Solicitan al gobierno de Panamá, el cumplimiento de la medidas cautelares de la CIDH

Sociedad civil nacional e internacional solicitan al gobierno de Panamá, el cumplimiento de la medidas cautelares de la CIDH

Burica Press reproduce la carta de la sociedad civil de Panamá y del extranjero que trabajan es derechos humanos sobre el cumplimiento de las medidas cautelares sobre la suspensión de la construcción del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en tierras indígenas reclamadas por estos.

Baje aquí la carta en versión digital pdf: Carta Presidente Panama medidas CIDH Chan 75 09-08-21

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21 de agosto de 2009

Excmo. Señor Doctor

Ricardo Martinelli

Presidente de la República de Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá

Ref. Medidas Cautelares de la CIDH para la

protección de los Derechos Humanos de las

Comunidades Ngöbe

Excelentísimo Sr. Presidente Martinelli,

Nos dirigimos a Usted en nombre de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), el Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE), Earthjustice, el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) y el Center for Biological Diversity, conocedores de las expresiones de preocupación de las comunidades Ngöbe, y de organizaciones nacionales e internacionales respecto a la falta de cumplimiento del Estado panameño con las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con ocasión de la construcción de la represa Chan 75.

Reiteramos la importancia que tiene para el sistema jurídico, la democracia y la ciudadanía, que el Estado atienda estas medidas, que pretenden “evitar daños irreparables al derecho a la propiedad y la seguridad del pueblo indígena Ngöbe” que habita en la provincia de Bocas del Toro, como expresamente lo indica el pedido cautelar.

El 17 de Junio de 2009, la Comisión solicitó al Estado Panameño que “suspenda las obras de construcción y demás actividades relacionadas con la concesión otorgada a AES-Changuinola a lo largo del Río Changuinola en la provincia de Bocas del Toro”, hasta que haya una decisión definitiva por la Comisión o la Corte Interamericana, del caso que está en estudio. La Comisión solicitó además medidas para garantizar la libre circulación, la vida y la integridad de los indígenas Ngöbe, y así evitar mayor violencia e intimidación.

Las medidas cautelares de la CIDH obedecen a los riesgos que, para la garantía de los derechos humanos de los indígenas y el ambiente, implica la construcción de la represa, especialmente por los daños graves e irreversibles que ésta conllevaría.

De hecho, la construcción del proyecto implicaría la inundación del territorio ancestral habitado por cuatro comunidades Ngöbe: Charco la Pava, Valle del Rey, Guayabal y Changuinola Arriba.

Esto ocasionaría daños graves e irreversibles tanto a las comunidades mencionadas como al ambiente y por ende, a otras comunidades de la zona.

Justamente dada la gravedad de la situación, el Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas de las Naciones Unidas visitó la zona en enero pasado. En su informe publicado en mayo 12 de 2009, el Relator también recomendó al Estado que evalue la posibilidad de suspender las obras de construcción de la represa y el proceso de reasentamiento de las comunidades por un período razonable, hasta que se establezcan las condiciones mínimas para el reinicio de la construcción y el reasentamiento, a la luz de los resultados del nuevo proceso de diálogo”. Esta recomendación con el fin de garantizar la protección efectiva de los derechos de los pueblos indígenas y evitar mayores daños.

Vale la pena mencionar que debido a las amenazas que el proyecto Chan-75 y otros proyectos hidroeléctricos revisten para la conservación del Parque Internacional La Amistad (PILA), el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO incluyó al PILA en la Lista de Patrimonios de la Humanidad en Peligro de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Creemos que de esta manera que el Estado Panameño daría muestras de avanzar como un Estado democrático moderno. Conscientes que el no acatamiento con las medidas cautelares solicitadas por las instancias internacionales de derechos humanos fueron adoptadas en el gobierno inmediatamente anterior, las organizaciones firmantes confiamos en una respuesta positiva por parte del nuevo Gobierno, para que cumpla con lo solicitado por la Comisión Interamericana y con las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas lo antes posible.

Reciba un saludo cordial.

Atentamente,

Manuel Pulgar-Vidal

Presidente

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)

Raisa Banfield

Directora Ejecutiva

Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)

Larissa Duarte

Directora Ejecutiva

Alianza para la Conservación y Desarrollo (ACD)

Sebastián Tedeschi

Coordinador Programa de las Américas

Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos (COHRE)

Rolando Castro

Director

Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA)

Martin Wagner

Director del Programa Internacional

Earthjustice

Peter Galvin

Director de Conservación

Center for Biological Diversity

C.c.

Ministerio Gobierno y Justicia

Ministro Dr. José Raúl Mulino

Dirección de Política Indigenista

Lic. José Isaac Acosta

Ministerio de Relaciones Exteriores

Dr. Juan Carlos Varela Rodríguez,

Vicepresidente y Ministro de Relaciones

Exteriores de la República de Panamá

Dirección General de Asuntos Jurídicos y Tratados

Lic. Vladimir Franco

Corte Suprema de Justicia

Dr. Harley James Mitchell Dale

Ministerio de Comercio e Industrias

Ministro Dr. Roberto Henríquez

Dr. Ricardo Quijano J., Viceministro de

Comercio Interior

Seis meses de protesta contra la corrupción en el Estado

ABUSOS

Seis meses de protestas ante la Corte

Rafael Spalding
opinion@prensa.com

Durante seis meses, residentes de las comunidades residenciales de las áreas revertidas del Canal protestaron, denunciaron ilegalidades del Ministerio de Vivienda (Mivi) y otras instituciones gubernamentales y expresaron su vergüenza por nuestro gobierno, ante el edificio de la Corte de Suprema Justicia (CSJ), todos los días laborables, desde las 8:30 a.m. hasta las 9:30 a.m., desde junio hasta diciembre de 2008.

