Sanción de la “Ley Chorizo” causa repudio generalizado

Sanciona ley 30 de 2010

Ejecutivo ignora repudio ciudadano a la ley 9 en 1

La ley reforma los códigos ‘de Trabajo’, ‘Penal’ y ‘Judicial’, así como seis leyes entre las que están la de la Policía, la de Ambiente y de Contrataciones Públicas.

Isidro Rodríguez
irodriguez@prensa.com

Ignorando el clamor de de ambientalistas, empresarios, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y estudiantes, el presidente, Ricardo Martinelli, sancionó la ahora llamada Ley 30 de 2010, “que dicta medidas para promover el desarrollo de la aviación comercial, reforma normas laborales y penales, y adopta disposiciones para posibilitar la ejecución de proyectos de interés nacional”. Atrás quedaba la escueta denominación original del proyecto que llegó a la Asamblea en sesiones extraordinarias el 7 de junio pasado, y que solo hablaba de aviación comercial y “otras disposiciones”.

Menos de 24 horas después de su llegada al país, y sin hacer declaración pública alguna, el Palacio de las Garzas informó de la sanción presidencial.

Los grupos ambientalistas habían sido invitados a la Presidencia en la tarde de ayer para reunirse con Martinelli, pero la reunión se canceló.

Grupos marcharán y demandarán la nueva ley

Unos 60 grupos que luchan a favor del ambiente, advirtieron que los cambios a la Ley General de Ambiente –que excluye los proyectos que así decida el Gobierno del proceso de evaluación ambiental– afectarán el financiamiento que recibe Panamá de organismos internacionales. Hoy, ambientalistas, sindicatos y otros grupos marcharán hasta la Presidencia, como muestra de rechazo a la Ley 30 (9 en 1), y mañana presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte.

Isidro Rodríguez

Sancionan reformas a los códigos ‘de trabajo’, ‘penal’ y ‘judicial’, así como a otras seis leyes

Martinelli no escuchó al país

Más de 60 grupos de ambientalistas, gremios empresariales, sindicatos, médicos, docentes, entre otros, pidieron sin éxito el veto a la ley.

GOLPE. Zuleika Pinzón, presidenta del Comité Panameño de UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), y representantes de otras organizaciones ambientalistas del país, expresan su decepción y preocupación por la sanción presidencial a la ley que modificó, entre otras cosas, la Ley General de Ambiente. LA PRENSA/Jihan Rodríguez

isidro rodríguez
irodriguez@prensa.com

Tras conocerse que el presidente, Ricardo Martinelli, había sancionado la Ley 30 –que reforma los códigos de Trabajo, Penal, Judicial, así como seis leyes–, los grupos que se opusieron a la también llamada ley 9 en 1 anunciaron nuevas acciones de rechazo.

En la tarde de ayer, 60 organizaciones que luchan a favor del ambiente repudiaron la acción presidencial que ignoró su petición de veto hecha pública durante una marcha de protesta del pasado martes.

Félix Wing, en representación de estas organizaciones, calificó de “bochornoso” el hecho de que los habían invitado a una reunión a las 3:30 p.m. en la Presidencia a dialogar, a pesar de que la ley había sido ya sancionada.

Wing comentó que las organizaciones ambientales del mundo están asombradas por el grave retroceso que representa la nueva legislación para Panamá.

El activista agregó que la norma que excluye del proceso de evaluación ambiental los proyectos que el Gobierno decida, viola convenios comerciales, de derechos humanos y ambientales. “Los únicos beneficiados de la eliminación de los estudios de impacto ambiental son los grandes intereses económicos, tanto nacionales como internacionales”, denunció.

Los ambientalistas no se darán por vencidos, y en los próximos días presentarán los recursos legales que correspondan ante la Corte Suprema de Justicia y los organismos internacionales.

Gabriela Etchelecu, de la Fundación MarViva, comentó que tienen información de que lo sucedido pone en peligro el financiamiento que pueda dar para proyectos el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial a Panamá.

Empresarios

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), la Cámara de Comercio, industrias y Agricultura de Panamá, y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) enviaron misivas ayer al mandatario para intentar detener la sanción presidencial. Tampoco fueron escuchados.

La SPIA considera que la nueva legislación choca con otras normas que rigen la figura del ingeniero residente en las obras, creando una gran confusión legal.

Por su parte, Gaspar García de Paredes, del CoNEP, lamentó la sanción al proyecto que, dijo, se aprobó sin las consultas correspondientes a los sectores del país.

