Hacia una economía verde: PNUMA

Hacia una economía verde como guía para el desarrollo sostenible

Invertir tan solo el 2% del PIB mundial en diez sectores clave puede impulsar la transición a una economía baja en carbono y con un uso más eficiente de los recursos. El nuevo informe del PNUMA demuestra que la transición a una economía verde es posible invirtiendo el 2% del PIB mundial (actualmente en torno a 1,3 billones de dólares) anualmente, a partir de ahora hasta 2050, para enverdecer sectores fundamentales como la agricultura, la construcción, la energía, la pesca, la silvicultura, la industria, el turismo, el transporte, el agua y la gestión de residuos. Sin embargo, estas inversiones deben ser estimuladas, a través de reformas en las políticas nacionales e internacionales.

Este oportuno informe, elaborado por especialistas a nivel mundial e instituciones de países desarrollados y en desarrollo, confirma que, en una economía verde, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental no son incompatibles. Por el contrario, una economía verde fomenta el empleo y el progreso económico evitando al mismo tiempo riesgos significativos como los efectos del cambio climático, la escasez de agua y la pérdida de servicios de los ecosistemas.

Photovolts

Paneles solares son una opción para reducir la dependencia de energía sucia.

Enverdecer la economía no sólo genera crecimiento, especialmente en términos de capital natural, sino que también implica un crecimiento más elevado del PIB y del PIB per capita. En la simulación realizada para el informe sobre economía verde, bajo un escenario de inversión verde se alcanzan tasas de crecimiento anual más elevadas que el modelo actual en un plazo de 5-10 años.

Dicho crecimiento económico se caracteriza por un evidente desacoplamiento de los impactos ambientales . Según las previsiones, la relación entre huella ecológica mundial y biocapacidad disminuirá del 1,5 actual a menos de 1,2 en 2050 (acercándose mucho al limite de sostenibilidad, situado en 1), en contraposición al incremento más allá de un nivel de 2 bajo el escenario del modelo vigente.

Si bien la demanda mundial de energía ascendería en cierta manera, esta recuperaría los niveles actuales en 2050, lo cual significa un 40% menos del modelo vigente, gracias a avances notables en la eficiencia energética. Según las previsiones, bajo un escenario de inversiones verdes se reducirían de aproximadamente un tercio las emisiones de CO2 relacionadas con el consumo energético para 2050, tomando como referencia los niveles actuales. La concentración de las emisiones en la atmósfera debe mantenerse por debajo de 450 ppm en 2050 para tener alguna posibilidad de limitar el calentamiento global a un máximo de 2°C.

Una economía verde valora e invierte en el capital natural. Una cuarta parte de las inversiones verdes analizadas – el 0,5% del PIB (325 miles de millones de dólares) – se destina a sectores relacionados con el capital natural: silvicultura, agricultura, agua dulce y pesca. El valor añadido en el sector forestal será, en 2050, un 20% superior al obtenido con el modelo actual. Las inversiones en agricultura verde, que oscilarán entre los 100.000 y los 300.000 millones de dólares anuales en el periodo 2010-2050, permitirían mejorar la calidad del suelo e incrementar los rendimientos de los principales cultivos en todo el mundo, con lo que se obtendría un aumento del 10% respecto a lo que pueden ofrecer las estrategias de inversión actuales. La mayor eficiencia de los sectores agrícola, industrial y municipal implicaría una reducción de aproximadamente una quinta parte de la demanda de agua para 2050, en comparación con la tendencia actual. De ese modo se reduciría la presión sobre el agua subterránea y las aguas superficiales tanto a corto como a largo plazo.

Una economía verde contribuye a aliviar –la pobreza. El alivio a la pobreza está inevitablemente ligado a una gestión racional de los recursos naturales y los ecosistemas, ya que los flujos de beneficios del capital natural llegan directamente a los más desfavorecidos. Este enfoque se hace especialmente necesario en los países de renta baja, en los que los bienes y servicios de los
ecosistemas constituyen un componente significativo en el sustento de las comunidades rurales pobres, a las que protegen de los desastres naturales y de las crisis económicas.

En la transición a una economía verde se crearán nuevos puestos de trabajo que, a la larga, superarán la pérdida de empleo asociada a la «economía marrón». La creación de empleo es especialmente evidente en los sectores de la agricultura, construcción, energía, silvicultura y transporte. No obstante, en aquellos sectores cuyo capital se encuentre gravemente agotado, como el de la pesca, el enverdecimiento acarreará una pérdida de puestos de trabajo e ingresos en el corto y mediano plazo, con el fin de recuperar las reservas naturales y evitar que se pierdan para siempre ingresos y puestos de trabajo. Es posible que también haya que invertir en el desarrollo de nuevas capacidades y la re-educación de la fuerza de trabajo.

