MIVI zonificó manglares para urbanizaciones

JUAN DÍAZ

El Mivi cambió uso de suelo en área de manglar

La dirección de Áreas Protegidas de la Autoridad Nacional del Ambiente criticó al Ministerio de Vivienda por violar normas que protegen los manglares.

josé arcia
jarcia@prensa.com

Unas 18.5 hectáreas de manglar en el área sur de Juan Díaz están en riesgo como consecuencia de un cambio de uso de suelo que aprobó el Ministerio de Vivienda (Mivi) en enero de 2007, para realizar el proyecto Santa María Golf & Country Club. La decisión fue tomada bajo la administración de la entonces ministra Balbina Herrera, quien dejó la cartera en abril de 2008.

El proyecto incluía unas 23.5 hectáreas de manglar, pero el promotor modificó los planos y excluyó nueve hectáreas. Sin embargo, de acuerdo con el estudio de impacto ambiental (EIA), se talarán otras cuatro hectáreas para la canalización del río Juan Díaz. El estudio fue aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) en febrero de 2008.

Los grupos ambientalistas están cuestionando al Mivi por haber otorgado los cambios de uso de suelo, que permitirán desarrollos urbanísticos en áreas de manglar que fueron identificadas por el propio Mivi como zonas de reserva ecológica, a través de la Resolución 1-80 del 3 de enero de 1980.

En el año 2000, se aprobó el Decreto Ejecutivo No. 205 de 28 de diciembre, que también estipula que deben conservarse los manglares de Juan Díaz.

Para el viceministro del Mivi, José Batista, para aprobar el proyecto no hubo cambio de uso de suelo porque esas áreas no tenían categorías de uso. “Lo que hicimos fue asignarle al proyecto un uso de suelo en respuesta a un plan de desarrollo que ellos presentaron”, explicó el funcionario.

cambio de zonificación en área protegida

Nuevo uso para el manglar

Parte del proyecto Santa María Golf & Country Club ocupará 18.5 hectáreas de manglar en Juan Díaz, que eran zonas de reserva ecológica.

trabajos. La empresa ya ha empezado el movimiento de tierra en la zona del proyecto. Los grupos ambientalistas consideran que el Ministerio de Vivienda violó las normas. LA PRENSA/Carlos Lemos

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

El Ministerio de Vivienda (Mivi) otorgó un cambio de uso de suelo en la zona sur de Juan Díaz que preocupa a los grupos ambientalistas, porque permite la urbanización de áreas que estaban destinadas a la conservación desde la década de 1980.

En enero de 2007, el Mivi emitió la Resolución No. 02-2007, mediante la cual aprobó cuatro categorías de uso de suelo al proyecto Santa María Golf & Country Club: residencial de mediana densidad (R2B), residencial de alta densidad (RM3), comercial de alta densidad (c-2) y área verde o campo de golf y parque (AV).

Los cambios de zonificación incluyeron zonas de manglar y humedales que el propio Mivi destinó como área restringida y de reserva ecológica desde 1980.

Las preocupaciones

Desde mediados del año pasado, grupos conservacionistas han estado cuestionado este cambio de uso de suelo.

El primero en hacerlo fue la Sociedad Audubon de Panamá, que señaló que las nuevas zonificaciones son “violatorias a las normas vigentes”.

La propia directora de Áreas Protegidas de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), Aleida Salazar, señaló: “Quisiéramos conocer en base a qué norma el Mivi aprobó este proyecto urbanístico”.

Ambas opiniones quedaron plasmadas en los informes que se incluyeron en el estudio de impacto ambiental (EIA) que la sociedad Trilux Holdings, responsable del proyecto, presentó ante la Anam para su evaluación. El EIA fue aprobado por la Anam en febrero de 2008.

El Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), por su parte, también ha cuestionado el proyecto y está buscando toda la documentación para demandar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) los cambios de uso de suelo.

Leslie Marín, abogado de Ciam, dijo que el recurso será presentado en los primeros días de enero de 2009.

Marín explicó que las acciones en contra de la decisión del Mivi se están haciendo ahora porque la entidad les negó, al principio, algunos de los documentos solicitados.

