Ambientalistas solicitaron a la Corte que declare inconstitucional la Ley 30

Ambientalistas solicitaron a la Corte que declare inconstitucional la Ley 30

Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos presentaron nuevos alegatos contra la Ley 30 de 2010 -que entre otras cosas, flexibilizó la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental- en apoyo a las 6 demandas de inconstitucionalidad presentadas en junio pasado por sindicatos, abogados litigantes y otros grupos organizados.

El escrito de 51 páginas fue presentado por los abogados del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), en representación del propio CIAM, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), la Fundación Almanaque Azul, la Fundación Panamá Sostenible (PASOS, en formación) y Human Rights Everywhere (HREV).

Esta semana el Órgano Ejecutivo y Legislativo de Panamá por la presión de la ciudadanía está intentando subrogar La Ley 30 y dividirla en seis leyes de acuerdo a los puntos acordados en una mesa de discusión que mantuvo el gobierno con  algunos miembros de la sociedad civil. Por parte del Órgano Judicial se espera la declaratoria de ilegalidad por inconstitucional de la mencionada ley.

“Optamos por presentar nuevos alegatos en lugar de una séptima demanda, la cual habría retrasado todo el proceso”, aclaró Félix Wing Solís, Director Ejecutivo del CIAM, quien añadió que “la Corte tiene el deber moral de declarar inconstitucional la Ley 30, en vez de utilizar su subrogación como excusa para declarar la sustracción de materia. Ello sería eludir su responsabilidad como custodia privativa del orden constitucional.”

Los ambientalistas alegaron que la Ley 30 incurrió en 6 vicios de forma -que el gobierno se negó a discutir en la Mesa de Diálogo- y 7 violaciones de fondo a la Constitución y a convenios ambientales y de derechos humanos ratificados por Panamá, para un total de 18 normas constitucionales y 14 normas internacionales violadas.

El texto completo de los alegatos está disponible en el siguiente enlace:

ALEGATOS INCOSTITUCIONALIDAD LEY 30

A continuación, se resumen las violaciones de forma y de fondo alegadas por los ambientalistas:

Violaciones de forma:

1) que el tema ambiental no estaba incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias;

2) que los diputados no actuaron en interés de la Nación;

3) que la Asamblea Nacional tiene prohibido expedir leyes contrarias a la letra o el espíritu de la Constitución;

4) que la Comisión de Transporte no es competente para discutir reformas a la legislación ambiental;

5) que el Ministro de Seguridad Pública no era competente para refrendar una Ley sobre aviación comercial; y

6) que todos los actos anteriores constituyen desviación de poder.

Violaciones de fondo:

1) el principio de separación de los poderes, esencial a toda democracia formal;

2) 11 convenios ambientales que obligan a Panamá a realizar estudios de impacto ambiental;

3) el desmejoramiento de la protección del derecho a un ambiente sano, tutelado por el Régimen Ecológico de la Constitución y por 3 convenios de derechos humanos;

4) el principio de estricta legalidad, según el cual los funcionarios públicos sólo pueden hacer aquello que la Ley expresamente autoriza;

5) el principio de acceso público a la información, garantizado por los estudios de impacto ambiental;

6) la primacía del interés público sobre el interés privado; y

7) la obligación del Estado de reglamentar las actividades económicas mediante organismos especializados, de modo tal que beneficien a las mayorías.

Condenan los deplorables sucesos ocurridos en Panamá y exigen al Estado panameño respeto para los defensores ambientales

Condenan los deplorables sucesos ocurridos en Panamá y exigen al Estado panameño respeto para los defensores ambientales

20 de julio de 2010

En nombre de: Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C., Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Asociación Nacional de Centros (ANC), Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Center for Biological Diversity, Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM), Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Corporación de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX, Foro de Mujeres del Mercosur, Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas A.C., Justicia para la Naturaleza y Justiça Global, expresamos nuestra profunda preocupación por los sucesos ocurridos en las últimas semanas en Panamá respecto de las protestas sobre la Ley 30 de 2010 (conocida como “Ley Chorizo”). Nos inquietan sobremanera las reacciones del Estado panameño hacia los defensores ambientales y de derechos humanos, las cuales han sido reportadas por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo de Panamá, medios de comunicación y organizaciones ambientales y de derechos humanos, e incluyen denuncias de hostigamientos, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía nacional. Por ello, exigimos que el Estado de Panamá garantice los derechos humanos de estas personas, investigue adecuadamente los informes de abuso y hostigamientos e imponga las sanciones necesarias.

