Gobierno panameno desmonta Estudios de Impacto Ambiental, Derechos humanos y laborales

BANCADA OFICIALISTA IGNORA REPUDIO NACIONAL

Proyecto 9 en 1, a punto de ser ley

Ni los discursos de los diputados opositores ni los llamados de atención de los grupos civiles impidieron la aprobación de la polémica propuesta.

APROBADO. Oficialistas celebran el ‘sí’ dado al proyecto del Ejecutivo. LA PRENSA/Jorge Fernández

OHIGGINIS ARCIA JARAMILLO
oarcia@prensa.com

A puertas cerradas y con policías dentro del edificio de la Asamblea Nacional –por orden del presidente, José Luis Varela–, la mayoritaria bancada oficialista aprobó ayer, en tercer debate, el proyecto de ley sobre aviación comercial que además reforma los códigos de Trabajo, Penal y Judicial, y otras seis leyes.

42 votos a favor y 17 en contra fue el resultado de la votación, que deja el proyecto a un paso de convertirse en ley, a pesar del rechazo de los diputados de oposición y de decenas de grupos de la sociedad civil organizada que durante toda la semana acudieron a la Asamblea para exigir que se eliminaran de la propuesta de ley los temas de ambiente, derechos humanos y sindicalismo.

Miembros de grupos como MarViva, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, el Centro de Incidencia Ambiental, la Unión de Aviadores Comerciales y el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción no ingresaron al hemiciclo legislativo ayer, porque el presidente de la Asamblea así lo ordenó.

Tras conocer que el proyecto había sido aprobado, los grupos convocaron a una reunión en la Universidad de Panamá, mañana lunes, a las 5:00 p.m., para analizar las medidas que tomarán para que el presidente, Ricardo Martinelli, quien estuvo fuera del país los últimos cinco días, lo vete.

PROPUESTA ENVIADA POR EL EJECUTIVO PASA EL TERCER DEBATE

Diputados le dan otro ‘sí’ al polémico proyecto 9 en 1

Por segundo día consecutivo, la Asamblea sesionó a puertas cerradas. Esta vez lo hizo, además, rodeado de policías.

AMBIENTE. Mientras en la parte exterior del Palacio Justo Arosemena la policía impedía la entrada a los opositores del proyecto, dentro los diputados votaban a favor de esta iniciativa del Ejecutivo. LA PRENSA/Jorge Fernández

OHIGGINS ARCIA JARAMILLO
oarcia@prensa.com

El rechazo de los trabajadores, ambientalistas y aviadores comerciales al proyecto 9 en 1 fue ignorado por los 42 diputados oficialistas que participaron ayer del debate en la Asamblea Nacional.

Tras cuatro horas de discusión (a la 1:00 p.m.), la bancada oficialista aprobó en tercer debate el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que promueve la aviación civil, reformando de paso el Código Penal, el Código Judicial y el de Trabajo, además de seis leyes.

Si el presidente, Ricardo Martinelli, le da el visto bueno a esta propuesta, los policías no serán detenidos por la comisión de un delito en sus horas laborales. Además, las obras que el Gobierno declare como de “interés social” no deberán someterse al estudio de impacto ambiental; y cuando los trabajadores declaren una huelga, no podrán cerrar la empresa.

Los anteriores aspectos son los que más preocupan a grupos como el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), MarViva y la Alianza Ciudadana pro Justicia.

Miembros de estos grupos –como Raisa Banfield, Gabriela Etchelecu, Alida Spadafora y Saúl Méndez– trataron de entrar a la Asamblea para repudiar la ley.

Sin embargo, todas las puertas de acceso estaban cerradas. No les quedó otra opción que gritar consignas desde la Plaza 5 de Mayo.

En tanto, en el hemiciclo, los diputados oficialistas y los opositores seguían enfrentados. Los primeros buscaban que la ley fuera aprobada lo antes posible, mientras que el otro bando quería dilatar el debate.

De la bancada de oposición hicieron uso de la palabra 10 diputados, entre ellos Juan Carlos Arosemena, Raúl Pineda, Leandro Ávila y Benicio Robinson.

De los oficialistas, pocos pidieron la palabra. Pero hubo quienes –como Miguel Fanovich y el presidente de la Asamblea, José Luis Varela– defendieron con elocuencia la propuesta del Ejecutivo. Finalmente, recibió 42 votos a favor y 17 en contra.

Las reacciones de la sociedad civil no se hicieron esperar. Banfield dijo que, si el Ejecutivo sanciona el documento, lo demandarán.

Saúl Méndez también advirtió que no se quedarán de brazos cruzados. “Llamamos al pueblo a una resistencia social”, anunció.

El vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, aceptó que “faltó divulgación y una mejor exposición del contenido de la ley”. Sin embargo, no explicó por qué razón se incluyeron nueve temas tan variados en una sola propuesta de ley.

¿Qué poder tienen los obreros?

El movimiento sindical está en alerta. La reciente reforma parcial al Código de Trabajo incluyó cambios a las convocatorias a huelga, y a la formación de nuevos gremios de trabajadores. Estas nuevas disposiciones no fueron del agrado del sector obrero, uno de los más beligerantes del país. Por ello, dicen, no descartan convocar a una huelga general en rechazo a estos y otros cambios que ha anunciado el Gobierno para julio próximo. Pero, ¿qué poder tienen los obreros?, sector que en los últimos años ha mostrado tantas divisiones.

EL PANORAMA

El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) es el gremio que aglutina la mayor parte de los sindicatos del país.

En la actualidad está integrado por 10 grupos de todo el país, con un total de 180 mil trabajadores. Están en el Conato, la Confederación de Trabajadores de la república de Panamá (CTRP), la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP), la Confederación Gremial de Trabajadores de la República de Panamá (CGTRP), la Federación Nacional de Servidores Públicos de Panamá (Fenasep), la Federación Sindical de los Trabajadores de Panamá, la Confederación Gremial de Trabajadores, la Confederación Gremial, Convergencia Sindical, la Unión General de Trabajadores y la Casa Sindical.

La Confederación Nacional de Unidad Sindical (Conusi), una de las más fuertes, formaba parte de Conato, pero fue expulsada justo cuando se discutían las polémicas reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), en 2005.

Conusi es el grupo más poderoso, porque tiene en sus filas al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs). Además, cuenta con ocho federaciones, tres sindicatos regionales y cuatro sindicatos nacionales.

“Fuimos expulsados de Conato porque en ese momento el gobierno del Partido Revolucionario Democrático (PRD) así lo quiso”, aseguró Gabriel Castillo, secretario general de la Conusi.

Conusi está formada, en su mayoría, por trabajadores del comercio, de la agricultura, de la industria del papel y de la telefonía. En total, son unos 52 mil empleados, calculó Castillo.

