Martinelli sanciona y promulga “Ley Chorizo”

Martinelli sanciona y promulga “Ley Chorizo”

Redacción El Panamá América 16 de junio de 2010

Presidente de la República, Ricardo Martinelli. Foto/Archivo/EPASA

[16 Jun|12:43] Pese a las criticas y a los llamados para que vetara la ley, el presidente de la República, Ricardo Martinelli sancionó la Ley 30 que dicta medidas para promover el desarrollo sostenible de la Aviación Comercial en Panamá y que además incluye polémicas reformas laborales, penales ,  judiciales y  ambientales.
El documento  promulgado en Gaceta Oficial lleva la firma del presidente de la República, Ricardo Martinelli, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, el presidente de la Asamblea de Diputados, José Luis Varela y el secretario General, Wigberto Quintero.
En materia laboral,  la ley estipula que el empleador no está obligado a descontar a sus trabajadores ninguna cuota a favor de los sindicatos y que la mismas debera ser de forma voluntaria.
Además da orden inmediata a las autoridades de la Policía para que garanticen y protejan a las personas y propiedades una vez iniciada una huelga. Así como también ordena la suspensión de las labores de los trabajadores que apoyan la huelga.
OPINIONES

Si creen que se han salido con las suyas se equivocan. Ningún proyecto puede obviar el Estudio de Impacto Ambiental y las Guías de Buenas Practicas Ambientales sólo pueden aplicarse como COMPLEMENTO y no como REEMPLAZO a las normas ambientales de seguimiento ambiental de los EIA. Por tanto, creemos que se logró el objetivo de presión ciudadana hacia los diputados que aprobaron con estrepitosa rapidez y nerviosismo este proyecto del Órgano Ejecutivo. Los confusos diputados pretendieron abrir la puerta y la cerraron más. La pretendida injerencia del Ejecutivo en los EIA como nueva autoridad ambiental en EIA será un apéndice intestinal.
En lo único que nos ganaron fue en la eliminación del artículo que compensaba a los ciudadanos que denunciaban un hecho ambiental y que recibían un porcentaje de la multa cobrada al infractor. Otro día recuperamos este artículo.
Evidentemente que los trabajadores y sus derechos sí han quedado totalmente cercenados en muchos aspectos. Recuerden trabajadores somos todos.

Ariel Rodríguez Vargas, Ecologista

Sólo han hecho los que le da la gana, no lo que el pueblo quiere, y así se jactan de decir que promueven la consulta ciudadana. Que esto sirva para quitarle la venda de los ojos a algunos.

Laila Rodríguez, Ecologista

Aparte de solicitar anular la ley 177, debemos pedir su renuncia y la del vicepresidente e ir buscando un candidato provisional hasta que se resuelva este asunto.
SR. MARTINELLI, YO LE PIDO SU RENUNCIA Y LA DEL VICE PRESIDENTE….USTED, NO ES APTO PARA EL PUESTO Y SU SUCESOR TAMPOCO!
El pueblo se equivocó una vez mas! Pero nunca es tarde para corregir los errores!

Linda Schwartz, Ecologista

Es una burla cuando el vicepresidente y el ministro de la presidencia habian convocado a una reunión a los grupos ambientales en la Presidencia a las 3 pm. QUE IRRESPETO!!!!

Raisa Banfield, Ecologista

Los únicos beneficiados de la eliminación de los estudios de impacto ambiental son los grandes intereses económicos, tanto nacionales como internacionales”,

Félix Wing, Ecologista

Con la sanción de esta ley, Panamá es el primer país de América en eximir proyectos de gran impacto de un Estudio de Impacto Ambiental. Esta ley pone en peligro los futuros financiamientos que puedan otorgar el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para las mismas obras que el gobierno busca eximir de dichos estudios.

Gabriela Etchelecu, Ecologista

EIA y proyectos del gobierno en Darién

Proyectos paralizados en Darién por EIA

PROBLEMAS. Muchas obras se iniciaron antes de contar con un EIA. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Isabel Castro

Isabel Castro.
PMETETÍ, DARIÉN

nacionales@prensa.com

En Darién, la gente está molesta porque muchos proyectos de desarrollo urgentes para la región, como carreteras, están paralizados debido a que comenzaron a ejecutarse sin contar con un estudio de impacto ambiental (EIA).