De acuerdo con informes periodísticos, testimonios de primera mano y pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo, las confrontaciones entre la policía nacional y las manifestantes dejaron un saldo de varios muertos, más de dos centenares de heridos, incluyendo decenas de personas que perdieron uno o ambos ojos a causa de tiros con perdigones, utilizados por la policía nacional para dispersar las protestas. Respecto a esta situación, la representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha enfatizado que el uso de la fuerza “debe ser restringido y excepcional, guiándose en todo momento por los principios de necesidad y de proporcionalidad, con pleno respeto de los derechos humanos, en particular, el derecho a la vida e integridad personal, los que no pueden ser restringidos bajo ninguna circunstancia”1. Es imperioso que el gobierno de Panamá atienda las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado y se abstenga del uso de la fuerza para dispersar manifestaciones.

Condenamos particularmente los casos de hostigamiento contra defensores ambientales y de los derechos humanos. Por ejemplo, la orden de detención en contra la defensora ambiental Yaritza Espinosa Mora, de Colibrí Asociación Ecologista de Panamá, aparentemente por causa de sus actividades en defensa del medio ambiente. Adicionalmente, recibimos información respecto a que el día 4 de julio agentes de migración detuvieron al periodista y defensor de derechos humanos español, Paco Gómez Nadal, de Human Rights Everywhere, por varias horas en el aeropuerto internacional de Tocumen al parecer sin razón aparente, indicándole que, presuntamente, existe una orden prohibiendo su entrada en el país si sale.

Estos lamentables eventos ocurren en un contexto de rechazo por múltiples sectores de la sociedad civil panameña contra la promulgación reciente de la Ley 30 de 2010, que modifica tres códigos y seis leyes. Los cambios incluyen la excepción de la obligación de realizar estudios de impactos ambientales previos a ciertos proyectos. El Dr. Sergio Pinheiro, Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha calificado una provisión de esta ley como “un irrespeto del estado de derecho y de las obligaciones internacionales.”

Resaltamos la decisión anunciada el 14 de julio por el Gobierno de retirar las órdenes fiscales en contra de algunos de los dirigentes de organizaciones de la sociedad civil. Requerimos al Estado panameño que investigue estos incidentes adecuadamente de acuerdo con los estándares internacionales y que dé plenas garantías para el libre ejercicio de las labores de estos defensores, particularmente a Yaritza Espinosa y Paco Gómez Nadal, cuyas situaciones jurídicas aún no se han resuelto.

Reiteramos la importancia fundamental que tienen los defensores ambientales para la protección del ambiente y por ende para los derechos humanos y la democracia. Numerosos instrumentos internacionales y resoluciones de organismos de protección de los derechos humanos reconocen la importancia de la labor de defensores ambientales como la que hacen Yaritza Espinosa, Paco Gómez Nadal y otros defensores y defensoras de derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que tales personas desempeñan un papel que es “fundamental para la garantía y salvaguarda de la democracia y del Estado de derecho”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha reconocido la importancia de la labor de los defensores ambientales expresando que “existe una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros derechos humanos”.

Además, la Corte Interamericana ha planteado que los Estados tienen el deber de facilitar los medios necesarios para que los defensores de derechos humanos realicen libremente sus actividades,” y que deben abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor, e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra”5.

Por último solicitamos al gobierno de Panamá que cumpla con sus obligaciones de respetar los derechos humanos de los defensores; obligaciones asumidas en los tratados internacionales de derechos humanos firmados por el Estado panameño y en su misma Constitución. El respeto para el ambiente y los derechos humanos no solamente es fundamental para un Estado democrático moderno, sino también para garantizar un desarrollo sostenible para toda la sociedad.

Atentamente,
Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A. C.
Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)
Asociación Nacional de Centros (ANC)
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)
Center for Biological Diversity
Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA)
Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM)
Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
Corporación de Gestión y Derechos Ambiental ECOLEX
Foro de Mujeres del Mercosur
Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas A.C.
Justicia para la Naturaleza
Justiça Global

Hidroeléctricas destruyen la naturaleza

Es evidente que la Ley General de Ambiente está siendo violada, ya que la normativa anexa a esta ley establece la obligatoriedad de desarrollar una Evaluación Ambiental Estratégica de las políticas y planes macros de desarrollo.  Es evidente que en el tema de energía no existe una politica debidamente aprobada y con el visto bueno de la sociedad civil, ya que tenemos gobiernos autoritarios que no están interesados en cogobernar con la sociedad en la toma de decisiones que nos afecta a todos.

