DEBIDO A LAS CONSIDERACIONES SIGUIENTES:

PRIMERO: Que el Parque Internacional la Amistad (PILA), es una de las regiones con mayor endemismo y biodiversidad del Planeta, reconocido a nivel internacional como área núcleo de la Reserva de la Biosfera La Amistad, es parte del Corredor Biológico Mesoamericano y Patrimonio de la Humanidad por UNESCO.

Comarca Naso Teribe, Bosque Protector de Palo Seco, al Fondo el PILA

Río Teribe, tributario del Río Changuinola. Bosque Protector de Palo Seco. Comarca Naso Teribe, Provincia de Bocas del Toro. Foto: S. Atencio (Cortesía de ACD)

SEGUNDO: Que las áreas protegidas son la piedra angular de la conservación in situ de la diversidad biológica. Su importancia, que abarca la conservación de la biodiversidad, el almacenamiento de material genético, el suministro de servicios esenciales de los ecosistemas a favor del bienestar humano y la contribución al desarrollo sostenible, ha sido reconocida en distintos ámbitos, desde los organismos internacionales y gobiernos nacionales hasta las agrupaciones locales y las comunidades.

TERCERO: Que el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), del cual el Parque Internacional La Amistad (PILA) es un eslabón de importancia, “constituye un concepto de desarrollo, que parte de un sistema territorial, y un concepto de ordenamiento, que incluye las áreas naturales protegidas entre el sur de México y la península del Darién en Panamá en donde se alberga una enorme diversidad biológica y cultural. El concepto del CBM integra conservación y uso sostenible de la biodiversidad, manteniendo o restableciendo la función de conectividad de los ecosistemas”.

CUARTO: Que actualmente esta frágil zona de inmensa riqueza biológica, sufre la embestida de proyectos hidroeléctricos e infraestructuras en territorios Naso y Ngobe ubicados en el Bosque Protector Palo Seco, quienes son poseedores de culturas muy complejas, en violación a los más elementales principios de respeto a la vida, la equidad y la libre determinación de los pueblos. De allí que es urgente adoptar medidas que mejoren la cobertura, representatividad y gestión de las áreas protegidas a escala nacional, regional y global.

QUINTO: Que el proceso progresivo de cambios en el uso de la tierra, acompañado de la fragmentación de los hábitat y paisajes, el aislamiento de poblaciones vegetales y animales, la extinción de especies, y la amenaza de hacer desaparecer una de las muestras de biodiversidad más ricas del Planeta, son factores que reducen la posibilidad de alcanzar un desarrollo humano sostenible.

SEXTO: Que los Teribe, Naso o Tjer-di son un grupo indígena localizado al noroeste de Panamá, específicamente al oeste de la provincia de Bocas del Toro, en un área de 1,300 km². Este territorio abarca gran parte de la cuenca del Teribe y del río San San. Existen alrededor de 3,500 habitantes.

Rey Naso Valentin Santana, la tierra no debe ser vendida ni regalada

«La tierra de nuestra gente no puede ser vendida, ni regalada»: Rey Naso Valentín Santana. Foto: Holly Pickett y Benjamin Shors. Publicado como multimedia en el Miami Herald bajo título Mother River.

SÉPTIMO: Que actualmente existe una enorme presión tanto en esta área protegida por diferentes proyectos hidroeléctricos que tienen serias implicaciones en lo ambiental, cultural y social, especialmente en comunidades indígenas altamente vulnerables, como los Naso y Ngobes.

OCTAVO: Que la creciente invasión de proyectos de represas que vienen imponiendo las grandes transnacionales y organismos multilaterales en alianza con los gobiernos de la Región Mesoamericana atentan contra la sobrevivencia e idiosincrasia de nuestros pueblos ante la expulsión indiscriminada de sus territorios.

NOVENO: Que los Teribe, Naso o Tjer-di viven ancestralmente en estos territorios y áreas protegidas, ahora son blanco de persecución y hostigamiento institucional, para favorecer intereses lucrativos y particulares y por ello se oponen a la construcción del proyecto hidroeléctrico de Bonyic, en defensa del ambiente y su territorio.

DÉCIMO: Que la proliferación de los proyectos hidroeléctricos no obedece a las necesidades energéticas de los pueblos, sino que responde a la necesidad de crear infraestructura para desarrollar un modelo económico que prioriza la rentabilidad económica sobre la conservación ambiental.

UNDÉCIMO: Que la Red Internacional de Ríos, con sede en los Estados Unidos, plantea que los impactos sociales y ambientales de la construcción de represas son cuantiosos, pues según el Informe de la Comisión Mundial de Represas, en el mundo han sido desplazadas unas 80 millones de personas y destruido numerosos hábitats naturales.