Luego de cuatro meses de haber presentado un hábeas data ante la CSJ, el mes pasado salió el fallo obligando al Mivi a proporcionar la información.

En el centro de estos cuestionamientos están 18.5 hectáreas de manglar que serán taladas porque forman parte del proyecto, en el que se planea construir unas 4 mil viviendas de “lujo”, además de una cancha de golf de 18 hoyos.

“El área propuesta para la ejecución del proyecto urbanístico presenta característica muy especiales, que además de su valor ecológico… cumple importantes funciones climáticas previniendo inundaciones…”, señaló el informe de Salazar, directora de Áreas Protegidas.

Bolívar Zambrano, director de Evaluación de la Anam, dijo que el EIA se aprobó, pero se prohibió la tala de manglar para el desarrollo del proyecto.

Martín Sosa, director general del Santa María Golf & Country Club, dijo que la primera frase del proyecto no incluye áreas de manglar, “y para las siguientes fases haremos las evaluaciones ambientales”.

En el EIA que entregó a la Anam, Sosa plantea que se añadirá al programa de reforestación de manglar en el estero de Chame.

José Batista, viceministro del Mivi y quien ocupaba el cargo de director de Desarrollo Urbano del Mivi cuando se cambiaron los usos de suelo, dijo que el proyecto Santa María Golf ha sido “satanizado”. Se trata de una obra residencial “donde hemos sido estrictos con el tema ambiental”, dijo.

A juicio de Batista, los nuevos usos de suelo no fueron otorgados para las áreas de manglar. Incluso, dijo, a los promotores del proyecto se les obligó a hacer cambios para que sacaran esas áreas protegidas.

PUNTOS PARA RECORDAR

Terreno.
Con más de 200 hectáreas, el proyecto afectará 18.5 hectáreas de manglar.

Usos.
Santa María Golf & Country Club es un proyecto de residencias de lujo que incluye un campo de golf.

Seis meses frente a la Corte Suprema

Seis meses frente a la Corte Suprema

Ciudad de Panamá. Burica Press (13 de diciembre de 2008). De acuerdo a Denia Arauz, una arquitecta panameña, activista ambiental y defensora del paisaje urbano de las áreas revertidas de la ciudad de Panamá, todo pareciera indicar que sus seis meses continuos frente a la Corte Suprema de la República de Panamá es una lucha que no se ha ganado todavía.

Justo ayer se cumplieron 129 días laborales (seis meses) que los residentes de las áreas revertidas asisten religiosamente con insistencia y perseverancia frente a las oficinas de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) pidiendo justicia ambiental ya que los activistas ambientales y residentes de las áreas revertidas demandan la inconstitucionalidad de la Ley 12 de 2007 que legalizó más de 50 actos administrativos ilegales de zonificación realizados por el Ministerio de Vivienda (MIVI)en la administración de Martín Torrijos y la de la señora Mireya Moscoso. Al legalizar estas zonificaciones que la Ley prohibía y protegía el espacio, el entorno urbano y las áreas verdes, miles de hectáreas de dichas áreas y otros espacios urbanos invaluables se perderían por la densificación y construcción de obras civiles contra natura.

Insisten en que como ciudadanos dignos de este país, seguirán luchando para que los fallos de la Corte Suprema se desarrollen bajo la integridad, la transparencia y el compromiso institucional por el supremo bien del país”

Los activistas urbanistas y ambientales indican que seguirán asistiendo a la Corte ya que lo que ha hecho la Asamblea Nacional y la Corte Suprema con esta ley es proteger con impunidad la corrupción del MIVI que ha olvidado su papel rector del urbanismo y se ha convertido en una agencia promotora de bienes raíces pero vendiendo las riquezas y valores nacionales. Ellos indican que la Corte debe fallar contra esta ley.

Fotos: D. Arauz

Rosina de Stec, Rafael Spalding, Raisa Banfield, Denia Arauz y un centenar más de panameños indican que han hecho este significativo acto de protesta porque tienen sed de justicia ante tantas arbitrariedades y corrupción del Gobierno Central y de la Asamblea Nacional que se atrevieron a aprobar en conjunto esta ley que es una aberración jurídica y por tanto una vergüenza nacional.

