Ambientalistas solicitaron a la Corte que declare inconstitucional la Ley 30

Ambientalistas solicitaron a la Corte que declare inconstitucional la Ley 30

Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos presentaron nuevos alegatos contra la Ley 30 de 2010 -que entre otras cosas, flexibilizó la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental- en apoyo a las 6 demandas de inconstitucionalidad presentadas en junio pasado por sindicatos, abogados litigantes y otros grupos organizados.

El escrito de 51 páginas fue presentado por los abogados del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), en representación del propio CIAM, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), la Fundación Almanaque Azul, la Fundación Panamá Sostenible (PASOS, en formación) y Human Rights Everywhere (HREV).

Esta semana el Órgano Ejecutivo y Legislativo de Panamá por la presión de la ciudadanía está intentando subrogar La Ley 30 y dividirla en seis leyes de acuerdo a los puntos acordados en una mesa de discusión que mantuvo el gobierno con  algunos miembros de la sociedad civil. Por parte del Órgano Judicial se espera la declaratoria de ilegalidad por inconstitucional de la mencionada ley.

“Optamos por presentar nuevos alegatos en lugar de una séptima demanda, la cual habría retrasado todo el proceso”, aclaró Félix Wing Solís, Director Ejecutivo del CIAM, quien añadió que “la Corte tiene el deber moral de declarar inconstitucional la Ley 30, en vez de utilizar su subrogación como excusa para declarar la sustracción de materia. Ello sería eludir su responsabilidad como custodia privativa del orden constitucional.”

Los ambientalistas alegaron que la Ley 30 incurrió en 6 vicios de forma -que el gobierno se negó a discutir en la Mesa de Diálogo- y 7 violaciones de fondo a la Constitución y a convenios ambientales y de derechos humanos ratificados por Panamá, para un total de 18 normas constitucionales y 14 normas internacionales violadas.

El texto completo de los alegatos está disponible en el siguiente enlace:

ALEGATOS INCOSTITUCIONALIDAD LEY 30

A continuación, se resumen las violaciones de forma y de fondo alegadas por los ambientalistas:

Violaciones de forma:

1) que el tema ambiental no estaba incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias;

2) que los diputados no actuaron en interés de la Nación;

3) que la Asamblea Nacional tiene prohibido expedir leyes contrarias a la letra o el espíritu de la Constitución;

4) que la Comisión de Transporte no es competente para discutir reformas a la legislación ambiental;

5) que el Ministro de Seguridad Pública no era competente para refrendar una Ley sobre aviación comercial; y

6) que todos los actos anteriores constituyen desviación de poder.

Violaciones de fondo:

1) el principio de separación de los poderes, esencial a toda democracia formal;

2) 11 convenios ambientales que obligan a Panamá a realizar estudios de impacto ambiental;

3) el desmejoramiento de la protección del derecho a un ambiente sano, tutelado por el Régimen Ecológico de la Constitución y por 3 convenios de derechos humanos;

4) el principio de estricta legalidad, según el cual los funcionarios públicos sólo pueden hacer aquello que la Ley expresamente autoriza;

5) el principio de acceso público a la información, garantizado por los estudios de impacto ambiental;

6) la primacía del interés público sobre el interés privado; y

7) la obligación del Estado de reglamentar las actividades económicas mediante organismos especializados, de modo tal que beneficien a las mayorías.

Martinelli sanciona y promulga “Ley Chorizo”

Martinelli sanciona y promulga “Ley Chorizo”

Redacción El Panamá América 16 de junio de 2010

Presidente de la República, Ricardo Martinelli. Foto/Archivo/EPASA

[16 Jun|12:43] Pese a las criticas y a los llamados para que vetara la ley, el presidente de la República, Ricardo Martinelli sancionó la Ley 30 que dicta medidas para promover el desarrollo sostenible de la Aviación Comercial en Panamá y que además incluye polémicas reformas laborales, penales ,  judiciales y  ambientales.
El documento  promulgado en Gaceta Oficial lleva la firma del presidente de la República, Ricardo Martinelli, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, el presidente de la Asamblea de Diputados, José Luis Varela y el secretario General, Wigberto Quintero.
En materia laboral,  la ley estipula que el empleador no está obligado a descontar a sus trabajadores ninguna cuota a favor de los sindicatos y que la mismas debera ser de forma voluntaria.
Además da orden inmediata a las autoridades de la Policía para que garanticen y protejan a las personas y propiedades una vez iniciada una huelga. Así como también ordena la suspensión de las labores de los trabajadores que apoyan la huelga.
OPINIONES

