Panamá: De facto gobierno debilita normas de Estudios de Impacto Ambiental

Panamá: De facto, gobierno debilita normas de evaluación de Estudios de Impaco Ambiental (EIA)

Ciudad de Panamá, 10 de agosto de 2011. Veintinueve organizaciones ambientalistas se pronunciaron sobre la sorpresiva publicación en la Gaceta Oficial el pasado viernes a las 7:11 p.m. del Decreto Ejecutivo 155 de 5 de agosto de 2011, por el cual se modificó el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental. Las organizaciones advierten a la ciudadanía que este decreto es un esfuerzo más por debilitar la legislación ambiental del país, permitiendo el desarrollo apresurado y no planificado de múltiples actividades altamente impactantes a los recursos naturales, poniendo en peligro la salud y la calidad de vida de los panameños.

La publicación del nuevo decreto se da luego que estas organizaciones se mantuvieran durante meses a la espera de que la actual administración de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) cumpliera el compromiso adquirido de revisar lo avanzado por la administración anterior para una adecuada modificación del reglamento, generando un nuevo borrador que se sometería a consulta pública de conformidad con la Ley de Transparencia.

Un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) es un procedimiento técnico-administrativo que sirve para identificar, prevenir e interpretar los impactos ambientales que producirá un proyecto en su entorno en caso de ser ejecutado, todo ello con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo. Este procedimiento jurídico administrativo debe incluir ineludiblemente las consultas previas a personas e instituciones por parte del órgano ambiental, y la realización propia del EIA a cargo del promotor y su presentación a la autoridad reguladora. Estos EIA suponen un proceso de participación pública que garantiza transparencia y poder decisorio colectivo ante obras que pueden afectar el ambiente y sus respectivas medidas de compensación, manejo del impacto. Foto: Burica Press

Sin embargo, una vez más y tal como ocurrió con la expedición arbitraria del Decreto Ejecutivo 123 de 2009 y la Ley 30 de 2010 (mejor conocida como Ley Chorizo), las autoridades disminuyen garantías básicas del derecho humano a un ambiente sano, haciendo inoperante el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

El nuevo decreto debilita la participación ciudadana, dándole sólo 10 días a los ciudadanos para dar sus comentarios a Estudios de Impacto Ambiental que usualmente tienen más de 300 páginas, cuando aún con los 20 días que daba la regulación anterior no era suficiente para vencer los obstáculos al acceso a la información pública, conseguir los documentos, generar comentarios y remitirlos a la Dirección correspondiente dentro de la ANAM. A su vez, la modificación del artículo 46 pretende hacer facultativa la consulta pública, que hasta ahora era obligatoria para los estudios categoría II y III.

Aún más, la nueva regulación exige, a los 14 evaluadores técnicos de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) -7 permanentes y 7 transitorios según el Nodo de Transparencia de la Defensoría del Pueblo-, culminar la fase de análisis de cada estudio en 20 días hábiles para aquellos de categoría II y 40 días hábiles para aquellos de categoría III. La regulación anterior ya había reducido arbitrariamente estos términos, de 45 y 65 días, a 35 y 55 días respectivamente.

Pero no son los evaluadores de ANAM los únicos afectados, ya que los responsables de las Unidades Ambientales Sectoriales de los distintos ministerios y entidades tendrán ahora sólo 8 días para estudios categoría II y 12 para estudios categoría III, cuando antes contaban con 15 y 20 días respectivamente para un examen concienzudo de la información brindada por el promotor del proyecto y la determinación de la información adicional que debía ser requerida. Según la página web de la ANAM, en los primeros tres meses del año en curso ingresaron al proceso de evaluación unos 226 estudios: 186 categoría I, 39 categoría II y 1 categoría III.

Ahora más que nunca, es de crucial importancia dotar de personal y recursos suficientes tanto a la ANAM como a las unidades ambientales sectoriales de las instituciones públicas para que puedan cubrir a cabalidad con sus funciones, en especial la evaluación de impacto ambiental.

