Ambientalistas solicitaron a la Corte que declare inconstitucional la Ley 30

Ambientalistas solicitaron a la Corte que declare inconstitucional la Ley 30

Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos presentaron nuevos alegatos contra la Ley 30 de 2010 -que entre otras cosas, flexibilizó la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental- en apoyo a las 6 demandas de inconstitucionalidad presentadas en junio pasado por sindicatos, abogados litigantes y otros grupos organizados.

El escrito de 51 páginas fue presentado por los abogados del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), en representación del propio CIAM, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), la Fundación Almanaque Azul, la Fundación Panamá Sostenible (PASOS, en formación) y Human Rights Everywhere (HREV).

Esta semana el Órgano Ejecutivo y Legislativo de Panamá por la presión de la ciudadanía está intentando subrogar La Ley 30 y dividirla en seis leyes de acuerdo a los puntos acordados en una mesa de discusión que mantuvo el gobierno con  algunos miembros de la sociedad civil. Por parte del Órgano Judicial se espera la declaratoria de ilegalidad por inconstitucional de la mencionada ley.

“Optamos por presentar nuevos alegatos en lugar de una séptima demanda, la cual habría retrasado todo el proceso”, aclaró Félix Wing Solís, Director Ejecutivo del CIAM, quien añadió que “la Corte tiene el deber moral de declarar inconstitucional la Ley 30, en vez de utilizar su subrogación como excusa para declarar la sustracción de materia. Ello sería eludir su responsabilidad como custodia privativa del orden constitucional.”

Los ambientalistas alegaron que la Ley 30 incurrió en 6 vicios de forma -que el gobierno se negó a discutir en la Mesa de Diálogo- y 7 violaciones de fondo a la Constitución y a convenios ambientales y de derechos humanos ratificados por Panamá, para un total de 18 normas constitucionales y 14 normas internacionales violadas.

El texto completo de los alegatos está disponible en el siguiente enlace:

ALEGATOS INCOSTITUCIONALIDAD LEY 30

A continuación, se resumen las violaciones de forma y de fondo alegadas por los ambientalistas:

Violaciones de forma:

1) que el tema ambiental no estaba incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias;

2) que los diputados no actuaron en interés de la Nación;

3) que la Asamblea Nacional tiene prohibido expedir leyes contrarias a la letra o el espíritu de la Constitución;

4) que la Comisión de Transporte no es competente para discutir reformas a la legislación ambiental;

5) que el Ministro de Seguridad Pública no era competente para refrendar una Ley sobre aviación comercial; y

6) que todos los actos anteriores constituyen desviación de poder.

Violaciones de fondo:

1) el principio de separación de los poderes, esencial a toda democracia formal;

2) 11 convenios ambientales que obligan a Panamá a realizar estudios de impacto ambiental;

3) el desmejoramiento de la protección del derecho a un ambiente sano, tutelado por el Régimen Ecológico de la Constitución y por 3 convenios de derechos humanos;

4) el principio de estricta legalidad, según el cual los funcionarios públicos sólo pueden hacer aquello que la Ley expresamente autoriza;

5) el principio de acceso público a la información, garantizado por los estudios de impacto ambiental;

6) la primacía del interés público sobre el interés privado; y

7) la obligación del Estado de reglamentar las actividades económicas mediante organismos especializados, de modo tal que beneficien a las mayorías.

Convocatoria: sociedad civil intenta crear agenda nacional de desarrollo y democracia

Prólogo

Es importante destacar que para que no se pierda la esencia de la Sociedad Civil es  imprescindible que todas estas iniciativas sean realizadas desde el propio seno de la sociedad civil convocada y nunca desde el gobierno u otro grupo de poder. Caer en este tipo de emboscadas tramposas como se hizo durante los gobiernos de Ernesto Pérez, Mireya Moscoso, Martín Torrijos y ahora se sigue dando bajo el régimen de Ricardo Martinelli, lo que ha propiciado que quien convoca dirige el debate y dictan las pautas y con ello han logrado desarticular valiosos documentos de gobernabilidad como la Visión 2020, la Ley de Participación Ciudadana,  entre otras y así han evitado consultas reales con la sociedad  civil del país en un ámbito de real democracia hacia un real desarrollo humano, que es la base y fundamento del desarrollo integral, que nunca ha sido ni debe ser el crecimiento del Producto Interno Bruto, como han pretendido los amos de la caverna locales, que siguen siendo egoístas y injustos con la sociedad panameña.

