Corrupción y intromisión del Ejecutivo en el Órgano Judicial de Panamá

Corrupción y intromisión del Ejecutivo

en el Órgano Judicial de Panamá

Baje el fallo (formato pdf)
Fallo_y_Salvamentos_CSJ sobre Procuradora General de la Nacion 2010

Burica Press –Asuntos Jurídicos –Opinión

Luego de leer el fallo que suspende del cargo a la actual Procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez que fue aprobado por cinco magistrados y los salvamentos de voto de los otros cuatro magistrados inquilinos del Palacio de Justicia, como medio de comunicación alternativo no nos ha quedado la menor duda que este fallo ha sido producto de complot maquiavélico del Órgano Ejecutivo de la República de Panamá con la única finalidad de apoderarse de manera temporal del Ministerio Público. Esta temporalidad puede ser por el resto del período que le queda a la Licenciada Gómez como jefa del Ministerio Público ya que es evidente la parcialidad y deshonestidad con que están actuando los cinco magistrados adeptos al gobierno de turno: Wilfredo Sáenz, Alberto Cigarruista, Winston Spadafora, Anibal Salas y Alejandro Moncada Luna.

Este medio no tiene ningún afán en convertirse en paladín de la Procuradora suspendida, pero este medio sí es paladín de la justicia especialmente en casos ambientales y de derechos humanos. Lo trágico de todo lo que hemos visto en esta situación es que los ambientalistas y los defensores de los derechos humanos no podrán esperar ningún fallo apegado a la Constitución y las leyes de ahora en adelante. Los fallos ahora dependerán de los intereses creados que pululan en el Órgano Ejecutivo y de los caprichos enfermizos de personas que fueron delegadas para ejercer el poder público. Lamentablemente están abusando del poder público.

Se ha tocado fondo y este hecho, como otros hechos desafortunados en la institucionalidad del país, traerá por defecto, en un período no muy lejano, una profunda revisión constitucional donde a la figura presidencial del país le sean abolidos toda una serie de poderes, que en mentes corruptas y enfermas no es posible delegar.  Finalmente luego de este hecho inaudito, cometido por viejos zorros políticos (Spadafora y Cigarruista) e ingenuos políticos novatos (los nuevos magistrados de Martinelli) disfrazados de magistrados por su posición servil y corrupta están allanando el camino para que este país se sacuda de toda esta lacra en menos tiempo de lo calculado.

Felicitamos a los magistrados Harley Mitchell, Jerónimo Mejía, Victor Benavides y Oydén Ortega que han aclarado al país con sus salvamentos de voto el intríngulis de este caso y que desnuda la mano peluda del Sr. Ricardo Martinelli (Jefe del Órgano Ejecutivo) maniobrando en los despachos de los magistrados que no merecen tal investidura.

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PYCSA intenta recomprar concesión administrativa de autopistas

Por la desgracia que ha sido PYCSA en la historia nacional de Panamá y por los enormes danos ambientales causados reproducimos un artículo que desnuda los poderes de PYCSA y la corrupción generalizada que los ampara.

Burica Press

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PYCSA intenta recomprar concesión administrativa de autopistas

Kevin Harrington

Luego de que reveló el 7 de julio 2009 que los mexicanos del Corredor Norte negociaban $1,500 millones por una recompra de su concesión administrativa, La Prensa guardó el más sepulcral silencio sobre el tema, cosa tan escandalosa que normalmente habría conllevado algún tipo de seguimiento.

En vez de aclarar con transparencia sobre lo qué realmente estaba pasando, el Órgano Ejecutivo guardó silencio — prefiriendo ganar tiempo anunciando demagógicamente que “auditaría” ambos corredores. Si bien es cierto que la entrega de tierras en el Corredor Sur complica aquella evaluación, no se necesita de un audito para constatar que el Corredor Norte no ha completado su obligación en la fecha fijada por el Ministerio de Obras Públicas para su entrega. Al autorizar el reinicio de los trabajos tras las tristes muertes de 3 niños en San Miguelito el entonces ministro Carlos Vallarino la fijó para febrero 2007 (hasta Brisas del Golf, Villa Lucre, y la casa de ocasión “El Llano”) y para mayo 2009 (hasta Tocúmen). El incumplimiento está a ojos vista; no hay por qué esperar ningún audito. Se desconoce si el ministro Benjamín Colamarco concedió alguna prórroga, pero es público y muy notorio que el presidente Martín Torrijos “inauguró” con bombos y platillos hasta Brisas un corredor que estaba tan solo 60% terminado – y sin Permiso de Construcción.

Ese audito – el del Corredor Norte — no es sino una cortina de humo encubriendo el desarrollo inmobiliario más grande visto desde la reversión del Canal.

Ignorando estos hechos palpables, La Prensa rompe ahora su silencio con un reportaje en primera plana, no para agregar perspectiva al tema, sino para achacar la demora en el proceso entre el Parque Natural Metropolitano y PYCSA Panamá, S. A. a uno de los ejemplos preferidos para expresar su disgusto cuando se seleccionan magistrados que no le placen.

Y que acompaña con más fotos de las que normalmente ilustra un artículo. Se desconoce si ha sido el Ejecutivo (o bien los mexicanos) quien logró el mutis de 5 meses de La Prensa y ahora este burdo intento para influir indebidamente en un proceso judicial. Fuera o no su intención original, la carga emotiva de dichas fotos formulan la pregunta de que, si los mexicanos del Cartel del Norte no tienen los fondos para mantener su propio equipo, ¿cómo pensar que lo tienen para completar el Corredor hasta Tocúmen? Fue precisamente por carecer de financiamiento fue que el gobierno Torrijos les quitó el tramo de Madden a Colón y se lo dio a Odebrecht — de a dedo, como hizo el presidente Ricardo Martinelli en la extensión de la Cinta Costera (fenómeno que bien podría repetirse en ésta mega-especulación de tierras).