1. Alianza Ambiental Pro Desarrollo Integral “Unidos Por Panamá” (AAPRODIUPA)
2.  Amigos del Parque Internacional La Amistad (AMIPILA)
3.  Asociación Agroambientalista Macho de Monte
4.  Asociación Agroecoturística La Amistad
5.  Asociación Ambientalista de Chiriquí (ASAMCHI)
6.  Asociación Conservación de la Biosfera
7.  Asociación de Productores Agroecologistas de Candela
8.  Asociación de Productores Agroecologistas La Amistad (ADPAELA)
9.  Asociación de Productores de Cultivos Exportables (APCE)
10.  Asociación de Productores de Renacimiento
11.  Asociación Ecológica de Productores Orgánicos de Rovira
12.  Centro Misionero de la Concepción
13.  Colibrí Asociación Ecologista de Panamá
14.  Comité por la Defensa del Río Gariché y sus Afluentes
15.  Comité Pro Rescate del Río Escarrea
16.  Fundación para el Desarrollo Integral, Comunitario y Conservación de los Ecosistemas en Panamá
17.  Grupo Ecologista de Renacimiento para la Protección del PILA
18.  Grupo Expedición Natural Agro Turística
19.  Grupo Orgánico de Agricultores Cerro Punteños
20.  Reciclaje, Ambiente y Limpieza de Boquete (RAL Boquete)
21. Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD)
22. Alianza Pro Ciudad
23. Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON)
24. Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)
25. Colectivo Voces Ecológicos (COVEC)
26. Fundación Almanaque Azul
27. Fundación Panamá Sostenible (PASOS)
28. Movimiento Campesino en Defensa del Río Cobre (MOCAMDERCO)
29. Sociedad Audubon de Panamá (SAP)

La UNESCO solicita plan urgente de gestión del Parque Nacional Coiba

UNESCO: Urge plan de gestión del Parque Nacional Coiba

Burica Press – 16 de julio de 2011. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a través de su Comité de Patrimonio Mundial en su Decisión No. 35 COM 7B.33 de junio de 2011 ha lamentado que el plan de gestión para la Zona Especial de Protección Marina del Parque Nacional de Coiba y sus zona de amortiguamiento, aún no se ha finalizado ni se ha aprobado, como ya lo había solicitado el Comité del Patrimonio Mundial en la Decisión 33 COM 7B.38, y considera que la falta de capacidad de manejo del área protegida, si no se toman medidas adecuadas, podría representar una amenaza potencial al valor universal excepcional que posee dicho parque.

La isla de Coiba, localizada al sur-oeste del Istmo de Panamá en el Golfo de Chiriquí, juega un papel vital como parte del Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical (CMAR) que enlaza cinco parques nacionales, comprendiendo isla del Coco en Costa Rica, Malpelo y Gorgona en Colombia y el archipiélago de Galápagos en Ecuador. Imagen: Google Earth

La UNESCO está solicitando a Panamá que desarrolle con urgencia el Plan de Manejo para la Zona Especial de Protección Marina, para llevar a cabo una evaluación independiente de la eficacia del manejo, con el fin de informar de la efectiva aplicación de los planes de gestión y regulación de la pesca tanto para el Parque Nacional de Coiba y su zona de protección especial.

Igualmente le está reiterando a Panamá a que desarrolle e implemente un desarrollo de las zonas costeras y las políticas de conservación a fin de garantizar que los impactos acumulativos del desarrollo en el valor universal excepcional de la propiedad se aborden con eficacia. Ellos han solicitado que dicha política de conservación se haga basada en una Evaluación Ambiental Estratégica del potencial de desarrollo de la zona costera.

Igualmente la UNESCO urge al Estado panameño a desarrollar el programa de erradicación del ganado salvaje de la isla de Coiba e insta a acatar las recomendaciones hechas por el Centro del Patrimonio Mundial y la UICN en el momento de la presentación del programa de erradicación de dichos animales ferales.

Para febrero de 2012, durante la 36ª reunión del Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Panamá debe someter una declaración revisada retrospectiva de Valor Universal Excepcional, para la revisión por parte de la UICN y un informe sobre el estado de conservación de todo el Parque Nacional Coiba, donde muestre los avances que se han solicitado en las dos últimas reuniones de la UNESCO (2010 y 2011), incluyendo un informe sobre el manejo de las presiones para el aumento de la pesca.