Nueva Marcha

Los ambientalistas hicieron un llamado a la ciudadanía para que participe de la marcha convocada para hoy a las 4:00 p.m. por los movimientos sindicales, y que partirá del parque Porras en dirección a la Presidencia de la República.

Genaro López, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, y Samuel Rivera, de la Central General de Trabajadores de Panamá, invitaron a la población a la marcha, y lamentaron que el mandatario no escuchara la voz de la ciudadanía.

Los dirigentes sindicales no descartaron que el movimiento en rechazo a esta ley –que modificó el régimen legal de la huelgas– termine en una convocatoria a una huelga general.

Por su parte, Fernando Castañeda, de la Comisión Médica Negociadora Nacional, calificó la recién aprobada ley como nefasta y, por ello, apoyarán la marcha. Docentes y estudiantes también anunciaron que irán a la protesta.

Martinelli se queda en Palacio

Tras ocho días de gira por Grecia, el presidente, Ricardo Martinelli, retornó al país en la madrugada del pasado martes 15. En su ausencia, la polémica ley 9 en 1 (aprobada en el Gabinete del 26 de mayo) recibió luz verde en la Asamblea, en medio del Mundial del Fútbol. Desde su llegada, Martinelli no ha participado de ninguna actividad pública. Según fuentes de Palacio, el Presidente ha sostenido diversas reuniones en su despacho.

Un día después de su llegada, en el Gabinete ratificó el nombramiento de José R. Mulino y Roxana Méndez como ministros de Seguridad y Gobierno, respectivamente. Al día siguiente (ayer), desoyendo a los grupos ambientalistas y otros gremios del país que pedían un veto, Martinelli sancionó la ley. Solo una foto puesta en la página web de la Presidencia dio fe de ese acto, que fue prácticamente privado en la Presidencia.

Isidro Rodríguez

La Prensa

III comunicado de rechazo a la Ley que debilita Ley Ambiental de Panamá

III COMUNICADO DE PRENSA
ORGANIZACIONES AMBIENTALES, DE DESARROLLO Y DE LA SOCIEDAD CIVIL

Rechazo a la Ley que debilita Ley Ambiental de Panamá

Las organizaciones de la sociedad civil reiteramos que desde el inicio de los debates del proyecto de ley 177 estuvimos dispuestos a participar en las consultas de primer debate exponiendo a través de argumentos técnicos, jurídicos, ambientales y económicos las razones de por qué esta ley lesiona los intereses nacionales para el desarrollo sostenible y equilibrado.

Ninguno de los argumentos y razones expresadas fueron atendidos. Muy por el contrario prevaleció siempre la actitud de aprobar el proyecto cerrando toda posibilidad de reconsiderarlo y convocar un proceso abierto, transparente y amplio de consulta ciudadana.

Por lo antes expuesto, las organizaciones ambientales que suscriben este comunicado repudiamos la sanción de la ley por parte del Presidente, lo cual interpretamos como un desinterés palpable de valorar la dimensión ambiental como parte de la Agenda de Estado y fortalecer la institucionalidad ambiental que tanto ha costado construir en Panamá.

Esta modificación de la ley ambiental, de manera inconsulta y arbitraria, no mide las consecuencias que este retroceso implica para el bienestar social y económico del país. Además de atentar contra el orden jurídico ambiental, constituye también una afectación del derecho humano fundamental de un ambiente sano garantizado por la Constitución y otros instrumentos de derecho internacional.

Como muestra de nuestro rechazo a la sanción de esta ley, anunciamos que estaremos manifestándonos de distintas maneras, a nivel local e internacional.

Estaremos interponiendo las acciones legales correspondientes ante la Corte Suprema de Justicia y ante organismos internacionales de derechos humanos.

¡Panamá NO se vende!

