Plan de Manejo del Bosque Protector Palo Seco (Resumen)

RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN DE MANEJO DEL BPPS

Descripción del Área

El Bosque Protector de Palo Seco (BPPS) fue creado por el Decreto Ejecutivo 25 del 28 de septiembre de 1983, con una extensión de estimada en 167,410 has. Está ubicado en la provincia de Bocas del Toro, en el distrito de Changuinola.

Los objetivos de conservación del BPPS son: Proteger los bosques y tierras forestales del BPPS.

  1. Asegurar la regulación del régimen de las aguas, la conservación de las cuencas hidrográficas, la protección del suelo y la protección de la flora y la fauna.
  2. Evitar la colonización masiva y desordenada del BPPS.
  3. Proteger las tierras del BPPS que forman parte de la Comarca Ngöbé – Bugle.
  4. Promover un marco ambiental estable para permitir el desarrollo de las comunidades locales.

Desde el punto de vista geológico, se presenta una variedad de formaciones del Período Terciario de origen sedimentario principalmente, aunque también de origen plutónico y volcánico. Se presentan tres sistemas de drenaje en donde el principal es el formado por los ríos Changuinola – Teribe, los afluentes del río Sixaola y una gama de ríos menores independientes en la región este del BPPS.

Desde 1998, forma parte de la Reserva de la Biosfera La Amistad (RBLA) junto al Parque Internacional La Amistad, el Parque Nacional Volcán Barú, el Humedal Lagunas de Volcán, la Reserva Forestal de Fortuna, el Parque Marino Isla Bastimentos y el Humedal de Importancia Internacional San San Pond Sak. En la RBLA el BPPS tiene la función de zona de amortiguamiento.

La población que vive dentro del BPPS y en la zona de vecindad es, principalmente, población indígena Ngöbe-Bugle y Naso, con reciente incursión de mestizos, sobre todo chiricanos. Dentro de la unidad de manejo hay comunidades, fincas y casas de uso temporal.

Los principales problemas que aquejan a esta unidad de manejo son: i) fuerte ocupación de la tierra para actividades agropecuarias ii) extracción selectiva de recursos; iii) potenciales proyectos hidroeléctricos.

En el BPPS se presentan cinco tipos de vegetación, de los cuales uno es característico de tierras bajas y los otros cuatro son submontanos o montanos. También se presentan dos tipos de vegetación relacionadas con la intervención humana.

Con relación a la fauna se detectaron 61 especies de mamíferos, de las que dos son endémicas y 19 son protegidas por la legislación panameña. Se registraron 248 especies de aves, de las que 17 son migratorias y otras once están protegidas por la legislación panameña. También hay 35 especies de reptiles, seis endémicas y dos protegidas por la ley; hay 22 especies de anfibios y se conocen 28 especies de peces de ambientes de agua dulce y dos endémicas.

En el BPPS se pretende ubicar una serie de represas para producir energía eléctrica, ya que los ríos Teribe y Changuinola tienen el mayor potencial hidroeléctrico de Panamá. Actualmente se ha establecido el reconocimiento por parte de los promotores de los proyectos hidroeléctricos, del pago por servicios ambientales que presta el BPPS en relación con la calidad del agua. Por otra parte, se espera que cualquier otra empresa que vaya a desarrollar proyectos que utilice el recurso hídrico, el suelo u otro recurso natural dentro del BPPS, reconozca el servicio ambiental ofrecido por esta unidad de manejo.

Como actores institucionales en el área están la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), el Congreso Ngöbe Bugle, la dirigencia Naso y el Centro Universitario de Changuinola, entre otros.

El Plan de Manejo

El presente plan propone tres objetivos:

  1. Asegurar, en los dos primeros años, el financiamiento para las actividades básicas de manejo, incluyendo el tema de servicios ambientales en los futuros proyectos hidroeléctricos y de transmisión de energía eléctrica.
  2. Evitar a futuro los conflictos de tenencia de la tierra dentro del área protegida, principalmente con la aplicación del plan de manejo.
  3. Lograr la participación de la Comarca Ngöbe Bugle, la dirigencia Naso, ONGs y empresa privada en el desarrollo de actividades de comanejo y otras formas de participación

La primera fase de aplicación del Plan de Manejo (PM) es para cinco años a partir del 2007.

Dado que el BPPS forma parte de la RBLA como zona núcleo, la zonificación se definió a partir de las siguientes sub-zonas:

  1. Sub-zona de protección absoluta
  2. Sub-zona de uso extensivo
  3. Sub-zona de uso intensivo
  4. Área de manejo especial
  5. Sub-zona de vecindad

Para el manejo efectivo del BPPS se ha propuesto una figura de comanejo, que permitirá al Congreso Ngöbe-Bugle, la dirigencia Naso y otros actores reconocidos y legítimos de la zona de vecindad, participar en la toma de decisiones y en el desarrollo de actividades propuestas en los programas y subprogramas.

Los programas propuestos para el manejo inicial del área contemplan los siguientes:

Programa de Gestión Administrativa

  1. Subprograma de Administración (diez actividades)
  2. Subprograma Construcción y Mantenimiento de Infraestructuras (cuatro actividades)
  3. Subprograma de Financiamiento (tres actividades)
  4. Subprograma de Capacitación (doce actividades)

Programa de Conservación y Manejo de Recursos Naturales.

  1. Subprograma de Control y Vigilancia (siete actividades)

Programa de Desarrollo Comunitario Sostenible

  1. Subprograma de Ecoturismo Controlado (tres actividades)
  2. Subprograma de Desarrollo Comunitario (cinco actividades)

Programa de Investigación y Monitoreo

  1. Subprograma de Investigación (cuatro actividades)
  2. Subprograma de Monitoreo (dos actividades)

Programa de Comunicación, Educación e Interpretación Ambiental

  1. Subprograma de Educación Ambiental (siete actividades)
  2. Subprograma de Interpretación Ambiental (cinco actividades)
  3. Subprograma de Relaciones Públicas Comunitarias y Coordinación Interinstitucional (ocho actividades)

Programa Seguimiento y Monitoreo del PM

  1. Subprograma de Seguimiento y Monitoreo del PM (nueve actividades)

El costo total para el manejo de los primeros cinco años se ha estimado en B/. 651,007.50.

La estrategia financiera para el sostenimiento del BPPS está basada en aportes por ingresos al AP, implementación de pagos por servicios ambientales de los futuros proyectos hidroeléctricos, de transmisión de energía eléctrica, un sistema de pagos por servicios y las concesiones de servicios que se presten en el área. La distribución de las aportaciones es de 44% por ANAM (B/.286,443.30), 18% en recaudaciones (B/.117,181.35) y 38% en aporte de donaciones (B/.247,382.85).

1. INTRODUCCIÓN

Para que las áreas protegidas (AP) cumplan con los objetivos por los cuales fueron creadas es indispensable que cuenten con un Plan de Manejo (PM). Dado que estos sitios están planeados para brindar servicios de largo plazo, las actividades a desarrollar no pueden dejarse a la interpretación de los directivos de turno. Además, todas las AP tienen necesidades cotidianas que deben ser atendidas de manera profesional, secuencial y priorizadas con base en los objetivos de creación.

Para la revisión y actualización de este PM, para el Bosque Protector de Palo Seco (BPPS) se han mantenido en esencia los objetivos que aparecen en el documento de Planificación Estratégica y Operativa de ANAM (2002) para el BPPS y en el Decreto Ejecutivo Nº 25 del 28 de septiembre de 1983 que crea esta AP, y que fueron planteados en el documento base.

  1. Proteger los bosques y tierras forestales del BPPS
  2. Asegurar la regulación del régimen de las aguas, la conservación de las cuencas hidrográficas, la protección del suelo, así como la protección de la flora y fauna
  3. Evitar la colonización masiva y desordenada dentro del BPPS
  4. Proteger las tierras del BPPS que forman parte de la Comarca Ngöbe – Bugle
  5. Promover un marco ambiental estable para permitir el desarrollo de las comunidades locales

Adicional a lo anterior, se ha tomado en cuenta la Guía Básica para evaluar la gestión de manejo de las áreas protegidas del SINAP. Así mismo se ha considerado el Anteproyecto de Ley Por el cual se regula el Sistema Nacional de áreas protegidas, para la conservación, manejo y desarrollo sostenible de las áreas protegidas en la República de Panamá y se dictan otras medidas. Y el Decreto Ejecutivo Nº 163 “”por medio del cual se establece la nueva estructura organizacional y funciones adaptadas por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). Cabe señalar, que se han revisado los aspectos relacionados con los proyectos hidroeléctricos y las líneas de transmisión eléctrica.

En Panamá, y para el caso específico del BPPS, el PM se realizó con base en las Directrices Técnicas para la Preparación de Planes de Manejo en Áreas Protegidas (Valarezo y Gómez, 2000) y se actualizó en base a las nuevas normas legales y técnicas aprobadas.