Es indispensable dar prioridad a la inversión y a los gastos estatales en áreas que impulsen el enverdecimiento de los sectores económicos. Reformar los subsidios costosos y perjudiciales en todos los sectores permitirá disponer de un margen fiscal y de recursos para la transición a una economía verde. Con la sola eliminación de los subsidios a los sectores de energía, agua, pesca y agricultura se ahorraría cada año el 1-2% del PIB mundial. Los susidios al sector pesquero, por ejemplo, que se estima alcanzan los 27mil millones de dólares anuales, resultan a largo plazo más perjudiciales que beneficiosos para las economías nacionales y el bienestar social. Los subsidios a los precios y a la producción de combustibles fósiles alcanzaron, en conjunto, más de 650 mil millones de dólares en 2008; semejante estímulo desalienta la transición a las energías renovables.

El uso de instrumentos como las medidas fiscales, los incentivos y las cuotas de emisión para promover la inversión y la innovación verdes es muy importante, pero también lo es invertir en el desarrollo de capacidades, formación y educación, así como en fortalecer la gobernanza internacional y los mecanismos de apoyo a la transición a nivel mundial. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible de 2012, también llamada Río+20, será una buena oportunidad para establecer un nuevo rumbo hacia un mundo más sostenible, seguro y justo.

La transición a una economía verde requiere una escala de financiamiento considerable, pero inferior de un orden de magnitud a la inversión anual mundial. En este sentido, merece la pena señalar que el 2% del PIB mundial que se menciona en la modelización de este informe corresponde a una pequeña parte de la formación bruta de capital (alrededor del 22% del PIB mundial en 2009). Esa suma puede movilizarse poniendo en marcha políticas públicas racionales y mecanismos de financiación innovadores. El rápido crecimiento de los mercados de capital, el creciente interés del mercado por las iniciativas verdes y la evolución de instrumentos alternativos como la financiación y la microfinanciación del carbono, están creando las condiciones propicias para el financiamiento a gran escala de una transformación económica mundial. Sin embargo, las cifras siguen siendo pequeñas respecto al volumen total necesario, por lo que es necesario aumentarlas lo antes posible.

El cambio hacia una economía verde está sucediendo a una escala y a una velocidad sin precedentes. Para 2010, se esperaba que las nuevas inversiones en energías limpias alcanzasen la cifra récord de 180.000-200.000 millones de dólares, superando los 162.000 millones de 2009 y los 173.000 millones de 2008. El crecimiento está siendo impulsado cada vez más por los países fuera de la OCDE, cuya participación en la inversión mundial en energías renovables pasó del 29% en 2007 al
40% en 2008. Brasil, China y la India son responsables de la mayor parte.

Se prevé que la inversión verde generará tanto crecimiento y empleo, si no más, que los generados por el modelo actual, y las proyecciones económicas son mejores a mediano y largo plazo, ofreciendo al mismo tiempo mayores beneficios ambientales y sociales. Sin embargo, la transición a una economía verde no está libre de riesgos ni de dificultades – desde el enverdecimiento
de sectores «marrones» tradicionales hasta la satisfacción de la rápidamente cambiante demanda de mercado en un mundo que debe limitar sus emisiones de carbono. Así pues, es necesario que los líderes mundiales, la sociedad civil y las principales empresas trabajen conjuntamente para replantearse y redefinir las formas tradicionales de medir la riqueza, la prosperidad y el bienestar. Lo que está claro es que el mayor riesgo de todos sería continuar con el statu quo.

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Actual modelo económico amenaza al ambiente, dice jefe de la ONU

Modelo económico actual amenaza el ambiente

DAVOS, Suiza (AP) – El titular de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, exhortó el viernes a los jefes de estado o de gobierno, así como a los líderes empresariales de diversos países, a que emprendan una revolución económica para salvar al mundo.

Ante el Foro Económico Mundial de Davos, Ban Ki-moon afirmó en un discurso que el modelo económico actual supone un “pacto suicida global” que de persistir, sin una reforma, acarreará un desastre.

La humanidad con su sistema económica insostenible se están devorando la tierra y sus recursos naturales. Los ecosistemas y la biodiversidad están gravemente amenazados en este escenario dantesco.

“Necesitamos una revolución”, expresó el jefe de la ONU. “El cambio climático también nos muestra que el modelo antiguo es más que obsoleto”. Ban Ki-Moon emitió sus palabras ante un panel para el análisis de alternativas tendentes a lograr una economía global sustentable.

