Gobierno panameno desmonta Estudios de Impacto Ambiental, Derechos humanos y laborales

BANCADA OFICIALISTA IGNORA REPUDIO NACIONAL

Proyecto 9 en 1, a punto de ser ley

Ni los discursos de los diputados opositores ni los llamados de atención de los grupos civiles impidieron la aprobación de la polémica propuesta.

APROBADO. Oficialistas celebran el ‘sí’ dado al proyecto del Ejecutivo. LA PRENSA/Jorge Fernández

OHIGGINIS ARCIA JARAMILLO
oarcia@prensa.com

A puertas cerradas y con policías dentro del edificio de la Asamblea Nacional –por orden del presidente, José Luis Varela–, la mayoritaria bancada oficialista aprobó ayer, en tercer debate, el proyecto de ley sobre aviación comercial que además reforma los códigos de Trabajo, Penal y Judicial, y otras seis leyes.

42 votos a favor y 17 en contra fue el resultado de la votación, que deja el proyecto a un paso de convertirse en ley, a pesar del rechazo de los diputados de oposición y de decenas de grupos de la sociedad civil organizada que durante toda la semana acudieron a la Asamblea para exigir que se eliminaran de la propuesta de ley los temas de ambiente, derechos humanos y sindicalismo.

Miembros de grupos como MarViva, la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, el Centro de Incidencia Ambiental, la Unión de Aviadores Comerciales y el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción no ingresaron al hemiciclo legislativo ayer, porque el presidente de la Asamblea así lo ordenó.

Tras conocer que el proyecto había sido aprobado, los grupos convocaron a una reunión en la Universidad de Panamá, mañana lunes, a las 5:00 p.m., para analizar las medidas que tomarán para que el presidente, Ricardo Martinelli, quien estuvo fuera del país los últimos cinco días, lo vete.

PROPUESTA ENVIADA POR EL EJECUTIVO PASA EL TERCER DEBATE

Diputados le dan otro ‘sí’ al polémico proyecto 9 en 1

Por segundo día consecutivo, la Asamblea sesionó a puertas cerradas. Esta vez lo hizo, además, rodeado de policías.

AMBIENTE. Mientras en la parte exterior del Palacio Justo Arosemena la policía impedía la entrada a los opositores del proyecto, dentro los diputados votaban a favor de esta iniciativa del Ejecutivo. LA PRENSA/Jorge Fernández

OHIGGINS ARCIA JARAMILLO
oarcia@prensa.com

El rechazo de los trabajadores, ambientalistas y aviadores comerciales al proyecto 9 en 1 fue ignorado por los 42 diputados oficialistas que participaron ayer del debate en la Asamblea Nacional.

Tras cuatro horas de discusión (a la 1:00 p.m.), la bancada oficialista aprobó en tercer debate el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que promueve la aviación civil, reformando de paso el Código Penal, el Código Judicial y el de Trabajo, además de seis leyes.

Si el presidente, Ricardo Martinelli, le da el visto bueno a esta propuesta, los policías no serán detenidos por la comisión de un delito en sus horas laborales. Además, las obras que el Gobierno declare como de “interés social” no deberán someterse al estudio de impacto ambiental; y cuando los trabajadores declaren una huelga, no podrán cerrar la empresa.

Los anteriores aspectos son los que más preocupan a grupos como el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), MarViva y la Alianza Ciudadana pro Justicia.

Miembros de estos grupos –como Raisa Banfield, Gabriela Etchelecu, Alida Spadafora y Saúl Méndez– trataron de entrar a la Asamblea para repudiar la ley.

Sin embargo, todas las puertas de acceso estaban cerradas. No les quedó otra opción que gritar consignas desde la Plaza 5 de Mayo.

En tanto, en el hemiciclo, los diputados oficialistas y los opositores seguían enfrentados. Los primeros buscaban que la ley fuera aprobada lo antes posible, mientras que el otro bando quería dilatar el debate.

De la bancada de oposición hicieron uso de la palabra 10 diputados, entre ellos Juan Carlos Arosemena, Raúl Pineda, Leandro Ávila y Benicio Robinson.

De los oficialistas, pocos pidieron la palabra. Pero hubo quienes –como Miguel Fanovich y el presidente de la Asamblea, José Luis Varela– defendieron con elocuencia la propuesta del Ejecutivo. Finalmente, recibió 42 votos a favor y 17 en contra.

Las reacciones de la sociedad civil no se hicieron esperar. Banfield dijo que, si el Ejecutivo sanciona el documento, lo demandarán.

Saúl Méndez también advirtió que no se quedarán de brazos cruzados. “Llamamos al pueblo a una resistencia social”, anunció.

El vicepresidente de la República, Juan Carlos Varela, aceptó que “faltó divulgación y una mejor exposición del contenido de la ley”. Sin embargo, no explicó por qué razón se incluyeron nueve temas tan variados en una sola propuesta de ley.

¿Qué poder tienen los obreros?

El movimiento sindical está en alerta. La reciente reforma parcial al Código de Trabajo incluyó cambios a las convocatorias a huelga, y a la formación de nuevos gremios de trabajadores. Estas nuevas disposiciones no fueron del agrado del sector obrero, uno de los más beligerantes del país. Por ello, dicen, no descartan convocar a una huelga general en rechazo a estos y otros cambios que ha anunciado el Gobierno para julio próximo. Pero, ¿qué poder tienen los obreros?, sector que en los últimos años ha mostrado tantas divisiones.

EL PANORAMA

El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) es el gremio que aglutina la mayor parte de los sindicatos del país.

En la actualidad está integrado por 10 grupos de todo el país, con un total de 180 mil trabajadores. Están en el Conato, la Confederación de Trabajadores de la república de Panamá (CTRP), la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP), la Confederación Gremial de Trabajadores de la República de Panamá (CGTRP), la Federación Nacional de Servidores Públicos de Panamá (Fenasep), la Federación Sindical de los Trabajadores de Panamá, la Confederación Gremial de Trabajadores, la Confederación Gremial, Convergencia Sindical, la Unión General de Trabajadores y la Casa Sindical.