Parque Nacional de Coiba y su zona especial de protección marina fue incluida por la UNESCO como Sitio de Patrimonio Mundial el 14 de julio de 2005, debido a las características únicas que presenta, como consecuencia de tantos años de aislamiento y por su importancia biológica. Coiba juega un papel vital como parte del Corredor Marino de Conservación del Pacífico Este Tropical (CMAR) que enlaza cinco parques nacionales, comprendiendo isla del Coco en Costa Rica, Malpelo y Gorgona en Colombia y el archipiélago de Galápagos en Ecuador.

El Parque Nacional Coiba, en la costa sudoeste de Panamá, protege a la isla de Coiba y a otras 38 islas más pequeñas y las zonas marinas circundantes dentro del Golfo de Chiriquí. Biogeográficamente hablando el área esta protegida de los vientos fríos y los efectos de El Niño, tiene una excelente cobertura de bosque húmedo tropical y mantiene buenos niveles de endemismo de mamíferos, aves y plantas. También es el último refugio de un número de animales amenazados como el águila crestada. El parque es un majestuoso laboratorio natural para la investigación científica y proporciona un vínculo ecológico clave para el Pacífico Oriental Tropical para el paso y supervivencia de peces pelágicos y mamíferos marinos.
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VEA ADEMÁS

DECISIÓN 35 COM 7B.33 en su texto oficial (traducido)

32. Parque Nacional de Coiba y su zona especial de protección marina (Panamá)
N 1138 rev)
Decisión: 35 COM 7B.33 (junio de 2011)

El Comité del Patrimonio Mundial

1. Habiendo examinado el documento WHC-11/35.COM/7B,

2. Recordando la Decisión 33 COM 7B.38, aprobada en su 33ª reunión (Sevilla, 2009),

3. Lamenta que el plan de gestión para la Zona Especial de Protección Marina aún no se ha finalizado ni aprobado, como ya lo ha solicitado el Comité del Patrimonio Mundial en la Decisión 33 COM 7B.38, y considera que la falta de capacidad de manejo o gestión, si no se toman medidas, podría representar una amenaza potencial a su valor universal excepcional;

4. Solicita al Estado Parte a finalizar con urgencia el Plan de Manejo para la Zona Especial de Protección Marina, y para llevar a cabo una evaluación independiente de la eficacia del manejo, en línea con las herramientas de Mejoramiento de Nuestro Patrimonio, con el fin de informar de la efectiva aplicación de los planes de gestión y regulación de la pesca tanto para el Parque Nacional de Coiba y su zona de protección especial;

5. Reitera su petición al Estado Parte que desarrollar e implementar un desarrollo de las zonas costeras y las políticas de conservación a fin de garantizar que los impactos acumulativos del desarrollo en el valor universal excepcional de la propiedad se aborden con eficacia, y alienta al Estado Parte para desarrollar esta política sobre la base de una Evaluación Ambiental Estratégica del potencial de desarrollo de la zona costera;

6. Toma nota de que el Estado Parte presentó una solicitud de asistencia internacional para la eliminación de ganado salvaje de la isla de Coiba en marzo de 2010 e insta encarecidamente a los Estados Partes en volver a presentar una solicitud revisada de acuerdo con las recomendaciones hechas por el Centro del Patrimonio Mundial y la UICN en el momento de la presentación;

7. También pide al Estado Parte a presentar al Centro del Patrimonio Mundial, el 1 de febrero de 2012, una declaración revisada retrospectiva de Valor Universal Excepcional, para la revisión por parte de la UICN;

8. Pide además al Estado Parte a presentar al Centro del Patrimonio Mundial, el 1 de febrero de 2012, un informe sobre el estado de conservación de la propiedad y sobre los progresos realizados en las cuestiones antes mencionadas, incluyendo las presiones aumento de la pesca, para su examen por parte del Comité de Patrimonio Mundial en su 36ª reunión en 2012.