DUODÉCIMO: Que “los beneficios en la generación y utilización de energía son especialmente para las grandes corporaciones que la necesitan en grandes cantidades, para la banca internacional que financia los proyectos y para las compañías consultoras y constructoras de las represas; pero los costos medioambientales y sociales sólo son para los pobladores que son desplazados de sus tierras y que sufren los efectos medioambientales”.

DÉCIMO TERCERO: Que la Constitución Política de la República de Panamá de 1972, establece en el artículo 114 lo siguiente:
ARTÍCULO 114. Es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana…”.
Por tanto, el Estado tiene la obligación de garantizar un ambiente sano y libre de contaminación para beneficio de la población.

DÉCIMO CUARTO: Que la Constitución Política de la República de Panamá de 1972, con relación al tema de las concesiones, se inspira en principios que atienden al interés público y el bienestar social:
Artículo 259. Las concesiones para la explotación del suelo, del subsuelo, de los bosques y para la utilización de agua, de medios de comunicación o transporte y de otras empresas de servicio público, se inspirarán en el bienestar social y el interés público.
La norma constitucional en cita se enfoca en el desarrollo humano y la importancia que ello comporta en la calidad de vida de las comunidades, en la promoción de actividades, en este caso, las concesiones deben orientarse en un sano principio de equilibrio entre las metas sociales y económicas de la nación, y que no sólo se basen en argumentos estrictamente económicos, generando injusticias sociales.

DÉCIMO QUINTO: Que la Ley General del Ambiente, en el Capítulo II del Título I, artículo 2 de las definiciones básicas, define Concesión de Administración en los siguientes términos:

Concesión de Administración: Contrato mediante el cual se otorga a un municipio, gobierno provincial, patronato, fundación o empresa privada, la faculta de realizar actividades de manejo, conservación, protección y desarrollo de un área protegida, en forma autónoma.

De acuerdo al concepto citado, se entiende que las concesiones administrativas tienen el objetivo primordial de coadyuvar en las tareas de conservación ambiental para consolidar de esta forma, el manejo del área protegida con actividades que sean congruentes con los fines de protección y desarrollo sostenible de la zona, en donde la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), desempeña un papel importante como autoridad rectora en materia ambiental.

DÉCIMO SEXTO: Que adjudicar una concesión de administración para la construcción de un Proyecto Hidroeléctrico en el Bosque Protector Palo Seco (Bonyic), se estaría avalando una actividad incompatible con los fines de conservación ambiental, por su alto impacto ambiental y la construcción de infraestructura que las obras conllevan. Además, se atentaría contra el modo de vida, cultura, costumbres, patrones de subsistencia y el desarrollo social de la población Naso que allí habita.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que el espíritu de la Ley General de Ambiente y la Política Ambiental en este país es el de brindarle una protección especial a las áreas protegidas a través de un enfoque holístico que atienda a una verdadera visión de desarrollo para la comunidad, que proteja los corredores de conservación, las cuencas hidrográficas, la promoción de prácticas para la mejor utilización de la tierra y la educación ambiental que fortalezca los valores y las prácticas culturales de los pueblos.

DÉCIMO OCTAVO: Que Panamá ha ratificado el Convenio sobre Diversidad Biológica, el cual tiene como objetivo la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven del uso de los recursos naturales. El artículo 8j del Convenio establece también que los Estados, con arreglo a su legislación, respetarán, preservarán y mantendrán, los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de los pueblos indígenas en materia de uso de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios. Esto significa que los Estados deben respetar el principio de la espiritualidad y de lo sagrado, que practican los pueblos indígenas en materia del uso de los recursos naturales que les rodean.

DÉCIMO NOVENO: Que la Ley General de Ambiente en el artículo 99 señala que:

Artículo 99. Los estudios de exploración, explotación y aprovechamiento de los recursos naturales que se autoricen en tierras ocupadas por comarcas o pueblos indígenas, no deben causar detrimento a su integridad cultural, social, económica y valores espirituales.

Por lo tanto, otorgar una concesión administrativa en esta zona de rica biodiversidad y de gran valor cultural y étnico para construir esta represa, sería un craso error que fomentaría la promoción de una política de desarrollo descontrolado y de gran impacto, lo cual atenta contra la fragilidad ecosistémica que caracteriza a esa zona y atenta contra la integridad cultura, social, económica y los valores espirituales del pueblo Naso.

VIGÉSIMO: Que existe el Principio de Precaución o Indubio Pro Natura que debe tenerse presente y el cual establece que: “Cuando hay amenaza de un daño serio o irreversible, la incertidumbre científica no puede utilizarse para posponer medidas efectivas de prevención de la degradación ambiental”. Por esto, los elementos mencionados deben tenerse en cuenta, no porque produzcan resultados exactos del valor de medio ambiente, sino porque aportan criterios para la evaluación cualitativa, que finalmente habrá que realizar para avanzar hacia la integración de las consideraciones ambientales en la toma de decisiones.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que el rol del Estado debe orientarse a incrementar el apoyo de la sociedad civil a la conservación de la herencia natural y cultural contenida en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, siempre que prime el interés de conservación sobre cualquier otro, evitando los conflictos sociales y fortaleciendo la participación comunitaria plena en los asuntos de su interés.

