Investigarán a funcionarios de recursos acuáticos por negligencia

MEDIO AMBIENTE. SOLICITAN llamamiento a juicio.

Fiscal pide investigar a funcionarios de la Arap

La Fiscalía de La Chorrera emitió su vista y ahora el juez podría llamar a juicio a Rodolfo ‘Charro’ Espino.

El tío del presidente, Martín Torrijos, devastó 38 hectáreas de zona costera en Punta Chame.

LA PRENSA/Víctor Arosemena

Pena. Rodolfo Espino podría ser llamado a juicio por un delito que tiene pena de cárcel de hasta siete años.

José Arcia
jarcia@prensa.com

La historia de la devastación de 38 hectáreas de zona costera en Punta Chame tuvo este martes un nuevo capítulo. Rodolfo Charro Espino iría a juicio y los funcionarios de la Autoridad de los Recursos Acuáticos (Arap) podrían ser investigados penalmente.

Una vista fiscal de 75 páginas concluye con la solicitud de llamamiento a juicio en contra de Charro Espino, tío del presidente, Martín Torrijos, y también pide que se investigue a los funcionarios de la Arap «que tenían conocimiento de las actividades que se estaban realizando [en Punta Chame] y no tomaron las medidas correspondientes…».

El objetivo de la solicitud de la fiscalía es determinar si la conducta de los funcionarios constituye o no un acto delictivo.

Detrás de ese expediente, enviado al juez tercero de La Chorrera, está la fiscal Dania Ríos, que ha sido recusada por los abogados de Charro Espino por supuestas irregularidades en las investigaciones penales por delito ecológico.

Ríos sustenta su llamamiento a juicio en contra de Espino, en que infringió e incumplió las normas de protección al ambiente al destruir, devastar, rellenar, quemar el ecosistema de humedal y degradar los recursos marino-costeros sin la presentación de un estudio de impacto ambiental.

«Estas actividades destructivas y lesivas al ambiente producen efectos graves, e incluso irreversibles, ya que de ejecutar medidas de mitigación, su recuperación sería extremadamente difícil», señala.

La solicitud de investigar a los funcionarios de la Arap está sustentada en que desde febrero de 2007 hay informes de esa entidad sobre la devastación de 1.76 hectárea en Punta Chame por parte de Charro Espino. Añade el documento que otro informe del mismo mes, de la Arap, reitera la tala de mangle y señala la construcción de una carretera que obstruye el libre flujo de la marea.

Dos meses después, en abril de 2007, la Autoridad Nacional del Ambiente determinó que la devastación de zona costera en Punta Chame era de 38 hectáreas.

Panamá: empresas eléctricas invaden áreas protegidas y tierras indígenas

Panamá

Empresas eléctricas invaden áreas protegidas y tierras indígenas

Se trata de la historia de una infamia hacia dos pueblos indígenas y la sociedad panameña en general y la corrupción instaurada en relación a la construcción de represas en el Río Changuinola, Bosque Protector de Palo Seco, en la Provincia de Bocas del Toro, República de Panamá.

————————

Burica Press, Panamá. 8 de diciembre de 2007

Privatizaciones y proyectos de generación eléctrica

En el año 2005, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), autorizó la construcción de tres represas hidroeléctricas en la cuenca del río Changuinola Provincia de Bocas del Toro a la empresa Hydroteribe (posteriormente adquirida por AES, una compañía norteamericana basada en Virginia). Los tres proyectos hidroeléctricos se designan con los nombres Chan 75, Chan 140 y Chan 220, respectivamente, que producirían en conjunto aproximadamente 411 megavatios. La empresa AES Corporation de Norteamérica tiene varias filiales en Panamá. La primera es AES Panamá que administra varias hidroeléctricas ya establecidas en el país, como la de Bayano en la Provincia de Panamá y Estrella-Los Valles en la Provincia de Chiriquí , luego de comprar al gobierno 49% de las acciones durante los procesos de privatización ocurridos a mediados de los años 90’s. También AES Panamá es dueña de la hidroeléctrica Estí en Chiriquí. Por su parte la nueva filial, AES Changuinola es la encargada de construir los proyectos hidroeléctricos en Bocas del Toro en el occidente de Panamá.

Cabe mencionar que con la privatización, la industria energética se divide en tres partes: generación, transmisión y distribución. Las empresas privadas pueden generar y distribuir energía, la transmisión sigue siendo responsabilidad del Estado.

La propuesta original es de 3 hidroeléctricas, y se tienen 3 concesiones otorgadas con sus 3 estudios de impacto ambiental aprobados. Sin embargo, se ha dado un cambio en el diseño del segundo proyecto, Chan 140, que mueve el sitio de presa aguas arriba del sitio original. De manera no oficial se habla de que ahora no serán tres represas, sino dos más grandes, pero no hay ningún documento que lo confirme. Según la Resolución DIEORA IA-127-06, para compensar la pérdida de generación, ANAM y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos autorizaron a AES a elevar la altura de la presa de Chan 75 de 152 a 165 msnm, lo que inundaría 250 Ha adicionales para la construcción el proyecto Chan 75.

El proyecto Chan 75 es el primer proyecto de construcción de una represa hidroeléctrica de mayor magnitud que realiza una empresa privada de principio a fin. La última represa de esta escala construida en el país, Estí, fue iniciada por el gobierno, quien realizó estudios y negociaciones con las comunidades afectadas. Al darse la privatización AES solo terminó la labor. Lo que suceda ahora con el proyecto Chan 75 sentará las bases para lo que ocurra con los próximos proyectos.

Más de cien proyectos hidroeléctricos propuestos

Para junio de 2007, 16 concesiones hidroeléctricas han sido otorgadas y aprobadas, 78 están en diferentes etapas del proceso de concesión y 13 concesiones están todavía disponibles. En total, el país intenta desarrollar 107 proyectos hidroeléctricos. Los proyectos de mayor magnitud ya existentes en Panamá son: Estí (ubicada en Guanaca, Chiriquí, Río Chiriquí), Bayano (ubicada en Chepo, Río Bayano), Estrella-Los Valles (ubicada en Chiriquí, Río Caldera), Fortuna (ubicada en Chiriquí, Río Chiriquí), Madden (ubicada en Panamá, Río Chagres), Gatún (ubicada en Panamá, Río Chagres).