El jefe del ente mundial describió al modelo económico actual como la receta para un “desastre nacional”. “Se nos agota el tiempo. Es hora de afrontar el cambio climático, de garantizar la sustentabilidad… el crecimiento”, apuntó.

El discurso de Ban Ki-moon tuvo una recepción mixta entre sus colegas del panel, entre ellos los presidentes Felipe Calderón, de México, y Susilo Bambang Yudhoyono, de Indonesia, así como el director general de Walmart, Mike Duke, y el ejecutivo de Microsoft, Bill Gates.

La jornada del viernes en el Foro Económico Mundial será meramente política.

Primeras víctimas económicas del cambio climático

PRODUCTORES LUCHAN CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

FRENTE FRÍO

MELISSA NOVOA Y SANDRA RIVERA
mf@prensa.com

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EVALUACIÓN. Informe de pérdidas sin finalizar.LA PRENSA/Sandra Rivera

Las condiciones climáticas de los primeros meses del año tienen a los productores en corredera.

A la temporada seca, que algunos agricultores esperan con ansias para cosechar y para vender sus productos en el mercado local o exportarlos al  internacional, ya le llegaron los efectos del calentamiento global y no hay vuelta atrás. Al menos en el corto plazo.

Chiriquí, Veraguas, Bocas del Toro y Herrera han sido las provincias más afectadas por lluvias inusuales, fuertes vientos e inundaciones que se han registrado en esta época provocados por un frente frío, y los productos que presentan más daños fueron el  plátano, café, melón y sandía.

Ni las autoridades ni los productores tienen aún la cifra precisa de cuántas han sido las hectáreas perjudicadas, pero aseguran que solo a orillas del río Santa María se estima que 150 hectáreas se inundaron.

“Los cultivos de esas áreas fueron arrasados por el río, sobre todo los de melón y sandía, que estaban destinados para la exportación. Algunos estaban por salir al extranjero esta semana y otros a finales del mes de marzo”, asegura el presidente de la Gremial de Agroexportadores No Tradicionales de Panamá (Gantrap), Edwin Pérez.

Admite que algunos agricultores podrán resembrar, pero otros no tendrán una segunda oportunidad.

En cada provincia la situación varía.

Heofilio González perdió el 60% de su producción de plátano y café en Renacimiento- Chiriquí y se estima que la pérdida podría ascender a 180 mil dólares.

Él espera poder tumbar todas las plantaciones para resembrar y esperar un periodo de dos años para que el producto crezca.

Mientras que en Volcán la destrucción del vado que accede a algunas fincas del área impide que los productores de café especial puedan sacar su cosecha al mercado local e internacional.

Amadiz Jiménez, de la finca Los Cantares, exporta seis contenedores de café especial, y le preocupa no cumplir con sus compromisos por esta situación.

Se estima que en Chiriquí los productores de plátano, sobre todo los de tierras altas en Renacimiento, han perdido en promedio el 40% de sus siembros. Pero esto es tan solo el resultado de una primera gira que hizo el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida).

“En estos momentos estamos levantando la información en el campo, visitando finca por finca del área para determinar cuál fue el grado de afectación, si la hubo, y el tipo de producto que ha sido perjudicado”, expresa.

Aunque Henry Ledezma, director regional del Mida en esa provincia, señala que estas lluvias fuera de temporada están ayudando a algunos productores porque están minimizando el uso de sistemas de riego y de pastoreo de fincas ganaderas.

En Veraguas, el director regional del Mida, Agustín Barría, estima que en el área ha habido daños considerables y comenta el caso de un agricultor que perdió la totalidad de la parcela, “casi 40 hectáreas de sandía”.

“Le llevó parte de la fruta que ya estaba cosechada y los sistemas de riego”, dice Barría.

En Bocas del Toro las autoridades no han podido llegar a todas las áreas afectadas en la provincia, por lo que aún no pueden dar cifras precisas de las pérdidas que ha habido en el lugar.

Hasta el momento solo se conoce de pérdidas en la producción de plátano y se ha informado de la muerte de ganado en las poblaciones ubicadas en el cordón fronterizo con Costa Rica.

En estos tiempos es mejor asegurarse

Para protegerse los productores deben asegurar todos los frentes, aplicando medidas de mitigación y cubriendo sus cultivos a través de seguros.

En el último año agrícola (1 de mayo de 2008 a 30 de abril de 2009), que aún no ha terminado y que se ha visto afectado por dos frentes fríos, el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA) estima que tendrá que pagar indemnizaciones por el orden del millón y medio de dólares.