El reportaje de marras fue mal investigado por La Prensa. Divulga que el Corredor Norte fue financiado mediante bonos del Estado, lo cual no es cierto. Y, antes de achacarle el muerto al magistrado Alberto Cigarruista, no determinó que el expediente en casación está en el despacho del magistrado Oyden Ortega desde el 23 de octubre 2009, quien no se declaró impedido pese por haber manejado el caso PYCSA en el Banco Nacional. Tampoco tocó sobre el pretendido desistimiento de los mexicanos de una denuncia de extorsión contra los abogados del Parque, el diputado José Isabel Blandón y Herbert Young. Pero la peor omisión del periódico fue intencional: no publicó foto del radiopatrulla policial que se mantiene (también) secuestrado en el Parque, al ladito de los demás equipos de PYCSA. En vísperas del 20 aniversario de la Invasión, el otrora paladín del civilismo olvida que ese trágico desenlace se inició desde que la Fuerza Pública desatendía órdenes impartida por la autoridad civil.

El presidente Martinelli está hoy en idéntica posición en que estuvo el presidente Ernesto Pérez Balladares, al no completar PYCSA la autopista hasta Colón. En vez de premiar con una segunda concesión a Tocúmen a quien materialmente no pudo con la primera, para minimizar pérdidas el Dr. Pérez Balladares debió cancelar sus porciones inconclusas, para minimizarnos la carga de un contrato a todas luces leonino. En interés de la ley, el ingeniero Federico José Suárez, actual Ministro de Obras Públicas, debe acatar lo que le manda la Ley 5 de 1988 de Concesiones Administrativas: “Artículo 16. La caducidad de cualquier concesión administrativa se declarará por el Concejo de Gabinete, a solicitud de la entidad concedente, por cualesquiera de las siguientes causas: 1. Cuando no se realicen las obras objeto de la concesión en la forma y términos pactados;” De no hacerlo, debiera exigírselo el Presidente, porque no hacerlo dejaría en entredicho la seriedad de su gobierno.

Según el auto Nº 808 de 11 de julio 2005 dictado por el Juzgado Séptimo del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, el Órgano Judicial me tiene como administrador judicial, no sólo sobre los enseres de la cafetería de la caseta del Corredor en Cerro Patacón, sino “sobre la “administración” de PYCSA PANAMA, S. A., ubicada en la Torre del Banco Continental, piso 27, Calle 50 y Aquilino de la Guardia”.

Actuando siempre con la diligencia de un buen padre de familia y en interés de la ley, me luce que lo más importante para nuestro desarrollo como empresa es insistir en que tanto panameños como extranjeros respeten nuestras leyes.

Tiemblan las torres ilegales de San Francisco

futuro incierto para condominios en construcción

Mivi se burló de zonificación en San Francisco

Los edificios en construcción en el corregimiento de San Francisco están bajo la lupa, luego de que la Corte Suprema calificara una norma que dictó Balbina Herrera en el 2005, cuando era ministra de Vivienda, como ilegal.

La Resolución No. 235-2005 del Mivi eliminó las restricciones a la altura de las edificaciones y el 35% de espacio requerido para áreas verdes.

De esta medida se aprovecharon varios promotores, que levantaron rascacielos en fincas donde antes solo se permitían edificios de 15 pisos. El equipo legal del ministro Carlos Duboy evalúa el alcance del fallo de la Corte.

fallo reivindica a vecinos por cambio inconsulto de zonificaciones

La Corte pone a temblar las torres de San Francisco

La Sala III anuló una decisión de Balbina Herrera, que dejó ‘al arbitrio’ de los promotores la altura de los edificios.

DESAFÍO. En la Vía Cincuentenario, hay varios rascacielos. La norma dice que la altura permitida es de hasta 15 pisos, incluyendo los de estacionamientos. LA PRENSA/Noriel Gutiérrez

Mónica Palm
mpalm@prensa.com

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia acaba de poner en jaque a varios condominios en construcción en San Francisco.

Hace una semana, los magistrados de la Sala III, Víctor Benavides (ponente), Jacinto Cárdenas (suplente de Winston Spadafora) e Hipólito Gill (suplente de Adán Arjona), declararon nula por ilegal una decisión del Ministerio de Vivienda (Mivi) que modificó los parámetros a las normas de zonificación y eliminó el 35% requerido para áreas verdes en el mencionado corregimiento.

Hasta entonces, la altura para las fincas con zonificación de uso de suelo RM (residencial de mediana densidad) y RM1 (residencial de alta densidad) era de hasta seis y 15 plantas, respectivamente, incluyendo las losas de estacionamientos.

Esas condiciones fueron establecidas en la Resolución No. 112 de 2003, que firmó el entonces ministro de Vivienda, Miguel Batista. Del mismo modo, se establecieron límites a la altura de las zonificaciones MCU1, MCU2 y MCU3 (mixto comercial urbano de baja, mediana y alta densidad), dependiendo de la línea de construcción.

El ordenamiento fue aplicado en todo el territorio de San Francisco, exceptuando los sectores de Boca La Caja y San Sebastián.

Pero estas limitaciones no durarían mucho tiempo.