La Confederación Nacional de Unidad Sindical (Conusi), una de las más fuertes, formaba parte de Conato, pero fue expulsada justo cuando se discutían las polémicas reformas a la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), en 2005.

Conusi es el grupo más poderoso, porque tiene en sus filas al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs). Además, cuenta con ocho federaciones, tres sindicatos regionales y cuatro sindicatos nacionales.

“Fuimos expulsados de Conato porque en ese momento el gobierno del Partido Revolucionario Democrático (PRD) así lo quiso”, aseguró Gabriel Castillo, secretario general de la Conusi.

Conusi está formada, en su mayoría, por trabajadores del comercio, de la agricultura, de la industria del papel y de la telefonía. En total, son unos 52 mil empleados, calculó Castillo.

SUS RECURSOS

En 2005, cuando se discutieron las reformas a la ley de la CSS, el movimiento sindical se fue a huelga general, en medio de la pelea interna entre los dirigentes.

A pesar de las divisiones, lograron su objetivo: presionar al Gobierno mediante la paralización laboral, para que estableciera una mesa de diálogo por el Seguro Social. A ellos se les unió el sector de los médicos, el de los educadores y el de los profesionales del país. La huelga duró un mes.

Según Castillo, en estos momentos están preparados para resistir nuevamente un mes de huelga, para enfrentar lo que ellos califican como las “nefastas” reformas laborales que impulsa el gobierno del presidente, Ricardo Martinelli.

La Conusi maneja su propio presupuesto. Cada trabajador le aporta 10 centésimos mensuales (lo que suma 62 mil 400 dólares cada año), explicó Castillo. Además, Suntracs, recauda una cuota de dos dólares por cada obrero de la construcción. “Lógicamente, el sindicato más fuerte económicamente es Suntracs”, reconoció Castillo.

Rafael Chavarría, dirigente de Conato, aseguró que esta agrupación también está preparada para resistir un mes de huelga, aunque sostuvo que cuentan con una mejor estrategia para no llegar a ese extremo. Se trata, explicó, de lograr el apoyo de todos los sectores del país para que la huelga solo dure un día. “Así la presión es más fuerte para el Gobierno”, adujo.

LA LUCHA VA

Los líderes sindicales aún tienen diferencias. Sin embargo, han lanzado puentes para lograr una unidad, con el objetivo de crear un frente común en contra de las anunciadas reformas laborales. Genaro López, secretario general del Suntracs, indicó que aún desconfían de la cúpula del Conato –luego de que aprobaran la expulsión de Conusi en 2005–, aunque anunció que están dispuestos a dialogar con dirigentes intermedios.

Por su lado, Castillo informó que esa posibilidad está sobre el tapete y la analizarán. “La división no es un secreto, pero el movimiento sabe dejar aparte esas diferencias para luchar unidos”.

Rafael Chavarría, por su lado, dijo que esperan la respuesta de Conusi.

José González Pinilla

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ASAMBLEA NACIONAL

Aprueban proyecto 177

Un grupo de defensores del ambiente se manifiestan afuera del Palacio Legislativo, mientras se discutía a puerta cerrada el polémico proyecto de aviación número 177.

PANAMÁ. El proyecto de ley de aviación número 177 llegó a la Asamblea Nacional con la pretensión de regular la actividad aérea y comercial de Panamá. El pasado lunes 7 de junio fue presentado por el ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino.

Para sorpresa de muchos, el proyecto estaba cargado de otras reformas. Modificaciones a tres códigos y seis leyes que nada tenían que ver con la aviación comercial fueron aprobadas a puerta cerrada, el sábado 12 de junio a las 12:57 del mediodía en tercer debate con 42 votos a favor y 17 en contra.

En su trayecto, la ley de aviación perdió su identidad y hoy es conocida como: ‘ley langosta’, ‘ley chorizo’, ‘ley 9 en 1’ y hasta ‘ley golazo’, en alusión a que por estos días se inauguró el Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010.

Desde las nueve de la mañana del sábado, a la Asamblea Nacional llegaron defensores del medio ambiente y trabajadores de la construcción.

Mientras dentro del Palacio los diputados —tanto de oposición como oficialistas— discutían el polémico proyecto, afuera un grupo de trabajadores protestaban jugando fútbol en medio de la calle y otro grupo de defensores del ambiente con pancartas en mano gritaban consignas como ‘allí están, esos son los que venden la nación’ y ‘sin lucha no hay victoria’.

Genaro López, del Suntracs, reaccionó a lo aprobado por los diputados señalando que no se quedarán cruzados de brazos y demandarán el proyecto por inconstitucional ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, Fernando Arango, pidió al presidente de la República, Ricardo Martinelli, que considere vetar esta ley por considerar que debió ser más discutida y conversada por todas las partes. Arango también crítico que el proyecto de ley de aviación haya servido para aprobar otras leyes, como las normas penales, laborales y ambientales.

LO APROBADO

En el tema laboral, fue aprobado el artículo número 12, que contempla que el empleador no estará obligado a descontar a sus trabajadores cuotas sindicales y dispone que aquel trabajador que decida afiliarse a un sindicato deberá pagar las cuotas por voluntad propia.

Otro de los artículos que fue aprobado en el paquete del proyecto de aviación es el que establece que cuando un miembro de la Policía Nacional sea denunciado o querellado por la presunta comisión de un delito en el servicio o cumplimento de su deber, por motivo de uso de la fuerza excesiva, no se ordenará su detención preventiva ni se decretará la suspensión provisional de su cargo.

