Panamá solicitó a la CIDH suspender medidas cautelares impuestas en el 2009

Gobierno de Panamá solicitó a la CIDH suspender medidas cautelares impuestas en el 2009

Burica Press, 20 de noviembre de 2011. El gobierno de Panamá ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo autónomo en el seno de la Organización de los Estados Americanos, que desista de imponer medidas cautelares al Estado Panameño sobre el caso de los indígenas ngabes afectados por el proyecto hidroeléctrico Chan 75, ejecutado por la empresa AES Corporation con sus filiales locales AES Panama y AES Changuinola.

Según la nota del gobierno panameño, ellos ahora están desarrollando la promoción, protección y respeto de los derechos humanos como un asunto de Estado y una política pública de la administración del Presidente Ricardo Martinelli Berrocal.

Según la cancillería panameña, en la actualidad el Gobierno Nacional está procurando la búsqueda de consenso y el rescate de la confianza de las poblaciones originarias a través de escenarios propicios para el diálogo.

En marzo de 2008, durante la administración de Martín Torrijos, varias organizaciones nacionales e internacionales denunciaron ante la OEA, la violación flagrante de los derechos humanos de las comunidades indígenas asentadas en el valle medio del Río Changuinola. La denuncia se sustentó en que el Estado panameño, de facto, adjudicó estas tierras indígenas dentro de una concesión otorgada a AES Corporation para que desarrollaran el proyecto hidroeléctrico Chan 75. Los indígenas fueron desalojados poco a poco del área a la fuerza o con intimidaciones y con otras acciones contrarias al reconocimiento de los derechos humanos de pueblos indígenas, con tal de avanzar sin contratiempos en el proyecto hidroeléctrico en cuestión.

Ante tal situación en junio de 2009 y luego de un estudio exhaustivo del caso, la CIDH otorgó medidas cautelares al Estado panameño. Tanto la administración de Martín Torrijos, como la de Ricardo Martinelli han ignorado dichas medidas e hicieron avanzar el proyecto y el desalojo completo y sin opciones a los indígenas residentes de la zona de construcción, operación e inundación del gran complejo hidroeléctrico denominado Chan 75.

La administración de Martinelli argumenta en su solicitud a la CIDH que al dictarse las medidas cautelares, no se cumplió con los requisitos establecidos en el Artículo 25.1 del Reglamento de la Comisión Interamericana ni con el inciso 8 de este mismo artículo 25, que faculta a la Comisión para “requerir a las partes interesadas información relevante sobre cualquier asunto relacionado con el otorgamiento, observancia y vigencia de las medidas cautelares”, no sólo por una vez, sino cuantas veces lo requiera a fin de verificar específicamente, el cumplimiento de los requisitos de gravedad, urgencia, inminencia e inmediatez de violaciones a derechos fundamentales y así evitar daños irreparables a las personas.

Las medidas cautelares solicitadas en el año 2009 fueron:

1-) Suspender las obras de relacionadas con la concesión otorgada a AES Changuinola en la provincia de Bocas del Toro,
hasta tanto los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos adopten una decisión definitiva sobre el asunto planteado en la Petición P-286/08, en la cual se alega presuntas violaciones a los derechos consagrados en los artículos 5,7,8,13,19,21,23 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

2-) Adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la libre circulación, la vida y la integridad personal de los miembros de la comunidad Ngobe con el fin de evitar actos de violencia o medidas intimidatorias adicionales.

Presa Chan 75 en el noroccidente de Panamá. En mayo de 2011 se inició el proceso de cierre de la presa Chan 75. Muchos indígenas que resistieron hasta el final la lucha jurídica por sus territorios, tuvieron que abandonar definitivamente el área ante el avance de las aguas. Foto: ACD

Según las organizaciones peticionarias de la intervención de la CIDH en este caso de violación a los derechos humanos de comunidades indígenas, el sólo hecho de haber tenido que recurrir a la CIDH demuestra hasta la fecha, que en realidad el Estado Panameño nunca le ha garantizado los derechos a las personas afectadas, tanto así que sigue negando que hayan incurrido en violaciones a los Derechos Humanos. Argumentan que la Corte Suprema de Panamá, todavía mantiene engavetado el caso, a pesar de tener varios años para dilucidar las demandas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya ha indicado que las medidas cautelares impuestas carecían de urgencia, pero ello no implica la negación de la validez del argumento de fondo planteado por los afectados y las organizaciones demandantes.

El gobierno panameño al no acatarlas, hizo avanzar de facto con la obra, a pesar de las numerosas irregularidades ambientales, sancionadas parcialmente por la Autoridad Nacional del Ambiente, y de la violación a los derechos humanos que ha sido corroborado por numerosas organizaciones nacionales e internacionales que han estudiado el problema, incluyendo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Pueblos Indígenas.

En mayo de 2011 se inició el proceso de cierre de la presa Chan 75. Muchos indígenas que resistieron hasta el final la lucha jurídica por sus territorios, tuvieron que abandonar definitivamente el área ante el avance de las aguas.

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Megaproyecto hidroeléctrico destruye el Río Changuinola y su gente – historia de abusos y corrupción

Es este el Panamá con Estado de Derecho?

Francisco Santos, fue unos de los líderes que defendió con tenacidad la invasión de AES en sus territorios indígenas y áreas protegidas

Francisco Santos, fue unos de los líderes que defendió con tenacidad la invasión de AES en sus territorios indígenas y áreas protegidas. Francisco murió en 2009 en esta lucha de una enfermedad fulminante.

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Megaproyectos hidroeléctricos y derecho indígena

El mar de las montañas de Changuinola

Cuatro comunidades indígenas ngäbes desaparecieron con la crecida del embalse de Chan-75, la hidroeléctrica construida por la Corporación AES que promete añadirle vatios de potencia al mercado eléctrico de Panamá. Mientras los ejecutivos y el Gobierno celebran esta nueva obra de desarrollo, familias afectadas reclaman un pago justo por las tierras de cultivo inundadas. El embalse sobre el río Changuinola es el segundo con mayor impacto en la historia del país, luego de que en la década de 1970 se inundaran 35 mil hectáreas de terreno con las aguas del río Bayano. El valle de Bayano estaba habitado por indígenas gunas.

DIVISIÓN. La familia Tera quedó dividida por el embalse.LA PRENSA/ Gabriel Rodríguez

ANA TERESA BENJAMÍN
abenjamin@prensa.com

El valle del río Bayano tenía miles de hectáreas, y en sus tierras crecía la población guna y los mejores aguacateros.

Ubicado al este de la ciudad de Panamá, el Bayano, caudaloso y bravío, había sido el alimento y la vida para los gunas quienes, desde hacía siglos, recorrían las tierras colombianas y panameñas formando comunidades y asentamientos.

Los relatos de los sailamar, los grandes jefes gunas, dicen que cuando llegaron los españoles al continente americano, este pueblo vivía cerca del río Tuira, en Darién. Las enfermedades y los conflictos hicieron que se movieran poco a poco hacia la región atlántica, hasta formar la comarca de Guna Yala. Más tarde poblarían las tierras de lo que hoy es Chepo.

En los años 60 del siglo XX, el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) empezó los estudios para represar el Bayano y construir la hidroeléctrica Ascanio Villalaz. En ese entonces, en el valle de Bayano vivían miles de gunas y emberás, y cientos de colonos de Herrera y Los Santos.

En 1974, cuando la hidroeléctrica estaba en plena construcción y el país bajo el mandato del general Omar Torrijos, este viajó a Ikantí para reunirse con los sailas y explicarles el proyecto.

“Tenían siglos de estar allí y no concebían que debían salir”, relata el antropólogo Francisco Herrera, trabajador del IRHE en aquellos años y hoy miembro de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD).

En 1976, cuando se terminó la represa, 35 mil hectáreas del valle fueron inundadas y siete comunidades indígenas tuvieron que moverse ante el avance del “gran espejo de agua”.

Cabeza de piedra

Es miércoles 8 de junio de 2011 y en la casa de Daniel Tera, allá en Guayabal, hay chivos, cabras, gallinas, un caballo, varios perros y algunos cerdos.

Construido con laurel y cedro, o tal vez guayacán, el tambo de Tera está sobre una colina húmeda que apenas se desprende del brazo verde de la selva bocatoreña.