Los proyectos hidroeléctricos se asientan sobre áreas protegidas

La cuenca baja y media del Río Changuinola donde se construirá las represas está localizada en el Bosque Protector Palo Seco (BPPS), un área contigua al Parque Internacional La Amistad, que es una zona protegida que pertenece a la Reserva de la Biosfera de La Amistad reconocida por la Oficina del Hombre y la Biósfera de la UNESCO) y al Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño. El Parque Internacional La Amistad es un Sitio de Patrimonio de la Humanidad, declarada por la UNESCO. Al final en la desembocadura del Río Changuinola se encuentra otra área protegida de connotación internacional: El Humedal Internacional Ramsar San San Pond Sak. Todo el área forma parte de un gran conjunto ecosistémico que va desde este humedal en el Caribe hasta las Lagunas de Volcán en las laderas del Volcán Barú en el sector Pacífico.

Situación de las poblaciones afectadas por la construcción de la represas

Cuando el Bosque Protector Palo Seco fue creado en 1983, la población Ngäbe ya residía en la zona como lo atestigua el hecho de que la agricultura de subsistencia de los moradores fuera contemplada en el primer Plan de Manejo del Parque. La creación del BPPS se hizo sin la participación activa de las comunidades indígenas residentes en el área, y su formación ha complicado el reconocimiento del derecho colectivo del pueblo Ngäbe de este territorio.

La construcción de las represas se estima que afectará a cerca de 3,500 personas pertenecientes a la etnia Ngobe, uno de los pueblos indígenas de Panamá. Existe una controversia acerca del número real de las personas que resultarán afectadas por los tres proyectos. La empresa AES, por ejemplo, sostiene que se trata de no más de 2,000 personas, mientras que representantes de las poblaciones afectadas los estiman en 4,000. La cifra de 3,500 ha sido estimada por grupos ecologistas que trabajan en el área, en base a un estudio socio-económico hecho el año pasado, donde los pobladores hicieron un censo. La diferencia en números es, en parte, resultado del hecho que la empresa AES no cuenta a la población de Nance del Riscó y Bajo la Esperanza (ubicadas a pie de represa propuesta), ni tampoco a Valle de Riscó, Nudobiti y Soledad de Riscó, como afectadas. Nosotros consideramos que deberían ser incluidas.

El principal efecto directo para las comunidades Ngobe asentadas en el territorio donde se construirán las represas es el desplazamiento debido a que con la construcción quedarán inundadas más de 3,000 hectáreas de terreno, especialmente bosques riberinos y áreas de cultivos tradicionales. Según la «Actualización Ambiental del Proyecto Chan-75 (Cota de 152 msnm a la cota 165 msnm)» elaborado para AES Changuinola por Consultores Ecológicos Panameños, S.A. (CEPSA) en noviembre de 2006 y aprobado por ANAM mediante la resolución DIEORA IA-127-06, en la actualidad el área del embalse del primer proyecto, Chan 75, es de aproxidamente 1,394.75 hectáreas. El diseño original que era más pequeño hablaba de un embalse de 1,145.23 hectáreas.

Los habitantes Ngöbe asentados en el territorio provienen de migraciones en los años 60’s, en su mayoría provenientes de lo que ahora es la Comarca Ngobe Bugle. En Panamá, la legislación reconoce ciertos derechos a los pueblos indígenas que viven en territorios denominados comarcas. El estatus de los pueblos indígenas que viven en territorios no comarcales no esta claramente definido en la legislación nacional. En el caso de la Comarca Ngobe-Bugle, se presume que estos habitantes de pueblos indígenas viven en tierras «anexas» a la Comarca pero los límites y las prerrogativas de este estatus no están claramente definidos. La ley No. 10 de 1997 que crea la comarca Ngobe-Bugle habla de las áreas anexas y su status. Pero, quien queda incluido o no, es todavía debatido. Recientemente ha salido a la luz un documento firmado por la Dirección Nacional de Política Indigenista de Ministerio de Gobierno y Justicia que dice que el área de las hidroeléctricas no está bajo la jurisdicción de la comarca. Este documento se hizo al momento que se evaluaba dar la concesión de un globo de terreno del Bosque Protector Palo Seco a AES Changuinola, como en efecto ocurrió. Si no es área anexa, el área tiene el mismo estatus que cualquier corregimiento del país, sin ninguna protección especial de zona indígena. En los próximos meses, se espera que el Programa Nacional de Administración de Tierras del Banco Mundial empiece la delimitación de las áreas anexas en la Provincia de Bocas del Toro.

Los habitantes de la etnia Ngobe que se han asentado en la cuenca del río Changuinola no han reclamado posesión legal sobre dichos terrenos debido a diferentes factores: tradición cultural de tierras colectivas, desconocimiento de los procesos legales y/o falta de recursos económicos para regularizar la posesión de tierra. También los pobladores han comentado que la solicitud de aquellos que buscaron derechos posesorios y titulación fue rechazada porque las tierras estaban en área protegida de la Reserva Forestal o Bosque Protector de Palo Seco y por lo tanto no podían ser tituladas.

Irregularidades ocurridas durante la ejecución de los proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Changuinola

La Autoridad Nacional del Ambiente por disposición de la Ley 41 General de Ambiente de 1998, exigió a la empresa concesionaria la realización de un Estudio de Impacto Ambiental como requisito previo a la autorización de la concesión. Según la opinión de ambientalistas tanto nacionales como internacionales el estudio de impacto ambiental adolece de tres defectos principales: a) no fue recopilada información arqueológica requerida por la oficina de Patrimonio Histórico; b) la línea base para el cálculo de los efectos ecológicos de la construcción de las represas presentaron anomalías, por ejemplo no se analizaron adecuadamente los efectos de la construcción de las represas sobre las especies de peces que constituyen una base para la alimentación de los habitantes del lugar y que como consecuencia de la construcción de las represas están amenazados de extinguirse debido a que son especies que periódicamente migran desde el río hacia el mar y viceversa; y c) según la legislación interna (Decreto Ejecutivo No. 209 del 5 de septiembre del 2006), como parte del estudio de impacto ambiental se requiere la realización de foros públicos en los que participe la población que se verá afectada. Estos foros se realizaron en la Ciudad de Almirante, distantes hasta 1 día de las comunidades, muchas personas no pudieron asistir y a los asistentes solo se les informó sobre los proyectos, pero no fueron consultados sobre su posición con relación a dichos proyectos.

A pesar que ANAM condicionó la iniciación de los trabajos de construcción de la represa Chan 75 a que la empresa presentara un nuevo estudio ecológico, un estudio arqueológico y un proyecto o estudio socioeconómico y sobre reubicación de las poblaciones afectadas, los trabajos de construcción de la represa Chan 75 se iniciaron a mediados del 2007. Los efectos de la construcción de obras preliminares, como tramos de carreteras y campamentos, ya se están visualizando en la erosión de los terrenos, la devastación de vegetación y la contaminación del río Changuinola, debido a la sedimentación, así como en la destrucción del tejido social y violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas afectadas.