Del Código Penal se aprobaron disposiciones en materia de penas a quienes falsifiquen o alteren, total o parcialmente, un pasaporte panameño, cédula, licencia de conducir o visa, y se aplicará una pena de 5 a 10 años.

Uno de los temas más discutidos fueron las normas de impacto ambiental, se estableció en el artículo 32 que las actividades, obras o proyectos que por su naturaleza o características puedan generar riesgo ambiental requerirán de un estudio de impacto ambiental previo al inicio de su ejecución.

Estas actividades, obras o proyectos, deberán someterse a un proceso de evaluación de impacto ambiental, incluso aquellos que se realicen en la cuenca del Canal de Panamá y las comarcas indígenas.

EN PIE DE GUERRA

El proyecto 177, aprobado en tercer debate, ha servido para unir más a los panameños, así lo aseguró la defensora del medio ambiente Raisa Banfield, quien indicó que esperarán la decisión que tome Martinelli, sancionar o vetar la ley.

Banfield dijo que, de no vetarse esta ley, ellos acudirán a todas las instancias legales que tengan a su alcance, en la justicia, debido a que Panamá se perfila como un defensor de derechos ambientales y lo aprobado por los diputados es un retroceso a los logros alcanzados por ellos, explicó.

Los diputados de oposición se manifestaron en contra de la aprobación en tercer debate de la ley. Leandro Ávila, del PRD, afirmó que ‘la asamblea solamente trabaja sábado cuando se trata de aprobar leyes impopulares’.

RECURSO. Grupos que la adversan amenazan con demandarla

Aprueban “Ley Chorizo” bajo estricto cerco policial

Quienes se oponen al proyecto convocaron a una reunión mañana y a una marcha desde la Iglesia del Carmen el próximo martes.

Carlos Anel Cordero

PA-DIGITAL

Golazo. Mientras el dirigente obrero Saúl Méndez dominaba un balón, los diputados daban tercer debate a la “Ley Chorizo”.

Ambientalistas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil advirtieron que un grupo de asesores legales evaluarán el denominado proyecto de “Ley Chorizo”, aprobado ayer en tercer debate, a fin de determinar las posibilidades de demandarlo por “ilegal e inconstitucional”.

Al mismo tiempo, solicitaron al presidente de la República, Ricardo Martinelli, que no lo sancione y que haga uso de su facultad constitucional de vetarlo. Amenazaron con demandarlo en tribunales nacionales e internacionales.

Hay que reconocer que este Gobierno ha logrado que grupos de la sociedad civil, ambientalistas, empresarios y sindicatos se unan en contra de una iniciativa que los afecta a todos, dijo Raisa Bandfield, vocera de los grupos ecologistas.

El proyecto fue aprobado ayer en medio de extremas medidas de seguridad en el Palacio Justo Arosemena, sede de la Asamblea.

Leandro Ávila, de la bancada del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), dijo que ni en la época de la dictadura, la Asamblea Nacional había sido “sitiada” por la Policía Nacional, al punto que hasta a los diputados y periodistas les dificultaron el acceso al recinto legislativo.

José Luis Varela, presidente de la Asamblea, justificó el hecho alegando que en los días anteriores, grupos sindicales y ambientalistas se negaron a abandonar el recinto y que al día siguiente, un grupo de activistas ambientalistas estuvo a punto de romper la lámina transparente que separa las gradas del Pleno.

Sectores opositores calificaron el proyecto como “Ley Chorizo”, por la diversidad de materias que incluye.

La iniciativa modifica los códigos de Trabajo, Penal y Judicial, las leyes Ambiental, de Contrataciones Públicas, Aeronáutica Civil, la de la Fiscalía de Cuentas y del Ente Regulador de los Servicios Públicos.

En esta última materia, la ley dispone que cuando se construya un proyecto y haya que remover postes de cableado de servicios públicos, las empresas prestadoras de servicios tendrán un plazo para removerlos y en el caso de que no lo hagan, se ordenará su remoción y luego se pasará la cuenta a la empresa propietaria.

OPINIONES

EDITORIAL DE EL PANAMÁ AMÉRICA
La falsa democracia

Con el proyecto de ley, llevado hace unos días a la Asamblea Nacional, el Gobierno ha creado tal confusión en la sociedad panameña, que hace dudar de las intenciones oficialistas. Es fácil creer que se trata de enmarañar el sistema normativo que nos rige con el objetivo de revolver el río y obtener las ganancias de pescadores tan famosas. El grupo en el poder debe (y puede) cambiar de métodos de gobierno, pues están destruyendo la democracia al simplemente ignorarla.

¿Quiénes deberían alertar sobre lo que está ocurriendo? Nada menos que los diputados. Pero éstos –sin ninguna preocupación ni autonomía de pensamiento- no hacen nada. O no se enteran. Quizá no les importa, lo cual es todavía peor. Hay más indiferentes y apáticos en la Asamblea que en las calles de Panamá, y por eso quizá no miden las consecuencias de sus actos.

Todo indica que la intención del Presidente Martinelli es seguir ignorando a la sociedad civil. Y ante la resistencia de los grupos de oposición, resulta triste el espectáculo de aquellos diputados que acusan a estos panameños organizados de violentar sus rejas, cuando ellos son quienes violentan de la peor manera el ambiente político del país donde a todos nos toca vivir.

EDITORIAL LA PRENSA

Hoy por Hoy

Un claro ejemplo de que la sociedad civil organizada y el Gobierno pueden trabajar juntos y lograr importantes avances en distintos temas de interés nacional, es la labor que se viene realizando desde hace casi un mes en materia de seguridad. En esta ocasión, los resultados de las reuniones efectuadas entre el Gobierno y las distintas organizaciones de la sociedad civil ya tienen resultados, al menos en lo teórico.

Lastimosamente, esta reflexión no puede más que dejar un sabor agridulce, pues la convivencia pacífica entre el Gobierno y los gobernados se ha visto, en repetidas ocasiones, alterada por las arbitrariedades cometidas por la administración del presidente Martinelli.