Antes del 22 de mayo de 2011, llegar allí tomaba unas tres horas desde el Valle de Riscó, por un camino despejado y transitado.

Después del 22 de mayo, llegar hasta Guayabal toma seis horas penosas por entre montañas inacabables, árboles inmensos, ríos y quebradas, gritos de monos y cantos de tucanes, insectos de todos los colores… Y una humedad que se adhiere a la piel.

Ya en el tambo, huele a café y a limón. Carolina Tera tiene, como el resto de las mujeres, una trenza tejida en su cabello largo y negro, y no oculta su frustración.

“Nunca pensé en ver un lago cerca de la casa”, dice Tera en ngäbere, mientras su hijo, Bernardino Morales, traduce las palabras.

“Nuestros niños conocían el río Changuinola, que corría allá abajo, y ahora me preguntan por qué está así”, agrega.

Como les ocurrió a los gunas en los años 70, los ngäbes, ahora en 2011, no dejan de ver con asombro el cambio del río que desde siempre les dio alimento y vida.

El 22 de mayo pasado, la empresa AES Changuinola, constructora de la hidroeléctrica Chan-75, cerró las compuertas a la altura de la desaparecida comunidad de Charco La Pava, y el embalse empezó a llenarse ante la mirada incrédula de quienes todavía se resisten a dejar sus tierras.

Carolina Tera asegura que a ella, por ejemplo, le llaman “cabeza de piedra”, por su tozudez. Porque no ha habido argumento corporativo que logre su firma en un acuerdo de indemnización que, según ella, es injusto.

Tera tiene una casa en Valle de Riscó y unas tierras para el cultivo en Guayabal. Según las mediciones de AES, eran seis hectáreas de terreno que ahora están bajo las aguas.

Ella quiere que le reconozcan los años de trabajo en esas tierras y el hecho de que de allí sacaba frutas y verduras para alimentar a su familia, pero la visión colectiva del uso de las tierras de los indígenas se ha topado de frente con una postura distinta.

“Si tú eres propietaria me tienes que presentar una factura, demostrar un título”, sostiene Ángel Abreu, encargado de reubicaciones y negociaciones de AES. Sin embargo, Abreu agrega: “reconocemos que la señora Carolina Tera ocupaba un terreno ahí [en Guayabal], y hemos estado dispuestos a negociar con ella”.

Las negociaciones

Para entender mejor el tamaño del “no” de los Tera de Guayabal, vale la pena dejar escritas algunas cosas.

AES Corporation es una transnacional de la energía que, en sus informes financieros, habla con naturalidad de números de 10 cifras.

En Latinoamérica tiene presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y República Dominicana. Llegó a Panamá en 1999, y empezó a comprar varias hidroeléctricas existentes.

Bayano, por ejemplo, es hoy de AES. Lo mismo ocurre con Estí, Los Valles y La Estrella, todas ellas en Chiriquí.

En resumen, la transnacional tiene hoy una hidroeléctrica en el lado este (Bayano), tres en Chiriquí y una en Bocas del Toro.

Si bien es la empresa de generación de energía más grande de Panamá, y el más grande generador hidroeléctrico privado en Centroamérica, según sus propios boletines, en el país hay otras 15 compañías que se dedican a este negocio y que administran un total de 20 hidroeléctricas y 15 termoeléctricas.

Los registros de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) indican, además, que hay un total de 39 concesiones otorgadas para la construcción de nuevas hidroeléctricas, y otras 45 en trámite.

La mayoría de los ríos comprometidos en la producción de energía eléctrica está en el llamado “granero de Panamá”: la provincia de Chiriquí.

En medio de este panorama de desarrollo que apuesta por la utilización de la fuerza del agua para generar energía –en detrimento del uso doméstico y agropecuario– está la familia Tera.

“AES nunca aceptó una propuesta… Ellos presentaban un documento y tú tenías que firmar. AES ofrecía 2 mil 500 dólares por hectárea y pienso que me corresponde mucho más, porque yo tengo derecho a una indemnización por el tiempo que he vivido aquí”, explica Daniel Tera, también en ngäbere.

Es cierto, no se puede negar: hubo un proceso de negociación entre AES Changuinola y las familias que serían afectadas.

Como cuenta Abreu, el proceso no fue fácil porque mientras al principio se censó a 75 familias, “al final nos tocó negociar con unas 180”.

Si bien antes del cierre de las compuertas la empresa intentó llegar a un entendimiento con Tera y varios de sus familiares, el diálogo no terminó con una fotografía de “todos felices” en los boletines que la empresa ha editado durante la construcción de la represa.

¿A voluntad?

El antropólogo Francisco Herrera recuerda que, pese al intento de Torrijos de convencer a los gunas, varias de las comunidades del valle de Bayano nunca llegaron a un entendimiento. Sus habitantes terminaron por irse, contra su voluntad.

En Changuinola, algunos dicen que, hasta el 22 de mayo, todavía quedaban algunas familias en Charco La Pava. Abreu lo desmiente.

La oficina de Ángel Abreu está en la Torre de Banco General, en plena calle 50 de la ciudad de Panamá. Es pequeña y la vista no causa envidia: otros ventanales de vidrio, de otro rascacielos.

Las paredes están adornadas con algunos objetos que llaman la atención: varias fotos de ngäbes, al lado de ejecutivos de AES y autoridades de Gobierno; copias de las páginas del acuerdo entre AES Changuinola, el Gobierno y las comunidades de “Charco La Pava, Valle del Rey, Changuinola Arriba y Nance de Riscó, para garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas”, cuidadosamente pegadas con cinta adhesiva…

También hay alguna foto de las nuevas viviendas construidas y dos pancartas con palabras escritas a brocha gorda en las que se lee: “Suspendan la obra. ¡No a la represa de Chan-75!”.

Dice Abreu que aquello lo guarda como recuerdo de las primeras protestas. Que las pancartas llegaron a su oficina porque los ngäbes, tras la firma del acuerdo, se las regalaron como símbolo.

El ejecutivo siente que AES Changuinola ha hecho lo que ha podido y debido, y que “las comunidades fueron voluntariamente abandonadas”.

Para Herrera, la mudanza no fue ni del todo pacífica ni voluntaria.

Como ocurrió con las comunidades gunas hace más de 30 años, las comunidades ngäbes afectadas por el embalse del río Changuinola reaccionaron de formas distintas: algunas subieron hacia las nuevas comunidades creadas por AES sin mayores reticencias, y otras decidieron esperar hasta que no hubiera otro remedio.

“El primer impacto del embalse de Changuinola es que desarticuló la comunidad”, establece Herrera, de la ACD. La desarticulan no solo por el acto de mudarla, sino porque “la mecánica que utilizó la empresa fue aislar a las familias y negociar por separado…”.

Por eso no es extraño que personas de apellido Tera aparezcan en los boletines de AES Changuinola como dirigentes comunitarios y promotores de las reubicaciones, mientras otros miembros de la familia sean quienes protagonizan hoy una disminuida resistencia.

“Se acusan mutuamente de haberse traicionado”, agrega el antropólogo.

“Cuando eres vulnerable y tienes miedo, y te ofrecen algo más de lo que es tu ingreso anual, por supuesto que aceptas, porque para atrás ya no hay nada”, matiza el activista de la ACD.

Las conversaciones con Carolina y Daniel Tera y Santos Morales todavía no han terminado. Lo asegura Abreu y lo confirma James Cavallaro, director ejecutivo del Programa de Derechos Humanos de la Clínica Legal de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, el abogado de los Tera.

A través de un correo electrónico, Cavallaro explicó que las negociaciones no han recomenzado, pero sí ha habido intercambio de correos con los abogados de AES “viendo la posibilidad” de hablar.

El abogado, sin embargo, no detalla las aspiraciones económicas de los Tera y de los Morales.

COSA DE SIGLOS

Cuando el embalse de la hidroeléctrica Ascanio Villalaz fue inaugurado, el general Torrijos fue hasta allá y, como movido por un impulso infantil, se lanzó al agua para celebrar la hazaña.

Para Torrijos era apenas el principio de un gran sueño, porque en su gobierno se planeaba también construir la hidroeléctrica de Fortuna y empezar la extracción de cobre en cerro Colorado.