A pesar de que no se ha aprobado un plan de reasentamiento oficial o consensuado de las poblaciones afectadas, la empresa concesionaria ha procedido a concluir acuerdos con algunos de los habitantes a través de los cuales éstos han aceptado ser reubicados. Uno de los casos de mayor impacto en este contexto, es el de una mujer Ngobe, monolingüe en su idioma indígena Ngobere, que alega que fue presionada para firmar un contrato redactado en español y por el que cedía la propiedad de su tierra ubicada en el sitio de presa de Chan 75 y cedía su forma tradicional de vida, ya que fue trasladada a un suburbio semiurbano. Además, los habitantes han expresado su descontento, porque las negociaciones se han hecho de manera individual y no de manera colectiva, como lo contemplan sus usos y costumbres de tierras colectivas. Adicionalmente, no han existido criterios claramente definidos para las indemnizaciones de los terrenos y mejoras, ya que el proceso de «negociación» se ha basado en la presentación de propuestas por los afectados. Esto no garantiza una indemnización justa y equitativa según señala el artículo 10 de la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas recientemente aprobado en la ONU.

Habitantes de las áreas que quedarán inundadas denuncian asimismo que la construcción de las represas no representan ningún tipo de beneficio para ellos.

Representantes de las comunidades afectadas han denunciado estos hecho ante la Autoridad Nacional del Ambiente, la Gobernación, la Defensoría del Pueblo y otros, sin que hayan recibido aparentemente ninguna respuesta. En junio de 2007, las comunidades, junto a otros pueblos indígenas, escribieron una nota a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando que dicha Comisión realizara una visita in-loco al lugar. Tampoco se conoce el resultado de esta gestión.

A pesar de que el EIA del 2005 que aprobaba la construcción de la hidroeléctrica incluía los caminos de acceso al sitio de presa, en el 2007 la empresa presenta un nuevo EIA para esta carretera. La diferencia es que el nuevo EIA se hizo con categoría I, la más baja posible, utilizada usualmente en zonas urbanas donde la construcción no causa cambios significativos. Al ser un EIA categoría I, la empresa y consultora no se vieron obligados por ley a realizar foro público, ni a medir, ni proponer medidas de mitigación de los fuertes impactos ambientales que genera este obras en espacios rurales bien conservados, por lo que las familias indígenas de la zona y los ecologistas no tuvieron oportunidad de opinar sobre la obra, su legalidad y sus efectos ambientales.

Recursos legales interpuestos

Denuncias Administrativas ante la ANAM: en agosto de este año, la organización denominada Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) interpone una denuncia administrativa por el inicio ilegal de obras antes de haber terminado los estudios pendientes que establecía la resolución que aprobaba el EIA del 2005. Ese mismo mes las comunidades denuncian la reubicación de personas dentro del Bosque Protector Palo Seco, lo cual estaba prohibido en el artículo 38 de esta misma resolución. Semanas después la ANAM realiza una nueva resolución cambiando este artículo y permitiendo la reubicación dentro de esta zona. Evidente corrupción del proceso y de las leyes que instauraron la reserva!

También se le realizó una denuncia penal ante la Policía Técnica Judicial en contra de funcionarios de ANAM que se han prestado a permitir en contra de la ley la sub-categorización del EIA (aprobado) de la carretera que llega al sitio de presa Chan 75, lo cual esta penalizado como delito ambiental. Esta denuncia se interpuso además contra AES Changuinola y la Consultora que se prestó a realizar esta violación a la ley penal.

Recientemente la Asociación de Derecho Ambiental (ADA) interpuso otra denuncia penal por la falsificación de información relacionada a los estudios arqueológicos hechos en el área de la carretera. Estos expedientes fueron unidos en un solo caso.

Igualmente ACD ha realizado dos denuncias ante la Defensoría del Pueblo: por violación de derechos humanos en el caso de la Sra. Isabel Becker. La Defensoría parece tener las manos atadas para actuar libremente en estos claros hechos de violación de los derechos humanos de personas que no tienen medios para defenderse por sí mismos.

Se espera que prontamente varias organizaciones interpongan recursos de nulidad ante la Corte Suprema y Amparos de Garantías Constitucionales por la violaciones e irregularidades realizadas en la concesión de un globo de terreno de 6 mil hectáreas a AES Changuinola sin la aprobación de las comunidades indígenas residentes dentro del área concedida.

Igualmente se alista una batería de denuncias por corrupción para todos los funcionarios del Estado que se han prestado por comisión u omisión en actos que atentan contra los valores colectivos de toda la sociedad panameña y que están tipificados como formas de corrupción, ya que han burlado sistemáticamente el debido proceso y están concediendo áreas protegidas, áreas indígenas y aguas con procedimientos al margen de la transparencia y aprovechándose de la posibilidad que la impunidad sea su mejor aliado.

Tema de las amenazas y coerciones

La población ha manifestado lo siguiente sobre la empresa:

– Que la empresa les informó que ellos no tienen derechos sobre las tierras, por ser del Bosque Protector Palo Seco, y que si no aceptan sus condiciones el Estado los sacaría forzosamente sin reconocerles nada.

– Que varias familias aceptaron pagos por indemnización de cultivos destruidos para trazar la trocha que marcaba la cota del embalse. La empresa AES les comunicó que ya a partir de ese momento no podían utilizar las tierras que estaban por debajo de la trocha, como si les hubieran vendido sus tierras.

– Que a ellos nos les convenía interponer denuncias al Estado porque si intervenía ellos saldrían obteniendo menos dinero.

– Que no les importaba negociar con las personas que estaban arriba del sitio de presa, porque ellos tendrían que salir del área de todas maneras al subir las aguas para la creación del embalse.

El caso de la señora Isabel Becker, que por ser dueña del área del sitio de presa Chan 75, estuvo bajo presión, acoso y coersión constante para que cediera sus tierras a la Empresa AES. En enero del 2007, mucho antes de que existiera siquiera un plan de reasentamiento como era lo legal, ya la empresa había firmado un contrato con esta señora donde ella otorgaba sus tierras. El problema está en que ella, mujer analfabeta que no habla español, nunca entendió el contrato, el cual firmó luego de haber pasado más de 10 horas contra su voluntad en la oficina de la empresa en la ciudad de Panamá. A pesar de que el método utilizado para la firma del contrato lo invalidaba, a partir de ese entonces hubo visitas constantes para hacerla salir de sus tierras hasta el punto que la familia de la señora se quejó con el corregidor para que les diera una orden de restricción contra miembros de la empresa. Esta orden nunca se otorgó. Es particularmente llamativo el hecho ocurrido el 21 de julio, con la participación de la Alcandía de Changuinola. Ese día maquinaria de la empresa entraron en el terreno de la Sra. Isabel, amenazando que se tenía que derrumbar la casa. Ante esto, la Sra. Isabel que se encontraba enferma se desmaya. La alcaldía se ofrece a sacarla de su hogar y llevarla al médico. Sin embargo, al terminar la cita médica, no la regresan a su comunidad, sino que la instalaron de facto en «su nueva casa» en los suburbios de Changuinola. La Sra. Isabel pasó la noche pidiendo que la dejaran regresar. Finalmente, luego de meses de presión, el 19 de octubre la empresa logra que la señora firme un segundo acuerdo por su finca, y el 25 de octubre, una semana después, unos 15 miembros armados de la policía acompañan a la maquinaria que tumbó su casa y la llevaron a un nuevo lugar. Los residentes de la comunidad no sabían bien a donde la llevaron y se quejaron de que no la dejaron recoger sus pertenencias.