SUS RECURSOS

En 2005, cuando se discutieron las reformas a la ley de la CSS, el movimiento sindical se fue a huelga general, en medio de la pelea interna entre los dirigentes.

A pesar de las divisiones, lograron su objetivo: presionar al Gobierno mediante la paralización laboral, para que estableciera una mesa de diálogo por el Seguro Social. A ellos se les unió el sector de los médicos, el de los educadores y el de los profesionales del país. La huelga duró un mes.

Según Castillo, en estos momentos están preparados para resistir nuevamente un mes de huelga, para enfrentar lo que ellos califican como las “nefastas” reformas laborales que impulsa el gobierno del presidente, Ricardo Martinelli.

La Conusi maneja su propio presupuesto. Cada trabajador le aporta 10 centésimos mensuales (lo que suma 62 mil 400 dólares cada año), explicó Castillo. Además, Suntracs, recauda una cuota de dos dólares por cada obrero de la construcción. “Lógicamente, el sindicato más fuerte económicamente es Suntracs”, reconoció Castillo.

Rafael Chavarría, dirigente de Conato, aseguró que esta agrupación también está preparada para resistir un mes de huelga, aunque sostuvo que cuentan con una mejor estrategia para no llegar a ese extremo. Se trata, explicó, de lograr el apoyo de todos los sectores del país para que la huelga solo dure un día. “Así la presión es más fuerte para el Gobierno”, adujo.

LA LUCHA VA

Los líderes sindicales aún tienen diferencias. Sin embargo, han lanzado puentes para lograr una unidad, con el objetivo de crear un frente común en contra de las anunciadas reformas laborales. Genaro López, secretario general del Suntracs, indicó que aún desconfían de la cúpula del Conato –luego de que aprobaran la expulsión de Conusi en 2005–, aunque anunció que están dispuestos a dialogar con dirigentes intermedios.

Por su lado, Castillo informó que esa posibilidad está sobre el tapete y la analizarán. “La división no es un secreto, pero el movimiento sabe dejar aparte esas diferencias para luchar unidos”.

Rafael Chavarría, por su lado, dijo que esperan la respuesta de Conusi.

José González Pinilla

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ASAMBLEA NACIONAL

Aprueban proyecto 177

Un grupo de defensores del ambiente se manifiestan afuera del Palacio Legislativo, mientras se discutía a puerta cerrada el polémico proyecto de aviación número 177.

PANAMÁ. El proyecto de ley de aviación número 177 llegó a la Asamblea Nacional con la pretensión de regular la actividad aérea y comercial de Panamá. El pasado lunes 7 de junio fue presentado por el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino.

Para sorpresa de muchos, el proyecto estaba cargado de otras reformas. Modificaciones a tres códigos y seis leyes que nada tenían que ver con la aviación comercial fueron aprobadas a puerta cerrada, el sábado 12 de junio a las 12:57 del mediodía en tercer debate con 42 votos a favor y 17 en contra.

En su trayecto, la ley de aviación perdió su identidad y hoy es conocida como: ‘ley langosta’, ‘ley chorizo’, ‘ley 9 en 1’ y hasta ‘ley golazo’, en alusión a que por estos días se inauguró el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010.

Desde las nueve de la mañana del sábado, a la Asamblea Nacional llegaron defensores del medio ambiente y trabajadores de la construcción.

Mientras dentro del Palacio los diputados —tanto de oposición como oficialistas— discutían el polémico proyecto, afuera un grupo de trabajadores protestaban jugando fútbol en medio de la calle y otro grupo de defensores del ambiente con pancartas en mano gritaban consignas como ‘allí están, esos son los que venden la nación’ y ‘sin lucha no hay victoria’.

Genaro López, del Suntracs, reaccionó a lo aprobado por los diputados señalando que no se quedarán cruzados de brazos y demandarán el proyecto por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, Fernando Arango, pidió al presidente de la República, Ricardo Martinelli, que considere vetar esta ley por considerar que debió ser más discutida y conversada por todas las partes. Arango también crítico que el proyecto de ley de aviación haya servido para aprobar otras leyes, como las normas penales, laborales y ambientales.

LO APROBADO

En el tema laboral, fue aprobado el artículo número 12, que contempla que el empleador no estará obligado a descontar a sus trabajadores cuotas sindicales y dispone que aquel trabajador que decida afiliarse a un sindicato deberá pagar las cuotas por voluntad propia.

Otro de los artículos que fue aprobado en el paquete del proyecto de aviación es el que establece que cuando un miembro de la Policía Nacional sea denunciado o querellado por la presunta comisión de un delito en el servicio o cumplimento de su deber, por motivo de uso de la fuerza excesiva, no se ordenará su detención preventiva ni se decretará la suspensión provisional de su cargo.

Del Código Penal se aprobaron disposiciones en materia de penas a quienes falsifiquen o alteren, total o parcialmente, un pasaporte panameño, cédula, licencia de conducir o visa, y se aplicará una pena de 5 a 10 años.

Uno de los temas más discutidos fueron las normas de impacto ambiental, se estableció en el artículo 32 que las actividades, obras o proyectos que por su naturaleza o características puedan generar riesgo ambiental requerirán de un estudio de impacto ambiental previo al inicio de su ejecución.

Estas actividades, obras o proyectos, deberán someterse a un proceso de evaluación de impacto ambiental, incluso aquellos que se realicen en la cuenca del Canal de Panamá y las comarcas indígenas.

EN PIE DE GUERRA

El proyecto 177, aprobado en tercer debate, ha servido para unir más a los panameños, así lo aseguró la defensora del medio ambiente Raisa Banfield, quien indicó que esperarán la decisión que tome Martinelli, sancionar o vetar la ley.

Banfield dijo que, de no vetarse esta ley, ellos acudirán a todas las instancias legales que tengan a su alcance, en la justicia, debido a que Panamá se perfila como un defensor de derechos ambientales y lo aprobado por los diputados es un retroceso a los logros alcanzados por ellos, explicó.

Los diputados de oposición se manifestaron en contra de la aprobación en tercer debate de la ley. Leandro Ávila, del PRD, afirmó que ‘la asamblea solamente trabaja sábado cuando se trata de aprobar leyes impopulares’.

RECURSO. Grupos que la adversan amenazan con demandarla

Aprueban “Ley Chorizo” bajo estricto cerco policial

Quienes se oponen al proyecto convocaron a una reunión mañana y a una marcha desde la Iglesia del Carmen el próximo martes.

Carlos Anel Cordero

PA-DIGITAL

Golazo. Mientras el dirigente obrero Saúl Méndez dominaba un balón, los diputados daban tercer debate a la “Ley Chorizo”.

Ambientalistas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil advirtieron que un grupo de asesores legales evaluarán el denominado proyecto de “Ley Chorizo”, aprobado ayer en tercer debate, a fin de determinar las posibilidades de demandarlo por “ilegal e inconstitucional”.