Se dijo, incluso, que la represa de Bayano sería el motor de desarrollo del área este de Panamá, pero 35 años después las comunidades gunas y emberás afectadas siguen siendo tan pobres como antes, y Bayano sigue siendo el preludio de la provincia más olvidada del país: Darién.

Ahora, cuando el embalse de 900 hectáreas sobre el río Changuinola es una realidad, los argumentos siguen pareciéndose. En uno de los boletines corporativos de AES Changuinola se lee, por ejemplo, que la hidroeléctrica es una necesidad para la generación de energía. Que ante el sostenido crecimiento económico del país, la nueva hidroeléctrica “contribuirá a disminuir la dependencia de combustibles fósiles” y “ofrecerá mejores y más estables” precios al consumidor.

Herrera no está convencido. Para él, las únicas certezas son que los precios siguen arriba, que los ríos siguen conteniéndose, que los vecinos de las hidroeléctricas no se benefician, y que los ganadores son los habitantes de las ciudades y “los grandes consorcios” que sueñan con la interconexión.

Carolina, que poco sabe de este gran mercado, baja el énfasis de sus palabras en ngäbere para describir cómo era la parte alta del río Changuinola. Era fuerte y, cuando llovía en la cordillera, lo sabía por el remolino de piedras. Tenía una playa de arena y allí se sentaban las mujeres a lavar la ropa, con los hijos a cuestas.

“Se veía desde acá arriba, pero estaba allá abajo. Ahora es como un mar…”.

Amnistía Internacional alerta sobre inundación de hogares indígenas en proyecto hidroeléctrico Chan 75 en Panamá

Panamá: Gran represa inundará los hogares de unas familias indígenas

AU: 153/11 Índice: AMR 44/001/2011 Panamá

Fecha: 25 de mayo de 2011

ACCIÓN URGENTE SE INUNDARÁN LOS HOGARES DE UNAS FAMILIAS INDÍGENAS

Las familias de una comunidad indígena del noroeste de Panamá corren peligro de muerte o de sufrir lesiones porque sus poblados pronto van a ser inundados como parte del proyecto de construcción de una presa. Cientos de familias se han mudado ya, pero otras, que aún negocian su reasentamiento, permanecen en sus hogares.

La empresa AES Panama/Changuinola lleva varios años construyendo la presa de Chan-75 en el Río Changuinola dentro de la Reserva de la Biósfera La Amistad Panamá, en la provincia panameña de Bocas del Toro. Las autoridades locales han estado negociando con cientos de familias de la etnia indígena ngöbe para reasentarlas desde los poblados de Guayabal, Valle Rey y Charco de la Pava, con el fin de que la zona pueda ser inundada. Se estima en más de cinco mil hectáreas de bosques el área de inundación.

Provincia of Bocas del Toro in Panamá

Ubicación de la Provincia de Bocas del Toro en el extremo noroeste del Istmo de Panamá.

Muchas familias ya han abandonado la zona, pero algunas están aún negociando, por lo que siguen viviendo en el área que va a ser inundada. Algunas de las familias que aún no se han reasentado afirman que la indemnización que les prometieron sólo se ha pagado en parte.

El 20 de mayo, la oficina del vicepresidente de Panamá emitió un comunicado de prensa que mencionaba que estaba “próximo a iniciar el proceso de llenado” de la presa. Amnistía Internacional ha recibido informes que indican que las compuertas de la presa se han cerrado, y que el nivel de agua ya ha empezado a subir.

Amnistía Internacional teme que la vida, la seguridad y el sustento de las familias que permanecen en sus hogares puedan correr peligro si la inundación comienza antes de que hayan sido reasentadas sanas y salvas.

En septiembre de 2009, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas publicó un informe sobre el caso del Proyecto Hidroeléctrico Chan-75 (A/HRC/12/34/Add.5). En él señaló que habría “impactos significativos para las comunidades indígenas en el área del proyecto” y concluyó que “[n]inguna de estas comunidades fueron consultadas adecuadamente y con carácter previo a la decisión de aprobar el proyecto por parte del Estado, ni tuvieron la oportunidad de otorgar su consentimiento en relación con su re-asentamiento”. En junio de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en las que pedía que el Estado de Panamá suspendiera la construcción de la presa y adoptara las medidas necesarias para garantizar tanto la libre circulación como la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad ngöbe, con el fin de impedir actos de violencia o intimidación. En mayo de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos denegó la concesión de medidas provisionales hasta la deliberación final del fallo, luego que la represa ha sido terminada.

Amnistía Internacional y ACD solicitan apoyo solidario internacional para ayudar a los indígenas

Escriban en español o en su propio idioma antes del 13 de julio de 2011: expresando preocupación porque la inundación ha comenzado mientras continúan en la zona algunos residentes, lo que pone en peligro su vida, su seguridad y su sustento; pidiendo al Estado de Panamá que se abstenga de iniciar las operaciones de llenado de la presa mientras continúen las negociaciones con algunas familias.

Juan Carlos Varela
Vicepresidente de la República,
Ministro de Relaciones Exteriores
San Felipe, Calle 3, Palacio Bolívar,
Edificio 26, Panamá 4
Panamá
Fax: +507 511 4003
Tratamiento: Estimado Sr.
Vicepresidente
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Roxana Méndez de Obarrio
Ministra de Gobierno
Cl. 3 y Av. 7, Central San Felipe
Apdo. Postal: 1628, Zona 1,
Panamá
Fax: +507 512 6002
Tratamiento: Estimada Sra.
Ministra
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Con copia a:

ONG local
Alianza para la Conservación y el
Desarrollo (ACD)
Vía Argentina, Edificio 78 Apto 2
Ciudad de Panamá, Panamá
Apartado Postal: 0824-00028
Correo-e.:
acdpanama@acdpanama.org
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El documento original de Amnistía Internacional puede ser bajado en

http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR44/001/2011/es

INFORMACIÓN ADICIONAL DE REFERENCIA

En el año 2005, la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá (ANAM), autorizó la construcción de tres represas hidroeléctricas en la cuenca del río Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, a la empresa Hydroteribe (posteriormente adquirida por AES, una compañía norteamericana). Los tres proyectos hidroeléctricos se designan con los nombres Chan 75, Chan 140 y Chan 220, respectivamente, que producirían en conjunto aproximadamente 411 megavatios.

La empresa AES Corporation de Norteamérica tiene varias filiales en Panamá. La primera es AES Panamá que administra varias hidroeléctricas ya establecidas en el país, como la de Bayano en la Provincia de Panamá y Estrella-Los Valles en la Provincia de Chiriquí, luego de comprar al gobierno 49% de las acciones durante los procesos de privatización ocurridos a mediados de los años 90. También AES Panamá es dueña de la hidroeléctrica Estí en Chiriquí. Por su parte la nueva filial, AES Changuinola es la encargada de construir los proyectos hidroeléctricos en Bocas del Toro en el occidente de Panamá.

Cabe mencionar que con la privatización, la industria energética se divide en tres partes: generación, transmisión y distribución. Las empresas privadas pueden generar y distribuir energía, la transmisión sigue siendo responsabilidad del Estado.

La propuesta original es de 3 hidroeléctricas, y se tienen 3 concesiones otorgadas con sus 3 estudios de impacto ambiental aprobados. Sin embargo, se ha dado un cambio en el diseño del segundo proyecto, Chan 140, que mueve el sitio de presa aguas arriba del sitio original. De manera no oficial, se habla de que ahora no serán tres represas, sino dos más grandes, pero no hay ningún documento que lo confirme. Según la Resolución DIEORA IA-127-06, para compensar la pérdida de generación, ANAM y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos autorizaron a AES a elevar la altura de la presa de Chan 75 de 152 a 165 metros sobre el nivel del mar, lo que inundaría 250 Hectáreas adicionales para la construcción el proyecto Chan 75.

El proyecto Chan 75 es el primer proyecto de construcción de una represa hidroeléctrica de mayor magnitud que realiza una empresa privada de principio a fin. La última represa de esta escala construida en el país, Estí, fue iniciada por el gobierno, quien realizó estudios y negociaciones con las comunidades afectadas. Al darse la privatización AES solo terminó la labor. Lo que suceda ahora con el proyecto Chan 75 sentará las bases para lo que ocurra con los próximos proyectos.