Felicitamos por esta iniciativa ciudadana a los organizadores y le deseamos el mayor de los éxitos.

Construyendo democracia con participación ciudadana. Esa debe ser la consigna. El autoritarismo centralizado en autoridades electas es la peor forma de gobierno.

Burica Press

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Convocatoria a activistas y organizaciones ciudadanas

Por medio de la presente se invita a activistas y organizaciones de la sociedad civil, asociaciones, gremios o movimientos sociales a participar en el Foro: “Aporte de la sociedad civil a la democracia y el desarrollo nacional”. Esta actividad  pretende sentar las bases para la articulación nacional de un espacio denominado Asamblea de sociedad civil  y retomar  los insumos para la creación de una agenda nacional de desarrollo y democracia según los lineamientos del documento Visión 2020 y la Concertación Nacional para el Desarrollo y otras propuestas democráticas.

Sociedad Civil

Sociedad Civil de Panamá quiere un mejor futuro con real democracia y no con autoritarismo. Foto: C. Figueroa

El Foro será un espacio de diálogo democrático e incluyente, que debe animar al fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y unificar esfuerzos en torno al  debate sobre  los temas más importante del país.

Adjuntamos la ficha de inscripción y le invitamos a que la envíe a info@alianzaprojusticia.org.pa

FORMULARIO DE INSCRIPCION PARA EL FORO DE LA SOCIEDAD CIVIL

Fecha del evento: 17 de Julio 2010
Horario: 7:30 a.m. a 6:00 p.m
Lugar:   Universidad Latina

Carácter: Foro Nacional con presencia de diversos actores sociales de provincias y comarcas.

Convocan:

Centro de Estudios y Acción Social Panameño, Comisión de Justicia y Paz, Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Unión Nacional de Abogadas,  Alianza Ciudadana Pro Justicia, Conciencia Ciudadana, Centro de Incidencia Ambiental, Voces Ecológicas, Centro de Estudios y Capacitación Familiar, Consumo  Ético, Asociación Panameña de Derecho Constitucional, Centro de Asistencia Legal Popular, Central General Autónoma de Trabajadores Panameños, Central Nacional de Trabajadores de Panamá, Centro de Iniciativas democráticas  de la Universidad Latina.

La incidencia ambiental robustece la democracia

El siguiente artículo ejemplifica la participación de la sociedad civil organizada en la construcción de un país más democrático y menos corrupto, por lo menos en el tema ambiental.

Burica Press
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EL MALCONTENTO

Petaquilla’s dream

Paco Gómez Nadal
paco@prensa.com

Hay situaciones negativas que pueden sonsacar lo mejor de los seres humanos… hasta de las instituciones. Así son las guerras, esos espectáculos patéticos y machistoides que han permitido dibujar los rasgos de la solidaridad y el humanismo más conmovedor. Así son las dictaduras, que sacan de seres aparentemente pusilánimes el carácter y la fuerza que la vida en libertad les adormecía. Así parecen ser algunos despropósitos, que provocan reacciones inesperadas y esperanzadoras.

Eso parece haber conseguido Petaquilla, ese coro de arcángeles inversionistas que se han pasado la legislación del país por donde han querido y el patrimonio natural por una segadora mecánica. Durante los últimos años, estos próceres del capitalismo han obviado estudios de impacto ambiental, límites de concesiones y todos los extremos morales en pro de un beneficio que sale del país dejando como herencia hectáreas devastadas, ríos contaminados y futuro campesino hipotecado con intentos de camuflaje gracias a la bendita responsabilidad social empresarial.