Al mismo tiempo, solicitaron al presidente de la República, Ricardo Martinelli, que no lo sancione y que haga uso de su facultad constitucional de vetarlo. Amenazaron con demandarlo en tribunales nacionales e internacionales.

Hay que reconocer que este Gobierno ha logrado que grupos de la sociedad civil, ambientalistas, empresarios y sindicatos se unan en contra de una iniciativa que los afecta a todos, dijo Raisa Bandfield, vocera de los grupos ecologistas.

El proyecto fue aprobado ayer en medio de extremas medidas de seguridad en el Palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea.

Leandro Ávila, de la bancada del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), dijo que ni en la época de la dictadura, la Asamblea Nacional había sido “sitiada” por la Policía Nacional, al punto que hasta a los diputados y periodistas les dificultaron el acceso al recinto legislativo.

José Luis Varela, presidente de la Asamblea, justificó el hecho alegando que en los días anteriores, grupos sindicales y ambientalistas se negaron a abandonar el recinto y que al día siguiente, un grupo de activistas ambientalistas estuvo a punto de romper la lámina transparente que separa las gradas del Pleno.

Sectores opositores calificaron el proyecto como “Ley Chorizo”, por la diversidad de materias que incluye.

La iniciativa modifica los códigos de Trabajo, Penal y Judicial, las leyes Ambiental, de Contrataciones Públicas, Aeronáutica Civil, la de la Fiscalía de Cuentas y del Ente Regulador de los Servicios Públicos.

En esta última materia, la ley dispone que cuando se construya un proyecto y haya que remover postes de cableado de servicios públicos, las empresas prestadoras de servicios tendrán un plazo para removerlos y en el caso de que no lo hagan, se ordenará su remoción y luego se pasará la cuenta a la empresa propietaria.

OPINIONES

EDITORIAL DE EL PANAMÁ AMÉRICA
La falsa democracia

Con el proyecto de ley, llevado hace unos días a la Asamblea Nacional, el Gobierno ha creado tal confusión en la sociedad panameña, que hace dudar de las intenciones oficialistas. Es fácil creer que se trata de enmarañar el sistema normativo que nos rige con el objetivo de revolver el río y obtener las ganancias de pescadores tan famosas. El grupo en el poder debe (y puede) cambiar de métodos de gobierno, pues están destruyendo la democracia al simplemente ignorarla.

¿Quiénes deberían alertar sobre lo que está ocurriendo? Nada menos que los diputados. Pero éstos –sin ninguna preocupación ni autonomía de pensamiento- no hacen nada. O no se enteran. Quizá no les importa, lo cual es todavía peor. Hay más indiferentes y apáticos en la Asamblea que en las calles de Panamá, y por eso quizá no miden las consecuencias de sus actos.

Todo indica que la intención del Presidente Martinelli es seguir ignorando a la sociedad civil. Y ante la resistencia de los grupos de oposición, resulta triste el espectáculo de aquellos diputados que acusan a estos panameños organizados de violentar sus rejas, cuando ellos son quienes violentan de la peor manera el ambiente político del país donde a todos nos toca vivir.

EDITORIAL LA PRENSA

Hoy por Hoy

Un claro ejemplo de que la sociedad civil organizada y el Gobierno pueden trabajar juntos y lograr importantes avances en distintos temas de interés nacional, es la labor que se viene realizando desde hace casi un mes en materia de seguridad. En esta ocasión, los resultados de las reuniones efectuadas entre el Gobierno y las distintas organizaciones de la sociedad civil ya tienen resultados, al menos en lo teórico.

Lastimosamente, esta reflexión no puede más que dejar un sabor agridulce, pues la convivencia pacífica entre el Gobierno y los gobernados se ha visto, en repetidas ocasiones, alterada por las arbitrariedades cometidas por la administración del presidente Martinelli.

Tal vez otra hubiera sido la historia si la opinión de la sociedad civil hubiese sido tomada en cuenta al momento de elegir a los nuevos magistrados de la Corte, cuando se destituyó a la Procuradora de la Nación, o cuando se aprobaron los coloquialmente llamados “proyecto de los carcelazos” y recientemente el gran “golazo legislativo”. La administración Martinelli tiene que recapacitar y entender que las leyes hay que cumplirlas, que la opinión de quienes lo eligieron merece ser escuchada, y que la arbitrariedad no es la forma de gobierno que los panameños nos merecemos.

OPINIÓN DEL ÁTICO (ESTRELLA DE PANAMÁ)

LO QUE HACEN CON LAS MANOS. .. … lo destruyen a patadas. Definitivamente, los dirigentes del Gobierno no tienen una mano limpia de Pocker. Esconden en sus mangas todos los ases que les viene en gana. Señores, se están equivocando garrafalmente, están irrespetando al pueblo, a la vez que lo amenazan con leyes traídas de los cabellos y que atentan contra el aún débil Estado de Derecho. El voto no es una carta en blanco para que hagan y deshagan a su antojo, son apenas una junta directiva del Estado, no se confundan.

OPINIÓN DEL DIRIGENTE DEL SINDICATO MÁS GRANDE DE PANAMÁ

Otro exabrupto gubernamental

GENARO LÓPEZ*
rologe54@yahoo.com

Si las sesiones extraordinarias son convocadas para temas específicos, ¿cómo se explica que se reformen el Código Penal, Laboral y Judicial si esto no estaba en agenda, además de seis leyes adicionales: Ley General del Ambiente, Ley Orgánica de la Policía, la que crea el Tribunal de Cuentas, la Ley marco de Servicios Públicos, etc? ¿Cómo la Comisión de Transporte puede aprobar un anteproyecto de ley sin consultar al resto de las comisiones en temas que le compete? Tal como han señalado juristas del país, se entremezclan materias que debieran ser discutidas en forma separada por su especialidad.

No cabe duda de que esta actuación se suma a la larga lista de exabruptos del gobierno de Ricardo Martinelli, donde la Asamblea Nacional se convierte en cómplice del atropello contra el supuesto ‘Estado de Derecho’.

Lo actuado por la Asamblea, en la aprobación a tambor batiente del proyecto de Ley 177, que supuestamente promueve la aviación comercial, se convierte en una violación más a convenios internacionales y aspectos constitucionales en materia de derecho laboral, derechos humanos y ambientales. La forma en que se apresta a discutir y aprobar el proyecto es violatoria al reglamento de este órgano del Estado y a las normas constitucionales. De esta forma también se aprobó la denominada Ley Carcelazo, misma que ha sido demandada por inconstitucional.