El documento del PM contiene la siguiente información:

Marco de Referencia: relación de la unidad de manejo en el contexto de la Reserva de Biósfera La Amistad y la situación ambiental, social y de manejo en que se encuentra el BPPS

Explicación Situacional Participativa: Percepción de los actores principales sobre los problemas y potencialidades de la unidad de manejo, así como sus comentarios. Esta información se obtuvo de la aplicación del método de las 5S (The Nature Conservancy, 2000). Los documentos originales de los talleres aparecen como anexos a este PM.

Diagnóstico de Profundización: Fase descriptiva del PM; se presentan los resultados de investigación de fuentes secundarias y de campo para reconocer los principales recursos y situaciones críticas que afectan al área. Para completar esta sección se aplicaron las siguientes metodologías:

  1. Evaluaciones Ecológicas Rápidas: metodología para la determinación del componente biológico y físico, así como su situación actual (sensibilidad ecológica)
  2. Diagnósticos Rurales Participativos: metodología para construir el diagnóstico socioeconómico y cultural, con la participación de los actores de las comunidades
  3. Análisis de Paisaje: evaluación del paisaje con fines de determinar las oportunidades recreacionales
  4. Capacidad de Carga Turística de los Senderos Eco turísticos: análisis del potencial de los senderos para soportar la visitación de turistas, con la intención de apoyar la propuesta financiera
  5. Disponibilidad de Pago: con base en el método de valoración contingente, se presentan los resultados de una serie de encuestas desarrolladas con la intención de conocer las preferencias de los turistas y su disponibilidad de pago por las opciones preferidas
  6. Áreas críticas: una vez analizada toda la información recabada, se determinan cuales son las áreas que presentan mayores grados de amenaza para cumplir con los objetivos de la unidad de manejo

Al final de este capítulo, se presentan conclusiones y recomendaciones que permiten la conductividad entre la fase descriptiva y la fase propositiva; es decir, se plantean posibles soluciones a los problemas y se sientan las bases para el aprovechamiento de las potencialidades identificadas, que orientarán las actividades y acciones que forman parte del PM.

  1. Orientaciones del Plan de Manejo: es la fase propositiva del PM; se presenta la Visión y Misión del área, el análisis de la categoría de manejo y el análisis de manejo; aunados al diagnóstico de profundización, ellos sirven de base para determinar los objetivos de manejo del área protegida. Complementariamente, se presentan las propuestas del PM, contenidas en los lineamientos claves, la zonificación de uso del área, la estructura institucional para el manejo y la asignación de personal.
  2. Programas y Actividades: parte de la fase propositiva, donde se determinan, principalmente, las actividades a desarrollar, la distribución en el tiempo y el espacio, así como los insumos y mecanismos de aplicación.
  3. Presupuesto y Fuentes de Financiamiento: se presenta el presupuesto, las inversiones y las fuentes de financiamiento para la aplicación del PM.
  4. Plan Operativo Anual: contiene los instrumentos de planificación anual, sujetos a monitoreo y evaluación, que deben permitir la reprogramación tanto del POA como del mismo PM.
  5. Estrategias del Plan de Manejo: parte también de la fase propositiva, contiene la forma cómo aplicar las acciones del PM.

Producto de la revisión se han actualizado los mapas de zonificación, vegetación y uso de suelos, sensibilidad ecológica y tenencia de tierras, los cuales incluyen la propuesta de zonificación tomando como referencia nuevos proyectos hidroeléctricos y de transmisión eléctrica. Estos proyectos están ubicados en las zonas de uso extensivo e intensivo solamente.

A manera de promover la difusión a nivel local de este PM se propone que ANAM envíe un documento completo (impreso y digital) a las siguientes instituciones:

  1. Oficinas de Administración del BPPS, ubicada en la carretera del oleoducto
  2. Centro Regional Universitario de Changuinola (Universidad de Panamá)
  3. Universidad de Panamá (Panamá)
  4. Administración Regional de ANAM – Bocas del Toro
  5. Biblioteca Nacional
  6. Oficinas de ANAM en Rambala, Chiriquí Grande
  7. ANAM – Comarca Ngöbe-Bugle

2. MARCO DE REFERENCIA DEL BPPS

El BPPS forma parte de la zona de vecindad de la Reserva de la Biósfera La Amistad (RBLA). Esta reserva de la biósfera no sólo implica políticas, estrategias, planes y acciones de nivel nacional, sino que hacen complemento con un esfuerzo similar y contiguo en Costa Rica. El lado panameño está formado por las siguientes unidades de manejo (ANAM, 1998):

Zonas Núcleo

  1. Parque Nacional Volcán Barú (PNVB)
  2. Parque Internacional La Amistad (PILA)
  3. Humedal de Importancia Internacional Lagunas de Volcán (HIILV)
  4. Humedal de Importancia Internacional San San Pond Sak (HIISSPS)
  5. Parque Nacional Marino Isla Bastimentos (PNMIB)
  6. Reserva Forestal Fortuna (RFF)

Zonas de Amortiguamiento (Zonas de Vecindad)

  1. Sección no protegida de la cuenca alta de los ríos: Chiriquí Viejo, Caldera, Los Valles y Fortuna, hasta una cota de 1200 msnm.
  2. Bosque Protector Palo Seco.
  3. EL área de la propuesta Comarca Naso y Bribrí.

Zonas de Transición

  1. Provincia de Chiriquí: todas las áreas adyacentes a la zona de amortiguamiento (zona de vecindad), hasta una cota de 1000 msnm
  2. Provincia de Bocas del Toro: áreas adyacentes al Bosque Protector Palo Seco, hasta una cota de 100 msnm

En conjunto, estas zonas, que forman parte de reservas de biósfera, pretenden además de dedicarse a la conservación de la biodiversidad, reconocer cada vez más las múltiples funciones de investigación y manejo sostenible de los recursos naturales y sus servicios ambientales comprometidos al desarrollo sostenible.

En virtud de los objetivos internacionales propuestos por UNESCO, de manera global la RBLA debe cumplir con las siguientes funciones:

  1. Conservación: contribuir a la conservación de: paisajes, ecosistemas, especies y la variación genética.
  2. Desarrollo: fomentar un desarrollo económico y humano sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecológico
  3. Apoyo logístico: prestar apoyo logístico a proyectos de: demostración, educación y capacitación sobre el ambiente; de investigación y observación permanente en relación con cuestiones locales, regionales, nacionales y mundiales de conservación, y de desarrollo sostenible

Este PM para el BPPS debe contribuir a que la RBLA propuesta ofrezca la oportunidad de ejecutar compromisos nacionales, binacionales, regionales e internacionales en aspectos de: intercambio científico, asistencia técnica, promoción de investigaciones científicas aplicadas a las ciencias naturales y sociales, protección y conservación de los recursos naturales, programas de desarrollo sostenible, ecoturismo y educación. Estos compromisos ayudarán a fortalecer y desarrollar integral y sostenidamente el área propuesta (ANAM, 1998).

A pesar del papel que juega el BPPS para la RBLA, éste ha sido sometido a un fuerte acaparamiento de sus recursos naturales, lo que minimiza su capacidad de proporcionar servicios ambientales adecuados a las comunidades vecinas…

Situación Observaciones
El BPPS cuenta con elementos geológicos importantes y sitios donde se pueden aprovechar estos recursos Aunque este aprovechamiento todavía no es un hecho, se espera que a corto plazo se estén dando, por lo que se pueden afectar importantes superficies del AP
El BBPS cubre en la actualidad muestras de bosques de importancia tanto para ambientes terrestres como para los ambientes marinos del archipiélago de Bocas del Toro. Estos están siendo presionados así como la fauna asociada La principal fuente de presión lo representan los ganaderos tanto indígenas como latinos. Esta transformación de bosques a pastos puede, inclusive, afectar la calidad de las aguas para los proyectos hidroeléctricos. Otra fuente de presión es la cacería y la pesca
Existe una buena cantidad de comunidades viviendo dentro del BPPS. Algunas de éstas desarrollan sus actividades de acuerdo a los objetivos de manejo; este es el caso de los Naso. Hay una tendencia a ocupar las cuencas altas y medias del río Changuinola tanto por indígenas como por latinos Con el proyecto PRONAT es posible que esta situación de ocupación se estabilice. Los títulos de tierra se darán con responsabilidades compartidas. Por otro lado, se pretende desarrollar dos estudios para tratar de conocer los flujos de migración. Con las propuestas de proyectos de desarrollo sostenible se espera mejorar los índices de calidad ambiental en el área
Históricamente, el personal asignado al área ha sido muy poco, en relación con la superficie, la ocupación y otros retos del AP. Recientemente, se ha incorporado un técnico indígena que sirve de enlace entre la comarca y la administración del AP Se espera que, con la incorporación de actores indígenas del área al tema de comanejo, se facilite el contacto con las comunidades. Si se logra el pago por servicios ambientales para los proyectos hidroeléctricos, se podrá contar con más recursos para el área. Por otro lado, se debe incrementar la coordinación con el PILA en la región alta del río Changuinola. Por otro lado, se deben reforzar las relaciones interinstitucionales, como el caso del MIDA o del FIS que cuentan con proyectos importantes para las comunidades
La principal condición crítica es la ocupación desordenada del área y la situación económica de los actores del área Esta actitud en mediano plazo puede cambiar drásticamente la posibilidad de cumplir con los objetivos de manejo del AP, por lo que uno de los objetivos del presente PM es tratar de minimizar estos conflictos
Para el área, las principales oportunidades son la negociación del pago por servicios ambientales, la participación de actores en el comanejo y los proyectos de apoyo al desarrollo Las principales oportunidades son:

  • Comanejo con los grupos indígenas
  • Solicitud ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos para el pago por los servicios ambientales junto con el PILA
  • Manejo conjunto de los problemas en la parte alta del río Changuinola
  • Implementación de proyectos de desarrollo sostenible que ayuden a las comunidades.
  • Implementación de proyectos de mecanismo de desarrollo limpio (MDL).