Traducción: Burica Press

Ambientalistas solicitaron a la Corte que declare inconstitucional la Ley 30

Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos presentaron nuevos alegatos contra la Ley 30 de 2010 -que entre otras cosas, flexibilizó la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental- en apoyo a las 6 demandas de inconstitucionalidad presentadas en junio pasado por sindicatos, abogados litigantes y otros grupos organizados.

El escrito de 51 páginas fue presentado por los abogados del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), en representación del propio CIAM, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), la Fundación Almanaque Azul, la Fundación Panamá Sostenible (PASOS, en formación) y Human Rights Everywhere (HREV).

Esta semana el Órgano Ejecutivo y Legislativo de Panamá por la presión de la ciudadanía está intentando subrogar La Ley 30 y dividirla en seis leyes de acuerdo a los puntos acordados en una mesa de discusión que mantuvo el gobierno con  algunos miembros de la sociedad civil. Por parte del Órgano Judicial se espera la declaratoria de ilegalidad por inconstitucional de la mencionada ley.

«Optamos por presentar nuevos alegatos en lugar de una séptima demanda, la cual habría retrasado todo el proceso», aclaró Félix Wing Solís, Director Ejecutivo del CIAM, quien añadió que «la Corte tiene el deber moral de declarar inconstitucional la Ley 30, en vez de utilizar su subrogación como excusa para declarar la sustracción de materia. Ello sería eludir su responsabilidad como custodia privativa del orden constitucional.»

Los ambientalistas alegaron que la Ley 30 incurrió en 6 vicios de forma -que el gobierno se negó a discutir en la Mesa de Diálogo- y 7 violaciones de fondo a la Constitución y a convenios ambientales y de derechos humanos ratificados por Panamá, para un total de 18 normas constitucionales y 14 normas internacionales violadas.

El texto completo de los alegatos está disponible en el siguiente enlace:

ALEGATOS INCOSTITUCIONALIDAD LEY 30

A continuación, se resumen las violaciones de forma y de fondo alegadas por los ambientalistas:

Violaciones de forma:

1) que el tema ambiental no estaba incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias;

2) que los diputados no actuaron en interés de la Nación;

3) que la Asamblea Nacional tiene prohibido expedir leyes contrarias a la letra o el espíritu de la Constitución;

4) que la Comisión de Transporte no es competente para discutir reformas a la legislación ambiental;

5) que el Ministro de Seguridad Pública no era competente para refrendar una Ley sobre aviación comercial; y

6) que todos los actos anteriores constituyen desviación de poder.

Violaciones de fondo:

1) el principio de separación de los poderes, esencial a toda democracia formal;

2) 11 convenios ambientales que obligan a Panamá a realizar estudios de impacto ambiental;

3) el desmejoramiento de la protección del derecho a un ambiente sano, tutelado por el Régimen Ecológico de la Constitución y por 3 convenios de derechos humanos;

4) el principio de estricta legalidad, según el cual los funcionarios públicos sólo pueden hacer aquello que la Ley expresamente autoriza;

5) el principio de acceso público a la información, garantizado por los estudios de impacto ambiental;

6) la primacía del interés público sobre el interés privado; y

7) la obligación del Estado de reglamentar las actividades económicas mediante organismos especializados, de modo tal que beneficien a las mayorías.

Continúa pulseo entre gobierno y ambientalistas en la Mesa del Diálogo

Continúa pulseo entre gobierno y ambientalistas en la Mesa del Diálogo

Por segundo día consecutivo se reunió la Subcomisión Ambiental nombrada por la Mesa de Diálogo sobre la Ley 30, cuya sesión inició a las 10:30 a.m. con la presencia por parte del gobierno de Javier Arias, Administrador General de la ANAM, y la Asesora Legal, Carmen Luz Urriola-Villalaz, quienes se opusieron inicialmente a que la sesión fuese filmada por los ambientalistas, pero luego cedieron.

En representación del Gobierno Nacional, el Subsecretario General de la Asamblea Nacional, Luis Camacho, presentó una nueva propuesta de modificación a los artículos ambientales de la Ley 30, según la cual los proyectos de bajo y moderado impacto (Categoría I y II) podrían acogerse a Guías de Buenas Prácticas Ambientales (GBPA), mas no así los de alto impacto (Categoría III).