Dicha extendida protesta fue causada por el vergonzoso fallo de la CSJ que declaró constitucional una ley retroactiva, específicamente, el artículo 2 de la Ley 12 de 2007. El magistrado ponente fue Aníbal Salas, y los magistrados que lo apoyaron fueron Winston Spadafora, Alberto Cigarruista, Delia Carrizo de Martínez (suplente de Harley Mitchell) y Nelly Cedeño de Paredes (suplente de Víctor Benavides). Los magistrados que se opusieron fueron Oydén Ortega, Esmeralda Arosemena de Troitiño, Hipólito Gil Suazo (suplente de Arnulfo Arjona) y Luis Mario Carrasco (suplente de Jerónimo E. Mejía). La Procuradora de la Nación también opinó que la Ley 12 era inconstitucional.

Los ciudadanos señalaban que el Mivi, a través de resoluciones ministeriales, había excedido su autoridad al modificar la Ley 21 de 1997, la ley que reglamenta el desarrollo de las áreas revertidas del Canal de Panamá.

El Mivi ignoró las reclamaciones de la ciudadanía y se mantuvo en administrar sin planes el desarrollo urbano de las áreas revertidas a través de resoluciones que frecuentemente contrariaban lo ordenado en la Ley 21. La Ley 21 contiene estudiados planes de desarrollo urbano cuya preparación duró 26 meses a un costo mayor de 9 millones de dólares. Buscando ponerle un alto a lo que consideraban un abuso de poder, los ciudadanos interpusieron varias demandas contra el Mivi ante la CSJ.

El Mivi decidió esquivar las demandas ciudadanas y obtuvo la colaboración de diputados de la Asamblea Nacional para crear una nueva ley. Crearon la Ley 12, una ley retroactiva, que exonera al Mivi de cumplir con lo especificado en la Ley 21, desde julio de 1997, hasta enero de 2007. Transformaron así sus actos ilegales en actos legales.

Siguieron demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 12. Nuestra Constitución Política prohíbe leyes retroactivas, excepto por tres condiciones especiales. Esta prohibición es cónsona con los reglamentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organización a la cual Panamá está adscrita.

Los funcionarios del Mivi y los diputados colaboradores se percataron de que habían cometido un error en la redacción de la Ley 12, porque no habían declarado qué condición especial esperaban satisfacer para cumplir con la Constitución. Temiendo que la CSJ encontraría que la Ley 12 fuera inconstitucional, crearon la Ley 29 de 2008, declarando que la condición especial era “interés social”, días antes de que la Corte emitiera su fallo. Todos recibimos la gran sorpresa de la CSJ cuando falló que la Ley 12 no era retroactiva, consecuentemente no era inconstitucional. En el fallo, los magistrados opinaron que la intención del Mivi et al era crear una ley con efectos hacía el futuro.

¡Qué disparate! Aquí tenemos el caso típico del cazador cazado. Con la Ley 29 los creadores de la Ley 12 reafirmaron su intención de crear una ley retroactiva para borrar la ilegalidad en más de 40 resoluciones del Mivi. Mientras tanto, la CSJ falla al fallar que la Ley 12 es constitucional, porque opinan que el Mivi et al no tenía intención de crear una ley retroactiva.

Nos preguntamos ¿qué hará la CSJ ahora que se sabe que el Mivi et al insiste en una ley retroactiva? ¿Se pueden imaginar este material en manos de Tres Patines y el Tremendo Juez de la Tremenda Corte?

Normativa ambiental de Panamá compendio enero 2009

Normativa ambiental de Panamá,

compendio mensual
Enero 2009

Lic. Leslie Marín
Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM)

AGUA

· Resolución Nº AG-0987-2008, de 17 de noviembre de 2008, Autoridad Nacional del Ambiente, por medio de la cual se deja sin efecto el cobro de inspecciones anuales no realizadas por la ANAM a los usuarios con contrato de concesión para el uso de aguas. Para mayores detalles, favor accesar a http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26205/14991.pdf

· Resolución Nº AG-1026-2008, de 2 de diciembre de 2008, Consejo Municipal de Chepo, por el cual se establecen los costos por los servicios prestados por el Laboratorio de Calidad Ambiental de la ANAM para el análisis de agua.  Para mayores detalles, favor accesar a http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26207/15188.pdf

ANTENAS

· Acuerdo Nº 73, de 25 de noviembre de 2008, Consejo Municipal de Chepo, por el cual el Consejo Municipal aprobó reglamentar las instalaciones de antenas de los servicios públicos de Telecomunicaciones en el Distrito de Chepo. Para mayores detalles, favor accesar a http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26204/15114.pdf

ÁREAS PROTEGIDAS

· Resolución Nº AG-1059-2008, de 17 de diciembre de 2008, Autoridad Nacional del Ambiente, por medio de l cual se actualiza el canon para la concesión de uso de espacios físicos de terrenos y facilidades físicas en la cima del Parque Nacional Volcán Barú. Para mayores detalles, favor accesar a http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26212/15517.pdf

CAMBIO CLIMÁTICO

· Decreto Ejecutivo Nº 1, de 9 de enero de 2009, Ministerio de Economía y Finanzas, por el cual se crea el Comité Nacional de Cambio Climático en Panamá. Para mayores detalles, favor accesar a http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26212/15797.pdf

CERTIFICACIONES

· Decreto Ejecutivo Nº 100, de 7 de octubre de 2008, Ministerio de Economía y Finanzas, por el cual se reglamenta el artículo 39 de la Ley N º 41 de 1º de julio de 1998, General de Ambiente de la República de Panamá, sobre la certificación de productos y servicios ambientalmente limpios. Para mayores detalles, favor accesar a http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26206/15738.pdf