Casa destruida de Isabel Becker en Proyecto Hidroeléctrico de AES Corporation

Foto: ACD. Ruinas de la casa de Isabel Becker, la cual fue trasladada de facto, desde este ambiente eminentemente rural a un suburbio en Changuinola.

Un caso relacionado es el de la familia de la Sra. Isabel Becker que ha sido reubicada temporalmente en viviendas unifamiliares en el suburbio de Changuinola. Ellos tienen quejas constantes sobre el acceso a agua limpia. Además, estas familias han quedado en un estado de completo desarraigo y anomia.

Existen múltiples quejas de los habitantes del área que está comprendida entre Almirante y el sitio de presa Chan 75 sobre los abusos de la empresa, en especial la negociación de las indemnizaciones y la afectación de cabeceras de ríos y quebradas. Hay que recordar que ninguna de las personas de estas áreas es considerada como afectada por la empresa. En varios de estos casos, existe la participación de intermediarios que negocian el alquiler y la venta de los terrenos y viviendas.

En junio del 2006, las comunidades tenían planeado realizar una convocatoria para discutir los problemas que estaban observando con la hidroeléctrica. El día anterior de la reunión miembros de la Policía Nacional cerraron todas las vías de acceso al lugar donde se daría el evento, procediendo a revisar a las personas que entraban al área. Durante ese operativo también comenzó la persecución de alguno de los dirigentes indígenas. La denuncia de este hecho fue presentada ante la Defensoría del Pueblo. Nunca quedó claro quién envió la orden de detención de los dirigentes, ni del bloqueo de la comunidad. En octubre siguiente, también se dio un incidente que todavía no ha sido esclarecido en el que unidades de la Policía Nacional siguieron al Sr. Félix Sánchez, dirigente indígena Naso hasta la comunidad de Bajo Culubre. Sobre este caso, existe un expediente relacionado que esta bajo investigación en la Policía Técnica Judicial sobre la muerte de un Pavón (Crax rubra), que fue cazado por una de las unidades policiales cuando regresaba de esta diligencia.

En territorio Naso no escampa

Si en territorio Ngobe de Changuinola llueve en el área Naso no escampa. Empresas Públicas de Medellín en contubernio con todas las autoridades locales y nacionales se plantea colocar de facto en mero corazón del territorio Naso Teribe una hidroeléctrica sobre la Quebrada Bonyic.

Batallones de policías acosan a los Nasos y los han apresado en más de una ocasión por que ellos no permiten la entrada de maquinarias y equipo pesado a su territorio. La lucha que libran cívicamente es difícil y los actos que cometen contra ellos son tan crueles como los del área Ngobe, ambos grupos residentes en el Bosque Protector de Palo Seco.

La urgencia y demanda energética no existe

Continuará…

Fotos

AES Corporation Panama

Foto: ACD. Equipo pesado en el Bosque Protector de Palo Seco, el Río Changuinola y el territorio Ngobe.

Foto: ACD. Bosque Protector de Palo Seco, Área de la Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá. En este sitio se pretende hacer la primera de cinco represas propuestas en la cuenca Río Changuinola. Haga click en la foto para ver más fotos.

ACD denuncia ante ONU los abusos ocurridos en Bocas del Toro

A continuación Burica Press reproduce un informe de la situación que le ocurre a los indígenas de Bocas del Toro por proyectos hidroeléctricos de la Corporación AES Changuinola, planteados dentro de la Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá.

ORIGINAL ENVIADO POR FAX A WASHINGTON

ALIANZA PARA LA CONSERVACIÓN Y EL DESARROLLO

ACD-087-07

Panamá, 27 de Noviembre de 2007

Relator Especial de la Situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas

Oficina del Alto Comisionado por lo Derechos Humanos

Estimado Sr. Relator:

Le escribo como representante de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, una organización no gubernamental sin fines de lucro que tiene como objetivo trabajar por la preservación y el respeto del patrimonio ambiental y cultural de nuestro país. Desde el 2002, nuestra organización trabaja en la provincia de Bocas del Toro, en el oeste Panameño, junto al Pueblo Ngobe y el Pueblo Naso para la defensa y conservación de sus territorios ancestrales.

Nos dirigimos a usted porque estamos sumamente preocupados por las crecientes irregularidades que se están dando en relación a la construcción de proyectos hidroeléctricos en territorio Ngobe al margen del río Changuinola. Este pueblo no tuvo la oportunidad del consentimiento libre e informado previo al otorgamiento de la concesión.

Tampoco se les está reconociendo el derecho colectivo a sus tierras en los procesos de reubicación. Sin embargo, la construcción ya ha iniciado y el sentimiento de frustración e indefensión de la población es muy alto, por lo que nos han pedido que les apoyemos.

Por este motivo le estamos adjuntando un informe que detalla los distintos elementos de este caso, especialmente aquellos que consideramos violatorios a los derechos de este pueblo. Le pedimos en nombre de las comunidades Ngobe del río Changuinola que por favor intervenga para que el gobierno nacional tome las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de las normas internaciones y el derecho de los pueblos indígenas.

Se despide de usted atentamente,

Lucía Lasso
Antropóloga
Directora Ejecutiva
ACD Panamá

——————————–

Situación de las poblaciones Ngobe afectadas por la construcción de represas en la Provincia de Bocas del Toro, en Panamá.

1- Construcción de tres proyectos hidroeléctricos en la cuenca del Río Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, Noroccidente de Panamá.