Más de cien proyectos hidroeléctricos propuestos

Para junio de 2007, 16 concesiones hidroeléctricas han sido otorgadas y aprobadas, 78 están en diferentes etapas del proceso de concesión y 13 concesiones están todavía disponibles. En total, el país intenta desarrollar 107 proyectos hidroeléctricos. Los proyectos de mayor magnitud ya existentes en Panamá son: Estí (ubicada en Guanaca, Chiriquí, Río Chiriquí), Bayano (ubicada en Chepo, Río Bayano), Estrella-Los Valles (ubicada en Chiriquí, Río Caldera), Fortuna (ubicada en Chiriquí, Río Chiriquí), Madden (ubicada en Panamá, Río Chagres), Gatún (ubicada en Panamá, Río Chagres).

(JPG)La cuenca baja y media del Río Changuinola, donde se construirá las represas está localizada en el Bosque Protector Palo Seco (BPPS), un área contigua al Parque Internacional La Amistad, que es una zona protegida que pertenece a la Reserva de la Biosfera de La Amistad reconocida por la Oficina del Hombre y la Biósfera de la UNESCO) y al Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño. El Parque Internacional La Amistad es un Sitio de Patrimonio de la Humanidad, declarada por la UNESCO. Al final en la desembocadura del Río Changuinola se encuentra otra área protegida de connotación internacional: El Humedal Internacional Ramsar San San Pond Sak. Todo el área forma parte de un gran conjunto ecosistémico que va desde este humedal en el Caribe.

Situación de las poblaciones afectadas por la construcción de la represas

Cuando el Bosque Protector Palo Seco fue creado en 1983, la población Ngäbe ya residía en la zona como lo atestigua el hecho de que la agricultura de subsistencia de los moradores fuera contemplada en el primer Plan de Manejo del Parque. La creación del Bosque Protector se hizo sin la participación activa de las comunidades indígenas residentes en el área, y su formación ha complicado el reconocimiento del derecho colectivo del pueblo Ngäbe de este territorio.

La construcción de las represas se estima que afectará a cerca de 3.500 personas pertenecientes a la etnia Ngobe, uno de los pueblos indígenas de Panamá. Existe una controversia acerca del número real de las personas que resultarán afectadas por los tres proyectos. La empresa AES, por ejemplo, sostiene que se trata de no más de 2.000 personas, mientras que representantes de las poblaciones afectadas los estiman en 4.000. La cifra de 3.500 ha sido estimada por grupos ecologistas que trabajan en el área, en base a un estudio socio-económico hecho el año pasado, donde los pobladores hicieron un censo. La diferencia en números es, en parte, resultado del hecho que la empresa AES no cuenta a la población de Nance del Riscó y Bajo la Esperanza (ubicadas a pie de represa propuesta), ni tampoco a Valle de Riscó, Nudobiti y Soledad de Riscó, como afectadas. Nosotros consideramos que deberían ser incluidas.

El proyecto hidroeléctrico Chan 75 de la empresa AES fue impuesto al país y los pobladores locales. Muchos indígenas que no aceptaron el proyecto, ahora con el inicio de la inundación corren grave riesgo. Foto: Florencio Quintero/Burica Press

El principal efecto directo para las comunidades Ngobe asentadas en el territorio donde se construirán las represas es el desplazamiento debido a que con la construcción quedarán inundadas más de 3.000 hectáreas de terreno, especialmente bosques riberinos y áreas de cultivos tradicionales. Según la “Actualización Ambiental del Proyecto Chan-75” elaborado para AES Changuinola por Consultores Ecológicos Panameños, S.A. (CEPSA) en noviembre de 2006 y aprobado por ANAM, en la actualidad el área del embalse del primer proyecto, Chan 75, es de aproxidamente 1.395 hectáreas. El diseño original que era más pequeño hablaba de un embalse de 1.145 hectáreas.

Los habitantes Ngöbe asentados en el territorio provienen de migraciones en los años 60, en su mayoría provenientes de lo que ahora es la Comarca Ngobe Bugle. En Panamá, la legislación reconoce ciertos derechos a los pueblos indígenas que viven en territorios denominados comarcas. El estatus de los pueblos indígenas que viven en territorios no comarcales no esta claramente definido en la legislación nacional. En el caso de la Comarca Ngobe-Bugle, se presume que estos habitantes de pueblos indígenas viven en tierras “anexas” a la Comarca pero los límites y las prerrogativas de este estatus no están claramente definidos. La ley No. 10 de 1997 que crea la comarca Ngobe-Bugle habla de las áreas anexas y su status. Pero, quien queda incluido o no, es todavía debatido. Recientemente ha salido a la luz un documento firmado por la Dirección Nacional de Política Indigenista de Ministerio de Gobierno y Justicia que dice que el área de las hidroeléctricas no está bajo la jurisdicción de la comarca. Este documento se hizo al momento que se evaluaba dar la concesión de un globo de terreno del Bosque Protector Palo Seco a AES Changuinola, como en efecto ocurrió. Si no es área anexa, el área tiene el mismo estatus que cualquier corregimiento del país, sin ninguna protección especial de zona indígena. En los próximos meses, se espera que el Programa Nacional de Administración de Tierras del Banco Mundial empiece la delimitación de las áreas anexas en la Provincia de Bocas del Toro.

Los habitantes de la etnia Ngobe que se han asentado en la cuenca del río Changuinola no han reclamado posesión legal sobre dichos terrenos debido a diferentes factores: tradición cultural de tierras colectivas, desconocimiento de los procesos legales y/o falta de recursos económicos para regularizar la posesión de tierra. También los pobladores han comentado que la solicitud de aquellos que buscaron derechos posesorios y titulación fue rechazada porque las tierras estaban en área protegida de la Reserva Forestal o Bosque Protector de Palo Seco y por lo tanto no podían ser tituladas.

Irregularidades ocurridas durante la ejecución de los proyectos hidroeléctricos en la cuenca del río Changuinola

La Autoridad Nacional del Ambiente por disposición de la Ley 41 General de Ambiente de 1998, exigió a la empresa concesionaria la realización de un Estudio de Impacto Ambiental como requisito previo a la autorización de la concesión. Según la opinión de ambientalistas tanto nacionales como internacionales el estudio de impacto ambiental adolece de tres defectos principales:

a) no fue recopilada información arqueológica requerida por la oficina de Patrimonio Histórico;

b) la línea base para el cálculo de los efectos ecológicos de la construcción de las represas presentaron anomalías, por ejemplo no se analizaron adecuadamente los efectos de la construcción de las represas sobre las especies de peces que constituyen una base para la alimentación de los habitantes del lugar y que como consecuencia de la construcción de las represas están amenazados de extinguirse debido a que son especies que periódicamente migran desde el río hacia el mar y viceversa;

c) según la legislación interna (Decreto Ejecutivo No. 209 del 5 de septiembre del 2006), como parte del estudio de impacto ambiental se requiere la realización de foros públicos en los que participe la población que se verá afectada. Estos foros se realizaron en la Ciudad de Almirante, distantes hasta 1 día de las comunidades, muchas personas no pudieron asistir y a los asistentes solo se les informó sobre los proyectos, pero no fueron consultados sobre su posición con relación a dichos proyectos.

A pesar que ANAM condicionó la iniciación de los trabajos de construcción de la represa Chan 75 a que la empresa presentara un nuevo estudio ecológico, un estudio arqueológico y un proyecto o estudio socioeconómico y sobre reubicación de las poblaciones afectadas, los trabajos de construcción de la represa Chan 75 se iniciaron a mediados del 2007. Los efectos de la construcción de obras preliminares, como tramos de carreteras y campamentos, ya se están visualizando en la erosión de los terrenos, la devastación de vegetación y la contaminación del río Changuinola, debido a la sedimentación, así como en la destrucción del tejido social y violación de los derechos humanos de las comunidades indígenas afectadas.