Comarca Naso Teribe, Bosque Protector de Palo Seco, al Fondo el PILA

Río Teribe. Comarca Naso Teribe. Los nasos han convivido en esta área por más de 500 años y aún está en excelente estado de conservación toda la biodiversidad del Bosque Protector de Palo Seco y el Parque Internacional La Amistad (al fondo). Foto: S. Atencio (Cortesía de ACD).

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que la magnitud y el impacto de las operaciones que allí se realizarían no son consecuentes con los principios de biología de la conservación y el régimen legal vigente, al favorecer un interés particular privado, frente al supremo principio del interés colectivo, pues se desvirtúa la naturaleza jurídica de la figura de la concesión, en contra de lo que establecen la Constitución y las leyes de la República.

VIGÉSIMO TERCERO: Que los parámetros adoptados por las metodologías para evaluar los impactos ambientales, EIA, prescriben que las intervenciones humanas en los sistemas naturales deben guiarse por el conocimiento de los límites de resiliencia. El concepto de resiliencia es estrictamente ecológico y se refiere a la facultad que tienen los sistemas naturales para asimilar tanto las intervenciones externas como los cambios en sus procesos internos, sin perder su identidad. Cada sistema natural tiene sus propias fronteras de resiliencia más allá de las cuales cualquier intervención humana puede inducir no solamente la recesión del sistema, sino el colapso.

CONSIDERACIONES DE IMPORTANCIA:

En virtud de todas las consideraciones científicas y legales expuestas, teniendo presente que para mitigar la extinción de las especies silvestres y reducir la pérdida de biodiversidad se requiere prevenir y reducir la fragmentación excesiva de esta importante área protegida, consideramos que el proyecto hidroeléctrico Bonyic, no es factible por ser contrario a las leyes vigentes que rigen la materia, por sus graves e irreversibles impactos tanto al ambiente como a la forma de vida de estas comunidades indígenas Naso que debe ser respetada.

Proteger la diversidad biológica, es una compleja tarea que implica no sólo la conservación de estos hábitats, sino también asegurar un nivel suficiente de interconexión. Este proceso implica también el respeto a la integridad étnica y cultural del pueblo Naso, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana.

SOLICITUDES ESPECIALES:

Exigimos a la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), buscar formas alternativas a la generación de energía eléctrica, impulsar verdaderos programas de ahorro de energía y de mejoramiento de las represas existentes y no permitir la construcción de proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas, por ser contrario a los fines de conservación y mejoramiento ambiental para los cuales fueron creadas.

Exigimos al Gobierno y a las Corporaciones involucradas que respeten los derechos de los pueblos indígenas, particularmente al pueblo Naso, que ha manifestado de manera pública y firme su rechazo a este proyecto hidroeléctrico Bonyic, mediante protestas pacíficas, mientras que autoridades locales de la Provincia de Bocas del Toro y empresarios, con el uso de represión policial y abuso de poder, violan sus Derechos Humanos persiguiéndolos, acosándolos y encarcelándolos ilegalmente para “sanear” el área, anteponiendo el interés particular sobre el interés colectivo.

En vista del enorme riesgo, el daño ambiental y a las poblaciones indígenas que allí habitan, invocamos el respeto al Principio Indubio Pro Natura y con base en los argumentos científicos y de derecho expuestos, solicitamos de la manera más firme y enérgica que la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), cumpla su rol como la entidad autónoma rectora del Estado en materia de recursos naturales y del ambiente, y no adjudique esta Concesión de Administración y Manejo del Bosque Protector de Palo Seco, Reserva de la Biósfera a la Empresa Hidroecológica del Teribe para proyectos de construcción, operación y administración de una Central Hidroeléctrica (Bonyic), toda vez prioriza la rentabilidad económica sobre la conservación ambiental en áreas protegidas y atenta contra la cultura, modo de vida, costumbres y autodeterminación del pueblo Naso decidido a defender su tierra y su agua.

FUNDAMENTO DE DERECHO:

Artículo 259 de la Constitución Política de la República de Panamá de 1972.
Artículos 2 y 99 de la Ley 41 de 1998.
Convenio de Diversidad Biológica.

Panamá a la fecha de presentación.

Atentamente,

Licda. Susana A. Serracín Lezcano
Abogada ambientalista
Tel. (507) 66212122

CC:

Administrador — ANAM Bocas del Toro
Director– Asesoría Legal de ANAM
Director—Áreas Prot
egidas