REFERENCIA:

ANAM y CBMAP. 2006. Plan de Manejo del Bosque Protector de Palo Seco.

Referencia completa: plan-de-manejo-bpps-actualizado-anam-cbmap-121206

Denuncia ante Procuradora de la Nación por violación a los derechos humanos en Bocas del Toro

A continuación copiamos integralmente la nota recibida por la organización ACD donde denuncia nuevos hechos de violencia que atenta contra los derechos humanos de indígenas Ngobes en el Río Changuinola, Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá.

VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS Y CONSTITUCIONALES DE INDÍGENAS POR EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO DE AES CHANGUINOLA EN BOCAS DEL TORO, PANAMÁ DENUNCIA PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL  

Panamá, 11 de enero de 2007

 

Licenciada

Ana Matilde Gómez

Procuradora General de la Nación

 

Estimada Señora Procuradora:

 

Con el derecho que me asiste la constitución y las leyes panameñas recurro a usted con tal de ponerla en conocimiento de la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas que habitan el Bosque Protector de Palo Seco, cuenca media del Río Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, República de Panamá.

 

Le insto a indagar y profundizar lo que no puedo hacer al detalle en una misiva como esta.  Insto a que la Procuraduría General de la Nación a investigar por qué en Bocas del Toro, en el área mencionada se está permitiendo la violación a los derechos humanos de los indígenas Ngöbes y el asalto a un área protegida que ninguna ley autoriza a ser explotada in situ de esta manera.  Lo que se está cometiendo allí es crimen ecológico y arqueológico y una clara violación a los derechos humanos.

 

La información previa de los hechos acaecidos en el área antes del 9 de enero de 2008 debe ser recopilada cuanto antes por la Procuraduría, ya que el daño que le están haciendo a estas personas y la naturaleza van tan rápida y son tan complejas que no es fácil orientarle con este breve escrito y se necesita de las fuentes primarias. Le instamos a mandar personal que no sea del área para que haga de la manera más científica el levantamiento de la información de lo que ha sucedido.

 

Desde el día 9 de enero de 2008 unas 25 unidades policiales han ingresado junto con la compañía constructora CCW, contratista de AES Changuinola, a Charco La Pava y Valle del Rey en el Río Changuinola, área protegida del Bosque Protector de Palo y área con asentamientos indígenas previos a que estas áreas fueran declaradas áreas protegidas y concesionadas para desarrollos hidroeléctricos.

 

Hoy 11 de enero de 2008, ha ingresado otro grupo de policías armados a la zona y no sabemos con certeza qué está sucediendo en esas comunidades.  Lo que nos hace temer la integridad física y la vida de los indígenas y lugareños que están siendo desplazados a la fuerza por la empresa AES Changuinola, quien en complicidad con la Autoridad Nacional del Ambiente, la Gobernación de Bocas del Toro, la Alcaldía de Changuinola y el Corregidor de Vallé Riscó ha engañado de manera inaudita a estos humildes ciudadanos de mil formas distintas, aprovechándose de su circunstancia de poco dominio del idioma español y de manejo de documentación.

 

Militarizar un área para lograr ejecutar a la fuerza un proyecto de construcción en áreas indígenas y áreas protegidas indica que el Estado de Derecho se ha perdido e impera el estado de facto.  La empresa no ha cumplido cabalmente ninguno de los requisitos que le permitirían ingresar al área.  Si está encontrando resistencia es justo porque no ha logrado hacer ningún acuerdo serio y auditable que le garantice derechos y mejor estado de vida de las personas que tendrían que ser desplazadas.  Los abusos a la ley administrativa y la ley penal por parte de esta empresa han sido muchos, dos de las cuales reposan en dos fiscalías (Fiscalía V y XII) de la institución que usted dirige.

 

Someter a la fuerza a indígenas y tomarse sus tierras sin su autorización o consentimiento libre e informado con fuerzas policías armadas y maquinarias de equipo pesado es una violación flagrante a los derechos humanos de estos ciudadanos.  Todas las convenciones internacionales indican que los pueblos indígenas no se puede negociar de manera independiente persona por persona y mucho menos sin la presencia de un abogado imparcial.

 

Ante esta situación, responsabilizamos de la integridad física y la vida y de la violación de los derechos humanos de los indígenas Ngöbes del valle medio del Río Changuinola, específicamente las comunidades de Changuinola Arriba, Valle del Rey, Lazo, Charco La Pava, Nance de Riscó y otras comunidades adicionales aguas arriba y aguas debajo del ilegal proyecto hidroeléctrico Chan 75 a las siguientes personas y autoridades por comisión y por omisión:

 

  1. Ricardo Vargas, Defensor del Pueblo.  Sus acciones han sido nulas y tenues y no ha impedido que el Estado Panameño le viole los derechos humanos y constitucionales a los indígenas del área del Río Changuinola.  Esta entidad ha sido reiteradamente retroalimentada de todos los abusos y a nivel de la sede central han sido ignorados y en este momento, la integridad física de muchas personas están en riesgo por la escalada de inconformidad y confrontación que se tiene el área y puede desencadenar hechos peligrosos.
  2. Ligia Castro, Administradora General del Ambiente, por dar concesiones ilegales en áreas protegidas que destruye la biodiversidad del área y desconoce los derechos territoriales indígenas de la zona.  No ha detenido la obra a pesar que la Empresa AES Changuinola ha violado desde el principio de manera reiterada todas las disposiciones legales que le han impuesto.
  3. Esther Mena de Chiú, Gobernadora de Bocas del Toro. Por ponerse como autoridad al servicio de una empresa privada (AES Changuinola) para permitir que la fuerza policial del Estado a su cargo disuada, encarcele y persiga a los humildes ciudadanos Ngöbes residentes en el área, que defienden sus tierras de dicha empresa. En la Fiscalía de Changuinola reposan copias de las denuncias de los apresados de manera ilegal, a los cuales se le abusaron sus derechos y garantías.  Las fuerzas policiales del Estado utilizaron camiones, insumos y helicópteros de la Empresa AES Changuinola para facilitar el apresamiento de los ciudadanos Ngöbes que defienden sus tierras.
  4. Virginia Ábrego Salinas, Alcaldesa de Changuinola, por poner las fuerzas del orden público del Estado a nivel de distrito de Changuinola para perseguir, disuadir y encarcelar a los humildes ciudadanos Ngöbes residentes en el área, que defienden sus tierras.  En la Fiscalía de Changuinola reposan copias de las denuncias de los apresados de manera ilegal, a los cuales se le abusaron sus derechos y garantías. Las fuerzas policiales del Estado utilizaron camiones, insumos y helicópteros de la Empresa AES Changuinola para facilitar el apresamiento de los ciudadanos Ngöbes que defienden sus tierras.
  5. Nelson Ábrego, Corregidor de Valle Riscó por ser cómplice del uso ilegal de la fuerza policial del Estado panameño.  El permitió in situ el uso excesivo de la fuerza o el abuso de autoridad en las aprehensiones realizadas la primera semana del año 2008 en Charco La Pava y Valle del Rey. Las personas fueron agredidas por la policía de manera violenta, golpearon y esposaron a mujeres con niños en brazos.  Permitió además que las fuerzas policiales aprehendieran y golpearan a varios niños.  Dos niños los dejaron abandonados en el sector de Almirante y resto de los adultos y niños aprehendidos fueron trasladados a Cuartel de Changuinola. Permitió que policías civiles ingresaran previo y después de los actos a las comunidades buscando casa por casa a supuestos dirigentes, en un acto típico de intimidación, abuso de autoridad y extralimitación de funciones.
  6. José Manuel Ríos, SubComisionado de la Policía Nacional de Changuinola, por permitió in situ el uso excesivo de la fuerza o el abuso de autoridad en las aprehensiones realizadas la primera semana del año 2008 en Charco La Pava y Valle del Rey. Las personas fueron agredidas por la policía de manera violenta, golpearon y esposaron a mujeres con niños en brazos.  Permitió además que las fuerzas policiales aprehendieran y golpearan a varios niños.  Dos niños los dejaron abandonados en el sector de Almirante y resto de los adultos y niños aprehendidos fueron trasladados a Cuartel de Changuinola. Permitió que policías civiles ingresaran previo y después de los actos a las comunidades buscando casa por casa a supuestos dirigentes, en un acto típico de intimidación, abuso de autoridad y extralimitación de funciones.  Estando los aprehendidos en el cuartel, no les dio alimentos, ni comida y los intimidaba, además permitió que fuerza policiales se burlaran de los indígenas aprehendidos.  Igualmente permitió que en las aprehensiones en campo, los empleados de AES Changuinola y sus contratistas coordinaran acciones de aprehensión y se burlaran de los aprehendidos.