A pesar de que no se ha aprobado un plan de reasentamiento oficial o consensuado de las poblaciones afectadas, la empresa concesionaria ha procedido a concluir acuerdos con algunos de los habitantes a través de los cuales éstos han aceptado ser reubicados. Uno de los casos de mayor impacto en este contexto, es el de una mujer Ngobe, monolingüe en su idioma indígena Ngobere, que alega que fue presionada para firmar un contrato redactado en español y por el que cedía la propiedad de su tierra ubicada en el sitio de presa de Chan 75 y cedía su forma tradicional de vida, ya que fue trasladada a un suburbio semiurbano. Además, los habitantes han expresado su descontento, porque las negociaciones se han hecho de manera individual y no de manera colectiva, como lo contemplan sus usos y costumbres de tierras colectivas. Adicionalmente, no han existido criterios claramente definidos para las indemnizaciones de los terrenos y mejoras, ya que el proceso de “negociación” se ha basado en la presentación de propuestas por los afectados. Esto no garantiza una indemnización justa y equitativa según señala el artículo 10 de la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas recientemente aprobado en la ONU.

Habitantes de las áreas que quedarán inundadas denuncian asimismo que la construcción de las represas no representan ningún tipo de beneficio para ellos.

Representantes de las comunidades afectadas han denunciado estos hecho ante la Autoridad Nacional del Ambiente, la Gobernación, la Defensoría del Pueblo y otros, sin que hayan recibido aparentemente ninguna respuesta. En junio de 2007, las comunidades, junto a otros pueblos indígenas, escribieron una nota a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando que dicha Comisión realizara una visita in-loco al lugar. Tampoco se conoce el resultado de esta gestión.

A pesar de que el Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) del 2005 que aprobaba la construcción de la hidroeléctrica incluía los caminos de acceso al sitio de presa, en el 2007 la empresa presenta un nuevo informe de Evaluación para esta carretera. La diferencia es que el nuevo informe se hizo con categoría I, la más baja posible, utilizada usualmente en zonas urbanas donde la construcción no causa cambios significativos. Al ser de categoría I, la empresa y consultora no se vieron obligados por ley a realizar foro público, ni a medir, ni proponer medidas de mitigación de los fuertes impactos ambientales que genera este obras en espacios rurales bien conservados, por lo que las familias indígenas de la zona y los ecologistas no tuvieron oportunidad de opinar sobre la obra, su legalidad y sus efectos ambientales.

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Recursos legales interpuestos

Denuncias Administrativas ante la ANAM: en agosto de este año, la organización denominada Alianza para la Conservación y el Desarrollo interpone una denuncia administrativa por el inicio ilegal de obras antes de haber terminado los estudios pendientes que establecía la resolución que aprobaba el EIA del 2005. Ese mismo mes, las comunidades denuncian la reubicación de personas dentro del Bosque Protector Palo Seco, lo cual estaba prohibido en el artículo 38 de esta misma resolución. Semanas después la ANAM realiza una nueva resolución cambiando este artículo y permitiendo la reubicación dentro de esta zona. Evidente corrupción del proceso y de las leyes que instauraron la reserva.

También se le realizó una denuncia penal ante la Policía Técnica Judicial en contra de funcionarios de ANAM que se han prestado a permitir en contra de la ley la sub-categorización del EIA (aprobado) de la carretera que llega al sitio de presa Chan 75, lo cual esta penalizado como delito ambiental. Esta denuncia se interpuso además contra AES Changuinola y la Consultora que se prestó a realizar esta violación a la ley penal.

Recientemente la Asociación de Derecho Ambiental (ADA) interpuso otra denuncia penal por la falsificación de información relacionada a los estudios arqueológicos hechos en el área de la carretera. Estos expedientes fueron unidos en un solo caso.

Igualmente la Alianza para la Conservación y el Desarrollo ha realizado dos denuncias ante la Defensoría del Pueblo: por violación de derechos humanos en el caso de la Sra. Isabel Becker. La Defensoría parece tener las manos atadas para actuar libremente en estos claros hechos de violación de los derechos humanos de personas que no tienen medios para defenderse por sí mismos.

Se espera que prontamente varias organizaciones interpongan recursos de nulidad ante la Corte Suprema y Amparos de Garantías Constitucionales por la violaciones e irregularidades realizadas en la concesión de un globo de terreno de 6.000 hectáreas a AES Changuinola sin la aprobación de las comunidades indígenas residentes dentro del área concedida.

Igualmente se alista una batería de denuncias por corrupción para todos los funcionarios del Estado que se han prestado por comisión u omisión en actos que atentan contra los valores colectivos de toda la sociedad panameña y que están tipificados como formas de corrupción, ya que han burlado sistemáticamente el debido proceso y están concediendo áreas protegidas, áreas indígenas y aguas con procedimientos al margen de la transparencia y aprovechándose de la posibilidad que la impunidad sea su mejor aliado.

Tema de las amenazas y coerciones

La población ha manifestado lo siguiente sobre la empresa:

-  Que la empresa les informó que ellos no tienen derechos sobre las tierras, por ser del Bosque Protector Palo Seco, y que si no aceptan sus condiciones el Estado los sacaría forzosamente sin reconocerles nada.

-  Que varias familias aceptaron pagos por indemnización de cultivos destruidos para trazar la trocha que marcaba la cota del embalse. La empresa AES les comunicó que ya a partir de ese momento no podían utilizar las tierras que estaban por debajo de la trocha, como si les hubieran vendido sus tierras.

-  Que a ellos nos les convenía interponer denuncias al Estado porque si intervenía ellos saldrían obteniendo menos dinero.

-  Que no les importaba negociar con las personas que estaban arriba del sitio de presa, porque ellos tendrían que salir del área de todas maneras al subir las aguas para la creación del embalse.

El caso de la señora Isabel Becker es especialmente grave, que por ser dueña del área del sitio de presa Chan 75, estuvo bajo presión, acoso y coersión constante para que cediera sus tierras a la Empresa AES. En enero del 2007, mucho antes de que existiera siquiera un plan de reasentamiento como era lo legal, ya la empresa había firmado un contrato con esta señora donde ella otorgaba sus tierras. El problema está en que ella, mujer analfabeta que no habla español, nunca entendió el contrato, el cual firmó luego de haber pasado más de 10 horas contra su voluntad en la oficina de la empresa en la ciudad de Panamá. A pesar de que el método utilizado para la firma del contrato lo invalidaba, a partir de ese entonces hubo visitas constantes para hacerla salir de sus tierras hasta el punto que la familia de la señora se quejó con el corregidor para que les diera una orden de restricción contra miembros de la empresa. Esta orden nunca se otorgó.

Es particularmente llamativo el hecho ocurrido el 21 de julio, con la participación de la Alcandía de Changuinola. Ese día la maquinaria de la empresa entró en el terreno de la Sra. Isabel, amenazando que se tenía que derrumbar la casa. Ante esto, la Sra. Isabel, que se encontraba enferma, se desmaya. La alcaldía se ofrece a sacarla de su hogar y llevarla al médico. Sin embargo, al terminar la cita médica, no la regresan a su comunidad, sino que la instalaron de facto en “su nueva casa” en los suburbios de Changuinola. La Sra. Isabel pasó la noche pidiendo que la dejaran regresar. Finalmente, luego de meses de presión, el 19 de octubre la empresa logra que la señora firme un segundo acuerdo por su finca, y el 25 de octubre, una semana después, unos 15 miembros armados de la policía acompañan a la maquinaria que tumbó su casa y la llevaron a un nuevo lugar. Los residentes de la comunidad no sabían bien a donde la llevaron y se quejaron de que no la dejaron recoger sus pertenencias.

Un caso relacionado es el de la familia de la Sra. Isabel Becker que ha sido reubicada temporalmente en viviendas unifamiliares en el suburbio de Changuinola. Ellos tienen quejas constantes sobre el acceso a agua limpia. Además, estas familias han quedado en un estado de completo desarraigo.

Existen múltiples quejas de los habitantes del área que está comprendida entre Almirante y el sitio de presa Chan 75 sobre los abusos de la empresa, en especial la negociación de las indemnizaciones y la afectación de cabeceras de ríos y quebradas. Hay que recordar que ninguna de las personas de estas áreas es considerada como afectada por la empresa. En varios de estos casos, existe la participación de intermediarios que negocian el alquiler y la venta de los terrenos y viviendas.