Alianza Contaminación Cero (ACC)
Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)
Alianza Ciudadana Pro Justicia (ACPJ)
Alianza Pro Ciudad
Asociación Agroambientalista Macho de Monte, Chiriquí
Asociación Agroecoturística La Amistad (ASAELA)
Asociación Ambientalista de Chiriquí (ASAMCHI)
Asociación Amigos del Parque Internacional La Amistad (AMIPILA)
Asociación de Derecho Ambiental
Asociación de Estudiantes de Biología (ADEB)
Asociación de Productores Agroecológicos La Amistad (ADPAELA), Chiriquí
Asociación de Productores de Renacimiento (APRE)
Asociación de Propietarios de Ciudad Jardín Albrook (APROJAL)
Asociación de Productores de Cultivos Exportables (APCE)
Asociación de Propietarios y Residentes de Clayton (APRECLA)
Asociación de Derecho Procesal Marítimo
Asociación Ecologista Panameña
Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (PANAIDIS)
Capítulo Panamá
Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON)
Asociación Oceánica de Panamá (AOP)
Asociación Panameña de Derecho Constitucional (APADEC)
Asociación para la Conservación de la Biósfera (ACB), Chiriquí
Asociación para la Protección del Mar (PROMAR)
Cámara Panameña de Empresas Consultoras Ambientales (CAPECA)
Centro de Estudios y Acción Social de Panamá (CEASPA)
Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)
Centro de Investigación y Derechos Humanos de Panamá
Centro Misionero de La Concepción, Chiriquí
Colectivo Voces Ecológicas (COVEC)
Colegio de Biólogos de Panamá (COBIOPA)
Colegio Nacional de Abogados (CNA)
Colibrí-Asociación Ecologista de Panamá, Chiriquí
Comité de Defensa y Protección de la Naturaleza en Gualaca (CODEPRONAGUA), Chiriquí
Comité Pro Defensa del Río Gariché, Chiriquí
Comunidad de Quebrada Caña, Chiriquí
Comunidad de Santa Marta, Chiriquí
Congreso General Ngöbe-Buglé
Consejo de Salud, Seguridad y Medioambiente de Panamá (COSSMAP)
Conservation International (CI)
Fundación Albatros Media
Fundación Almanaque Azul
Fundacion Avifauna Eugene Eisenmann
Fundación Humanitas
Fundación MarViva
Fundación NATURA
Fundación para el Desarrollo Integral del Corregimiento de Cerro Punta
(FUNDICCEP), ChiriquÍ
Grupo la Zapatilla Verde
Grupo Orgánico de Agricultores Cerropunteños (GORACE)
Human Rights Everywhere (HREV)/Comuna Sur
Junta Administradora del Acueducto Rural de Santa Rita, Chiriquí
Junta Administradora del Acueducto Rural de La Victoria, Chiriquí
Justicia, Paz e Integridad de la Creación de los Misioneros Claretianos de Centroamérica
Manos & Cerebros
Movimiento Campesino en Defensa del río Cobre (MOCAMDERCO), Veraguas
Movimiento Juventud Revolucionaria, Colegio José Daniel Crespo, Chitré
Movimiento M10 de Tabasará
Red Nacional de Defensa de los ríos, tierras y comunidades
Sociedad Audubon de Panamá (SAP)
Sociedad Mastozoológica de Panamá

Panamá, 16 de junio de 2010

Martinelli sanciona y promulga “Ley Chorizo”

Martinelli sanciona y promulga “Ley Chorizo”

Redacción El Panamá América 16 de junio de 2010

Presidente de la República, Ricardo Martinelli. Foto/Archivo/EPASA

[16 Jun|12:43] Pese a las criticas y a los llamados para que vetara la ley, el presidente de la República, Ricardo Martinelli sancionó la Ley 30 que dicta medidas para promover el desarrollo sostenible de la Aviación Comercial en Panamá y que además incluye polémicas reformas laborales, penales ,  judiciales y  ambientales.
El documento  promulgado en Gaceta Oficial lleva la firma del presidente de la República, Ricardo Martinelli, el ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, el presidente de la Asamblea de Diputados, José Luis Varela y el secretario General, Wigberto Quintero.
En materia laboral,  la ley estipula que el empleador no está obligado a descontar a sus trabajadores ninguna cuota a favor de los sindicatos y que la mismas debera ser de forma voluntaria.
Además da orden inmediata a las autoridades de la Policía para que garanticen y protejan a las personas y propiedades una vez iniciada una huelga. Así como también ordena la suspensión de las labores de los trabajadores que apoyan la huelga.
OPINIONES

Si creen que se han salido con las suyas se equivocan. Ningún proyecto puede obviar el Estudio de Impacto Ambiental y las Guías de Buenas Practicas Ambientales sólo pueden aplicarse como COMPLEMENTO y no como REEMPLAZO a las normas ambientales de seguimiento ambiental de los EIA. Por tanto, creemos que se logró el objetivo de presión ciudadana hacia los diputados que aprobaron con estrepitosa rapidez y nerviosismo este proyecto del Órgano Ejecutivo. Los confusos diputados pretendieron abrir la puerta y la cerraron más. La pretendida injerencia del Ejecutivo en los EIA como nueva autoridad ambiental en EIA será un apéndice intestinal.
En lo único que nos ganaron fue en la eliminación del artículo que compensaba a los ciudadanos que denunciaban un hecho ambiental y que recibían un porcentaje de la multa cobrada al infractor. Otro día recuperamos este artículo.
Evidentemente que los trabajadores y sus derechos sí han quedado totalmente cercenados en muchos aspectos. Recuerden trabajadores somos todos.