Marbill Cuesta, un ciudadano afectado por esta situación, ha señalado que los proyectos de gobierno son los primeros que deben dar el ejemplo en la realización de los estudios de impacto ambiental, y no esperar que la sociedad civil ponga denuncias ante la Autoridad Nacional del Ambiente, para después exigirles a las empresas que los hagan.

Cuesta dijo que, en el pasado gobierno, en tres proyectos grandes que era urgente dejar terminados, las empresas no hicieron estudios de impacto ambiental amparándose en que el gobierno les había dado el visto bueno para que iniciaran las obras y después los presentaran, si había denuncias.

El proyecto de la construcción de la pista de San Vicente, en la carretera Panamericana, fue uno de aquellos en donde la Anam suspendió la construcción por la falta de este requisito, que ante la presión de la ciudadanía y la Anam, fue presentado después.

Otra obra que está actualmente paralizada por este mismo problema es la Ciudad Gubernamental, porque le falta este requisito. La situación anómala se conoció después de una denuncia ciudadana.

“No es posible que la Contraloría refrende el inicio de un proyecto, si no está el estudio de impacto ambiental aprobado. De no estar este requisito por delante de la obra, seguirá ocurriendo lo que hoy mantiene varios proyectos paralizados en Darién”, señaló Cuesta.

El denunciante opinó que, en Darién, “a la población no le quedará ganas de denunciar a las empresas porque no tienen estudios de impacto ambiental, porque no se tienen resultados positivos de estos, porque a nivel central de la Anam nunca se sanciona a nadie”.

Entre otros ejemplos citados por Cuesta está el caso de la carretera de Metetí hasta Yaviza, donde se hicieron trabajos que no estaban contemplados en el EIA y provocaron la contaminación de quebradas y ríos. La empresa se retiró.

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Cualquiera que sea la empresa que no respeta la legislación ambiental o el funcionario del gobierno que lo autoriza o que permita actos ambientales ilegales debe ser castigado ejemplarmente.

En el Código Penal está tipificado este tipo de delitos.

Burica Press

Cómo hacer denuncias ambientales en Panamá

DENUNCIAS  AMBIENTALES EN PANAMÁ

La naturaleza es una parte esencial de la vida de todos los seres humanos, por tanto tenemos el deber y la obligación de protegerla. Como ciudadanos de este país debemos tomar conciencia del importante papel que jugamos en la protección y conservación del medio ambiente. De ahí la importancia de denunciar cualquier hecho que atente contra éste.

Nuestra constitución en su Art. 41 nos dice que “toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidores públicos por motivos de interés social o particular, y el de obtener pronta resolución.” De igual manera la Ley No. 41 de 1 de julio 1998 “Ley General de Ambiente de la República de Panamá” establece que “toda persona natural o jurídica está en la obligación de prevenir el daño y controlar la contaminación ambiental.”

Por lo tanto la Autoridad Nacional del Ambiente, encargada de velar y custodiar nuestros recursos naturales, nos facilita la siguiente información en cuanto a los pasos que se deben seguir para formular debidamente una DENUNCIA AMBIENTAL

QUIENES PUEDEN DENUNCIAR?

Cualquier persona natural o jurídica, de manera individual o conjunta, puede llevar a cabo la denuncia ambiental.

DONDE HACER LA DENUNCIA?

Toda denuncia podrá ser interpuesta ante las oficinas, agencias o regionales de la Autoridad Nacional del Ambiente más cercana a la residencia del denunciante o aquella que se encuentre en la región donde ocurrió el hecho.

A continuación sus números de teléfono:

Línea Gratuita

Tel. 800-0789

COMO HACER LA DENUNCIA?

La denuncia puede ser formulada por cualquiera de los siguientes medios:

* Vía Telefónica

* Fax

* Correo Electrónico

* Notas Escritas

* Web (http://www.anam.gob.pa/denuncia_web/default.asp)

De manera personal, presentándose en la oficina correspondiente, tal y como se especificó anteriormente.