En junio del 2006, las comunidades tenían planeado realizar una convocatoria para discutir los problemas que estaban observando con la hidroeléctrica. El día anterior de la reunión miembros de la Policía Nacional cerraron todas las vías de acceso al lugar donde se daría el evento, procediendo a revisar a las personas que entraban al área. Durante ese operativo también comenzó la persecución de alguno de los dirigentes indígenas. La denuncia de este hecho fue presentada ante la Defensoría del Pueblo. Nunca quedó claro quién envió la orden de detención de los dirigentes, ni del bloqueo de la comunidad. En octubre siguiente, también se dio un incidente que todavía no ha sido esclarecido en el que unidades de la Policía Nacional siguieron al Sr. Félix Sánchez, dirigente indígena Naso hasta la comunidad de Bajo Culubre. Sobre este caso, existe un expediente relacionado que esta bajo investigación en la Policía Técnica Judicial sobre la muerte de un Pavón (ave silvestre semejante a las gallinas), que fue cazado por una de las unidades policiales cuando regresaba de esta diligencia.

En territorio Naso no escampa

Si en territorio Ngobe de Changuinola llueve en el área Naso no escampa. Empresas Públicas de Medellín en contubernio con todas las autoridades locales y nacionales se plantea colocar de facto en mero corazón del territorio Naso Teribe una hidroeléctrica sobre la Quebrada Bonyic.

Batallones de policías acosan a los Nasos y los han apresado en más de una ocasión por que ellos no permiten la entrada de maquinarias y equipo pesado a su territorio. La lucha que libran cívicamente es difícil y los actos que cometen contra ellos son tan crueles como los del área Ngobe, ambos grupos residentes en el Bosque Protector de Palo Seco.

Burica Press – Panamá por dentro

http://www.omal.info/www/imprimir.php3?id_article=1171

Hacia una economía verde: PNUMA

Hacia una economía verde como guía para el desarrollo sostenible

Invertir tan solo el 2% del PIB mundial en diez sectores clave puede impulsar la transición a una economía baja en carbono y con un uso más eficiente de los recursos. El nuevo informe del PNUMA demuestra que la transición a una economía verde es posible invirtiendo el 2% del PIB mundial (actualmente en torno a 1,3 billones de dólares) anualmente, a partir de ahora hasta 2050, para enverdecer sectores fundamentales como la agricultura, la construcción, la energía, la pesca, la silvicultura, la industria, el turismo, el transporte, el agua y la gestión de residuos. Sin embargo, estas inversiones deben ser estimuladas, a través de reformas en las políticas nacionales e internacionales.

Este oportuno informe, elaborado por especialistas a nivel mundial e instituciones de países desarrollados y en desarrollo, confirma que, en una economía verde, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental no son incompatibles. Por el contrario, una economía verde fomenta el empleo y el progreso económico evitando al mismo tiempo riesgos significativos como los efectos del cambio climático, la escasez de agua y la pérdida de servicios de los ecosistemas.

Photovolts

Paneles solares son una opción para reducir la dependencia de energía sucia.

Enverdecer la economía no sólo genera crecimiento, especialmente en términos de capital natural, sino que también implica un crecimiento más elevado del PIB y del PIB per capita. En la simulación realizada para el informe sobre economía verde, bajo un escenario de inversión verde se alcanzan tasas de crecimiento anual más elevadas que el modelo actual en un plazo de 5-10 años.

Dicho crecimiento económico se caracteriza por un evidente desacoplamiento de los impactos ambientales . Según las previsiones, la relación entre huella ecológica mundial y biocapacidad disminuirá del 1,5 actual a menos de 1,2 en 2050 (acercándose mucho al limite de sostenibilidad, situado en 1), en contraposición al incremento más allá de un nivel de 2 bajo el escenario del modelo vigente.

Si bien la demanda mundial de energía ascendería en cierta manera, esta recuperaría los niveles actuales en 2050, lo cual significa un 40% menos del modelo vigente, gracias a avances notables en la eficiencia energética. Según las previsiones, bajo un escenario de inversiones verdes se reducirían de aproximadamente un tercio las emisiones de CO2 relacionadas con el consumo energético para 2050, tomando como referencia los niveles actuales. La concentración de las emisiones en la atmósfera debe mantenerse por debajo de 450 ppm en 2050 para tener alguna posibilidad de limitar el calentamiento global a un máximo de 2°C.

Una economía verde valora e invierte en el capital natural. Una cuarta parte de las inversiones verdes analizadas – el 0,5% del PIB (325 miles de millones de dólares) – se destina a sectores relacionados con el capital natural: silvicultura, agricultura, agua dulce y pesca. El valor añadido en el sector forestal será, en 2050, un 20% superior al obtenido con el modelo actual. Las inversiones en agricultura verde, que oscilarán entre los 100.000 y los 300.000 millones de dólares anuales en el periodo 2010-2050, permitirían mejorar la calidad del suelo e incrementar los rendimientos de los principales cultivos en todo el mundo, con lo que se obtendría un aumento del 10% respecto a lo que pueden ofrecer las estrategias de inversión actuales. La mayor eficiencia de los sectores agrícola, industrial y municipal implicaría una reducción de aproximadamente una quinta parte de la demanda de agua para 2050, en comparación con la tendencia actual. De ese modo se reduciría la presión sobre el agua subterránea y las aguas superficiales tanto a corto como a largo plazo.

Una economía verde contribuye a aliviar –la pobreza. El alivio a la pobreza está inevitablemente ligado a una gestión racional de los recursos naturales y los ecosistemas, ya que los flujos de beneficios del capital natural llegan directamente a los más desfavorecidos. Este enfoque se hace especialmente necesario en los países de renta baja, en los que los bienes y servicios de los
ecosistemas constituyen un componente significativo en el sustento de las comunidades rurales pobres, a las que protegen de los desastres naturales y de las crisis económicas.

En la transición a una economía verde se crearán nuevos puestos de trabajo que, a la larga, superarán la pérdida de empleo asociada a la «economía marrón». La creación de empleo es especialmente evidente en los sectores de la agricultura, construcción, energía, silvicultura y transporte. No obstante, en aquellos sectores cuyo capital se encuentre gravemente agotado, como el de la pesca, el enverdecimiento acarreará una pérdida de puestos de trabajo e ingresos en el corto y mediano plazo, con el fin de recuperar las reservas naturales y evitar que se pierdan para siempre ingresos y puestos de trabajo. Es posible que también haya que invertir en el desarrollo de nuevas capacidades y la re-educación de la fuerza de trabajo.

Es indispensable dar prioridad a la inversión y a los gastos estatales en áreas que impulsen el enverdecimiento de los sectores económicos. Reformar los subsidios costosos y perjudiciales en todos los sectores permitirá disponer de un margen fiscal y de recursos para la transición a una economía verde. Con la sola eliminación de los subsidios a los sectores de energía, agua, pesca y agricultura se ahorraría cada año el 1-2% del PIB mundial. Los susidios al sector pesquero, por ejemplo, que se estima alcanzan los 27mil millones de dólares anuales, resultan a largo plazo más perjudiciales que beneficiosos para las economías nacionales y el bienestar social. Los subsidios a los precios y a la producción de combustibles fósiles alcanzaron, en conjunto, más de 650 mil millones de dólares en 2008; semejante estímulo desalienta la transición a las energías renovables.

El uso de instrumentos como las medidas fiscales, los incentivos y las cuotas de emisión para promover la inversión y la innovación verdes es muy importante, pero también lo es invertir en el desarrollo de capacidades, formación y educación, así como en fortalecer la gobernanza internacional y los mecanismos de apoyo a la transición a nivel mundial. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible de 2012, también llamada Río+20, será una buena oportunidad para establecer un nuevo rumbo hacia un mundo más sostenible, seguro y justo.

La transición a una economía verde requiere una escala de financiamiento considerable, pero inferior de un orden de magnitud a la inversión anual mundial. En este sentido, merece la pena señalar que el 2% del PIB mundial que se menciona en la modelización de este informe corresponde a una pequeña parte de la formación bruta de capital (alrededor del 22% del PIB mundial en 2009). Esa suma puede movilizarse poniendo en marcha políticas públicas racionales y mecanismos de financiación innovadores. El rápido crecimiento de los mercados de capital, el creciente interés del mercado por las iniciativas verdes y la evolución de instrumentos alternativos como la financiación y la microfinanciación del carbono, están creando las condiciones propicias para el financiamiento a gran escala de una transformación económica mundial. Sin embargo, las cifras siguen siendo pequeñas respecto al volumen total necesario, por lo que es necesario aumentarlas lo antes posible.