 

Acusamos a los señores Benavides Morales, Martín Samudio y Rodolfo Ayarza de la empresa AES Changuinola de estar instigando a la violencia, ya que se han enfrentado verbalmente a los indígenas e incluso los han amenazado de no descansar hasta ver a todos los dirigentes encarcelados, ya que según ellos, los indígenas le están entorpeciendo su trabajo.  La policía no ha actuado en contra de estos señores y los ha protegido.

 

Si me he tomado la molestia de hacer esta denuncia, es porque, nos sentimos intermediarios entre los Ngöbes que se les dificulta mucho hacer este tipo de denuncias, por ser vulnerables justamente y porque conocemos como organización no gubernamental, previo a la llegada de este proyecto hidroeléctrico al área el Bosque Protector de Palo Seco, que es parte integral de la Reserva de la Biosfera la Amistad y hemos visto cómo un proyecto de este tipo puede destruir una serie de comunidades y áreas prístinas que son patrimonio nacional y patrimonio de la humanidad y pareciera que eso a nadie le importa en Panamá!

 

Muchas gracias por atender esta misiva y denuncia.

 

Juntos hacemos patria.

 

Atentamente,

 

Ariel Rodríguez Vargas

Céd. 4-237-244

Secretario de Asuntos Ambientales

Alianza para la Conservación y el Desarrollo

República de Panamá

Telefax: 223-9170

Correo: acdpanama@gmail.com

Derecho a un ambiente sano y las represas en Changuinola, Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá

EL DERECHO HUMANO A UN AMBIENTE SANO Y LAS REPRESAS EN EL RÍO CHANGUINOLA, RESERVA DE LA BIÓSFERA LA AMISTAD PANAMÁ

Por: Licda. Susana Serracín
Asociación de Derecho Ambiental

El siguiente compendio de legislación nacional, internacional y jurisprudencia debe ser utilizado como reflexión a la nueva generación de abogados de Panamá para que nos ayuden a formar un nuevo paradigma del uso de las leyes para la defensa de los bienes naturales e intereses de todos los panameños o los conocidos derechos de tercera generación como son las áreas protegidas de nuestro país.

El Régimen Ecológico de la Constitución consta de cuatro artículos que conforman el Capítulo 7 del Título III -Derecho y Deberes Individuales y Sociales, incorporado mediante Acto Constitucional de 1983. La primera de estas normas reconoce a contrario sensu el Derecho Humano a un ambiente sano, que es correlativo al deber impuesto al Estado de garantizarlo:

ARTÍCULO 114. Es deber fundamental del Estado garantizar que la población viva en un ambiente sano y libre de contaminación, en donde el aire, el agua y los alimentos satisfagan los requerimientos del desarrollo adecuado de la vida humana…”.

Por tanto, al arriesgar el Estado, con sus omisiones, su propia capacidad de cumplir con este deber, se configura una violación a este Derecho Humano de Tercera Generación.

Por otro lado, todos los sistemas legales tienen un sistema jerárquico de normas, dentro del cual las garantías constitucionales y los Derechos Humanos usualmente están en el ápice y “triunfan” por así decirlo, frente a normas de menor valor que puedan estar en conflicto.

Es claro que el Estado y todos los habitantes del territorio nacional, están obligados a la consecución del desarrollo sostenible, concepto éste que se encuentra implícito en la norma constitucional que citamos a continuación:

ARTÍCULO 115. El Estado y todos los habitantes del territorio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la contaminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas.

Además, que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, el cual fue firmado por Panamá el 17 de noviembre de 1988, ratificado, aceptado y adherido el 28 de octubre de 1992, contempla:

ARTÍCULO 11. Derecho a un Medio Ambiente Sano

1. Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos.

2. Los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. 

Dentro de este mismo orden de ideas, la obligación estatal de proteger al medio ambiente, consignada en el artículo 3 de la Ley 2 de 12 de enero de 1995, “Mediante la cual la República de Panamá ratifica el Convenio de la Biodiversidad Biológica”, que señala:

ARTÍCULO 3. Principio

De conformidad con la Carta de Naciones Unidas y con los principios del Derecho Internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental y la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen el medio de otros Estados o zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional.

La norma en cita, pone de relieve que la omisión en el ejercicio de funciones de la Administradora General del Ambiente, Dra. Ligia Castro, se materializa porque a través de la construcción de el proyecto hidroeléctrico en cuestión, se está perjudicando el área protegida por la Reserva de la Biosfera La Amistad que Panamá comparte con Costa Rica, en contra de la exigencia fundamental para la conservación de la diversidad biológica, que no es más que la conservación in situ de los ecosistemas, al igual que los hábitats naturales, el mantenimiento, la recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y la participación en la toma de decisiones que le corresponde a las comunidades indígenas que allí habitan.

Además, los artículos 2 y 17 de la Ley 9 de 12 de abril de 1995, “Por el cual se aprueba el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y protección de las áreas silvestres prioritarias en América Central”, señalan:

ARTÍCULO 2. Los Estados firmantes de este Convenio reafirman su derecho soberano de aprovechar y conservar sus propios recursos biológicos de acuerdo a sus propias políticas y reglamentaciones en función de:

a) Conservar y usar sosteniblemente, en función social, sus recursos biológicos; y

b) Asegurar que las actividades dentro de sus jurisdicciones o control, no causen daños a la diversidad biológica de sus Estados o áreas que limitan su jurisdicción nacional.

ARTÍCULO 17. Se deberá identificar, seleccionar, crear, administrar, y fortalecer a la mayor brevedad posible, dentro de los respectivos países, a través de las instituciones encargadas, los parques nacionales, monumentos naturales y culturales, refugios de vida silvestre, u otras áreas protegidas, como instrumentos para garantizar la conservación de muestras representativas de los principales ecosistemas del istmo, y prioritariamente aquellas que contengan bosques protectores de agua.

De lo expuesto se deriva que los parques nacionales y demás áreas protegidas, deben ser administrados por las instituciones estatales encargadas con miras a garantizar la conservación de muestras representativas de los principales ecosistemas del Istmo, lo cual se estima infringido por la omisión señalada por parte de la Administradora General de Ambiente, Dra. Ligia Castro, al permitir la construcción del proyecto hidroeléctrico que no cuenta con Plan de Reubicación consensuado y aprobado por las comunidades indígenas que allí habitan y además en abierta contradicción con los principios de conservación del área y sitúa en estado de alto riesgo a los ecosistemas del país.

Resulta necesario citar la “Guía de Defensa Ambiental: construyendo la Estrategia para el litigio de casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” (AIDA), del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al respecto:

“En el marco de protección del Protocolo de San Salvador, se entiende que el medio ambiente es un derecho colectivo y, por tanto, parte de los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, tomando en cuenta la indivisibilidad de los derechos humanos, es evidente que la protección del medio ambiente, por su amplitud y ámbito de abstracción, transciende los límites de la subjetividad clásica de ser un derecho individual, para ser entendido también como un derecho social que afecta a grupos colectivos nacionales o colectivos en situación especial, como los pueblos indígenas, hasta dimensionarse hacia toda la humanidad e, incluso, a las futuras generaciones. La especificidad del derecho al medio ambiente sano es de tal magnitud que no puede existir “sentido de apropiación”, por una sola persona…”.

Panamá es un país de una compleja y rica biodiversidad, lo cual es muy importante y en tal sentido, la Ley No. 41 de 1 de julio de 1998, define área protegida como:

“Área geográfica terrestre, costera, marina o lacustre, declarada legalmente, para satisfacer objetivos de conservación, recreación, educación o investigación de los recursos naturales y culturales”.

La anterior definición cobra una importancia fundamental en la medida que enumera una serie de objetivos, en donde destaca en primer término la conservación del área protegida propiamente tal.