De un plumazo

El 31 de agosto de 2005, apenas un año después de haber sido designada ministra de Vivienda, Balbina Herrera dictó la Resolución No. 235-2005, que eliminó casi todas las restricciones contenidas en la resolución de 2003.

De un plumazo y sin consultar, Herrera decidió que la altura de las edificaciones sería determinada “según la densidad” de cada finca.

Así, donde antes solo se permitía un edificio de 15 altos, de pronto se alzó una torre de hasta 60 pisos. La altura quedó “al arbitrio” de los promotores.

La decisión de Herrera tuvo mayor alcance en la Vía Cincuentenario, donde casi todos las fincas son RM1. A lo largo de ese tramo, actualmente se levantan siete rascacielos: Moon Tower, Sorrento del Mar, Vision, Puntarenas, Icon (ya casi listo), Bahía del Golf y Náutica.

Una medida inconsulta

Semejante permisividad no fue del agrado de los vecinos.

Organizados en la Asociación de Residentes de la Urbanización Altos del Golf, Loma Alegre y áreas aledañas, el grupo presentó una demanda de nulidad en contra de la Resolución No. 235, que fue admitida por la Sala III el 28 de mayo de 2008.

Los quejosos alegan que la actuación de Herrera violó la Ley 6 de 2002 (“Ley de Transparencia”), ya que jamás convocó a un foro público para consultar a los afectados. El criterio fue compartido por la Procuraduría de la Administración, que también pidió anular el acto. En su fallo, la Sala III consideró que hubo “irregularidades” en las actuaciones de las autoridades del Mivi.

El abogado de los residentes opinó que todo proyecto que se encuentre en movimiento de tierra, colocación de pilotes, fundaciones o construcción de losas de estacionamiento, tendrá que ajustarse a las limitaciones contenidas en la resolución de 2003.

No quedó claro qué pasará con los edificios que ya van por el piso 16 o por encima de éste.

El ministro de vivienda actual, Carlos Duboy, informó que los proyectos en construcción serán revisados, “para ver si cumplen con las normas vigentes”.

Los negocios de Slim y las amistades de Torrijos

TORRIJOS Y UNA AMISTAD INCONVENIENTE

En el nombre de Carlos Slim

05-28-2009 | GUIDO BILBAO

gbilbao@laestrella.com

Crónica de una amistad que nació a la sombra del poder y se fortaleció a punta de favores y negocios millonarios

Especial PALABRA. “Panamá es el mejor país del mundo para hacer negocios”, declaró el magnate mexicano Carlos Slim, en mayo del 2007, luego de que una de sus compañías, Ideal Panamá, S. A. , ganara la licitación para construir las hidroeléctricas Bajo Mina y Baitún, en la provincia de Chiriquí. El segundo hombre más rico del mundo, con una fortuna de 53 mil millones de dólares, adora Panamá y ha desarrollado en los últimos años una robusta amistad con el presidente de la Nación, Martín Torrijos. La seducción que ejerce el magnate sobre los primeros mandatarios es total: en su reciente viaje a México, hasta Obama se entrevistó con él y lo invitó a Estados Unidos para hablar con calma. Quería conocer su mirada sobre la crisis.