DESECHOS

· Resolución Nº 001, de 5 de enero de 2009, Ministerio de Salud, por la cual se autoriza al Municipio de Panamá a recibir desechos hospitalarios y lodo, en tanto sean aprobados, por la ANAM , los instrumentos de gestión ambiental (EsIA y PAMA) que correspondan a las adecuaciones ambientales del Relleno Sanitario de Cerro Patacón.  Para mayores detalles, favor accesar a http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26199/15471.pdf

· Resolución Nº ADM/ARAP Nº 44, de 27 de noviembre de 2008, Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, por la cual se adjudica a la empresa Buzos de Azuero, S.A., mediante el procedimiento de contratación directa, el manejo integral, limpieza, extracción y recolección de la basura marina, específicamente redes fantasmas, a través de un proceso participativo en los distritos de Pocrí, Pedasí y Tonosí, provincia de Los Santos, por un monto total de 48,810. Para mayores detalles, favor accesar a http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26209/15184.pdf

· Resolución Municipal Nº 51, de 21 de agosto de 2007, Consejo Municipal de Arraiján, por el cual se designa la Comisión Especial Fiscalizadora del Servicio Público Municipal de Recolección de Basura en el distrito de Arraiján, se le asignan funciones y se dictan otras disposiciones. Para mayores detalles, favor accesar a http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26210/12875.pdf

EMERGENCIAS AMBIENTALES

· Resolución Nº AG-1003-2008, de 4 de diciembre de 2008, Autoridad Nacional del Ambiente, por la cual se ordena la instalación de un procedimiento de excepción provisional, para el aprovechamiento forestal y la evaluación de estudios de impacto ambiental, atendiendo al Estado de Emergencia declarado para la provincia de Bocas del Toro, las tierras altas de Chiriquí, ambas costas de la provincia de Colón y la Comarca Gnobe-Buglé .   Para mayores detalles, favor accesar a http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26209/15790.pdf

HIDROCARBUROS

· Ley Nº 7, de 14 de enero de 2009, por la cual se aprueba el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil nacida de daños debidos a contaminación por los hidrocarburos para combustible de los buques, 2001, hecho en Londres el 23 de marzo de 2001. Para mayores detalles, favor accesar a http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26203/15614.pdf

· Resolución Nº 227, de 23 de diciembre de 2008, Consejo de Gabinete, que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas/Unidad Administrativa de Bienes Revertidos, a contratar directamente con la sociedad Petroport, S.A., un contrato de arrendamiento con inversión y derecho preferencial de compra de Lote A, con una superficie de 12 hectáreas , ubicado en el sector de Isla Telfers, corregimiento de Cristóbal, distrito y provincia de Colón, para la expansión de la Zona Libre de Petróleo, por el término de 20 años prorrogables. Para mayores detalles, favor accesar a http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26207/15766.pdf

MINERÍA

· Contrato Nº 23 de 30 de enero de 2007, Ministerio de Comercio e Industrias, por el cual el Estado otorga, a la empresa Cemento Bayano, S.A., derechos exclusivos para le exploración de minerales no metálicos (piedra de cantera) en una zona de 100 hectáreas ubicada en el corregimiento de Chilibre, distrito de Panamá, provincia de Panamá. Para mayores detalles, favor accesar http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26209/14854.pdf

· Resolución Nº 189, de 12 de diciembre de 2008, Ministerio de Comercio e Industrias, por la cual se declara a la empresa Istmos Hydro Power, Corp., elegible de acuerdo con las disposiciones del Código de Recursos Minerales, para la extracción de grava de río en dos zonas de 315 hectáreas ubicadas en los corregimientos de El Bongo y Boquerón, distrito de Bugaba y Boquerón respectivamente, provincia de Chiriquí.  Para mayores detalles, favor accesar http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26198/15456.pdf

· Resolución Nº 15, de 17 de noviembre de 2008, Ministerio de Comercio e Industrias, por la cual se traspasa a la empresa Constructora Alfa, S.A., la concesión de la empresa Corporación de Desarrollo Panama Korea, S.A. para la extracción de piedra de cantera, en una zona de 64.68 hectáreas , ubicada en el corregimiento de Ancón, distrito y provincia de Panamá.  Para mayores detalles, favor accesar a http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26199/15029.pdf

· Resolución Nº 2008-165, de 18 de noviembre de 2008, Ministerio de Comercio e Industrias, por la cual se declara a la Empresa Gold Consulting, S.A., elegible de acuerdo con la disposición del Código de Recursos Minerales, para actuar como subcontratista técnico y financiero de la empresa concesionaria Petaquilla Minerals, S.A. Para mayores detalles, favor accesar a http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26210/14748.pdf

POLÍTICAS AMBIENTALES GENERALES

· Resolución de Gabinete, de 23 de enero de 2009, Consejo de Gabinete, que aprueba la Estrategia Nacional del Ambiente denominada “Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible 2008- 2012” .   Para mayores detalles, favor accesar a http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26211/15829.pdf

· Decreto Ejecutivo Nº 122, de 23 de diciembre de 2008, Ministerio de Economía y Finanzas, por el cual se aprueba la Política Nacional de Biodiversidad, sus principios, objetivos y líneas de acción.   Para mayores detalles, favor accesar a http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26210/15793.pdf

SANEAMIENTO

· Resolución Nº 89, de 5 de diciembre de 2008, Ministerio de la Presidencia , por la cual se adjudica definitivamente el Contrato de Licitación Pública Nacional Nº PMDSCH-c3/I-29-08, para el saneamiento de la Quebrada La Vergüenza, distrito de David, provincia de Chiriquí.  Para mayores detalles, favor accesar http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26201/15135.pdf