Dentro de este mismo orden de ideas, la mencionada excerta legal contempla el Capítulo II, dedicado a “Áreas Protegidas y Diversidad Biológica”, y establece que la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), es la encargada de regular las áreas protegidas:

ARTÍCULO 66: Se crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, identificado con las siglas SINAP, conformado por todas las áreas protegidas legalmente establecidas, o que se establezcan, por leyes, decretos, resoluciones o acuerdos municipales.

Las áreas protegidas serán reguladas por la Autoridad Nacional del Ambiente, y podrán adjudicarse concesiones de administración y concesiones de servicios, a los municipios, gobiernos provinciales, patronatos, fundaciones y empresas privadas, de acuerdo con estudios técnicos previos. El procedimiento será regulado por reglamento.

ARTÍCULO 67. El Estado apoyará la conservación y, preferentemente, las actividades de la diversidad biológica en su hábitat original, especialmente en el caso de especies y variedades silvestres de carácter singular.

Complementariamente, propugnará la conservación de la diversidad biológica en instalaciones fuera de su lugar de origen.

Por otra parte, el Bosque Protector de Palo Seco, fue creado mediante Decreto Ejecutivo 25 del 28 de septiembre de 1983 “Por el cual se declara y se describe el Bosque Protector de Palo Seco en los Distritos de Chiriquí Grande y Changuinola, Provincia de Bocas del Toro”. Dicha área protegida cumple funciones de regulación del régimen de las aguas, de protección del suelo, así como de albergue y protección de la flora y de la fauna.

Además, el Bosque Protector de Palo Seco, el cual forma parte del conjunto de áreas protegidas que conforman el Parque Internacional La Amistad (PILA), contiene poblaciones humanas que son afectadas de manera directa e indirecta y el impacto que ejerce el proyecto sobre éstas no ha sido evaluado en su justa dimensión, justamente por no ser un estudio profundo como debió ser. Las principales poblaciones afectadas son Nance de Riscó, Lazo, Valle del Rey, Changuinola Arriba, Charco La Pava.

Conviene citar lo que señala el Fallo de la Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad, interpuesta por el Magíster Giovanni Olmos en su condición de Fiscal Quinto de Circuito del Primer Circuito Judicial, para que se declaran nulas, por ilegales, las Resoluciones de Gabinete No. 123 de 4 de diciembre de 2002 y la No. 10 de 29 de enero de 2003, así como el Contrato Administrativo celebrado entre el Ministro de Obras Públicas y las Empresas Constructora Urbana, S.A., para el diseño, financiamiento, Estudio de Impacto Ambiental y la Construcción del Camino Ecológico Boquete – Cerro Punta, con la ponencia de Winston Spadafora, Panamá, nueve (9) de febrero de 2006.

“Respecto al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que le corresponde regular a la Autoridad Nacional del Ambiente según el artículo 66 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, asevera el demandante que los actos impugnados han desconocido que el Parque Nacional Volcán Barú es un área protegida por SINAP, en la cual no es permisible la construcción de un camino ecológico.

La violación del artículo 75 íbidem, que dispone que el uso de los suelos deberá ser compatible con su vocación y aptitud ecológica, se fundamenta bajo la premisa de que no se ha emitido un estudio de impacto ambiental sobre el camino ecológico Boquete-Cerro Punta que se adecue al uso de suelo, y lo que se pretende construir es un camino ecológico que altera considerablemente la vocación y aptitud ecológica del Parque Nacional Volcán Barú”.

Con relación al caso que nos ocupa, conviene señalar que la Administradora General de Ambiente, Dra. Ligia Castro, ha permitido con su omisión la construcción de un proyecto hidroeléctrico que además, no cuenta con el Plan de Reubicación a las comunidades indígenas allí establecidas y además, tampoco se ha emitido un Estudio de Impacto Ambiental del proyecto hidroeléctrico que se adecue al uso de suelo del área protegida lo que de igual forma, tiene una incidencia negativa en la vocación y aptitud ecológica del Bosque Protector Palo Seco, que forma parte del Parque Internacional La Amistad. La problemática ambiental de estos proyectos quedó claramente reflejada en la petición realizada a la UNESCO para que declarara el Parque Internacional La Amistad como Sitio Patrimonio en Peligro. Esta petición está siendo seriamente evaluada como lo indica la próxima visita que se dará en febrero del 2008.

Esta petición declara:

La construcción de represas afectará la sobresaliente biodiversidad del Parque al afectar a peces migratorios y reducir las poblaciones de especies terrestres. La caza ilegal y la pérdida de hábitat, han diezmado y puesto en peligro animales grandes amenazados, tales como el jaguar. La combinación de estas amenazas al Parque Internacional La Amistad disminuirá su actual belleza natural excepcional. En resumen, el Parque está enfrentando devastación y amenazas a su integridad sin precedentes.”

Resulta conveniente señalar que la República de Panamá, incorporó formalmente a su Derecho Interno el concepto de Desarrollo Sostenible, en la Ley General de Ambiente, la cual establece:

ARTÍCULO 2. La presente Ley y su reglamentación, para todos los efectos legales, regirán con los siguientes términos y significados:

Desarrollo sostenible. Proceso o capacidad de una sociedad humana de satisfacer necesidades y aspiraciones sociales, culturales, políticas, ambientales y económicas actuales, de sus miembros, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias.

De lo expuesto se deriva que, tanto el artículo 115 de la Constitución como el artículo 2 y las normas sobre áreas protegidas, la Ley Forestal y la Ley General de Ambiente, establecen que entre los fines del Derechos están la justicia y la equidad ambiental, y que “desarrollo” sin protección ambiental, ni justicia social, no es desarrollo.

Debemos insistir, que estos proyectos hidroeléctricos en áreas protegidas, en la Reserva de la Biosfera, Patrimonio de la Humanidad, donde ancestral e históricamente viven comunidades indígenas con cultura y tradiciones propias, es la antítesis del desarrollo sostenible: el permitir estas concesiones y proyectos en estas zonas sin el aval ni el consentimiento de estas comunidades compromete la capacidad de estos pueblos de satisfacer las necesidades culturales y ambientales de sus futuras generaciones ya que impide que se incluya la tradición indígena en los planes del proyecto. Además, es importante tener presente siempre que los daños ambientales tienen una relación estrecha en cuanto a causar violaciones a los Derechos Humanos.

El artículo 116 de la Constitución, se refiere al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a fin de que no se ponga en peligro su “capacidad de sustentación”:

ARTÍCULO 116. El Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los bosques, tierras y aguas, se lleven a cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia”.

Del examen de estas normas, se observa claramente, cuál es el espíritu que prima en nuestra Constitución, en el sentido de que ninguna actividad debe anteponer el provecho particular, a la protección de los bienes comunes de todos los panameños.

Además, en la Constitución, en el Título IX- La Hacienda Pública, y X – La Economía Nacional, respectivamente, establece normas las cuales se relacionan con la protección del ambiente, su “capacidad de sustentación” y el desarrollo sostenible:

ARTÍCULO 259. Las concesiones para la explotación del suelo, del subsuelo, de los bosques y para la utilización de agua, de medios de comunicación transporte y de otra empresas de servicio público, se inspirarán en el bienestar social y el interés público.

Los preceptos constitucionales citados, tanto en la letra como en el espíritu, están orientados a tutelar el ambiente como bien jurídico protegido, en conexión directa con el ser humano y su desarrollo y no como algo aislado. El interés público de una obra debe verse reflejado en el estricto seguimiento de todos los elementos de la Constitución y demás leyes nacionales, y no debe ser nunca justificación de una violación de los Derechos Humanos, o de los derechos establecidos por la misma Constitución. De hecho, todo aspecto de la vida humana y del desarrollo tiene una dimensión ambiental que debe ser adecuadamente atendida y considerada en forma integral. El no hacerlo es una omisión violatoria al artículo 17 de la Constitución.

LAS NORMAS IMPERATIVAS DE DERECHO INTERNACIONAL

La doctrina internacionalista reconoce la existencia de un conjunto de normas imperativas de aplicación general, conocidas como Jus cogens, las cuales sólo pueden ser modificadas por normas de igual jerarquía. Otra de las características que tienen estas normas es que ningún Tratado, Convenio o Convención puede contradecirlas.

Así se refiere a estas normas la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados ratificada por la República de Panamá mediante Ley 17 de 31 de octubre de 1979:

ARTÍCULO 53. Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.

ARTÍCULO 64. Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa norma se convertirá en nulo y terminará”.

Cabe además mencionar que ni el Estudio de Impacto Ambiental ni otro estudio analiza las alternativas a estos proyectos hidroeléctricos, como por ejemplo, represas más pequeñas o en otro sitio, o la posibilidad de producir esa misma energía con otras fuentes alternas y limpias como la eólica y la solar. Considerando los daños ambientales que estos proyectos traerán, es obligación del Estado no sólo considerar el proyecto bajo estudio, sino también las alternativas para que la decisión final realmente evidencie que hay un balance entre los costos y los daños sociales y ambientales que se van a causar, basándose en el cumplimiento de una Evaluación Ambiental Estratégica la cual no se cumple.