  • – Según el gobierno de Panamá se vive una crisis energética en el país debido a que la demanda por energía ha igualado la oferta. A pesar de ser un discurso de toda la estructura de gobierno, las instituciones que se relacionan directamente con el tema son la Comisión Nacional de Política Energética, responsable de la planificación del suministro energético, y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, que otorga las concesiones para proyectos energéticos. Nuestras investigaciones apuntan a que todo este discurso es fraudulento con el único ánimo de promover los proyectos hidroeléctricos. Las cifras indican que Panamá tiene varios años de superávit de energía que supera en la mayor parte del año el 100% el consumo promedio.
  • – En el 2005, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), autorizó la construcción de tres represas hidroeléctricas en la cuenca del río Changuinola Provincia de Bocas del Toro, a la empresa Hydroteribe (posteriormente adquirida por AES, una compañía norteamericana basada en Virginia). Los tres proyectos hidroeléctricos se designan con los nombres Chan 75,140 y 220, respectivamente, y producirían en conjunto aproximadamente 411 mega vatios. La empresa AES Corporation de Norteamérica tiene varias filiales en Panamá. AES Panamá administra varias hidroeléctricas ya establecidas en el país, como Bayano y Estrella-Los Valles, luego de comprar al gobierno 49% de las acciones durante los procesos de privatización ocurridos en los 90’s. AES Changuinola, es la encargada de construir los proyectos hidroeléctricos en Bocas del Toro. Cabe mencionar que con la privatización, la industria se divide en tres partes: generación, transmisión y distribución. Las empresas privadas pueden generar y distribuir energía, la transmisión sigue siendo responsabilidad del Estado.
  • – La propuesta original es de 3 hidroeléctricas, y se tienen 3 concesiones otorgadas con sus 3 estudios de impacto ambiental aprobados (Resoluciones DINEORA IA-086-2005; DINEORA IA-087-2005; DINEORA IA-088-2005). Sin embargo, se ha dado un cambio en el diseño del segundo proyecto, Chan 140, que mueve el sitio de presa aguas arriba del sitio original. De manera no oficial se habla de que ahora no serán tres represas, sino dos más grandes, pero no hay ningún documento que lo confirme. Según la Resolución DIEORA IA-127-06, para compensar la perdida de generación, ANAM y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos autorizaron a AES a elevar la altura de la presa de Chan 75 de 152 a 165 msnm, lo que inundaría 250 Ha adicionales para la construcción el proyecto Chan 75.
  • – El proyecto Chan 75 es el primer proyecto de construcción de una represa hidroeléctrica de mayor magnitud que realiza una empresa privada de principio a fin. La última represa de esta escala construida en el país, Estí, fue iniciada por el gobierno, quien realizó estudios y negociaciones con las comunidades afectadas. Al darse la privatización AES solo terminó la labor. Lo que suceda ahora con el proyecto Chan 75 sentará las bases para lo que ocurra con los próximos proyectos.
  • – Para junio de 2007, 16 concesiones hidroeléctricas han sido otorgadas y aprobadas, 78 están en diferentes etapas del proceso de concesión y 13 concesiones están todavía disponibles. En total, el país intenta desarrollar 107 proyectos hidroeléctricos. Los proyectos de mayor magnitud ya existentes en Panamá son: Estí (ubicada en Chiriquí), Bayano (ubicada en Chepo), Estrella-Los Valles (ubicada en Chiriquí), Fortuna (ubicada en Chiriquí), Madden (ubicada en Panamá), Gatún (ubicada en Panama).

2- Estatus del territorio donde se construirán las represas.

  • – La cuenca del río Changuinola donde se construirá las represas está localizada en el Bosque Protector Palo Seco (BPPS), un área contigua al Parque Internacional La Amistad, que es una zona protegida que pertenece a la Reserva de la Biosfera de La Amistad y al Corredor Biológico Mesoamericano. El Parque Internacional La Amistad es un sitio de patrimonio de la humanidad.
  • – Aunque el Bosque Protector Palo Seco no goza de la misma protección ambiental que el Parque Internacional de la Amistad, es considerada como un área importante de amortiguamiento de este parque.
  • – Cuando el Bosque Protector Palo Seco fue creado en 1983, la población Ngäbe ya residía en la zona como lo atestigua el hecho de que la agricultura de subsistencia de los moradores fuera contemplada en el primer Plan de Manejo del Parque. La creación del BPPS se hizo sin la participación activa de las comunidades indígenas residentes en el área, y su formación ha complicado el reconocimiento del derecho colectivo del pueblo Ngäbe de este territorio.

3- Situación de las poblaciones afectadas por la construcción de la represas.

  • – La construcción de las represas se estima que afectará a cerca de 3,500 personas pertenecientes a la etnia Ngobe, uno de los pueblos indígenas de Panamá. Existe una controversia acerca del número real de las personas que resultarán afectadas por los tres proyectos. La empresa AES, por ejemplo, sostiene que se trata de no más de 2000 personas, mientras que representantes de las poblaciones afectadas los estiman en 4000. La cifra de 3500 ha sido estimada por nosotros, en base a un estudio socio-económico hecho el año pasado, donde los pobladores hicieron un censo. La diferencia en números es, en parte, resultado del hecho que la empresa AES no cuenta a la población de Nance del Risco y Bajo la Esperanza (ubicadas a pie de represa), ni tampoco a Valle de Risco, Nudobiti y Soledad de Risco, como afectadas. Nosotros consideramos que deberían ser incluidas.
  • – El principal efecto directo para las comunidades Ngobe asentadas en el territorio donde se construirán las represas es el desplazamiento debido a que con la construcción quedarán inundadas mas de 3000 hectáreas de terreno. Según la «Actualización Ambiental del Proyecto Chan-75 (Cota de 152 msnm a la cota 165 msnm)» elaborado para AES Changuinola por Consultores Ecológicos Panameños, S.A. en noviembre de 2006 y aprobado por ANAM mediante la resolución DIEORA IA-127-06, en la actualidad el área del embalse del primer proyecto, Chan 75, es de 1,394.754 hectáreas. El diseño original que era mas pequeño hablaba de un embalse de 1,145.228 hectáreas.
  • – Los habitantes Ngöbe asentados en el territorio provienen de migraciones en los años 60’s, en su mayoría provenientes de lo que ahora es la Comarca Ngobe Bugle. En Panamá la legislación reconoce ciertos derechos a los pueblos indígenas que viven en territorios denominados comarcas. El estatus de los pueblos indígenas que viven en territorios no comarcales no esta claramente definido en la legislación nacional. En el caso de la Comarca Ngobe-Bugle, se presume que estos habitantes de pueblos indígenas viven en tierras «anexas» a la Comarca pero los limites y las prerrogativas de este estatus no están claramente definidos. La ley No 10 de 1997 que crea la comarca Ngobe-Bugle habla de las áreas anexas y su status. Pero, quien queda incluido o no es todavía debatido. Recientemente nos enteramos de que existe un documento firmado por la Dirección Nacional de Política Indigenista que dice que el área de las hidroeléctricas no está bajo la jurisdicción de la comarca. Este documento se hizo al momento que se evaluaba dar la concesión de un globo de terreno del Bosque Protector Palo Seco a AES. Actualmente estamos solicitando copia de este documento. Si no es área anexa, el área tiene el mismo estatus que cualquier corregimiento del país, sin ninguna protección especial de zona indígena. En los próximos meses, se espera que el Programa Nacional de Administración de Tierras del Banco Mundial empiece la delimitacion de las áreas anexas en la Provincia de Bocas del Toro.
  • – Los habitantes de la etnia Ngobe que se han asentado en la cuenca del río Changuinola no han reclamado posesión legal sobre dichos terrenos debido a diferentes factores: tradición cultural de tierras colectivas, desconocimiento de los procesos legales y/o falta de recursos económicos para regularizar la posesión de tierra. También los pobladores han comentado que la solicitud de aquellos que buscaron derechos posesorios y titulación fue rechazada porque las tierras estaban en área protegida y por lo tanto no podían ser tituladas.