Una lucha diaria que con megáfono en mano, pancartas y banderas verdes levantan cada mañana la voz de censura contra cinco magistrados de la Corte: Aníbal Salas, Winston Spadafora, Alberto Cigarruista, Nelly Cedeño de Paredes y Delia Carrizo de Martines por haber fallado bajo presión política y legalizar aún más la corrupción montada desde el Ejecutivo y la Asamblea sobre el destino de las áreas verdes revertidas de la antigua Zonal del Canal.

Los activistas indican que sienten que sus esfuerzos ciudadanos han calado sin precedente histórico, en la gestión de la magistratura de justicia, que tiene que dar un revés rotundo y dar cumplimiento al Código de Ética Judicial, orientado a las actuaciones honestas, idóneas, independientes, justas e imparciales de los funcionarios de este Órgano del Estado, para lograr un correcto desempeño de la administración de justicia, que no puede estar divorciada o aislada del elemento moral.

Petaquilla corruption mining

Petaquilla hit with maximum fine, partial restitution, market rejection

by Eric Jackson

Richard Fifer’s Petaquilla Minerals, the parent company of Petaquilla Gold, which runs the illegal Molejon gold mine, has been hit by the National Environmental Authority (ANAM) with the maximum million-dollar fine for violating environmental laws and ordered to pay $934,694 in restitution for those affected by its road building and strip mine development activities, which have been carried out without an environmental permit or any of the ordinarily required damage control measures. Runoff from Petaquilla’s operations has silted streams, damaging fisheries and muddying surface waters upon which people and farm animals depend.Despite the lack of approval for its activities, the company is threatening in international press releases to begin gold production in December, which will mean the introduction of cyanide and mercury into the environment. These toxic chemicals are used to separate gold from the quartz in which it is embedded. Though the norm is to build a retaining pond for toxic residues from the separation process, the usual thing in Panama has been that at the height of rainy season these ponds overflow and mining companies say that the resulting fish kills and long-term heavy metal contamination of streams and rivers are “acts of God.”A movement of farmer, community, environmentalist and Liberation Theology Catholic groups that has for a number of years been doing battle with Fifer and Petaquilla has denounced ANAM’s restitution order as “really ridiculous” because it’s only based upon the cost of reforestation of the big hole that Petaquilla is digging at El Molejon and doesn’t contemplate the degradation of water quality stretching along streams and rivers and running out to the Caribbean Sea.

ANAM has ordered a stop to all operations in all Petaquilla mining concessions. Fifer split the original Petaquilla concession in northern Cocle and western Colon provinces into Petaquilla Gold, which he still controls, and Petaquilla Copper, which was taken over in a hostile process by Canadian-based Inmet and has changed its name to Minera Panama. The copper concession is much further from production and its Canadian proprietors are less prone to outright defiance of Panamanian environmental laws than is Fifer. The latter has been blessed by the support of President Torrijos, even in the face of charges that Fifer embezzled public funds as governor of Cocle during the Moscoso administration and Fifer’s brazen defiance of ANAM and the courts. Petaquilla, however, was one of the main reasons why the US Congress adjourned its lame duck session without taking up the US-Panama free trade pact ratification. Yes, the Torrijos administration agreed back in 2007 that environmental laws would be enforced, but the timing of the latest action against Petaquilla only on the eve of the post-election congressional session bore all the hallmarks of insincerity and, along with President Bush’s pleas, it was ignored on Capitol Hill.


President Torrijos doing a Palacio de las Garzas  publicity photo with Fifer, left, and a Petaquilla publicity

If Fifer has been able to set up roadblocks to exclude environmentalists and reporters, paint the angry neighbors as a bunch of crazy radicals, mobilize the president’s backing and convince the Catholic hierarchy to pull anti-mine Claretan missionaries from the affected communities, it turns out that he has been less effective with the ordinary capitalist machinations of world markets. Petaquilla Minerals stock has risen and fallen with world gold prices, but apart from that it has fallen much more severely than trends in the industry can explain. That’s because, despite published misrepresentations of his embezzlement troubles — in many cases actually because of these, once the truth has become known — and all of the glowing press releases, over the years the company’s claims haven’t added up, its predictions have not come to pass, and Fifer’s inability to get along with industry heavyweights like Teck Cominco and Inmet have been telling to sophisticated mining investors. As far as the markets are concerned, Fifer is not to be trusted and his charmed relationship with the government is not expected to last after next year’s change of administrations. Thus the dive in Petaquilla Minerals share prices.
References