Durante los últimos años, los viajes de Slim al istmo han sido frecuentes y en muchos de ellos se mostró abiertamente con el presidente y con su círculo íntimo. Aunque empresas ligadas al magnate mexicano tienen presencia en Panamá desde el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, fue con la llegada de Torrijos al poder que las inversiones de Slim en diferentes sectores de la economía panameña crecieron exponencialmente.
Durante esta administración sus empresas lograron cerrar envidiados negocios con el Estado. Ganaron las licitaciones para las excavaciones de la primera fase de la ampliación del Canal. Consiguieron la concesión para abrir Claro, la cuarta empresa de telefonía móvil del país. Torrijos en persona asistió a la inauguración de la tienda por departamentos Sanborns en Multiplaza, para apoyar a Carlos Slim hijo, que vino a la apertura. Desembarcaron en el rubro hidroeléctrico con los proyectos de Chiriquí que, cuando se terminen, estarían en capacidad de producir el 10% de la energía panameña.
Sin embargo, la historia que se esconde detrás de estos proyectos eléctricos podría demostrar cómo, cuando se ejerce el poder, algunas amistades pueden resultar inconvenientes. El grupo La Mina Hydro Power Corp, que tenía permisos para estudiar la factibilidad del proyecto desde 1997 y que en 2005 había recibido las concesiones, denuncia que le fueron retiradas por este gobierno para beneficiar los intereses de Carlos Slim. Presentaron cuatro demandas y tres querellas para detener lo que ellos consideran “un robo a mano armada”. “Las empresas de Slim primero querían participar del financiamiento de nuestro proyecto, luego quisieron comprarlo y finalmente, a través del gobierno, se han quedado con él”, denuncia César Lisac, signatario de la firma. Una de las querellas ha sido interpuesta por corrupción contra Victor Urrutia, Director de Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).
EL FACTOR FELIPE
No habían pasado diez días desde su llegada al poder, en septiembre de 2004, cuando Martín Torrijos recibió una visita especial. El flamante Team Martín acogió al ex mandatario español Felipe González en el Palacio de las Garzas. González, criticado en España por convertirse en lobbysta de empresarios iberoamericanos luego de abandonar la política, fue un viejo amigo de Omar Torrijos, al que su hijo Martín escucha con atención. No venía solo. Lo acompañaba Carlos Slim. La reunión fue más que cordial, Torrijos tenía el mundo por delante. Desde entonces, las visitas de Slim no pararon.
En noviembre de ese mismo año, el mexicano visitó la casa de gobierno como parte de la comitiva del presidente Vicente Fox. Cuatro meses después, en marzo del 2005, fue el expositor principal de EXPOCOMER. Con cada viaje las relaciones se volvieron más íntimas. Ubaldino Real, entonces ministro de la Presidencia, era uno de sus interlocutores preferidos.
Al poco tiempo González volvió a la escena. Siempre tendiendo puentes, acompañó a Slim dos veces más a Panamá. El 13 de mayo del 2005 hicieron escala en Tocumen y el presidente se hizo un lugar en la agenda para llegar al aeropuerto y entrevistarse con ellos. En otro viaje, González y Slim visitaron el Palacio de Las Garzas por sorpresa. Pasaban por acá y llegaron. Fue el 30 de junio. Torrijos estaba con Julio Lagos, presidente de Chile en visita oficial. Los recibieron sin pensarlo dos veces. Recién entonces los medios comenzaron a hacer preguntas sobre la relación del gobierno con el magnate mexicano. En esos días, Panamá discutía el proyecto de ampliación del Canal, del que Slim es hoy contratista. El canciller Samuel Lewis Navarro salió a hablar sobre el tema: “iban en ruta a Suramérica y tuvimos la oportunidad de que se generara una feliz coincidencia con la visita del presidente Lagos. Siempre hay que aprovechar las experiencias de gente como ellos, que son señores que sobresalen en el mundo, para aprovechar y pedirles no solamente consejos, sino intercambiar opiniones”.
La muerte del Papa también trajo la relación de Torrijos con Slim a las páginas de los diarios. Como estaban agotados los vuelos a Roma, Torrijos viajó al funeral en un avión que le cedió el mexicano. Para la inauguración del Museo del Tucán, también fue presentada una exposición sobre Rodin, cedida gentilmente por Slim.
Un año después del funeral del Papa, los dos amigos volvieron a encontrarse. Fue en la Universidad Texas A&M, en Estados Unidos. Torrijos viajó para ser orador de la graduación. Lo acompañaba Ubaldino Real, con el que recordó viejos tiempos. Ambos se habían graduado allí. Slim estaba entre los invitados, compartiendo mesa con el venezolano Gustavo Cisneros. Torrijos cenó con George Bush padre. Eran los días de apogeo del ahora presidente saliente, administrando el país con mayor crecimiento de América Latina. Slim siguió viniendo al istmo para ser custodiado por el SPI de forma irregular. Tiempo después llegó la catarata de negocios. Y con ellos, los problemas.
HACER LA LUZ.
Luego de la invasión, el futuro de Panamá pareció quedar a oscuras. Y no es una metáfora. La falta de capacidad para generar la energía que necesitaba el país obligó a tomar decisiones urgentes. Hacían falta inversiones para desarrollar la capacidad hidroeléctrica y latente de los ríos del interior. Los apuros económicos hacían inviable la financiación por parte del Estado. Tanto Guillermo Endara como Ernesto Pérez Balladares entregaron concesiones a empresas privadas para que llevaran adelante las obras.
Así fue como César Lisac consiguió los permisos para llevar adelante tres hidroeléctricas: una chiquita en Volcán y dos más grandes en el río Chiriquí viejo, Bajo Mina y Baitún. Su empresa tenía una larga trayectoria en el rubro. Lisac había sido contratista y consultor en algunas de las obras más grandes efectuadas en Panamá, cuando las mega obras las encaraba el Estado: las hidroeléctricas Estrella Los Valles, Bayano y Fortuna. Su empresa era vanguardia en Panamá y por eso, dice Lisac, cuando se abrió el juego, recibieron las resoluciones que les permitían explorar las zonas.
“Para mí era una aventura. En esos días, el negocio generaba una ganancia muy marginal y era muy complicado conseguir la financiación. Piensa una cosa: el barril de petróleo estaba a 8 dólares. Era más barato comprar crudo que producir energía. Ahora que el barril cuesta 50 es que viene Carlos Slim”, dice el hombre, de 77 años, en su oficina de Vía Argentina. “Esta edad tiene una ventaja: no tengo nada que perder. Puedo pelear contra la corrupción”.