Panamá: empresas eléctricas invaden áreas protegidas y tierras indígenas

Panamá

Empresas eléctricas invaden áreas protegidas y tierras indígenas

Se trata de la historia de una infamia hacia dos pueblos indígenas y la sociedad panameña en general y la corrupción instaurada en relación a la construcción de represas en el Río Changuinola, Bosque Protector de Palo Seco, en la Provincia de Bocas del Toro, República de Panamá.

————————

Burica Press, Panamá. 8 de diciembre de 2007

Privatizaciones y proyectos de generación eléctrica

En el año 2005, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), autorizó la construcción de tres represas hidroeléctricas en la cuenca del río Changuinola Provincia de Bocas del Toro a la empresa Hydroteribe (posteriormente adquirida por AES, una compañía norteamericana basada en Virginia). Los tres proyectos hidroeléctricos se designan con los nombres Chan 75, Chan 140 y Chan 220, respectivamente, que producirían en conjunto aproximadamente 411 megavatios. La empresa AES Corporation de Norteamérica tiene varias filiales en Panamá. La primera es AES Panamá que administra varias hidroeléctricas ya establecidas en el país, como la de Bayano en la Provincia de Panamá y Estrella-Los Valles en la Provincia de Chiriquí , luego de comprar al gobierno 49% de las acciones durante los procesos de privatización ocurridos a mediados de los años 90’s. También AES Panamá es dueña de la hidroeléctrica Estí en Chiriquí. Por su parte la nueva filial, AES Changuinola es la encargada de construir los proyectos hidroeléctricos en Bocas del Toro en el occidente de Panamá.

Cabe mencionar que con la privatización, la industria energética se divide en tres partes: generación, transmisión y distribución. Las empresas privadas pueden generar y distribuir energía, la transmisión sigue siendo responsabilidad del Estado.

La propuesta original es de 3 hidroeléctricas, y se tienen 3 concesiones otorgadas con sus 3 estudios de impacto ambiental aprobados. Sin embargo, se ha dado un cambio en el diseño del segundo proyecto, Chan 140, que mueve el sitio de presa aguas arriba del sitio original. De manera no oficial se habla de que ahora no serán tres represas, sino dos más grandes, pero no hay ningún documento que lo confirme. Según la Resolución DIEORA IA-127-06, para compensar la pérdida de generación, ANAM y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos autorizaron a AES a elevar la altura de la presa de Chan 75 de 152 a 165 msnm, lo que inundaría 250 Ha adicionales para la construcción el proyecto Chan 75.

El proyecto Chan 75 es el primer proyecto de construcción de una represa hidroeléctrica de mayor magnitud que realiza una empresa privada de principio a fin. La última represa de esta escala construida en el país, Estí, fue iniciada por el gobierno, quien realizó estudios y negociaciones con las comunidades afectadas. Al darse la privatización AES solo terminó la labor. Lo que suceda ahora con el proyecto Chan 75 sentará las bases para lo que ocurra con los próximos proyectos.

Más de cien proyectos hidroeléctricos propuestos

Para junio de 2007, 16 concesiones hidroeléctricas han sido otorgadas y aprobadas, 78 están en diferentes etapas del proceso de concesión y 13 concesiones están todavía disponibles. En total, el país intenta desarrollar 107 proyectos hidroeléctricos. Los proyectos de mayor magnitud ya existentes en Panamá son: Estí (ubicada en Guanaca, Chiriquí, Río Chiriquí), Bayano (ubicada en Chepo, Río Bayano), Estrella-Los Valles (ubicada en Chiriquí, Río Caldera), Fortuna (ubicada en Chiriquí, Río Chiriquí), Madden (ubicada en Panamá, Río Chagres), Gatún (ubicada en Panamá, Río Chagres).

Los proyectos hidroeléctricos se asientan sobre áreas protegidas

La cuenca baja y media del Río Changuinola donde se construirá las represas está localizada en el Bosque Protector Palo Seco (BPPS), un área contigua al Parque Internacional La Amistad, que es una zona protegida que pertenece a la Reserva de la Biosfera de La Amistad reconocida por la Oficina del Hombre y la Biósfera de la UNESCO) y al Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño. El Parque Internacional La Amistad es un Sitio de Patrimonio de la Humanidad, declarada por la UNESCO. Al final en la desembocadura del Río Changuinola se encuentra otra área protegida de connotación internacional: El Humedal Internacional Ramsar San San Pond Sak. Todo el área forma parte de un gran conjunto ecosistémico que va desde este humedal en el Caribe hasta las Lagunas de Volcán en las laderas del Volcán Barú en el sector Pacífico.

Situación de las poblaciones afectadas por la construcción de la represas

Cuando el Bosque Protector Palo Seco fue creado en 1983, la población Ngäbe ya residía en la zona como lo atestigua el hecho de que la agricultura de subsistencia de los moradores fuera contemplada en el primer Plan de Manejo del Parque. La creación del BPPS se hizo sin la participación activa de las comunidades indígenas residentes en el área, y su formación ha complicado el reconocimiento del derecho colectivo del pueblo Ngäbe de este territorio.

La construcción de las represas se estima que afectará a cerca de 3,500 personas pertenecientes a la etnia Ngobe, uno de los pueblos indígenas de Panamá. Existe una controversia acerca del número real de las personas que resultarán afectadas por los tres proyectos. La empresa AES, por ejemplo, sostiene que se trata de no más de 2,000 personas, mientras que representantes de las poblaciones afectadas los estiman en 4,000. La cifra de 3,500 ha sido estimada por grupos ecologistas que trabajan en el área, en base a un estudio socio-económico hecho el año pasado, donde los pobladores hicieron un censo. La diferencia en números es, en parte, resultado del hecho que la empresa AES no cuenta a la población de Nance del Riscó y Bajo la Esperanza (ubicadas a pie de represa propuesta), ni tampoco a Valle de Riscó, Nudobiti y Soledad de Riscó, como afectadas. Nosotros consideramos que deberían ser incluidas.

El principal efecto directo para las comunidades Ngobe asentadas en el territorio donde se construirán las represas es el desplazamiento debido a que con la construcción quedarán inundadas más de 3,000 hectáreas de terreno, especialmente bosques riberinos y áreas de cultivos tradicionales. Según la “Actualización Ambiental del Proyecto Chan-75 (Cota de 152 msnm a la cota 165 msnm)” elaborado para AES Changuinola por Consultores Ecológicos Panameños, S.A. (CEPSA) en noviembre de 2006 y aprobado por ANAM mediante la resolución DIEORA IA-127-06, en la actualidad el área del embalse del primer proyecto, Chan 75, es de aproxidamente 1,394.75 hectáreas. El diseño original que era más pequeño hablaba de un embalse de 1,145.23 hectáreas.

Los habitantes Ngöbe asentados en el territorio provienen de migraciones en los años 60’s, en su mayoría provenientes de lo que ahora es la Comarca Ngobe Bugle. En Panamá, la legislación reconoce ciertos derechos a los pueblos indígenas que viven en territorios denominados comarcas. El estatus de los pueblos indígenas que viven en territorios no comarcales no esta claramente definido en la legislación nacional. En el caso de la Comarca Ngobe-Bugle, se presume que estos habitantes de pueblos indígenas viven en tierras “anexas” a la Comarca pero los límites y las prerrogativas de este estatus no están claramente definidos. La ley No. 10 de 1997 que crea la comarca Ngobe-Bugle habla de las áreas anexas y su status. Pero, quien queda incluido o no, es todavía debatido. Recientemente ha salido a la luz un documento firmado por la Dirección Nacional de Política Indigenista de Ministerio de Gobierno y Justicia que dice que el área de las hidroeléctricas no está bajo la jurisdicción de la comarca. Este documento se hizo al momento que se evaluaba dar la concesión de un globo de terreno del Bosque Protector Palo Seco a AES Changuinola, como en efecto ocurrió. Si no es área anexa, el área tiene el mismo estatus que cualquier corregimiento del país, sin ninguna protección especial de zona indígena. En los próximos meses, se espera que el Programa Nacional de Administración de Tierras del Banco Mundial empiece la delimitación de las áreas anexas en la Provincia de Bocas del Toro.

Los habitantes de la etnia Ngobe que se han asentado en la cuenca del río Changuinola no han reclamado posesión legal sobre dichos terrenos debido a diferentes factores: tradición cultural de tierras colectivas, desconocimiento de los procesos legales y/o falta de recursos económicos para regularizar la posesión de tierra. También los pobladores han comentado que la solicitud de aquellos que buscaron derechos posesorios y titulación fue rechazada porque las tierras estaban en área protegida de la Reserva Forestal o Bosque Protector de Palo Seco y por lo tanto no podían ser tituladas.