Mientras se siga permitiendo que tecnócratas con intereses creados decidan desde un escritorio lo que se tiene que hacer en el país con los recursos de todos los panamenos estamos cayendo en irresponsabilidad ciudadana.

En el caso de los chiricanos, simplemente se les ha ignorado a conveniencia de los intereses que almuerzan y cenan juntos en la ciudad de Panamá mientras destruyen importantes ríos como el Chiriquí Viejo, Piedras, David, Changuinola, Bonyic y decenas de otros ríos.

Burica Press

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Energía hídrica

Hidroeléctricas retan a la naturaleza

Ambientalistas chiricanos acusan a las autoridades del avance de proyectos sin importarles las afectaciones.

ENERGÍA. En Chiriquí se construyen 15 proyectos hidroeléctricos que entrarán a competir en el mercado, con el objetivo de abaratar la tarifa de energía a la población. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Sandra Alicia Rivera

sandra alicia rivera
dolega, chiriquí

nacionales@prensa.com

La construcción de hidroeléctricas en el distrito de Dolega afecta los acueductos y potabilizadoras del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), situación que a la larga tendrá efectos negativos en toda la población.

Y la situación se agrava aun más si se toma en cuenta que las autoridades competentes en la ciudad de Panamá otorgan los permisos para construir hidroeléctricas con desconocimiento, sin inspeccionar las áreas y sin consultar a las autoridades locales.

Aunado a la anterior situación, existe un pueblo dormido que no despierta ante los atropellos que cometen las multinacionales en Chiriquí.

Raquel Coba de Boyd, ambientalista de la Asociación Colibrí, dijo que están preocupados porque no solo la hidroeléctrica en el río Cochea perjudica los acueductos y las potabilizadoras, sino también la de Los Anastacios.

En el río Cochea, donde se construye una hidroeléctrica, se encuentra una potabilizadora que provee de agua potable a toda la parte baja de los distritos de Dolega y David, así como el corregimiento de Los Algarrobos.

Coba de Boyd explicó que en la parte media alta del río, los fuertes aguaceros provocan desastres naturales, y que ahora con la construcción de hidroeléctricas la situación será peor.

Los ambientalistas solicitaron al alcalde de Dolega, Lino Pittí, que haga una convocatoria distrital y provincial para que sea el pueblo chiricano el que decida qué hacer con sus aguas. Lo que no se puede permitir es que cada gobierno que llega al poder permita el abuso de los recursos naturales.

Por su parte, el alcalde Lino Pittí se comprometió a conversar con las empresas que construyen hidroeléctricas para tratar de que si se desarrolla el proyecto, tengan toda la documentación en regla; es decir, la aprobación de la Autoridad Nacional de Ambiente (Anam) y de la Autoridad de los Servicios Públicos, así como cumplir con la consulta pública que establece la ley.

“Entendemos la preocupación de los ambientalistas, por lo que vamos a estar pendientes de las afectaciones en bosques, árboles y del recurso agua, aunque ellos pueden interponer un recurso en contra de la empresa, en caso de que exista un abuso al ambiente”, agregó Pittí.

La Prensa intentó conocer la versión del director regional del Idaan, Zenón González, pero este funcionario comunicó que tienen restricciones para ofrecer entrevistas a los medios de comunicación.

En la provincia de Chiriquí operan tres hidroeléctricas y existen 15 en construcción. En 2007 existían 42 estudios de impacto ambiental aprobados por la Anam a empresas interesadas en entrar al mercado energético. Los ambientalistas han denunciado que los proyectos se construyen a costa de la destrucción de la naturaleza.

El derecho a un mejor ambiente

ENTREVISTA

El derecho a un mejor ambiente

No hay concordancia entre el discurso del Gobierno y la realidad ambiental. Se promueve la actividad contaminante.

CATEDRÁTICO. Félix Wing comparte su vida profesional entre las aulas de clases y el cuidado del ambiente . LA PRENSA/ David Mesa

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Félix Wing se ha movido en el mundo ambiental desde hace 20 años. Cuando el país aún era gobernado por los militares, Wing daba sus primeros pasos en materia de conservación. Después no solo ha defendido los intereses ecológicos del país, sino que también participó en la elaboración de la Ley General del Ambiente, mediante la cual se creó la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

Sus conocimientos jurídicos lo han puesto al servicio de la naturaleza. A finales del pasado mes abandonó el despacho del magistrado Adán Arnulfo Arjona, donde trabajó como asistente, para encargarse de la Dirección de Asesoría Legal del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam).