La empresa de Lisac le dio prioridad a la construcción del proyecto más pequeño, el de Volcán. Cuando tenían todo listo para comenzar a construir, vendieron la empresa. Necesitaban incorporar recursos, pensando en los proyectos del Río Chiriquí que eran los más ambiciosos. Fueron largos años de trabajo que hacia 2005 parecían llegar a buen puerto.
Bajo de Mina, que produciría 54 Mw, estaba en su etapa final de planeamiento con todos los estudios y permisos aprobados: el de factibilidad, el de impacto ambiental y el de uso de aguas. Tenían el contrato de construcción ya firmado con la compañía española ISOLUX-CORSAN. Estaban en la última fase de la financiación, con el ‘due dilligence’ en marcha, algo así como la última instancia antes de que los bancos suelten el dinero. Firmaron con la ASEP el Contrato de Concesión de Generación de Energía, que los obligaba a comenzar las obras en los 12 meses siguientes. Y cuando venía lo mejor, llegó la guerra.
A PULSO
“Todo empezó cuando las empresas de Slim nos propusieron participar del proyecto. Llegaron con nosotros a través del Ingeniero Pablo Real Pozo, coordinador internacional de la Comisión Federal de Electricidad de México. Teníamos buenas referencias y comenzamos a negociar. Pero, mientras las reuniones no conducían a nada, comenzamos a notar cómo la ASEP nos trababa el Proyecto. Con el tiempo concluimos que sólo querían entretenernos, esperando que nos quitaran la concesión”.
Luego de la firma del Contrato de Generación, la ASEP estaba obligada a tramitar la adjudicación de los terrenos donde se debía construir. Pero no pasaba nada. Tratando de curarse en salud, la empresa le propuso a la ASEP una adenda en el contrato que contemplase una prolongación, de acuerdo a las tardanzas en la tramitación de las tierras. Como la ASEP no contestaba, decidieron pedir una prórroga en la concesión para generación de electricidad por cinco meses. Eso, además, les permitiría finalizar el proceso de financiamiento.
Pero les dijeron que no y, sin vueltas, en diciembre de 2006, les quitaron los permisos. Lisac no lo podía creer. “Nos decían que no en la primera prórroga que pedíamos, de sólo cinco meses, mientras que a Unión Fenosa para el proyecto Algarrobos le dieron una prórroga de diez años, lo mismo que a Hidroecológica Teribe S.A. para el proyecto Bonyic y otra de 5 años a Hidroelectrica Bajos de Totuma. La única razón que me entra en la cabeza para entender por qué actuaron con marcada preferencia hacia otras empresas, es que hicieron esto porque tenían que favorecer a la empresa de Slim, el amigo de Torrijos”, dice Lisac.
Luego de la negativa a la prórroga, Lisac se movió con velocidad. Presentó una demanda ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo la nulidad de la cancelación. El Magistrado ponente era Víctor Benavides. Tardó nueve meses en admitirla. Ya era tarde: en mayo de 2007 la obra había sido subastada en pulso que ganó la compañía Ideal Panamá S.A, propiedad de Slim. Por su parte, el procurador de la Administración, Oscar Ceville, nunca contestó la demanda. Para defenderse en el caso, la ASEP contrató a la firma privada de abogados Icaza, González, Ruíz y Alemán.
Lisac siguió molestando. Le envío cuatro cartas a Ligia Castro, administradora de la ANAM, advirtiéndole que todavía estaba vigente el contrato de concesión de uso de aguas de La Mina Hydro Power. Intentaba que se abstuviera de firmar un nuevo contrato para el mismo río y en el mismo sitio con la Sociedad IDEAL Panamá.
Luego de ganar la licitación, la empresa de Carlos Slim logró moverse a través de las aguas del Estado con una celeridad sorprendente. “Si tu ves, todos los que participan de esta trama fueron nombrados directamente por Torrijos: Urrutia en la ASEP, Kuzniecki en la Secretaría de Energía, Vallarino en Contraloría, Castro en la ANAM y Benavides, que funciona en la Corte como un cuello de botella”, narra Lisac en voz alta, lo que muchos otros empresarios panameños sólo dicen en voz baja.
Lo cierto es que el Contralor Carlos Vallarino refrendó el contrato de concesion a IDEAL el mismo día en que fue presentado. En el caso de Lisac habían tardado 170. En la ANAM, también parecieron despertarse de un largo letargo. Ligia Castro aprobó el Estudio de Impacto Ambiental de Slim en apenas 47 días, cuando lo usual en otros casos es tomarse tranquilamente un par de años.
“Lo que pasa es que el estudio que presentaron, en la ANAM, ya lo conocían: era el nuestro”, se ríe Lisac que también presentó una demanda por plagio y derechos de autor. “Presentaron las mismas coordenadas, y hasta el mismo nombre. Esos papeles sólo pudieron conseguirlos de los cajones de la ANAM. También es un caso de espionaje industrial”.
LA DEFENSA
El administrador del ASEP, Victor Urrutia, asegura que todo se hizo siguiendo la ley. No le presta atención a las denuncias ni a la demanda por corrupción interpuesta en su contra. Niega que la ASEP haya espiado o favorecido a empresa alguna. En respuestas que ofrece vía e- mail, Urrutia asegura que “retiramos la concesión por incumplimiento. La entidad tuvo que invocar el contrato que estipulaba que el concesionario estaba obligado a iniciar la obra de la central hidroeléctrica a más tardar en octubre de 2006, o sea 12 meses contados a partir de la fecha del refrendo del contrato, obligación que la empresa incumplió”.
En relación al “trato preferencial” que habría recibido la emprea Ideal Panamá, propie dad de Slim, Urrutia recurre a la transparencia de la licitación. “Todo se cumplió en un acto transparente. La disponibilidad del proyecto Bajo de Mina, fue publicada en los medios locales para conocimiento de los interesados, logrando la atención de 14 empresas que compitieron en una subasta pública, donde resultó ganadora la compañía Ideal Panamá S.A. Ese mismo día se subastaron otros proyectos importantes que también habían sido cancelados, iniciándose de esta manera el reordenamiento del mercado energético”.
Lo que es un hecho es que, cinco años después del ascenso de Torrijos al poder, Carlos Slim tiene inversiones en el país por alrededor de 300 millones de dólares. Sus empresas han cimentado sus posiciones en sectores clave de la economía panameña: telecomunicaciones, construcción y el energético. Un crecimiento que parece una metáfora del boom económico, una Polaroid de un tiempo que parece terminar. Torrijos deja el poder en 33 días. Las empresas de Slim llegaron para quedarse.