REQUISITO PRINCIPAL

Para que la denuncia sea VÁLIDA, el requisito principal es que el denunciante se IDENTIFIQUE debidamente.

Esto consiste en dar el nombre y el número de cédula o pasaporte del denunciante.

FORMULARIOS

En los casos en que el denunciante se apersone a las oficinas de la Autoridad Nacional del Ambiente, se tomará su declaración en un Formulario prenumerado y diseñado por la ANAM para tales fines. En caso de que el denunciante utilice cualquiera de los otros medio permitidos, le corresponderá al funcionario de la ANAM llenar dicho Formulario con la información disponible.

LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Es importante saber reconocer que las infracciones cometidas en contra del ambiente pueden acarrear responsabilidad civil, administrativa y penal según sea el caso, siendo cada una de estas independiente de la otra. Cabe mencionar que cualquier ciudadano u organismo está facultado para participar activamente en los procesos administrativos, civiles y penales por daños al ambiente.

Debe conocerse además que cada una de estas responsabilidades es competencia de distintas autoridades. Es decir, para el caso de la civil esta se llevará ante el Juzgado Civil pertinente de acuerdo a la cuantía del daño causado; en la Penal, se hará cargo el Ministerio Público a través de la Fiscalía del Ambiente; y, la administrativa que corresponde a la ANAM.

MULTAS Y SANCIONES

El monto de las infracciones administrativas dependerá de la gravedad de la misma o de la reincidencia del infractor. Se impondrán de la siguiente manera: El Administrador Nacional del Ambiente hasta de un millón de balboas (B/. 1,000,000.00).

El Consejo Nacional del Ambiente de un millón un balboa (B/. 1,000,001.00) a diez millones de balboas (B/. 10,000,000.00).

De manera accesoria la ANAM podrá ordenar al infractor el pago del costo de la limpieza, mitigación y compensación del daño ambiental, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales correspondientes.

LEY DE DELITO AMBIENTAL

Cabe destacar que finalmente se ha creado una ley de delito ambiental, por medio de la cual se penaliza con prisión o días-multa.

Esta ley es la LEY No. 5 de 28 de enero de 2005 “Que adiciona un Título, denominado Delito contra el Ambiente, al Libro II del Código Penal, y dicta otras disposiciones.”

LA DENUNCIA POR DELITO AMBIENTAL A DIFERENCIA DE LA DENUNCIA ADMINISTRATIVA ANTE LA ANAM BUSCA PROCESAR PENALMENTE A LOS RESPONSABLES CIVILES O FUNCIONARIOS DEL CRIMEN ECOLÓGICO COMETIDO, TIPIFICADO EN EL CÓDIGO PENAL  DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.

LOS DELITOS AMBIENTALES SE DENUNCIAN ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO: FISCALÍAS, PERSONERÍAS O PROCURADURÍAS.

EL DELITO DE BE ESTAR CLARAMENTE TIPIFICADO Y EL ACTO COMETIDO DEBE SER OBVIO Y NO SUPUESTO.

A continuación Burica Press publica la transcripción del Título XIII de Código Penal aludido:

Título XIII

Delitos contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial

Capítulo I

Delito contra los Recursos Naturales

Artículo 391. Quien infringiendo las normas de protección del ambiente establecidas destruya, extraiga, contamine o degrade los recursos naturales, será sancionado con prisión de tres a seis años.

La pena prevista en este artículo se aumentará de una tercera parte a la mitad en cualesquiera de los siguientes casos:

1. Cuando la acción recaiga en áreas protegidas o se destruyan total o parcialmente ecosistemas costeros marinos o humedales.

2. Cuando se cause daño directo a las cuencas hidrográficas.

3. Cuando se dañe un área declarada de especial valor biológico, histórico, arqueológico o científico.

4. Cuando se afecten ostensiblemente los recursos hídricos superficiales o subterráneos de manera que incida negativamente en el ecosistema.

5. Cuando se ponga en peligro la salud o la vida de las personas.

6. Cuando se use explosivo o sustancia tóxica para realizar la actividad pesquera.

7. Cuando la conducta sea realizada por una industria o actividad que funcione sin haber obtenido la respectiva autorización o aprobación de la autoridad competente.