Irregularidades ocurridas durante la ejecución de los proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Changuinola

La Autoridad Nacional del Ambiente por disposición de la Ley 41 General de Ambiente de 1998, exigió a la empresa concesionaria la realización de un Estudio de Impacto Ambiental como requisito previo a la autorización de la concesión. Según la opinión de ambientalistas tanto nacionales como internacionales el estudio de impacto ambiental adolece de tres defectos principales: a) no fue recopilada información arqueológica requerida por la oficina de Patrimonio Histórico; b) la línea base para el cálculo de los efectos ecológicos de la construcción de las represas presentaron anomalías, por ejemplo no se analizaron adecuadamente los efectos de la construcción de las represas sobre las especies de peces que constituyen una base para la alimentación de los habitantes del lugar y que como consecuencia de la construcción de las represas están amenazados de extinguirse debido a que son especies que periódicamente migran desde el río hacia el mar y viceversa; y c) según la legislación interna (Decreto Ejecutivo No. 209 del 5 de septiembre del 2006), como parte del estudio de impacto ambiental se requiere la realización de foros públicos en los que participe la población que se verá afectada. Estos foros se realizaron en la Ciudad de Almirante, distantes hasta 1 día de las comunidades, muchas personas no pudieron asistir y a los asistentes solo se les informó sobre los proyectos, pero no fueron consultados sobre su posición con relación a dichos proyectos.

A pesar que ANAM condicionó la iniciación de los trabajos de construcción de la represa Chan 75 a que la empresa presentara un nuevo estudio ecológico, un estudio arqueológico y un proyecto o estudio socioeconómico y sobre reubicación de las poblaciones afectadas, los trabajos de construcción de la represa Chan 75 se iniciaron a mediados del 2007. Los efectos de la construcción de obras preliminares, como tramos de carreteras y campamentos, ya se están visualizando en la erosión de los terrenos, la devastación de vegetación y la contaminación del río Changuinola, debido a la sedimentación, así como en la destrucción del tejido social y violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas afectadas.

A pesar de que no se ha aprobado un plan de reasentamiento oficial o consensuado de las poblaciones afectadas, la empresa concesionaria ha procedido a concluir acuerdos con algunos de los habitantes a través de los cuales éstos han aceptado ser reubicados. Uno de los casos de mayor impacto en este contexto, es el de una mujer Ngobe, monolingüe en su idioma indígena Ngobere, que alega que fue presionada para firmar un contrato redactado en español y por el que cedía la propiedad de su tierra ubicada en el sitio de presa de Chan 75 y cedía su forma tradicional de vida, ya que fue trasladada a un suburbio semiurbano. Además, los habitantes han expresado su descontento, porque las negociaciones se han hecho de manera individual y no de manera colectiva, como lo contemplan sus usos y costumbres de tierras colectivas. Adicionalmente, no han existido criterios claramente definidos para las indemnizaciones de los terrenos y mejoras, ya que el proceso de “negociación” se ha basado en la presentación de propuestas por los afectados. Esto no garantiza una indemnización justa y equitativa según señala el artículo 10 de la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas recientemente aprobado en la ONU.

Habitantes de las áreas que quedarán inundadas denuncian asimismo que la construcción de las represas no representan ningún tipo de beneficio para ellos.

Representantes de las comunidades afectadas han denunciado estos hecho ante la Autoridad Nacional del Ambiente, la Gobernación, la Defensoría del Pueblo y otros, sin que hayan recibido aparentemente ninguna respuesta. En junio de 2007, las comunidades, junto a otros pueblos indígenas, escribieron una nota a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando que dicha Comisión realizara una visita in-loco al lugar. Tampoco se conoce el resultado de esta gestión.

A pesar de que el EIA del 2005 que aprobaba la construcción de la hidroeléctrica incluía los caminos de acceso al sitio de presa, en el 2007 la empresa presenta un nuevo EIA para esta carretera. La diferencia es que el nuevo EIA se hizo con categoría I, la más baja posible, utilizada usualmente en zonas urbanas donde la construcción no causa cambios significativos. Al ser un EIA categoría I, la empresa y consultora no se vieron obligados por ley a realizar foro público, ni a medir, ni proponer medidas de mitigación de los fuertes impactos ambientales que genera este obras en espacios rurales bien conservados, por lo que las familias indígenas de la zona y los ecologistas no tuvieron oportunidad de opinar sobre la obra, su legalidad y sus efectos ambientales.

Recursos legales interpuestos

Denuncias Administrativas ante la ANAM: en agosto de este año, la organización denominada Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) interpone una denuncia administrativa por el inicio ilegal de obras antes de haber terminado los estudios pendientes que establecía la resolución que aprobaba el EIA del 2005. Ese mismo mes las comunidades denuncian la reubicación de personas dentro del Bosque Protector Palo Seco, lo cual estaba prohibido en el artículo 38 de esta misma resolución. Semanas después la ANAM realiza una nueva resolución cambiando este artículo y permitiendo la reubicación dentro de esta zona. Evidente corrupción del proceso y de las leyes que instauraron la reserva!

También se le realizó una denuncia penal ante la Policía Técnica Judicial en contra de funcionarios de ANAM que se han prestado a permitir en contra de la ley la sub-categorización del EIA (aprobado) de la carretera que llega al sitio de presa Chan 75, lo cual esta penalizado como delito ambiental. Esta denuncia se interpuso además contra AES Changuinola y la Consultora que se prestó a realizar esta violación a la ley penal.

Recientemente la Asociación de Derecho Ambiental (ADA) interpuso otra denuncia penal por la falsificación de información relacionada a los estudios arqueológicos hechos en el área de la carretera. Estos expedientes fueron unidos en un solo caso.

Igualmente ACD ha realizado dos denuncias ante la Defensoría del Pueblo: por violación de derechos humanos en el caso de la Sra. Isabel Becker. La Defensoría parece tener las manos atadas para actuar libremente en estos claros hechos de violación de los derechos humanos de personas que no tienen medios para defenderse por sí mismos.

Se espera que prontamente varias organizaciones interpongan recursos de nulidad ante la Corte Suprema y Amparos de Garantías Constitucionales por la violaciones e irregularidades realizadas en la concesión de un globo de terreno de 6 mil hectáreas a AES Changuinola sin la aprobación de las comunidades indígenas residentes dentro del área concedida.

Igualmente se alista una batería de denuncias por corrupción para todos los funcionarios del Estado que se han prestado por comisión u omisión en actos que atentan contra los valores colectivos de toda la sociedad panameña y que están tipificados como formas de corrupción, ya que han burlado sistemáticamente el debido proceso y están concediendo áreas protegidas, áreas indígenas y aguas con procedimientos al margen de la transparencia y aprovechándose de la posibilidad que la impunidad sea su mejor aliado.

Tema de las amenazas y coerciones

La población ha manifestado lo siguiente sobre la empresa:

– Que la empresa les informó que ellos no tienen derechos sobre las tierras, por ser del Bosque Protector Palo Seco, y que si no aceptan sus condiciones el Estado los sacaría forzosamente sin reconocerles nada.

– Que varias familias aceptaron pagos por indemnización de cultivos destruidos para trazar la trocha que marcaba la cota del embalse. La empresa AES les comunicó que ya a partir de ese momento no podían utilizar las tierras que estaban por debajo de la trocha, como si les hubieran vendido sus tierras.

– Que a ellos nos les convenía interponer denuncias al Estado porque si intervenía ellos saldrían obteniendo menos dinero.

– Que no les importaba negociar con las personas que estaban arriba del sitio de presa, porque ellos tendrían que salir del área de todas maneras al subir las aguas para la creación del embalse.

El caso de la señora Isabel Becker, que por ser dueña del área del sitio de presa Chan 75, estuvo bajo presión, acoso y coersión constante para que cediera sus tierras a la Empresa AES. En enero del 2007, mucho antes de que existiera siquiera un plan de reasentamiento como era lo legal, ya la empresa había firmado un contrato con esta señora donde ella otorgaba sus tierras. El problema está en que ella, mujer analfabeta que no habla español, nunca entendió el contrato, el cual firmó luego de haber pasado más de 10 horas contra su voluntad en la oficina de la empresa en la ciudad de Panamá. A pesar de que el método utilizado para la firma del contrato lo invalidaba, a partir de ese entonces hubo visitas constantes para hacerla salir de sus tierras hasta el punto que la familia de la señora se quejó con el corregidor para que les diera una orden de restricción contra miembros de la empresa. Esta orden nunca se otorgó. Es particularmente llamativo el hecho ocurrido el 21 de julio, con la participación de la Alcandía de Changuinola. Ese día maquinaria de la empresa entraron en el terreno de la Sra. Isabel, amenazando que se tenía que derrumbar la casa. Ante esto, la Sra. Isabel que se encontraba enferma se desmaya. La alcaldía se ofrece a sacarla de su hogar y llevarla al médico. Sin embargo, al terminar la cita médica, no la regresan a su comunidad, sino que la instalaron de facto en “su nueva casa” en los suburbios de Changuinola. La Sra. Isabel pasó la noche pidiendo que la dejaran regresar. Finalmente, luego de meses de presión, el 19 de octubre la empresa logra que la señora firme un segundo acuerdo por su finca, y el 25 de octubre, una semana después, unos 15 miembros armados de la policía acompañan a la maquinaria que tumbó su casa y la llevaron a un nuevo lugar. Los residentes de la comunidad no sabían bien a donde la llevaron y se quejaron de que no la dejaron recoger sus pertenencias.