¿Cuáles son sus consideraciones sobre la legislación ambiental en Panamá?

La legislación ambiental ha avanzado mucho en los últimos 11 años, sobre todo después de la promulgación de la Ley General del Ambiente. Digamos que se ha ido profundizando en el tema, no solamente en la aprobación de nuevas leyes, sino en la reglamentación de las normas. En este momento estamos en la etapa de cumplir y de hacer cumplir las normas. Es un proceso gradual que se debe continuar profundizando, porque todavía hay áreas que no han sido atendidas o dotadas de un marco legal adecuado.

¿Cuáles son esas áreas que requieren de un marco jurídico adecuado?

Hay normas de calidad ambiental que no han sido aprobadas y otras ni siquiera han pasado por el proceso de elaboración. Hablo de normas relacionadas con la calidad del aire, calidad del suelo, calidad del agua, y de los límites máximos de contaminantes permisibles. Los retrocesos, lamentablemente, han sido por falta de visión de las entidades estatales porque han sido temas discutidos, por ejemplo, consolidar todas las competencias ambientales en una sola institución para que no haya duplicidades.

¿En qué otros aspectos podríamos hablar de retroceso ambiental?

Hay una dicotomía entre el discurso gubernamental y la acción o la realidad. Por un lado, el presidente de la República, Ricardo Martinelli, se tira un discurso en la Organización de las Naciones Unidas –del cual yo, como panameño, me sentí orgulloso de escuchar al Presidente hablar de lo que representa Panamá en recursos naturales– pero, en la realidad, el Gobierno promueve la minería metálica, una de las actividades más dañinas no solo para el ambiente, sino también para la salud humana.

No vemos que el país se promueve como lo que es: un puente biológico, de migración de especies, como un lugar de gran biodiversidad; como tampoco vemos el interés en explotar el turismo ecológico.

¿Que más le preocupa de esa realidad?

Seguimos rellenando costas, tumbando manglares e invirtiendo millones en plantas termoeléctricas e hidroeléctricas –estas últimas están arruinando nuestros ríos–, en vez de invertir en turismo ecológico sostenible y en fuentes renovables de energía.

En materia de turismo ecológico, por ejemplo, hay personas que pagarían para ir hacer rafting al río Chiriquí Viejo, pero qué rafting podrían hacer si están construyendo una serie de hidroeléctricas que terminará por dañar uno de los tesoros naturales del país. También hay personas dispuestas a pagar para ir al bosque a observar aves, pero lo que están haciendo es acabar con los manglares y los bosques. Un caso claro es la bahía de Panamá, a donde llegan aves migratorias.

Pero se requiere de la energía eléctrica, ¿qué hacemos?

Panamá es un país en el que hay sol la mayor parte del año. Es una una bendición que muy poco países tienen y, en términos de energía, es algo que se puede aprovechar. En Alemania, por ejemplo, han encontrado soluciones adecuadas para que a las personas comunes y corrientes se les haga más viables, en términos económicos, invertir en energía solar en su casa. Incluso, si en un momento dado una casa produce excedente de energía solar, puede enviarla a la red y se le descuenta de la facturación mensual.

Recordemos que una de las plataformas de campaña del actual gobierno fue, precisamente, la disminución del costo de la energía eléctrica; entonces, por qué no pensar en esa alternativa y permitir al ciudadano común invertir en energía solar para disminuir el costo de la energía.

Desde el punto de vista jurídico, ¿es factible la instalación de paneles solares en residencias?

En estos momentos no es factible desde el punto de vista económico, porque el andamiaje jurídico no se ha creado y es allí donde está la función del derecho, que es crear las condiciones necesarias para que el aspecto económico sea factible. En vez de utilizar el derecho para favorecer el medio ambiente, lo estamos utilizando para estimular la inversión no sostenible de compañías que tienen récords ambientales cuestionables. Además, estamos importando tecnología y sustancias inadecuadas, que han prohibido en países de donde proceden estas empresas.

Los ambientalistas son blanco de ataque. ¿Qué piensa de esto?

Se trata de adversarios que no tienen argumentos para defender su punto de vista y que, en el fondo, son conscientes de las realidades ambientales que vivimos.

Se buscan espías ambientales

Se buscan espías… medioambientales

Laura Plitt

BBC Mundo, Medio Ambiente

Pieles de trigreEl comercio ilegal de pieles de tigre es uno de los crímenes que investiga la EIA.