8. Cuando en la conducta haya mediado falsedad o se haya ocultado información sobre el impacto ambiental de la actividad, o se haya obstaculizado la inspección ordenada por autoridad competente.

9. Cuando el daño sea irreversible. Son irreversibles los efectos que supongan la imposibilidad de retornar a la situación anterior.

Artículo 392. Quien, sin la autorización de la autoridad competente, construya dique o muro de contención, o desvíe el cauce de un río, quebrada u otra vía de desagüe natural, disminuyendo, obstruyendo o impidiendo el libre flujo y reflujo de las aguas, afectando directamente el ecosistema, la salud de las personas o una actividad económica, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

Artículo 393. Quien obstruya o impida el libre curso de las aguas residuales será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa y arresto de fines de semana.

Artículo 394. Quien, sin la autorización de la autoridad competente o en incumplimiento de las normas aplicables al efecto, importe o exporte, maneje, genere, emita, deposite, comercialice, transporte, vierta o disponga material radioactivo, aguas residuales, desechos o residuos sólidos, líquidos o gaseosos será sancionado con prisión de cuatro a ocho años.

La pena se aumentará de una parte a la mitad cuando dichos residuos o desechos:

1. Ocasionen enfermedades contagiosas que constituyan un peligro para las personas o la vida silvestre.

2. Sean cancerígenos o alteren la genética de las personas.

3. Ocasionen riesgos de explosión, o sean inflamables o altamente radioactivos.

4. Puedan perjudicar las aguas, la atmósfera o el suelo, o pongan en peligro grave la vida silvestre, por su clase, cantidad o calidad.

Artículo 395. Quien venda o traspase a cualquier título permiso de subsistencia doméstica sin autorización legal será sancionado con cincuenta a cien días-multa.

La pena será de uno a tres años de prisión cuando se trate de un permiso de explotación comunitaria.

Artículo 396. Quien compre o adquiera del beneficiario un permiso doméstico o de subsistencia para la tala de árboles que no le corresponda será sancionado con prisión de uno a tres años.

La pena será de tres a cinco años de prisión cuando se trate de un permiso de explotación comunitaria.

Artículo 397. Quien debidamente autorizado para talar árboles se exceda de la cantidad, la especie o el área concedida será sancionado con prisión de dos a cinco años.

Artículo 398. Quien sin autorización de la autoridad competente o incumpliendo la normativa existente tale, destruya o degrade formaciones vegetales arbóreas o arbustivas constitutivas de bosque o sujetas a protección especial, en áreas protegidas, en cuencas hidrográficas, en zonas prohibidas o restringidas, o cuando estas protejan vertientes que provean de agua potable a la población será sancionado con pena de tres a siete años de prisión.

Artículo 399. Quien incendie masas vegetales será sancionado con uno a tres años de prisión o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.

Se aumentará la pena de una cuarta parte a la mitad, en cualesquiera de los siguientes casos:

1. Cuando se produzca pérdida de la fertilidad del suelo o desecación del suelo.

2. Cuando se afecte una superficie mayor de cinco hectáreas.

3. Cuando se dañe significativamente la calidad de la vida vegetal.

4. Cuando se actúe para obtener beneficio económico.

5. Cuando se trate de áreas protegidas o de cuencas hidrográficas.

No constituye delito la quema controlada y autorizada por la autoridad competente.

Artículo 400. Quien en contravención a las disposiciones legales aplicables y rebasando los límites fijados en las normas técnicas genere emisiones de ruido, vibraciones, gases, olores, energía térmica, lumínica o de cualquier otra naturaleza que ocasionen graves daños a la salud pública, a la flora, a la fauna o a los ecosistemas, será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión.

Capítulo II

Delitos Contra la Vida Silvestre

Artículo 401. Quien pesque, cace, mate, capture o extraiga recurso o especie de la vida silvestre, acuática o terrestre protegida o en peligro de extinción, sin contar con los permisos correspondientes para tales efectos, o quien teniendo los referidos permisos incumpla las especificaciones incluidas en estos, relacionados con la cantidad, la edad, las dimensiones o las medidas, será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

La sanción se aumentará de una tercera parte a la mitad:

1. Si se realiza en un área protegida
2. Si utiliza instrumento o medio no autorizado o prohibido por las normas vigentes.
3. Si se realiza fuera de las áreas destinadas para tales efectos.
4. Si se efectúa durante el periodo de veda o temporada establecido para proteger las especies descritas en este artículo y su reproducción.
5. Si se da en grandes proporciones.