Si creen que se han salido con las suyas se equivocan. Ningún proyecto puede obviar el Estudio de Impacto Ambiental y las Guías de Buenas Practicas Ambientales sólo pueden aplicarse como COMPLEMENTO y no como REEMPLAZO a las normas ambientales de seguimiento ambiental de los EIA. Por tanto, creemos que se logró el objetivo de presión ciudadana hacia los diputados que aprobaron con estrepitosa rapidez y nerviosismo este proyecto del Órgano Ejecutivo. Los confusos diputados pretendieron abrir la puerta y la cerraron más. La pretendida injerencia del Ejecutivo en los EIA como nueva autoridad ambiental en EIA será un apéndice intestinal.
En lo único que nos ganaron fue en la eliminación del artículo que compensaba a los ciudadanos que denunciaban un hecho ambiental y que recibían un porcentaje de la multa cobrada al infractor. Otro día recuperamos este artículo.
Evidentemente que los trabajadores y sus derechos sí han quedado totalmente cercenados en muchos aspectos. Recuerden trabajadores somos todos.

Ariel Rodríguez Vargas, Ecologista

Sólo han hecho los que le da la gana, no lo que el pueblo quiere, y así se jactan de decir que promueven la consulta ciudadana. Que esto sirva para quitarle la venda de los ojos a algunos.

Laila Rodríguez, Ecologista

Aparte de solicitar anular la ley 177, debemos pedir su renuncia y la del vicepresidente e ir buscando un candidato provisional hasta que se resuelva este asunto.
SR. MARTINELLI, YO LE PIDO SU RENUNCIA Y LA DEL VICE PRESIDENTE….USTED, NO ES APTO PARA EL PUESTO Y SU SUCESOR TAMPOCO!
El pueblo se equivocó una vez mas! Pero nunca es tarde para corregir los errores!

Linda Schwartz, Ecologista

Es una burla cuando el vicepresidente y el ministro de la presidencia habian convocado a una reunión a los grupos ambientales en la Presidencia a las 3 pm. QUE IRRESPETO!!!!

Raisa Banfield, Ecologista

Los únicos beneficiados de la eliminación de los estudios de impacto ambiental son los grandes intereses económicos, tanto nacionales como internacionales”,

Félix Wing, Ecologista

Con la sanción de esta ley, Panamá es el primer país de América en eximir proyectos de gran impacto de un Estudio de Impacto Ambiental. Esta ley pone en peligro los futuros financiamientos que puedan otorgar el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para las mismas obras que el gobierno busca eximir de dichos estudios.

Gabriela Etchelecu, Ecologista

Ecologistas rechazan proyecto de ley que intenta eliminar EIA en proyectos del Estado

COMUNICADO CONJUNTO

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL AMBIENTAL

SOBRE LA PRETENDIDA MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE AMBIENTE

Ante la inclusión de “camarones legislativos anti-ambiente” por parte del Ejecutivo, en el Proyecto de Ley No. 177, “Que adopta medidas para promover el Desarrollo Sostenible de la Aviación Comercial, Actividades en Desarrollo y dicta otras disposiciones”, presentado anoche a la consideración de la Asamblea Nacional por el Ministro de Gobierno y Justicia en una sesión plenaria que sólo tuvo una duración de 20 minutos, las organizaciones firmantes señalamos lo siguiente:

Efectos iniciales del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en Bocas del Toro que fue declarado de interés social por el gobierno, ya que es accionista de esta obra. Esta sería una de las tantas obras que no requerirán EIA o cumplir adecuadamente con la política ambiental, de hacerse efectiva la pretendida ley de aviación. El Metro unidireccional es otra obra que no ha realizado EIA y al parecer no lo quieren hacer.

1. Rechazamos categóricamente los artículos 26 y 27 del mencionado proyecto de Ley, que pretenden excluir del requisito de estudio de impacto ambiental a “aquellas actividades, obras o proyectos estatales que sean declarados de interés social por el Consejo de Gabinete”.