Si no fuera por colectivos como CIAM, ACD, o Mar Viva o Albatros (y otras de su estirpe) no habría cámaras ni ojos para ver y denunciar lo acontecido en Petaquilla, o en Charco La Pava, o en Isla Colón, o en Coiba, o en las comarcas indígenas. La existencia de estas organizaciones robustece esta débil y precaria democracia.

El proyecto minero de Petaquilla ha logrado sacar lo mejor de una institución que casi todos los sectores habían dado por muerta o, como mínimo, perdida para la causa ambiental. La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) ha impuesto una millonaria multa a Petaquilla por sus desmanes. Estamos tan mal acostumbrados que en los corrillos de Panamá se exponen todo tipo de conjeturas sobre las razones que han hecho a la Anam defender de forma tan contundente la legalidad que normalmente mancilla. ¿Carácter bipolar? ¿Presión de organizaciones y medios? Sea lo que sea, yo, que tan duro le he dado a la Anam desde estas páginas, hoy le reconozco la osadía. En realidad, ninguna osadía: el cumplimiento de su deber. Ahora nos queda la duda de si pagarán la multa, de si el Estado utilizará todas sus herramientas para que estos corta palos hagan el estudio de impacto ambiental, incluso de si se avanzará en el debate realmente importante: el de declarar a Panamá como país libre de minería.

Miles de personas desplazadas con sus derechos conculcados por el Estado Panameño perderán todos sus bienes colectivos y tendrán que hacer una nueva vida en otro lado. AES Corporation ha destruido a la fuerza las casas de quienes se reusan a abandonar el área

Miles de personas desplazadas con sus derechos conculcados por el Estado Panameño perderán todos sus bienes colectivos y tendrán que hacer una nueva vida en otro lado. AES Corporation ha destruido a fuerza de intimidación y coacción los bienes y propiedades de los indígenas Ngobes, muchos de los cuales se rehusan a abandonar el área, que les ha sido concesionada de maneral ilegal por ANAM. Ellos un día amanecieron con sus tierras cedidas a la transnacional para el desarrollo de hidroeléctricas. Foto: Florencio Quintero.

Hay que aprovechar este momento, entonces, para reconocer varios fenómenos. El primero es la fortaleza que han adquirido las nuevas organizaciones sociales centradas en la incidencia y en la formulación de propuestas de futuro para el país. Si no fuera por colectivos como CIAM, ACD, o Mar Viva o Albatros (y otras de su estirpe) no habría cámaras ni ojos para ver y denunciar lo acontecido en Petaquilla, o en Charco La Pava, o en Isla Colón, o en Coiba, o en las comarcas indígenas. La existencia de estas organizaciones robustece esta débil y precaria democracia.

El segundo es el del mensaje contundente que se está lanzando a los inversionistas aviones. Los problemas legales y de imagen que enfrentan Red Frog, Chan 75 de AES, Petaquilla o los ya casi olvidados teleférico de Ancón o el delfinario de San Carlos deberían ahuyentar a otros de su calaña. O eso espero.

El tercero y último (aunque hay muchos más) es el de la connivencia de algunas instituciones y empresas que crecen a la sombra de los proyectos dudosos. ¿Se plantearán publicitarias y agencias de la mal llamada comunicación estratégica el reto ético de seleccionar mejor a sus clientes? ¿Llegará el momento en que empresas locales de servicios se declaren objetoras de conciencia cuando uno de estos proyectos inmorales llegue con la chequera manchada de sangre y abusos? ¿Cuestionarán en algo su posición programas de radio o medios en general que cambian de posición en función de la lista de anuncios contratados? Las respuestas las puede ir buscando usted mismo, están a la vista.

Exigen hablar con Martín Torrijos

ambiente.

Sigue vigilia de indígenas y campesinos

Urania Cecilia Molina
umolina@prensa.com

Un campamento improvisado es ahora la atracción para quienes viven o llegan a visitar el histórico barrio de San Felipe. En la Plaza Catedral, y desde el miércoles pasado, campesinos e indígenas que viajaron desde sus lugares de origen se congregaron allí para manifestar su oposición a la ejecución de proyectos mineros, hidroeléctricos y de turismo residencial en sus tierras.