Artículo 402. Quien sin autorización o permiso de la autoridad competente trafique, comercialice, negocie, exporte, importe, reimporte o reexporte espécimen de la vida silvestre, especie endémica, vulnerable, amenazada o en extinción o cualquier recurso genético será sancionado con prisión de tres a cinco años.

Será disminuida la pena en una tercera parte a la mitad si el espécimen de la vida silvestre o la especie endémica, vulnerable, amenazada o en peligro de extinción sea restituido a su hábitat sin daño alguno, antes de que concluya la fase de iniciación e investigación.

Artículo 403. Quien, sin autorización de la autoridad competente o infringiendo las normas sobre la materia, introduzca, utilice o propague especies de la vida silvestre o agente biológico o bioquímico, capaz de alterar significativamente la población animal o vegetal o de poner en peligro su existencia, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años.

Capítulo III

Delitos de Tramitación, Aprobación y Cumplimiento Urbanístico Territorial

Artículo 404. La persona debidamente autorizada para realizar estudios de impacto ambiental, auditorías ambientales o programas de adecuación y manejo ambiental, planes de manejo ambiental, planes de manejo forestal, inventarios forestales u otros estudios de naturaleza similar que, a sabiendas, incorpore o suministre información falsa o inexacta, u omita información fundamental, si con ello pone en peligro la salud humana o el ambiente, será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

La sanción se aumentará de una tercera parte a la mitad, si la conducta del agente causa daño a la salud humana o al ambiente o a alguno de sus componentes.

Artículo 405. El servidor público que, con inobservancia de la normativa ambiental correspondiente en ejercicio de sus funciones, promueva la aprobación o apruebe un estudio de impacto ambiental, programa de adecuación y manejo ambiental u otro documento aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

Artículo 406. El promotor o el concesionario que incumpla los estudios de impacto ambiental, auditorías ambientales o programas de adecuación y manejo ambiental, planes de manejo ambiental, planes de manejo forestal, inventarios forestales u otros documentos de naturaleza similar aprobados por la Autoridad Nacional del Ambiente, o la resolución que los aprueba, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

Cuando del incumplimiento se produzcan graves daños a la salud humana o al ambiente o a algunos de sus componentes, o a las actividades económicas, la sanción se aumentará de una tercera parte a la mitad.

Artículo 407. Quien conociendo la irregularidad cometida haga uso o derive provecho de cualquier modo, de las conductas descritas en los artículos 405 y 406, aunque no haya participado en su ejecución, será sancionado como si fuera autor.

Artículo 408. El servidor público que venda, done, conceda o de cualquier otro modo adjudique tenencia o posesión sobre todo o parte de un bien inmueble de dominio público o que sea parte de un área protegida será sancionado con pena de cinco a diez años de prisión.

Artículo 409. Los promotores, constructores o técnicos directores que realicen una construcción no autorizada en suelos destinados a viales, en servidumbres de ríos o de cauces naturales de aguas superficiales, en áreas verdes, en bienes de dominio público o en lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o que por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección serán sancionados con prisión de tres a seis años.

Artículo 410. El promotor o el concesionario que inicie la ejecución de una obra o de actividades sujetas a la aprobación previa del estudio de impacto ambiental, plan de manejo forestal u otros documentos similares que, de acuerdo con la ley, sean requisitos previos o condicionales para iniciar la obra o actividad, sin haber obtenido la aprobación de la autoridad competente correspondiente, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad si la conducta del agente causa daño al ambiente o a alguno de sus componentes, a la salud humana o a la economía nacional.

Artículo 411. La autoridad o el servidor público que haya aprobado proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarios a las normas de ordenamiento territorial o a las normas urbanísticas vigentes será sancionado con prisión de cuatro a seis años.