Ariel Rodríguez Vargas, Ecologista

Sólo han hecho los que le da la gana, no lo que el pueblo quiere, y así se jactan de decir que promueven la consulta ciudadana. Que esto sirva para quitarle la venda de los ojos a algunos.

Laila Rodríguez, Ecologista

Aparte de solicitar anular la ley 177, debemos pedir su renuncia y la del vicepresidente e ir buscando un candidato provisional hasta que se resuelva este asunto.
SR. MARTINELLI, YO LE PIDO SU RENUNCIA Y LA DEL VICE PRESIDENTE….USTED, NO ES APTO PARA EL PUESTO Y SU SUCESOR TAMPOCO!
El pueblo se equivocó una vez mas! Pero nunca es tarde para corregir los errores!

Linda Schwartz, Ecologista

Es una burla cuando el vicepresidente y el ministro de la presidencia habian convocado a una reunión a los grupos ambientales en la Presidencia a las 3 pm. QUE IRRESPETO!!!!

Raisa Banfield, Ecologista

Los únicos beneficiados de la eliminación de los estudios de impacto ambiental son los grandes intereses económicos, tanto nacionales como internacionales”,

Félix Wing, Ecologista

Con la sanción de esta ley, Panamá es el primer país de América en eximir proyectos de gran impacto de un Estudio de Impacto Ambiental. Esta ley pone en peligro los futuros financiamientos que puedan otorgar el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo para las mismas obras que el gobierno busca eximir de dichos estudios.

Gabriela Etchelecu, Ecologista

Chiriquí rechaza Ley 177 que debilita legislación ambiental

COMUNICADO AL PAÍS DE ORGANIZACIONES AMBIENTALES DE CHIRIQUÍ

Sobre la Ley 177 que afecta derechos laborales,

derechos humanos y derechos ambientales

En los últimos días la ciudadanía panameña ha elevado de manera insistente y con mucha vehemencia sus preocupaciones por la aprobación de la Ley 177, “Que adopta medidas para promover el desarrollo sostenible de la aviación comercial, actividades en desarrollo, y dicta otras disposiciones”.

Sin embargo y lamentablemente, todas las autoridades, líderes políticos y altos funcionarios del gobierno, se han hecho de oídos sordos y parece que la mudez ha invadido de manera generalizada a todos nuestros diputados honestos y responsables, que conocen y son conscientes de los grandes daños que representa esta Ley, tanto para las actuales como para las futuras generaciones de panameños que tienen derecho, igual que hoy, a una vida digna y a un ambiente sano y libre.

Esta Ley, igualmente vulnera los principios fundamentales de la libertad de los trabajadores y de la ciudadanía en general, de los miles de panameños que día a día ponen su granito de arena para el desarrollo de nuestro país, y le otorga privilegios a cierto sector para que actúen como si estuviésemos en la era medieval, reprimiendo a todos los que en algún momento no estén de acuerdo con los gobernantes de turno.

La democracia es consenso, la democracia es participación, la democracia es respeto, la democracia es procurar el bien común y no de unos cuantos, que aprovechan sus posiciones de poder para beneficiarse, sin importarles el futuro de las comunidades.

Por todo esto, las organizaciones ambientales de la provincia de Chiriquí emitimos las siguientes solicitudes:

RESOLVEMOS:

1. Decirle un no rotundo a la imposición de la ley 177 a la cual denominamos la ley de la muerte.

2. Pronunciarnos públicamente en rechazo a las imposiciones del gobierno dirigido por el Sr. Ricardo Martinelli.

3. Llamar a los funcionarios públicos decentes de nuestra provincia para que fortalecidos en el apoyo ciudadano digan un no a las arbitrariedades que se cometen y se pretenden legalizar mediante la ley 177.

4. Exhortamos a los intelectuales panameños, especialmente a aquellos vinculados a la temática socio-ambiental, a pronunciarse entorno a esta ley, ya que nuestro país así lo requiere en los momentos más difíciles.