2. Denunciamos la desviación de poder en que ha incurrido el Ejecutivo, al incluir estos artículos en un proyecto de ley sobre materias ajenas a las ambientales, excediendo así sus facultades constitucionales.

3. Deploramos que la Asamblea Nacional, que debe representar los mejores intereses del pueblo panameño, pretenda darle primer debate a estos dos artículos en la Comisión de Transporte. Ninguna modificación a la Ley General de Ambiente debe siquiera proponerse sin un análisis profundo del tema y sin la consulta más amplia posible. Además, debe ser discutida en primer debate por la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo.

4. Advertimos que este proyecto de ley constituye un claro atentado contra los derechos humanos de la ciudadanía panameña, ya que, de aprobarse, colocaría a la población en un grave estado de indefensión frente a iniciativas potencialmente dañinas para la vida, la salud y el ambiente de las comunidades, cuando éstas sean promovidas por el Estado.

5. Advertimos también que este proyecto de ley constituye una violación de tratados internacionales suscritos y ratificados por Panamá, que exigen que nuestro país mantenga y no desmejore sus estándares ambientales.

6. Hacemos un llamado urgente a la ciudadanía a apersonarse a la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional, mañana miércoles a las 10:00 a.m., para manifestar de viva voz su rechazo a este proyecto de ley.

7. Finalmente, este Mes del Ambiente, nos declaramos en estado de alerta frente a este nuevo intento del Gobierno Nacional por poner en riesgo nuestro patrimonio natural y el bienestar de la población panameña.

¡PANAMÁ NO SE VENDE!

Panamá, 8 de junio de 2010

Proyecto de ley cuestionado: Proyecto de ley que elimina EIA en proyectos del gobierno y modifica el Código de Trabajo y el Código Penal, entre otros

ORGANIZACIONES FIRMANTES

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

Asociación Agroambientalista Macho de Monte, Chiriquí

Asociación Ambientalista de Chiriquí (ASAMCHI)

Asociación de Derecho Ambiental (ADA)

Asociación de Productores Agroecológicos La Amistad (ADPAELA), Chiriquí

Asociación Ecologista Panameña (AEP)

Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON)

Asociación Oceánica de Panamá (AOP)

Asociación para la Conservación de la Biósfera (ACB), Chiriquí

Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)

Centro Misionero de La Concepción, Chiriquí

Colectivo Voces Ecológicas (COVEC)

Colibrí-Asociación Ecologista de Panamá, Chiriquí

Comité de Defensa y Protección de la Naturaleza en Gualaca (CODEPRONAGUA), Chiriquí

Comité Pro Defensa del Río Gariché, Chiriquí

Comunidad de Quebrada Caña, Chiriquí

Comunidad de Santa Marta, Chiriquí

Congreso General Ngöbe-Buglé

Conservation International (CI)

Fundación Albatros Media

Fundación Almanaque Azul

Fundación MarViva

Fundación NATURA

Fundación para el Desarrollo Integral del Corregimiento de Cerro Punta (FUNDICCEP), Chiriquí

Fundación para la Protección del Mar (PROMAR)

Grupo La Zapatilla Verde, Chiriquí

Human Rights Everywhere (HREV)/Comuna Sur

Junta Administradora del Acueducto Rural de Santa Rita, Chiriquí

Junta Administradora del Acueducto Rural de La Victoria, Chiriquí

Justicia, Paz e Integridad de la Creación” de los Misioneros Claretianos de Centroamérica

Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre (MOCAMDERCO), Veraguas

Red Nacional de Defensa de los Ríos, Tierras y Comunidades

Sociedad Audubon de Panamá (SAP)

El derecho a un mejor ambiente

ENTREVISTA

El derecho a un mejor ambiente

No hay concordancia entre el discurso del Gobierno y la realidad ambiental. Se promueve la actividad contaminante.

CATEDRÁTICO. Félix Wing comparte su vida profesional entre las aulas de clases y el cuidado del ambiente . LA PRENSA/ David Mesa

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Félix Wing se ha movido en el mundo ambiental desde hace 20 años. Cuando el país aún era gobernado por los militares, Wing daba sus primeros pasos en materia de conservación. Después no solo ha defendido los intereses ecológicos del país, sino que también participó en la elaboración de la Ley General del Ambiente, mediante la cual se creó la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

Sus conocimientos jurídicos lo han puesto al servicio de la naturaleza. A finales del pasado mes abandonó el despacho del magistrado Adán Arnulfo Arjona, donde trabajó como asistente, para encargarse de la Dirección de Asesoría Legal del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam).