Como en los mejores tiempos de la dictadura de Noriega, la Asamblea tiene que sesionar bajo el amparo de la llamada Policía Nacional, a la misma que le otorgan el derecho a la ‘Pena de Muerte’ al otorgarse impunidad a los policías asesinos y abusadores, quedará en las manos de estos el futuro de la vida de los ciudadanos panameños.

¿Cómo es posible que se le otorgue al Ejecutivo la potestad de prescindir de los estudios de impacto ambiental? En el mencionado proyecto, se pretende borrar gran parte del marco de protección que garantiza la Ley General de Ambiente, al excluir del requisito de estudio de impacto ambiental a ‘aquellas actividades, obras o proyectos estatales que sean declarados de interés social por el Consejo de Gabinete’. ¿Cuál será la actuación de estos mercaderes sobre la apertura del Tapón del Darién, la explotación minera, la venta de los ríos, playas y costas del país?

Ya la realidad ha demostrado que en ellos prevalecen sus intereses empresariales sobre el bienestar social de los panameños. Es decir, se pretende legalizar las catástrofes ecológicas, al colocar a la población en un estado de total indefensión, al atentarse contra el derecho a la vida.

El proyecto involucra reformas al Código de Trabajo, pretendiendo conculcar el derecho a huelga consagrado en la Constitución Política. Se elimina el derecho a arbitraje cuando los trabajadores salen en minoría en el conteo a favor de la huelga, la minoría que está en contra de la huelga podrá seguir laborando, afectando de esta forma el derecho a huelga.

Esta es la segunda oleada de reformas laborales bajo la conducción de Alma Cortés, pero ya está anunciada una tercera oleada.

Todo ello bajo el cinismo de Alberto Vallarino, quien ha señalado que en el debate a la reforma al Código de Trabajo nunca ha estado en la mente del Gobierno perjudicar a los trabajadores.

En un total irrespeto y menosprecio al pueblo, los diputados pretendía negar la participación de las diversa organizaciones, es a través de los esfuerzos de los obreros de la construcción, que se logra cinco minutos por grupo para plantear nuestras objeciones al proyecto de los mercaderes del gobierno.

Panameño, es hora de que expreses tu descontento ante la política del gobierno represor. El mismo se ha dedicado desde su arribo a imponer leyes antipopulares, como la del ITBMS, que desde julio incrementa en un 40% la carga impositiva al pasar de 5 a 7%, reduciendo el poder de compra de nuestros salarios.

No te dejes confundir, no se trata de actuaciones aisladas de ministros (Mulino, Molinar, Cortés, Vallarino, etc.), se trata de una política de gobierno, concebida bajo los intereses empresariales del grupo de poder económico que actualmente encabeza Martinelli, quien, al igual que lo hiciera Noriega, prefiere estar fuera del país (viaje 18 en 11 meses de gobierno) cuando se imponen leyes represivas, antipopulares y antidemocráticas.

*SECRETARIO GENERAL DEL SUNTRACS.

Ecologistas rechazan proyecto de ley que intenta eliminar EIA en proyectos del Estado

COMUNICADO CONJUNTO

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL AMBIENTAL

SOBRE LA PRETENDIDA MODIFICACIÓN DE LA LEY GENERAL DE AMBIENTE

Ante la inclusión de “camarones legislativos anti-ambiente” por parte del Ejecutivo, en el Proyecto de Ley No. 177, “Que adopta medidas para promover el Desarrollo Sostenible de la Aviación Comercial, Actividades en Desarrollo y dicta otras disposiciones”, presentado anoche a la consideración de la Asamblea Nacional por el Ministro de Gobierno y Justicia en una sesión plenaria que sólo tuvo una duración de 20 minutos, las organizaciones firmantes señalamos lo siguiente:

Efectos iniciales del proyecto hidroeléctrico Chan 75 en Bocas del Toro que fue declarado de interés social por el gobierno, ya que es accionista de esta obra. Esta sería una de las tantas obras que no requerirán EIA o cumplir adecuadamente con la política ambiental, de hacerse efectiva la pretendida ley de aviación. El Metro unidireccional es otra obra que no ha realizado EIA y al parecer no lo quieren hacer.

1. Rechazamos categóricamente los artículos 26 y 27 del mencionado proyecto de Ley, que pretenden excluir del requisito de estudio de impacto ambiental a “aquellas actividades, obras o proyectos estatales que sean declarados de interés social por el Consejo de Gabinete”.

2. Denunciamos la desviación de poder en que ha incurrido el Ejecutivo, al incluir estos artículos en un proyecto de ley sobre materias ajenas a las ambientales, excediendo así sus facultades constitucionales.

3. Deploramos que la Asamblea Nacional, que debe representar los mejores intereses del pueblo panameño, pretenda darle primer debate a estos dos artículos en la Comisión de Transporte. Ninguna modificación a la Ley General de Ambiente debe siquiera proponerse sin un análisis profundo del tema y sin la consulta más amplia posible. Además, debe ser discutida en primer debate por la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo.

4. Advertimos que este proyecto de ley constituye un claro atentado contra los derechos humanos de la ciudadanía panameña, ya que, de aprobarse, colocaría a la población en un grave estado de indefensión frente a iniciativas potencialmente dañinas para la vida, la salud y el ambiente de las comunidades, cuando éstas sean promovidas por el Estado.

5. Advertimos también que este proyecto de ley constituye una violación de tratados internacionales suscritos y ratificados por Panamá, que exigen que nuestro país mantenga y no desmejore sus estándares ambientales.

6. Hacemos un llamado urgente a la ciudadanía a apersonarse a la Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Nacional, mañana miércoles a las 10:00 a.m., para manifestar de viva voz su rechazo a este proyecto de ley.

7. Finalmente, este Mes del Ambiente, nos declaramos en estado de alerta frente a este nuevo intento del Gobierno Nacional por poner en riesgo nuestro patrimonio natural y el bienestar de la población panameña.

¡PANAMÁ NO SE VENDE!