El campamento –hecho con trozos de plástico– se quedará en el lugar hasta que reciban una respuesta satisfactoria del presidente, Martín Torrijos, dicen los manifestantes.

Omar Hernández, representante del comité Manos Unidas por la Defensa del Río Gatún, y uno de los voceros, dijo que no permitirán que “destruyan nuestra naturaleza, contaminen las aguas y nos despojen de nuestras tierras”.

Hernández explicó que desean la reparación de los caminos de producción y de las escuelas, pero no por parte de las empresas que quieren hacer proyectos en sus tierras, sino de “Torrijos”, porque él es el responsable, y en su campaña hizo muchas promesas.

El grupo ya tuvo una reunión con el Ejecutivo, pero no quedó satisfecho.

Hoy se acercarán a la Asamblea Nacional y retomarán las protestas que “serán pacíficas”, aclaró Hernández.

La Prensa, 17 de marzo de 2008.

El poder está en el ciudadano

Maribel Jaén El poder está en el ciudadano

‘En este país hay tantos recursos que se desvían no solo por los funcionarios irresponsables sino también por los ciudadanos que miran para otro lado’.
Roxana Muñoz
Silvia Grünhut
La socióloga empezó a trabajar en su comunidad como miembro activo de su iglesia.
Maribel Jaén dirige la Comisión de Justicia y Paz desde 2002.
Niño que llegaba con la camisa sucia al salón, niño que era regañado por la maestra. Maribel Jaén, la actual directora de la Comisión de Justicia y Paz, tiene ese recuerdo de cuando tenía siete años. Ella, que sí llevaba su camisa limpia, le contó a su papá. Él le explicó que esos alumnos venían de barrios donde el agua no llegaba, era transportada en carros cisterna, quizás por eso no tenían siempre uniformes limpios. Entonces el regaño le pareció injusto, y cayó en cuenta de que no todos tenían la misma suerte.Siguiendo el ejemplo de sus papás católicos, Maribel se convirtió en catequista, coordinadora de grupos juveniles y activista de su comunidad en un momento en que los jóvenes católicos de San Miguelito estaban organizados.

Era principio de los 80. Por ese voluntariado mereció, al igual que otros compañeros suyos, una beca para estudiar sociología en la Universidad Santa María La Antigua. Supo que con ese diploma no se haría rica, pero sus profesores le hablaron de la posibilidad de estudiar la sociedad y transformarla para que hombres y mujeres puedan desarrollarse de manera plena.

Esa meta, Maribel, en su oficina en el Arzobispado, detrás de la Iglesia de Lourdes en Carrasquilla, la cree posible. Después de graduarse con una tesis sobre educación formal y derechos humanos, trabajó en grupos barriales, en proyectos a favor de los derechos de la niñez, e hizo un libro sobre ese tema. En 2002 gana por concurso el puesto de directora ejecutiva de la Comisión de Justicia y Paz que participa, entre otros proyectos, en la observación de los comicios electorales trabaja por los derechos de los privados de libertad y los refugiados. “Somos el departamento de derechos humanos de la Iglesia”, dice.

— La justicia, la paz, la tolerancia.. ¿qué tan posible es que alcancemos esos ideales por los que usted trabaja?

— Un defensor de los derechos humanos sabe que el respeto a la dignidad es posible, justo y necesario. Todos tenemos la responsabilidad de construir una sociedad donde la gente viva bien. Panamá tiene muchos recursos que deberían estar al servicio de todos.

— En la década del 80 se luchaba por la democracia y el respeto a la vida, ¿la lucha hoy es por cerrar la brecha económica?

— En algún momento lo más importante eran los derechos civiles y políticos. En ello hemos avanzado, queda mucho por hacer. Nuestro principal desafío es alcanzar el respeto a los derechos económicos y sociales: derecho al trabajo, a la salud, a la educación, vivienda.

— Circula el pensamiento de que en Panamá él que es pobre es porque quiere.