5. Repudiamos la actitud sumisa, complaciente y sin criterio propio de los diputados que dieron su voto a esta nefasta ley.

6. Recordarles que ustedes no representan a los intereses económicos, sino a la población que confió en ustedes, y nunca se les ha dado un cheque en blanco para que actúen sin contemplar la opinión del pueblo panameño.

7. Si a la fuerza se imponen estas reformas, hacemos responsable por los daños sociales, ambientales, económicos y culturales que sufra nuestro país al Sr. ricardo martineli, su gabinete, asamblea de diputados, alcaldes y gobernadores, que serán señalados como los destructores y mayores traidores de Panamá.

8. Solicitamos al señor presidente actúe con sensatez y la prudencia para bien del pueblo panameño, y por tanto, le pedimos que vete la ley 177 por ser inconveniente para el país.

Organizaciones firmantes:

ALIANZA PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL DE TIERRAS ALTAS – ADATA

FUNDICCEP,

AMIPILA,

ASAELA,

APCE

GORACE,

GENAT.

ADPAELA,

APRE

GERPROPILA,

ASEPOR REAL BOQUETE

ASOCIACIÓN MACHO MONTE

ASOCIACIÓN AMBIENTALISTA DE CHIRIQUI

ASOCIACIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIOSFERA

MOVIMIENTO M10 DEL TABASARÁ

CEMCODE

COLIBRI, ASOCIACIÓN ECOLOGISTA DE PANAMÁ

COMITÉ DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA EN GUALACA (CODEPRONAGUA)

CODETIAGUAS: COORDINADORA PARA LA DEFENSA DE TIERRAS Y AGUAS.

ASOCIACIÓN PRO DEFENSA DE LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS.

COMITÉ PRO DEFENSA DEL RÍO GARICHE Y SUS AFLUENTES.

Dado en David, el 16 de junio de 2010

Gobierno ignora críticas y protestas ambientales y sociales a la Ley 177

‘El proyecto de ley será sancionado hoy’: Mulino

Mientras el Ejecutivo sigue defendiendo la ley 9 en 1, un millar de protestantes marchó desde la Iglesia del Carmen al parque Urracá para pedir que sea vetada. Aseguran que irán a los tribunales internacionales.

caminata. Con decisión y creatividad, los participantes en la marcha de ayer hicieron oír su voz de protesta. LA PRENSA/Eduardo Grimaldo

José González Pinilla
Isidro Rodríguez

panoramal@prensa.com

El Gobierno defendió ayer la legalidad del proceso de aprobación del proyecto de ley 177 –que reformó tres códigos y seis leyes–, justo cuando grupos ambientalistas, estudiantes, obreros, activistas de diversas organizaciones y políticos de oposición realizaban una marcha para exigirle al presidente, Ricardo Martinelli, que vete el documento aprobado a puertas cerradas por la Asamblea Nacional, el pasado 12 de junio.

El ministro de Seguridad, José Raúl Mulino –acompañado de la ministra de Trabajo, Alma Cortés; la ministra de Gobierno, Roxana Méndez, y el director de la Autoridad Nacional del Ambiente, Javier Arias– rechazó los generalizados cuestionamientos sobre el procedimiento utilizado por el Ejecutivo y el Órgano Legislativo para la aprobación de la polémica ley, asegurando que se había cumplido con lo establecido por la Constitución.

“Lo que se ha dicho en los últimos días en contra de esta ley son falacias”, alegó Mulino, al tiempo que aseguraba que el presidente Martinelli sancionaría hoy el documento.

En relación a los manifestantes, el ministro Mulino lanzó una advertencia: quienes cierren las calles irán a la cárcel.

nutrida concurrencia a marcha contra aprobación de ley 9 en 1

Grupos se pintan de verde

Ambientalistas, obreros, maestros, estudiantes, miembros de la sociedad civil organizada y algunos políticos marcharon pacíficamente.

rechazo. Los manifestantes portaban un enorme chorizo de papel, en alusión al nombre dado al proyecto de ley debido a las nueve reformas (tres códigos y seis leyes) que los diputados aprobaron dentro del documento. LA PRENSA/Eduardo Grimaldo1393568

Isidro Rodríguez
irodriguez@prensa.com

Cerca de un millar de personas, en su mayoría vestidas de blanco, participaron ayer en una marcha para protestar contra la aprobación del llamado proyecto de ley 9 en 1 y exigir el veto de esta por parte del presidente, Ricardo Martinelli.