Panamá, 8 de junio de 2010

Proyecto de ley cuestionado: Proyecto de ley que elimina EIA en proyectos del gobierno y modifica el Código de Trabajo y el Código Penal, entre otros

ORGANIZACIONES FIRMANTES

Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)

Asociación Agroambientalista Macho de Monte, Chiriquí

Asociación Ambientalista de Chiriquí (ASAMCHI)

Asociación de Derecho Ambiental (ADA)

Asociación de Productores Agroecológicos La Amistad (ADPAELA), Chiriquí

Asociación Ecologista Panameña (AEP)

Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON)

Asociación Oceánica de Panamá (AOP)

Asociación para la Conservación de la Biósfera (ACB), Chiriquí

Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)

Centro Misionero de La Concepción, Chiriquí

Colectivo Voces Ecológicas (COVEC)

Colibrí-Asociación Ecologista de Panamá, Chiriquí

Comité de Defensa y Protección de la Naturaleza en Gualaca (CODEPRONAGUA), Chiriquí

Comité Pro Defensa del Río Gariché, Chiriquí

Comunidad de Quebrada Caña, Chiriquí

Comunidad de Santa Marta, Chiriquí

Congreso General Ngöbe-Buglé

Conservation International (CI)

Fundación Albatros Media

Fundación Almanaque Azul

Fundación MarViva

Fundación NATURA

Fundación para el Desarrollo Integral del Corregimiento de Cerro Punta (FUNDICCEP), Chiriquí

Fundación para la Protección del Mar (PROMAR)

Grupo La Zapatilla Verde, Chiriquí

Human Rights Everywhere (HREV)/Comuna Sur

Junta Administradora del Acueducto Rural de Santa Rita, Chiriquí

Junta Administradora del Acueducto Rural de La Victoria, Chiriquí

Justicia, Paz e Integridad de la Creación” de los Misioneros Claretianos de Centroamérica

Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre (MOCAMDERCO), Veraguas

Red Nacional de Defensa de los Ríos, Tierras y Comunidades

Sociedad Audubon de Panamá (SAP)

63 proyectos hidroeléctricos en la Provincia de Chiriquí

Hidroeléctricas

Ríos de Chiriquí con 63 proyectos

Ambientalistas alertan sobre la explotación, por la construcción de hidroeléctricas, de los ríos de Chiriquí. De los 63 proyectos, 17 ya se encuentran en obras.

Leonardo Flores
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

lflores@prensa.com

De acuerdo con un informe de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), en los ríos de la provincia de Chiriquí se levantarán 63 proyectos hidroeléctricos. De ese total, 17 ya están en construcción, otros 11 están en la fase de diseño final, y los restantes 35 esperan su aprobación.

La cantidad de proyectos en solo cuatro cuencas de esa provincia –río Chiriquí Viejo, Chiriquí, Chico y Tabasará– generó la alarma de grupos ambientalistas y residentes de la zona.

Por ejemplo, en los próximos cuatro años el río Chiriquí Viejo –que nace en las faldas del volcán Barú y tiene una extensión de 161 kilómetros– tendrá sobre su cauce 24 proyectos hidroeléctricos. Un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaborado en 2008 determinó que el 98% del agua que corre por ese río fue concesionada para el uso de hidroeléctricas. Solo el 2% quedará libre para otros usos.

La sobreexplotación de los ríos ya comenzó a afectar el medio ambiente: contaminación de las aguas con restos de cemento, y la remoción de la capa vegetal, de arena y de piedra que provoca la erosión y la sedimentación, son algunos de los daños que ya se perciben, según grupos ambientalistas.

El hecho fue constatado en un viaje de dos días que realizó este diario por el área.

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), por su parte, no encontró reparos en aprobar los estudios de impacto ambiental de los proyectos.

En el río Chiriquí Viejo, el 98% de las aguas ha sido concesionadO para el uso de hidroeléctricas, según un estudio del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO realizado en 2008

Hidroeléctricas: 63 proyectos en cuatro cuencas

Se estima que en la provincia de Chiriquí se realizarán 63 proyectos hidroeléctricos en los próximos años. 28 proyectos ya se están en construcción y diseño final. En algunas regiones ya se empiezan a sentir los efectos por la desviación de los cauces de los ríos a través de túneles o canales, la construcción de las represas y los sitios de embalse.

PROYECTO Prudencia. Los daños más evidentes son la remoción de capa vegetal y la tala de árboles. La erosión, sedimentación y contaminación de las aguas con cemento se nota corriente abajo. LA PRENSA/ Eric Batista

Leonardo Flores
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN

lflores@prensa.com

A pesar de que la generación de energía hídrica es considerada como una de las producciones menos contaminantes, en la provincia de Chiriquí la sobreexplotación de los ríos por la construcción de hidroeléctricas comienza a generar efectos negativos en los ecosistemas, en la producción agrícola y en la calidad de vida de los habitantes.

Los problemas que está generando el auge hidroeléctrico son similares en los 17 lugares donde ya se empezaron a desviar los cauces de los ríos a través de túneles o canales, a construir represas y a preparar sitios de embalse.

Otros 11 proyectos se encuentran en la fase de diseño final.

Y aunque las consecuencias ya son significativas sobre las cuatros cuencas hidrográficas de la provincia de Chiriquí –que alimentan los ríos Chiriquí Viejo, Chico, Chiriquí y Tasabará–, otras 35 concesiones esperan el aval de la Autoridad Nacional de Ambiente (Anam) y de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep).

En total, serán 63 los proyectos que se instalarán en la provincia de Chiriquí en los próximos años.

El perjuicio por la construcción de los proyectos no solo se reduce al impacto ambiental que dejarán estas obras y su posterior funcionamiento. A futuro, tanto ambientalistas como moradores del área vislumbran una batalla por el uso del agua y el acceso a los ríos. Ya hay un precedente.

La ambientalista Yaritza Espinosa, de Colibrí-Asociación Ambientalista de Panamá, recordó que la empresa Saltos de Francoli –promotora del proyecto Los Planetas I– negó al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales parte del uso del agua para la planta potabilizadora de Los Algarrobos, que provee de agua potable al distrito de David, la capital de la provincia de Chiriquí.

En Cerro Punta, los agricultores son los más preocupados por el uso del agua de los ríos. A Virgilio Saldaña, vocero de los productores, le inquieta el hecho de que las hidroeléctricas tengan en la zona de sus proyectos el derecho al uso del 90% del agua del río para incluir en su construcción, y solo tengan la obligación de dejar un 10% para otros usos.

Pero el problema no solo se limita al uso del agua, sino además a las riberas de los ríos: a raíz de la construcción de las infraestructuras para la generación de energía, familias enteras han tenido que abandonar sus viviendas, que han ocupado por generaciones. Además, se han registrado cambios en los patrones de subsistencia, como la caza y la pesca, por la tala y la inaccesibilidad a los ríos.

Una de las zonas más afectadas por estas construcciones es la cuenca del río Chiriquí Viejo. Sus cristalinas aguas, que nacen en las faldas del volcán Barú, se han convertido en las más codiciadas del país. No por la pureza y frescura del líquido, sino porque a lo largo de sus 161 kilómetros se instalarán cerca de 24 hidroeléctricas. En otras palabras: a lo largo del río habrá un proyecto cada 6.7 kilómetros.

La mayor preocupación, a pesar de los cambios en las costas, radica en el uso del agua. La mirada de los detractores de las obras, sobre todo los de Cerro Punta, está puesta en los resultados de un estudio realizado en octubre de 2008 por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Anam.

En el informe se determinó que el 98% del agua que corre anualmente por el río Chiriquí Viejo fue concesionada para el uso de hidroeléctricas, y el otro 2% para uso agrícola, turístico, doméstico, industrial y de consumo humano, entre otros.