El cambio hacia una economía verde está sucediendo a una escala y a una velocidad sin precedentes. Para 2010, se esperaba que las nuevas inversiones en energías limpias alcanzasen la cifra récord de 180.000-200.000 millones de dólares, superando los 162.000 millones de 2009 y los 173.000 millones de 2008. El crecimiento está siendo impulsado cada vez más por los países fuera de la OCDE, cuya participación en la inversión mundial en energías renovables pasó del 29% en 2007 al
40% en 2008. Brasil, China y la India son responsables de la mayor parte.

Se prevé que la inversión verde generará tanto crecimiento y empleo, si no más, que los generados por el modelo actual, y las proyecciones económicas son mejores a mediano y largo plazo, ofreciendo al mismo tiempo mayores beneficios ambientales y sociales. Sin embargo, la transición a una economía verde no está libre de riesgos ni de dificultades – desde el enverdecimiento
de sectores «marrones» tradicionales hasta la satisfacción de la rápidamente cambiante demanda de mercado en un mundo que debe limitar sus emisiones de carbono. Así pues, es necesario que los líderes mundiales, la sociedad civil y las principales empresas trabajen conjuntamente para replantearse y redefinir las formas tradicionales de medir la riqueza, la prosperidad y el bienestar. Lo que está claro es que el mayor riesgo de todos sería continuar con el statu quo.

Parque La Amistad sí está en peligro, dice la Unesco

Unesco alerta que el PILA peligra por hidroeléctricas

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La construcción de hidroeléctricas en ríos que forman parte del Parque Internacional La Amistad (PILA) y de una carretera para conectar Boquete con Bocas del Toro, preocupa a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), por las afectaciones que causará en el área protegida. El PILA corre el riesgo de entrar en una lista negra.

LEA EL INFORME COMPLETO: Talamanca Range 2010 state of conservation report (En inglés)

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Parque La Amistad está en peligro, dice la Unesco

El último informe de la Unesco cuestiona la decisión del Gobierno de construir hidroeléctricas en ríos que corren por el Parque Nacional La Amistad (PILA).

INFRAESTRUCTURA. La construcción de represas sobre ríos afecta la vida acuática. Científicos y ambientalistas han manifestado su preocupación por el tema. LA PRENSA/ Gabriel Rodríguez

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) fue clara en su último informe sobre el estado del Parque Internacional La Amistad (PILA), declarado Patrimonio de la Humanidad.

Es “posible”, dijo la organización, que el PILA sea inscrito en la lista de patrimonio en peligro, porque la construcción de hidroeléctricas sobre ríos y la propuesta del Gobierno de hacer una carretera que conecte Boquete con Bocas del Toro (Punta Robalo) podrían comprometer su biodiversidad.

El informe señala que será “extremadamente” difícil, sino imposible, mitigar adecuadamente los efectos de la pérdida de hábitat por las construcciones de hidroeléctricas sobre ríos que corren por el área protegida.

El organismo internacional recomienda al Gobierno panameño detener todas las obras para salvaguardar la integridad del área e insta a realizar, en conjunto con el Gobierno de Costa Rica, una evaluación ambiental estratégica para examinar los impactos.

Las intenciones de construir una carretera entre Boquete y Volcán -a través de la ruta sur (Cuesta de Piedra), también resultan nefastas para la Unesco, según se lee en el informe.

La obra, que forma parte del plan estratégico quinquenal del Gobierno, degradaría el valor universal excepcional del PILA, señala el documento.

La Unesco cuestionó además el informe que enviaron las autoridades panameñas el pasado mes de febrero. De acuerdo con el organismo, el documento enviado parece haber sido traducido en una computadora y sin una revisión posterior. “El informe es muy difícil de entender”, señala el documento del organismo internacional.

Para el ambientalista Ariel Rodríguez, el informe de la Unesco sienta un precedente positivo porque le exige a los Gobiernos hacer una evaluación ambiental de los efectos que ocasionarán las hidroeléctricas.

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), encargada de velar por las áreas protegidas, dijo a través de su oficina de Relaciones Públicas que las hidroeléctricas se construyen fuera del área protegida. Comentaron, además, que se hacen los planes de mitigación para salvaguardar los recursos naturales.

El informe de la Unesco fue presentado en la reunión recientemente celebrada en Brasilia, Brasil, del 25 de julio al 3 de agosto.

Inquietud por base aeronaval

La instalación de una base aeronaval en el Parque Nacional Coiba sería un retroceso en la conservación del área protegida, declarada Patrimonio de la Humanidad. Así lo expresó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en una carta enviada a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), el pasado 9 de abril. En la misiva, el organismo manifiesta su preocupación por esta iniciativa que impulsa el Ministerio de Seguridad.

“Es importante recordar que la isla de Coiba se encuentra aún en fase de recuperación a consecuencia de la existencia de un establecimiento penitenciario”, señala la carta. La Unesco menciona varios factores negativos, entre ellos el aumento de población en la zona. La oficina de Relaciones Públicas del ministerio informó que no se afectará el parque porque no habrá nuevas construcciones.

Promueven energía solar y eólica en Azuero

MEDIO AMBIENTE

Promueven energía verde

Elsa M. González LA VILLA, LOS SANTOS
economia@prensa.com

Un innovador proyecto denominado Sistema Energético para Autoabastecimiento promueve el empresario español Andrés Sánchez en las provincias centrales para generar energía eólica (viento), hidráulica (agua) y fotovoltaica (sol).

Utiliza pequeños aerogeneradores (hélice movida por el viento) que se conecta a redes de baja tensión y produce un máximo de 10 kilovatios, suficiente energía para alimentar el alumbrado y algunos electrodomésticos de una residencia.

Los aparatos se pueden instalar en lugares apartados de las ciudades donde no llega la energía.

También se promueve el desarrollo de la energía hidráulica por medio de una turbina de fácil instalación y que genera 400 wats a una altura de nueve metros, lo necesario para abastecer a una pequeña vivienda.

Otro mecanismo trata de extraer agua subterránea, tanto para el agro como para el consumo hogareño mediante bombas de agua alimentadas por módulos fotovoltaicos o paneles solares.

Sánchez sostiene que en un día soleado, con 10 horas de luz solar la bomba puede sacar hasta tres mil 400 litros de agua subterránea. Esta cantidad es suficiente para suministrar agua a varias familias, 30 cabezas de ganado o para regar 40 árboles frutales.

La aerobomba dispone de una caja de engranajes. Utiliza tubería y varillaje hasta la bomba y tiene una capacidad para extraer unos siete mil litros de agua por hora a una profundidad de hasta 80 metros .

Varios agricultores y ganaderos han visitado a Sánchez para llevar esta tecnología a comunidades apartadas. “Es la primera vez que exponemos este tipo de tecnología en Panamá, pero sí hemos desarrollado proyectos en España con mucho éxito. España es un país electrificado, pero hay pueblos que están deshabitados porque la gente se marchó a las ciudades”, explicó.

Estudio revela graves daños ambientales en Río Chiriquí Viejo por hidroeléctricas

ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DEL DESARROLLO DE HIDROELÉCTRICAS

BID alerta de daños en río Chiriquí Viejo

El gobierno ha otorgado 19 concesiones para el desarrollo de proyectos energéticos en esta cuenca. Los impactos ambientales son diversos y severos.

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Disminución del caudal y aumento en la concentración de sedimentos son dos de los impactos negativos que sobre el río Chiriquí Viejo causarán, al menos, siete de los proyectos hidroeléctricos que allí se desarrollan.

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) detalla los efectos de la construcción de las presas, y entre ellos destaca que debido a la sedimentación, la potabilizadora de Barú –que se abastece de esa cuenca– verá afectada la calidad del agua. El BID y el Banco Mundial prevén financiar algunos proyectos.

Energía a base de paneles solares y aerogeneradores

Una empresa liderada por el español Andrés Sánchez promueve el uso de aerogeneradores, pequeñas turbinas hidráulicas y paneles solares en las residencias para generar energía limpia. El proyecto se promueve en zonas apartadas del centro del país donde escasea el agua.