Actuaron con marcada preferencia hacia otras empresas porque tenían que favorecer a la empresa de Carlos Slim, el amigo de Torrijos.
CÉSAR LISAC
EMPRESARIO

LA FORTUNA DE SLIM EN WIKIPEDIA
A principios de los años ochenta y en medio de una crisis que paralizó a México con fugas de capitales históricas, Slim y su grupo eran los únicos que realizaban inversiones fuertes en el país, adquiriendo varias empresas a “muy buen precio” en complicidad con el Gobierno de turno calificado de alta corrupción.
Carlos Slim y su Grupo Carso se propusieron invertir en forma intensa y activa. Así es como en este período se realizan diversas inversiones y adquisiciones, entre las cuales se cuenta Cigatam (Philip Morris México) fabricante de los cigarros Marlboro.
En 1990 adquirió Telmex, junto a France Telecom de Francia y SBC Telecomunicaciones de los Estados Unidos, la única compañía que brindaba servicios de telefonía fija en México (que administraba el Estado hasta ese momento). Carlos Slim Helú compró Telmex durante las privatizaciones del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. La venta fue hecha a través de una subasta pública el 9 de diciembre de 1990.
También es propietario de América Móvil, la cual es un muy buen ejemplo de creación de valor de una compañía ya que de tener 35 mil clientes celulares cuando se privatizó (1990), América Móvil pasó a tener en el 2008, más de 170 millones de suscriptores celulares en América Latina siendo los pioneros e inventores a nivel mundial del sistema de prepago en telefonía celular, solución que revolucionó el mercado mexicano, latinoamericano y mundial en la venta de móviles Hoy, América Móvil es el quinto operador mundial con 170 millones de suscriptores en México y América Latina solo superada por China Mobile, Vodafone, China Telecom y Telefónica. El 12 de marzo de 2007, el periódico El Universal publicó que «la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) confirmó hoy que las tarifas de la telefonía en México continúan situadas entre las más altas de los treinta países que integran ese organismo internacional. Además, sostuvo que en el país la competencia en el sector es ‘insuficiente’ porque Teléfonos de México (Telmex), en telefonía fija, y Telcel, en móvil, ambas propiedad del mexicano Carlos Slim, mantienen posiciones claramente dominantes.

Martinelli y Balbina también quieren parte del pastel de islas y costas

Nos parece surrealista que el Diputado Pedro Miguel Gonzales a quien algún interesado le compró la Ley 2 -Insular- de 2005, que concesiona y vende nuestras costas e islas a consorcios para la especulación inmobiliaria, nuevamente pero ahora en compañía de candidatos presidenciales como Ricardo Martinelli y Balbina Herrera estén arrebatándonos al mejor estilo de Pedro Navaja, al filo de la navidad y año nuevo de 2008 las costas e islas del dominio público para convertirlo en dominio privado titulado con las consecuencias negativas sociales y ambientales que esta ley provocará.

Intereses creados y unidos por  un fin innoble que le hace daño al pueblo panameño que no tiene propiedades en las costas y islas.

Los políticos yerran cuando unen intereses creados para fines innobles que le hacen daño al pueblo panameño sin lugar a dudas. No respetan ni la Constitución!

¿Qué se espera bajo un régimen privado total en nuestro sistema insular  y  playas del país?  El libre albedrío destruirá poco a poco nuestro entorno costero e insular como cuando células cancerígenas arriban a un órgano sano.  Igualmente bajo el principio de propiedad privada muchas playas serán dominios privados, ya que buscarán la forma de hacerla inaccesible al uso público. En países que aman sus costas se le impide a los nacionales vender sus tierras a extranjeros  y grupos latifundistas como medio de asegurar dominio nacional y público de estos bienes de todos. En Panamá estamos haciendo todo lo contrario y ya podemos augurar quienes serán los dueños finales de nuestras costas.  No hay que irse muy lejos para ver como esto ocurre actualmente en la Isla Flamenco, donde usted no tiene permitido el acceso a playas que ahora son propiedad de facto del Señor Pineiro.

Todos estos sujetos políticos que están proponiendo este robo al país merecen nuestro repudio y rechazo por ser unos vendepatrias de la peor calaña.

La presencia de políticos y empresarios de todas las corrientes o tendencias indica que en asunto de repartición de bienes del país no existe ninguna diferencia. Desde la extrema fascista hasta rateros han aparecido en la Asamblea para apoyar al poco querido Pedro Miguel Gonzales para que concrete la venta del patrimonio inalienable de la nación panameña!

Qué naúseas tenemos de lo que estamos observando con los diputados y  con los candidatos presidenciales que evidentemente su norte lo marcan sus propios intereses con cero compromiso con el país.  Qué país sin gente buena  y virtuosa para gobernar!

Le recordamos a estos políticos el artículo 258 y el primer parágrafo de la Constitución Política de Panamá donde se indica lo siguiente:

Pertenecen al Estado y son de uso público, y por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada:

1. El mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos y estéreos. Todos estos bienes son de aprovechamiento libre y común, sujetos a la reglamentación que establezca la Ley.

Por favor respeten a este mancillado pueblo y su derecho a tener playas con servidumbre. Más del 90 de la población panameña, que NO vive, ni tienes propiedades a orillas del mar o en islas también tiene derecho a usar el dominio público como son sus playas e islas para esparcimiento, relajación y cualquier uso que a bien tenga.

Burica Press

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Ejemplo de abusos sin Ley de Privatización de Islas y Costas

Red Frog Beach privatizó de facto el paso de transeuntes por los caminos reales del Istmo de la Isla Bastimentos

Red Frog Beach privatizó de facto el paso de transeuntes por los caminos reales del Istmo de la Isla Bastimentos

ENCUESTA SOBRE ESTE TEMA

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Avanza venta de islas

PRIMER DEBATE. Balbina Herrera asistió ayer a la Asamblea para respaldar la propuesta de ley. LA PRENSA/Jorge Fernández

leonardo flores
lflores@prensa.com

La propuesta de ley que permite la venta de islas y costas, mediante la titulación a quien tenga derechos posesorios, fue aprobada ayer en primer debate por la Comisión de Hacienda.