¿Cuáles son sus consideraciones sobre la legislación ambiental en Panamá?

La legislación ambiental ha avanzado mucho en los últimos 11 años, sobre todo después de la promulgación de la Ley General del Ambiente. Digamos que se ha ido profundizando en el tema, no solamente en la aprobación de nuevas leyes, sino en la reglamentación de las normas. En este momento estamos en la etapa de cumplir y de hacer cumplir las normas. Es un proceso gradual que se debe continuar profundizando, porque todavía hay áreas que no han sido atendidas o dotadas de un marco legal adecuado.

¿Cuáles son esas áreas que requieren de un marco jurídico adecuado?

Hay normas de calidad ambiental que no han sido aprobadas y otras ni siquiera han pasado por el proceso de elaboración. Hablo de normas relacionadas con la calidad del aire, calidad del suelo, calidad del agua, y de los límites máximos de contaminantes permisibles. Los retrocesos, lamentablemente, han sido por falta de visión de las entidades estatales porque han sido temas discutidos, por ejemplo, consolidar todas las competencias ambientales en una sola institución para que no haya duplicidades.

¿En qué otros aspectos podríamos hablar de retroceso ambiental?

Hay una dicotomía entre el discurso gubernamental y la acción o la realidad. Por un lado, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, se tira un discurso en la Organización de las Naciones Unidas –del cual yo, como panameño, me sentí orgulloso de escuchar al Presidente hablar de lo que representa Panamá en recursos naturales– pero, en la realidad, el Gobierno promueve la minería metálica, una de las actividades más dañinas no solo para el ambiente, sino también para la salud humana.

No vemos que el país se promueve como lo que es: un puente biológico, de migración de especies, como un lugar de gran biodiversidad; como tampoco vemos el interés en explotar el turismo ecológico.

¿Que más le preocupa de esa realidad?

Seguimos rellenando costas, tumbando manglares e invirtiendo millones en plantas termoeléctricas e hidroeléctricas –estas últimas están arruinando nuestros ríos–, en vez de invertir en turismo ecológico sostenible y en fuentes renovables de energía.

En materia de turismo ecológico, por ejemplo, hay personas que pagarían para ir hacer rafting al río Chiriquí Viejo, pero qué rafting podrían hacer si están construyendo una serie de hidroeléctricas que terminará por dañar uno de los tesoros naturales del país. También hay personas dispuestas a pagar para ir al bosque a observar aves, pero lo que están haciendo es acabar con los manglares y los bosques. Un caso claro es la bahía de Panamá, a donde llegan aves migratorias.

Pero se requiere de la energía eléctrica, ¿qué hacemos?

Panamá es un país en el que hay sol la mayor parte del año. Es una una bendición que muy poco países tienen y, en términos de energía, es algo que se puede aprovechar. En Alemania, por ejemplo, han encontrado soluciones adecuadas para que a las personas comunes y corrientes se les haga más viables, en términos económicos, invertir en energía solar en su casa. Incluso, si en un momento dado una casa produce excedente de energía solar, puede enviarla a la red y se le descuenta de la facturación mensual.

Recordemos que una de las plataformas de campaña del actual gobierno fue, precisamente, la disminución del costo de la energía eléctrica; entonces, por qué no pensar en esa alternativa y permitir al ciudadano común invertir en energía solar para disminuir el costo de la energía.

Desde el punto de vista jurídico, ¿es factible la instalación de paneles solares en residencias?

En estos momentos no es factible desde el punto de vista económico, porque el andamiaje jurídico no se ha creado y es allí donde está la función del derecho, que es crear las condiciones necesarias para que el aspecto económico sea factible. En vez de utilizar el derecho para favorecer el medio ambiente, lo estamos utilizando para estimular la inversión no sostenible de compañías que tienen récords ambientales cuestionables. Además, estamos importando tecnología y sustancias inadecuadas, que han prohibido en países de donde proceden estas empresas.

Los ambientalistas son blanco de ataque. ¿Qué piensa de esto?

Se trata de adversarios que no tienen argumentos para defender su punto de vista y que, en el fondo, son conscientes de las realidades ambientales que vivimos.