El resultado cayó como un balde de agua fría a los miembros de la Fundación para el Desarrollo Integral del Corregimiento del Cerro Punta (Fundiccep), que preside Ángel Aguirre Sánchez.

Los ambientalistas aseguran que se concedió el agua de los ríos a su máxima capacidad, sin considerar los otros usos y la demanda futura.

El organismo internacional, que pagó el estudio, también financió ciertos proyectos hidroeléctricos. Se trata de los proyectos de Pando y Monte Lirio, para los cuales el BID desembolsó en concepto de préstamo 40 millones de dólares.

Por otro lado, los miembros de Fundiccep denunciaron que el actual director de Gestión de Cuencas Hidrográficas de la Anam, Silvano Vergara, realizó –antes de asumir su cargo– estudios de impacto ambiental para proyectos hidroeléctricos. El funcionario negó cualquier conflicto de interés.

DAÑO ECOLÓGICO

Más allá de la lucha por el uso del agua, los efectos ambientales ya se notan en la zona. Eso se pudo constatar durante un viaje de dos días que realizó este diario (por aire y por tierra) por los diferentes proyectos que se ejecutan en la provincia de Chiriquí.

Para la construcción de la línea de trasmisión del Proyecto Hidroeléctrico Bajo Mina y Baitún, datos extraoficiales que logró recabar Fundiccep revelan que se han talado cerca de 2 mil 600 árboles. La cantidad de árboles cortados no se justifica para el tamaño de la torre donde será colocado el tendido eléctrico, aseguró la organización ambientalista.

La tala de estos árboles también ha tenido consecuencia directa sobre pequeños afluentes que abastecen de agua al río Chiriquí Viejo. Fundiceep mostró –con imágenes tomadas a lo largo de los años– cómo un ojo de agua se está secando debido a la poca retención de líquido por la pérdida de la cubierta vegetal.

“Aquí no se ha pensado en garantizar el agua para un sistema de riego o para el crecimiento demográfico, que está impactado por el aumento de los residentes extranjeros. No se pensó en una fuente alterna”, aseguró el ambientalista David Samudio, activista de Fundiccep.

El problema en este cauce se agrava por la contaminación de las aguas con restos de cemento que son vertidos al cauce del río durante la construcción de los muros de la represa y los túneles; la remoción de la capa vegetal, de arena y de piedra que provoca la erosión y la sedimentación.

DISPUTA LEGAL

Pero las acciones en contra de los proyectos hidroeléctricos no solo provienen de los grupos ambientalistas. Los residentes del área de Volcán denunciaron ante el Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción, que el funcionario de la oficina del Cuerpo de Bomberos de Bugaba que firmó el plano del proyecto Paso Ancho (ubicado entre Cerro Punta y Volcán) no tiene idoneidad.

Como prueba presentaron una certificación que expidió la Junta Técnica de Ingenieros y Arquitectos, el pasado 9 de marzo, en la que se hace constar que el señor Neri Saldaña, funcionario que firmó los planos, no está registrado en los libros de esa organización.

A pesar de los escritos enviados al BID por los ambientalistas y vecinos, y las quejas presentadas ante la Anam y la Asep, los proyectos que se construyen en el cauce del río Chiriquí Viejo continúan viento en popa.

PUEBLO PARTIDO EN DOS

Sitio Lázaro es un poblado ubicado a 20 kilómetros de David, en la ribera del río Chico. Hace dos meses quedó dividido en dos. La construcción de un canal que desvía el 90% de las aguas del río Chico a las turbinas del proyecto hidroeléctrico Pedregalito fracturó a la comunidad en la que residen cerca de 75 familias. Incluso, bloqueó el acueducto del pueblo.

Pero las consecuencias por la construcción de este proyecto no solo tienen efectos directos sobre el pueblo de Sitio Lázaro. Los caminos que eran paso obligado para llegar a la vía Interamericana de las comunidades de Varital y Mata Gorda fueron cerrados. Los pocos caminos que quedan abiertos son intransitables, debido al mal estado en que los dejaron los camiones y el equipo pesado que saca material del río para la obra.

El rosario de quejas que los moradores de estos lugares han presentado a las diferentes instituciones, entre ellas al Sistema Nacional de Protección Civil, no han tenido respuesta. La losa que protege las bases del puente sobre el río Chico, que fue reconstruida hace pocos meses, está quebrada. Los moradores lo atribuyen a las crecidas del río que han socavado alrededor de tres metros las columnas de ambos puentes, debido a las excavaciones realizadas aguas abajo, donde está el proyecto Pedregalito y Pedregalito II.

¿PLAGIO DE EIA?

Los estudios de impacto ambiental que se han presentado ante la Anam para varios proyectos, tienen sospechosas coincidencias. Y no solo en el aspecto técnico y ambiental, sino también en la descripción de los proyectos.

Este diario revisó cerca de 25 estudios y las consecuencias ambientales, así como la valorización de los efectos de las construcciones, eran prácticamente los mismos en varios documentos de diferentes proyectos.

Por ejemplo, en los documentos del estudio de impacto ambiental del proyecto final de la hidroeléctrica Pedregalito, se hace mención a los criterios del proyecto Hidroeléctrico Concepción, ubicado en otra área.

En los documentos también se puede comprobar que en el estudio de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico Pedregalito, se incluyeron datos sobre la entrega de becas a estudiantes de escuelas que estaban en Gualaca, una comunidad situada a 40 kilómetros del proyecto.

Una situación similar se presentó con el estudio de impacto ambiental del proyecto San Andrés II, que se proyecta construir sobre el río Gariché.

El dirigente comunitario y ambientalista Javier Grajales encontró que dicho estudio era similar al del proyecto hidroeléctrico de Gualaquita, en Gualaca, y el de Macho de Monte, en Bugaba.

Entre las “curiosidades” encontradas en los estudios está que pusieron la misma producción de energía del proyecto de Gualaquita, que es de 4 megavatios, en el estudio del proyecto Macho de Monte, cuando en realidad la producción de este último es de 10 megavatios.

Aunque los moradores manifestaron que no hay fiscalización de parte de la Anam, el director de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, Silvano Vergara, aseguró que “a todos los proyectos se les da seguimiento a través de la Dirección de Protección Ambiental”.

Vergara, el mismo que antes de ocupar un puesto en la Anam confeccionaba estudios ambientales para las empresas, aseguró que la utilización del agua para consumo humano es prioritaria, por lo que si en algún momento llega a faltar, los proyectos hidroeléctricos la deben ceder.

Detrás de los daños ecológicos, las prioridades energéticas del país y la sobreexplotación de los ríos más importantes de Chiriquí se esconde una historia de contratos directos, política y escasos controles.