4- Presuntas irregularidades ocurridas durante la ejecución de los proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Changuinola.

  • – La Autoridad Nacional del Ambiente exigió a la empresa concesionaria la realización de un Estudio de Impacto Ambiental como requisito previo a la autorización de la concesión. Según la opinión de ambientalistas tanto nacionales como internacionales el estudio de impacto ambiental adolece de tres defectos principales: a) no fue recopilada información arqueológica requerida por la oficina de Patrimonio Histórico; b) la línea base para el cálculo de los efectos ecológicos de la construcción de las represas presentan anomalías, por ejemplo no se analizaron adecuadamente los efectos de la construcción de las represas sobre las especies de peces que constituyen una base para la alimentación de los habitantes del lugar y que como consecuencia de la construcción de las represas están amenazados de extinguirse debido a que son especies que periódicamente migran desde el río hacia el mar; y c) según la legislación interna (las leyes que regulan los EIA son: ley 41 de del 1 de julio de 1998 y el Decreto Ejecutivo No. 209 del 5 de septiembre del 2006), como parte del estudio de impacto ambiental se requiere la realización de foros públicos en los que participe la población que se verá afectada. Estos foros se realizaron en la Ciudad de Almirante, distantes hasta 1 día de las comunidades, muchas personas no pudieron asistir y a los asistentes solo se les informó sobre los proyectos, pero no fueron consultados sobre su posición con relación a dichos proyectos.
  • – A pesar que ANAM condicionó la iniciación de los trabajos de construcción de la represa Chan 75 a que la empresa presentara un nuevo estudio ecológico, un estudio arqueológico y un proyecto o estudio socioeconómico y sobre reubicación de las poblaciones afectadas, los trabajos de construcción de la represa Chan 75 se iniciaron a mediados del 2007. Los efectos de la construcción de obras preliminares, como tramos de carreteras y campamentos, ya se están visualizando en la erosión de los terrenos y la contaminación del río Changuinola, debido a la sedimentación, así como en la destrucción del tejido social de las comunidades indígenas afectadas.
  • – A pesar de que no se ha aprobado un plan de reasentamiento de las poblaciones afectadas, la empresa concesionaria ha procedido a concluir acuerdos con algunos de los habitantes a través de los cuales éstos han aceptado ser reubicados. Uno de los casos de mayor impacto en este contexto, es el de una mujer Ngobe, monolingüe en su idioma indígena, que alega que fue presionada para firmar un contrato redactado en español y por el que cedía la propiedad de su tierra ubicada en el sitio de presa de Chan 75. Además, los habitantes han expresado su descontento, porque las negociaciones se han hecho de manera individual y no de manera colectiva, como lo contemplan sus usos y costumbres de tierras colectivas. Adicionalmente, no han existido criterios claramente definidos para las indemnizaciones de los terrenos y mejoras, ya que el proceso de «negociación» se ha basado en la presentación de propuestas por los afectados. Esto no garantiza una indemnización justa y equitativa según señala el artículo 10 de la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas.
  • – Habitantes de las áreas que quedarán inundadas denuncian asimismo que la construcción de las represas no representan ningún tipo de beneficio para ellos.
  • – Representantes de las comunidades afectadas han denunciado estos hecho ante la Autoridad Nacional del Ambiente, la Gobernación y otros, sin que hayan recibido aparentemente ninguna respuesta. En junio de 2007, las comunidades, junto a otros pueblos indígenas, escribieron una nota a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando que dicha Comisión realizara una visita in-loco al lugar. Tampoco se conoce el resultado de esta gestión.
  • – A pesar de que el EIA del 2005 que aprobaba la construcción de la hidroeléctrica incluía los caminos de acceso al sitio de presa, en el 2007 la empresa presenta un nuevo EIA para esta carretera. La diferencia es que el nuevo EIA se hizo con categoría I, la más baja posible, utilizada usualmente en zonas urbanas donde la construcción no causa cambios significativos. Al ser categoría I, la empresa y consultora no se vieron obligados por ley a realizar foro público, por lo que las familias indígenas de la zona no tuvieron oportunidad de opinar sobre la obra.

5- Recursos legales interpuestos

  • – Denuncias Administrativas ante la ANAM: en agosto de este año, ACD interpone una denuncia administrativa por el inicio ilegal de obras antes de haber terminado los estudios pendientes que establecía la resolución que aprobaba el EIA del 2005. Ese mismo mes las comunidades denuncian la reubicación de personas dentro del Bosque Protector Palo Seco, lo cual estaba prohibido en el artículo 38 de esta misma resolución. Semanas después la ANAM realiza una nueva resolución cambiando este artículo y permitiendo la reubicación dentro de esta zona.
  • – Denuncia Penal ante la Policía Técnica Judicial: por la sub-categorización del EIA (aprobado) de la carretera que llega al sitio de presa, lo cual esta penalizado como crimen ecológico. Esta denuncia se interpuso contra la ANAM, AES y la Consultora que hizo el estudio. Recientemente la Asociación de Derecho Ambiental interpuso otra denuncia penal por la falsificación de información relacionada a los estudios arqueológicos hechos en el área de la carretera. Estos expedientes fueron unidos en un solo caso.
  • – Denuncia ante la Defensoría del Pueblo: por violación de derechos humanos en el caso de la Sra. Isabel Becker.
  • – Esta en proceso un Amparo de Garantías constitucionales por la concesión de un globo de terreno de 6 mil hectáreas a AES Changuinola sin la aprobación de las comunidades indígenas residentes dentro del área concedida.