Las organizaciones ambientalistas presentaron a su vez una contrapropuesta, aceptando únicamente que los proyectos de bajo impacto (Categoría I) puedan acogerse a GBPA, tal como recomienda técnicamente la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), que ha iniciado la elaboración de estas guías en Centroamérica.

Los ambientalistas se mantuvieron firmes en su posición de ayer, al no aceptar que las GBPA puedan reemplazar a los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), sino únicamente complementarlos, excepto el caso de los proyectos Categoría I, y que las GBPA sean sometidas a un proceso de elaboración participativa con todos los sectores, y a una consulta pública cuyos resultados serán vinculantes.

Finalmente, los ambientalistas propusieron restablecer el artículo 115, que establecía incentivos para los denunciantes de delitos o infracciones ambientales, el cual fue derogado por la Ley 30.

PROPUESTA DE LOS AMBIENTALISTAS

Artículo 33. Se adiciona el artículo 23-A a la Ley 41 de 1998, así:

Las actividades, obras o proyectos, públicos o privados, que por su naturaleza, características, efectos, ubicación o recursos y que con base en los criterios ambientales de las normas vigentes deban someterse a un Estudio de Impacto Ambiental Categoría I, o cualquier otra categoría equivalente que se creara en el futuro, podrán acogerse a Guías de Buenas Prácticas Ambientales que le sean aplicables siempre y cuando las mismas hayan sido previamente aprobadas y reglamentadas por la Autoridad Nacional del Ambiente con base en un procedimiento participativo. El contenido mínimo de estas guías no podrá ser menor de lo que actualmente se contempla para los Estudios de Impacto Ambiental Categoría I.

Las obras, proyectos o actividades que deban someterse a un Estudio de Impacto Ambiental Categoría II y/o III no podrán sustituir el Estudio por las Guías de Buenas Prácticas Ambientales.

La Autoridad Nacional del Ambiente deberá elaborar las Guías de Buenas Prácticas Ambientales con la participación de todos los sectores representados en la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente y someterlas a un proceso de participación, mediante la modalidad de consulta pública, la cual será vinculante, que consiste en el acto mediante el cual la entidad pone a disposición del público en general información base sobre un tema específico y solicita opiniones, propuestas o sugerencias de personas naturales o jurídicas.

Para los efectos del párrafo anterior, la Autoridad Nacional del Ambiente deberá publicar, con suficiente antelación, al menos tres veces consecutivas, en un medio escrito de circulación nacional un aviso que contendrá lo siguiente:

1. Identificación de la actividad que será sujeta a la Guía de Buenas Prácticas Ambientales.

2. Oficina y horario para retirar la información base correspondiente.

3. Plazo mínimo de 20 días hábiles para que las personales naturales y jurídicas presenten sus opiniones, propuestas o sugerencias y lugar en que se recibirán.

Mientras dure la consulta la Autoridad Nacional del Ambiente deberá mantener en su página web toda la información relacionada con las Guías de Buenas Prácticas Ambientales sometidas al proceso de consulta.

Artículo 34. Se restaura la vigencia del artículo 115 de la Ley 41 de 1998.

PROPUESTA DEL GOBIERNO / TEMA AMBIENTAL

Artículo 33. Se adiciona el artículo 23-A a la Ley 41 de 1998, así: Artículo 23-A. Sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 23, con excepción de los categoría III, las actividades, obras o proyectos públicos o privados, que deban someterse a un proceso de evaluación de impacto ambiental podrán acogerse a las Guías de Buenas Prácticas ambientales que les sean aplicables, siempre que las mismas hayan sido previamente reglamentadas a través de Decreto Ejecutivo, el cual contendrá los requisitos, trámites necesarios para la aprobación. La Autoridad Nacional del Ambiente, elaborará dichas Guías.