Activistas de grupos que luchan a favor del ambiente, estudiantes, docentes, sindicalistas, representantes de agrupaciones de servidores públicos y miembros de partidos políticos marcharon de forma pacífica para demostrar su rechazo al citado proyecto de ley, aprobado el pasado sábado 12 de junio por la Asamblea Nacional y que reformó los códigos de Trabajo, Penal, Judicial, así como seis leyes.

La marcha se inició a la 5:40 p.m. y partió de los estacionamientos de la Iglesia del Carmen, en Vía España, y siguió a lo largo de la Avenida Federico Boyd hasta llegar al parque Urracá, en la Avenida Balboa. Patrullas y agentes de la Policía Nacional vigilaban los principales cruces viales del recorrido.

Durante la marcha, algunos estudiantes realizaron representaciones dramáticas de protesta, como la muerte de la flora y fauna, simbolizadas por jóvenes que eran golpeadas con un látigo por un enmascarado que hacía las veces del presidente de la Asamblea, José Luis Varela.

Otro grupo de manifestantes portaba un enorme chorizo de papel, en alusión al nombre con el que también se le ha llamado a la ley 9 en 1.

Varios de los marchantes portaban cartelones con diferentes mensajes. Mientras caminaban, gritaban consignas como “Presidente, queremos el veto”.

El proyecto de ley aprobado por la Asamblea incluyó una modificación a la Ley General del Medio Ambiente, que elimina el estudio de impacto ambiental de proyectos que el Ejecutivo considere de interés social, y está pendiente de la sanción del mandatario para convertirse en ley de la República.

A la convocatoria realizada por los ambientalistas se sumaron también grupos de abogados gremialistas, estudiantes, y organizaciones sindicales y de trabajadores, como el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados y la Coordinadora de Unidad Sindical Independiente. Los docentes y estudiantes de carreras ambientales de la Universidad Tecnológica de Panamá también se unieron.

Tras la marcha, los manifestantes se congregaron en un improvisado mitin en la cancha de baloncesto del parque Urracá, donde algunos de sus dirigentes hicieron uso de la palabra.

Raisa Banfield, del Centro de Incidencia Ambiental, dijo que de ser sancionado el proyecto, presentarán una demanda de inconstitucional ante la Corte Suprema, y además asistirán a otras instancias internacionales a denunciar al Gobierno panameño por incumplimiento de convenios internacionales en materia ambiental.

Participaron políticos de los partidos opositores, como Balbina Herrera, ex candidata presidencial del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD); Milton Henríquez, presidente del Partido Popular y Menalco Solís y Mireya Lasso, miembros del desaparecido partido Vanguardia Moral de la Patria.

El sociólogo Raúl Leis sostuvo que la unidad que se está dando entre varios sectores, que jamás pensaron marchar juntos, es por los errores que comete el Ejecutivo.

Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana pro justicia, dijo que esta ley afecta grandemente al ambiente y también es un golpe fuerte para el movimiento sindical.

Saúl Méndez, del Suntracs, hizo un llamado a la población a salir a la calle a protestar. Igual posición adoptó el dirigente magisterial Mario Almanza. Al final de la marcha, los asistentes cantaron el himno nacional y se retiraron pacíficamente.

Gobierno sale en defensa del proyecto de ley 9 en 1

Los ministros José Raúl Mulino, Roxana Méndez y Alma Cortés, así como el administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente, Javier Arias, defendieron ayer el proyecto de ley sobre aviación que, de paso, reformó el Código Laboral, el Judicial y el Penal, así como otras seis leyes del país.

Según Mulino, en los últimos días se han vertido “informaciones falsas y se han dicho medias verdades” sobre el proyecto.

Aseguró que el documento no pretende crear una zona de impunidad para los miembros de la Fuerza Pública, ni busca crear los escuadrones de la muerte como han dicho los detractores de la propuesta.

“Han querido hacer una tormenta en un vaso de agua por cuestiones politiqueras”, aseguró.

Según Mulino, el Gobierno cumplió con lo que establece la Constitución en relación al proceso legislativo. “Se hicieron las consultas y pasó los tres debates”, agregó, al tiempo que afirmaba que el presidente, Ricardo Martinelli, sancionaría hoy el proyecto. En cuanto a la marcha, reiteró que quienes cierren las calles irán a la cárcel.

La ministra de Trabajo, Alma Cortés, también defendió las reformas aplicadas al Código de Trabajo que, dijo, “buscan proteger a los no huelguistas en las empresas”.