¿Es usted un entusiasta devoto del agente 007? ¿Se queda pegado frente al televisor cuando pasan por enésima vez -aunque sea a las tres de la mañana y en blanco y negro- “El espía que surgió del frío”, la película inspirada en la novela de John Le Carre?

En ese caso, quizás le interese un inusual concurso que lanzó la Agencia de Investigación Ambiental británica (EIA, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental que investiga crímenes medioambientales como la tala ilegal de árboles, el comercio ilegal de especies en peligro y la compra y venta de productos químicos cuyo uso está prohibido por las autoridades.

Lo que distingue a la EIA de otras organizaciones ecologistas es que para sus investigaciones emplea tácticas típicas de espías y detectives.

Los ganadores de la competencia (la agencia elegirá tres) tendrán la oportunidad de entrenarse con los métodos de la EIA.

Lea: clic Pregúntele a un espía mediombiental

“La idea del concurso es involucrarnos más con la gente y ofrecerles la posibilidad de experimentar de qué se trata nuestro trabajo”, le dijo a BBC Mundo Julian Newman, investigador y director de campañas de la organización.

Es fundamental ser muy detallista a la hora de recabar información, ser creativo, saber improvisar para cambiar los planes rápidamente -en caso de que haga falta- en el terreno y por supuesto, saber mentir

Julian Newman, director de campaña de la EIA

Para realizar el trabajo de detective ambiental encubierto hace falta manejar con soltura cámaras escondidas en bolsos, abrigos o en el propio cuerpo, teléfonos celulares que son en realidad cámaras fotográficas y demás dispositivos que permiten recabar evidencia sin ser detectado.

La clave no está solo en utilizar los equipos con disimulo y destreza, dice Newman mientras nos muestra un armario donde están guardadas bajo llave las herramientas de trabajo de los detectives, en la oficina de la EIA, en un barrio del norte de Londres.

“Es esencial ser muy detallista a la hora de recabar información. Ser creativo, saber improvisar para -en caso de que haga falta- cambiar los planes rápidamente en el terreno y por supuesto, saber mentir”, dice Newman.

Todos estos elementos se ponen en juego en el momento en que se entra en acción: como parte de una misión el investigador debe, por ejemplo, hacerse pasar por un comprador o un empresario turístico o un experto en dicho negocio.

De juego, nada

Julian Newman, EIA

Julian Newman, EIA

“Cuando haces una investigación y publicas un informe que genera una reacción de las autoridades y la implementación de medidas, ahí te das cuenta de que todo el esfuerzo, la tensión y el estrés valen la pena”

A simple vista la labor que desempeña la EIA parece casi un juego. Pero el trabajo que la agencia viene desarrollando desde hace 25 años es serio y en la mayoría de los casos riesgoso.

“Nosotros tratamos de que no se violen las leyes. Si la gente que gana mucho dinero con el tráfico ilegal nos descubre… bueno, no van a estar muy contentos con nosotros”, dice Newman.

Desde el cuartel central en Londres, una oficina sencilla, atiborrada de papeles, donde trabajan asistentes y voluntarios que poco tienen que ver con el glamour que ostenta James Bond, se coordinan investigaciones y campañas para identificar a las compañías involucradas en la tala ilegal de bosques, una de las principales razones de la deforestación, y a las empresas que comercializan especies amenazadas y sustancias químicas prohibidas.

Los hallazgos de la agencia, particularmente en China, África del Este e Indonesia, han servido en algunos casos para que se enmienden las leyes. Por ejemplo, en 2004, tras una extensa investigación, los detectives recolectaron evidencia suficiente sobre la tala ilegal de compañías extranjeras en las tierras de los indígenas Knasaimos en Papúa, Indonesia.

La noticia apareció en todos los medios locales y prontamente se convirtió en un escándalo. Tras una reunión de emergencia, el gobierno envió un contingente para detener las operaciones. Documentación que demostraba que compañías estadounidenses compraban madera cortada ilegalmente en el territorio de los Knasaimos fue presentada ante el gobierno de Estados Unidos y las autoridades modificaron las leyes vigentes, convirtiendo en una ofensa la adquisición de productos fabricados con dicha madera.

Historias con final feliz como ésta -que no los son todas ni mucho menos- son las que motivan a los investigadores como Newman a seguir adelante con la misión de la EIA: “cuando tu trabajo rinde frutos, cuando haces una investigación y publicas un informe que genera una reacción de las autoridades y la implementación de medidas, ahí te das cuenta de que todo el esfuerzo, la tensión y el estrés valen la pena”.

La competencia está abierta hasta el 30 de septiembre.