6- Tema de las amenazas y coerciones

  • – La población ha manifestado lo siguiente sobre la empresa:
  • o Que la empresa les informó que ellos no tienen derechos sobre las tierras, por ser del Bosque Protector Palo Seco, y que si no aceptan sus condiciones el Estado los sacaría forzosamente sin reconocerles nada.
  • o Que varias familias aceptaron pagos por indemnización de cultivos destruidos para trazar la trocha que marcaba la cota del embalse. La empresa AES les comunicó que ya a partir de ese momento no podían utilizar las tierras que estaban por debajo de la trocha, como si les hubieran vendido sus tierras.
  • o Que a ellos nos les convenía interponer denuncias al Estado porque si intervenía ellos saldrían obteniendo menos dinero.
  • o Que no les importaba negociar con las personas que estaban arriba del sitio de presa, porque ellos tendrían que salir del área de todas maneras al subir las aguas para la creación del embalse.
  • – El caso de la Sra. Isabel Becker, que por ser dueña del área escogida para ser sitio de presa, estuvo bajo presión constante para que cediera sus tierras. En enero del 2007, mucho antes de que existiera siquiera un plan de reasentamiento, ya la empresa había firmado un contrato con esta señora donde ella otorgaba sus tierras. El problema está en que ella, mujer analfabeta que no habla español, nunca entendió el contrato, el cual firmó luego de haber pasado más de 10 horas contra su voluntad en la oficina de la empresa. A pesar de que el método utilizado para la firma del contrato lo invalidaba, a partir de ese entonces hubo visitas constantes para hacerla salir de sus tierras hasta el punto que la familia de la señora se quejó con el corregidor para que les diera una orden de restricción contra miembros de la empresa. Esta orden nunca se otorgó. Es particularmente llamativo el hecho ocurrido el 21 de julio, con la participación de la Alcandía de Changuinola. Ese día maquinaria de la empresa entro en el terreno de la Sra. Isabel, amenazando que se tenía que derrumbar la casa. Ante esto, la Sra. Isabel que se encontraba enferma se desmaya. La alcaldía se ofrece a sacarla de su hogar y llevarla al médico. Sin embargo, al terminar la cita medica, no la regresan a su comunidad, sino que la instalan en «su nueva casa» en los suburbios de Changuinola. La Sra. Isabel pasó la noche pidiendo que la dejaran regresar. Finalmente, luego de meses de presión, el 19 de octubre la empresa logra que la señora firme un segundo acuerdo por su finca, y el 25 de octubre, una semana después, unos 15 miembros armados de la policía acompañan a la maquinaria que tumbó abajo su casa y la llevaron a un nuevo lugar. Los residentes de la comunidad no sabían bien a donde la llevaron y se quejaron de que no la dejaron recoger sus pertenencias.
  • – Un caso relacionado es el de la familia de la Sra. Isabel Becker que ha sido reubicada temporalmente en viviendas unifamiliares en el suburbio de Changuinola. Tienen ellos quejas constantes sobre el acceso a agua limpia. Además, estas familias han quedado en un estado de completo desarraigo y anomia.
  • – Existen múltiples quejas de los habitantes del área que esta comprendida entre Almirante y el sitio de presa sobre los abusos de la empresa, en especial la negociación de las indemnizaciones y la afectación de cabeceras de ríos y quebradas. Hay que recordar que ninguna de las personas de estas áreas es considerada como afectada por la empresa. En varios de estos casos, existe la participación de intermediarios que negocian el alquiler y la venta de los terrenos y viviendas.
  • – En junio del 2006, las comunidades tenían planeado realizar una convocatoria para discutir los problemas que estaban observando con la hidroeléctrica. El día anterior de la reunión miembros de la Policía Nacional cerraron todas las vías de acceso al lugar donde se daría el evento, procediendo a revisar a las personas que entraban al área. Durante ese operativo también comenzó la persecución de alguno de los dirigentes indígenas. La denuncia de este hecho fue presentada ante la Defensoría del Pueblo. Nunca quedó claro quién envió la orden de detención de los dirigentes, ni del bloqueo de la comunidad. En octubre siguiente, también se dio un incidente que todavía no ha sido esclarecido en el que unidades de la Policía Nacional siguieron al Sr. Félix Sánchez hasta la comunidad de Bajo Culubre. Sobre este caso, existe un expediente relacionado que esta bajo investigación en la Policía Técnica Judicial sobre la muerte de un Pavón (Crax rubra), que fue cazado por una de las unidades policiales cuando regresaba de esta diligencia.

Fotos de las comunidades, y el efecto de la construcción, pueden obtenerse a través del sitio web http://picasaweb.google.com/acdpanama

Minería que rompe el Corredor Biológico del Atlántico panameño

La minería hiere el corazón del gran Corredor Biológico

«No queremos morir. No queremos abandonar la tierra en donde vivimos y trabajamos desde siempre. Queremos que la mina salga de nuestras comunidades y se lleve su destrucción y su muerte».

BOSQUES. El proyecto intervendrá de manera 160 hectáreas para la mina de oro. Un 80% de esa superficie perderá la cobertura boscosa y el 100% no tendrá la capacidad de mantener la biodiversidad original.

Yelena Rodriguez

PA-DIGITAL

Aún no ha iniciado la extracción de minerales en Petaquilla y Molejón ( Colón) y las voces de los conservacionistas y las comunidades afectadas replican a las autoridades que se detenga este proyecto.

Al parecer, nada puede suspenderlos, ya que desde sus inicios el ambicioso proyecto se blindó con un Contrato Ley de la República que la empresa Petaquilla Minerals firmó con el Estado en 1997.

Paradójicamente, ese mismo año, mientras se le concedió a esta empresa el derecho a «extraer, explotar, beneficiar, procesar, refinar, transportar, vender y comercializar oro, cobre y otros minerales» los jefes de Estado de Centroamérica crearon, en junio, en una reunión realizada en Panamá, el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM).

El CBM es un importante sistema de interconexión de las áreas protegidas que va desde la selva maya en México hasta Darién y el objetivo de este proyecto era frenar la pérdida de biodiversidad en la región. Sin embargo, Panamá cedió en alquiler 13 mil 600 hectáreas de esta zona para explotar y extraer minerales durante 20 años y hasta con derecho a una prórroga por 40 años.

¿A qué precio? Minera Petaquilla, S. A. pagaría al país los primeros años en concepto de alquiler por hectárea entre 50 centésimos y B/. 1.50. Además, Panamá recibirá alrededor del 2% en regalías de los metales extraídos.

Diez años después, se sienten los estragos de posturas contradictorias y hasta ambivalentes frente a lo que es el desarrollo y la conservación de la naturaleza.

Así lo plantea la Asociación Nacional por la Conservación de la Naturaleza (ANCON), que hoy junto a otras organizaciones dará a conocer, en conferencia de prensa, su posición sobre este proyecto minero que anunció que iniciará la fase de extracción de oro a finales de diciembre o principios de enero del 2008. Con estas extracciones llegará el cianuro, químico que ha causado estragos en donde ha llegado.