Previo a su aprobación, las Guías de Buenas Prácticas Ambientales deberán ser sometidas al proceso de participación, mediante la modalidad de consulta pública, que consiste en el acto mediante el cual la entidad pone a disposición del público en general información base sobre un tema específico y solicita opiniones, propuestas o sugerencias de los ciudadanos u organizaciones sociales.

Artículo 34. Se deroga el artículo 115 de la Ley 41 de 1998.

Artículo 31 Se adiciona un término al artículo 2 de la Ley 41 de 1998, así: Artículo 2. La presente Ley y su reglamentación, para todos los efectos legales, regirán con los siguientes términos y significados:

Guía de Buenas Prácticas Ambientales: Herramientas de gestión ambiental para la evaluación de proyectos, obras o actividades elaboradas por la Autoridad Nacional del Ambiente y según estándares definidos en convenios nacionales e internacionales donde Panamá es signatario que amplian las regulaciones ambientales vigentes referentes a acciones de prevención, corrección y/o compensación que los promotores de un proyecto, obra o actividad de desarrollo implementen, a fin de promover la protección y prevenir daños en los factores ambientales.

RESULTADOS

Según La Prensa, el tema ambiental no registró avances ayer. El lunes (5 de noviembre de 2010), una subcomisión llegó a un acuerdo en dos de los cuatro artículos ambientales: el que agrega a la Ley de Ambiente la definición de las “Guías de buenas prácticas ambientales” y el que elimina la frase “público o privado” a los proyectos que requerían estudio de impacto ambiental.

En el artículo 33, que convierte en opcionales los estudios de impacto ambiental para los proyectos que el Ejecutivo determine, el Gobierno accedió a que las obras de riesgo ambiental estuvieran obligadas a este análisis. Sin embargo, los ambientalistas piden que los proyectos turísticos en áreas costeras también se sometan a este estudio. La discusión está trancada.

Video: High hopes Panamá

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Colaboraron con esta nota: Félix Wing del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM)

Sanción de la «Ley Chorizo» causa repudio generalizado

Sanciona ley 30 de 2010

Ejecutivo ignora repudio ciudadano a la ley 9 en 1

La ley reforma los códigos ‘de Trabajo’, ‘Penal’ y ‘Judicial’, así como seis leyes entre las que están la de la Policía, la de Ambiente y de Contrataciones Públicas.

Isidro Rodríguez
irodriguez@prensa.com

Ignorando el clamor de de ambientalistas, empresarios, sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y estudiantes, el presidente, Ricardo Martinelli, sancionó la ahora llamada Ley 30 de 2010, “que dicta medidas para promover el desarrollo de la aviación comercial, reforma normas laborales y penales, y adopta disposiciones para posibilitar la ejecución de proyectos de interés nacional”. Atrás quedaba la escueta denominación original del proyecto que llegó a la Asamblea en sesiones extraordinarias el 7 de junio pasado, y que solo hablaba de aviación comercial y “otras disposiciones”.

Menos de 24 horas después de su llegada al país, y sin hacer declaración pública alguna, el Palacio de las Garzas informó de la sanción presidencial.

Los grupos ambientalistas habían sido invitados a la Presidencia en la tarde de ayer para reunirse con Martinelli, pero la reunión se canceló.

Grupos marcharán y demandarán la nueva ley

Unos 60 grupos que luchan a favor del ambiente, advirtieron que los cambios a la Ley General de Ambiente –que excluye los proyectos que así decida el Gobierno del proceso de evaluación ambiental– afectarán el financiamiento que recibe Panamá de organismos internacionales. Hoy, ambientalistas, sindicatos y otros grupos marcharán hasta la Presidencia, como muestra de rechazo a la Ley 30 (9 en 1), y mañana presentarán una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte.

Isidro Rodríguez

Sancionan reformas a los códigos ‘de trabajo’, ‘penal’ y ‘judicial’, así como a otras seis leyes

Martinelli no escuchó al país

Más de 60 grupos de ambientalistas, gremios empresariales, sindicatos, médicos, docentes, entre otros, pidieron sin éxito el veto a la ley.