Tal vez otra hubiera sido la historia si la opinión de la sociedad civil hubiese sido tomada en cuenta al momento de elegir a los nuevos magistrados de la Corte, cuando se destituyó a la Procuradora de la Nación, o cuando se aprobaron los coloquialmente llamados “proyecto de los carcelazos” y recientemente el gran “golazo legislativo”. La administración Martinelli tiene que recapacitar y entender que las leyes hay que cumplirlas, que la opinión de quienes lo eligieron merece ser escuchada, y que la arbitrariedad no es la forma de gobierno que los panameños nos merecemos.

OPINIÓN DEL ÁTICO (ESTRELLA DE PANAMÁ)

LO QUE HACEN CON LAS MANOS. .. … lo destruyen a patadas. Definitivamente, los dirigentes del Gobierno no tienen una mano limpia de Pocker. Esconden en sus mangas todos los ases que les viene en gana. Señores, se están equivocando garrafalmente, están irrespetando al pueblo, a la vez que lo amenazan con leyes traídas de los cabellos y que atentan contra el aún débil Estado de Derecho. El voto no es una carta en blanco para que hagan y deshagan a su antojo, son apenas una junta directiva del Estado, no se confundan.

OPINIÓN DEL DIRIGENTE DEL SINDICATO MÁS GRANDE DE PANAMÁ

Otro exabrupto gubernamental

GENARO LÓPEZ*
rologe54@yahoo.com

Si las sesiones extraordinarias son convocadas para temas específicos, ¿cómo se explica que se reformen el Código Penal, Laboral y Judicial si esto no estaba en agenda, además de seis leyes adicionales: Ley General del Ambiente, Ley Orgánica de la Policía, la que crea el Tribunal de Cuentas, la Ley marco de Servicios Públicos, etc? ¿Cómo la Comisión de Transporte puede aprobar un anteproyecto de ley sin consultar al resto de las comisiones en temas que le compete? Tal como han señalado juristas del país, se entremezclan materias que debieran ser discutidas en forma separada por su especialidad.

No cabe duda de que esta actuación se suma a la larga lista de exabruptos del gobierno de Ricardo Martinelli, donde la Asamblea Nacional se convierte en cómplice del atropello contra el supuesto ‘Estado de Derecho’.

Lo actuado por la Asamblea, en la aprobación a tambor batiente del proyecto de Ley 177, que supuestamente promueve la aviación comercial, se convierte en una violación más a convenios internacionales y aspectos constitucionales en materia de derecho laboral, derechos humanos y ambientales. La forma en que se apresta a discutir y aprobar el proyecto es violatoria al reglamento de este órgano del Estado y a las normas constitucionales. De esta forma también se aprobó la denominada Ley Carcelazo, misma que ha sido demandada por inconstitucional.

Como en los mejores tiempos de la dictadura de Noriega, la Asamblea tiene que sesionar bajo el amparo de la llamada Policía Nacional, a la misma que le otorgan el derecho a la ‘Pena de Muerte’ al otorgarse impunidad a los policías asesinos y abusadores, quedará en las manos de estos el futuro de la vida de los ciudadanos panameños.

¿Cómo es posible que se le otorgue al Ejecutivo la potestad de prescindir de los estudios de impacto ambiental? En el mencionado proyecto, se pretende borrar gran parte del marco de protección que garantiza la Ley General de Ambiente, al excluir del requisito de estudio de impacto ambiental a ‘aquellas actividades, obras o proyectos estatales que sean declarados de interés social por el Consejo de Gabinete’. ¿Cuál será la actuación de estos mercaderes sobre la apertura del Tapón del Darién, la explotación minera, la venta de los ríos, playas y costas del país?

Ya la realidad ha demostrado que en ellos prevalecen sus intereses empresariales sobre el bienestar social de los panameños. Es decir, se pretende legalizar las catástrofes ecológicas, al colocar a la población en un estado de total indefensión, al atentarse contra el derecho a la vida.

El proyecto involucra reformas al Código de Trabajo, pretendiendo conculcar el derecho a huelga consagrado en la Constitución Política. Se elimina el derecho a arbitraje cuando los trabajadores salen en minoría en el conteo a favor de la huelga, la minoría que está en contra de la huelga podrá seguir laborando, afectando de esta forma el derecho a huelga.

Esta es la segunda oleada de reformas laborales bajo la conducción de Alma Cortés, pero ya está anunciada una tercera oleada.

Todo ello bajo el cinismo de Alberto Vallarino, quien ha señalado que en el debate a la reforma al Código de Trabajo nunca ha estado en la mente del Gobierno perjudicar a los trabajadores.

En un total irrespeto y menosprecio al pueblo, los diputados pretendía negar la participación de las diversa organizaciones, es a través de los esfuerzos de los obreros de la construcción, que se logra cinco minutos por grupo para plantear nuestras objeciones al proyecto de los mercaderes del gobierno.

Panameño, es hora de que expreses tu descontento ante la política del gobierno represor. El mismo se ha dedicado desde su arribo a imponer leyes antipopulares, como la del ITBMS, que desde julio incrementa en un 40% la carga impositiva al pasar de 5 a 7%, reduciendo el poder de compra de nuestros salarios.

No te dejes confundir, no se trata de actuaciones aisladas de ministros (Mulino, Molinar, Cortés, Vallarino, etc.), se trata de una política de gobierno, concebida bajo los intereses empresariales del grupo de poder económico que actualmente encabeza Martinelli, quien, al igual que lo hiciera Noriega, prefiere estar fuera del país (viaje 18 en 11 meses de gobierno) cuando se imponen leyes represivas, antipopulares y antidemocráticas.

*SECRETARIO GENERAL DEL SUNTRACS.

