Ley de ambiente va a la Asamblea Nacional

PROYECTO. Las reformas a la Ley 41 del 1 de julio de 1998 (general del ambiente) están en blanco y negro.

La procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, dijo ayer que mañana llevará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca modificar la mencionada norma. Con las reformas, Gómez busca crear siete fiscalías de circuito en vez de cinco y una fiscalía superior de ambiente, como se estableció en 1998. La Procuradora aseguró que «se requieren más fiscalías de circuito, y no una fiscalía superior».

José Arcia

Pedirán cambios en Ley General de Ambiente

PROCURADORA

Pedirán cambios en ley ambiental

Grisel Bethancourt

PA-DIGITAL

Ana Matilde Gómez

Una modificación a la Ley 41 General del Ambiente presentará mañana ante la Asamblea Nacional la procuradora general de la Nación, Ana Matilde Gómez.

Los cambios indican la creación de nuevas fiscalías especializadas en delitos contra el medioambiente.

En la Ley 41 se estableció una Fiscalía Superior Especial en delitos contra el medioambiente que nunca se materializó, dijo Gómez.

La jefa del Ministerio Público enfatizó que la mayor incidencia de delitos llegan a las fiscalías de circuito localizadas en las provincias de Los Santos, Darién, Colón, Panamá y Chiriquí.

Rechazan proyectos hidroeléctricos en Bocas del Toro

Rechazan proyectos hidroeléctricos en Bocas del Toro

Burica Press| buricapress@gmail.com

Susana Serracín, Directora Legal de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) desestimó los argumentos esgrimidos por Venancio Caballero, Presidente de la Cámara de Comercio, Agropecuaria e Industrial de Bocas del Toro (CCAIBT), ya que el llamado que él hace a las comunidades indígenas de esta región para que no se dejen confundir por grupos ambientalistas que se oponen a la construcción de los proyectos hidroeléctricos AES Changuinola y Bonyic en el Teribe, es una muestra de la desesperación que tienen estos especuladores energéticos que ahora contratan y usan ventrílocuos locales para avalar crímenes ambientales y violaciones a los derechos humanos. Esta es una triste historia de corrupción organizada a los más altos niveles para lograr innobles propósitos y ante este escenario recurriremos a las instancias legales que tengamos que ir para detener este exabrupto ambiental, recalcó la abogada Serracín.

Félix Sánchez dirigente Naso Teribe, indicó que estas declaraciones desafortunadas responden a intereses creados propios de la organización que representa Venancio Caballero, que nos intentan subestimar «como si nosotros los indígenas no fuéramos capaces de discernir el bien del mal y de vivir en carne propia el abuso del gobierno, que sin nuestro consentimiento ha concesionado nuestras tierras y ríos en el Bosque Protector de Palo Seco y área de la Comarca Naso en el Teribe y áreas ngobes en el Río Changuinola. No estan robando todo y destruyendo nuestras formas tradicionales de vida, que de lejos son mejor que la de un asalariado que vive en las áreas bananeras cuyos niños mendigan en las calles desde que sale el sol.

Bosque Protector Palo Seco y áreas anexas de la Comarca Ngobe con destrucción ambiental significativa por el inicio de camino de acceso a proyectos hidroeléctricos.

Los grupos ambientales de Bocas del Toro, Chiriquí y más de 40 organizaciones de todo el país, incluyendo grupos internacionales han alertado del crimen ecológico que pretende AES Panama (AES Changuinola) en la Reserva de la Biósfera La Amistad y Bosque Protector de Palo Seco con proyectos hidroeléctricos de interés privado y de alto impacto ambiental, que erradicaría del Parque Internacional La Amistad, gran parte de la biota acuática migratoria aguas arriba y aguas abajo de los varios sitios de represas planteados.

Igualmente se han activado grupos en el extranjero para denunciar la violación al Sitio de Patrimonio Mundial y a la violación flagrante a los derechos humanos de los pueblos indígenas que están siendo desplazados a la fuerza por estas compañías multinacionales y con el beneplácito del gobierno panameño, dirigido por Martín Torrijos, hijo del ex-dictador panameño, Omar Torrijos Herrera.

Según los promotores de las hidroeléctricas con las hidroeléctricas Chan 1, que construye la empresa estadounidense AES Changuinola en la comunidad de Charco La Pava, y Bonyic de la Hidrológica del Teribe S.A, «se generarán más de cuatro mil empleos en Bocas del Toro y se evitarán los racionamientos o apagones en los próximos años». Al respecto lo refutó el Dr. Osvaldo Jordán, Secretario de Asuntos Internacionales de ACD quien indicó que Panamá tiene un superávit de energía, tanto es así que con estos proyectos todo este excedente se tendría que exportar y esto es un negocio muy sucio cuando con ello asaltan las áreas protegidas y pisotean los derechos y cultura indígena asentadas en esos magníficos lugares , patrimonio natural de todos los panameños. «Es un crimen ambiental y étnico lo que el gobierno promueve en Bocas del Toro y deben ser detenidos» puntualizó el Dr. Jordán.