— Recibimos una formación muy individualista. Decimos ‘yo fui pobre y me superé, por qué no pueden hacerlo los demás’. La realidad es que un chico de Cerro Viejo en Tolé no tiene las mismas oportunidades, aun si le ponen tres computadoras en su escuela. La diferenciación social existe. Es una carrera donde hay unos bien alimentados, ejercitados y otros mal alimentados que no saben para dónde van. Tendríamos que cambiar por un modelo de desarrollo más humano, no uno de acumulación de capital para un sector donde solo se enfatiza el consumismo, vamos a terminar consumiéndonos todos.

— ¿Cuando habla así no le dicen comunista?

— Soy cristiana. Cuando el Señor dijo ámense unos a los otros no era comunista. Tenemos que tratarnos como hermanos. No me da miedo que la gente diga eso de mí. No se aguanta vivir en un mundo donde se dan millones para un Carnaval mientras mamás de niños con cáncer tienen que pedir por un oncólogo para sus hijos.

— Ustedes se han opuesto al aumento de penas de menores ¿cuál es su opinión sobre el problema de seguridad?

— El tema de seguridad está relacionado a la violencia, que tiene que ver con la exclusión. Las medidas de mano dura no han hecho disminuir la violencia porque no se puede controlar con más cárceles o más policías sino creando condiciones para que la gente pueda desarrollarse de manera integral. Se necesita una justicia expedita y equitativa, muchas veces se manda el mensaje de que quien tiene plata tiene más acceso a la justicia.

La Comisión de Justicia y Paz fue creada en 1990 como parte de la Iglesia católica. Entre sus intenciones estaba incentivar en los laicos el compromiso con la solución de los problemas sociales. En 1994 propicia la firma del Pacto Ético Electoral. Desde ese año, el de las primeras elecciones en democracia, la Comisión se organiza para monitorear los comicios. En las últimas elecciones mil 500 observadores se movilizaron con recursos propios y apoyo del Tribunal Electoral como garantes de un torneo transparente. Llevaban un conteo a boca de urna que diagnosticaba la tendencia del voto.

— Iglesia y Estado guardan distancia, ¿esta tarea de la Comisión no es intervenir en política? — No. Siempre ha habido una relación Iglesia – Estado respetuosa. La información que maneja la Iglesia sobre la tendencia del voto el día de las elecciones no es para hacerse pública, a menos que exista una irregularidad, entonces sí la Iglesia se pronunciaría.

— ¿Cómo se ha avanzado en los compromisos del pacto ético?

— Hay que pasar de un lenguaje descalificativo a uno propositivo. Recuperarnos de esas campañas de subasta electorera, de clientelismo, no puede ser que cada cinco años se reciclen funcionarios que cambian de partido. Los ciudadanos tenemos que exigir cuentas. Ser ciudadano no es solo ir cada cinco años a votar.

— ¿Qué más es ser ciudadano?

— Dar seguimiento al legislador por el que uno vota, no solo es saber que acomodó bien su casa y ahora tiene varios carros. Panamá tiene una inversión social alta con resultados bajos. Tantos recursos se desvían por funcionarios irresponsables, pero también por ciudadanos que miran para otro lado. No puede ser que se ponga un cartelón que diga: ‘aquí se construye una potabilizadora’, no se construye nada y la gente es indiferente.

— Lo que la gente hace es trancar las calles.

— Ese es el recurso aprendido. El Gobierno no entiende si no hay bloqueo, por eso los hay semanalmente. Tenemos que aprender a utilizar otros mecanismos formales e informales. Informales: presentarse en grupo a una institución, enviar un comunicado a los medios de comunicación. Formal: exigir un hábeas data. La gente se puede apropiar de esos recursos jurídicos sin necesidad de abogados.

— Para usar esos recursos formales hay que subir y bajar muchas escaleras. La gente se frustra.

— La justicia tiene que ser accesible porque las personas se encuentran con un aparataje burocrático que no le para bola a nadie.

— ¿Qué grupos se han organizado para exigir sus derechos con éxito?