Además de beneficiar a las comunidades apartadas, también puede ser útil para los productores y ganaderos. Los equipos pueden generar hasta 10 kilovatios, energía suficiente para alimentar una residencia que tenga una televisión y cuatro focos.

IMPACTO DE LA ACTIVIDAD EN EL RÍO CHIRIQUÍ VIEJO

BID estudió 5 hidroeléctricas

Según la agencia, los efectos de los proyectos sobre el río Chiriquí Viejo son mayores a lo descrito por las empresas.

BAJO de MINA. La cuenca del río Chiriquí Viejo es de mil 348 kilómetros cuadrados y actualmente se encuentra intervenida por actividades agrícolas y ganaderas. A los impactos ambientales que producen esas tareas se sumarán ahora los que generen los proyectos hidroeléctricos. LA PRENSA/Eric Batista

JOSÉ ARCIA
jarcia@prensa.com

Un análisis técnico de siete proyectos hidroeléctricos que se desarrollan en el río Chiriquí Viejo, en la provincia de Chiriquí, arrojó información que denota graves consecuencias ambientales y sociales.

El estudio, realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), midió los impactos acumulativos de poco menos de la mitad de proyectos energéticos que se adelantan en esta cuenca hidrográfica –19 concesiones otorgadas por el Estado–, específicamente los que hasta finales de 2009 tenían estudios de impacto ambiental aprobados por la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam). Y a pesar de lo que señalan sus propias investigaciones, el BID contempla financiar dos de esos siete proyectos.

Los impactos descritos por el BID van desde modificaciones del caudal del río, hasta disminución de la calidad del agua y afectación a actividades turísticas de las cuales dependen muchas familias.

También se hace referencia a los efectos que han ocasionado otras actividades económicas a lo largo del río (como pérdida de suelo y sedimentación), y se advierte que estos “podrían ser agravados con la construcción de los 19 proyectos hidroeléctricos [los que ha aprobado el Estado hasta ahora]”.

“Una vez que entren en operación los diversos embalses, es posible que la descarga de sedimentos sea pulsativa y masiva, asociada con los procesos de mantenimiento de los embalses”, señala el estudio.

De hecho, la sedimentación es uno de los principales problemas que afectan el funcionamiento de la planta potabilizadora del distrito de Barú –que se abastece del río Chiriquí Viejo– y con ello el proceso de purificación del agua. Y la sedimentación en la parte baja del río será mayor durante la fase de construcción de todas las presas.

Sin embargo, el estudio determinó ya un aumento en la descarga de sedimentos en algunas partes del río, las cuales, indica, son mayores en la temporada seca que en la lluviosa. Algo que causa extrañeza.

“Lo normal es que haya mayor aporte de sedimentación durante la época de invierno con respecto al verano, por la remoción de masas que ocurre en toda la cuenca. La única explicación es que hay un aporte de sedimentos anormal y que probablemente esté relacionado con la construcción de la presa aguas arriba”, señala el estudio del BID.

Un problema que no terminaría al concluir la construcción de los proyectos. “Es importante destacar que la sedimentación es uno de los principales problemas que enfrentan las hidroeléctricas durante su operación”, advierte el documento.

Todas estas consecuencias se detallan, a pesar de que, según el BID, los datos contenidos en los estudios de impacto ambiental de los siete proyectos presentaban una “deficiencia de información que limitó un análisis más exhaustivo en relación con los procesos de sedimentación”.

CAUDAL ECOLÓGICO

El diseño de las hidroeléctricas, que implica construir un embalse para el transvase del agua desde el sitio de presas hasta las máquinas, también tendrá un impacto sobre el río Chiriquí Viejo. De acuerdo con lo que señala el documento, esto significa que habrá tramos del río en los cuales el flujo de agua será limitado.

Se afirma, además, que todas las empresas prevén desviar el 90% del caudal natural del río hacia las salas de máquina, lo que derivará en la reducción del caudal del río.

Esta realidad tendrá una incidencia directa en algunas características del río, como la temperatura del agua, que es una de las cualidades físicas de mayor importancia de los sistemas acuáticos, indica el estudio.

Otro efecto negativo que menciona el documento es la pérdida de calidad del agua, algo que ya es un problema de esta fuente hídrica debido a la actividad agrícola y a los asentamientos humanos que lo rodean.

Es más, el informe precisa que el río tiene “presencia de coliformes fecales”, por el uso del río para descargar aguas negras, y por la ganadería intensiva.

SIN SUPERVISIÓN

Las consecuencias ambientales de los proyectos hidroeléctricos alcanzan la vida acuática, ya que, según la investigación, al alterarse el flujo del río por los embalses decrecerá la población de muchas especies, y esto, a su vez, traerá efectos adversos en las comunidades que viven aguas abajo de las presas.

A lo largo del río se han identificado 39 especies de peces, y la supervivencia de todas ellas se verá comprometida si los planes de mitigación, compensación y conservación no se abordan de forma coordinada en toda la cuenca, indica el informe.

Lo que es peor, se advierte que los estudios de fauna no se han desarrollado sistemáticamente y que los más recientes fueron hechos por algunos de los promotores de proyectos hidroeléctricos, como parte de sus estudios de impacto ambiental.

En el análisis realizado a los EIA de los proyectos hidroeléctricos, se hace evidente una debilidad institucional para el seguimiento y control, y una débil gestión ambiental por parte de los gobiernos locales. Además, la participación ciudadana no se considera de forma adecuada.

Silvano Vergara, director de Cuencas Hidrográficas de la Anam, dijo conocer el estudio del BID y agregó que, evidentemente, cuando se hace un análisis de todos los proyectos, los impactos aumentan y para contrarrestarlos los planes de mitigación deben ser acumulativos. “Lo que la Anam debe lograr es que cada una de las aplicaciones de las medidas de mitigación de cada proyecto sean sinérgicas, para poder mitigar los impactos acumulativos”.

Indicó que se llevan a cabo monitoreos, pero a cada proyecto de forma individual, y ahora deberían hacerse en conjunto.

Yaritza Espinoza, ambientalista de Chiriquí, pidió al BID no financiar estos proyectos hidroeléctricos por los efectos ecológicos que traerán, y más ahora que el Gobierno ha debilitado las normas ambientales. Se refiere a la reciente aprobación de la Ley 30 de junio de 2010, que dejó a criterio de los empresarios realizar los EIA o acogerse a las guías de buenas prácticas, que no existen aún en Panamá.

Sobre todo, dijo Espinoza, porque la Anam no está en “capacidad” de hacer cumplir los planes de mitigación de cada proyecto.

ECOTURISMO PIERDE ESPACIO EN EL RÍO

Una de las actividades que atrae a los turistas a la provincia de Chiriquí ya sufre las consecuencias de la construcción de las presas para proyectos hidroeléctricos. El recorrido del river rafting por el río Chiriquí Viejo se ha disminuido en 10 kilómetros, debido a restricciones por el incremento de los riesgos para la práctica de este deporte extremo, señala el estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El informe detalla que las afectaciones al rafting se deben al inicio de la construcción de dos proyectos hidroeléctricos: Baitún y Bajo de Mina, proceso que incluye el uso ocasional de explosivos.

La valoración global del rafting como negocio indica una clara tendencia a su desaparición, como resultado del impacto acumulado de la construcción de las diversas centrales hidroeléctricas en el río Chiriquí Viejo.

Esto, debido fundamentalmente a la disminución del volumen de agua del caudal del río, que no permitirá el desarrollo de este deporte de aventura. El informe recalca que de las actividades económicas que se desarrollan en el Chiriquí Viejo, el rafting será la que posiblemente se vea afectada de forma irreversible a mediano plazo.

¿La razón? Según el BID, las condiciones geográficas e hidrológicas naturales que presenta el río, y que son básicas para su práctica, están siendo afectadas con la construcción de las hidroeléctricas: la pendiente, el volumen de agua y la presencia de rocas en el lecho del río.

Por ello, recomiendan una evaluación detallada de todos los usos actuales y futuros del río para determinar los potenciales impactos de la explotación hidroeléctrica sobre los usos económicos de la cuenca. La práctica del rafting en el Chiriquí Viejo atrae a más empresarios cada día. Luego de que se constituyera la primera empresa –hace 15 años– se han creado otras dos. Según el estudio, la más reciente es una que opera hace tres años.