Los productores están asegurando sus siembros cada vez más, pero aún hay terreno por cubrir. Según Cayetano Guzmán, gerente del ISA, en 2004 se colocaron primas por medio millón de dólares y se aseguraron 15 mil hectáreas, y en la actualidad se está vendiendo alrededor de 3 millones y medio de dólares en primas y se están cubriendo 35 mil hectáreas.

Se esfuma el fondo fiduciario de Panamá

PERÍODO 2000-2007. RECURSOS ESTATALES.

Se gastan el fondo fiduciario

El saldo de la cuenta está en su nivel más bajo en ocho años, por desvío de fondos o depósitos no realizados.

En el gobierno de Mireya Moscoso y en el actual, el producto de la venta de bienes no ha llegado al FFD.

Rafael E. Berrocal R.
Unidad de Investigación

rberrocal@prensa.com

El Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD), creado con dineros de la privatización de los servicios de telefonía y energía eléctrica, tiene hoy 229 millones de dólares menos de lo que tenía en el año 2000: de mil 356 millones pasó a mil 127 millones.

El bajón obedece, en parte, a que en los años 2000 a 2004 los dineros que debían ir a la cuenta del FFD fueron desviados hacia el arca común del Estado. Informes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) indican que unos 118 millones de la venta de áreas revertidas en esos años, no ingresaron al FFD. Incluso en el período del actual gobierno, de 66.9 millones que debieron ingresar hay 35.2 que no se reflejan en los estados financieros o no han entrado.

El ex administrador de la desaparecida Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) Alfredo Arias confirmó que hubo desvíos de los fondos que debían entrar a capitalizar el FFD; que los recursos eran enviados al MEF para su depósito, pero una parte pasaba a la cuenta general del Gobierno.

Pero el ministro de Economía y Finanzas de ese período, Norberto Delgado, negó esa versión. Recalcó que los dineros eran enviados al Banco Nacional (BNP) donde se pagaba primero un préstamo (remodelación de infraestructura de la calzada de Amador) de la ARI y la diferencia pasaba al capital del FFD.

Julio Ross, jefe de la nueva Unidad Administrativa de los Bienes Revertidos, señaló que el desvío de los fondos fue reportado a la Contraloría en 2005, pero aún no hay resultados de la investigación. Afirmó que ahora todos los fondos se envían al BNP para que a final de año pasen al FFD, no obstante, de acuerdo con los informes analizados en 2007 esta administración no realizó ningún depósito.

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RECURSOS ESTATALES. SE HAN UTILIZADO 183.6 MILLONES DE DÓLARES DE ESTA CUENTA PARA GASTOS PÚBLICOS.

FFD fue caja menuda del Gobierno

Confirman el desvío de capitales producto de la venta de las áreas revertidas durante el período que va de 2000 a 2004, y responsabilizan a los encargados del MEF –en esa administración– de las decisiones tomadas. En 2007 la Unidad Administrativa de los Bienes Revertidos, adscrita al MEF, recaudó ingresos netos por 25 millones de dólares que aún no han pasado a la cuenta del FFD, según informes oficiales.

LA PRENSA/Archivo
REBELIÓN. Sindicatos y grupos estudiantiles organizaron protestas dentro de la propia Asamblea Nacional en contra de la ley que autorizó el uso de 200 millones de dólares del Fondo Fiduciario, con la excusa de reactivar la economía en 2002.

Rafael E. Berrocal R.
Unidad de Investigación

rberrocal@prensa.com

El Fondo Fiduciario para el Desarrollo (FFD), creado inicialmente con el capital de la privatización de los servicios de electricidad y telecomunicaciones, ha sufrido un recorte del 16.8% en su patrimonio, situación que las autoridades no pueden explicar al 100%.

El patrimonio total del FFD en 2007 fue el más bajo en los últimos ocho años, es decir mil 127 millones de dólares, según el último informe de Cuentas del Tesoro que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En 2000, el fondo calificado como la única cuenta de ahorro que tiene el Estado panameño llegó a su nivel más alto: mil 356 millones de dólares en patrimonio. Desde entonces el FFD ha sufrido recortes año tras año hasta llegar a la cifra actual, que es 229 millones de dólares más baja.

PLAN ECONÓMICO

El Gobierno sostiene que una parte de la reducción se debe a los retiros de fondos que se han ejecutado en las dos últimas administraciones, basándose en la Ley No. 20 de 2002, que autorizó el uso de 200 millones de dólares para inversiones públicas. La excusa en ese momento fue la reactivación de la economía nacional declarada en desaceleración. Pero ello no explica todo, ya que el FFD ha tenido un recorte mayor, sin tomar en cuenta que dineros de las ventas de las áreas revertidas (casas, edificios y terrenos) por 118 millones de dólares nunca entraron a esa cuenta como lo establece la ley.