— Está la experiencia de Alianza ciudadana, que se organiza con comunicados, debates en la asamblea y participación en los medios. En el interior se han organizado grupos ambientalistas. También hay otros, más ligados a grupos políticos

— Existe apatía por participar en estos movimientos porque se perciben como trampolín político.

— Sí, hay una desconfianza exacerbada por tanta gente que ha utilizado el poder para enriquecerse. No todo el mundo que lucha por su comunidad lo hace con interés político. A veces son los partidos los que se enteran del trabajo de esos líderes y los captan. Necesitamos nuevos liderazgos, no basados en el interés personal.

— Superar el clientelismo es otro reto. La gente muy pobre no ve otra opción que aprovechar las hojas de zinc que a cambio de votos le ofrecen.

— Habría que tener un mecanismo de la administración pública para evitar eso. Hay convenios internacionales sobre el tema que no se cumplen. Detrás de ese tipo de clientelismo hay una filosofía de mezquindad, de manipular el hambre. La gente piensa en aprovechar las campañas electorales para que les hagan una carretera, eso es negociar los derechos, no debería ser así. Es un derecho tener carretera, agua potable, escuelas, electrificación. Los gobiernos deben cumplir.

— Y los políticos dicen: ‘si no regalo bloques o les doy dinero no consigo nada’ , también se sienten víctimas del sistema…

— Sí, casi mártires… La cultura del clientelismo es de muchos años. Al inicio de la República los candidatos regalaban licor, ahora hacen otros regalos de manera menos visible. Se necesitará mucho tiempo para cambiar esa estructura.

— ¿Cómo se puede hacer?

— Con educación ciudadana, aunque es el camino más largo. Es una tarea de los grupos organizados, de la escuela, de los gobiernos, de los partidos.

— ¿Conviene a los partidos educar a los ciudadanos?

— No les conviene ni les interesa. Pero tendrán que hacerlo. Se han convertido en una de las organizaciones percibidas con mayor nivel de corrupción. Aunque la gente acepte su rejuego. La única fuerza de los partidos es el poder económico. La gente se afilia porque necesita un empleo. No hay militancia, los fondos se usan para campaña no para educar a los afiliados en política. Los afiliados deberían poder saber de dónde vienen los fondos privados, cómo se van a usar, cuánto se gasta en propaganda y cuánto en educación. Ocurre la misma deformación que en la sociedad: los que tienen más dinero tienen más posibilidad de acceder a las posiciones de poder en el partido.

— ¿Cuál será el principal desafío de los partidos dentro de la próxima campaña?

— Hacer las elecciones internas, llevar una mayor transparencia en el manejo del financiamiento privado, más educación y menos campaña. El desafío de la sociedad civil es asumir un rol más activo, pedir cuentas, que los funcionarios sientan que se deben a la ciudadanía. El ciudadano tiene que saber que tiene ese poder y que su responsabilidad es ser más activo en la construcción del país

— Hay mucho por hacer ¿Cómo hace para no desanimarse?

— Mucha gente trabaja en esto. Me animo cuando veo cómo se han organizado los grupos de discapacitados, de adultos mayores, de mujeres y de afrodescendientes. Hay sacerdotes, médicos, incluso funcionarios muy comprometidos, que quizás no se convierten en noticia. El camino del Señor no fue fácil, tuvo espinas. Físicamente no veré los resultados, pero tengo una responsabilidad con las nuevas generaciones y ellas tendrán que asumir la suya.

— ¿A sus dos hijas qué les enseña?

— Que tienen que educarse para servir y tener conciencia social. En la escuela les inculcan a los muchachos a formarse para tener dinero, ser gente para la industria, pero dejan de lado el aspecto humano.

— Muchos son escépticos ante esa filosofía.

— Hay quienes pensarán que el dinero y el consumismo es lo más importante. No lo es. Cristianos y personas de distintas creencias trabajan con la esperanza de dar mejores condiciones de vida a otros. Es trabajar con los demás, no por los demás.

Publicado en Revista Mosaico, La Prensa, 17 de febrero de 2009.