TERMOELÉCTRICAS

· Acuerdo Nº 101-40-11, de 18 de marzo de 2008, Consejo Municipal de Colón, por medio de la cual la Cámara Edilicia del Distrito de Colón, en apoyo al clamor ciudadano, se opone rotundamente a la instalación o establecimiento de termoeléctricas a base de carbón y pex coke de petróleo.  Para mayores detalles, favor accesar http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26201/14520.pdf

TITULACIÓN DE TIERRAS

· Resolución Nº AG-0907-2008, de 15 de octubre de 2008, Autoridad Nacional del Ambiente, por medio de la cual se delega, a los administradores regionales de ANAM, la autoridad, responsabilidad y competencia para que en el trámite de titulación de tierras que adelanta PRONAT, emitan opinión de aprobación o rechazo, sobre las tierras pertenecientes al Patrimonio Forestal del Estado, previa evaluación correspondiente.  Para mayores detalles, favor accesar http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26196/14095.pdf

TURISMO

· Resolución Nº 82, de 23 de diciembre de 2009, Ministerio de Comercio e Industrias, por el cual se reglamenta el Decreto Ley Nº 4 de 2008, que crea la Autoridad de Turismo de Panamá y dicta otras disposiciones. Para mayores detalles, favor accesar http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26213/15902.pdf

· Resolución Nº 06/09, de 20 de enero de 2009, Autoridad de Turismo de Panamá, por medio del cual se adopta el Reglamento Interno de la Autoridad de Turismo de Panamá.  Para mayores detalles, favor accesar http://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/26212/15869.pdf


Cómo hacer denuncias ambientales en Panamá

DENUNCIAS  AMBIENTALES EN PANAMÁ

La naturaleza es una parte esencial de la vida de todos los seres humanos, por tanto tenemos el deber y la obligación de protegerla. Como ciudadanos de este país debemos tomar conciencia del importante papel que jugamos en la protección y conservación del medio ambiente. De ahí la importancia de denunciar cualquier hecho que atente contra éste.

Nuestra constitución en su Art. 41 nos dice que “toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidores públicos por motivos de interés social o particular, y el de obtener pronta resolución.” De igual manera la Ley No. 41 de 1 de julio 1998 “Ley General de Ambiente de la República de Panamá” establece que “toda persona natural o jurídica está en la obligación de prevenir el daño y controlar la contaminación ambiental.”

Por lo tanto la Autoridad Nacional del Ambiente, encargada de velar y custodiar nuestros recursos naturales, nos facilita la siguiente información en cuanto a los pasos que se deben seguir para formular debidamente una DENUNCIA AMBIENTAL

QUIENES PUEDEN DENUNCIAR?

Cualquier persona natural o jurídica, de manera individual o conjunta, puede llevar a cabo la denuncia ambiental.

DONDE HACER LA DENUNCIA?

Toda denuncia podrá ser interpuesta ante las oficinas, agencias o regionales de la Autoridad Nacional del Ambiente más cercana a la residencia del denunciante o aquella que se encuentre en la región donde ocurrió el hecho.

A continuación sus números de teléfono:

Línea Gratuita

Tel. 800-0789

COMO HACER LA DENUNCIA?

La denuncia puede ser formulada por cualquiera de los siguientes medios:

* Vía Telefónica

* Fax

* Correo Electrónico

* Notas Escritas

* Web (http://www.anam.gob.pa/denuncia_web/default.asp)

De manera personal, presentándose en la oficina correspondiente, tal y como se especificó anteriormente.

REQUISITO PRINCIPAL

Para que la denuncia sea VÁLIDA, el requisito principal es que el denunciante se IDENTIFIQUE debidamente.

Esto consiste en dar el nombre y el número de cédula o pasaporte del denunciante.

FORMULARIOS

En los casos en que el denunciante se apersone a las oficinas de la Autoridad Nacional del Ambiente, se tomará su declaración en un Formulario prenumerado y diseñado por la ANAM para tales fines. En caso de que el denunciante utilice cualquiera de los otros medio permitidos, le corresponderá al funcionario de la ANAM llenar dicho Formulario con la información disponible.

LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

Es importante saber reconocer que las infracciones cometidas en contra del ambiente pueden acarrear responsabilidad civil, administrativa y penal según sea el caso, siendo cada una de estas independiente de la otra. Cabe mencionar que cualquier ciudadano u organismo está facultado para participar activamente en los procesos administrativos, civiles y penales por daños al ambiente.

Debe conocerse además que cada una de estas responsabilidades es competencia de distintas autoridades. Es decir, para el caso de la civil esta se llevará ante el Juzgado Civil pertinente de acuerdo a la cuantía del daño causado; en la Penal, se hará cargo el Ministerio Público a través de la Fiscalía del Ambiente; y, la administrativa que corresponde a la ANAM.

MULTAS Y SANCIONES

El monto de las infracciones administrativas dependerá de la gravedad de la misma o de la reincidencia del infractor. Se impondrán de la siguiente manera: El Administrador Nacional del Ambiente hasta de un millón de balboas (B/. 1,000,000.00).

El Consejo Nacional del Ambiente de un millón un balboa (B/. 1,000,001.00) a diez millones de balboas (B/. 10,000,000.00).

De manera accesoria la ANAM podrá ordenar al infractor el pago del costo de la limpieza, mitigación y compensación del daño ambiental, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales correspondientes.

LEY DE DELITO AMBIENTAL

Cabe destacar que finalmente se ha creado una ley de delito ambiental, por medio de la cual se penaliza con prisión o días-multa.