¿Quiénes son los dueños de los proyectos? ¿Cuánto pagaron por el derecho de llave? Dicho de otro modo: ¿quiénes son los dueños del agua?

Auditarán proyectos hidroeléctricos

Leonardo Flores
Unidad de Investigación

lflores@prensa.com

El administrador de la Autoridad Nacional del Ambiente, Javier Arias, anunció ayer que realizará una auditoría a los proyectos hidroeléctricos de Chiriquí para determinar si están cumpliendo con el plan de manejo ambiental. El anuncio se da en medio de la petición de ambientalistas para que se realice un estudio acumulativo para conocer el efecto de todos los proyectos.

POLÉMICA POR LA SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS HíDRICOS EN LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ

Exigen estudio acumulativo

La Autoridad Nacional del Ambiente aprobó, a partir de 2006, los estudios de impacto ambiental de los proyectos hidroeléctricos sin contar con un estudio acumulativo de todos los proyectos. El administrador de esa institución, Javier Arias, confirmó que la entidad que preside hará una revisión de todos los proyectos hidroeléctricos aprobados.

Proyecto Bajo de Mina. La tala de árboles y la remoción de piedra y arena son algunos de los daños causados al medio ambiente. LA PRENSA/ Eric Batista

Leonardo Flores
Unidad de Investigación

lflores@prensa.com

La construcción de los proyectos hidroeléctricos en la provincia de Chiriquí marcha viento en popa. Sin embargo, nadie sabe a ciencia cierta cuáles serán los efectos negativos, a nivel macro, que causarán estos proyectos sobre los ríos de la región.

La razón: no existe un estudio de impacto ambiental acumulativo que determine el daño ecológico de todos los proyectos sobre las cuatro cuencas hidrográficas de la provincia de Chiriquí. Por el momento solo se mide el impacto ambiental que causará individualmente cada proyecto, en determinada área. Pero aún, por ejemplo, se desconoce cuál será el daño acumulativo sobre el río Chiriquí Viejo si se llegaran a concretar los 24 proyectos destinados a esa zona.

En total son 63 los proyectos hidroeléctricos que se pretenden construir en la provincia de Chiriquí, de los cuales 17 ya están en construcción y otros 11, en la etapa de diseño final. El resto –35– espera el visto bueno de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) y de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam).

La falta de un estudio integral que establezca los efectos en materia ambiental de las construcciones en la región se convirtió en uno de los reclamos de los grupos ambientalistas.

Para la directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (Ancon), Alida Spadafora, “es evidente que no ha existido una planificación regional” para los proyectos hidroeléctricos que se han aprobados y los que están en trámite para ser construidos en Chiriquí. Además –añadió– cada proyecto ha sido evaluado de forma aislada sin considerar los impactos acumulativos que se registrarán sobre la zona.

“Ancon apoya y promueve las energías renovables. Sin embargo, cuestionamos el hecho de que se abuse del ambiente, de la gente y de la propia capacidad de las cuencas”, dijo.

Durante sus investigaciones, los miembros de Ancon también identificaron algunas “coincidencias” en la redacción de los estudios de impacto ambiental de distintos proyectos, tal cual lo denunciaron algunos habitantes de Chiriquí.

Por su parte, la directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental (Ciam), Raisa Banfield, también cuestionó que no haya una planificación y gestión del recurso, lo que está llevando –según su opinión– al colapso de los ríos más importantes del oriente del país bajo la falsa ilusión de una generación energética más barata.

“Falsa, porque esta [la energía más barata] no será posible mientras la referencia para el establecimiento de los precios sea la generación térmica”, dijo.

Según Banfield, la generación de energía hídrica y de termoeléctricas, entre los proyectos aprobados y en construcción, alcanzará los3 mil 521 megavatios, el triple de lo que actualmente consume el país.

“¿Toda esta generación está planificada para qué tiempo? ¿Para quiénes? ¿A qué ritmo de crecimiento estimado? ¿Existen evaluaciones ambientales estratégicas como lo determina la ley, para ver el impacto sumado de cada uno de los proyectos que se desarrollan?”, se preguntó Banfield.

Estas son los mismas interrogantes que se plantearon grupos ambientalistas del área de Cerro Punta, quienes ya han empezado a sentir los efectos negativos por las construcciones que se levantan en los ríos de la zona.

REALIZARÁN AUDITORÍA

El administrador de la Anam, Javier Arias, anunció ayer que hará una auditoría de todos los proyectos hidroeléctricos que se construyen en la provincia de Chiriquí para determinar si están cumpliendo con el plan de manejo ambiental.

Para ello, informó que aumentará el personal que se encarga de hacer las auditorías ambientales, para lo que solicitó un crédito extraordinario al Ministerio de Economía y Finanzas.

Según Arias, el problema es que “ no existe una base de datos para poder establecer, de acuerdo al impacto ambiental acumulativo, qué proyectos deben ser o no aprobados”.

“Estamos lanzando una licitación para hacer un estudio hidrológico sobre el nivel de las cuencas y hasta dónde se pueden sostener”, agregó el funcionario.

En tanto, el director de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas de la Anam, Silvano Vergara, anunció que ya no se aprobarán más proyectos hidroeléctricos sobre cuenca del río Chiriquí Viejo.

ASEP DEFIENDE HIDROELÉCTRICAS

El administrador de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep), Denis Moreno, salió ayer en defensa de los proyectos hidroeléctricos que se construyen en el país. Según Moreno, dichos proyectos respetan a las comunidades, al medio ambiente y generan empleos desde su construcción hasta su fase final.

“Esta actividad se traduce en crecimiento económico, tanto en las zonas donde se construyen las hidroeléctricas como en las ciudades donde se levantan centros comerciales que requieren de energía, como la que requerirá el Metro, sistema de transporte masivo que mejorará la vida de todos los panameños”, detalló el funcionario mediante un comunicado de prensa.

Las declaraciones de Moreno se dan como respuesta a las críticas de grupos ambientalistas y habitantes de Chiriquí a raíz de la gran cantidad de proyectos que se aprobaron en esa provincia y que están afectando al medio ambiente.

Frente a las quejas por el uso del 90% de las aguas de los ríos para los proyectos hidroeléctricos y el 10% restante para otros fines, Moreno aclaró que la prioridad la tiene el uso del agua destinada para consumo humano.

A nivel nacional existen 19 proyectos hidroeléctricos en construcción, 14 en diseño final y 52 en trámite, según la Asep.

Hidroeléctricas destruyen la naturaleza

Es evidente que la Ley General de Ambiente está siendo violada, ya que la normativa anexa a esta ley establece la obligatoriedad de desarrollar una Evaluación Ambiental Estratégica de las políticas y planes macros de desarrollo.  Es evidente que en el tema de energía no existe una politica debidamente aprobada y con el visto bueno de la sociedad civil, ya que tenemos gobiernos autoritarios que no están interesados en cogobernar con la sociedad en la toma de decisiones que nos afecta a todos.