De lo que autorizaba la Ley 20 ya se han desembolsado 183.6 millones de dólares para financiar proyectos del Gobierno y queda un restante a utilizar de 16.4 millones de dólares. Estos fondos pasaron a financiar la ampliación de la planta potabilizadora de Chilibre, la ampliación de la carretera Panamericana entre Veraguas y Paso Canoa, y sistemas de riego.

Del monto total utilizado se retiraron del FFD 10 millones de dólares el año pasado, aunque la excusa para su uso ya no es válida: la economía panameña atraviesa por niveles récord de crecimiento.

“Este retiro autorizado de capitales incidió en la caída que tiene el patrimonio del FFD”, reiteró Horacio Estribí, asesor del MEF, quien trató de explicar la disminución consistente que ha tenido el fondo.

PIDEN INFORMES

El economista Rolando Gordón manifestó que el MEF debe presentar un informe detallado sobre el manejo de los recursos del FFD, ya que las cifras hasta ahora no cuadran.

“No se sabe si la caída del patrimonio es debido al bajo rendimiento de las inversiones o si han traspasado dinero para cubrir otros gastos. El no dar una explicación precisa sobre este tema, abre paso a mucha especulación sobre lo que ha sucedido con este ahorro de todos los panameños”, afirmó Gordón. Otros economistas piensan que la caída del patrimonio del FFD tiene que ver en parte con la valorización de las posiciones de inversión.

La empresa auditora del FFD, la firma KPMG, se abstuvo de hacer comentarios sobre el tema, señalando que es parte de su política mantener la confidencialidad de sus evaluaciones.

FONDOS DESVIADOS

El patrimonio del FFD también se ha quedado sin recibir depósitos que están pactados por ley: las ventas de las áreas revertidas.

La anterior es la única fuente de capitalización directa que le queda al FFD, pero se presentaron irregularidades entre los años 2000 y 2004 que aún no han sido aclaradas y que explican en parte la razón por la que la cuenta no ha crecido.

En ese período las ventas de las áreas revertidas, después del descuento de los gastos de operación, alcanzaron 139.6 millones de dólares, pero al FFD solo llegaron 21.6 millones de dólares.

Según la ley que creó el FFD, todos los ingresos resultantes de la venta de las áreas revertidas deben pasar al fondo, algo que en esta ocasión no se cumplió.

El caso fue reportado por la desaparecida Autoridad de la Región Interoceánica (ARI) en 2005 ante el Consejo de Gabinete y la Contraloría General de la República, pero nunca se presentó un informe final sobre el tema. Funcionarios de la antigua ARI se limitaron a decir que el dinero era enviado al MEF para que se depositara en el FFD, por lo que perdieron responsabilidad.

Un informe de la Unidad Administrativa de los Bienes Revertidos sostiene que estos dineros pasaron a cubrir gastos de operación en el Ministerio de Obras Públicas, entre otras instituciones.

LAS VERSIONES

Alfredo Arias, administrador de la ARI en el período cuestionado, aceptó que parte del dinero fue desviado, pero recalcó que no fue por decisión suya, sino del MEF.

Señaló que esa institución nunca tomó en cuenta la advertencia que hizo de que se debía enviar todo el dinero de las ventas de estos bienes al FFD como establece la ley.

“Las ventas eran mucho más de 21 millones de dólares, pero era el MEF la institución que al final manejaba el destino de estos fondos. Ellos lo repartían así: un tanto para el Fondo Fiduciario y el resto para el fondo común [cuenta general del Estado]”, dijo Arias.

Enfatizó en que estaba muy consciente de que la legislación establece que todos esos dineros debían pasar al FFD, “pero no podía hacer nada; ellos eran los que manejaban las finanzas públicas”.

Afirmó, además, que el actual ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, conoce bien el tema porque fue su asesor económico en la ARI durante el período en que se suscitó este problema.

Pero Norberto Delgado, ex ministro de Economía en el gobierno pasado, niega haber desviado el dinero de la venta de los bienes revertidos que deben ir al FFD. “Yo no podía hacer eso porque la ley me lo impedía”, dijo Delgado, contradiciendo lo dicho por Arias.

El ex ministro señaló que antes de pasar los recursos al FFD, él debía pagar cuentas pendientes que tenía la antigua ARI, lo que incluía préstamos que se hicieron durante administraciones pasadas. “Quizás esto explica la confusión que se ha dado”, aseveró Delgado.