Esta ley es la LEY No. 5 de 28 de enero de 2005 “Que adiciona un Título, denominado Delito contra el Ambiente, al Libro II del Código Penal, y dicta otras disposiciones.”

LA DENUNCIA POR DELITO AMBIENTAL A DIFERENCIA DE LA DENUNCIA ADMINISTRATIVA ANTE LA ANAM BUSCA PROCESAR PENALMENTE A LOS RESPONSABLES CIVILES O FUNCIONARIOS DEL CRIMEN ECOLÓGICO COMETIDO, TIPIFICADO EN EL CÓDIGO PENAL  DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ.

LOS DELITOS AMBIENTALES SE DENUNCIAN ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO: FISCALÍAS, PERSONERÍAS O PROCURADURÍAS.

EL DELITO DE BE ESTAR CLARAMENTE TIPIFICADO Y EL ACTO COMETIDO DEBE SER OBVIO Y NO SUPUESTO.

A continuación Burica Press publica la transcripción del Título XIII de Código Penal aludido:

Título XIII

Delitos contra el Ambiente y el Ordenamiento Territorial

Capítulo I

Delito contra los Recursos Naturales

Artículo 391. Quien infringiendo las normas de protección del ambiente establecidas destruya, extraiga, contamine o degrade los recursos naturales, será sancionado con prisión de tres a seis años.

La pena prevista en este artículo se aumentará de una tercera parte a la mitad en cualesquiera de los siguientes casos:

1. Cuando la acción recaiga en áreas protegidas o se destruyan total o parcialmente ecosistemas costeros marinos o humedales.

2. Cuando se cause daño directo a las cuencas hidrográficas.

3. Cuando se dañe un área declarada de especial valor biológico, histórico, arqueológico o científico.

4. Cuando se afecten ostensiblemente los recursos hídricos superficiales o subterráneos de manera que incida negativamente en el ecosistema.

5. Cuando se ponga en peligro la salud o la vida de las personas.

6. Cuando se use explosivo o sustancia tóxica para realizar la actividad pesquera.

7. Cuando la conducta sea realizada por una industria o actividad que funcione sin haber obtenido la respectiva autorización o aprobación de la autoridad competente.

8. Cuando en la conducta haya mediado falsedad o se haya ocultado información sobre el impacto ambiental de la actividad, o se haya obstaculizado la inspección ordenada por autoridad competente.

9. Cuando el daño sea irreversible. Son irreversibles los efectos que supongan la imposibilidad de retornar a la situación anterior.

Artículo 392. Quien, sin la autorización de la autoridad competente, construya dique o muro de contención, o desvíe el cauce de un río, quebrada u otra vía de desagüe natural, disminuyendo, obstruyendo o impidiendo el libre flujo y reflujo de las aguas, afectando directamente el ecosistema, la salud de las personas o una actividad económica, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

Artículo 393. Quien obstruya o impida el libre curso de las aguas residuales será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa y arresto de fines de semana.

Artículo 394. Quien, sin la autorización de la autoridad competente o en incumplimiento de las normas aplicables al efecto, importe o exporte, maneje, genere, emita, deposite, comercialice, transporte, vierta o disponga material radioactivo, aguas residuales, desechos o residuos sólidos, líquidos o gaseosos será sancionado con prisión de cuatro a ocho años.

La pena se aumentará de una parte a la mitad cuando dichos residuos o desechos:

1. Ocasionen enfermedades contagiosas que constituyan un peligro para las personas o la vida silvestre.

2. Sean cancerígenos o alteren la genética de las personas.

3. Ocasionen riesgos de explosión, o sean inflamables o altamente radioactivos.

4. Puedan perjudicar las aguas, la atmósfera o el suelo, o pongan en peligro grave la vida silvestre, por su clase, cantidad o calidad.

Artículo 395. Quien venda o traspase a cualquier título permiso de subsistencia doméstica sin autorización legal será sancionado con cincuenta a cien días-multa.

La pena será de uno a tres años de prisión cuando se trate de un permiso de explotación comunitaria.

Artículo 396. Quien compre o adquiera del beneficiario un permiso doméstico o de subsistencia para la tala de árboles que no le corresponda será sancionado con prisión de uno a tres años.

La pena será de tres a cinco años de prisión cuando se trate de un permiso de explotación comunitaria.

Artículo 397. Quien debidamente autorizado para talar árboles se exceda de la cantidad, la especie o el área concedida será sancionado con prisión de dos a cinco años.

Artículo 398. Quien sin autorización de la autoridad competente o incumpliendo la normativa existente tale, destruya o degrade formaciones vegetales arbóreas o arbustivas constitutivas de bosque o sujetas a protección especial, en áreas protegidas, en cuencas hidrográficas, en zonas prohibidas o restringidas, o cuando estas protejan vertientes que provean de agua potable a la población será sancionado con pena de tres a siete años de prisión.

Artículo 399. Quien incendie masas vegetales será sancionado con uno a tres años de prisión o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.

Se aumentará la pena de una cuarta parte a la mitad, en cualesquiera de los siguientes casos:

1. Cuando se produzca pérdida de la fertilidad del suelo o desecación del suelo.

2. Cuando se afecte una superficie mayor de cinco hectáreas.

3. Cuando se dañe significativamente la calidad de la vida vegetal.

4. Cuando se actúe para obtener beneficio económico.

5. Cuando se trate de áreas protegidas o de cuencas hidrográficas.

No constituye delito la quema controlada y autorizada por la autoridad competente.

Artículo 400. Quien en contravención a las disposiciones legales aplicables y rebasando los límites fijados en las normas técnicas genere emisiones de ruido, vibraciones, gases, olores, energía térmica, lumínica o de cualquier otra naturaleza que ocasionen graves daños a la salud pública, a la flora, a la fauna o a los ecosistemas, será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión.