Mientras se siga permitiendo que tecnócratas con intereses creados decidan desde un escritorio lo que se tiene que hacer en el país con los recursos de todos los panamenos estamos cayendo en irresponsabilidad ciudadana.

En el caso de los chiricanos, simplemente se les ha ignorado a conveniencia de los intereses que almuerzan y cenan juntos en la ciudad de Panamá mientras destruyen importantes ríos como el Chiriquí Viejo, Piedras, David, Changuinola, Bonyic y decenas de otros ríos.

Burica Press

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Energía hídrica

Hidroeléctricas retan a la naturaleza

Ambientalistas chiricanos acusan a las autoridades del avance de proyectos sin importarles las afectaciones.

ENERGÍA. En Chiriquí se construyen 15 proyectos hidroeléctricos que entrarán a competir en el mercado, con el objetivo de abaratar la tarifa de energía a la población. ESPECIAL PARA LA PRENSA/Sandra Alicia Rivera

sandra alicia rivera
dolega, chiriquí

nacionales@prensa.com

La construcción de hidroeléctricas en el distrito de Dolega afecta los acueductos y potabilizadoras del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), situación que a la larga tendrá efectos negativos en toda la población.

Y la situación se agrava aun más si se toma en cuenta que las autoridades competentes en la ciudad de Panamá otorgan los permisos para construir hidroeléctricas con desconocimiento, sin inspeccionar las áreas y sin consultar a las autoridades locales.

Aunado a la anterior situación, existe un pueblo dormido que no despierta ante los atropellos que cometen las multinacionales en Chiriquí.

Raquel Coba de Boyd, ambientalista de la Asociación Colibrí, dijo que están preocupados porque no solo la hidroeléctrica en el río Cochea perjudica los acueductos y las potabilizadoras, sino también la de Los Anastacios.

En el río Cochea, donde se construye una hidroeléctrica, se encuentra una potabilizadora que provee de agua potable a toda la parte baja de los distritos de Dolega y David, así como el corregimiento de Los Algarrobos.

Coba de Boyd explicó que en la parte media alta del río, los fuertes aguaceros provocan desastres naturales, y que ahora con la construcción de hidroeléctricas la situación será peor.

Los ambientalistas solicitaron al alcalde de Dolega, Lino Pittí, que haga una convocatoria distrital y provincial para que sea el pueblo chiricano el que decida qué hacer con sus aguas. Lo que no se puede permitir es que cada gobierno que llega al poder permita el abuso de los recursos naturales.

Por su parte, el alcalde Lino Pittí se comprometió a conversar con las empresas que construyen hidroeléctricas para tratar de que si se desarrolla el proyecto, tengan toda la documentación en regla; es decir, la aprobación de la Autoridad Nacional de Ambiente (Anam) y de la Autoridad de los Servicios Públicos, así como cumplir con la consulta pública que establece la ley.

“Entendemos la preocupación de los ambientalistas, por lo que vamos a estar pendientes de las afectaciones en bosques, árboles y del recurso agua, aunque ellos pueden interponer un recurso en contra de la empresa, en caso de que exista un abuso al ambiente”, agregó Pittí.

La Prensa intentó conocer la versión del director regional del Idaan, Zenón González, pero este funcionario comunicó que tienen restricciones para ofrecer entrevistas a los medios de comunicación.

En la provincia de Chiriquí operan tres hidroeléctricas y existen 15 en construcción. En 2007 existían 42 estudios de impacto ambiental aprobados por la Anam a empresas interesadas en entrar al mercado energético. Los ambientalistas han denunciado que los proyectos se construyen a costa de la destrucción de la naturaleza.

ANAM juega con evaluación ambiental de proyectos

PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD

La Anam juega a las carreras

Joana A. Ábrego G.
opinion@prensa.com

Cada vez que una comunidad se queja de la construcción de algún proyecto en su “patio trasero” sin considerar las verdaderas afectaciones a su calidad de vida, se quejan implícitamente de dos factores fundamentales: la pobre ejecución de las leyes vigentes y la falta de eficacia de dichas normas para prevenir y/o solucionar estos conflictos.

En estos casos, la norma ambiental es una protagonista obligada, particularmente aquella sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA), llamado a ser, según nuestra propia Ley General de Ambiente, un sistema de advertencia temprana para la protección del ambiente.

Volviendo a esas cuestiones fundamentales, el llamado EIA ha sufrido de ambas falencias. La primera ha sido demostrada por recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia, aunque el grueso de sus ocurrencias jamás llegaría a ser ventilado ante esta esfera. La segunda se entreveía frente a las ventanas abiertas dejadas por el Decreto 209 de 2006, que reglamentaba este proceso.

La posibilidad de aprobar estudios de impacto ambiental condicionados, que no es más que código para “aprobación de EIA insuficientes”; la confusa descripción de criterios para establecer su categoría, es decir, la profundidad requerida del estudio; la utilización de contenidos mínimos empleados como un llenar espacios, donde cualquier elucubración poética del consultor vale para cumplir el requisito; y la permisividad para la segmentación de proyectos en múltiples estudios de distintas categorías, sin consideración de los impactos acumulativos o sinérgicos de su totalidad, son sólo los más destacados ejemplos.

En días pasados, la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) presentó los decretos ejecutivos que vienen a sustituir al 209, Decretos Ejecutivos 122 y 123 de 2009. Las intervenciones de los asistentes al evento orbitaron sobre la necesidad de un espacio para un mayor análisis de las nuevas normas. La idea fue prontamente acogida por su nuevo administrador general, sin embargo, la pregunta subyace: ¿Por qué no fue este magnífico espacio de participación previo a la promulgación de los referidos decretos? Por el contrario, se ha perdido una oportunidad de oro para, a través de los aportes de todos los actores, lograr un instrumento de gestión ambiental renovado y fortalecido.

En su lugar contamos con una norma (ahora llamada “en un dos por tres”) que, aunque incluye ciertas precisiones necesarias, no resuelve ninguna de las cuestiones planteadas y en su apuro por reducir los tiempos de trámite para los promotores, no considera los verdaderos recursos humanos y técnicos de la institución, que ahora tendrán que encargarse, no en la prevención sino en la remediación, de daños ambientales que quizás nunca puedan subsanarse, a pesar de los prometidos pero ya conocidos graves castigos para los responsables.

Aún es muy pronto para presumir menos que las mejores intenciones de nuestras nuevas autoridades, pero ojalá no sea muy tarde cuando quieran corregir los errores que la fiebre de la desburocratización llevada a la locura pueda acarrear, porque entonces ni la Corte Suprema podrá corregir sus mea culpa, y mucho menos “en un dos por tres”.