ALTOS GASTOS

Luego que se reportó que no se hacían los depósitos establecidos por ley, en 2005 se hizo uno de 10.2 millones de dólares producto de la venta de las áreas revertidas. En 2006 hubo otro por 12.8 millones.

Los informes oficiales de la antigua ARI denotan otro problema: que los gastos de operación erosionan los ingresos por las ventas de las áreas revertidas en más de la mitad de su monto. Entre 2000 y 2004 este gasto alcanzó 140.2 millones de dólares.

Lo peor es que el informe sostiene que en ese período solo pasaron al FFD 21.6 millones de dólares, 17.8 millones de dólares en el primer año.

La situación actual no ha mejorado mucho. Entre finales de 2004 y 2007 los gastos de operación alcanzaron 52 millones de dólares y solo han pasado al FFD 28.7 millones de dólares.

Julio Ross Anguizola, jefe de la Unidad Administrativa de los Bienes Revertidos, dijo que estas diferencias se están corrigiendo al bajar los gastos de planilla y al hacer más eficientes las operaciones de ventas.

Los gastos de operación de lo que hoy es la Unidad Administrativa de los Bienes Revertidos alcanzan los 9.6 millones de dólares anuales, mientras que la antigua ARI funcionaba con un presupuesto promedio de 25 millones de dólares.

“La planilla fue bajada de 850 empleados a 300”, precisó Ross Anguizola.

Depósito récord

La Unidad Administrativa de los Bienes Revertidos notificó recientemente al ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, que se recaudaron ingresos netos por 25 millones de dólares en 2007 que deben ser traspasados al FFD.

Ross señaló que se trata del depósito más alto que se enviaría al FFD producto de la venta de los bienes revertidos.

También resaltó que ahora todas las ventas de estos bienes se están haciendo por subasta pública, y se ha logrado en todos los casos tener ofertas por encima del 20% del valor catastral. “En algunos casos hemos recibido ofertas 200% por encima del precio requerido”, dijo Ross.

El funcionario indicó que la misma política se aplicará para la venta de las 5 mil hectáreas de terreno que aún no se han colocado en el mercado.

INVERSIONES

Los rendimientos del FFD han tenido poca variación, aunque en 2006 y 2007 fueron los más bajos en los últimos seis años. Las inversiones del FFD le permitieron generar 366.1 millones de dólares entre 2003 y 2007 en concepto de intereses y rendimientos.

El Decreto Ejecutivo No. 40 de marzo de 2000 modificó la forma en que deben ser utilizados los intereses del FFD, abriendo paso para que se pudieran financiar obras de interés social de cualquier tipo.

En 2007 el FFD tuvo un rendimiento de 70.1 millones de dólares a una tasa de interés de 6.2%, 14.2 millones de dólares más que en 2006 cuando la tasa fue de 4.9%. “Esto gracias a que se invirtió una mayor porción de recursos en bonos globales de Panamá que tuvieron un mejor rendimiento que otros instrumentos”, aseguró el asesor del MEF.