Capítulo II

Delitos Contra la Vida Silvestre

Artículo 401. Quien pesque, cace, mate, capture o extraiga recurso o especie de la vida silvestre, acuática o terrestre protegida o en peligro de extinción, sin contar con los permisos correspondientes para tales efectos, o quien teniendo los referidos permisos incumpla las especificaciones incluidas en estos, relacionados con la cantidad, la edad, las dimensiones o las medidas, será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

La sanción se aumentará de una tercera parte a la mitad:

1. Si se realiza en un área protegida
2. Si utiliza instrumento o medio no autorizado o prohibido por las normas vigentes.
3. Si se realiza fuera de las áreas destinadas para tales efectos.
4. Si se efectúa durante el periodo de veda o temporada establecido para proteger las especies descritas en este artículo y su reproducción.
5. Si se da en grandes proporciones.

Artículo 402. Quien sin autorización o permiso de la autoridad competente trafique, comercialice, negocie, exporte, importe, reimporte o reexporte espécimen de la vida silvestre, especie endémica, vulnerable, amenazada o en extinción o cualquier recurso genético será sancionado con prisión de tres a cinco años.

Será disminuida la pena en una tercera parte a la mitad si el espécimen de la vida silvestre o la especie endémica, vulnerable, amenazada o en peligro de extinción sea restituido a su hábitat sin daño alguno, antes de que concluya la fase de iniciación e investigación.

Artículo 403. Quien, sin autorización de la autoridad competente o infringiendo las normas sobre la materia, introduzca, utilice o propague especies de la vida silvestre o agente biológico o bioquímico, capaz de alterar significativamente la población animal o vegetal o de poner en peligro su existencia, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años.

Capítulo III

Delitos de Tramitación, Aprobación y Cumplimiento Urbanístico Territorial

Artículo 404. La persona debidamente autorizada para realizar estudios de impacto ambiental, auditorías ambientales o programas de adecuación y manejo ambiental, planes de manejo ambiental, planes de manejo forestal, inventarios forestales u otros estudios de naturaleza similar que, a sabiendas, incorpore o suministre información falsa o inexacta, u omita información fundamental, si con ello pone en peligro la salud humana o el ambiente, será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

La sanción se aumentará de una tercera parte a la mitad, si la conducta del agente causa daño a la salud humana o al ambiente o a alguno de sus componentes.

Artículo 405. El servidor público que, con inobservancia de la normativa ambiental correspondiente en ejercicio de sus funciones, promueva la aprobación o apruebe un estudio de impacto ambiental, programa de adecuación y manejo ambiental u otro documento aprobado por la Autoridad Nacional del Ambiente será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

Artículo 406. El promotor o el concesionario que incumpla los estudios de impacto ambiental, auditorías ambientales o programas de adecuación y manejo ambiental, planes de manejo ambiental, planes de manejo forestal, inventarios forestales u otros documentos de naturaleza similar aprobados por la Autoridad Nacional del Ambiente, o la resolución que los aprueba, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

Cuando del incumplimiento se produzcan graves daños a la salud humana o al ambiente o a algunos de sus componentes, o a las actividades económicas, la sanción se aumentará de una tercera parte a la mitad.

Artículo 407. Quien conociendo la irregularidad cometida haga uso o derive provecho de cualquier modo, de las conductas descritas en los artículos 405 y 406, aunque no haya participado en su ejecución, será sancionado como si fuera autor.

Artículo 408. El servidor público que venda, done, conceda o de cualquier otro modo adjudique tenencia o posesión sobre todo o parte de un bien inmueble de dominio público o que sea parte de un área protegida será sancionado con pena de cinco a diez años de prisión.

Artículo 409. Los promotores, constructores o técnicos directores que realicen una construcción no autorizada en suelos destinados a viales, en servidumbres de ríos o de cauces naturales de aguas superficiales, en áreas verdes, en bienes de dominio público o en lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o que por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección serán sancionados con prisión de tres a seis años.

Artículo 410. El promotor o el concesionario que inicie la ejecución de una obra o de actividades sujetas a la aprobación previa del estudio de impacto ambiental, plan de manejo forestal u otros documentos similares que, de acuerdo con la ley, sean requisitos previos o condicionales para iniciar la obra o actividad, sin haber obtenido la aprobación de la autoridad competente correspondiente, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad si la conducta del agente causa daño al ambiente o a alguno de sus componentes, a la salud humana o a la economía nacional.

Artículo 411. La autoridad o el servidor público que haya aprobado proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarios a las normas de ordenamiento territorial o a las normas urbanísticas vigentes será sancionado con prisión de cuatro a seis años.

Artículo 412. Quien incumpliendo la normativa existente construya o urbanice poniendo en grave riesgo al ambiente o la vida de la población será sancionado con prisión de dos a cuatro años.

Capítulo IV

Delitos contra los Animales Domésticos

Artículo 413. Quien, mediante actos de crueldad, cause la muerte o lesione gravemente a un animal usado como mascota será sancionado con cien a doscientos días-multa o trabajo comunitario.

ACD informó al relator de violación de derechos humanos en Changuinola

Entregan informe al Relator de la ONU sobre pueblos indígenas  de la violación de los derechos humanos al Pueblo Ngobe en el valle del Rio Changuinola

BURICA PRESS – Derechos Humanos

La Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD) ha emitido un informe abierto dirigido al Relator Especial de la ONU para pueblos indígenas, Dr. James Anaya, donde destacan en un resumen los principales hechos que según esta organización ameritan ser considerados por el Relator.