AES sigue corrompiendo a ANAM

AES Panamá patrocina evento Internacional Ambiental

En el marco de los programas de educación ambiental que realiza AES Panamá, la empresa apoyó el desarrollo del “Taller sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REED): complemento del futuro régimen del clima”, organizado por ANAM. El evento, que contó con la exposición de expertos internacionales y nacionales, la participación de funcionarios de los ministerios de ambiente de la región centroamericana y la presencia de Julián Nebreda, vicepresidente de AES para la región de Centroamérica y el Caribe.
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Esta escena es lamentable dado que irrumpe un claro principio de conflicto de intereses en el ejercer con libertad la autoridad  ambiental frente a una empresa que es violadora constante de la normativa ambiental y simplemente la ANAM no ha hecho nada para sancionar ejemplarmente a estos empresarios inescrupulosos.
Esta gráfica igualmente estaría violando el Código Penal en Capítulo II sobre corrupción de servidores públicos en su artículo 339 será sancionado con prisión de dos a cuatro años el servidor público que, personalmente o por persona interpuesta, incurra en las siguientes conductas:
1. Acepte, reciba o solicite donativo, promesa, dinero o cualquier beneficio o ventaja, para realizar, omitir o retardar un acto en violación de sus obligaciones, o quien las acepte a consecuencia de haber faltado a ellas.
2. Acepte, reciba o solicite donativo, promesa, dinero o cualquier ventaja o beneficio indebido, para realizar un acto propio de su cargo o empleo, sin faltar a sus obligaciones, o como consecuencia del acto ya realizado.
Burica Press

Transacciones de energía entre Panamá y Centromérica

Transacciones de Energía entre Panamá y Centromérica

Por: Ariel Rodríguez Vargas

El siguiente escrito intenta discutir la funcionalidad el Ente Operador Regional de Electricidad (EOR), con lo cual demostramos que Panamá real y efectivamente ha estado conectada, continuará conectada y aumentará su nivel y estándares de interconexión eléctrica con Centroamérica (de 50 Mwh a 300 MWh) y próximamente con Colombia y el Mercado Andino (400 MWh) también. Queremos demostrar con ello que Panamá no es un circuito cerrado de generación y consumo de electricidad como ha pretendido hacer ver el gobierno con tal de promover la sicosis de crisis energética para pescar en río revuelto con los proyectos que impulsan de manera insostenible y totalmente al margen de una real política energética y ambiental que defina rutas, rumbos y prioridades de acción en funcion real del interés nacional, hoy lesionado por mercaderes de la especulación.

Lnea de transmisión eléctrica

Este sistema de interconexión regional, el cual a pesar de todo, creemos que es positivo dentro de un real modelo de desarrollo sostenible y siempre y cuando sus reglas impidan que los mercaderes se tomen el sistema para especular como en este momento pretenden los agentes económicos de Panamá, quienes aliados o camuflados como funcionarios del Estado, empujan sin desparpajos la carreta de estos proyectos por doquier sin dimensionar aspectos ambientales, étnicos y de derechos humanos. Su buen uso debe evitar justo lo contrario a lo que está ocurriendo en Panamá.

El EOR es un organismo regional creado a través del artículo 18 del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central; el cual, fue firmado el 30 de diciembre de mil novecientos noventa y seis por los Presidentes de los Gobiernos de las Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

El EOR tiene personalidad jurídica propia y capacidad de derecho público internacional aplicable a las Partes. El EOR tiene la capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, actuar judicial y extrajudicialmente y realizar todos los actos, contratos y operaciones necesarias o convenientes para cumplir con su finalidad, tanto dentro como fuera del territorio de los países firmantes del Tratado, respetando los principios de satisfacción del interés público, igualdad y libre competencia. Esto nos indica que su funcionamiento es jurídicamente vinculante para los objetivos que fue creado.