Artículo 412. Quien incumpliendo la normativa existente construya o urbanice poniendo en grave riesgo al ambiente o la vida de la población será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

Capítulo IV

Delitos contra los Animales Domésticos

Artículo 413. Quien, mediante actos de crueldad, cause la muerte o lesione gravemente a un animal usado como mascota será sancionado con cien a doscientos días-multa o trabajo comunitario.

Fiscalía llama a juicio por delitos ecológicos en área protegida

Fiscalía pide llamar a juicio por delito ecológico

Tala en el PILA. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Sandra A. Rivera

SANDRA ALICIA RIVERA
DAVID,CHIRIQUÍ

nacionales@prensa.com

Tras determinar que se causó un delito ecológico irreversible, la Fiscalía Ambiental solicitó al Tribunal Superior de Justicia el llamamiento a juicio a los involucrados en la devastación del Parque Internacional La Amistad (PILA) y el Parque Nacional Volcán Barú, (PNVB), hecho ocurrido el pasado mes de junio de 2007.

Los acusados son dos funcionarios de la Autoridad Nacional del Ambiente, (Anam), quienes tenían la responsabilidad de verificar unos trabajos de demarcación que se realizaban en el parque, así como el director del proyecto en sitio.

Los nombres de los implicados no fueron divulgados debido a la reserva del sumario.

El fiscal ambiental Franklin Amaya expresó que desde que un grupo de ambientalistas presentó la denuncia por delito ecológico en los parques antes mencionados, se inició una investigación.

El daño habría consistido en la tala y poda de flora y de árboles dentro de un área protegida.

La investigación, que duró más de cinco meses, determinó que sí existe una afectación ambiental dentro de un área protegida, pues se pudo comprobar que se cometieron excesos en el proyecto de demarcación.

“Lo llamamos exceso porque el contrato tenía estipulados todos los diámetros y medidas de los árboles que podían ser modificados, sin embargo, en las inspecciones nos percatamos de que ambas habían sido excedidas con creces, en la misma obra en sitio”, afirmó.

Impunidad y los delitos ambientales

Impunidad y los delitos ambientales

20 DE ENERO.

La gran connotación que tienen los temas ambientales en Panamá refleja el alto grado de concienciación de la población. El uso racional de los recursos naturales y cómo su aprovechamiento es la garantía de un ambiente conservado para las presentes y futuras generaciones. Aún falta mucho por hacer en lo que a cultura ambiental se refiere, pero son significativos los avances, teniendo en cuenta que el Estado debe, constitucionalmente, garantizar que los ciudadanos vivamos en un ambiente sano y libre de contaminación.

En el ámbito jurídico hay que hacer ajustes, a fin de reglamentar, fiscalizar y aplicar las medidas que garanticen una óptima utilización y aprovechamiento de la fauna, de los bosques, tierras y aguas. Recientemente, en la Asamblea, a través de la Comisión de Ambiente, se inició la discusión del proyecto 462 en lo que respecta a la modificación del artículo 122 de la Ley 41 de 1998, General del Ambiente, que contempla la creación de siete fiscalías de circuito ambientales en Colón, Bocas del Toro, Darién, Veraguas, Los Santos, Chiriquí y en la comarca de Kuna Yala.

Lo irónico es que esta discusión de trascendencia prácticamente pasó desapercibida para algunos sectores de la población que, supuestamente, están agrupados para defender los intereses ciudadanos, salvo algunas excepciones. Los grupos ambientalistas que participaron hicieron sus observaciones en cuanto al tema y señalaron que la creación de las fiscalías representaría un paliativo importantísimo en la represión de los delitos contra el ambiente.

En resumen, la creación de estas fiscalías permitirá a las autoridades competentes enfrentar con mayor eficacia todos los delitos contra el ambiente que requieren un trato especial, tal cual lo establece la Ley 5 de 2005 que tipificó los delitos ambientales. Hoy por hoy los ciudadanos somos testigos de las atrocidades que se cometen en detrimento de los recursos naturales a razón de la avaricia de algunos inversionistas que carecen de sentido común y que no ven más allá de sus narices al momento de anteponer su intereses. Atentar contra el ambiente es hacerlo contra la vida humana, sin embargo, mientras no se hagan los ajustes necesarios, difícilmente podremos cambiar esta lamentable realidad.

Amed A. Arosemena A.