ACD planteó en el informe denominado Violaciones de los derechos humanos al pueblo Ngobe en Panamá que este pueblo ha estado sometido a acciones de represión injustificada y omisiones del Estado panameño en su contra y planteó varios casos emblemáticos que demuestran la forma en que se viola de manera sistemática los Derechos Humanos del pueblo Ngobe que Burica Press reproduce integralmente a continuación:

En las comunidades del Valle del Río Changuinola en la Provincia de Bocas del Toro, conformadas por miles de personas, se han suscitado una serie de abusos y violaciones a los Derechos Humanos del pueblo Ngobe, por parte del Estado panameño con la participación de AES Corporation, cuyas filiales en Panamá son AES Panamá y AES Changuinola. El Estado le ha otorgado la concesión para la construcción de tres hidroeléctricas en el Río Changuinola: Chan-75, Chan-140 y Chan-220, ubicadas en el Bosque Protector Palo Seco, zona de amortiguamiento del Parque Internacional La Amistad, que forma parte de la Reserva de la Biosfera, Patrimonio Mundial de la Humanidad. Sólo con la construcción de la primera, Chan 75, y con la modificación de su altura a 165 metros, se prevé la inundación de cuatro comunidades indígenas.

I. El Gobierno de Panamá continúa violando el Derecho de las comunidades Ngöbe de otorgar su consentimiento libre, previo e informado relacionado al uso de su territorio y su reubicación.

A. El Estado no demostró haber garantizado un proceso de consulta adecuado para obtener el consentimiento previo, libre e informado de la población Ngöbe.

La gran mayoría de las reuniones con las comunidades se han realizado a posteriori del otorgamiento de la concesión para la construcción del proyecto y de la concesión del Bosque Protector Palo Seco a AES Changuinola y después de iniciados los trabajos de construcción. En otras palabras, estas reuniones de consulta sólo evalúan aspectos secundarios al proyecto, por ejemplo, el tipo de casa que desean sea construida, pero sin consultas para obtener el consentimiento a la realización del proyecto en sí.

Además, el Gobierno ha cerrado la única oportunidad para la participación ciudadana contemplada en la legislación panameña, al permitir la aprobación subcategorizada de los Estudios de Impacto Ambiental de los sitios de reubicación con categoría de impacto nulo (Categoría I), los cuales no tienen espacio de consulta. Las reuniones han sido realizadas por la empresa, siguiendo sus propios intereses particulares, siendo éstas de carácter informativo, donde se les comunica a los Ngöbe cuáles son los planes de acción del proyecto.

Tercero, aquellas reuniones realizadas para la consulta de aspectos secundarios del proyecto, incluso donde han participado instituciones del Gobierno nacional, tampoco han garantizado que se cumplan los deseos y decisiones tomadas por la población indígena afectada. En numerosas ocasiones, dirigentes de la comunidad se han lamentado de que la empresa nunca cumple con las promesas realizadas y los acuerdos alcanzados si éstos no satisfacen las necesidades de AES o entran en conflicto con su calendario de construcción. Y el Gobierno ni siquiera ha garantizado que se cumpla con los procesos colectivos instaurados a posteriori.

B. El Estado Panameño causó daños irreparables al haber otorgado una concesión de territorio Ngöbe, incluyendo comunidades y fincas, a una empresa privada sin haber consultado y obtenido el consentimiento de las personas que vivían dentro.

En numerosas ocasiones, el Gobierno ha afirmado que es errado considerar la zona como territorio indígena ya que tiene categoría de área protegida. Si bien, estamos anuentes a que la zona se encuentra dentro del Bosque Protector Palo Seco (BPPS), hemos denunciado que es justamente a través de la creación de ésta área protegida, el Gobierno justifica la eliminación de los derechos territoriales de la población. A pesar que en el Decreto Ejecutivo No. 25 de 28 de septiembre de 1983 que crea el Bosque Protector Palo Seco, establece que en el área “se encuentran asentadas comunidades indígenas”; en aquel momento el Gobierno de Panamá no se esforzó en distinguir las tierras Ngöbe de las tierras del Estado, ni se les explicó a los Ngöbe que vivían allí que ellos no tenían más derechos de propiedad en sus tierras ni en sus cultivos. Es más, muchos de los habitantes locales no sabían en aquel entonces que el Gobierno había superpuesto un bosque de protección en sus territorios. El Gobierno no indemnizó a los Ngöbe por sus tierras en el Bosque Protector.

Adicionalmente, cuando el Gobierno creó la Comarca Indígena Ngöbe-Bugle mediante la Ley No. 10 de 7 de marzo de 1997, quedó en evidencia que esta delimitación no abarcaba la totalidad de la aspiración del pueblo Ngöbe. Existen numerosas comunidades  Ngöbe que quedaron excluidas por ésta delimitación legal, incluyendo aquellas a lo largo del río Changuinola. Esta ley además reconoció “áreas anexas,” que nunca fueron definidas en el espacio, pero que comprenden las tierras donde están ubicadas las comunidades dentro del Bosque Protector Palo Seco. El Estado tendría que haber demarcado las “áreas anexas” antes de otorgar concesiones en esta zona para proyectos de infraestructura. Cabe resaltar que el Estado contaba con fondos destinados especialmente a este objetivo a través del Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT). Sin embargo, las áreas anexas aún están indefinidas, dejando a las comunidades fuera de la protección legal a las tierras y territorios indígenas. Esta situación se agravó cuando el Gobierno otorgó la concesión parcial de administración del BPPS a la empresa AES a pesar de la oposición presentada por la población que vivía dentro de la zona concesionada.

C. La metodología de negociación de AES va contra los usos culturales y aumenta la vulnerabilidad de las mujeres, niños y niñas y las familias con menos preparación académica y/o dominio del idioma español.