Almirante en grave riesgo por trasiego de cemento para hidroeléctrica Chan 75

TRASIEGO DE TONELADAS DE CEMENTO HACE PELIGRAR SALUD DE 16 MIL HABITANTES DEL PUERTO

Almirante, riesgo sanitario

El técnico en salud ocupacional Vidal Frutos asegura que, de seguir estos escapes, provocarán silicosis en la población.

BOMBEO. La barcaza bombea cemento y otros aditivos a los silos de AES Changuinola en el puerto de Almirante, sin las debidas precauciones. La población está preocupada por el silencio de Anam y del Minsa. ESPECIAL PARA LA PRENSA/P. Rodríguez

PEDRO RODRÍGUEZ SANJUR
ALMIRANTE, BOCAS DEL TORO

nacionales@prensa.com

Moradores del corregimiento de Almirante, distrito de Changuinola, están preocupados y hacen un llamado de auxilio al Ministerio de Salud (Minsa) y a la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) ante el riesgo inminente en que está su salud por el trasiego de cemento y ceniza volátil.

El problema surgió hace varios meses cuando las firmas Changuinola Civil Works (CCW) y AES Changuinola anclaron una barcaza en el puerto de Almirante para recibir toneladas de cemento y ceniza volátil, transportadas por barcos desde Tampa.

Estos materiales en polvo son bombeados a tierra firme y almacenados en silos para luego proveerlos a camiones que los transportarán a las obras del proyecto hidroeléctrico Chan 75.

Ricardo Qwiman, dirigente comunitario, denunció que la preocupación aumentó luego de que el pasado 5 de febrero ocurrió un escape del aditivo de cemento de los silos ubicados en el muelle de Almirante, propiedad de la Bocas Fruit Company.

Ese día, recuerda, todas las casas alrededor del muelle se llenaron de un fino polvo blanco que llenó de angustia a todos los residentes.

Según Qwiman, el aditivo de cemento es bombeado y su trasiego contamina la atmósfera, como también la salud de los residentes, ya que se han presentado problemas respiratorios y alergias en la piel.

Ello arroja afectaciones pulmonares que pueden empeorar en los próximos meses. “Lo peor del caso es que nuestras autoridades, tanto en el ámbito nacional como provincial, no están dando atención al problema”, dijo.

Admitió que el proyecto está generando plazas de trabajo, pero expone la salud de 16 mil habitantes, puesto que estas instalaciones deben ser reubicadas en otro punto.

ESCAPE PELIGROSO

Para Vidal Frutos Martínez, técnico en salud ocupacional, la población de Almirante sí está en riesgo, porque pueden suscitarse casos de silicosis o contaminación por polvo de silicio, que inflama los pulmones y dificulta la respiración.

Los residentes se preguntan por qué la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Almirante no ha dado un informe al respecto.

Otra que guarda silencio es la Anam, cuyos funcionarios visitaron el área, pero no han comentado nada, mucho menos la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, que no dice nada sobre el derrame que hubo en la bahía, lo que provocó la muerte de especies marinas.

NO HAY QUE TEMER

Tras el escape del material, la firma AES Changuinola, S.A. aseguró que este fue contenido y mitigado de inmediato, y dijo que le exigió a su contratista CCW realizar una investigación inmediata y la implementación de medidas de seguridad para evitar un nuevo derrame, lo que calificó como un “hecho aislado”.

Además, AES Changuinola asegura que el aditivo de cemento no representa peligro para la salud ni para el medio ambiente, y está calificado como no peligroso por la Organización Mundial de la Salud.

ANAM juega con evaluación ambiental de proyectos

PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD

La Anam juega a las carreras

Joana A. Ábrego G.
opinion@prensa.com

Cada vez que una comunidad se queja de la construcción de algún proyecto en su “patio trasero” sin considerar las verdaderas afectaciones a su calidad de vida, se quejan implícitamente de dos factores fundamentales: la pobre ejecución de las leyes vigentes y la falta de eficacia de dichas normas para prevenir y/o solucionar estos conflictos.

En estos casos, la norma ambiental es una protagonista obligada, particularmente aquella sobre el proceso de evaluación de impacto ambiental (EIA), llamado a ser, según nuestra propia Ley General de Ambiente, un sistema de advertencia temprana para la protección del ambiente.

Volviendo a esas cuestiones fundamentales, el llamado EIA ha sufrido de ambas falencias. La primera ha sido demostrada por recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia, aunque el grueso de sus ocurrencias jamás llegaría a ser ventilado ante esta esfera. La segunda se entreveía frente a las ventanas abiertas dejadas por el Decreto 209 de 2006, que reglamentaba este proceso.

La posibilidad de aprobar estudios de impacto ambiental condicionados, que no es más que código para “aprobación de EIA insuficientes”; la confusa descripción de criterios para establecer su categoría, es decir, la profundidad requerida del estudio; la utilización de contenidos mínimos empleados como un llenar espacios, donde cualquier elucubración poética del consultor vale para cumplir el requisito; y la permisividad para la segmentación de proyectos en múltiples estudios de distintas categorías, sin consideración de los impactos acumulativos o sinérgicos de su totalidad, son sólo los más destacados ejemplos.

En días pasados, la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) presentó los decretos ejecutivos que vienen a sustituir al 209, Decretos Ejecutivos 122 y 123 de 2009. Las intervenciones de los asistentes al evento orbitaron sobre la necesidad de un espacio para un mayor análisis de las nuevas normas. La idea fue prontamente acogida por su nuevo administrador general, sin embargo, la pregunta subyace: ¿Por qué no fue este magnífico espacio de participación previo a la promulgación de los referidos decretos? Por el contrario, se ha perdido una oportunidad de oro para, a través de los aportes de todos los actores, lograr un instrumento de gestión ambiental renovado y fortalecido.