El proyecto, que fija en 6 dólares la hectárea, pasó al pleno, que reanuda sesiones el próximo lunes.

Ley de venta de islas entra a segundo debate

Se trata de una iniciativa que da luz verde a los que tienen derechos posesorios para que titulen las tierras en áreas de costas e islas.

leonardo flores
lflores@prensa.com

El polémico proyecto de ley que busca titular las islas y costas del país fue aprobado ayer, de forma unánime, por cinco de los siete miembros de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional presentes en el debate.

Tras la aprobación en segundo debate, los diputados acordaron, igualmente, pedir al pleno legislativo que le dé al proyecto la categoría de “urgencia notoria”, es decir, que la discusión pase a los primeros puntos del orden del día.

El informe de la subcomisión, que fue avalado en su totalidad por la comisión, establece que el precio para la adjudicación de los derechos posesorios que realice cualquier persona natural o jurídica será de seis dólares por cada hectárea. En aquellos lugares en donde no haya derechos posesorios, la adjudicación estará sujeta a los procesos de contrataciones públicas.

Además, determinó que la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario será la institución que se encargue de adjudicar de forma definitiva las tierras costeras. El documento aprobado declara el territorio insular área de desarrollo especial, por lo que se autoriza la titulación de dichas tierras.

Al debate asistió Salo Shamah de la campaña de Ricardo Martinelli, quien considera que la ley va dar seguridad jurídica a aquellas personas que ostentan pacíficamente un derecho posesorio.

Sin embargo, abogó porque la titulación sea totalmente gratis y sin demoras. Otra que se manifestó a favor del proyecto fue la candidata presidencial del oficialismo, Balbina Herrera.

MIVI zonificó manglares para urbanizaciones

JUAN DÍAZ

El Mivi cambió uso de suelo en área de manglar

La dirección de Áreas Protegidas de la Autoridad Nacional del Ambiente criticó al Ministerio de Vivienda por violar normas que protegen los manglares.

josé arcia
jarcia@prensa.com

Unas 18.5 hectáreas de manglar en el área sur de Juan Díaz están en riesgo como consecuencia de un cambio de uso de suelo que aprobó el Ministerio de Vivienda (Mivi) en enero de 2007, para realizar el proyecto Santa María Golf & Country Club. La decisión fue tomada bajo la administración de la entonces ministra Balbina Herrera, quien dejó la cartera en abril de 2008.

El proyecto incluía unas 23.5 hectáreas de manglar, pero el promotor modificó los planos y excluyó nueve hectáreas. Sin embargo, de acuerdo con el estudio de impacto ambiental (EIA), se talarán otras cuatro hectáreas para la canalización del río Juan Díaz. El estudio fue aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) en febrero de 2008.

Los grupos ambientalistas están cuestionando al Mivi por haber otorgado los cambios de uso de suelo, que permitirán desarrollos urbanísticos en áreas de manglar que fueron identificadas por el propio Mivi como zonas de reserva ecológica, a través de la Resolución 1-80 del 3 de enero de 1980.

En el año 2000, se aprobó el Decreto Ejecutivo No. 205 de 28 de diciembre, que también estipula que deben conservarse los manglares de Juan Díaz.

Para el viceministro del Mivi, José Batista, para aprobar el proyecto no hubo cambio de uso de suelo porque esas áreas no tenían categorías de uso. “Lo que hicimos fue asignarle al proyecto un uso de suelo en respuesta a un plan de desarrollo que ellos presentaron”, explicó el funcionario.

cambio de zonificación en área protegida

Nuevo uso para el manglar

Parte del proyecto Santa María Golf & Country Club ocupará 18.5 hectáreas de manglar en Juan Díaz, que eran zonas de reserva ecológica.

trabajos. La empresa ya ha empezado el movimiento de tierra en la zona del proyecto. Los grupos ambientalistas consideran que el Ministerio de Vivienda violó las normas. LA PRENSA/Carlos Lemos

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

El Ministerio de Vivienda (Mivi) otorgó un cambio de uso de suelo en la zona sur de Juan Díaz que preocupa a los grupos ambientalistas, porque permite la urbanización de áreas que estaban destinadas a la conservación desde la década de 1980.

En enero de 2007, el Mivi emitió la Resolución No. 02-2007, mediante la cual aprobó cuatro categorías de uso de suelo al proyecto Santa María Golf & Country Club: residencial de mediana densidad (R2B), residencial de alta densidad (RM3), comercial de alta densidad (c-2) y área verde o campo de golf y parque (AV).

Los cambios de zonificación incluyeron zonas de manglar y humedales que el propio Mivi destinó como área restringida y de reserva ecológica desde 1980.

Las preocupaciones

Desde mediados del año pasado, grupos conservacionistas han estado cuestionado este cambio de uso de suelo.

El primero en hacerlo fue la Sociedad Audubon de Panamá, que señaló que las nuevas zonificaciones son “violatorias a las normas vigentes”.

La propia directora de Áreas Protegidas de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), Aleida Salazar, señaló: “Quisiéramos conocer en base a qué norma el Mivi aprobó este proyecto urbanístico”.

Ambas opiniones quedaron plasmadas en los informes que se incluyeron en el estudio de impacto ambiental (EIA) que la sociedad Trilux Holdings, responsable del proyecto, presentó ante la Anam para su evaluación. El EIA fue aprobado por la Anam en febrero de 2008.

El Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), por su parte, también ha cuestionado el proyecto y está buscando toda la documentación para demandar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los cambios de uso de suelo.

Leslie Marín, abogado de Ciam, dijo que el recurso será presentado en los primeros días de enero de 2009.

Marín explicó que las acciones en contra de la decisión del Mivi se están haciendo ahora porque la entidad les negó, al principio, algunos de los documentos solicitados.

Luego de cuatro meses de haber presentado un hábeas data ante la CSJ, el mes pasado salió el fallo obligando al Mivi a proporcionar la información.

En el centro de estos cuestionamientos están 18.5 hectáreas de manglar que serán taladas porque forman parte del proyecto, en el que se planea construir unas 4 mil viviendas de “lujo”, además de una cancha de golf de 18 hoyos.

“El área propuesta para la ejecución del proyecto urbanístico presenta característica muy especiales, que además de su valor ecológico… cumple importantes funciones climáticas previniendo inundaciones…”, señaló el informe de Salazar, directora de Áreas Protegidas.

Bolívar Zambrano, director de Evaluación de la Anam, dijo que el EIA se aprobó, pero se prohibió la tala de manglar para el desarrollo del proyecto.

Martín Sosa, director general del Santa María Golf & Country Club, dijo que la primera frase del proyecto no incluye áreas de manglar, “y para las siguientes fases haremos las evaluaciones ambientales”.

En el EIA que entregó a la Anam, Sosa plantea que se añadirá al programa de reforestación de manglar en el estero de Chame.

José Batista, viceministro del Mivi y quien ocupaba el cargo de director de Desarrollo Urbano del Mivi cuando se cambiaron los usos de suelo, dijo que el proyecto Santa María Golf ha sido “satanizado”. Se trata de una obra residencial “donde hemos sido estrictos con el tema ambiental”, dijo.

A juicio de Batista, los nuevos usos de suelo no fueron otorgados para las áreas de manglar. Incluso, dijo, a los promotores del proyecto se les obligó a hacer cambios para que sacaran esas áreas protegidas.

PUNTOS PARA RECORDAR

Terreno.
Con más de 200 hectáreas, el proyecto afectará 18.5 hectáreas de manglar.

Usos.
Santa María Golf & Country Club es un proyecto de residencias de lujo que incluye un campo de golf.

Seis meses frente a la Corte Suprema

Seis meses frente a la Corte Suprema

Ciudad de Panamá. Burica Press (13 de diciembre de 2008). De acuerdo a Denia Arauz, una arquitecta panameña, activista ambiental y defensora del paisaje urbano de las áreas revertidas de la ciudad de Panamá, todo pareciera indicar que sus seis meses continuos frente a la Corte Suprema de la República de Panamá es una lucha que no se ha ganado todavía.

Justo ayer se cumplieron 129 días laborales (seis meses) que los residentes de las áreas revertidas asisten religiosamente con insistencia y perseverancia frente a las oficinas de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pidiendo justicia ambiental ya que los activistas ambientales y residentes de las áreas revertidas demandan la inconstitucionalidad de la Ley 12 de 2007 que legalizó más de 50 actos administrativos ilegales de zonificación realizados por el Ministerio de Vivienda (MIVI)en la administración de Martín Torrijos y la de la señora Mireya Moscoso. Al legalizar estas zonificaciones que la Ley prohibía y protegía el espacio, el entorno urbano y las áreas verdes, miles de hectáreas de dichas áreas y otros espacios urbanos invaluables se perderían por la densificación y construcción de obras civiles contra natura.

Insisten en que como ciudadanos dignos de este país, seguirán luchando para que los fallos de la Corte Suprema se desarrollen bajo la integridad, la transparencia y el compromiso institucional por el supremo bien del país”

Los activistas urbanistas y ambientales indican que seguirán asistiendo a la Corte ya que lo que ha hecho la Asamblea Nacional y la Corte Suprema con esta ley es proteger con impunidad la corrupción del MIVI que ha olvidado su papel rector del urbanismo y se ha convertido en una agencia promotora de bienes raíces pero vendiendo las riquezas y valores nacionales. Ellos indican que la Corte debe fallar contra esta ley.

Fotos: D. Arauz

Rosina de Stec, Rafael Spalding, Raisa Banfield, Denia Arauz y un centenar más de panameños indican que han hecho este significativo acto de protesta porque tienen sed de justicia ante tantas arbitrariedades y corrupción del Gobierno Central y de la Asamblea Nacional que se atrevieron a aprobar en conjunto esta ley que es una aberración jurídica y por tanto una vergüenza nacional.

Una lucha diaria que con megáfono en mano, pancartas y banderas verdes levantan cada mañana la voz de censura contra cinco magistrados de la Corte: Aníbal Salas, Winston Spadafora, Alberto Cigarruista, Nelly Cedeño de Paredes y Delia Carrizo de Martines por haber fallado bajo presión política y legalizar aún más la corrupción montada desde el Ejecutivo y la Asamblea sobre el destino de las áreas verdes revertidas de la antigua Zonal del Canal.

Los activistas indican que sienten que sus esfuerzos ciudadanos han calado sin precedente histórico, en la gestión de la magistratura de justicia, que tiene que dar un revés rotundo y dar cumplimiento al Código de Ética Judicial, orientado a las actuaciones honestas, idóneas, independientes, justas e imparciales de los funcionarios de este Órgano del Estado, para lograr un correcto desempeño de la administración de justicia, que no puede estar divorciada o aislada del elemento moral.