El Ente Operador Regional tiene entre sus objetivos principales el de contribuir al desarrollo de un sistema regional de transmisión y generación de energía eléctrica con los niveles adecuados de calidad y seguridad, accesible a todos los agentes y que permita un despacho continuo, eficiente y económico. Si bien este objetivo suena mercantil, no es menos cierto que con una real política de fiscalización y control, estaríamos ante un escenario de un gran circuito eléctrico que compensaría cualquier falla, emergencia o contrato de envío, recibo y trueque de energía entre todos los agentes productores y despachadores de energía de Centroamérica, con tal que nunca se tenga las excusas de crisis energética como actualmente ocurre en Panamá, que lo único que buscan es seguir aumentando el precio de la energía y promover indiscriminada desde el Estado más generadoras eléctricas, so pretexto de evitar crisis futuras.

En el caso de Panamá se promueve de manera indiscriminada la generación térmica e hidroeléctrica como panaceas de un “problema energético” que ha sido finamente orquestado por el gobierno y empresas promotoras desde finales de marzo y está siendo finiquitada con este espectáculo hasta mediados de mayo aprevechando el tema de embalses con niveles críticos de agua, sin aclarar por ejemplo que Fortuna en los tres primeros meses del año exportó significativas cifras de energía por contrato y por mercado ocasional (“spot”), con lo cual pudieron disminuir la reserva óptima del lago para el mes de mayo. Simplemente no hubo previsión básica!

Por tanto, en este supuesto escenario de crisis dónde está la interconexión con Centroamérica resolviendo este problema creado por ellos mismos. La interconexión no se está utilizando con este fin a pesar que puede hacerlo. Si la actual interconexión tiene una capacidad de 50 megawatts por hora, significa que en 24 horas tiene capacidad de 1,200 Megawatts o simplemente se le disminuye Simplemente la utilizaron al revés, para generar crisis por masivas exportaciones! Que nadie pase por alto que hubo exportación hacia Centroamérica de energía de 6,859.37 megawatts entre los meses de enero, febrero y marzo por parte de Fortuna, lo cual evidentemente impactó el nivel del lago para el consumo doméstico. Con esto no queremos decir que esto sea incorrecto o malo, lo importante es saber que así como enviamos energía también podemos recibir energía para balancear en momentos coyunturales de disminución de capacidad.

Nótese que los panameños con su usual juega vivo están actuando contrario a lo esperado por la misión del EOR, ya que, a pesar que los bajos niveles inusuales de los embalses de Fortuna y Bayano pudieron pasar desapercibidos, hicieron de ello un espectáculo mediático sin precedentes y hasta se han atrevido a lanzar un horario “compita” para las oficinas del Estado, con tal de imponer a la fuerza proyectos de energía sucia como son las hidroeléctricas y las térmicas. Casi todo el mundo ha mordido el anzuelo mediático.

Insanamente han echado por tierra la misión del EOR ya que a pesar de haber disponibilidad desde Centromérica en este momento coyuntural para garantizar la operación técnica y comercial del mercado eléctrico de América Central de la cual como país somos parte, con criterios de seguridad, calidad y confiabilidad y libre acceso hemos dicho al mundo que Panamá es un mercado eléctrico cerrado que necesita de más proyectos hidroeléctricos y térmicos para sobrevivir.

Los panameños no debemos permitir que funcionarios y empresarios con interes creados sean quienes nos digan cuál es la ruta a seguir con el tema energético en este país. Exigimos la apertura completa de todo el escenario energético y discutir una real política energética y todas sus alternativas en un marco de discusión amplia, donde uno de los principales participantes sean los consumidores, los defensores de los consumidores, los defensores del ambiente y los derechos humanos.

Hay mucha tela que contar en este escenario de discusión y muchas falacias que derribar. Un escenario positivo es posible si todos los actores de la sociedad desentrañamos el meollo del asunto y nos abocamos realmente al uso de las energías limpias y a un mejor modelo de racionalidad energética para que el Planeta Tierra no se acabe prontamente.

El autor es biólogo y académico

Panamá, 22 de mayo de 2008.

Más información en: http://www.enteoperador.org/InformesEstadisticosMensuales.jsp