En su lugar contamos con una norma (ahora llamada “en un dos por tres”) que, aunque incluye ciertas precisiones necesarias, no resuelve ninguna de las cuestiones planteadas y en su apuro por reducir los tiempos de trámite para los promotores, no considera los verdaderos recursos humanos y técnicos de la institución, que ahora tendrán que encargarse, no en la prevención sino en la remediación, de daños ambientales que quizás nunca puedan subsanarse, a pesar de los prometidos pero ya conocidos graves castigos para los responsables.

Aún es muy pronto para presumir menos que las mejores intenciones de nuestras nuevas autoridades, pero ojalá no sea muy tarde cuando quieran corregir los errores que la fiebre de la desburocratización llevada a la locura pueda acarrear, porque entonces ni la Corte Suprema podrá corregir sus mea culpa, y mucho menos “en un dos por tres”.

La Evaluación Ambiental Estratégica

La Evaluación Ambiental Estratégica: Compendio Básico

Ariel R. Rodríguez Vargas (Editor)
Universidad de Panamá

A continuación desarrollamos un compendio de información recopilada de publicaciones de la UICN, el Banco Mundial y la OCDE sobre la evaluación ambiental estratégica con información útil para el aprendizaje y desarrollo del mismo en nuestros países.

INTRODUCCIÓN

La EAE no es un instrumento ambiental nuevo. En algunos países ha existido desde hace 20 ó 25 años; como en Estados Unidos, Canadá y Holanda. Otros países como el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda lo incorporaron hace unos 15 años. Un número un poco más grande de países empezó a trabajar en la EAE hace unos 10 años, pero en la mayoría de los países en todo el mundo apenas están empezando a desarrollarla.

La AE se refiere a una gama de “enfoques analíticos y participativos que buscan in­tegrar las consideraciones ambientales en los planes, políticas y programas, y evaluar las interconexiones con las consideraciones económicas y sociales”. La EAE puede describirse como una familia de enfoques que utiliza una variedad de herramientas, en lugar de un único enfoque, fijo y que prescribe. Una buena EAE se adapta y configura de acuerdo al contexto en que se aplica. Puede pensarse como un continuum de creciente integración: en un extremo del continuum, el fin principal es integrar el medioambiente junto con las preocupaciones económicas y sociales—en la toma estratégica de decisiones; en el otro extremo, el énfasis recae sobre la plena integración de los factores ambientales, sociales y económicos en una evaluación “holística” de la sostenibilidad.

La EAE se aplica en las más tempranas etapas del proceso de toma de decisiones, tanto para ayudar a formular las políticas, planes y programas, como para evaluar la potencial efectividad y sostenibilidad de los mismos. Esto diferencia a la EAE de las herramientas de evaluación más tradicionales, tales como la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), con un historial comprobado en la identificación de las amenazas y oportunidades ambien­tales de proyectos específicos, pero que se aplican menos fácilmente a políticas, planes y programas. La EAE no sustituye, sino que complementa, a la EIA y a los demás enfoques y herramientas de evaluación.

LOS BENEFICIOS DE USAR LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA

La aplicación de la EAE a la cooperación para el desarrollo tiene beneficios tanto para los procesos de toma de decisiones, como para los resultados en el marco del desarrollo. Aporta aspectos claves ambientales para apoyar una toma de decisiones más consistente e identificar nuevas oportunidades, ya que insta a un examen sistemático y completo de las opciones de desarrollo. La EAE ayuda a asegurar que la gestión racional de los recursos na­turales y el medioambiente, sea un fundamento para el crecimiento económico sostenible, que a su vez apuntala la estabilidad política. La EAE puede también ayudar a estimular la participación de los actores de la sociedad civil de manera que se mejore la gobernanza[*], se facilite la gestión transfronteriza de los recursos ambientales compartidos, y se contribuya a prevenir conflictos.

HACIA LAS BUENAS PRÁCTICAS

La EAE es un proceso continuo, iterativo y de adaptación, que se concentra en forta­lecer las instituciones y la gobernanza. No es un sistema aislado, ni un enfoque simple, lineal y técnico. Por el contrario, fortalece el sistema institucional de los países, y refuerza su efectividad, al evaluar y construir capacidades para las instituciones y los sistemas de gestión ambiental.

Cuando la EAE se aplica a planes y programas, puede usarse un enfoque estructurado para integrar las consideraciones ambientales. Las etapas clave para hacer una en el nivel de planes o programas incluyen: analizar el contexto, hacer el análisis necesario con los interesados implicados; informar sobre la toma de decisiones, e influenciar en su proceso y hacer monitoreo y evaluación. La EAE, aplicada a nivel de las políticas, requiere particular concentración en el contexto político, institucional y de gobernanza que subyace bajo los procesos de toma de decisiones.

Los puntos de ingreso para la EAE pueden agruparse así:

1. Procesos estratégicos de planificación liderados por un país en desarrollo: Estos incluyen las estrategias, programas y planes más generales; las reformas de las políticas nacionales y los programas de apoyo para el presupuesto; las políticas, los planes y programas sec­toriales; los planes y programas de inversión en infraestructura; los planes y programas nacionales y subnacionales de ordenamiento territorial, y los planes y programas trans­nacionales.

2. Los procesos propios de las agencias de desarrollo: incluyen las estrategias y planes de asistencia de los países donantes; los acuerdos de asociación con otras agencias do­nantes, las políticas sectoriales específicas de los donantes, y los recursos financieros y programas de apoyo para la infraestructura, públicos-privados y apoyados por donantes.

3. Otras circunstancias relacionadas: Éstas incluyen las Comisiones de Revisión independien­tes y los grandes proyectos y planes privados.

COMO EVALUAR UN EAE

El resultado clave de una EAE es un proceso con resultados en el desarrollo; no se trata de un producto. El control de calidad considera la buena ejecución de los procedimientos. Sin embargo, a largo plazo, obtener los resultados de desarrollo y a la vez asegurar el man­tenimiento de la sostenibilidad ambiental, será el indicador clave del éxito.