Félix Sánchez desestimó que José Staff, presidente de AGROSOBO (Agrupación Ambientalista para el Desarrollo Sostenible), sea ambientalista, ni tampoco representa a más de 45 organizaciones ambientalistas de Bocas del Toro, como pretendió hacer ver en la conferencia de prensa patrocinada por la Cámara de Comercio de Bocas del Toro. «Todas esas organizaciones son ficticias» acotó Sánchez.

Pareciera que la «mano negra» de políticos locales financiados por las empresas interesadas del área, están auspiciando a estos grupos minoritarios de personas que se hacen pasar como ambientalistas y comerciantes de Bocas del Toro, para que apoyen semejantes proyectos, comentó Feliciano Santos, otro dirigente ambientalista Ngobe consultado.

ANAM no cumple su función por acción, omisión y comisión

El ambiente panameño está en el desamparo

22 DE ENERO. En el «Hoy por hoy» de La Prena se hace alusión [una noticia publicada en la] primera plana de esta misma edición [21 de enero de 2008] en la que se denuncia una violación de las normas ambientales por parte de la Empresa Viveros Development. («Arrasan con isla», firmada por Rafael E. Berrocal).Nos enteramos que al multimillonario proyecto, la Anam [Autoridad Nacional del Ambiente] le impuso una multa de «solo» 9 mil 214 dólares por destruir áreas boscosas y de manglares sin autorización. También nos enteramos que esta es la segunda vez que se incurre en este delito. Anteriormente se le había impuesto una multa de 40 mil dólares. Apunto aquí que es curioso que, en la reincidencia del delito, se baje el monto de la sanción, cuando lo usual es que en estos casos la sanción sea mayor que la anterior.Como dice el editorialista: «Resulta que para ellos es más rentable pagar una multa por destruir un manglar o una zona boscosa…

En otras palabras, sale más caro acatar la ley que pagar la ridícula sanción pecuniaria por violarla.»Por este y otros muchos hechos innegables, tal parece que lo que existe es un «mercado de permisos» para destruir nuestro ambiente. El mejor postor siempre se sale con la suya.Podemos citar como ejemplos infames el de la porqueriza gigante en la cuenca del Canal, o de la cementera canalera suburbana, o del negocio de los delfines, de la destrucción de los manglares, la deforestación y potrerización de Darién, de la contaminación minera con cianuro y mercurio, o de la destrucción de cuencas, pueblos, flora y fauna por las hidroeléctricas, entre otros.Ya desde hace tiempo venimos advirtiendo de la impotencia, por omisión o comisión, de las autoridades responsables por la ley de nuestro ambiente.

De hecho, la legislación ambiental vigente parece insuficiente para prevenir y castigar efectivamente los delitos en contra del ambiente.Un aporte importante es la creación de un tribunal ambiental, como existe en países más desarrollados. Aparte de hacer más severas las sanciones a los que falten a las normas ambientales, no solo con sanciones pecuniarias (multas), sino con el cierre y la suspensión definitiva de estos proyectos, aparte de la obligación de mitigar el daño hecho en la medida posible. También se debe legislar para que el dinero recaudado por la Anam sea obligatoriamente depositado en la cuenta del Tesoro Nacional, y no en cuentas institucionales, para suprimir cualquier posibilidad de acciones impropias.Un avance importante en este sentido sería la consulta pública efectiva. Sería importante legislar para que en los foros públicos de los estudios de impacto ambiental categorías II y III, la comunidad afectada y los grupos ambientalistas tengan voz y voto, y nieguen o le den la aprobación final al proyecto. Esta decisión sería ya inapelable y definitiva.

Eduardo A. Esquivel R. Ingeniero,
Consultor Agroforestal y Ambiental

Arrasan Isla Viveros: historia vieja

ECOSISTEMAS. CONSTRUCCIÓN EN VIVEROS CONTINÚA A TODA MARCHA.

Arrasan con isla

La compañía que desarrolla el proyecto fue multada por segunda ocasión por tala no autorizada.

Gremios ambientalistas consideran que se debió aplicar una sanción más fuerte y paralizar la obra.

 

LA PRENSA/Carlos Lemos

CON LICENCIA. La Anam sostiene que solo ha dado permiso para intervenir 27 hectáreas en la isla.

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

El desarrollo de la isla Viveros parece no estar teniendo compasión con la vegetación del lugar ubicado en el archipiélago de Las Perlas. La empresa que desarrolla el proyecto por 100 millones de dólares, Viveros Development, ha vuelto a ser multada por la tala no autorizada de más de dos hectáreas en el lugar.

Esta vez la sanción aplicada por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) es de solo 9 mil 214 dólares, que se suman a la primera multa de 40 mil dólares también por tala no autorizada en el lugar. El monto de las sanciones incluyen la indemnización por daños ambientales.

Lizandro Arias, director de la Anam para la región metropolitana, señaló que las inspecciones en ese proyecto son constantes ya que el mismo se encuentra dentro de un área ecológica delicada.

Arias indicó que en la primera violación que cometió Viveros Development, la Anam ordenó la paralización del proyecto por siete meses hasta que cumplieran con algunas correcciones, entre ellas la colocación de mallas para que la erosión de la tierra no fuera a afectar las cristalinas aguas marinas.