GOLPE. Zuleika Pinzón, presidenta del Comité Panameño de UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), y representantes de otras organizaciones ambientalistas del país, expresan su decepción y preocupación por la sanción presidencial a la ley que modificó, entre otras cosas, la Ley General de Ambiente. LA PRENSA/Jihan Rodríguez

isidro rodríguez
irodriguez@prensa.com

Tras conocerse que el presidente, Ricardo Martinelli, había sancionado la Ley 30 –que reforma los códigos de Trabajo, Penal, Judicial, así como seis leyes–, los grupos que se opusieron a la también llamada ley 9 en 1 anunciaron nuevas acciones de rechazo.

En la tarde de ayer, 60 organizaciones que luchan a favor del ambiente repudiaron la acción presidencial que ignoró su petición de veto hecha pública durante una marcha de protesta del pasado martes.

Félix Wing, en representación de estas organizaciones, calificó de “bochornoso” el hecho de que los habían invitado a una reunión a las 3:30 p.m. en la Presidencia a dialogar, a pesar de que la ley había sido ya sancionada.

Wing comentó que las organizaciones ambientales del mundo están asombradas por el grave retroceso que representa la nueva legislación para Panamá.

El activista agregó que la norma que excluye del proceso de evaluación ambiental los proyectos que el Gobierno decida, viola convenios comerciales, de derechos humanos y ambientales. “Los únicos beneficiados de la eliminación de los estudios de impacto ambiental son los grandes intereses económicos, tanto nacionales como internacionales”, denunció.

Los ambientalistas no se darán por vencidos, y en los próximos días presentarán los recursos legales que correspondan ante la Corte Suprema de Justicia y los organismos internacionales.

Gabriela Etchelecu, de la Fundación MarViva, comentó que tienen información de que lo sucedido pone en peligro el financiamiento que pueda dar para proyectos el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial a Panamá.

Empresarios

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), la Cámara de Comercio, industrias y Agricultura de Panamá, y la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) enviaron misivas ayer al mandatario para intentar detener la sanción presidencial. Tampoco fueron escuchados.

La SPIA considera que la nueva legislación choca con otras normas que rigen la figura del ingeniero residente en las obras, creando una gran confusión legal.

Por su parte, Gaspar García de Paredes, del CoNEP, lamentó la sanción al proyecto que, dijo, se aprobó sin las consultas correspondientes a los sectores del país.

Nueva Marcha

Los ambientalistas hicieron un llamado a la ciudadanía para que participe de la marcha convocada para hoy a las 4:00 p.m. por los movimientos sindicales, y que partirá del parque Porras en dirección a la Presidencia de la República.

Genaro López, del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, y Samuel Rivera, de la Central General de Trabajadores de Panamá, invitaron a la población a la marcha, y lamentaron que el mandatario no escuchara la voz de la ciudadanía.

Los dirigentes sindicales no descartaron que el movimiento en rechazo a esta ley –que modificó el régimen legal de la huelgas– termine en una convocatoria a una huelga general.

Por su parte, Fernando Castañeda, de la Comisión Médica Negociadora Nacional, calificó la recién aprobada ley como nefasta y, por ello, apoyarán la marcha. Docentes y estudiantes también anunciaron que irán a la protesta.

Martinelli se queda en Palacio

Tras ocho días de gira por Grecia, el presidente, Ricardo Martinelli, retornó al país en la madrugada del pasado martes 15. En su ausencia, la polémica ley 9 en 1 (aprobada en el Gabinete del 26 de mayo) recibió luz verde en la Asamblea, en medio del Mundial del Fútbol. Desde su llegada, Martinelli no ha participado de ninguna actividad pública. Según fuentes de Palacio, el Presidente ha sostenido diversas reuniones en su despacho.

Un día después de su llegada, en el Gabinete ratificó el nombramiento de José R. Mulino y Roxana Méndez como ministros de Seguridad y Gobierno, respectivamente. Al día siguiente (ayer), desoyendo a los grupos ambientalistas y otros gremios del país que pedían un veto, Martinelli sancionó la ley. Solo una foto puesta en la página web de la Presidencia dio fe de ese acto, que fue prácticamente privado en la Presidencia.

Isidro Rodríguez

La Prensa