Al revisar los procesos de la EAE, las preguntas clave conciernen: la calidad de la informa­ción, el nivel de participación de los interesados, los objetivos definidos para la evalua­ción de impactos ambientales, las actividades de seguimiento previstas y las limitaciones.

Las preguntas clave para ayudar a los evaluadores a concentrar su atención en los resultados de desarrollo de una EAE se relacionan con: la exactitud de las hipótesis formu­ladas en el curso de la EAE; su influencia sobre el proceso de Plan de Participación Pública (PPP), el proceso de implementa­ción, las metas de desarrollo y la rendición de cuentas; y el resultado de las actividades de construcción de capacidad.

CÓMO DESARROLLAR LA CAPACIDAD DE USAR LA EAE DE MANERA EFECTIVA

Las experiencias de aplicar la EAE han llevado una y otra vez a subrayar dos importan­tes carencias: la falta de conciencia sobre el valor y la importancia de la EAE; y cuando su valor sí se aprecia, la falta de conocimientos sobre cómo implementar la EAE. Es posible confrontar estos retos significativamente desarrollando capacidad para la EAE, tanto en las agencias para el desarrollo como en los países socios.

Para el desarrollo de capacidad en los países socios, el primer paso es hacer una eva­luación de necesidades de capacidad. El apoyo incluye actividades como capacitación téc­nica, talleres para elevar la concienciación, apoyo para la institucionalización del proceso de la EAE y sus sistemas de evaluación, y creación de redes para compartir las experiencias.

El desarrollo de capacidad en las organizaciones donantes puede incluir actividades de capacitación sobre pautas y apoyo para la EAE, así como revisiones y evaluaciones sistemáticas.

LA EAE COMO UN INSTRUMENTO ANALÍTICO

La Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) se constituye en un instrumento analítico y un proceso muy importante para lograr los resultados deseados en el campo del desarrollo sostenible, al evaluar los posibles impactos ambientales en las etapas iniciales de la elaboración de políticas, planes y programas.  La EAE comparte muchos de los principios del Análisis Institucional, Político y Social (AISP); por ejemplo, un alto grado de participación de las partes interesadas, la transparencia, la rendición de cuentas y los enfoques interdisciplinarios.

En términos generales, se considera que la EAE es un proceso para identificar y abordar la dimensión ambiental (y, cada vez más, los aspectos sociales y económicos relacionados con la misma), los efectos y las repercusiones de políticas, planes y programas. Este tipo de evaluación tiene varios propósitos, tales como asegurarse que los aspectos ambientales se incorporen eficazmente al proceso de toma de decisiones estratégicas desde sus etapas iniciales, de manera que puedan incidir en tales decisiones; entender y abordar con mayor eficacia los vínculos existentes entre los factores ambientales, sociales y económicos y, de esa manera, procurar que los resultados de las políticas, planes y programas tengan una mayor posibilidad de contribuir al desarrollo sostenible mediante la reducción de la pobreza.

En estos países, la EAE fue aceptada como una herramienta para la planificación de proyectos puntuales como carreteras, puertos y estaciones de energía, pero también para la planificación de planes regionales o políticas agrícolas. En la mayoría de estos países ha habido una preocupación creciente por los asuntos ambientales y la EAE es vista como un instrumento que permite analizar los impactos de manera integral, no sólo enfocados en lo ambiental sino también en lo económico y lo social, con una visión de desarrollo sostenible. De hecho, la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible, realizada en Johannesburgo en el 2002, fue muy clara en señalar que la mayor parte de la planificación en el mundo no es sostenible y se remarcó a la EAE como una estrategia efectiva que puede ayudar a mejorar esta situación.

En los países en desarrollo, el panorama es un poco diferente. La Evaluación Ambiental Estratégica se ha empezado a aplicar un poco más tarde (a final de los ochenta o principios de los noventa). Es ahora cuando la EAE empieza a ser aceptada en el mundo en desarrollo y hay interés por implementarla. Según algunos expertos esto obedece a dos razones: la primera es que cada vez se presentan más planes que tienen carácter regional o que involucran a un grupo de proyectos, y la segunda razón es que se ve a la EAE como un paso lógico en la evaluación ambiental de este tipo de planes o proyectos complejos. La EAE facilita las decisiones que se deban tomar sobre la ubicación, la cantidad o el tipo de proyectos que se pueden desarrollar, desde un punto de vista integral, estratégico, no para reemplazar la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), sino para complementar todo el proceso de planificación y evaluación ambiental.

La EAE también permite coordinar esfuerzos que a lo mejor están separados. Muchas veces, los expertos trabajan en evaluaciones separadas, no hablan entre sí y no coordinan. El resultado es que surgen planes y situaciones confusas. La EAE brinda la posibilidad de trabajar en conjunto y este es uno de los aspectos más importantes de esta herramienta: sentar en una misma mesa a planificadores de distintos sectores y con diferentes perspectivas en torno a un mismo proceso de toma de decisión. Es un proceso en el que se puede conocer lo que piensa la gente, lo que piensan las ONG,s o lo que piensan los científicos respecto al plan, política o programa que se esté evaluando. Esto ayuda a tomar mejores decisiones.

En el caso de Centroamérica, aún hay un poco de confusión sobre cuál es la diferencia entre la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), pero hay un buen grupo de especialistas que están trabajando en el tema de la evaluación ambiental y que constituyen un grupo de expertos importantes como punto de partida. También hay limitaciones de tipo técnico que se podrán ver muy claramente en los primeros dos años de aplicación de la EAE. Por ejemplo, para desarrollar una buena Evaluación Ambiental Estratégica es necesario conocer a fondo la situación actual del ambiente en cada país, y algunos países no cuentan con bases de datos actualizadas; algunos las están desarrollando apenas. Los mapas digitales, por ejemplo, son muy necesarios. Los expertos deben tener acceso a ellos y manejarlos fluidamente. Por otro lado, aún hay porciones de población que no tienen acceso a periódicos, a televisión o a computadoras, por lo que tampoco tendrían acceso a las bases de datos.