Desde el principio, el Gobierno ha tratado a las comunidades indígenas como si no fueran pueblos indígenas. En lugar de resguardar los derechos colectivos y territoriales de estos pueblos y exigir a AES negociaciones con cada comunidad a nivel grupal, ha permitido negociar con familias individuales y en algunos casos con un sólo miembro de la familia y hostigar o sobornar individualmente a los jefes de familia para obtener el consentimiento, aún cuando ellos no tuvieran la autoridad de renunciar a las tierras, ya que sus familiares también tienen el derecho de uso. Aunado a esto, AES con frecuencia determinaba qué miembros de la familia eran aptos para representar a una familia entera en el proceso de negociación, reuniéndose con miembros que se habían mudado a Changuinola y otras áreas urbanas y consiguiendo el consentimiento de ellos sin informar al resto de la familia. Este enfoque en la negociación generó conflictos entre familiares y vecinos y tensiones entre diferentes comunidades de la región.

Muchas de las indemnizaciones se han cumplido parcialmente y la empresa se reserva la única copia firmada de los acuerdos, brindando copias sin firmas a las familias Ngöbes, lo que les impide utilizarlas en acciones legales.

En varios casos, AES ofreció a hombres jefes de familia supuestas indemnizaciones de dinero y no nuevas fincas, en detrimento de la calidad de vida de las mujeres, niños y niñas, aumentando su vulnerabilidad. En la cultura Ngöbe, las mujeres usualmente no administran el dinero sino que es tarea de los hombres. Es decir, las mujeres de las familias donde se dieron estos acuerdos por dinero, pasaron de una situación donde tenían acceso directo a la tierra, a una donde pierden control de la subsistencia por no recibir otros terrenos.

A pesar que el Gobierno asegura que las luces eléctricas que instaló la empresa se utilizan sólo para facilitar el trabajo nocturno de construcción, este tipo de contaminación más los ruidos de la maquinaria han aumentado la presión psicológica sobre las familias Ngöbe. Esta situación de estrés y ausencia de sueño, los impulsan a rendirse ante los deseos del Gobierno para que acepten los pagos en efectivo y los acuerdos de reubicación.

D. El Gobierno de Panamá aun no ha presentado a las comunidades Ngöbes opciones apropiadas para su reubicación

Ni el Estado ni AES Changuinola han logrado garantizar que se les darán tierras de igual o mejor calidad que aquellas que perderán, cercanas a sus propuestos sitios de reubicación. En un reporte entregado a la CIDH en junio del 2008, un año después de iniciada la construcción, la empresa afirmó que el 79% de la población aún no tenía una solución sobre las fincas que perderán en el proyecto. Las comunidades han manifestado reiteradamente su inseguridad por la insuficiencia de terrenos de igual calidad a aquellos que van a perder en la zona cercana a donde habitan y sobre el acceso a las áreas, la cacería y la pesca, la calidad del agua, y la posibilidad de cultivar los alimentos que forman parte de la dieta Ngobe, en especial los tubérculos. Es importante señalar que por su topografía, las tierras que se inundarán en el valle fluvial del Changuinola, son aquellas más ricas y aptas para la agricultura, mientras que las que se encuentran por encima de la cota del lago tienden a ser pobres, erosionables y de alto riesgo de deslizamientos por la inclinación del terreno.

II. El Gobierno de Panamá ha permitido violaciones al derecho de libertad personal de los Ngöbe

En diciembre del 2007 la población Ngobe decidió realizar una protesta pacífica para llamar la atención sobre las numerosas irregularidades del proyecto. En lugar de respetar sus derechos a una seguridad física, la policía nacional empleada por la empresa, actuó violentamente contra la manifestación, que como resultado trajo lesiones en mujeres, menores de edad y adultos mayores. Una revisión del expediente de la investigación realizada por el Ministerio Público es sumamente reveladora: contiene las declaraciones de cinco miembros de la comunidad, las cuales todas se complementan sin contradicciones. Pero, dentro del mismo expediente existen por lo menos cuatro versiones distintas y completamente contradictorias de lo ocurrido, desde la perspectiva del Estado. Así, hay testimonios de una actitud pasiva de por parte de la población, otro dice que la población agredió a la policía con piedras y machetes. Lo cierto es que el médico forense que evaluó a algunas de las personas arrestadas, certifica lesiones causadas por objeto contundente.

La Policía lleva ya un año entero de presencia permanente, luego de que AES Changuinola firmara un contrato de vigilancia permanente con la Policía Nacional, donde la primera le paga a las unidades policiales por estar armadas y uniformadas en la zona de la concesión. A pesar de las aseveraciones del Gobierno que indican lo contrario, los Ngöbe sí fueron vigilados en sus movimientos durante el periodo poco después del los hechos del 3 de enero del 2008, como lo demuestran las fotos de la Policía requisando a la población. Además, la Policía ha realizado detenciones de las pocas personas que se han atrevido a defender sus fincas contra los métodos irregulares de la empresa. Adicionalmente, la Policía bloqueó la entrada de cualquier foráneo que deseara visitar la población Ngöbe. De esta manera, eliminaron la posibilidad que tenían los indígenas, que viven en una zona remota sin electricidad o servicio telefónico, de comunicarse con sus abogados, organizaciones de apoyo y medios de comunicación justo en el momento en que se incrementaba la presión que se ejercía sobre ellos para que abandonaran sus hogares y estilo de vida. Por último, como refleja la carta escrita por la alcaldesa de Bocas del Toro el 25 del marzo de 2008, la policía ha sido utilizada para amenazar a la población a firmar acuerdos con la empresa AES Changuinola.