Alida Spadafora, directora ejecutiva de ANCON, recalcó a que «solicitarán que se detenga cualquier actividad minera en Panamá que afecte o cause daños ecológicos».

Agregó que luego de visitar la zona, en agosto, constató que lo que está pasando en Molejón / Petaquilla no tiene nombre y puede ser peor.

En este sentido, explicó que es grave «el gran daño ambiental que se les está produciendo a los bosques primarios mejor conservados del país».

Es una gran herida la que se le está abriendo al Corredor Biológico Mesoamericano, dijo.

En este aspecto, hay que resaltar que hasta el Banco Mundial ha financiado varios proyectos en apoyo al concepto del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM).

En su página web se destaca la contribución que se hizo en 1999 con el Fondo Fiduciario Holandés (FFH 1) para consolidar el CBM.

El FFH 1 consistió en una donación de $ 4.4 millones. Más tarde en el año 2000 el apoyo del Gobierno Holandés al CBM fue ampliado mediante una renovación.

Con el FFH 2 se otorgaron $ 3.4 millones más para promover la conservación, aprovechamiento y manejo de la diversidad biológica en el Corredor.

——————————————-

Voces que claman la suspensión del proyecto

La diversidad biológica peligra.

REDACCION

PA-DIGITAL

Así lo anuncian en su página web, en la cual recalcan que han sido afectadas negativamente las comunidades de La Nueva Lucha (antigua Petaquilla), San Benito, Nuevo Sinaí, Palmilla, Río Caimito, Nazareno, Coclesito, San Juan de Turbe, Tres Quebradas de Turbe, Calle Larga, Belén, Vista Alegre, San Lucas, Caño I, Caño II, Coclé del Norte y Molejones, Chiguirí Arriba, Cirí Grande, Río Indio Centro, Caño Sucio, Río Indio Lago, Coclé del Norte, Trinidad, Cirí Cabecera, Toabré, Urbano.

El comité acusa a la empresa minera de ser los autores de la devastación de selvas tropicales del Corredor Biológico Mesoamericano y de la biodiversidad panameña, única en el mundo, en violación de obligaciones nacionales e internacionales asumidas por el Estado panameño.

También reclaman por la destrucción, desviación y contaminación de suelos, ríos, riachuelos, quebradas, balnearios naturales y otras fuentes hídricas, que han ocasionado daños irreparables en los ecosistemas de la región.

Otros aspectos a resaltar, de una larga lista, son que acusan a la minera por contaminar las aguas superficiales y freáticas.

En cuanto a la flora y fauna silvestre, los moradores también denuncian que la empresa ha provocado, además, la aniquilación y desplazamiento masivo de numerosas especies de animales. Además, denunciaron que han sido amenazados por el personal de la mina.

Rescatando la vida silvestre en el Summit

ANIMALES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. CAPTURA, CAZA Y COMERCIO.

Rescate de animales

Los animales exóticos son muy cotizados en el mercado negro, tanto para su tráfico comercial como para su cautiverio y reproducción. Las personas que cacen o capturen animales en peligro de extinción ‘serán sancionadas con prisión de uno a tres años y con 75 a 150 días multa’.

LA PRENSA/Alexander Arosemena

EXÓTICOS. El águila arpía es un animal muy llamativo, pero no se debe mantener en cautiverio.

Crisly Florez
cflorez@prensa.com

Los jaguares, las águilas arpías y los tapires, entre otros animales, son especies que están en peligro de extinción, debido fundamentalmente a que siguen siendo presa de los cazadores ilegales.

Además, estas especies son muy cotizadas en el mercado negro, tanto para su tráfico como para su cautiverio.

Adrián Benedetti, director del Parque Municipal Summit, explica que estos animales son capturados generalmente para mantenerlos en cautiverio y reproducirlos para luego venderlos, a pesar de que existe una reglamentación que prohíbe su captura.

La Ley 5 del 28 de enero de 2005, de delitos contra el ambiente, en su artículo 397 señala: «Quien capture o extraiga especies de la vida silvestre terrestre que se encuentren sujetas a protección especial, sin tener los permisos correspondientes para tales efectos, será sancionado con prisión de uno a tres años y con 75 a 150 días multa».

SUFRIMIENTO Y MUERTE

CORTESÍA/Parque Municipal Summith

CAZADO. Barú murió el pasado domingo.

Una de las especies que fue víctima de estas prácticas fue Barú, un bebé tapir que recientemente fue rescatado de manos de unos cazadores furtivos en La Palma de Darién.

Vecinos del área denunciaron que se estaba vendiendo al pequeño animal, por lo que la regional de Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) montó un operativo con la Policía Nacional para capturar a los cazadores, que se dieron a la fuga cuando se vieron sorprendidos por las autoridades.

Barú, de tres meses de vida, fue trasladado a Panamá para ser examinado porque los tapires «son animales de pezuña hendida y pueden ser portadores de fiebre aftosa», explica Melquiades Ramos, de la dirección de Áreas protegidas y vida silvestre de la Anam.

Como no portaba la enfermedad, Barú fue entregado en custodia al Parque Summit, donde existen instalaciones más adecuadas para el animal, dice Ramos.

Al llegar al parque, el bebé tapir fue puesto en cuarentena para hacerle los exámenes generales para conocer su estado de salud, explica Diorene Smith, veterinaria del parque.

Sin embargo, Barú no tuvo tiempo y murió, el domingo pasado, antes de que se conocieran los resultados.

LA PRENSA/Alexander Arosemena

HÁBITAT. Los jaguares son cazados porque matan a las reses.

La veterinaria afirma que estos animales tienen agentes patológicos que viven en su cuerpo pero que no los desarrollan. Sin embargo, el estrés provoca que estos organismos se activen y causen infecciones crónicas en el animal que pueden provocar la muerte, que fue lo que sucedió en este caso.

«El tiempo de incubación varía, según el grado de resistencia, inmunidad y alimentación del animal», afirma.

Smith señala que probablemente el bebé tapir fue separado de su madre antes de tiempo; aunado a eso las condiciones infrahumanas en las que posiblemente se encontraba, el tipo de alimentación que recibía y los traslados de un lado a otro pudieron incidir en el desarrollo de una infección estomacal, que debido al protocolo para recibir al animal no fue descubierta a tiempo.

Benedetti afirma que en dos años se han rescatado dos tapires, Barú y Luisa. La segunda se estaba vendiendo en internet. Además de dos águilas arpías, una de las cuales también murió debido a que se encontraba en condiciones totalmente deplorables.

Las personas que deseen hacer denuncias de animales en cautiverio deben llamar a la Anam, al teléfono 500-0855, extensión 1111.