Para desarrollar un buen trabajo en EAE en Centroamérica, es sumamente importante establecer buenas líneas de comunicación entre departamentos, países y gobiernos a nivel regional y nacional. Esos mecanismos de comunicación no existen en la actualidad y el nivel regional no está trabajando necesariamente en conjunto. De igual forma, a nivel nacional, distintos sectores planifican separadamente sobre aspectos que deberían tratarse coordinadamente. Claro que ni la planificación conjunta ni la comunicación del trabajo hecho son cuestiones fáciles. Los gobiernos y los países requieren practicar y trabajar sostenidamente en ello para empezar a tener buenos resultados.

Otro de los problemas con que Centroamérica debe lidiar es con la falta de recursos. En este punto, hay que tomar en cuenta que hay diferentes maneras de lograr cosas con pocos recursos. Una de las cosas que se puede hacer es poner a trabajar en grupo a expertos en lo económico, lo social y lo ambiental, alrededor de temas muy relevantes para el país o para la región. Estos grupos pueden, al menos, discutir con la gente sobre los aspectos sociales y ambientales de determinado plan, política o programa; y sobre las opciones o alternativas a estos planes.

En definitiva, la Evaluación Ambiental Estratégica es un instrumento más de la gestión ambiental (no el único) que, en conjunto con la EIA y otras herramientas, puede facilitar el análisis ambiental, social, económico y político, para mejorar los procesos de planificación y decisión en los países.

Diferencias entre la EIA y la EAE

Los pasos y los principios de la EAE son los mismos que los de la EIA, según hemos visto. Sin embargo, a la hora de poner estos principios en práctica es cuando encontramos las diferencias reales.

En la EAE, hay mucho más espacio para utilizar la opinión de los expertos y menos para valoración cuantitativa.

Conclusión

Como conclusión de EAE deducida por la UICN podemos decir que:

1. La EAE mejora el proceso de planificación.

2. La EAE añade transparencia, participación y control de calidad a los planes y políticas.

3. La EAE debe ser específica para el país.

4. La EAE está pleno y rápido proceso de desarrollo.

5. Hay gran cantidad de información sobre EAE disponible.

REFERENCIAS

UICN-ORMA. 2002. Evaluación Ambiental Estratégica: Capacitación para Centroamérica / UICN. Oficina Regional para Mesoamérica; Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. San José, Costa Rica.

OCDE. 2007. La Evaluación Ambiental Estratégica. Una Guía de Buenas Prácticas en la Cooperación para el Desarrollo. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.162 pp.

Banco Mundial. 2008. En línea: http://go.worldbank.org/4XJX1OK9P0


[*] Gobernanza es el concepto de reciente difusión para designar a la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado, que proporciona a éste buena parte de su legitimidad en lo que a veces se define como una “nueva forma de gobernar”

Exigen castigo por daños al manglar de Juan Díaz

MANGLARES DE JUAN DÍAZ.

Ambientalistas exigen castigo

Las autoridades ambientales investigan qué sustancia química contaminó la zona costera.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Un grupo de ambientalistas exigió a las autoridades vinculadas a la protección del ambiente aplicar sanciones enérgicas a los responsables de la contaminación de un área de manglar en Juan Díaz.

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) investiga a la empresa Gases Industriales por el derrame de una sustancia química que supuestamente ha causado serios “daños al ecosistema” en esa zona.

Alida Spadafora, directora de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza, consideró que las autoridades deben ser rigurosas en la aplicación de las normas ambientales.

Mir Rodríguez y Ariel Rodríguez, biólogos de profesión y ambientalistas, dijeron que lo sucedido en Juan Díaz es un reflejo de la debilidad que hay en cuanto a vigilancia ambiental, y exigieron la recuperación del ecosistema dañado por la sustancia química.

Proceso de una investigación

. 26 DE FEBRERO DE 2008: La Anam recibe una denuncia por daño ambiental.

. 3 DE MARZO: La Anam inspecciona el lugar y empieza una investigación administrativa.

. 21 DE ABRIL: Emite un informe que señala daños ambientales.

juan díaz. preocupación por los ecosistemas marino costeros.

Piden sanción por daños a manglares

ANCON exige que se detengan las actividades que afectan los ecosistemas marino costeros.

La Anam investiga a Gases Industriales por derrame de sustancia química en los manglares de Juan Díaz.

LA PRENSA/Carlos Lemos
irresponsabilidad. Un químico está destruyendo parte del ecosistema marino.

José Arcia
jarcia@prensa.com

Varios ambientalistas mostraron su preocupación por los daños ocasionados a los manglares de Juan Díaz, y piden a las autoridades la aplicación rigurosa de las leyes. La directora ejecutiva de la Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON), Alida Spadafora, dijo que este tipo de actividades no se puede permitir.

Lucía Lasso, de la Alianza para la Conservación y el Desarrollo, dijo que el problema es que los manglares son vistos como un lugar “cochino” que no se debe conservar.

Estas declaraciones surgen luego de que residuos químicos fueran vertidos en los manglares de Juan Díaz, y que la Dirección Regional de Panamá Centro de la Autoridad Nacional del Ambiente empezara una investigación contra la empresa Gases Industriales como la posible responsable del daño ecológico.

“Hay que parar este tipo de cosas”, dijo Spadafora, quien además pidió a las autoridades ambientales llegar “hasta las últimas consecuencias” para hacer que los culpables paguen por los daños ocasionados al ecosistema.

Lasso insistió en que es el momento de cambiar la percepción sobre los manglares.