Etnoinflación y seguridad alimentaria

Entrevista

Creciente ‘etanoinflación’

La realidad es que Panamá, como casi todos los países del mundo, no ha escapado de los efectos derivados de los inusitados incrementos en los productos terminados, materias primas e insumos utilizados en la producción de alimentos. Para citar solamente un par de casos, el maíz y la soya que se utilizan en la avicultura y demás actividades pecuarias han sufrido incrementos en sus precios en comparación con el promedio del año anterior por el orden del 102% y 89%, respectivamente”. Luis Castroverde B. / mf@prensa.com

Desde hace muchos años algunos estudiosos y expertos han estado vaticinando el riesgo de que la humanidad tenga que enfrentarse en un futuro no tan lejano a una gran hambruna. La advertencia se hizo bajo la premisa de que la producción de alimentos no está creciendo al mismo ritmo en que se incrementan las necesidades que, en ese orden, tiene la población mundial.

Aunque afortunadamente estas advertencias no se han cumplido hasta la fecha con todo su rigor, tales predicciones parecieran cobrar nuevamente vigencia ante las políticas que vienen impulsando las grandes economías, principalmente Estados Unidos, que promueve e incentiva la utilización cada vez mayor de cultivos como el maíz para la elaboración de biocombustibles en lugar de su empleo en la producción de alimentos.

Tal es la situación que de acuerdo al nuevo proyecto de ley de energía firmado recientemente por el Gobierno estadounidense, los requerimientos de combustible renovable basados en la utilización de grano deberán alcanzar para el año 2022 un mínimo de 15 billones de galones de etanol, que, de acuerdo a los niveles de producción actual, demandarán la utilización de aproximadamente el 41% de la producción total de maíz de Estados Unidos que a su vez representa el 40% de la producción y el 70% de las exportaciones mundiales de este grano.

Esta tendencia marcada y constante que se viene observando en el crecimiento de la demanda bioenergética, sumado al aumento del consumo por parte de economías emergentes como China e India, las afectaciones por

desórdenes climatológicos como los ocurridos en Nueva Zelanda y Australia y los incrementos en los precios del petróleo están produciendo una escalada en los precios de los productos alimenticios básicos que en el año 2007 alcanzaron un aumento promedio del 13% a nivel mundial y que no tiene ningún viso de mejoría a corto plazo.

Realidad mundial

En este preocupante y cada vez más complicado escenario, vemos cómo productos como el maíz han alcanzado su precio histórico más alto en los últimos 12 años, la soya y el trigo se cotizan a precios récord y un producto tan consumido en Panamá como lo es el arroz ha visto duplicar su precio en el mercado internacional en el último año. Para países pobres, el aumento en los precios de los productos de primera necesidad se traduce en una mayor inflación, ya que los alimentos tienen un peso mucho mayor en el gasto de consumo de la población.

Para Panamá lo mismo que para nuestros gobernantes y la sociedad, esta situación nos enfrenta a un nuevo reto en la lucha que todos debemos estar comprometidos a librar en contra de uno de nuestros principales problemas sociales, como es el combate a la pobreza y todas sus secuelas, entre ellas el hambre y la malnutrición.

La realidad es que Panamá no ha escapado de los efectos derivados de los inusitados incrementos en los productos terminados, materias primas e insumos utilizados en la producción de alimentos. Para citar solamente un par de casos, el maíz y la soya que se utilizan en la avicultura y demás actividades pecuarias han sufrido incrementos en sus precios en comparación con el promedio del año anterior por el orden del 102% y 89%, respectivamente. Fácilmente a la avicultura y a la porcicultura panameñas estos aumentos le están significando más de 50 millones de sobre costos en un año.

Pero si bien esta situación representa una mayor vulnerabilidad para un número importante de panameños que viven en situación de pobreza (20.5%) y de extrema pobreza (16.7%), también representa la oportunidad de que, así como después de casi cien años dejamos de vivir de espaldas al mar, también dejemos de vivir a espaldas del campo, como ha estado ocurriendo en los últimos años ante la falta de consistencia en las políticas y estrategias que han venido orientando al sector agropecuario panameño.

Después de que por muchos años el sector productivo agropecuario se debatió frente a los argumentos convenientemente sesgados de sus detractores oficiosos, que siempre se esforzaron por hacer prevalecer la idea de que lo más conveniente para el país era depender de las importaciones de los productos alimenticios, so pretexto de que resultaba más barato adquirirlos en el mercado internacional, la realidad de hoy deja muy pocas dudas de que nuestros países deben evolucionar hacia la adopción de una política de seguridad alimentaria cónsona con el postulado de que la comida más cara es la que no producimos.

Las iniciativas que se adelanten en esta dirección, no solamente deben estar enfocadas en resolver los problemas recurrentes del agro panameño, sino también que los estímulos e incentivos a la producción que actualmente están muy orientados a promover las exportaciones, igualmente alcancen a los productores que se dedican a abastecer el mercado nacional, pero más importante aún que esos productores en cada una de sus escalas puedan integrarse de manera efectiva en la cadena de comercialización para que los beneficios de las eficiencias que se generen en la producción lleguen con la menor distorsión posible a nuestros consumidores.

En conclusión, alertamos de la necesidad de que, así como tuvimos una visión y compromiso de país con respecto al funcionamiento, desarrollo y explotación de nuestro principal activo, el Canal de Panamá, también tengamos la capacidad de unirnos alrededor de un compromiso nacional que permita la adopción de una política de estado que garantice que nuestros productores puedan abastecer el mercado nacional de alimentos de primera necesidad en forma sostenida, competitiva y eficiente.

  • El autor es Presidente de la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá.

A consulta pública Estudio de Impacto Ambiental de Ampliación del Canal

Se inicia consulta para Estudio de Impacto Ambiental de Ampliación del Canal
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PANAMA | ACAN-EFE – 1 agosto de 2007

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) iniciará mañana la consulta pública para el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), categoría III, del proyecto de ampliación de la vía interoceánica, informaron hoy fuentes oficiales.

El proceso se extenderá durante 20 días e incluirá dos foros en las ciudades de Panamá y Colón, donde serán construidas las esclusas para el paso de buques de mayor calado, como los pospanamax.

Durante el periodo señalado, el documento estará disponible para consulta de la ciudadanía en las oficinas de la Administración de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), en la ciudad de Panamá, destaca un comunicado de la ACP.

Los comentarios y recomendaciones sobre el EsIA deberán remitirse de manera formal a la Administración General de la ANAM dentro de los 20 días hábiles que permanecerá abierta la consulta pública.

Los dos foros públicos en los cuales se presentarán los resultados del estudio se realizarán en el poblado de Gatún, en Colón, el domingo 26 de agosto próximo, y en el Centro de Capacitación de la ACP, en Panamá, el domingo 2 de septiembre próximo.

El EsIA del proyecto de Ampliación del Canal fue elaborado por la empresa panameña URS Holdings Inc.,filial de la estadounidense URS Corporation, en consorcio con la Fundación de la Universidad de Panamá, la Fundación de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) y la consultora estadounidense Entrix, a la que la ACP adjudicó el contrato para este trabajo en febrero pasado.

La ampliación del Canal de Panamá tiene un coste de 5.250 millones de dólares y será construida en un periodo de ocho años (2007-2014).