Casa destruida de Isabel Becker en Proyecto Hidroeléctrico de AES Corporation

Foto: ACD. Ruinas de la casa de Isabel Becker, la cual fue trasladada de facto, desde este ambiente eminentemente rural a un suburbio en Changuinola.

Un caso relacionado es el de la familia de la Sra. Isabel Becker que ha sido reubicada temporalmente en viviendas unifamiliares en el suburbio de Changuinola. Ellos tienen quejas constantes sobre el acceso a agua limpia. Además, estas familias han quedado en un estado de completo desarraigo y anomia.

Existen múltiples quejas de los habitantes del área que está comprendida entre Almirante y el sitio de presa Chan 75 sobre los abusos de la empresa, en especial la negociación de las indemnizaciones y la afectación de cabeceras de ríos y quebradas. Hay que recordar que ninguna de las personas de estas áreas es considerada como afectada por la empresa. En varios de estos casos, existe la participación de intermediarios que negocian el alquiler y la venta de los terrenos y viviendas.

En junio del 2006, las comunidades tenían planeado realizar una convocatoria para discutir los problemas que estaban observando con la hidroeléctrica. El día anterior de la reunión miembros de la Policía Nacional cerraron todas las vías de acceso al lugar donde se daría el evento, procediendo a revisar a las personas que entraban al área. Durante ese operativo también comenzó la persecución de alguno de los dirigentes indígenas. La denuncia de este hecho fue presentada ante la Defensoría del Pueblo. Nunca quedó claro quién envió la orden de detención de los dirigentes, ni del bloqueo de la comunidad. En octubre siguiente, también se dio un incidente que todavía no ha sido esclarecido en el que unidades de la Policía Nacional siguieron al Sr. Félix Sánchez, dirigente indígena Naso hasta la comunidad de Bajo Culubre. Sobre este caso, existe un expediente relacionado que esta bajo investigación en la Policía Técnica Judicial sobre la muerte de un Pavón (Crax rubra), que fue cazado por una de las unidades policiales cuando regresaba de esta diligencia.

En territorio Naso no escampa

Si en territorio Ngobe de Changuinola llueve en el área Naso no escampa. Empresas Públicas de Medellín en contubernio con todas las autoridades locales y nacionales se plantea colocar de facto en mero corazón del territorio Naso Teribe una hidroeléctrica sobre la Quebrada Bonyic.

Batallones de policías acosan a los Nasos y los han apresado en más de una ocasión por que ellos no permiten la entrada de maquinarias y equipo pesado a su territorio. La lucha que libran cívicamente es difícil y los actos que cometen contra ellos son tan crueles como los del área Ngobe, ambos grupos residentes en el Bosque Protector de Palo Seco.

La urgencia y demanda energética no existe

Continuará…

Fotos

AES Corporation Panama

Foto: ACD. Equipo pesado en el Bosque Protector de Palo Seco, el Río Changuinola y el territorio Ngobe.

Foto: ACD. Bosque Protector de Palo Seco, Área de la Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá. En este sitio se pretende hacer la primera de cinco represas propuestas en la cuenca Río Changuinola. Haga click en la foto para ver más fotos.

Organizaciones defienden el corredor biológico mesoamericano

Manifiesto al país

La Coordinadora Nacional para la Defensa de Tierras y Aguas y la Red Panameña de Ríos contra Represas, reunidas en Santiago de Veraguas el 2 de diciembre de 2007, luego de un intenso debate sobre las hidroeléctricas y la minería a cielo abierto en Panamá, han constituido una Alianza y llegado a las siguientes conclusiones:

Primero: Rechazamos firmemente toda forma de proyectos hidroeléctricos, que, sustentados sobre falsedades demostradas, son actualmente rechazados por las comunidades locales, así como por los círculos científicos a nivel mundial y, por esa misma razón, prohibidos en muchos países dado el grave impacto adverso que ocasionan a las poblaciones y los ecosistemas. Como ejemplo, tenemos hidroeléctricas como la Bonyic y el Chang 75 en Bocas del Toro y los proyectos ubicados en Veraguas, Coclé, las Comarcas Indígenas y Chiriquí, que están localizados dentro de las últimas zonas prístinas de nuestro país y ponen en peligro el Corredor Biológico Mesoamericano y el Parque Internacional La Amistad, que ha sido declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad. Proponemos otras formas de responder a la demanda energética, como lo son la utilización de energía mixta, como la solar, de las mareas, eólicas y otras, las cuales, por su naturaleza, son compatibles con el ambiente. Por ello, exigimos que se detenga toda actividad de construcción de hidroeléctricas en nuestro país.

Segundo: Rechazamos en forma firme, igualmente, todos los proyectos de minería a cielo abierto en territorio nacional de Panamá porque destruyen definitivamente nuestros ecosistemas y afectan negativamente la salud y el derecho a la vida de las poblaciones del área, y particularmente porque no dejan ningún beneficio real y tangible ni al Estado ni a la nación panameña al estar basados en leyes anacrónicas y antinacionales y un sistema de corrupción. De manera especial, exigimos el cierre definitivo e inmediato de la mina Petaquilla, en el Distrito de Donoso, Colón porque ha destruido el Corredor Biológico Mesoamericano en violación de tratados internacionales, la Constitución Nacional y el ordenamiento jurídico ambiental, con un extraordinario perjuicio ecológico a la totalidad del país.

COORDINADORA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE TIERRAS Y AGUAS (CONADETIAGUAS)

RED PANAMENA DE RIOS CONTRA REPRESAS

Santiago de Veraguas, 2 de diciembre de 2007.

ORGANIZACIONES FIRMANTES:

 

Oilwatch Panamá

Fundación Humanitas

Fundación Naso Tjerdi

 Comité Cívico de Potrerillos

Comité pro Cierre de Petaquilla

Colectivo Resistencia Ecológica

Movimiento Ecologista Nacional

Movimiento 10 de Abril Tabasará

Comité Pro Carretera de Londres

Amigos de Animales de Boquete

Asociación Ecologista Panameña

Asociación de Derecho Ambiental

Federación Estudiantil Ngobe Bugle

Comité de Defensa de Cerro Pelado

Comité de Defensa del Río Cañazas

Asociación Ambientalista de Chiriquí

Comité de Defensa de Cerro Caballo

Coordinadora Campesina por La Vida

Asamblea Keru Yeru Bugle Comarcal

Consejo de Pescadores de Santa Clara

Comité de Defensa del Río Calovebora

Asociación de Abogados Ambientalistas

Comité Si a La Vida de Sona y La Palma

Liga Por La Defensa Ambiental y Animal

Asociación Pro Vida de la Fauna Silvestre

Frente Pro Defensa del Delfín (FREDEDEL)

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

Alianza para el Desarrollo de Tierras Altas (ADATA)

Frente Unido en Defensa del Ecosistema (FUDECO)

Asociación Pro Defensa de las Cuencas Hidrográficas

Coordinadora Urbana de Colon por el Derecho a la Vida

Servicio de Paz y Justicia en Panamá (SPRAJ-Panamá)

Movimiento 4 de Marzo en Defensa del Río Changuinola

Movimiento por la Conservación del Río Grande y Zapillo

Centro de Estudio Promoción y Asistencia Social (CEPAS)

Fundación Naturaleza, Comunidad y Desarrollo de Dolega

Movimiento de Defensa y Recuperación de Tierras y Aguas

Comité Para la Defensa de Las Tierras y El Río Santamaría

Coordinadora Nacional Para La Defensa de Tierras y Aguas

Comité de Defensa de Tierras y Aguas de Los Ángeles de Gualaca

Asociación Para La Defensa de los Ecosistemas de Bocas del Toro

Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre-MOCAMDERCO

Comité Manos Unidas por la Defensa de las Tierras y Aguas del Río Gatún

Asociación Protectora de los Recursos Hídricos y del Medio Ambiente (APRHIMA)

Comité de Defensa y Protección de la Naturaleza en Gualaca (CODEPRONAGUA)

Coordinadora del Equipo Misionero de la Concepción por la Defensa del Medio Ambiente y el Ecosistema