Crisis económica y el Canal de Panamá

Crisis económica y el Canal de Panamá

Marco A. Gandásegui, hijo
gandasegui@hotmail.com

La crisis económica mundial —centrada en EEUU— tiende a agudizarse en la medida en que avanza el tiempo. En Washington se toman las medidas —aunque tímidas— del caso y en el resto del mundo se elaboran estrategias para enfrentar el problema. Mientras tanto, en Panamá, el gobierno hunde la cabeza en la arena con la esperanza de que todo pase sin mayores consecuencias. Es la política tradicional de los gobiernos que solo piensan en los negocios rápidos. Al final de cuentas, son los trabajadores y el pueblo panameño los que pagarán los perjuicios millonarios causados por los malos gobernantes.
En un reciente comunicado, el Frente Panamá Soberana (FPS) planteó que “la política económica del gobierno norteamericano y su militarismo han creado las condiciones para que ese país caiga en una recesión”.
Durante una recesión los productores son obligados a paralizar sus actividades, los trabajadores pierden sus empleos y los bancos restringen sus actividades por temor a los riesgos. En esta coyuntura, EEUU tiene dos alternativas: Por un lado, ponerle un techo al crédito del cual pueden disponer los especuladores, regresando a una política productiva. Por otro, pedirle a sus acreedores (China, Europa y otros) que le extiendan los plazos correspondientes al pago de su deuda.
Los últimos gobiernos de Panamá han jugado a la ruleta rusa negociando con EEUU un TLC (atascado aún en los corredores del Congreso norteamericano) y suscribiendo acuerdos militares. La apuesta más riesgosa de Panamá ha sido el impulso que el gobierno le ha dado a la ampliación del Canal a un costo inicial de $5,250 millones. La crítica de fondo que le hace el FPS al gobierno nacional radica en su error al considerar “que la ampliación no constituye un riesgo por la forma en que se ha estructurado el comercio marítimo mundial en los últimos lustros”. A partir de la década de 1990, China se sumó a Japón como socio comercial marítimo principal de EEUU que utiliza el Canal. Sobre la base del surgimiento del gigante asiático, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) proyectó un crecimiento anual del 10% hasta 2020. El pronóstico de la ACP justificó equivocadamente todos sus cálculos para la construcción del nuevo juego de esclusas.
El jefe de mercadeo de la ACP, Rodolfo Sabonge, ya anunció que la ruta perderá dinamismo en el período 2007-2008. Pronostica, para tranquilizar a los inversionistas, que a partir de 2009 el comercio regresará a su normalidad. Según el FPS, “Sabonge, pierde de vista que el comercio entre China y EEUU no puede regresar a su tasa de crecimiento anterior”. El FPS agrega que “si Panamá no toma las medidas correctivas, el país se perjudicará producto de los cambios que se avecinan. La solución es suspender el proyecto de construcción de las nuevas esclusas. A la crisis financiera … se suma la subestimación de los costos de la propuesta… así como la apertura de las rutas árticas”.
El FPS concluye que “el gobierno de Panamá tiene la obligación de incorporar el futuro del Canal en un plan de desarrollo nacional para garantizar que sus excedentes contribuyan a generar riquezas en todo el territorio nacional y protegerlo de las crisis internacionales que se repiten en forma cíclica”.

-El autor es profesor de la Universidad de Panamá e investigador del CELA.

Publicado en La Estrella de Panamá, 10 de abril de 2008

Etnoinflación y seguridad alimentaria

Entrevista

Creciente ‘etanoinflación’

La realidad es que Panamá, como casi todos los países del mundo, no ha escapado de los efectos derivados de los inusitados incrementos en los productos terminados, materias primas e insumos utilizados en la producción de alimentos. Para citar solamente un par de casos, el maíz y la soya que se utilizan en la avicultura y demás actividades pecuarias han sufrido incrementos en sus precios en comparación con el promedio del año anterior por el orden del 102% y 89%, respectivamente”. Luis Castroverde B. / mf@prensa.com

Desde hace muchos años algunos estudiosos y expertos han estado vaticinando el riesgo de que la humanidad tenga que enfrentarse en un futuro no tan lejano a una gran hambruna. La advertencia se hizo bajo la premisa de que la producción de alimentos no está creciendo al mismo ritmo en que se incrementan las necesidades que, en ese orden, tiene la población mundial.

Aunque afortunadamente estas advertencias no se han cumplido hasta la fecha con todo su rigor, tales predicciones parecieran cobrar nuevamente vigencia ante las políticas que vienen impulsando las grandes economías, principalmente Estados Unidos, que promueve e incentiva la utilización cada vez mayor de cultivos como el maíz para la elaboración de biocombustibles en lugar de su empleo en la producción de alimentos.

Tal es la situación que de acuerdo al nuevo proyecto de ley de energía firmado recientemente por el Gobierno estadounidense, los requerimientos de combustible renovable basados en la utilización de grano deberán alcanzar para el año 2022 un mínimo de 15 billones de galones de etanol, que, de acuerdo a los niveles de producción actual, demandarán la utilización de aproximadamente el 41% de la producción total de maíz de Estados Unidos que a su vez representa el 40% de la producción y el 70% de las exportaciones mundiales de este grano.

Esta tendencia marcada y constante que se viene observando en el crecimiento de la demanda bioenergética, sumado al aumento del consumo por parte de economías emergentes como China e India, las afectaciones por

desórdenes climatológicos como los ocurridos en Nueva Zelanda y Australia y los incrementos en los precios del petróleo están produciendo una escalada en los precios de los productos alimenticios básicos que en el año 2007 alcanzaron un aumento promedio del 13% a nivel mundial y que no tiene ningún viso de mejoría a corto plazo.

Realidad mundial

En este preocupante y cada vez más complicado escenario, vemos cómo productos como el maíz han alcanzado su precio histórico más alto en los últimos 12 años, la soya y el trigo se cotizan a precios récord y un producto tan consumido en Panamá como lo es el arroz ha visto duplicar su precio en el mercado internacional en el último año. Para países pobres, el aumento en los precios de los productos de primera necesidad se traduce en una mayor inflación, ya que los alimentos tienen un peso mucho mayor en el gasto de consumo de la población.