La empresa alega estar cumpliendo con las normas ambientales y continúa adelante con el desarrollo del proyecto que contempla la intervención directa de 27 hectáreas, incluyendo la construcción de una pista aérea, canchas de golf, carreteras, hotel, residencias, muelles y marina.

La Asociación para la Conservación de la Naturaleza (Ancon) advirtió que el proyecto también le está haciendo un daño enorme a una de las zonas coralinas más importantes del país debido a que la deforestación en la isla genera sedimentación de tierra a las aguas marinas. La institución señaló que por la reincidencia en la tala no autorizada el proyecto debió paralizarse.

«No se puede jugar con nuestro futuro y la naturaleza so pretexto de que inversiones generan unos cuantos empleos temporales y lucran por mucho tiempo a unos pocos», comentó el ecólogo Elvin Britton.

Viveros Development. INVERSIONISTAS ALEGAN ‘CONFUSIÓN’ EN LOS PERMISOS TRAMITADOS CON LA ANAM.

‘Multas no fueron ejemplares’

Por la reincidencia de tala no autorizada en isla Viveros, la empresa fue sancionada con 9 mil dólares. Ambientalistas critican la medida, pero los inversionistas dicen que el proyecto es compatible con el medio ambiente del lugar.

 

LA PRENSA/Carlos Lemos

ALERTA. La compañía ha presentado un proyecto en cuatro partes para intervenir toda la isla, que está ubicada en el archipiélago de Las Perlas.

Rafael E. Berrocal R.
rberrocal@prensa.com

Grupos ambientalistas, como la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), califican de irrisoria la multa aplicada por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) a Viveros Development por un monto de 9 mil 214 dólares, incluyendo la indemnización ecológica debido a su reincidencia en la tala no autorizada de bosques en diciembre de 2007.

«La multa es irrisoria, debió ser mucho mayor. Incluso se debió considerar paralizar nuevamente el desarrollo de la obra», dijo Alida Spadafora, directora ejecutiva de Ancon, quien sostiene que el proyecto en la isla Viveros está afectando uno de los ecosistemas coralinos más importantes de Panamá.

Según la Anam, Viveros Development solo puede intervenir de manera directa 27 hectáreas de las 81 hectáreas que tiene en concesión en esa isla. Pero las vistas tomadas por La Prensa, el pasado viernes 4 de enero, muestran que el daño puede ser mayor, incluso, resalta entre las islas del archipiélago de Las Perlas.

«Situaciones como estas dan un mal mensaje a la ciudadanía y a otros promotores o inversores para poder hacer lo que les plazca con los recursos naturales», dijo el ecólogo Elvin Britton.

Mientras tanto, el proyecto de desarrollo turístico en isla Viveros continúa a toda marcha. De hecho, la empresa señaló que no apelará a la segunda multa que le aplicó la Anam [la primera también fue por tala no autorizada en el lugar]. Sin embargo, Saly Vargas, representante legal de Viveros Development, dijo que las áreas por las cuales fueron multados eran excedentes de los primeros permisos de tala que la propia Anam ya les había aprobado.

«Hemos hecho el esfuerzo de cumplir con los trámites correspondientes», agregó Roderick García, gerente de mercadeo de la empresa. Viveros Development asegura que el proyecto es compatible con el medio ambiente.

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environment

Groups call Viveros fine ridiculous

ANAM had imposed a fine of less than $10,000 on a developer for violating an environmental impact assessment for the Las Perlas Islas project.

 

CARLOS LEMOS/LA PRENSA

too big: The Viveros Development in Las Perlas Islas was recently fined by Anam for environmental violations for a second time.

Environmental groups, including the Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), are up in arms over the amount of a fine imposed on a developer working in one of Panama’s most environmentally-sensitive areas.

The Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) levied a $9,214 fine against Viveros Development for violating the parameters of its environmental impact statement.

The development, located in the Las Perlas Islas, is being marketed as one of the most upscale, and ambitious, of Panama’s real estate projects. The development includes a golf course, a private airstrip and a marina.

The project is located near some of Panama’s most spectacular coral reefs, which has prompted criticism from various environmental groups. That criticism has grown more voluble since Anam announced the amount of the fine it levied against the project.

«The fine was ridiculous. It had to be much higher,» said Ancon Executive Director Alida Spadafora. «They should have stopped the work.»

According to Anam, the developers can work on only 27 of the island’s 81 hectares. But aerial photographs of the project show that it has far exceeded its boundaries.

«Situations like this send a bad message to other promoters and investors that they can do whatever they want with natural resources,» said ecologist Elvin Britton.

Viveros officials have claimed that they did not violate their agreement with Anam. «We have made every effort to comply with the relevant procedures,» said Roderick García, the development’s marketing manager.

This is the second time that Anam has fined the developer for environemntal violations. The other fine, which totalled $40,000, was for the unauthorized removal of trees.

Together, the two fines amount to .0005 percent of the project’s $100 million cost.

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Ver además:

http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2006/01/12/hoy/negocios/464779.html