Para Panamá lo mismo que para nuestros gobernantes y la sociedad, esta situación nos enfrenta a un nuevo reto en la lucha que todos debemos estar comprometidos a librar en contra de uno de nuestros principales problemas sociales, como es el combate a la pobreza y todas sus secuelas, entre ellas el hambre y la malnutrición.

La realidad es que Panamá no ha escapado de los efectos derivados de los inusitados incrementos en los productos terminados, materias primas e insumos utilizados en la producción de alimentos. Para citar solamente un par de casos, el maíz y la soya que se utilizan en la avicultura y demás actividades pecuarias han sufrido incrementos en sus precios en comparación con el promedio del año anterior por el orden del 102% y 89%, respectivamente. Fácilmente a la avicultura y a la porcicultura panameñas estos aumentos le están significando más de 50 millones de sobre costos en un año.

Pero si bien esta situación representa una mayor vulnerabilidad para un número importante de panameños que viven en situación de pobreza (20.5%) y de extrema pobreza (16.7%), también representa la oportunidad de que, así como después de casi cien años dejamos de vivir de espaldas al mar, también dejemos de vivir a espaldas del campo, como ha estado ocurriendo en los últimos años ante la falta de consistencia en las políticas y estrategias que han venido orientando al sector agropecuario panameño.

Después de que por muchos años el sector productivo agropecuario se debatió frente a los argumentos convenientemente sesgados de sus detractores oficiosos, que siempre se esforzaron por hacer prevalecer la idea de que lo más conveniente para el país era depender de las importaciones de los productos alimenticios, so pretexto de que resultaba más barato adquirirlos en el mercado internacional, la realidad de hoy deja muy pocas dudas de que nuestros países deben evolucionar hacia la adopción de una política de seguridad alimentaria cónsona con el postulado de que la comida más cara es la que no producimos.

Las iniciativas que se adelanten en esta dirección, no solamente deben estar enfocadas en resolver los problemas recurrentes del agro panameño, sino también que los estímulos e incentivos a la producción que actualmente están muy orientados a promover las exportaciones, igualmente alcancen a los productores que se dedican a abastecer el mercado nacional, pero más importante aún que esos productores en cada una de sus escalas puedan integrarse de manera efectiva en la cadena de comercialización para que los beneficios de las eficiencias que se generen en la producción lleguen con la menor distorsión posible a nuestros consumidores.

En conclusión, alertamos de la necesidad de que, así como tuvimos una visión y compromiso de país con respecto al funcionamiento, desarrollo y explotación de nuestro principal activo, el Canal de Panamá, también tengamos la capacidad de unirnos alrededor de un compromiso nacional que permita la adopción de una política de estado que garantice que nuestros productores puedan abastecer el mercado nacional de alimentos de primera necesidad en forma sostenida, competitiva y eficiente.

  • El autor es Presidente de la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá.

A consulta pública Estudio de Impacto Ambiental de Ampliación del Canal

Se inicia consulta para Estudio de Impacto Ambiental de Ampliación del Canal
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PANAMA | ACAN-EFE – 1 agosto de 2007

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) iniciará mañana la consulta pública para el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), categoría III, del proyecto de ampliación de la vía interoceánica, informaron hoy fuentes oficiales.

El proceso se extenderá durante 20 días e incluirá dos foros en las ciudades de Panamá y Colón, donde serán construidas las esclusas para el paso de buques de mayor calado, como los pospanamax.

Durante el periodo señalado, el documento estará disponible para consulta de la ciudadanía en las oficinas de la Administración de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), en la ciudad de Panamá, destaca un comunicado de la ACP.

Los comentarios y recomendaciones sobre el EsIA deberán remitirse de manera formal a la Administración General de la ANAM dentro de los 20 días hábiles que permanecerá abierta la consulta pública.

Los dos foros públicos en los cuales se presentarán los resultados del estudio se realizarán en el poblado de Gatún, en Colón, el domingo 26 de agosto próximo, y en el Centro de Capacitación de la ACP, en Panamá, el domingo 2 de septiembre próximo.

El EsIA del proyecto de Ampliación del Canal fue elaborado por la empresa panameña URS Holdings Inc.,filial de la estadounidense URS Corporation, en consorcio con la Fundación de la Universidad de Panamá, la Fundación de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y la consultora estadounidense Entrix, a la que la ACP adjudicó el contrato para este trabajo en febrero pasado.

La ampliación del Canal de Panamá tiene un coste de 5.250 millones de dólares y será construida en un periodo de ocho años (2007-2014).